Por: Redacción Pares El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, instó al Ministerio de Salud y Protección Social para que en un plazo de 24 horas integre y traslade a Quibdó, Chocó, un equipo de profesionales que establezca el plan de acción para el departamento y disponga de acciones necesarias para conjurar la crisis derivada de la pandemia por el covid-19, ante el crecimiento exponencial de contagios. En carta enviada al ministro Fernando Ruiz Gómez, el jefe del Ministerio Público alertó sobre la preocupante crisis sanitaria en Chocó, que a 15 de mayo tenía 42 casos positivos de Covid-19 y que con un crecimiento del 1.700% hoy reporta 715 casos, que ya derivaron en una ocupación del 100% de las UCI y 21 fallecimientos. Advirtió que al departamento aún no llegan todos los equipos necesarios para la expansión de la infraestructura y la puesta en funcionamiento de nuevas UCI, no cuenta con suficiente personal médico, insumos y medicamentos, y no han sido pagados en su totalidad los pasivos laborales de los hospitales públicos que superarían los $18.000 millones de pesos. Explicó además que los 10 ventiladores suministrados por el Gobierno nacional, por diferentes circunstancias, aún no cumplen con el propósito inicial de servir para habilitar nuevas UCI. El Procurador General enfatizó en la importancia de un trabajo articulado entre entidades nacionales y autoridades locales, para garantizar la seguridad alimentaria de la población, y evitar la movilidad en busca de sustento; fortalecer medidas de cuarentena y distanciamiento social con apoyo de la fuerza pública; priorizar la práctica de pruebas, reporte de resultados y aplicación de medidas sanitarias, y pagar el pasivo laboral. Urgió por la inmediata creación y puesta en funcionamiento de nuevas camas de primero y segundo nivel de complejidad en hospitales de campaña y de nuevas UCI, y el suministro de equipos, medicamentos, insumos médicos y elementos de protección personal. Para el jefe del Ministerio Público el incremento en el número de casos positivos se habría favorecido por la conjunción de las particulares condiciones sociales, culturales y económicas; la informalidad laboral que es superior al 84% y la flexibilización de las medidas de cuarentena y distanciamiento físico del Decreto Legislativo 749 del 28 de mayo de 2020.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. A pesar de las restricciones de movilidad implementadas con la orden de aislamiento preventivo obligatorio, las manifestaciones y protestas no han cesado en el país. Poco después de aplicado el Decreto 457, el cual planteaba, entre otras cosas, las restricciones de movilidad desde el pasado 25 de marzo en las calles varias personas se comenzaron a organizar exigiendo garantías para poder cumplir la cuarentena en condiciones dignas. El tema laboral laboral fue uno de los primeros factores afectados con las medidas, provocando que, según datos del DANE, a abril de 2020 el desempleo aumentara 9.5 puntos porcentuales, llegando a un 19.8%, mientras que la tasa de ocupación disminuyó un total de 14.2 puntos porcentuales. A esto se agrega la población trabajadora informal, la cual también perdió su actividad de empleabilidad, causando que las familias que vieron directamente afectados sus ingresos para poder solventar sus necesidades básicas. Por otra parte, no se ha dejado de insistir en la protección de las y los más vulnerables, a quienes se les ha desalojado y destruido sus viviendas, casos como los ocurridos en Ciudad Bolívar en Bogotá y en La Viga y Siloé en Cali. Con esto, otra de las exigencias ha sido la implementación de una renta básica, petición que ha caído en oídos sordos, pues, aunque se han dado algunos subsidios, como el Ingreso Solidario ($160.000), la gente reclama la poca efectividad de estos y además la corrupción en la que han terminado varios de los recursos que se han destinado para atender la pandemia. Llamados similares se han realizado respecto a los gastos que se han hecho desde la Presidencia, donde se ha expuesto que durante la crisis se ha invertido es estrategias de posicionamiento digital del Presidente, asimismo, en municiones y tanquetas para el ESMAD. Estas dos inversiones implican cerca de $15.350 millones en medio de la Emergencia Económica, Social y Ecológica en la que está el país desde el mes de mayo. Adicionalmente, en las manifestaciones ciudadanas sigue estando en la agenda la implementación del Acuerdo de Paz, el cual ha estado estancado ante la poca voluntad política, lo que ha causado, entre otras cosas, que a la fecha haya 200 firmantes y cerca de 413 lideresas y líderes asesinados. 15J: a las calles otra vez El pasado 15 de junio, al cumplirse 82 días de aislamiento preventivo obligatorio, en los cuales las respuestas y soluciones para muchos sectores no han llegado, miles de ciudadanos se dieron cita en ciudades como Popayán, Manizales, Medellín, Cali y Bogotá, en las que desde temprano se movilizaron por las calles, y también donde pronto hizo presencia agentes de la Policía, Esmad y Ejército, lo que causó que poco después de iniciadas las protestas comenzaran a llegar denuncias por los abusos y no cumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de los miembros de estas instituciones. El panorama no cambió mucho con el pasar de las horas. Cerca del medio día se alertó sobre la interrupción de las movilizaciones en Medellín por agentes del ESMAD, quienes, adicional de los abusos físicos, también comenzaron a detener manifestantes, entre ellos a defensores de derechos humanos y periodistas, entre los que se encontraba José Luis Marín, abogado, periodista y creador de Aquinoticias, un medio de comunicación independiente, desde el cual se venía haciendo seguimiento y transmisión de cómo transcurría la movilización. En medio de esta jornada en la capital antioqueña también fue detenido y golpeado Nicolás Brito Zapata, quien al igual que José Luis María, se encontraba transmitiendo en vivo lo que ocurría, él fue detenido arbitrariamente y además la violencia ejercida por policías le provocó una fractura en su mandíbula y la pérdida de dos de sus dientes. En un contexto similar se le propinó una fractura de brazo a Duván Jaramillo, defensor de derechos humanos. Vale la pena señalar que solo en Medellín fueron retenidas 45 personas que posteriormente fueron trasladadas, algunas de ellas, al bunker de la Fiscalía de la ciudad. Estas detenciones fueron denunciadas como irregulares, pues como lo afirmó José Luis Marín a través de su cuenta de Facebook, “a muchas personas las capturan porque iban corriendo, en ese momento a nadie se le leyó sus derechos, ni se les indicó las razones por las cuales iban a ser retenidas”. La paradoja del cuidado en Bogotá En los últimos meses la capital ha brillado por el rápido actuar violento de la Policía Nacional y por el discurso ‘vandálico’ como legitimización de los abusos de poder. Antes de nombrar lo ocurrido en la capital, y resaltando lo anterior como común denominador de los escenarios de protesta y el cubrimiento mediático que se le da, hay que señalar que la movilización social como derecho debe ser protegida institucionalmente, además el actuar de la Fuerza Pública debe estar siempre regido por lo dispuesto en la Resolución 1190 del 03 de agosto de 2018 del Ministerio del Interior, en la que se plantea que: · La actuación debe estar a cargo, todo el tiempo, por personal y equipos identificados de manera clara y visible. · La fuerza disponible de la Policía debe estar ubicada para que actúe de manera oportuna, pero no puede afectar el desarrollo de la protesta. · Siempre debe actuar en primer lugar la Fuerza Disponible, y no el ESMAD. · La Policía intervendrá sólo cuando sea necesario, atendiendo al principio de proporcionalidad. · Si se presentan acciones violentas, la Policía debe neutralizar el foco violento, sin afectar a los manifestantes pacíficos. · No podrán portar armas de fuego. · Las personas capturadas deben ser tratadas con dignidad y se debe garantizar sus derechos. · Si hay ciudadanos heridos se debe garantizar su atención y se deberá informar a un familiar. Así y como comparativo