Por: Laura Cano, Periodista Pares. El pasado 08 de marzo muchas salimos a las calles conmemorando el día de la mujer trabajadora, también rechazando cada una de las violencias que son ejercidas contra nosotras. Quizá, lejos estábamos de pensar que venían tiempos que, bajo el supuesto de proteger la vida, nos pondrían en escenarios de mayor riesgo pues como se ha afirmado: a nosotras la cuarentena no nos ha salvado la vida. Ese día por redes circuló el video de la Canción sin Miedo interpretada por Vivir Quintana. Un adjetivo: poderosa. Con la canción en la cabeza y con un cartel que resaltó durante toda la movilización en donde estaba el rostro de Astrid Conde en una fotografía, era imposible no llenarse de rabia por cada una de las vidas que no estaban allí por cuenta de las violencias que han atravesado a Colombia; en este caso la propia de un país que ha vivido en una constante guerra y también las que le ha tocado por cuenta de la estructura patriarcal. Astrid era una mujer en proceso de reincorporación, quien desde su desmovilización vivía en Bogotá, la ciudad donde fue asesinada el 05 de marzo de 2020. Allí, además de Astrid, faltaban las 571 mujeres que fueron asesinadas durante el 2019 según cifras del Observatorio de Feminicidios de Colombia. Astrid fue la tercera firmante asesinada en Bogotá. Foto cortesía de la colectiva feminista La Poderosa. La Ley Rosa Elvira Cely En este punto es necesario señalar que en Colombia a través de la Ley 1761 de 2015 o Ley Rosa Elvira Cely, se reconoció el feminicidio como un delito autónomo, esto con el interés que los asesinatos cometidos contra mujeres se pudieran investigar y sancionar entendiendo que muchos de estos son cometidos por motivos de género. Asimismo, vale la pena resaltar que el feminicidio es una de las manifestaciones más violentas de la estructura patriarcal, en la que se asesina a la mujer por el hecho de serlo; por las relaciones de poder en las que hay un sometimiento a la discriminación y la subordinación de todas. Por lo anterior, estos hechos no pueden analizarse desde la individualidad de cada caso sino como la expresión de una problemática que nos atraviesa individual y colectivamente, en lo público y en lo privado. Adicionalmente, en este punto también es de importancia nombrar que en todo femicidio (homicidio contra mujeres) se debe estudiar si hay motivos basados en género que motivaron el asesinato. Con este panorama, como se informó desde Medicina Legal, hay que mencionar que en Colombia 23.189 mujeres están en riesgo extremo de ser víctimas de violencia feminicida, a esto se agrega que en los últimos 10 años 2.657 mujeres fueron asesinadas luego denunciar violencia intrafamiliar. Sin olvidar que todavía muchos de los casos de feminicidios no registran en cifras oficiales, pues sigue habiendo trabas para acceder a la justicia, e incluso llegando a estas instancias por la ausencia un enfoque de género efectivo muchas veces se cae en revictimizaciones o en erradas tipificaciones que provocan una absolución de cargos y por esa vía impunidad y un crecimiento de los subregistros, que también se ven motivados por otros factores sociales. Solo un ejemplo de lo anterior se evidencia en un informe de la Red Feminista Antimilitarista en la que se analiza cómo argumentar supuestos suicidios se convirtió en una de las estrategias de los sujetos feminicidas para evadir su judicialización. Así, vale la pena nombrar que entre 2016 y 2019 1892 mujeres se suicidaron, el 18,68% del total (10.127). “Es importante destacar que entre las razones que aducen para que las mujeres se suiciden, se encuentran, en primer lugar, enfermedad física o mental y en segundo, conflictos con las parejas. (…) En el 2019 aumentaron los casos para un total de 518. Estos datos son fundamentales para lograr establecer como sospechosas las muertes de mujeres que son clasificadas rápidamente por los feminicidas como “celosas, desquiciadas, histéricas”, porque juegan con un estereotipo de género que desestima a las mujeres, cuando estas reaccionan frente a la violencia, a situaciones que las lastiman o les afecta emocionalmente”. Confinamiento, una amenaza para las mujeres Con todo lo anterior y trasladando este contexto a lo que ha ocurrido durante el aislamiento, en el que se ha insistido a causa del Covid-19, hay que mencionar que a partir de lo informado por el Observatorio de Feminicidios de Colombia solo desde el 16 de marzo hasta el 31 del mismo mes se registraron 18 feminicidios, mientras que en abril hubo 27, en mayo 31 y del 01 de junio al 16 se reportaron 28 hechos, señalando que abril fue el periodo con “menor registro desde el segundo semestre de 2017”, anotando que la cuarentena también ha puesto otras dinámicas que probablemente dicten que más allá de una posible disminución lo que haya, como lo propone el Informe sea que los: “medios han disminuido registro por efecto mismo de la cuarentena, por priorizar otras noticias o por no disponer de todo el personal”. Hoy en medio de una Emergencia Nacional por Feminicidios es necesario gritar tan fuerte como sea necesario que durante estos 173 días del año han ocurrido 188 feminicidios en Colombia, y que en nombre de cada una de nuestras muertas se debe exigir justicia, que se nos garantice que cada uno de los lugares que habitamos sean seguros, que las luchas de las mujeres no se instrumentalicen y que el silencio no vuelva a ser un espaldarazo más a las injusticias. Por las que aquí están y por las que sus nombres no figuran en la prensa y en los registros oficiales, pero que sabemos que nos faltan. Los siguientes son los nombres de las mujeres que han sido asesinadas durante la cuarentena en hechos violentos, algunos determinados como feminicidios, otros en proceso de investigación. Así como los nombres de los feminicidas y presuntos feminicidas. ¡Ni una menos! Que tiemble el Estado, los cielos, las calles. Que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, no crecieron las alas. A cada minuto de cada semana, nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvide sus nombres, por favor, señor Presidente. Vivir Quintana – Canción sin miedo 16 de marzo de 2020: Sofía Cardona. 14 años. Caldas, Antioquia. Diofanor de Jesús Rendón. 16 de marzo: Gloria Inés Restrepo. 55 años. Tuluá, Valle del Cauca. Se identifica al agresor como la pareja de la víctima, pero no se da más información. 17 de marzo de 2020: María Libia Mejía Osorio. 56 años. Mariquita, Tolima. Marco Tulio Carranza Pineda. 19 de marzo de 2020: Mónica Escobar Moreno. 48 años. Cali, Valle del Cauca. Se identifica al agresor como la pareja de la víctima, pero no se da más información. 19 de marzo de 2020: Odillia Vallecilla. 69 años. Cali, Colombia. No se obtiene información del feminicida 22 de marzo de 2020: Kelly Tatiana Montalvo Cruz. 29 años. Copacabana, Antioquia. No se obtiene información del feminicida 22 de marzo: Gloria Oky Carapaima. 40 años. Nóvita, Chocó. Se identifica al agresor como la pareja de la víctima, pero no se da más información. 23 de marzo de 2020: Lidia María Gamero. 34 años. Barranquilla, Atlántico. El feminicida es reconocido en el barrio La Chinita como “Manuelito”, no se informa más de él. 24 de marzo: Lina María Guerrero López. 25 años. Cali Colombia. La feminicida es identificada como Karen D.M.M, no se informa más de ella. 25 de marzo: Loliluz Madero Guerrero, Ellyn Madero y Edenis Guerrero. Cartagena, Bolívar. Oswaldo de Jesús Castro Morelos ‘el Mono Changón’. 25 de marzo: Angie Hernández Mocetón. 28 años. Ibagué, Tolima. Albeiro Damián Varón ‘Sandy Coronel’. 25 de marzo: María Mercedes Osorio. 25 años. Bello, Antioquia. No se obtiene información del feminicida 26 de marzo: Carlota Isabel Salinas Pérez. 30 años. San Pablo, Bolívar. No se obtiene información del feminicida 27 de marzo: Kelly Johanna García Suárez. 26 años. Bello Antioquia. No se obtiene información del feminicida 27 de marzo: Marlly Fernanda Quina. EDAD. Totoró, Cauca. John Jairo Zambrano. 28 de marzo: Mery Eslein Ulabares. 19 años. Cali, Valle del Cauca. Se identifica al agresor como la pareja de la víctima, pero no se da más información. 31 de marzo: María Piedad Klinger. 83 años. Cali, Valle del Cauca. Jaime Dávalos. 31 de marzo: Cindy Vanessa Piña. 23 años. Neiva, Huila. Edison Dussan Rojas. 31 de marzo: Katy Johana Ariza. 32 años. Valledupar, Cesar. Luciano Moreno Mendoza. 01 de abril: Matsuri Jaramillo Pardo. 24 años. Cali, Valle del Cauca. No se obtiene información del feminicida 03 de abril: María Bertha Cruz. Cunday, Tolima. Mauricio Sánchez Córdoba. 04 de abril: Omaira Beatriz Balza Charris. 55 años. Soledad, Atlántico. Luis Carlos Álvarez Rivera y Jhan Carlos Romero Mercado. 08 de abril: Mayerlin Cruz. 26 años. Cali, Valle del Cauca. No se obtiene información del feminicida 08 de abril: Andrea María Valderrama Castillo. 39 años. Villeta, Cundinamarca. Juan David Duarte. 08 de abril: El medio de comunicación Minuto 3º informa que “El pasado fin de semana se habría presentado el homicidio de una mujer en una vivienda del sector conocido como Los Pomos del corregimiento de El Brasil en el municipio de Ebéjico, Antioquia. Al parecer, el excompañero sentimental de la mujer habría llegado hasta la vivienda de esta y la habría asesinado con un arma cortopunzante”. En medios no se registra más información por lo que se desconoce el nombre de la víctima y el victimario. 10 de abril: Anyela Capote Barbosa. 28 años. Yopal, Casanare. No se obtiene información del feminicida 12 de abril: Luz Dary Murillo. 