a lo ocurrido el 15J se debe mencionar que durante las movilizaciones que salieron de varias partes de la capital se denunció la pronta presencia e intervención del Esmad, incluso cuando se supone que el actuar del Escuadrón debería estar mediado, tanto por la Fuerza Disponible, como por los gestores de convivencia, que más allá de su presencia deben realmente buscar las formas de mitigar los escenarios que puedan generar riesgos a los manifestantes. Al igual que lo ocurrido en Medellín, y con escenarios políticos locales similares, al poco tiempo de iniciadas las protestas vino la represión e intimidación de la Fuerza Pública para estancar las movilizaciones, este panorama, además de no permitir lo que se tenía previsto con el acto, también dejó 73 personas detenidas, ocho (8) de ellas con fines de judicialización. Desde Defender la Libertad se informó que fue: “un acto desmedido por parte de la Fuerza Pública, quienes detuvieron a los y las manifestantes solo por hacer parte de la movilización citada, e intervinieron sin justa causa dado que se encontraban protestando de manera pacífica y no estaban bloqueando en su totalidad la vía por la que iban. Dentro de las personas que resultaron heridas se encuentra un joven, quien frente a la estación de Transmilenio de San Diego fue golpeado por un agente del ESMAD, el cual le propino una patada en la cabeza, mientras el joven se encontraba en el suelo, esto le generó una posible fractura de cráneo; además, un abogado defensor de DDHH presentó hematomas y una herida abierta leve en el pie derecho, a consecuencia del impacto de una aturdidora lanzada por el ESMAD”. Las denuncias fueron constantes en la tarde del 15J, y como argumento a la exigencia del desmonte del ESMAD y la regulación de la Fuerza Pública en las manifestaciones, lo que resaltó fue una constante violación de derechos humanos; golpes, detenciones y traslados irregulares, intimidación por la alta presencia de agentes del Escuadrón, y la persecución a manifestantes causándoles afectaciones físicas a causa de los gases y aturdidoras utilizadas para dispersar la movilización. Los alternativos ¿más de lo mismo? Dentro de la democracia que muchas veces es utilizada como bandera y comodín político, debería, por esa misma vía y como base de esta, respetarse y legitimarse las acciones de protesta y las calles como lugar de disputa y manifestación. Sin embargo, la movilización social parece ser la piedra en el zapato de la mayoría de los gobiernos, nacionales como locales. Lo anterior sumado al manejo mediático en el que gana protagonismo “la pared rayada” más que las mismas peticiones de quienes salen a movilizarse, ha puesto durante años la protesta social más en un lugar de riesgo y estigma que de reivindicación y lucha. Lo anterior parecía poder tener una opción de cambio al quedar en la cabeza de las alcaldías de dos de las ciudades más grandes los candidatos que se lanzaron en una campaña electoral que al parecer le apostaba a las exigencias de la gente, lo que causó que al final sus elecciones fueran calificadas como “el triunfo del voto con criterio”. No obstante, el tratamiento a las protestas por parte de estos dos alcaldes; Claudia López y Daniel Quintero no ha presentado muchos cambios en el tiempo que llevan de gestión; de nuevo, la vandalización y el supuesto uso de la protesta por parte de sectores “extremistas” vuelve a estar en el centro de la discusión institucional de la movilización. Citando a López para ella lo sucedido el 15J fueron: “Supuestos jóvenes inconformes que terminan siendo vándalos encapuchados. Además de causar aglomeración, vandalizaron estaciones, paraderos y comercios. Esto no es protesta legítima de ningún tipo. Es vandalismo organizado para beneficio político de extremistas que no vamos a permitir”. Esto mientras Daniel Quintero afirmaba que: “Los que saben de estas cosas aseguran que estas marchas no son contra el Gobierno Nacional, sino que buscan que los a los alcaldes les vaya mal”. De acuerdo con lo anterior valdría la pena preguntarse, por ejemplo, ¿por qué las casas que destruyeron en medio de la pandemia por autorización de la Alcaldía de Bogotá no generan el mismo rechazo institucional? ¿Ni siquiera en medio de una pandemia se pone por encima de la propiedad privada las necesidades de la gente? La calle con el contexto actual lejos está de dejar de ser un lugar de reclamo, por el contrario, al parecer la pandemia está demostrando que, ante las pocas soluciones y las repuesta ineficientes, la organización social sigue siendo una vía, y no precisamente de hecho como la han querido hacer ver. —— Nota: en medio de la pandemia la Fuerza Pública asesinó a Jaider Antonio Brochero Hernández en medio de una protesta realizada por la falta de alimento en Codazzi, Cesar. Además, en usos abusivos de la fuerza asesinaron al joven Anderson Arboleda y al parecer a Brayan Erazo y a Janner García.

Por: Redacción Pares En la región existen 1223 conflictos territoriales. La represión y criminalización de los pueblos indígenas que defienden sus derechos ha conducido al asesinato de centenares de sus líderes. América Latina pide acabar con la cultura del privilegio que naturaliza las desigualdades, las discriminaciones e insta a construir sociedades pluriculturales. Según un nuevo estudio conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, los más de 800 pueblos indígenas de América Latina han de tener un papel protagonista en los espacios de toma de decisiones. Este rol no solo ha de servir para defender su derecho a la autodeterminación, sino también por las destacadas contribuciones que pueden realizar en los procesos de reformulación de los modelos de desarrollo. Aunque hace ya más de tres décadas de la adopción del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo y que los Estados de América Latina reconocieron plenamente sus derechos, los pueblos autóctonos de la región, unos 60 millones de personas que representan un 10% del total de la población, continúan siendo uno de los colectivos con mayores atrasos en materia económico-social, pese a los grandes avances logrados en este ámbito en Latinoamérica. La vacuna es el desarrollo sostenible El informe destaca que uno de los principales retos de los países de América Latina y el Caribe es el de construir «sociedades institucionalmente pluriculturales, diversas, inclusivas, equitativas y no discriminatorias«, donde se reconozcan y garanticen los derechos de los pueblos indígenas. Según el documento, uno de los modos de lograrlo es a través de la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, «si en los próximos diez años se presta la debida y adecuada atención a la armonización de sus Objetivos y las correspondientes metas con los derechos colectivos de los pueblos indígenas». Por ese motivo, insta a crear las «condiciones legislativas, institucionales, políticas y económicas que reflejen la diversidad existente» y hagan efectivo el compromiso «de reconocer, respetar, promover, impulsar y no menoscabar en modo alguno los derechos de las comunidades originarias y de defender los principios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas», un compromiso que asumieron los países el año 2014 en el marco de su Conferencia Mundial. Los indígenas del Cauca, foco de los hechos victimizantes El pasado 02 de junio a través de la ONIC y el CRIC se denunció la incursión de 05 hombres fuertemente armados con prendas militares, quienes encañonaron a personas del resguardo Indígena Pikwe Tha Fiw ubicado en zona rural del municipio de Páez. Según lo informado a través de los comunicados de ambas organizaciones se afirmó que siendo aproximadamente las 5:30 p.m. los sujetos forzaron a la comunidad a dar información sobre el paradero de la Consejera Aida Quilcue Vivas, y de la Autoridad Tradicional Omaira Quilcue y del profesor Emirson Huetia. “Desde la guardia y autoridades indígenas estaremos en asamblea. Además, como siempre ha sido, implementamos los mecanismos de protección y autoprotección territorial, atendiendo la sistematicidad de las amenazas que hay en las regiones del país, y que en mi caso se vienen dando desde el 2008 por las distintas labores de defensa de los Derechos Humanos que hago”, afirmó Aída Quilcué. Por otro lado, la ONIC aseveró que hacen un llamado urgente a las instituciones del Estado Colombiano y a Organizaciones Garantes y Defensoras de los Derechos Humanos a nivel nacional e internacional para proteger y salvaguardar la vida e integridad de la comunidad indígena, así mismo de las personas mencionadas. Del mismo modo solicitamos de manera inmediata la activación de protocolos de protocolos de protección individual y colectiva en el marco del enfoque diferencial en el resguardo Pikwe Tha Fiw. A estas solicitudes también se agregó la del procurador Fernando Carrillo, quien a través de su cuenta de Twitter hizo “un llamado urgente a las instituciones del Estado para que de manera urgente activen los protocolos de protección a favor de la Consejera Aída Marina Quilcué Vivas de la ONIC, su hermana que es autoridad indígena y otros líderes del Pueblo Nasa”. Cabe señalar que la situación de incursión de hombres armados en este resguardo durante este año ha sido alertada por lo menos desde el 10 de febrero, denunciando los intentos de ingreso de estos al resguardo Pikwe Tha Fiw, los cuales han sido detenidos y controlados por parte de la Guardia Indígena y la comunidad. No obstante, la presencia de éstos es constante a los alrededores de la zona. Crecen los conflictos por demandas territoriales La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena, destacó que los 1223 conflictos territoriales actuales generaron movilizaciones que obtuvieron como respuesta «represión y criminalización», como los asesinatos de 232 defensores de los territorios indígenas entre 2015 y los primero seis meses de 2019. Esas cifras representan una media de cuatro asesinatos al mes en la región. Bárcena recordó que el nivel de pobreza de la población indígena es mayor que el de la no indígena, y que las desigualdades salariales entre ambos grupos poblacionales son mayores según el «nivel de escolaridad y género». «Debemos terminar con la cultura del privilegio que naturaliza las desigualdades, las discriminaciones y que hemos heredado de la Colonia. Tenemos que vencer la cultura del privilegio e irnos a una cultura de la igualdad que respete especialmente la gran riqueza de los pueblos indígenas. Abya Yala (América en lengua guna) es una tierra en plena madurez, con sangre vital y donde urge garantizar los derechos de los pueblos indígenas», afirmó. El informe ofrece un panorama actualizado sobre la situación de los derechos territoriales y de los bosques, la demografía y el derecho al bienestar de los pueblos indígenas de América Latina, con el objetivo de apoyar el seguimiento de la implementación de la Agenda 2030 y a las acciones urgentes para acelerar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los países de la región.

Por: Lina Macías y Daniel Abello. Investigadores nacionales, Pares. En medio de una de las pandemias más impactantes que ha vivido en los últimos 30 años la humanidad y que ha redefinido la forma de vivir de manera individual y colectiva para muchas naciones, el 25 de mayo el mundo entero se conmocionó por los actos de agresión y brutalidad policial hacia un afroamericano estadounidense, George Floyd, poniendo sobre la mesa el problema histórico del racismo, las nuevas formas de discriminación que viven estas comunidades y la inequidad económica, social y política que condiciona su experiencia de vida. En Colombia, si bien es uno de los países que consagra más derechos a comunidades afrodescendientes, también es donde más se violan y se incumplen los mandatos constitucionales y legales para la garantía de sus derechos, situación que perpetua la pobreza, el subdesarrollo y la exclusión social de estas poblaciones, condiciones que se encuentran fuertemente ligadas a prácticas históricas de violencia y discriminación racial. Un ejemplo de esta afirmación ha sido la nefasta experiencia de estas comunidades en la atención oportuna frente al COVID-19, coyuntura que ha evidenciado el enorme abandono estatal de los territorios afrodescendientes, su marcada situación de vulnerabilidad y las maquinarias de corrupción que se movilizan en medio de esta tragedia humanitaria. La Fundación Paz y Reconciliación junto a fuentes territoriales presenta a continuación un informe especial de uno de los territorios donde se evidencia claramente esta condición estructural de vulnerabilidad ante la pandemia y de desigualdad social: el municipio de Tumaco, departamento de Nariño, escenario donde confluyen diferentes conflictividades sociales como son grupos armados, narcotráfico, cultivos ilícitos, falta de servicios públicos, corrupción estatal, entre otros y que hoy día se enfrenta “con las uñas” a la expansión progresiva de la pandemia, pero también a una crisis humanitaria inminente de proporciones aun incalculables sobre las cuales es necesario hacer eco a nivel nacional. Las cifras alarmantes del COVID-19 en Tumaco Según el Instituto Departamental de Salud de Nariño, IDSN, Tumaco tiene a la fecha del 11 de junio el 56,22% de los casos reportados en el departamento, con la dolorosa cifra de 1.143 personas contagiadas, siendo el municipio con mayor propagación del virus (Instituto Departamental de Salud de Nariño, 2020) Reporte cifras COVID-19. Tomado de página oficial de la Gobernación de Nariño (Junio 11 de 2020). El aumento de los contagios en el municipio es foco de preocupación tanto departamental como nacional y a pesar de que gobernador de Nariño, Jhon Rojas ha pedido al gobierno nacional desde principios del mes de mayo pruebas rápidas y dotación de hospitales para diagnosticar y atender a pacientes. Especialmente en Tumaco, solo hasta el 2 de junio fue entregado al hospital de San Andrés de Tumaco “15 unidades de cuidado intensivo y 9 ventiladores” dotación que sigue siendo ineficiente para el número de habitantes contagiados y que no tiene en cuenta las condiciones en las que se encuentran los habitantes de la zona rural de Tumaco, los desplazamientos y los costos que implica para familias que actualmente se debaten entre la enfermedad y la búsqueda del sustento diario. El panorama es desalentador, según Manuel Arboleda Caicedo, concejal del partido MAIS en Tumaco, expresa que la población tumaqueña no sigue las recomendaciones de autocuidado debido a la situación de trabajo informal que caracteriza el municipio. Alrededor del 80% de la población subsiste por medio de la economía informal, venta de alimentos, mototaxismo, entre otros, lo cual implica que deben salir de sus casas para buscar el sustento de sus familias, dejando a la población tumaqueña entre el contagio en las calles o el hambre en el confinamiento en sus casas. Para el concejal, la falta de empleo para la población tumaqueña está atravesado por la inexistente inversión privada: “…ha sido bastante difícil la contención en ese tema y más difícil cuando usted le dice a alguien quédese en casa, esa persona es cabeza de familia y pues tiene que salir, a las calles a buscar los alimentos para su grupo familiar…” (Caicedo, 2020). La gran mayoría de la población vive en grupos familiares grandes donde se comparten cuartos con miembros de la familia, un aislamiento de una persona con COVID19 positivo tiene una enorme dificultad aplicarse y eso implica que un núcleo familiar este potencialmente en riesgo de contagio. Eso por parte de las zonas urbanas de Tumaco, pero según fuentes del territorio de PARES, el virus ya ha llegado a la zona rural, a algunos consejos comunitarios fronterizos así como a un resguardo indígena, comunidades que viven sin las condiciones necesarias para evitar la propagación del virus. El siguiente gráfico muestra el número de dormitorios del total de la población tumaqueña, donde evidenciamos que alrededor del 69% de la población vive con solo 1 o 2 dormitorios, lo cual hace insostenible la medida del confinamiento. Tomado del Geoportal, (DANE, 2020). Sumado a este contexto de precariedad material real que viven esta comunidad, según la Fundación Misión Libertad (2020) la pandemia llegó a la cárcel judicial de Tumaco, localizado en el sector