52 años. Medellín, Antioquia. No se obtiene información del feminicida 13 de abril: Sandra Milena Nieto. 36 años. Tuluá, Valle del Cauca. No se obtiene información del feminicida 14 de abril: Meiby Beatríz Suescun Torres. 25 años. Cúcuta, Norte Santander. No se obtiene información del feminicida 16 de abril: Paloma. 38 años. Barranquilla, Atlántico. No se obtiene información del feminicida. 20 de abril: Carmen María Ramos Rodríguez. 19 años. Cali, Valle del Cauca. No se obtiene información del feminicida 20 de abril: Melba Cecilia González López. 71 años. Buesaco, Nariño. John Harold Montezuma Buitrón y Ricardo Andrés Chávez Muñoz. 21 de abril: Frany Juribi Silva Arciniegas. 24 años. Cúcuta, Norte Santander. No se obtiene información del feminicida 24 de abril: Ana Mercedes Rivas Ramos. 39 años. Medellín, Antioquia. Se identifica al agresor como la pareja de la víctima, pero no se da más información. 28 de abril: Edith Acosta Miranda. 16 años. Sitionuevo, Magdalena. Se identifica al agresor como la pareja de la víctima, pero no se da más información. 28 de abril: Ana Ortiz Solano. 84 años. Bogotá, Cundinamarca. No se obtiene información del feminicida. 28 de abril: Daniela Domínguez Riascos. 20 años. Cali, Valle del Cauca. No se obtiene información del feminicida. 29 de abril: Jessica Paola Duarte Parada. 27 años. Cúcuta, Norte de Santander. No se obtiene información del feminicida 29 de abril: María Delia Daza Rodríguez. Katherine López. Mercaderes, Cauca. No se obtiene información del feminicida. 30 de abril: Verónica Valencia. Bello Antioquia. Emer Daniel Muñoz Castrillón y Adrián Andrés Vega Rojas. 01 de mayo: Michel Yulieth Lara García. 12 años. Chiriguaná, Cesar. Gustavo Simanca. 01 de mayo; Luz Esmilda Bernal Benavidez. 48 años. San Francisco de Sales, Cundinamarca. José León. 04 de mayo: Yuliana María Marín Gómez. 25 años. Medellín, Antioquia. El hermano de la víctima es señalado como responsable. 07 de mayo: Yarlenis Yulieth Arrieta. San Carlos, Córdoba. No se obtiene información del feminicida. 07 de mayo: Isabella Hoyos Porras. 16 años. Bello Antioquia. No se obtiene información del feminicida. 09 de mayo: hija de 09 meses de Armando Muñoz. Ambas personas fueron asesinadas en Suárez, Cauca. Victimario no identificado. 10 de mayo: Osiris María Visbal Díaz. 51 años. Bucaramanga, Santander. No se obtiene información del feminicida. 11 de mayo: María Paula Berrueco. 16 años. Caucasia, Antioquia. Presuntos perpetradores miembros de Los Caparros. 11 de mayo: mujer de 21 años es asesinada presuntamente por su pareja en Cali, Valle del Cauca. Medios no registran nombre la víctima ni del victimario. 12 de mayo: hija de 05 años de Armando Muñoz, quien luego de ser trasladada a la clínica Valle de Lili muere a causa de las heridas que le propinaron el 09 de mayo. Victimario no identificado. 12 de mayo: Candelaria Acendra Salcedo. 67 años. Santo Tomás, Atlántico. No se obtiene información del feminicida. 12 de mayo: Luisa Fernanda Velázquez Navarro. 21 años. Madrid, Cundinamarca. No se obtiene información del feminicida. 12 de mayo: Ana Milena Mercado Bula. Montería, Córdoba. No se obtiene información del feminicida. 12 de mayo: Miladis Machado Navarro. 48 años. Maicao, La Guajira. Luis Ismael Bossio Vega. 13 de mayo: encuentran mujer asesinada en el Río Sinú en Montería, Córdoba. No se identifica a la víctima ni al victimario. 13 de mayo: Otilia Yulimar Briceño. 36 años. Cúcuta, Norte de Santander. No se obtiene información del feminicida. 13 de mayo: Mayerlis Builes Montoya. 18 años. Bello, Antioquia. No se obtiene información del feminicida. 16 de mayo: Osmari García Infante. 20 años. Maicao, La Guajira. No se obtiene información del feminicida. 18 de mayo: Inés Acuña Rodríguez. 35 años. Vista Hermosa, Meta. Jhon Fredy Guerra Ospina. 18 de mayo: Jenny Cerquera. 27 años. Bogotá, Cundinamarca. Ángel Clemente Coronado, alias el Costeño. 19 de mayo: Naylin del Carmen Valera Rangel. 16 años. Barranquilla, Atlántico. Nilson Rosero Ocida. 20 de mayo: Ramona Contreras Angarita. 75 años. El Tarra, Norte de Santander. No se identifica a la víctima ni al victimario. 20 de mayo: Luisa Fernanda Salazar Villarreal. 17 años. Morales, Cauca. “la víctima fue encontrada junto a un letrero que sería alusivo a la antigua Farc”. 20 de mayo: Katia Rocío León Navas. 39 años. Cartagena, Bolívar. Alexis Espinosa Guzmán (el sospechoso fue dejado en libertad bajo el argumento que “hubo flagrancia””. 21 de mayo: Olga Lucía Hernández. Cumaribo, Vichada. No se obtiene información del feminicida. 27 de mayo: Trinidad del Carmen Mejía Vega. 82 años. Socha, Boyacá. No se obtiene información del feminicida. 27 de mayo: Janneth Adriana Aponte. 45 años. Bogotá, Cundinamarca. Harold Steven Solano. 30 de mayo: Karla Johana Arango Lozano. 24 años. Toro, Valle del Cauca. No se obtiene información del feminicida. 30 de mayo: María Nelly Cuetia Dagua. 55 años. Páez, Cauca. No se obtiene información del victimario. 30 de mayo: Yoselin Gaviria García. 23 años. Medellín, Antioquia. Daniel Estiven Vargas. 31 de mayo: Mariana Margarita Arrieta Huguez. 5 años. Sabanalarga, Atlántico. Jesús José Martínez Sarmiento y Juan Gabriel Plata Montes. 31 de mayo: Angie Paulina Escobar. 20 años. Medellín, Antioquia. Su muerte fue informada como un suicidio, sin embargo, en este caso se ha pedido investigación ya que Angie pocos días antes había denunciado abuso sexual, físico y psicológico por parte de su pareja. 01 de junio: Luz Amparo García Álvarez. 56 años. Ibagué, Tolima. Henry Jaramillo. 01 de junio: Anlly Pérez Gómez. 23 años. Sincelejo, Sucre. La muerte de Anlly es materia de investigación para esclarecer si fue un suicidio un feminicidio. Por los hechos fue detenido Jeisen Orozco Orozco. 01 de junio: Rosalina Álvarez. 54 años. Armenia, Quindío. No se obtiene información del feminicida. 03 de junio: Luz Edith Henao Rodríguez. 29 años. Cali, Vale del Cauca. Leiner Ibargüen Córdoba. 06 de junio: Élida Amanda Pérez. 39 años. San Agustín, Huila. Carlos Ome Chito. 06 de junio: Gisell Muñoz Correa. 28 años. Montería, Córdoba. No se obtiene información del feminicida. 07 de junio: Arly Jhoana Girón González. 22 años. Bucaramanga, Santander. Se identifica al agresor como la pareja de la víctima, pero no se obtiene más información. 08 de junio: María Alejandra Meriño Escalante. 27 años. Santa Marta, Magdalena. Daniel Alberto Reales Gamero. 08 de junio: Estella Valencia Murillo. 50 años. Buenaventura, Valle de Cauca. La comunidad responsabiliza del asesinato a miembros de la Policía. 08 de junio: Marlene Moreno. 52 años. Cali, Valle del Cauca. No se obtiene información del feminicida. 09 de junio: Sugey del Carmen Guerra Blanco. 45 años. Barranquilla, Atlántico. No se obtiene información del feminicida. 09 de junio: Michelle Gutiérrez. 35 años. Uribia, La Guajira. No se obtiene información del feminicida. 08 de junio: Pierangelly Hugueth Henríquez. 51 años. Ciénaga, Magdalena. No se obtiene información del feminicida. 09 de junio: mujer no identifica es encontrada asesinada en la vereda La Chinita, de San Faustino, zona rural de Cúcuta. No se obtiene información del feminicida. 10 de junio: mujer no identificada es hallada asesinada en Cáceres, Antioquia. No se obtiene información del feminicida. 11 de junio: Lili Johana Meneses Jiménez. 27 años. Cali, Valle del Cauca. No se obtiene información del feminicida. 11 de junio: Clared Morales Romero. 45 años. Armenia, Quindío. Jorge Eliecer Galeano Ortiz. 12 de junio: Benilda Marmolejo Colón. 62 años. Cartagena, Bolívar. Freiler Marmolejo Colón. 13 de junio: recién nacida (no identificada). 1 mes. Aracataca, Magdalena. No se obtiene información del feminicida. 13 de junio: María Elena López. 26 años. Buenaventura, Valle del Cauca. Salvador Granja Hurtado. 14 de junio: Ariadna Barros Ojeda. Santa Marta, Magdalena. No se obtiene información del feminicida. 15 de junio: Brandy Carolina Brown. 30 años. Barranquilla, Atlántico. No se obtiene información del feminicida. 16 de junio: Flor Teresa Castaño. 72 años. Medellín, Antioquia. No se ha esclarecido la causa de la muerte, pues se maneja la opción de un presunto feminicidio o un accidente. 16 de junio: Daniela Quiñones. 23 años. Marmato, Caldas. Santiago García Zamora. 16 de junio: Heidy Johana Soriano Amézquita. 30 años. María Celeste Naranjo Soriano. 4 años. Bogotá, Cundinamarca. Marco Fidel Díaz Rubio. 16 de junio: Marinella Flores. 32 años. Segovia, Antioquia. No se obtiene información del feminicida. 16 de junio: Yudi Fernanda Pérez Uribe. 19 años. Neiva, Huila. Mario Alberto Trujillo Bernal. 16 de junio: Bertha Cordero Mendoza. 74 años. Cúcuta, Norte de Santander. No se obtiene información del feminicida. 17 de junio: Yenny Katerine Vega Bargas. 23 años. Bogotá, Cundinamarca. No se obtiene información del feminicida 19 de junio: mujer no identificada es encontrada muerta a orillas del río Sinú. Montería, Córdoba. No se obtiene información del feminicida. 22 de junio: Investigan la muerte de una mujer en Chigorodó, Antioquia. La mujer fue encontrada en su vivienda de la vereda el Tigre. Cantamos sin miedo, pedimos justicia. Gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte: ¡Nos queremos vivas! ¡Que caiga con fuerza el feminicida! Vivir Quintana – Canción sin miedo Nota: Pedimos atención y acciones para Arelys Xiomara Naranjo Castaño, quien a través de redes y por medio de la Fiscalía ha denunciado por violencia física a Breiner Maldonado Porras sin obtener ninguna respuesta.

Por: León Valencia, director – Pares Entre los humanistas y los  apasionados de las revoluciones se había extendido el optimismo sobre el cambio de hábitos de los seres humanos con el enorme sacudón de la pandemia generada por el covid-19. El viernes pasado ese optimismo sufrió un duro revés. Multitudes se lanzaron a las calles a comprar, poniendo en riesgo su salud y la de su familia. Las rebajas -reales o ficticias- fueron un estímulo para el consumo. Los comerciantes lo saben desde siempre y las practican con método y constancia. Pero esta vez fue el gobierno nacional el promotor de las compras en el afán desesperado por auxiliar a los empresarios y frenar un poco la grave caída de la economía. No se compró de todo y la salida a la calle fue desigual, como desigual es la sociedad. Las cifras dicen que las compras mayores, infinitamente mayores, fueron electrodomésticos y aparatos de comunicación y los compradores pertenecían más a las clases medias. Los más pobres no tenían estímulos para su consumo, ni mayor capacidad de compra. Las clases altas tenían alternativas distintas a la calle para realizar sus transacciones. ¿Cuánto se vendió? Dice Fanalco que cinco billones de pesos. ¿Cuánto dejó de recaudar el Estado? Dice el economista Mauricio Cabrera que 900.000 millones de pesos. Cabrera dice, además, que quizá las clases medias harían de todas maneras estas compras, poco a poco, o las aplazarían un tiempo, pero en todo caso las harían, con lo cual califica de sacrificio inútil la acción del Estado. Dice también que con el recaudo de este IVA se habrían podido cubrir necesidades sentidas de los más vulnerables.  Son críticas certeras a la perspectiva social del gobierno. Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, por su parte, señala que se jugó con la vida de las personas en esta decisión del gobierno nacional, poniendo el ojo en las consecuencias sanitarias que tendrá la salida masiva de personas y las aglomeraciones sin mayor cuidado por los protocolos de seguridad. Pero en su crítica López devela también un grave problema de la humanidad que pasamos por alto los más esperanzados en la sensatez de hombres y mujeres: la autorregulación no es el fuerte en los seres humanos, la necesidad del Estado o de controles más allá de la conciencia, sigue siendo clave en el funcionamiento de la sociedad. La protección del planeta, el freno al cambio climático, que implica una modificación drástica en los hábitos de consumo, tiene en esta actitud humana un baldón que parece por el momento insuperable. Porque, como vimos, el Estado, el de hoy, aquí, en Estados Unidos o en China, tiene como tarea fundamental promover el consumo en su más cruda manifestación, como el factor clave del desarrollo, lo demás es ilusión, pura ilusión. También se sabe de cierto que un cambio en los hábitos de consumo implicaría un freno a la concentración de la riqueza y quizá llevaría también a cerrar un poco la brecha entre los ricos y los pobres. Es otra ilusión que no parece tener respaldo en el mundo de hoy. El consumo explota por igual necesidades reales, instintos, prejuicios, vanidades, competencias y disputas y ahora los grandes saltos de la tecnología les permiten a quienes dominan la economía comprender cada uno de estos resquicios humanos. Seguirán en la tarea de vender, vender y vender, todo y a toda hora. A veces, un día, una circunstancia, nos muestra el color del mundo. Así estamos. Pero los optimistas, entre los cuales milito, seguiremos insistiendo en que los seres humanos debemos y podemos forjar nuestra libertad y dar un curso distinto a nuestros impulsos, o a los impulsos que nos vienen del consumo, del estado, o de cualquier autoridad. También, desde luego, debemos afilar nuestra crítica contra quienes hoy y ahora dirigen los destinos del país, quizá oigan, quizá suspendan los días sin IVA que faltan, quizás encuentren otra manera de estimular la economía, por ejemplo, como señalan algunos economistas, aprobando rápidamente la llamada Renta Básica Universal que pondría, si se hace bien, poner en manos de los más pobres, un dinero que puede resolver necesidades básicas y darle un aire importante a la economía.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares. Escuche el podcast sobre el recuento de hechos y actores sobre el caso del asesinato e intento de desaparición del firmante de paz, Dimar Torres, en el municipio de Convención en en el departamento de Norte de Santander. Este caso que representa el retorno de los denominados ‘falsos positivos’ ha involucrado al ministro de Defensa, al Fiscal, al general del Ejército y al gobierno de Iván Duque. Un año y dos meses después del asesinato Dimar Torres, el Juez 18 de Bogotá confirmó, en segunda instancia, medida de aseguramiento al coronel y a los tres soldados. Paralelamente, está la vida de la que fue la esposa de Dimar, su hijo y el peligro que corre la comunidad que ha alertado sobre el crimen. Durante más de un año las versiones de la comunidad de Campoalegre sobre el asesinato de Dimar Torres se han comprobado y las del ministerio de la Defensa y del Gobierno Nacional se han ido cayendo. Este hecho ha estado en el marco de las críticas sobre el papel del gobierno Duque en la implementación del Acuerdo de Paz. A este caso, como era de esperarse, no le ha faltado la polémica. De hecho, en algún momento, hubo la intención de que el caso fuera juzgado por la Justicia Penal Militar. La defensa de los uniformados pretendía que los delitos cometidos por la Fuerza Pública fueran vistos en el marco del servicio activo. Esa tesis se cayó ya que el hecho no fue considerado como acto del servicio. El caso del crimen de Dimar es un proceso de competencia de la jurisdicción ordinaria. Ya en enero de 2020, la Fiscalía imputó a los cuatro militares retirados por el delito de homicidio en persona protegida. De hecho, señaló que el coronel Pérez Amézquita fue determinador del crimen pues, el ente resaltó, «sus órdenes de matar fueron concretas y directas a sus subordinados.» Sin embargo, la comunidad de Campoalegre la noche del 22 de abril jugaría un papel que, hoy por hoy, parece tener a portas de una condena al coronel Jorge Pérez Amézquita y a los soldados profesionales Cristian David Casilimas Pulido, Yorman Alexander Buriticá Duarte y William Alarcón. El cabo Daniel Gómez Robledo, autor material de los hechos, ya fue condenado por el juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cúcuta a 20 años. Gómez Robledo, llegó a un preacuerdo con la Fiscalía entregando información. Las audiencias que están programadas hasta el 30 de junio, se han desarrollado de forma virtual por COVID-19. Paralelamente, la Fiscalía arrojó la decisión de la permanencia del coronel y los tres soldados en la cárcel de alta y meridiana seguridad para miembros de la fuerza Pública del municipio de Facatativá en Cundinamarca. «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»

Por: Laura Cano, Periodista Pares. Recientemente Medicina Legal publicó su más reciente informe sobre las cifras de violencia que se han registrado durante la cuarentena, en las cuales se categorizan la violencia interpersonal, violencia de pareja, violencia intrafamiliar, presunto delito sexual, homicidios y suicidios, haciendo a su vez un comparativo entre distintas edades. De esta forma, y como un primer panorama, se informa que en los primeros meses de cuarentena (marzo 25 a abril 24) hubo un total de 5.444 hechos, de los cuales 2.690 se dieron contra hombres y 2.754 contra mujeres. Por su parte, entre abril 25 y mayo 24 se reportaron 7.804 casos, de estos 3.716 correspondían a hombres y 4.088 a mujeres. Asimismo, vale la pena evaluar cómo estas cifras afectaron directamente a las niñas, niños y adolescentes, en quienes, vale señalar, debe haber una especial protección, planteada, entre otros actos legislativos, por la Ley 12 de 1991, la cual adopta la Convención sobre los Derechos del Niño en el accionar político del país y por ende promueve las medidas para garantizar el bienestar de esta población. Partiendo de allí se debe mencionar que, desde el análisis de la Alianza por la Niñez Colombiana, siguiendo las cifras de Medicina Legal, entre 2015 y 2019 hubo 52.026 casos de solo violencia intrafamiliar contra niñas, niños y adolescentes; informándose en 2015 sobre 10.432 casos (29 diarios), en 2016 de 10.082 (28 por día), 10.385 en 2017 (28 al día), 10.794 en 2018 (30 al día) y 8.466 en 2019 (23 al día). La cuarentena, un escenario de violencia Referente al actual año Medicina Legal informó dentro de la primera categoría en la que se estructura el informe que, entre el 25 de marzo y el 24 de abril, hubo un total de 28 homicidios contra personas menores de edad. Sobre este mismo hecho fueron 42 los dados durante el 25 de abril y el 24 de mayo. Vale la pena mencionar que en los dos periodos los índices más altos se presentaron contra hombres entre 12 y 17 años. Medicina Legal informó, dentro de la primera categoría en la que se estructura el informe, que entre el 25 de marzo y el 24 de abril hubo un total de 28 homicidios contra personas menores de edad. Por otra parte, basados en suicidios en medio de la cuarentena el organismo aseveró que se han registrado 41 hechos, 22 en el primer periodo estudiado y 19 en el segundo. De nuevo, las edades donde más casos se presentaron fue 12 y 17 años, y en hombres se dieron más casos. Además, Barranquilla (8 casos), Cartagena (6 casos), Pereira (5 casos) y Manizales (4 casos) fueron las ciudades con mayores índices. Adicionalmente, en cuanto a violencia ejercida por parejas hubo 75 hechos. Vale la pena mencionar, que, a diferencia de las categorías anteriores, las diferencias por género y edad son más notorias. Así, en niñas, niños y adolescentes solo se denuncia un caso en niño entre los 06 y los 11 años. Mientras, que en el rango de los 12 a los 17 años hay 74 registros, de los cuales 72 se dieron contra mujeres, 28 entre marzo y abril, y 44 entre abril y mayo. En cuanto a la violencia intrafamiliar se dan las segundas cifras más altas. Presentándose 246 solo en el periodo que se comprende desde el 25 de marzo hasta el 24 de abril y 336 desde el 25 de abril hasta el 24 de mayo, para un total de 582 casos, en los que los registros más altos están en las edades entre 12 y 17 años. Además, de la cifra general 289 son contra hombres y 287 contra mujeres. Adicionalmente, Floridablanca, Santander es la zona donde más casos se reportan, con un total de 16, seguido de Zipaquirá, Cundinamarca donde hubo 14 hechos. En casos categorizados como violencia interpersonal hubo 17 registros contra niñas y niños entre los 0 y 5 años; 16 contra población con edades entre los 6 y 11 años; y 317 dados en adolescentes entre los 12 y 17 años. Así, hubo un total de 350 hechos, de estos 229 fueron en hombres y 121 en mujeres. Siendo Plato, Magdalena la zona con más casos presentados (21). El municipio de Soledad ( Atlántico) fue la zona con variaciones porcentuales más altas sobre los casos de violencia sexual. Por último, y como radiografía de la creciente violencia contra las mujeres y niñas reflejada en uno de sus detonantes; la violencia sexual, durante los periodos analizados por Medicina Legal hubo un total de 1.298 hechos. De estos 1.066 fueron cometidos contra mujeres; 179 en niñas entre los 0 y 5 años, 372 contra menores con 6 y 11 años y 515 en adolescentes entre los 12 y 17 años. Igualmente, 423 se denunciaron entre marzo 25 y abril 24, y 643 en abril 25 y mayo 24. Mientras que en el caso de niños hubo 95 en el primer periodo y 137 en el segundo.

Por: Néstor Niño. Colaborador Pares. La conocidísima creación del inmemorial poeta colombiano Rafael Pombo pareciera describir a pincel exacto, las peculiaridades más protuberantes de la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y su trono hoy vulnerado por hechos claros que rayan en la ausencia de la ética y la moral, requeridos para ocupar cargos de relevancia nacional. Ella entre lágrimas de cocodrilo y sentencias ilustres, reclamaba hace unos días con consternación y dolor su biografía intacta de mujer proba e impoluta, que merecía llevar la bandera ejemplarizante del maltrecho historial de las mujeres en el mundo -¡Claro! Antes de salir a la luz pública que su hermano Bernardo Ramírez fue un narcotraficante, que usaba mulas humanas y que ella pagó su libertad por un valor de 250 mil dólares por los años 90-. Ahondando en el caso, según la cadena de televisión estadounidense Univisión Noticias, una carta de la odontóloga Alejandra Vargas Osorio habría develado cómo resultó involucrada en este mencionado caso de tráfico de heroína hacia el país del norte, carta que había sido enviada desde una prisión a un juez federal de Miami en el mes de junio del año 2015. También narraba cómo el hermano de la distinguida ejecutiva, era un hombre muy peligroso que sacó ventaja de Alejandra por su condición de alcohólica y drogadicta, incluso asegurando, que ella huyó por 17 años de la justicia americana por miedo a las represalias de Bernardo Ramírez, refugiándose en un pueblito muy distante de Colombia. No conforme, Marta Lucía Ramírez en su probada intrepidez política sigue navegando sobre las aguas turbulentas de sus lágrimas fingidas y sobre el triunfalismo enrevesado del obtuso uribismo que hoy todo lo convierte en caos; pero no deja de ser incoherente que se le pida al líder de la oposición Gustavo Petro que demuestre en su historia clínica, si realmente estaba enfermo de cáncer cuando estuvo en Cuba, mientras que ella aún no da explicaciones si para la fecha en que pagó la fianza, reportó este dinero en su patrimonio o el origen de esta gran suma -al cambio de hoy serían 920 millones de pesos-. Ya sabemos por la algarada de expresidentes que salieron en su defensa, que ellos estaban al tanto de este incidente, que no es otra cosa que un grave delito minimizado por el uribismo y sus aliados con el remoquete de “Tragedia Familiar” y cometido por un “jovencito” que para la fecha del ilícito tenía 36 años y ya sumaba antecedentes por robo de mercancías según el medio Univisión, en la tienda por departamentos JC Penny de Fort Lauderdale, en el estado de Florida. Por supuesto que esto no configura hasta ahora delito alguno para esta abogada, que levitando como una sombra desamparada ha logrado escalar relativamente rápido, casi todos los cargos de alto nivel de la política nacional, exceptuando la Presidencia de la República, pero las investigaciones empiezan y se entrelazan con otro capítulo que estimula negativamente la imagen de Ramírez, en el hecho ya conocido del narco memo fantasma, quien habría desarrollado un proyecto de construcción con la empresa constructora de la Vicepresidenta. Este caso avanza lentamente y podría configurar un escenario muy complejo para la exministra, tomando en cuenta que este fantasma cada día se hace más visible y podría ser el eslabón definitivo de uno de los carteles más importantes del pasado y el presente del narcotráfico. Vale mencionar que apenas a unos minutos de terminar esta columna, una nueva información originada del periodista británico Jeremy McDermott, señala que Álvaro Rincón esposo de la funcionaria se reunió con memo fantasma y su mano derecha Jhon Jairo Flores alias “súper” quien había pagado una condena por narcotráfico. ¡En síntesis, ellos debían saber de las actividades ilícitas de los mencionados! Sólo esperamos que pueda explicar cada señalamiento y que haciendo uso de todos sus derechos pueda ejercer su defensa, sin embargo, debe aterrizar su discurso epígrafe de inmaculada, ya que para merecer tal rótulo, tendría que despedazar con alevosía los decretos presidenciales que favorecieron a los bancos y a los más ricos de Colombia, entre otras cosas a los financistas de su campaña vicepresidencial, y qué decir de romper todas las reformas tributarias que contradicen el discurso que ella y su fórmula Iván Duque vendieron en campaña de forma ligera y populista. “Menos impuestos, más salario” “no fracking” y “no glifosato” por mencionar algunos deslices de las vivacidades proselitistas, admitiendo que esto la acercaría tan solo un milímetro a las heroínas de verdad, que yacen petrificadas en la historia como es el caso de Manuela Sáenz, Policarpa Salavarrieta y Manuela Beltrán, entre otras. Pero en perspectiva esto nos muestra a una clase política gobernante ajustada cómodamente a la tesis de la maldad buena y la maldad mala y al escenario de los delincuentes VIP y delincuentes vulgares. ¿Todo el glifosato del mundo para los campesinos ya sean cocaleros o no, pero inmoderada consideración con los secretos ventajosos de la vicepresidenta? ¿Dónde queda la rectitud del discurso ético que esta mujer vendió a la sociedad ocupando cargos de alto nivel? ¿Por qué por sus intereses puede afectar la imagen Colombia al haber guardado tamaño secreto sin más ni menos? ¿Qué perversión puede significar este hecho, en medio de una sangrienta lucha contra el tráfico de estupefacientes? Empero ¡Que no hay delitos de sangre esbozan los uribistas pura sangre! Les respondo que legalmente no, pero para mí debió contarle al país, ya que estas convenientes omisiones las tendremos que cargar en medio de tantos muertos. Finalmente, dejándolo gravitar en el pensamiento colectivo y pensando en tantas tribulaciones que pagan los humildes e inocentes, reconozco que el futuro de nuestro país es desolador y se confunde entre lágrimas de cocodrilo, heroínas ventajosas y delincuentes VIP.