Buchely, a una distancia de 19 kilómetros del perímetro urbano de Tumaco, en donde se han identificado por lo menos 19 personas del centro penitenciario de mediana seguridad contagiados con el virus entre los cuales se encuentran personal de sanidad y guardias, las cuales aún no se han aislado del resto de la población en general. Según este medio, el juzgado de ejecución de penas y medidas de Tumaco ha hecho caso omiso a la aplicación de los decretos presidenciales de este tema y genera preocupación una posible emergencia sanitaria dentro de este centro carcelario. La incapacidad de gestión institucional En el transcurso de la evolución de esta pandemia, ha sido evidente la dificultad para el gobierno local para articular de manera eficaz las medidas internas necesarias para evitar los contagios, procesos permanentes de pedagogización a los ciudadanos, así como una lenta respuesta por parte del gobierno nacional para atender una situación que desborda las condiciones de este municipio. Como lo manifiesta Luis Alfonso Escobar, el ex gerente del Plan Todos Somos Pazcífico “No hay control, Tumaco es un caso fallido de articulación institucional en los tres niveles del gobierno, sumado al desconocimiento y la baja cultura ciudadana” (El tiempo, 2020). La administración de la alcaldía de Tumaco en cabeza de María Emilce Angulo en este periodo de aislamiento preventivo ha sido duramente cuestionada por los tumaqueños y otras administraciones locales por la poca efectividad de las acciones emprendidas, muchas de ellas de manera tardía en la frontera con Ecuador además de estar envuelta en un escándalo por sobrecostos en productos de primera necesidad como bolsas de agua, arroz y la contratación con IPS Global Salud Ltda. Según fuentes territoriales, la alcaldía reparte las ayudas humanitarias a conveniencia política, dejando por fuera a la gran mayoría de la población tumaqueña. Ejemplo de este malestar fue el cierre del centro de Tumaco por sus habitantes el día 15 de mayo del presente año, los cuales denunciaban que la alcaldesa estaba repartiendo las ayudas alimentarias solamente a personas y familias cercanas a su gobierno. “Lo que ha pasado, es que, si se mira los reportes de La Silla Vacía y las investigaciones que se hicieron, nosotros estamos en el top 10 de los contratos con más sobre costos a nivel nacional … sobre costos en tanques, en motobombas, es decir, la pandemia en vez de integrar a Tumaco, lo que ha hecho es generar una serie de desigualdades sociales”. (Fuente territorial PARES). Lo que se puede constatar es la incapacidad del gobierno local para establecer control, monitoreo, generar conciencia, sobre el COVID19. Es tal la desarticulación institucional que, ante las colosales cifras de contagios en Ecuador, se conoce que grandes números de personas ingresaron a Tumaco provenientes de los pueblos ecuatorianos por medio marítimo y terrestre, hipótesis confirmada por el concejal Caicedo, quien cree que ha llegado población proveniente de Cali, Bogotá, sobre todo de Ecuador, a través de Ipiales y por vía marítima. “…ha sido un problema de difícil control para las autoridades, tanto la administración municipal, departamental y nacional como las autoridades se han quedado cortos en contener, porque ya habían los reportes que en Ecuador la propagación del virus tenía cifras inmensas, era obvio que Tumaco estando tan cerca al vecino país de Ecuador y donde allá los hospitales ya estaban colapsados, el sistema de salud colapsado, y que es una realidad que muchos tumaqueños estaban viviendo en ese país y se vinieron a Tumaco y no tuvieron ninguna restricción para el ingreso y pues es posible que esos ecuatorianos hayan hecho que las cifras de COVID-19 sea tan alta en Tumaco.” La falta de coordinación institucional repercute directamente en la profundización de brechas sociales dentro de la población tumaqueña, la cual cada vez más está sometida al hambre, al virus y a la inoperancia del Estado. Sobre la gestión departamento-nación, cabe anotar que si bien el gobierno nacional respondió al requerimiento de la gobernación y alcaldía de apoyo apenas el 2 de junio con la instalación del Puesto de Mando Unificado – PMU en el Municipio de Tumaco, después de casi dos meses de avance de la pandemia, este punto de atención no resuelve la complejidad de la situación del pacifico nariñense: el Hospital San Andrés es el único centro médico de segundo nivel referente de 12 municipios de la costa de Nariño. Según el llamado urgente del Obispo de Tumaco, Monseñor Orlando Olave Villanova portavoz del «Comité Tumaco, Unidos por la vida y la justicia» ante la falta de infraestructura hospitalaria y de personal médico y paramédico en estos municipio remotos es urgente habilitar hospitales móviles que realicen pruebas diagnósticas y proporcionen equipos de bioseguridad para garantizar la pronta atención y traslado de los pacientes, ya que ir hasta Tumaco implica recorrer distancias entre 4 y 6 horas de viaje y las poblaciones no cuentan con recursos para esta tarea. Estas condiciones estructurales de abandono estatal que se ven profundizadas con el surgimiento de la pandemia visibilizan una relación compleja de reconocimiento y atención de las necesidades así como plenas garantías de derechos fundamentales de la costa pacífica nariñense por parte del gobierno departamental, donde según líderes y lideresas del municipio permanece la exclusión social de las comunidades negras de la gestión pública: El gobernador vino que iba a invertir en unas camas, hace como 15 días, y vino a tomarse la foto con dos lanchas que trajo la superintendencia de salud, pero no hizo nada más. También se está generando una xenofobia en Pasto en referencia a la gente que proviene de Tumaco. Porque tenemos un alto número de contagios, hay muchos mensajes racistas, de cerrar la vía, porque los negros somos desordenados llevamos el virus, no hay garantías de nada, una xenofobia grande, mientras en Ipiales es contra los venezolanos, en Pasto es contra los tumaqueños, y los pastusos han dicho en redes sociales, que les estamos llenado el hospital, y que si seguimos así les vamos a colapsar el hospital. Entonces esto ha sido un problema histórico, porque se sabe que la costa pacífica no ha tenido la posibilidad de integrarse debidamente a Pasto, y eso ha hecho que haya unas brechas sociales que no se han disipado, y se requiere una transformación profunda para que eso se haga realidad (Fuente territorial PARES). Tumaco y los males anquilosados de la corrupción A partir del informe “Tumaco, territorio de caciques, sin cacique”, en el marco de las elecciones del 2019, es posible dar una mirada amplia del espectro político que caracteriza a San Andrés de Tumaco. El municipio se caracteriza por ser un botín electoral para los llamados “caciques” políticos locales, donde las ultimas administraciones han estado envueltas en investigaciones y condenas por corrupción. De las estructuras políticas, la que logro ganar la alcaldía fue la de Neftalí Correa Díaz, quien de la mano del ex alcalde Nilo del Castillo y Alberto Escrucería, logro concentrar un poder representativo en Tumaco. En 2011 y 2015 logró posicionar a sus candidatos, Víctor Arnulfo Gallo y María Emilsen Angulo Guevara. En el informe, se detalla la trayectoria política, rodeada de apoyos cuestionados, como la administración del hospital Divino Niño de Tumaco, la cual, según el informe “usa como caja menor de su proyecto político conocido como “La Unidad Regional” el año pasado aposto por la candidatura de Emilsen Angulo a la alcaldía. Según una fuente de PARES, la alcaldesa es reconocida como ficha de Correa, el cual tiene alianzas con el senador Eduardo Enríquez Maya: “Ellos tienen una agenda muy particular, una agenda que está representada en sus intereses sectoriales y que no responde a las necesidades de Tumaco, sino a un grupo político cada vez más reducido, y esa es la respuesta de que mucha gente ha salido a protestar, porque no son tenidos en cuenta para las ayudas, porque es una administración que gobierna para los pocos que la eligieron” (Fuente territorial PARES). La falta de control de las fronteras