Por: Laura Cano, Periodista Pares. Desde los barrios periféricos de Bogotá los llamados a la alcaldesa y a Gobierno Nacional no paran. Por una parte, porque en la ciudad las gentes que habitan las periferias son quienes le han tenido que hacer frente desde los primeros días de cuarentena a los problemas sociales que la emergencia sanitaria acentuó. Por otro lado, y como históricamente ha pasado, el abandono estatal y de los gobiernos distritales han provocado que la realidad de lo barrios siga siendo desconocida en las agendas de gestión, lo que ha causado, entre unas de sus consecuencias, que cerca de 20.000 asentamientos ilegales, de los cuales varios constituyen barrios enteros, no tengan incidencia en lo institucional o en el debate público. En este contexto no hay que perder de vista que el conflicto armado que también tocó la ciudad dejó como uno de sus flagelos el asesinato y la desaparición de 2.248 jóvenes entre 1988 y 2014 (según datos de la Fiscalía) que luego serían presentados como ‘falsos positivos’, siendo muchos de estos habitantes de localidades y municipios como Ciudad Bolívar, Bosa y Soacha. Este panorama, aunque con nuevas dinámicas, parece no desaparecer y no dejar de ser una amenaza. Una sombra que sigue presente para quienes habitan las periferias y también para quienes desde los liderazgos le apuestan a exigir vida digna en los barrios y para su gente. Amenaza que permanece con el discurso de unas vidas que se pueden ‘eliminar’, que bajo el lenguaje se disfraza y plantea la ‘limpieza social’ como una forma. Ciudad Bolívar no ha dejado de ser un territorio en el que los hechos victimizantes siguen estando, en el que los grupos armados ilegales ven un escenario de disputa por lo que esta localidad significa para las dinámicas de la capital, pero también por ser una zona que poco es volteada a ver, aunque los llamados no cesan, aunque sus habitantes siguen exigiendo atención y acción. Como muestra de todo lo anterior desde la Red Popular de Derechos Humanos se denunció el pasado 17 de junio sobre los hechos que se han registrado desde el 11 del mismo mes en Ciudad Bolívar, específicamente en el barrio El Recuerdo, donde han circulado panfletos firmados por el Bloque Sur de las llamadas Águilas Negras en el que se amenaza a líderes y habitantes del barrio, y también a personas consumidoras de estupefacientes y presuntos delincuentes, a quienes se les advierte que deben abandonar el barrio en las siguientes 48 horas “o de lo contrario se tomarán represalias”. Adicionalmente, desde la organización también se advirtió la amenaza en la que están 13 familias de la zona que deben permanecer dentro de sus casas antes de las 9:00 p.m. y no se harán responsables de personas inocentes que salgan afectados por los hechos. Asimismo, alerta que en la madrugada del 15 de junio sujetos no identificados destruyeron las cámaras de seguridad instaladas en el barrio, además, que tras las denuncias que ha hecho la comunidad de los hechos ante la Defensoría del Pueblo, la Personería y el Ministerio de Defensa, no se ha obtenido ninguna respuesta. Por lo anterior Pares habló con el vocero de Ciudad Bolívar de la Red Popular de Derechos Humanos (REDHUS), organización defensora de derechos humanos enfocada en fortalecer las luchas sociales, cotidianas y por la vida digna que desarrollan los habitantes de los barrios de Bogotá. Pares: ¿En qué contexto llega la amenaza contra los habitantes del barrio El Recuerdo? REDHUS: Tanto en el barrio El Recuerdo, como en varios puntos de la localidad existe una alta presencia de grupos posdemovilización del paramilitarismo, principalmente por el ejercicio del control territorial sobre todo en las partes más altas de la zona, donde también el acceso es muy complicado por parte del Estado, con eso me refiero a la Policía, a entidades de salud y alcaldías, lo que dificulta que se haga una veeduría de lo que está pasando en estos sitios. Hay una situación puntual y es que en este sector (El Recuerdo) es una zona de invasión y lo que se ha venido dando es que este tipo de amenazas, como me lo contaba la persona que me dio el relato, son personas que se han venido organizando en ese sector y que han estado revisando el tema de las ayudas en medio de la pandemia. Por estas acciones colectivas se han visto amenazadas y esto es lo que se traduce en ese panfleto. Lo que aparece ahí es la firma del Bloque Sur de las Águilas Negras, lo que vuelve y afirma que es el modo de operar, inclusive en otras localidades como Bosa se repite ese mismo patrón. Quien nos contacta también nos dice que los nombre que allí aparecen son de vecinos que hacen parte de una misma colectividad. Pares: Sobre lo que menciona de la intervención institucional, ¿cuál es la relación de la Policía con la comunidad, sobre todo en la posibilidad que hay o no de poner denuncias de la situación ante esta institución? REDHUS: En muchas partes de la localidad hay zonas donde ni siquiera hay un CAI y difícilmente y muy pocas veces llegan. Esto tiene un aprovechamiento para estos grupos, pues crean sus asentamientos en lugares donde saben que no va a llegar la Policía o que por lo menos no hay puntos de control cercanos. Por otra parte, a la gente no le genera comodidad hacer ese tipo de denuncias con la Policía porque principalmente saben que, aunque no hay una presencia aparente, sí hay cierta conexidad, que, aunque no es comprobada por la comunidad al 100%, sí han vivido y son testigos de casos donde se han hecho las denuncias con la Policía y lo que termina pasando es que aumentan las amenazas y represalias. Por lo anterior, para la gente ese ya no es un primer medio al que se acuda en caso de denuncia, prefieren acudir a organizaciones o defensores de derechos humanos cercanos. Este patrón se repite, recalcando, que, si bien no se denuncia ante la Policía, ellos sí tienen conocimiento de los hechos y hay un silencio cómplice. Principalmente, como nos decían en el relato, es porque existen unas cámaras de seguridad y algunas de ellas pertenecen a la Policía y, por ejemplo, hasta este momento no han indagado nada sobre el tema. Pares: ¿En el tiempo cómo han sido las dinámicas que han tenido los grupos posdesmovilización del paramilitarismo en la localidad? Es decir, ¿hay unos picos en presencia y acción o esto ha permanecido constante? REDHUS: Esto tiene muchas aristas. En unos puntos de la localidad hay particularidad, por ejemplo, sobre el gremio de los trasportadores informales ha habido un control con el flujo de personas que transportan. Al mismo tiempo, también como un problema que ha perdurado, están los llamados ‘tierreros’ que venden ilegalmente terrenos. Sin embargo, el tema de tráfico ha tenido sus altos y sus bajos. Pero en los últimos años, por una vía o por otra, se ha sostenido la presencia de los grupos posdemosvilización del paramilitarismo en la zona. Hay que resaltar que la Alcaldía anterior muy pocas veces llegó y esto potenció su poder en la localidad, que además se acentúa por la poca presencia o acción de la Policía, lo que genera también que amplíen mucho más sus alcances y que las amenazas se vuelvan mucho más constantes. Por ejemplo, los panfletos se veían cada 6 u 8 meses, pero ahora es muy común que se vean cada 3 o 2 meses, y cada vez ese tiempo va siendo menos, y además, ya no solo vienen del Bloque Capital, sino ahora también del llamado Bloque Sur. La cuestión con esto es ver que estos grupos se están extendiendo, llegando a unas zonas donde no sabíamos que hacían presencia, y que además se ven respaldados por la poca presencia del Estado que en tiempos de pandemia en todavía menor. Pares: Con este aumento del alcance de estos grupos, ¿cuál es el análisis de los motivos por los cuales Ciudad Bolívar es un territorio en disputa? REDHUS: Primero hay que mencionar que el problema del tráfico no es solo de la localidad de Ciudad Bolívar, con eso me refiero a que hay una serie de conexidad en un cordón que existe en el sur de la ciudad que involucra a Bosa, Ciudad Bolívar, Soacha e incluso llega a Usme, y por este lado del sur es por donde se mueve el tráfico de droga de Bogotá, eso hace que estos grupos tengan que ejercer control territorial para proteger esas rutas de tráfico. En ese sentido ante cualquier acción que les perjudique sus dinámicas ellos van a reaccionar de una manera amenazante como, por ejemplo, lo que recientemente pasó con la granada puesta el pasado 14 de junio en el barrio Juan Pablo II que dejó una persona muerta y dos heridas, hecho sobre el que se dice que se da por el control que se quiere ejercer en la localidad por parte de las bandas; que las venden como bandas criminales aisladas, pequeñas, que tienen incidencia en sectores específicos, pero que en realidad obedecen a dinámicas mucho más amplias. Por otro lado, aunque el tráfico es algo que atraviesa esas formas de ejercer control, sigue habiendo otras acciones más pequeñas pero importantes como el control a la movilidad dentro de algunos sectores de la localidad y los tierreros con la venta ilegal de terrenos. Pares: En cuanto al tema de los tierreros, teniendo en cuanta que ha sido una de las problemáticas que más ha afectado a los barrios del sur y que además fue uno de los argumentos que dio el Secretario de Gobierno para respaldar los desalojos que se hicieron en Altos de la Estancia, ¿ha habido alguna acción contundente para mitigar todos los efectos sociales que ha causado esto? REDHUS: Las organizaciones sociales han presionado para que se tomen acciones, pero las acciones que piden no han sido la presencia de Policía en estos puntos, precisamente porque la Policía en este sentido no garantiza seguridad. Lo que se pide es que estos sitios sean de apropiación por la comunidad, es decir, que la gente sea quien habite esos territorios, que los utilice para la recreación y demás, en ese sentido, que no les permita a estas bandas hacer negocio con esos terrenos, porque eso es lo que pasa, el Distrito se aleja de esas realidades que se viven en estos sitios de zonas protegidas, donde se ponen parques, como pasó en Altos de la Estancia , pero donde no hay una vigilancia, ni protección constante. Se hace una inversión, se deja a medias y sin una planeación para que la comunidad sea quien habite esos sitios. Lo que termina pasando es que al ser terrenos amplios y sin veeduría son utilizados con otros fines y los grupos ilegales terminan sacando provecho de eso. Así las cosas, los tierreros siguen retornando a estos lugares que están en abandono y seguirá pasando si no existe un plan claro de habitabilidad, uso y protección. Pares: Respecto a las amenazas, las más recientes y la de los últimos meses, ¿ha habido alguna respuesta por parte de la Alcaldía Local o Distrital? REDHUS: Lo que pasa es que ellos dicen abrir canales de diálogo, sin embargo, eso se ve muy limitado. Se queda en palabras en las que se resaltan las buenas voluntades, pero se niega la participación de las organizaciones sociales y por ahí mismo la validez de las problemáticas. Reconocen que existen actores, pero no entran a revisar al detalle las dinámicas que se generan. Las acciones no se han dado de manera efectiva, en algún momento se dijo primero debía pasar por medio del alcalde local, pero este no lleva mucho tiempo en el cargo, y eso ya dice mucho de la disposición que se tiene para generar acciones de choque contra lo que está pasando. Denuncia pública realizada por la Red Popular de Derechos Humanos (REDHUS), organización defensora de derechos humanos enfocada en fortalecer las luchas sociales, cotidianas y por la vida digna que desarrollan los habitantes de los barrios de Bogotá. Pares: Por último, la gente de Ciudad Bolívar por diversos motivos ha sido de las que más se han manifestado y hecho protestas por las problemáticas sociales que se han acentuado con el aislamiento preventivo obligatorio decretado. ¿Qué ha pasado con las exigencias que han venido haciendo? REDHUS: Han pasado cosas particulares, y es que varias de las zonas donde la gente se ha organizado ni siquiera están caracterizadas por la Alcaldía, y lo que ésta dice es que va a priorizar por lo que llaman polígonos; que son sitios reconocidos por Planeación, pero hay barrios que no están en esos planos distritales. Eso ha provocado que a la gente que allí habita no se le ha dado atención, la Alcaldía sabe que existen, pero por cuestiones burocráticas no han llegado respuestas, o las atenciones no han sido integrales. Además, cada que se citan manifestaciones, en cierto sentido se llama al diálogo, pero no se acciona así sino con el ESMAD. Lo que se ha hecho recientemente es que llegan personas a dialogar, pero los acuerdos no duran más de dos horas, o a la gente se les ofrece refrigerios, mercados transitorios, pero no algo integral y que mitigue efectivamente los efectos que ha dejado la cuarentena. Resaltando también que la gente no solo se moviliza por comida, sino también por el pago de arriendos, de servicios públicos, por la falta de empleo, de ingresos.

Por: Redacción Pares La Contraloría General de la República abrió tres procesos de responsabilidad fiscal, por un total de $2.121 millones, contra el Gobernador del Tolima, José Ricardo Orozco Valero, por presuntos sobrecostos en dos contratos de suministros de kits alimentarios y de aseo y por el pago de mayores valores e intermediación innecesaria en un contrato relacionado con la estrategia de divulgación del tema Covid-19. La Contraloría General de la República, por medio de la Contraloría Delegada Intersectorial N° 3, adscrita a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, dio apertura a un proceso de responsabilidad fiscal por $1.151 millones contra el Gobernador del departamento del Tolima, JOSÉ RICARDO OROZCO VALERO, por presuntos sobrecostos en la ejecución del contrato N°0494 del 26 de marzo de 2020, por $5.500 millones, celebrado entre la Gobernación del Tolima y la empresa SIERRA PINEDA S.A.S. cuyo objeto fue la compra de 55.000 kits alimentarios y de aseo para mitigar los efectos del aislamiento obligatorio por la pandemia en la población más vulnerable del departamento. Los sobrecostos se dan por la diferencia existente entre el precio de compra de los kits según las cifras del DANE (Sistema SIPSA) de $4.002.515.000 y el precio de compra del contrato de $5.154.077.411 (luego de aplicados los costos asociados y/o indirectos, como estampillas departamentales, póliza y otros). La tabla del DANE refleja un valor más razonable para la adquisición de los productos contratados, que, de haberse tenido en cuenta, le habría podido ahorrar al departamento del Tolima el valor que hoy se configura como presunto sobrecosto ($1.151.562.41). Además, del Gobernador del Tolima, JOSÉ RICARDO OROZCO VALERO, fueron vinculados como presuntos responsables fiscales: *La Secretaria de Salud del departamento del Tolima, ADRIANA ALEXANDRA MARQUÉZ RAMIRÉZ, con delegación de ordenación del gasto, estructuración y suscripción del contrato N°0494 del 26 de marzo de 2020; *Y la firma SIERRA PINEDA S.AS., representada legalmente por JOSE ATANIBAL SIERRA ÁVILA, o por quien haga sus veces, en calidad de contratista en el contrato N°0494 del 26 de marzo de 2020. Segundo proceso de responsabilidad fiscal La Contraloría General de la República, por medio de la Contraloría Delegada Intersectorial N°3, adscrita a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, dio apertura a un proceso de responsabilidad fiscal por $827.533.223 contra el Gobernador del Tolima, JOSÉ RICARDO OROZCO VALERO, por presuntos sobrecostos en este monto en la ejecución del contrato N°0531 del 1 de abril de 2020, por $5.000 millones, celebrado entre la gobernación del Tolima y la empresa ENRED GROUP S.A.S. y cuyo objeto fue la compra de 50.000 kits alimentarios y de aseo para mitigar los efectos del aislamiento obligatorio por la pandemia en la población más vulnerable del departamento. El presunto daño patrimonial se daría a partir de la diferencia existente entre el precio de compra de los kits según las cifras del DANE (Sistema SIPSA) de $3.988.500.000 y el precio de compra del contrato de $4.816.033.223 (luego de aplicados los costos asociados y/o indirectos como estampillas departamentales y póliza). Se habría dado un presunto mayor valor pagado de $12.650.000, que es la diferencia entre $4.987.350.000 (el valor que resulta de multiplicar el precio real de cada kit adquirido, $99.747, por el total de kits comprados, 50.000) y el valor de $5.000.000.000 por el que se suscribió el contrato N° 0531 del 1 de abril de 2020. La CGR vinculó como presuntos responsables fiscales, a: *El Gobernador del Tolima, JOSÉ RICARDO OROZCO VALERO. *La Secretaria de Salud del departamento, ADRIANA ALEXANDRA MARQUÉZ RAMIRÉZ, con delegación de ordenación del gasto, estructuración y suscripción del contrato N°0531 del 1 de abril de 2020; *El señor GUSTAVO ADOLFO CASTAÑO, en calidad de Director de Infancia y Juventud para la época de los hechos, supervisor y responsable de la elaboración del proyecto de estudios previos del contrato N°0531 del 1 de abril de 2020. *Y la firma ENRED GROUP S.A.S., representada legalmente por el señor CÉSAR AUGUSTO TRILLERAS CASTRO, o por quien haga sus veces, en calidad de contratista en el contrato N°0531 del 1 de abril de 2020. Tercer Proceso de Responsabilidad Fiscal Mediante auto No 420 del 9 de junio de 2020, la CGR abrió proceso de responsabilidad fiscal en cuantía preliminar de $143 millones contra el Gobernador del Tolima, JOSÉ RICARDO OROZCO VALERO, como consecuencia del daño al patrimonio del Departamento derivado del pago de mayores valores por intermediación innecesaria en el contrato 493 de 2020 suscrito con la firma LEON GRAFICAS S.A.S, que tenía por objeto la prestación de servicios para la ejecución de la estrategia de comunicación denominada “Plan de Comunicación-Emergencia COVID 19-2020”. El contrato referido fue celebrado en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno Nacional, con el fin de mitigar la expansión del COVID 19 en el Departamento del Tolima. Es de resaltar que la CGR encontró que la labor desplegada por el contratista puede ser calificada como una mera intermediación consistente en allegar a los medios de comunicación la pauta elaborada y entregada por el Departamento para que fuera transmitida, a pesar de que dicha actividad podría haber sido desarrollada directamente por la administración, que contaba con el personal idóneo para ello. Sinn embargo, la Gobernación del Tolima decidió tercerizar y reconocerle mayores valores al contratista que oscilan entre el 38 y el 55% y no se encuentran justificados. Así mismo, la Contraloría encontró probado que en algunas de las pautas publicitarias se exaltaba la figura del Gobernador y no se cumplía con la finalidad prevista de promoción y prevención en salud en atención a la pandemia ocasionada por el COVID 19. Entre otras cosas, se verificó que en algunas cuñas que duraban un minuto se alcanza a mencionar al Gobernador con nombre propio en al menos tres ocasiones. La cuantía por la que se abrió este proceso de responsabilidad fiscal es de $143 millones, valor que se ajustará a medida que se tenga la totalidad de la información sobre la ejecución del contrato. La Contraloría vinculó a este proceso de responsabilidad fiscal a: *El Gobernador del Tolima JOSÉ RICARDO OROZCO VALERO. *La Secretaria de Salud, ADRIANA ALEXANDRA MARQUES RAMÍREZ. *CAMILO ERNESTO VALENCIA AGUDELO, profesional universitario quien hace parte de la Secretaria Administrativa (prensa y comunicaciones) supervisor del contrato 0493 de 2020. *SANTIAGO BARRETO TRIANA, Secretario General y de Apoyo a la Gestión, como presidente del Comité que administra el Fondo de Mitigación de Emergencia del Departamento del Tolima, FOMETOL. *JORGE LUCIANO BOLÍVAR TORRES, Secretario de Inclusión Poblacional, como integrante del Comité que administra el FOMETOL. *FREDY TORRES CERQUERA, Secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo, como integrante del Comité que administra el FOMETOL. *ALEXANDER TOVAR GONZÁLEZ, Secretario del Interior, como integrante del Comité que administra el FOMETOL *Y el Contratista, LEÓN GRAFICAS SAS.