pudo ser uno de los factores por los cuales Tumaco es el municipio con más contagios de Nariño, donde es notable la ausencia de articulación con la gobernación, según nuestra fuente territorial “La gobernación está trabajando desarticulada con la alcaldía, no están haciendo nada en conjunto, es triste y lamentable que eso ocurra. Aparte de eso, el gobierno es aliado de la alcaldía, se encarga de entregarle las ayudas a la alcaldía, y la alcaldía se encarga de repartirlas políticamente, y eso es lo que causa la situación social que vemos en este momento (…) aquí la ciudad cada día se pone más en crisis, lo que está haciendo es que nos reconciliemos menos como sociedad, y la pandemia, está dejando una factura muy grande en Tumaco, y yo creo que es importante como podemos sanar” (Fuente territorial PARES). De esta situación fronteriza, la Fundación Paz y Reconciliación ya ha hecho un llamado de la crítica situación en Ipiales (Macias, 2020), donde la falta de control, la xenofobia y los numerosos de contagios, están llevando a la población a la crisis social. El gobierno nacional ha realizado varios pronunciamientos, pero lo que más se necesita es acciones, inversión y alivios humanitarios a la población tumaqueña, ya golpeada por años por parte de los grupos armados ilegales. Esfuerzos conjuntos para solucionar la emergencia Como conclusión, la Fundación Paz y Reconciliación realiza un llamado al gobierno nacional para que desarrolle una estrategia sólida y permanente de acompañamiento al municipio de Tumaco y toda la costa nariñense para mitigar el impacto de la pandemia en sus comunidades a través del aumento de infraestructura hospitalaria, personal en salud capacitado y controles efectivos en las fronteras aplicando los debidos protocolos internacionales que respeten el derecho humanitario y el debido tratamiento en salud con medidas de protección. Exhortamos a la Procuraduría, Contraloría y a la Fiscalía, para la realización de una investigación y seguimiento exhaustivo sobre la gestión de los recursos públicos dentro del municipio y el departamento, garantizando que las ayudas humanitarias e inversión de recursos llegue a estas comunidades. Sin embargo, todo esto será posible siempre y cuando se realice de manera dialógica y concertada con las organizaciones sociales, líderes y lideresas del territorio, articulándolos a los procesos de prevención y protección ante el virus y no desde la imposición de las medidas por parte de la fuerza pública. Hacemos un llamado a la alcaldía y sus funcionarios para que construyan escenarios de diálogo con las comunidades para diseñar colectivamente estrategias que permitan mitigar los impactos de la pandemia, mediando prácticas culturales ancestrales y atendiendo las situaciones de necesidades básicas insatisfechas de manera democrática para toda la población afectada. Como lo refiere Nilson Estupiñán, líder social de Tumaco, sobre la demanda que le hacen a la administración local: “Hablé con los líderes que son los que conocen realmente el territorio, dialoguen como se va a tener en cuenta cada uno de estos parámetros, de lo que sucede en el territorio, que podemos contrarrestar, que se puede hacer, que ideas tienen, ustedes que conocen (…) hablar con los presidentes de las juntas de acción comunal, con los líderes, definir quienes necesitan las remesas, y que el mismo pueblo sea garante para que la gente no salga. Nos hace una región que soportamos mucho, por lo mismo que compartimos nuestras penas y glorias con mucha alegría”.

Por: León Valencia, director – Pares ¿Cómo llamar lo que le ocurrió a Marta Lucía Ramírez? ¿Es su hermano Bernardo una víctima del narcotráfico? Tanto en el comunicado de la vicepresidente Ramírez como en la mayoría de los medios de comunicación se le da el nombre de tragedia familiar a la captura y condena de su hermano por tráfico de heroína en el año 1997. Vi también que hablan del condenado como víctima. Al lado de estos calificativos vienen otras afirmaciones: no hay delitos de sangre, nadie es responsable por lo que hagan sus familiares, ese fue un hecho privado que nada tiene que ver con las funciones públicas, o preguntas como esta: ¿Quién en Colombia no tiene algún familiar tocado por el narcotráfico? O frases así: quien esté libre de culpa que lance la primera piedra. Recientemente, en la polémica por el nombramiento de Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo de Jorge Tovar, reconocido paramilitar, como director de víctimas del Ministerio del Interior se dijeron las mismas cosas para defender la decisión. Pero a la inversa, con ocasión del asesinato de George Floyd en Minnesota a manos de un policía, a un actor de la televisión colombiana se le ocurrió decir que Floyd “no era un angelito”. Esta manera de retorcer el lenguaje es una de las causas de, esa sí, la tragedia nacional que ha vivido Colombia en los últimos cincuenta años por el procesamiento y tráfico de drogas y el tratamiento que Estados Unidos le ha dado al fenómeno. Bernardo Ramírez cometió un delito de narcotráfico, así de simple, lo cometió en sus cabales, después del asesinato de cuatro candidatos presidenciales y del reguero de sangre que había dejado Pablo Escobar, después del proceso ocho mil y de la grave afectación a la democracia que significó esa infiltración de dineros de los narcos en una campaña política. Lo cometió sin una necesidad económica apremiante, dado que pertenecía a una familia adinerada con importantes contactos internacionales. Llegó a eso por pura y física ambición. La Vicepresidente tiene todo el derecho a reclamar su inocencia, no fue ella quien cometió el delito. Incluso puede defender su deber de auxiliar a un hermano en líos judiciales y el acto generoso de cubrir la fianza. Vayamos más lejos y digamos que no hay un impedimento legal para que después de los hechos de su hermano, ella, Marta Lucía, haya ejercido los cargos más importantes del país. También Jorge Rodrigo Tovar está en su derecho de aspirar y a ejercer cargos públicos y quienes lo nombran pueden decir que es inocente y no debe pagar por lo que hizo su padre. Pero no hay pudor, no hay decoro, no hay decencia, al presentar estas cosas como una tragedia familiar y definir a personas que no lo son como víctimas. Y fíjense en el contraste. Unos años después Marta Lucía Ramírez es nombrada ministra de defensa en el gobierno del presidente Uribe. En los primeros meses ese gobierno declara el Estado de Conmoción Interior y emite el decreto 2002 de 2002 que establece las zonas de rehabilitación y consolidación en todo el país. Se desató entonces una persecución aterradora a los campesinos cocaleros, pobres, hambrientos, necesitados. Miles de ellos fueron capturados, golpeados, hacinados en cárceles o concentrados en canchas y lugares públicos. La cifra que tengo en la cabeza es de 12.000. Se les acusaba del pavoroso delito de narcotráfico. Esa desesperada vinculación de los campesinos colombianos al cultivo de la hoja de coca o de amapola o de marihuna no se sentía, no se siente aún como una tragedia. No se ve a esos campesinos como un gran grupo humano al que es necesario auxiliar, en vez de perseguir, en vez de castigar. No saben o no quieren saber, como no sabía el actor Jorge Cárdenas, que la condición de víctima la da la indefensión, no la inocencia. Es una definición clave para entender la vida colombiana. La perversión del lenguaje y la inconsciencia tienen sus consecuencias. Si Marta Lucía, en su momento, hubiese aceptado sin ambages la actuación de su hermano como un grave delito y al asumir cargos públicos lo hubiera comunicado a los ciudadanos, quizá su esposo Álvaro Rincón Muñoz, años después, no se hubiese enredado con el narcotraficante Guillermo Acevedo, alias ‘Memo Fantasma’. Y bueno, se abusa mucho en la valoración de los lazos de sangre, se los pondera en los momentos de felicidad y de holgura, se los utiliza para avanzar en la vida, para ascender, para conquistar victorias políticas, económicas y sociales, se los invoca para la solidaridad en los momentos difíciles de las personas, pero se niega su trascendencia cuando el pariente entra en los laberintos judiciales.