Por: Daniel Abello, Asistente de investigación. Línea de Conflicto, Paz y Posconflicto Pares. La pandemia del COVID-19 ha traído consigo grandes cambios e innumerables impactos sociales y económicos para miles de personas en el mundo, pero también ha develado profundos problemas estructurales que aquejan al interior de los países, en el caso colombiano, un reiterado abandono estatal en la garantía de derechos fundamentales como la salud, la vivienda, la alimentación, entre otros y que en esta crisis sanitaria juega un papel de agravante ante la situación del contagio. Este panorama ha puesto a prueba no solo al gobierno nacional y su capacidad de acción efectiva para la protección de sus ciudadanos, sino también a los recién elegidos mandatarios de todo el país: alcaldes, gobernadores y otros funcionarios públicos, varios de ellos cuestionados por un deplorable manejo de los recursos financieros para atender las necesidades de sus comunidades u otros que al parecer, no logran articular una adecuada estrategia para enfrentar esta crisis. No obstante, también han surgido experiencias desde la gestión pública que han dado ejemplo de transparencia, solidaridad y empatía hacia la difícil situación que actualmente atravesamos la humanidad entera. La Fundación Paz y Reconciliación y su equipo investigativo tuvo la oportunidad de conocer a partir de fuentes primarias la experiencia del municipio cafetero de Colón Génova, ubicado al norte del departamento de Nariño, en donde el Alcalde, Segundo Gil, y su equipo de gobierno han venido articulando estrategias de prevención y protección sanitaria de sus ciudadanos así como acciones efectivas para enfrentar esta crisis ampliando los alcances de los espacios interinstitucionales de incidencia y gestión de lo público para beneficio de la comunidad. A continuación, presentamos una breve entrevista con este alcalde, donde nos comparte su experiencia estos últimos meses en el manejo de la pandemia, lecciones aprendidas y su perspectiva de la gestión que los mandatarios han llevado para enfrentar la actual coyuntura. Pares: ¿Cómo han venido experimentando en el municipio el desarrollo de la pandemia? Segundo Gil: Ha sido un proceso de reconocimiento del problema, del momento, de la situación. No pensábamos que fuera de tanta magnitud, entonces el reconocimiento ha sido lento y difícil, porque ha requerido un proceso pedagógico bastante fuerte. La gente al principio no entendía las razones por las cuales se les mandaba un confinamiento obligatorio, a una cuarentena, a tener protocolos de bioseguridad, incluso creo que ese término no lo manejábamos, “bioseguridad”. Ya ahorita se ha vuelto cotidiano en el municipio. El desarrollo desde el inicio hasta ahora ha sido bastante complejo, porque se ha necesitado una pedagogía fuerte para identificar las problemáticas, la amenazas, la gravedad, de este virus, y después para iniciar los procesos de control, porque a medida que ha venido evolucionando el proceso, pues se han ido desarrollando nuevas técnicas, nuevas herramientas para hacerle frente a este virus. Diría que en cada pueblo y municipio se maneja diferente, por la cultura misma de la gente, de acuerdo con el comportamiento de las personas, en unos lugares hay respeto por las instituciones en otros, no. Por tanto se ha requerido de mucha capacidad, de manejo, de dialogo con las comunidades, porque son ellos los que desafortunadamente que sufren el pánico, que se levanten, quieran confinarse, de forma rígida, y eso de alguna manera, perjudica también, adicional a la pandemia biológica o sanitaria, viene también la crisis social, por el tema del hambre, de la comida, de los productos, es una situación muy compleja, es muy difícil, hay muchas variables en el proceso. Pares: ¿Cuáles son las medidas que desde su Alcaldía se han venido implementando para contener la emergencia sanitaria causada por el COVID19? S.G: Identificamos inicialmente una falencia muy fuerte en los centros de salud, obviamente este municipio tiene dos centros de salud grandes, y prestan un servicio generalizado ambos, falencias de infraestructura, en otros casos de dotación, en otros de protección al personal médico y sanitación, y de capacitación para manejar la situación. Entonces arrancamos con eso, tratando de capacitarnos en el tema, e iniciar un proceso de dotación a los centros de salud para el personal sanitario, que ha sido difícil, porque algunas cosas están agotadas. Instalamos unos controles en cada una de las veredas y entradas a los pueblos, tenemos 11 controles en las vías, intentando ayudarles con dotación al personal que está en las vías, porque la mayoría son puestos por la comunidad y también tratando de capacitarlos, de cómo se debe hacer el control. Porque no se trata de convertir el control en un foco de contagio. También iniciamos con un proceso de fumigación o desinfección, casa por casa, vereda por vereda, es un trabajo bastante arduo, porque implica recorrer todo el municipio a pie, pero ya arrancamos con los cascos urbanos y en el transcurso del próximo mes vamos a terminar con el resto de municipio que nos queda faltando. Pero adicionalmente, se han presentado problemas de abastecimiento, de hambre, este municipio de Colón Génova tiene una característica especial, y es que tiene mucha gente, que ha salido a las diferentes ciudades del país, como Popayán, Pasto, Bogotá, Cali, Medellín, a buscar trabajo, alguna oportunidad laboral. Cuando arranco la pandemia, muchos pensaron que iba a ser cuestión de 15 días. Esto generaba una situación de conflicto, para las personas que querían regresar desde otras ciudades. Inicialmente me invente, un corredor humanitario, para enviarles comida, desde el municipio a las ciudades, logramos enviar 3 camiones con 3 rutas, hacia Bogotá, Cali, Popayán, pues la gente, sus familiares de aquí, pudieron enviarles víveres, más que todo lo que se cultiva en el municipio, frutas, plátano, banano, panela, y logramos detenerlos un poco, que se sostuvieran 10 o 15 días más, y muchos agradecieron el acto. Fue bastante arriesgado, genero mucha polémica, porque sonó en todo el departamento, todo el mundo decía que yo iba a traer el virus, que el alcalde de Colón Génova está haciendo algo indebido. No, más allá de todo esto, esta, la dignidad de las personas, y yo no podía permitir que la gente pasara hambre, porque yo particularmente viví en una ciudad y sé qué es eso. Yo me encargué de tramitar los permisos, de conseguir la documentación requerida para enviar los camiones. Pero llego a un punto de ser insostenible, ya la gente empezó a regresar de manera autónoma, cuando se empezaron a flexibilizar las normas, nos tocó desarrollar un protocolo de bioseguridad, humanitario, para poder recibir a las personas. La idea es adelantarnos a los hechos. Porque cuando se restablezca el servicio público de transporte intermunicipal, la gente se va a empezar a venir de manera descontrolada, y va a ser mucho más riesgoso para el municipio. Entonces lo que yo he propuesto es traer las personas, de manera controlada, para nosotros saber quiénes son, a donde llegan y en qué condiciones de salud viajan. Y hasta el momento ha salido bien este proceso. Pares: Sabemos que una de las medidas que usted ha impulsado para afrontar la recesión económica que genera el aislamiento preventivo es el trueque con otros municipios de alimentos y otros bienes de primera necesidad ¿cómo nace esta propuesta y como es recibida por los habitantes del municipio? S.G: Algunos de los municipios vecinos, del norte del departamento de Nariño, acogieron la idea, alcance a hacer un intercambio con unos municipios pequeños, no fue el intercambio grande que esperaba que fuera, pero si se hizo. Intentamos intercambiar frutas con algunas verduras que acá no se producen. Este municipio es de clima cálido, los productos del municipio son de clima cálido por decirlo así, diferencia notable con los municipios de clima frio del departamento en el sur, yo esperaba que los municipios del sur acogieran la idea, para poder abastecernos. En Tuquerrés y en Imués, municipios de Nariño, acogieron la idea, y logramos hacer un tipo de intercambio pequeño, pero mi intención era hacerlo de manera macro, a nivel departamental, y que fuese apoyado por la Gobernación, pero realmente no hubo eco, el que se esperaba. Y después de eso, yo lo hice internamente, en el municipio, porque aquí si hubo bastante recepción, entre las veredas, alcance a hacerlo con las veredas. Pero hay que fortalecer la solidaridad, por ejemplo, hay productos que aquí sobran, pero para otra persona pueden faltar, y en estos intercambios, ahí está reflejada la solidaridad, que es lo que no podemos perder como comunidad. Pares: De alguna manera, la propuesta que usted lanzo a mediados de marzo de realizar un fondo común entre distintos alcaldes del departamento donando una parte de sus salarios para poder enfrentar la actual crisis, generó al parecer molestias y poco interés entre los funcionarios ¿Cuáles considera son las razones por las cuales los alcaldes ni el Gobernador Nariño apoyaron su iniciativa? S.G: Pues realmente creo que nadie, yo lo proponía porque conmigo se presentaba desde el inicio, es decir yo aproximadamente 4 meses no recibí sueldo, nunca lo recibí, porque se había invertido desde antes, en todo este proceso de pandemia, porque es muy difícil en la alcaldía, armar un proceso administrativo, para poder sacar dinero, para jabón o comprar elementos, entonces yo empecé a comprar esos elementos mi salario, porque se necesitaban poder establecer los puntos de control, por ejemplo, los implementos con los cuales estamos haciendo las desinfecciones. La intención mía cuando saqué la propuesta, era que todos los alcaldes de Colombia, inicialmente era sólo Nariño, pero la intención era nacionalmente, somos aproximadamente 1100 municipios, si todos donáramos, cuatro meses de salario, y las bonificaciones que tenemos, al menos una, porque nosotros tenemos una de 9 millones de pesos cada tres meses, si donáramos eso, los tres primeros tres o cuatro meses, más la primera bonificación del año, lograríamos reunir a nivel nacional casi 30 mil millones de pesos. Pero esto ha sido un esfuerzo conjunto, no quiero que digan que es el alcalde el que ha hecho todo eso, no, aquí ha colaborado la gente, los bomberos, la policía, las juntas de acción comunal, es un esfuerzo conjunto de todo mundo, el gran valor y la gran lección de todo esto, creo que ha sido sabernos articular con la comunidad, para poder hacer frente juntos, no perdernos, porque si nos ponemos a pelear es lo peor que nos puede suceder. Pares: Teniendo en cuenta que actualmente departamentos como Chocó, Cesar, Sucre y municipios como Ibagué y Barranquilla se ven envueltos en temas de corrupción con dineros para afrontar la crisis ¿Cuál es su perspectiva frente al manejo de los recursos para el tratamiento de la pandemia tanto en el departamento de Nariño como a nivel nacional? S.G: Pues yo creo que todo esto pasa por una razón fundamental, y es, la forma en que el alcalde actual hizo su campaña, es decir si fue un alcalde que invirtió demasiado dinero en su campaña, para poder ganar la elección. Desde el momento en que ese alcalde se posesione, su mentalidad no va a ser otra que recuperar ese dinero, y muchas veces triplicado, por tanto, creyeron que este momento de conmoción, hipnosis, en el país y el mundo, podría haber servido para hacer de las suyas, en este momento, porque nadie está fiscalizando, porque todo el mundo esta es pendiente de la pandemia. Con las ayudas alimentarias, compradas por la alcaldía que particularmente yo no he hecho, por dos razones: una porque afortunadamente en el momento nosotros no tenemos hambre generalizada, y dos, porque no quiero tal vez generar ese ánimo bastante clientelista en la comunidad, bastante asistencialista, dentro de la comunidad de Colón. Sino que, mediante los procesos de trueque, la gente empiece a desarrollar hermandad, en medio de la crisis. Y respecto al tema de la corrupción, es la mentalidad, la corrupción se genera de acuerdo con cómo se elige al mandatario, de acuerdo con la forma en que se elige. Por tanto, se comenten este tipo de errores, que son bastante reprochables, donde las entidades territoriales deben de disponer de la totalidad de recursos para solventar la pandemia. Pares: ¿Cómo esta Colón Génova en estos momentos, en términos de infraestructura hospitalaria, dotación de implementos de bioseguridad, y acatamiento de medidas, para enfrentar un contagio alto en la población del municipio? S.G: En términos de infraestructura nosotros, nuestros centros de salud no tienen la capacidad física para enfrentar un foco de contagio fuerte, nuestro centro de salud tiene a lo mucho dos o tres camillas para atender contagios. Por tanto, hemos adecuado otro lugar, que es un centro que estaba destinado para atender a adultos mayores, con 10 camillas, para poder atender posibles casos de COVID-19 que no tengan donde hacer su aislamiento residencial, es decir que aquí hay personas que son tan vulnerables que no tienen donde ese tipo de procesos, por tanto, adaptamos ese centro. El gran foco del departamento ha sido el sur, Ipiales, Tumaco, ahí veo que nosotros que estamos en el norte no nos expongamos, y dos, la cultura, en el sur la cultura es folclórica, tienen unas formas de entender la vida y la muerte distintas. Pasa también por un abandono estructural de la región, porque debería existir una educación para entender que esta situación es excepcional, atípica, pero la realidad es que no es así, y creería que sus costumbres no pueden ser vulneradas ni siquiera en medio de esta pandemia. Hay que entender que el problema viene del abandono estatal, que se refleja en la parte de educación, enorme, y en la adecuación de infraestructura. Yo puedo decir que en el municipio de Colón de Génova el hospital, comparado con el hospital de Llorente, El Charco, Magüí Payán, créeme que salimos nosotros 10 veces más en calidad que esos municipios. Pares: En otros medios de comunicación usted ha visibilizado poca articulación entre el departamento y el nivel nacional para la solicitud de apoyo del gobierno central en infraestructura para la atención en salud ¿Se ha logrado avanzar en este aspecto o la gestión del problema sigue recayendo en el municipio? S.G: Yo podría decir que la gestión de la gobernación, y el mismo gobernador, ha sido excelente, en medio de la precariedad que existe en el departamento, el gobernador ha tratado de hacer lo que más ha podido para contener la pandemia, incluso se ha reunido con nosotros los alcaldes para tomar decisiones conjuntas, tampoco se ha hecho de manera imponente, siempre se ha consultado con los alcaldes. En donde si ha habido desarticulación total, es a nivel nacional, especialmente para el departamento y para los municipios a nivel general. El gobierno centralizó absolutamente todo. Son las ayudas humanitarias, los auxilios, los programas, que generaron como la devolución del IVA, como el ingreso solidario, como el tema del adulto mayor, las familias en acción, todo se manejó a nivel central, nosotros los municipios, los alcaldes lo único que hacíamos, era a través de unos funcionarios, controlar los sitios donde la gente iba a cobrar esas ayudas, e informarles a las personas que las ayudas habían llegado. Nosotros simplemente esperamos que salga para ver qué medidas toma el gobierno, no se dialoga, no se consulta, las realidades dentro de los municipios son distintas. Y algo que se nos preocupaba con las ayudas humanitarias, muchas familias eran de familias en acción, y tenían adultos mayores, y además de eso les llegaba la devolución del IVA e ingreso solidario, es decir les llegaban las 4 ayudas o auxilios, mientras hay personas que no les llega absolutamente nada, que viven una situación real de vulnerabilidad. Por tanto, creería yo que al menos esos procesos debieron haber sido consultados, para poder atenderlos mejor. Creo que la mayoría de los municipios en Colombia, hemos ido improvisando a medida que ha ido desarrollándose la pandemia, porque no ha habido lineamientos específicos de como atenderlo. Pares: ¿Qué dificultades y obstáculos a encontrado en estos primeros meses de gestión tanto de la pandemia como al inicio del mandato, siendo un candidato que logro llegar a la alcaldía venciendo las maquinarias políticas tradicionales? ¿Considera que su gestión está cuestionando de alguna manera la forma que tradicionalmente los alcaldes ejercen su mandato? S.G: Yo desarrollé una campaña bastante atípica, distinta. Yo no coloque publicidad, ni afiches, ni pendones, ni murales, nada de eso que se utiliza comúnmente en las campañas para alcaldía, por una razón fundamental es que yo soy profundamente ambientalista, a mí me duele mucho ese tema del medio ambiente, y esa contaminación visual y ambiental que se genera con este tipo de elementos yo no la iba a hacer, porque, tengo una coherencia de pensamiento, y la practique, simplemente tome la decisión de irme a preguntar casa por casa. Las familias y la gente del municipio copiaron el mensaje, entendieron que la política es para otra cosa. Desde ahí, empezó, mi cuestionamiento a la politiquería tradicional, desde el mismo ejercicio de la campaña, yo, no invertí dinero, porque (risas) no lo tenía, yo soy o provengo de una familia bastante humilde, me gradué de ciencia política de la Universidad del Valle hace un año. Yo venía de ser estudiante apenas, y tome la decisión de lanzarme a la alcaldía, con el apoyo obviamente de la comunidad, y logre ganar con el voto de opinión del municipio de Colón. Todo eso ya es una cachetada directa al sistema corrupto, como se ha venido manejando la politiquería en nuestro municipio, en el departamento, y tal vez en el país, mi caso tal vez fue la sorpresa en el departamento, por la forma en que gane. Yo vivo acá, en mi casa humilde, donde siempre he vivido, con mis dos papás, salgo a las calles cuando tengo que salir, en pantaloneta, así como siempre lo he hecho. Ando por las veredas con la gente, eso me gusta mucho (..) ¿Quién es el mandatario?, el mandatario no debe estar alejado nunca del pueblo al que dirige, incluso debe estar más cerca, para entender más su proceso administrativo, lo que la gente quiere, lo que la gente busca. Y creo que esa oportunidad me la brindó a mí inicialmente la gente, yo le estoy devolviendo a ellos ahorita en este ejercicio administrativo, y te adelanto, tal vez, cuando salga esta entrevista, yo habré pagado los servicios públicos del municipio, de junio, hasta diciembre de este mismo año, es decir seis meses, voy a pagar agua, alcantarillado y aseo, y el servicio de energía, para aliviar un poco la carga a la gente, son también, cuestiones humanitarias, solidarias con la gente más pobre de nuestro municipio.