Por: Walter Aldana. Colaborador Pares. “Soy policía para proteger a los ciudadanos, no para ser abusivo contra ellos», expresó con llanto el joven patrullero Ángel Zúñiga. Se podría echar mano para evaluar el comportamiento de este agente policial, del marco de la obediencia debida, donde se jura cumplir la constitución y la obediencia legal (entre lo debido y lo ilegal), en donde también se encuentran los abogados acusadores y defensores. Yo me quedo con lo que determina para estos casos nuestra Carta Magna, la Constitución Política de Colombia que en su artículo 95, numeral 2, reza sobre los funcionarios públicos: “Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”. Y es que Zuñiga nació y se crió en Totoró, Cauca, departamento en el que sabemos y padecemos el abandono estatal, la deuda social del poder central, la falta de oportunidades y la fórmula “mágica” como sacada del sombrero del mago cada vez que se presenta un problema de orden público: “el aumento del pie de fuerza y el pago de recompensas”, en una sociedad donde la inteligencia de la fuerza pública no funciona y entonces se pretende volver sapos a sus habitantes. Indigna que un funcionario ordene este operativo, sin tener definidas las alternativas, y que se de en este tiempo de pandemia, desconociendo el mandato nacional de prohibir desalojos y trasteos; el agente podría haberse escudado en esa orden y en la “legalidad” de la misma, que es diferente a la “legitimidad”, sobre la que él se respaldó recurriendo a su formación desde casa y en el entorno comunitario, sin desconocer la legalidad que el artículo 95 de nuestra constitución determina. En todo caso, patrullero Ángel, tiene razón, como diría San Agustín: “la autoridad deviene de la justicia”. Walter Aldana Quiceno //walteraldana2@gmail.com

Por: Carlos Castelblanco Pinedo – Redacción Pares. La socióloga Juana Afanador, y el historiador David García publicaron este 2019 el libro Metro Elevado ¿Un nuevo Reficar u Odebrecht?, el cual expone de manera técnica, histórica y sociológica los altibajos que ha tenido el mítico proyecto del metro en la ciudad de Bogotá. También describe las irregularidades que se presentaron en la Alcaldía de Enrique Peñalosa y en la actual administración de claudia López, en cuanto a el diseño, la licitción y adjudicación del contrato de la primera línea y las consecuencias que tendrá para los bogotanos y bogotanas. “Hay una serie de hechos que nos hacen prender las alarmas frente a qué tan transparente fue la licitación, qué tan transparente va a poder ser la construcción del metro”. En este sentido, la Fundación Paz y Reconciliación-Pares entrevistó a Afanador, quien es experta en temas de infraestructura en Colombia, justo en el contexto en el que se conoce la noticia de que por estudios del metro subterráneo, Contraloría ordenaría embargo a Enrique Peñalosa, ya que en su Alcaldía desechó los estudios del metro subterráneo. Esto habría provocado un detrimento patrimonial de 1400 millones de pesos al no haber ningún uso útil en estos documentos. En cambio, la administración de Peñalosa habría decidido plantear nuevos estudios por 1900 millones de pesos. Estos estudios condujeron a la decisión de licitar una línea del metro elevado por las avenidas Primero de Mayo y Caracas desde Bosa hasta la calle 72.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Recientemente a través del portal La Nueva Prensa y de la investigación realizada por Gonzalo Guillén y Julián Martínez, se conoció que, en julio de 1997, la ahora vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, apoyó con el pago de la fianza (US$ 150.000) a su hermano Bernardo Ramírez Blanco, quien en ese mismo año fue arrestado y condenado en Estados Unidos a cuatro años y nueve meses de prisión. La condena llegó luego que Alejandra Osorio Vargas y Miguel José Aguilera Asencio fueran arrestados el 16 de julio de 1997 por tráfico ilegal de heroína, la cual transportaban al interior de sus cuerpos en condones, lo que identificaron los investigadores del caso luego de un viaje realizado a Aruba por los acusados donde a su regreso a Miami le hallaron 65 capsulas a Osorio Vargas, 35 a Aguilera y 30 más en una bolsa de viaje de este último. Dada la detención, los dos implicados señalaron a Bernardo Ramírez Blanco como la persona quien ordenó el traslado de la droga para recibirla en Miami, afirmación por la que quien fue el investigador del caso y agente de la DEA, Shaun Perry, ordenó realizar el 18 de julio de 1997 una llamada entre Osorio Vargas y Ramírez, en la que quedaron en encontrarse con Ramírez en el Aventura Mall para hacer la entrega de la heroína. Ese mismo día, como lo señala la publicación, se dio el arresto de Ramírez, quien al momento de la captura pidió “que se le permitiera ir hasta Nueva York con el objeto de encontrarse con su hermana Marta Lucía Ramírez Blanco, quien, aseguró, era una persona muy importante que podría solucionar esta situación penal por tráfico de heroína”. Esta información ha generado un álgido debate en las esferas políticas del país, pues, por un lado, se hace referencia a que esta no es la primera vez que a Marta Lucía y a su círculo se le referencia por nexos con narcotraficantes, pues vale señalar que, ella y su esposo, Álvaro Rincón, estuvieron relacionados en negocios inmobiliarios con el narcotraficante Guillermo León Acevedo Giraldo, alias “Memo Fantasma.” Asimismo, se le ha hecho el cuestionamiento del porqué no había hecho esta situación de conocimiento público, pues si bien de la misma ya han pasado casi 23 años, es necesario señalar que en el tiempo en el que estaba la situación en curso Marta Lucía ejerció cargos públicos como el de ministra de Comercio Exterior, incluso, antes de esto trabajó en la campaña presidencial de la candidata conservadora Noemí Sanín. En esa línea se ha pedido la renuncia de su cargo, pues además de sus diversas funciones laborales dentro del gobierno actual y anteriores, también vale la pena nombrar que parte de sus discursos y banderas políticas para calar en las esferas de poder, ha sido precisamente la lucha contra el narcotráfico, en la cual parece necesario que este caso también hubiera hecho parte de los argumentos sobre su accionar. Por otra parte, y como la otra cara de la moneda, otros sectores han salido en su defensa, partiendo del mismo trabajo que ha tenido la vicepresidenta en lo público. En contra: el lado A de las reacciones La investigación propició la discusión política por parte de varios congresistas. Uno de los primeros en mostrar su posición respecto al trabajo de La Nueva Prensa fue el senador Gustavo Petro, quien durante la sesión de plenaria del Senado aseguró, entre otras cosas, que “La sede del narcotráfico se ubica en el Congreso de la República, en los clubes sociales, en los Gobiernos. (…) Esa alianza entre poder político tradicional y narcotráfico es lo que sustenta la oferta de cocaína en Colombia”. En esta constancia ante el Senado de la República solicito la renuncia de la Vicepresidente de la República de Colombia, Martha Lucía Ramírez,por no haber hecho