Por: Isaac Morales Pérez. Coordinador de la línea de seguridad urbana y crimen organizado, Pares. Es natural que en un país donde no se logren satisfacer las necesidades básicas de la población más vulnerable, esta salga a manifestarse y exigir mayor atención por parte de las autoridades locales y nacionales. El pasado lunes festivo, cientos de colombianos y colombianas salieron a las calles en varias ciudades como Medellín, Cali y Bogotá, con el propósito de manifestarse alrededor de diversos motivos: el mal manejo de la crisis sanitaria, el desempleo y el hambre estuvieron en la agenda de movilización; “prefiero morir por COVID-19 que por hambre” decía uno de los carteles de los manifestantes y parecía ser el sentimiento de muchos. Algunos sectores se preguntaron ¿por qué se permiten marchas y manifestaciones en medio de una pandemia? pero este no es el punto del asunto, acaso no se ha notado otro tipo de manifestaciones más simbólicas como colgar un trapo rojo en las casas de sectores vulnerables que muchas veces no han sido atendidos; acaso la ciudadanía deben esperar un permiso para salir a manifestar su inconformismo con las autoridades. Lo que sí es claro es que existe una causa común que debe ser escuchada y a la que se suman ciudadanos de a pie que acompañan y apoyan estas manifestaciones, más allá del riesgo que se vive por el contagio del coronavirus, existe un inconformismo que cala entre muchos. No se puede desconocer tampoco que hay un antecedente claro y una semilla de protesta social que se sembró el pasado 21 de noviembre, que sigue ahí, echando raíces y abonada por la incompetencia de quienes dirigen las administraciones locales y nacionales. El descontento es generalizado y este tipo de acciones son normales en medio de una deficiencia en atención. Pero además se puede leer desde un punto de vista más amplio. La ciudadanía en todo el mundo ha iniciado procesos de manifestaciones muy fuertes como los recientemente ocurridos en los Estados Unidos, que no se veían desde finales de los años 60 o las manifestaciones en Hong Kong que aún siguen vivas por su descontento con Pekín. Ni qué decir del sentimiento de descontento social que no ha desaparecido en Chile. La democracia se trata de eso, de participar y permitirle al pueblo expresarse de muchas formas más allá de un voto en una urna. En agosto, Duque cumplirá dos años en el poder y su gestión ha sido tan cuestionada que su imagen está por el suelo, entre otros escándalos se suman la ÑeÑe Política, un embajador con laboratorio de drogas ilícitas en su finca y una Vicepresidenta con un escándalo oculto por más de veinte años, eso por contar algunos. Pero además se suma la insuficiente capacidad de Duque y sus ministros para enfrentar la crisis sanitaria, legislando por decreto y delegando responsabilidades para luego lavarse las manos. En definitiva, hay suficientes motivos. Entonces, si el gobierno nacional y las autoridades locales no asumen una responsabilidad real en términos de asistencia social, un mínimo vital y el fortalecimiento de los sistemas de salud, este episodio se seguirá repitiendo con mayor frecuencia en varias partes del país, no solo en las principales ciudades. En repetidas ocasiones lo he planteado: los saqueos a establecimiento de comercio, motines y marchas, serán más frecuentes producto de este descontento y del hambre. El hambre no se quita con bolillo y capturas, el inconformismo social no desaparece con buenas intenciones, la respuesta no puede ser represión por parte de las autoridades, se deben llevar paquetes integrales de ayudas, así como en su momento se salvó el sistema financiero, este es el momento de proteger a la sociedad civil.

Por: Laura Cano, periodista Pares. Desde distintos sectores y medios, entre esos Pares, se han prendido las alarmas por la crítica situación social y de seguridad en la que están los indígenas del Cauca. Incluso recientemente a través de un comunicado el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) advirtió que: Constantemente tenemos que alertar sobre la ejecución permanente de actos violatorios e indiscriminados que atentan contra la armonía y el equilibrio de nuestros territorios ancestrales, como consecuencia de la presencia de grupos armados, y el señalamiento perverso de los detentadores del poder contra nuestros procesos y dirigencia. “(…) Se ataca la estigmatización, señalamientos, criminalización y la persecución a nuestros líderes, autoridades y sabedores tradicionales, al cuerpo colectivo de la guardia indígena, y en general a las instancias comunitarias que, con fundamento y claridad política, organizativa y cultural, realizamos el ejercicio de control territorial”, señala el documento presentado por el CRIC. Vale la pena indicar que, según el sistema de información Sipares, entre marzo y mayo en el Cauca se registraron los asesinatos de las y los indígenas Laureano Alberto Trochez, comunero indígena del Resguardo López Adentro (Caloto, 16 de marzo); Omar y Ernesto Guasiruma Nacabera, líderes sociales (Bolívar, 23 de Marzo); Marlly Fernanda Quina Campo, lideresa social (Totoró, 27 de marzo); Cristian Conda, comunero indígena (Caloto, 23 de mayo); María Nelly Guetia Dagua y su compañero Pedro Angel María Trochez, sabedores de la comunidad (Paéz, 28 de mayo). Además, también se ha alertado sobre los hostigamientos, como el del pasado 02 de junio cuando la ONIC y el CRIC denunciaron la incursión de 05 hombres fuertemente armados con prendas militares, quienes encañonaron a personas del resguardo Indígena Pikwe Tha Fiw ubicado en zona rural del municipio de Páez, pidiendo información sobre el paradero de la Consejera Aida Quilcue Vivas, y de la Autoridad Tradicional Omaira Quilcue y del profesor Emirson Huetia. Jesús Antonio Rivera, una vida silenciada En estas circunstancias se informó sobre el asesinato del comunero indígena de la vereda Huellas, del resguardo en el municipio de Caloto, Jesús Antonio Rivera de 32 años, quien el pasado 13 de junio en horas de la tarde fue interceptado por hombres armados quienes acabaron con su vida. Como consecuencia del hecho, la comunidad y la guardia indígena como medida de protección territorial salieron en busca de los asesinos del comunero, acción con la que cerca de las 7 de la noche capturaron a 7 hombres fuertemente armados, quienes desde ese momento quedaron en disposición de la jurisdicción indígena local. Así, y de acuerdo con los artículos 246 y 330 de la Constitución Nacional, los cuales plantean la legitimidad de las autoridades indígenas para ejercer funciones jurisdiccionales en sus territorios, se les aplicó medidas a quienes fueron detenidos y quienes fueron reconocidos como integrantes de la de la estructura postfarc Dagoberto Ramos, la cual también se ha atribuido varios de los hechos violentos que se han vivido en el Cauca en los últimos meses. De acuerdo con el comunicado del CRIC: En la asamblea, la comunidad estableció que los dos responsables de accionar el arma que dejó sin vida al comunero serán armonizados en patio prestado, donde estarán en centros penitenciarios por 25 años, a ellos también se les sacudió la enfermedad o el sucio, con nueve latigazos. Desde la jurisdicción especial también se determinó cinco años de patio prestado y nueve sacudidas a dos reincidentes que ya habían sido enjuiciados por desarmonías en sus territorios y los otros tres, quienes realizaron el centinela, la asamblea determinó darles tres años de trabajo comunitario y les aplicaron 41 sacudidas. Por otra parte, se informó que las armas que fueron decomisadas por las autoridades indígenas quedaron en custodia de monseñor Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de la ciudad de Cali, quien además acompañó la jornada de atribución de responsabilidades y con quien se espera convocar “un diálogo abierto y sincero con los actores armados que están desarmonizando los territorios”. Por su parte, desde el CRIC se concluyó que con estas medidas se busca encontrar la posibilidad de defender el territorio, salvaguardar la autonomía y avanzar sobre el propósito de respetar la vida como elemento fundamental de la existencia humana, es el propósito de mantener las armas en custodia, un instrumento de guerra y muerte con el que se espera construir un puente que conduzca al diálogo, la reconciliación y la paz.