pública sus relaciones familiares, empresariales y laborales con el narcotráfico. pic.twitter.com/bDayUFDcoL — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 11, 2020 Adicionalmente, añadió el senador en su cuenta de Twitter que: “Mientras usted, Duque, masacra campesinos por cultivar hoja de Coca, elige a una vicepresidenta que libera de la cárcel narcotraficantes por su relación familiar, la ley es para los de ruana”. De forma similar reaccionó Iván Cepeda, quien también twitteó refiriéndose a los hechos: “La vicepresidenta de Martha Lucía Ramírez le ocultó al país que su hermano estuvo en el narcotráfico, y que su esposo tuvo como socio a un narcotraficante y paramilitar. ¿Qué otros asuntos ha silenciado? Es evidente que ha perdido cualquier credibilidad y debe renunciar”. Silencio de Martha Lucía Ramírez sobre casos de su hermano y del socio de su esposo, ilustra la visión estratificada dominante del narcotráfico: los responsables son campesinos cultivadores, la solución es acabar los cultivos. Llegó la hora de debatir el problema en su totalidad — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) June 12, 2020 En un sentido similar dio su opinión Roy Barreras, haciendo a su vez relación con otros hechos en los cuales se señalaron a otros dirigentes nacionales con nexos con narcotraficantes, como el revelado por los mismos periodistas sobre la llamada Ñeñepoítica que involucraba a Iván Duque con la compra de votos en las pasadas elecciones presidenciales a través del Ñeñe Hernández, un narcotraficante con importante influencia en el norte del país y socio de Marquitos Figueroa. Además, también aprovechó su pronunciamiento para reconocer que en efecto no hay delitos de sangre, pero que dentro de sus responsabilidades con el país está la transparencia. “Ella no tiene la culpa de que su hermano sea narco, pero LEGITIMAN El NARCOTRAFICO élites que gobiernan justificando fiestas con el Ñeñe, negocios con el memo-fantasma y hermanos narcos. Castigo para humildes campesinos y mulas. Fianza y poder para élites”. A esto sumó uno de los tweets hechos por Marta Lucía Ramírez en el que textualmente decía: “A mí sí me importa si los altos funcionarios aparecen en fotos compartiendo con paras, terroristas o narcos. ¿Y a usted?”. En una dinámica similar se pronunció la congresista Katherine Miranda, quien citando una de las publicaciones de la vicepresidenta realizada en el 2015 en la cual afirmaba que “Venir ahora a darle un tratamiento menor a este delito del narcotráfico, es desconocer la tragedia que ha vivido Colombia”, aprovechó para dar su opinión sobre el tema, apelando a su vez a la famosa frase que en medio de la cuarentena Ramírez hizo sobre los ciudadanos diciendo que esta pandemia no era para “estar atenidos a ver qué hace el Gobierno”. De esta forma, lo dicho por Miranda fue: “Hay que aclarar que los ciudadanos no son atenidos, SON NUESTROS JEFES, por lo tanto, debió contarle al país la situación de su hermano y de su esposo también”. A favor: el lado B de las reacciones Poco después de conocerse públicamente los hechos Marta Lucía Ramírez se pronunció al respecto a través de un comunicado, en el cual algunas de las cosas que aseveró fue que: “Tuvimos que ayudarlo firmando una garantía, no una fianza, para asegurar que se presentaría a la justicia, como en efecto lo hizo acompañado de mi esposo y de mí, quienes lo llevamos a una corte de la Florida para que reconociera su falta y respondiera por ella”. Asimismo, frente a la situación dijo: “Su error ha costado muchos años de sufrimiento a nuestra familia y a él. Vivimos con mucho dolor su circunstancia, pero también lo acompañamos con el amor de hermanos, como lo hicieron mis padres, porque los lazos de la familia no desaparecen frente a la adversidad y la vergüenza”. De esta forma y dadas las reacciones negativas que suscitó la investigación, otros políticos salieron en defensa de la vicepresidenta, y uno de los primeros en pronunciarse al respecto fue el presidente Iván Duque, quien, siguiendo la línea planteada por Ramírez, apeló al discurso de la tragedia familiar y escribió en su cuenta de Twitter que “Hace 23 años Marta Lucía Ramírez y su familia vivieron una tragedia por el delito cometido por un ser querido. Sobreponiéndose a esa lamentable situación, le ha servido al país con honorabilidad y entrega patriótica”. Siguiendo al presidente se expresó el senador Álvaro Uribe Vélez, quien enfatizó: “La señora vicepresidenta tiene una hoja de vida transparente al servicio de Colombia y no es la responsable de lo que hagan sus hermanos. (…) Yo pido que se precise quién de los senadores tiene vínculos con el narcotráfico”. Igualmente, el expresidente se refirió al caso de la Ñeñepolítica, por lo que trajo a colación el trabajo de Duque, afirmando que: “La trayectoria del presidente es de absoluta honorabilidad. Si se refieren al caso del Ñeñe Hernández, sería muy bueno saber si eso obedece a que se hubieran hecho pagos efectivos por parte de la campaña o allegados a Duque para comprar votos, o si obedece a imprudencias. No podemos dejar que se siga mancillando la honra del presidente”. En este caso llamó la atención que la alcaldesa de Bogotá también opinó públicamente sobre los hechos, afirmando en entrevista con Semana que a su parecer son “desproporcionados” los reclamos que se le han hecho a Ramírez, poniendo sobre la mesa el tiempo que ha pasado después de los hechos y que, además, como lo indica, “es una mujer entregada a Colombia”. Por otra parte, y a partir de los reclamos sobre los cargos públicos que ha ejercido la vicepresidenta y su no pronunciamiento sobre el caso de su hermano, también tuvo lugar lo comunicado por Andrés Pastrana (1998 – 2002), quien eligió desde el 1 de agosto de 1998 como ministra de Comercio Exterior a Marta Lucía Ramírez, cargo que desempeñó hasta el 15 de junio de 2002, periodo similar en el que su hermano cumplía su pena por narcotráfico. Lo dicho por Pastrana fue: “Hace 22 años, a Marta Lucía Ramírez no le acepté como impedimento para ser ministra los problemas de su hermano. Hoy, tras una carrera brillante y limpia, aún la apoyo”. Tras esto, León Valencia expresó: “Vea pues, Andrés Pastrana dice que supo hace 23 años lo de Martha Lucía Ramírez su copartidaria y no le importó, ni se lo comunicó al país, pero tres años antes había sabido la entrada de dineros a la campaña de Samper y eso sí le importó y lo difundió hasta generar la crisis”. Adicionalmente, de todo anterior infirió que: “Quizá la tragedia enorme de la política colombiana es que se pueden contar en los dedos de la mano los conductores del país que no tienen un muerto en el armario”.