Por: Laura Cano, periodista Pares. Desde la llegada de Darío Acevedo al Centro Nacional de Memoria Histórica muchas han sido las amenazas que su gestión ha representado para el fin misional del establecimiento público, el cual está establecido desde la intención de “Contribuir a la reparación integral y al derecho a la verdad, a través de la recuperación, conservación y divulgación de las memorias plurales de las víctimas”. Acevedo ha puesto en riesgo este fin con varias acciones que han retrocedido y desconocido la responsabilidad del CNMH con las víctimas de la violencia que ha vivido el país. Una de esas acciones ha sido la negación del conflicto armado, lo que, además, significó un saboteo a la Ley de Victimas 448 de 2011 y un paso atrás en los procesos de reparación y verdad que con esfuerzo se han forjado. A esto se sumó la salida de Colombia de la Red Internacional más grande e importante sobre memoria del mundo, en la que participan 65 países. Adicionalmente, tras estos hechos se han registrado otros que acentúan el peligro en el que está la Institución, como por ejemplo, el rechazo y crítica al Museo de la Memoria, apelando a la necesidad de incluir las versiones de las Fuerzas Militares, además, de incluir a través de un convenio a Fedegan dentro de los proyectos que se desarrollaran en el organismo, lo que pareciera una burla para las víctimas, pues justamente a la Federación se le ha acusado por sus nexos paramilitares, por despojo de tierras y desplazamiento forzado. Esto ha traído una grave consecuencia que pone a tambalear las garantías de las memorias plurales desde las victimas como eje central, pues por lo que ha representado la gestión de Acevedo muchas organizaciones han decidido retirar sus informes y aportes del CNMH, entre ellas: la Unión Patriótica (UP), la Asociación Minga, el Movimiento Nacional de Víctimas del Estado (MOVICE), la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y hace poco reafirmaron su renuncia la organización de Madres de Falsos Positivos (MAFAPO). Desde MAFAPO se comunicó que la presencia de Acevedo en el CNMH “no es garantía para la memoria del país y pone en peligro los procesos de reparación de las víctimas”. De esta forma, afirmaron que renunciaban también a los proyectos que encabezaba la funcionaria de la Institución, Nancy Gaitán, con quien venían adelantando la elaboración de un libro con testimonios de las madres víctimas de los crímenes de las personas presentadas como bajas en combate. Asimismo, solicitaron que Gaitán cese el contacto con las integrantes de MAFAPO, pues la insistente comunicación de manera individual por parte de la funcionaria del CNMH ha provocado, como lo señala el documento, “problemas al interior de nuestra organización”. Igualmente, se requirió la devolución de las entrevistas (transcripción y audio) que se han realizado con colaboración de MAFAPO. Por todo lo anterior Pares habló Jacqueline Castillo, quien es la representante legal de MAFAPO y ha hecho frente a la lucha por la verdad, reparación y no repetición del flagelo de las ejecuciones extrajudiciales. Pares: ¿Desde la posesión de Darío Acevedo qué implicaciones ha habido para el proceso de memoria y lucha que lleva MAFAPO? Jacqueline Castillo: Finalmente el inconveniente que nosotras vemos es la posición del nuevo director trae muchas implicaciones, comenzando con que él no reconoce los casos de falsos positivos como crímenes de Estado, y en esa línea su interés es enaltecer, homenajear y dar prioridad a los llamados héroes de la patria, posición que nosotras no compartimos. Además, recalcando que se supone que el CNMH es un sitio de memoria para las víctimas y su trabajo ahora no va acorde a eso. Lo anterior fue el motivo por el que paramos el proceso del libro de memoria que veníamos haciendo, pues apenas supimos los intereses de él expresamos verbalmente nuestro retiro, sin embargo, la persona que venía haciendo seguimiento a esto siguió contactando a las madres a pesar de que yo expresé en varias oportunidades que no seguiríamos con ese proyecto. No obstante, esta persona continúo contactando a las madres y haciendo el trabajo como si no se le hubiera expresado nada, por eso decidimos radicar el escrito formalmente Nosotras necesitamos que Colombia sea un país con memoria, son muchos casos que no pueden quedar en el olvido y lo que está pasando con el CNMH no nos favorece a nosotras, porque la posición de Acevedo es enaltecer a los militares y hay que comenzar diciendo que fueron ellos quienes cometieron los crímenes por los que hoy pedimos verdad. Eso hace que ese no sea un espacio realmente pensado por y para las víctimas. Pares: En la misiva ustedes solicitaban la devolución de las entrevistas que se han hecho desde el CNMH con MAFAPO ¿Qué ha pasado con eso?, ¿qué ha pasado con la situación que ustedes exponen allí con Nancy Macías? J.C: Después que se publicó esta carta este señor ha seguido gestionando encuentros con algunas de las madres a través de la insistencia de la funcionaria, eso lo único que ha traído es discordia dentro del colectivo. Incluso ayer en primera plana de la página del CNMH expresó directamente el señor Darío Acevedo que ha tenido encuentros formales con integrantes de MAFAPO, cuando eso no ha sido así. Es un atrevimiento, irrespeto e irresponsabilidad poner en nombre de las madres de Soacha esa afirmación, porque no hemos sido todas las que hemos aceptado el contacto con él. Hay que aclarar que más de la mitad de la organización estamos rechazando ese proyecto, y él no tienen que venir a decir que se está relacionando con las madres de Soacha, porque eso no es así y nosotras no pretendemos seguir trabajando con el CNMH mientras él esté en la cabeza de esta institución. Pares: Además del nombramiento de Darío Acevedo se han hecho otros anuncios como el de Fedegan en el CNMH, el nombramiento de hijo de Jorge 40 y lo más reciente, el nombramiento de Paloma Valencia, quien integrará en CNP, quien vale señalar ha hecho esfuerzos para que en la JEP a los militares se les dé un trato diferencial, ¿estos nombramientos, que se dan avalados por la institucionalidad, cómo amenazan la reparación a las víctimas? J.C: La mayoría de las cosas que se están haciendo desde la institucionalidad no están reparando, por el contrario, están generando nuevas revictimizaciones hacia las víctimas. Respetamos el nombramiento de Jorge Rodrigo Tovar, pues como se decía, no hay delitos de sangres. No obstante, en los casos nombrados, en general, no es conveniente, ni coherente nombrar personas de estas familias que le han hecho tanto daño a Colombia y gente que en sus discursos no tienen la mínima voluntad de paz y memoria. Con estas decisiones no sería difícil que cuando salga Garavito se nombre director de Bienestar Familiar, es algo así de ilógico lo que ha estado pasando. Habiendo tantos cargos dentro de las instituciones del Gobierno, ¿por qué los ponen ahí? Pónganlos en otros puestos, pero en nada que tenga que ver con las víctimas y memoria del conflicto armado. Pares: El panorama parece mostrar un crítico retorno de los escenarios de violencia en el país. Como ejemplo de esto, solo en junio se han asesinado 07 líderes sociales. ¿Cuál es la lectura que hacen de esto desde una organización como MAFAPO? J.C: Todos estos crímenes que vienen ocurriendo nos plantean la necesidad de seguir dando la lucha por el respeto a los derechos humanos, pues estos crímenes y todo lo que viene pasando muestran que el interés con todo, como ha pasado históricamente, es callarnos. Desde MAFAPO esto nos muestra que urge seguir con el llamado para que no seamos indiferentes a todo lo que viene pasando y sin olvidar la relación que el presente tiene con el pasado, pues lo que quieren es eso; silencio y olvido.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Ya son 201 exguerrilleras y exguerrilleros que han sido asesinados tras la firma del Acuerdo de Paz. El más reciente asesinato fue perpetrado en Puerto Asís este 16 de junio, de acuerdo como lo dio a conocer la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. En palabras de Ariel Ávila: En Colombia parece haber una maldita tradición de asesinar a la gente que deja la guerra. Fuentes en terreno confirmaron a Pares el crimen del firmante de paz en este departamento del Bajo Putumayo. Ángel Alberto Calderón era el nombre del exguerrillero asesinado esta tarde, que era conocido como “El Gato” por sus compañeros en reincorporación. El hecho fue perpetrado con arma de fuego en el cabildo de Santa Rosa de Puerto Asís. De acuerdo con la información a la que tuvo acceso Pares, Ángel tenía una pareja y un hijo. Puerto Asís, epicentro de la violencia En los últimos tres meses se han registrado dos homicidios de excombatientes que adelantaban su proceso de reincorporación en el ETCR Héiler Mosquera. Cabe señalar que este ETCR está ubicado en zona rural del municipio de Puerto Asís —al otro lado de la desembocadura del Río Guámez y la cuenca del Río Putumayo—; en la Vereda La Carmelita. En pleno corredor que conduce al Ecuador, conocido como Puerto Vega-Teteyé. En el ETCR está la Cooperativa Multiactiva del Pueblo Putumayense (CMPP), la Asociación Liliana Peña y ASOMID dentro del ETCR. La otra Cooperativa -COMUCCON, está ubicada en el municipio de Puerto Guzmán. El otro integrante del ETCR Héiler Mosquera que fue asesinado era Juan Carlos Castillo o Luis, como era conocido por sus compañeros allá en La Carmelita. El cuerpo de Juan Carlos fue encontrado cerca del resguardo Kwisna Cxhab, en inmediaciones a la vereda de Alto Lorenzo. El hecho se confirmó este lunes 30 de marzo, pero el asesinato ocurrió el 28 de marzo. De acuerdo como lo ha podido establecer Pares, los cerca de 121 firmantes de paz que habitan el ETCR Héiler Mosquera y, que se encuentran trabajando en iniciativas productivas; están buscando terreno para trasladar el ETCR de lugar pues le falta de garantías de seguridad son insostenibles. Por ejemplo, ambos exguerrilleros que fueron asesinados hacían parte de la Cooperativa del Pueblo Putumayense (CMPP). En el departamento putumayense hace presencia el Clan del Golfo, La Constru, La Mafia Sinaloa y las disidencias del frente 48, 49, 31 y 1. Para Pares es importante resaltar que la comunidad en proceso de reincorporación le ha manifestado temen por la estigmatización a la que han sido expuestos por discursos del Gobierno Nacional o de la institucionalidad sobre su vinculación a las disidencias o a economías ilegales. Un asesinato por día El otro asesinato más reciente se conoció este 15 de junio, en la subregión del Catatumbo, cuando hombres armados acabaran con la vida de Mario Téllez Restrepo, quien, además de firmante de paz era padre de tres hijos. Según lo dieron a conocer las personas que están adelantando el proceso de reincorporación en esta subregión, hombres armados arribaron hasta una parcela en la que se encontraba trabajando Mario en el municipio de Tibú, Norte de Santander. Durante la pandemia, según cifras del Consejo Nacional de Reincorporación del componente FARC, han sido asesinadas 11 personas desde la expedición del decreto de emergencia sanitaria por parte del Gobierno Nacional por cuenta del Covid-19 (22 de marzo). Asimismo, en lo que va corrido de 2020, han sido asesinados 29 firmantes de paz en Colombia. Hijos de firmantes, también víctimas de la violencia Los familiares de las personas en proceso de reincoporación también son víctimas de la violencia selectiva. En la última semana fueron asesinados dos hijos de exguerrilleras. Bairon Eliécer Gómez Restrepo fue asesinado el 12 de junio en el ETCR Mariana Paéz que está ubicado en en el municipio de mesetas, Meta. Camilo Sucerquia Durango fue asesinado el 6 de junio en cercanías al ETCR Santa Lucía en el municipio de Itunago, Antioquia. El partido FARC presentará ante la Jurisdicción Especial para la Paz y ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la lista de los 200 firmantes asesinados tras la firma del Acuerdo en el Teatro Colón, el 24 de noviembre de 2016. También presentará cerca de 50 tentativas de homicidio de las que han sido víctimas la población en proceso de reincorporación. Una maldita tradición de sangre Para Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, existen tres elementos frente al tema de asesinatos a excombatientes en en el pías. El primero, es que Colombia continúa repitiendo una historia sobre los asesinatos a quienes hacen la paz. Incluso desde la época del Charro Negro, cuando Manuel Marulanda se alcanzó a desmovilizar y, con esos asesinatos Marulanda se rearma.” Lo segundo, para Ávila, es que las medidas del Gobierno Nacional no han funcionado. Es decir, por ejemplo, que el Plan de Acción Oportuna que lanzó el gobierno Duque no han sido más que anuncios y discursos que no se han materializado en resultados preventivos”. Lo tercero que señala Ávila es que el fenómeno de esta violencia selectiva va más allá, “es un tema muy complejo, que tiene muchas aristas y no deben existir salidas facilistas.” Finalmente, señala el analista político, que detrás de los asesinatos existen muchos factores, porque, por ejemplo, las disidencias están matando excombatientes porque estos se niegan a reincidir, también pueden haber crímenes de odio porque fueron de las FARC y son de izquierda, también porque hayan organizaciones neoparamilitares que los asesinan, temas de venganza. Esto no es un fenómeno unidireccional. «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»