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares La senadora Aída Avella del Partido Coalición Lista de la Decencia, lideró un debate de control político a la Superintendencia Nacional de Salud que se extendió —de manera virtual por algo más de 4 horas y media— en la que exigió respuestas por parte del Gobierno Nacional en materia de salud. En este, la senadora señaló que, por un lado, le fueron asignados al sector salud 7.3 millones de pesos, de los cuales solo han ejecutado cerca de 440 mil millones y, por el otro lado, continúan las precarias condiciones para trabajadores de la salud que incluso han muerto por Covid-19. La Comisión Cuarta del Senado analizó el papel que ha tenido la Superintendencia de Salud, especialmente, en departamentos como Chocó, Amazonas, Nariño, Cesar, Magdalena y la Guajira. Departamentos que históricamente han sido olvidados por el Estado colombiano. Cabe señalar que la Superintendencia de Salud definió como su misión proteger los derechos de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud mediante la inspección, vigilancia, control y el ejercicio de la función jurisdiccional y de conciliación, de manera transparente y oportuna. En el debate de control de político se citó a los gobernadores de Amazonas Jesús Galindo, el gobernador de Nariño John Rojas, de Chocó (E) Jefferson Mena, de la Guajira Nemesio Roys Garzón, de Cesar Luis Alberto Monsalvo y Carlos Caicedo, gobernador de Magdalena. También se citó al Procurador General de la Nación. La senadora Avella presentó el panorama de estos tres departamentos en materia de pobreza, pobreza extrema, camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y camas UCI por 100.00 habitantes. Superintendente señalado de conflicto de intereses Uno de los participantes en este debate de control político fue el senador Antonio Sanguino quien señaló que existe un conflicto de intereses del superintendente Fabio Aristizábal. Tal como lo reveló el senador, Aristizábal habría recibido “donación de la Organización SANITAS Internacional que financió su campaña al Senado por el Centro Democrático, con una suma de 50 millones de pesos.” Asimismo, Sanguino precisó que Aristizábal llegó como superintendente en “el que SANITAS, de propiedad de un grupo económico que le financió su campaña, tenía una situación jurídica sin resolver. El recurso se resolvió, SANITAS pasó de tener una capacidad de afiliación de 2´021.000 a 2´800.000.” Pobreza extrema, con Covid y sin camas UCI De esta forma, Avella presentó que, en el departamento de Chocó, por ejemplo, que tiene una población de 544.764 habitantes el 61.10% de la población está en pobreza y el 34,50% en pobreza extrema. En el departamento chocoano hay 20 camas UCI lo que significa 5 camas UCI por cada 100.000 habitantes. Hay que hacer hincapié en que Chocó, al 11 de junio, reporta 576 casos positivos de Covid-19. Otro caso que presentó la senadora Avella tuvo que ver con el departamento de Nariño que, justamente, en toda la Costa Pacífica Nariñense además del olvido histórico, la violencia; ha sufrido los embates de la pandemia. En Nariño la población en situación de pobreza es de 41,10% y en pobreza extrema del 12,70%. En suelo nariñense hay 176 camas UCI lo que implica 8,1 camas por cada cien mil habitantes. Recordemos que Nariño, tiene 2.030 casos de Covid-19. De estos seis departamentos, sin lugar a duda, el caso más dramático lo ha vivido el departamento de Amazonas que, por ser frontera con Brasil —el segundo país que más contagios de coronavirus tiene el en mundo— y que, hoy por hoy, frente a la negligencia de su presidente Jair Bolsonaro sufre la muerte de 41.058 personas. En Amazonas, de acuerdo con Avella, no hay camas UCI. Por su parte, sí fue enviada tropa militar por parte de Duque, que, dicho sea de paso, ya registra contagios. El departamento amazónico completa 2.075 contagios. Avella presentó la situación en el departamento de La Guajira en donde el 53,70% de la población se encuentra en situación de pobreza y el 26%,70% en pobreza absoluta. En La Guajira hay 115 casos de coronavirus y, a lo largo y ancho del departamento guajiro, hay tan solo 78 camas UCI lo que representa 7,8 camas UCI por cada cien mil habitantes. En Magdalena hay 833 casos de Covid y hay sólo 105 camas UCI. En suelo samario el 46,60% de la población es pobre y 14,70% se encuentra en pobreza extrema. Finalmente, el departamento de Cesar tiene la “mejor” condición de camas UCI. Hay 352 camas, lo que significa que hay disponibles 17 por cada 100.000 habitantes. En el Cesar el 42.90% de la población es pobre y 12,50% se encuentra en pobreza extrema. A la fecha, registra 499 casos de coronavirus. Sin cobertura de agua potable Avella también presentó dos casos de cobertura de agua para la población rural en los departamentos de Guajira, Magdalena, Chocó y Cesar. La preocupación viene por cuenta que, a corte de 2018 cifras que presentó la senadora, en zona rural en La Guajira alrededor 75 % del de la población no tiene acceso a agua, en suelo chocoano cerca del 48% de la población no cuenta con cobertura, en el Cesar cerca del 70% de la población no tiene acceso al líquido vital y el 84% de la población rural no tiene cobertura. Uno de los casos que más llamó la atención fue el que presentó la senadora Avella sobre las visitas realizadas durante julio de 2019 a junio de 2020 en Cesar. Estas se dieron a cabo en el Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial de Cesar IDREEC en Valledupar. Allí hubo 43 hallazgos de presuntas irregularidades de tipo administrativo, 6 administrativos y fiscales y 3 administrativos y disciplinarios. Resultado: ninguna intervención. Otro caso similar dio a conocer la senadora, en el Hospital Local Ismael Roldán Valencia en Chocó. Allí, en las visitas, se encontraron hallazgos de 30 presuntas irregularidades de tipo administrativo, 9 administrativos y disciplinarios y 13 solo disciplinarios. De los 52 hallazgos que señaló la senadora, no hubo ninguna intervención.

Por: Redacción Pares La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP impuso medida cautelar provisional de protección del antiguo cementerio de Yopal (Casanare) y le ordenó a la Alcaldía de esa ciudad, por el término de seis (6) meses, abstenerse de expedir licencias de urbanismo para obras civiles, de construcción o similares que impliquen cualquier tipo de afectación o modificación del cementerio, en donde se presume la existencia de cuerpos de personas no identificadas, víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado. Las medidas adoptadas por la JEP fueron solicitadas por la Junta de Acción Comunal del Barrio la Esperanza de Yopal (Casanare). Esta decisión se tomó teniendo en cuenta que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de ese municipio modificó el uso del suelo del lugar, además de que la Fiscalía no ha certificado que se haya realizado la prospección y exhumación de la totalidad de cuerpos de personas no identificadas víctimas del conflicto armado que se presume se encuentran allí. La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP otorgó a la Fiscalía General de la Nación un término de 45 días para presentar un cronograma que incluya los tiempos requeridos para el abordaje general del cementerio antiguo de Yopal, con miras a identificar los lugares en donde pueden encontrarse cuerpos de personas dadas por desaparecidas. La Sección tuvo conocimiento de que se realizó el traslado de alrededor de 150 cuerpos de personas no identificadas que se encontraban en el antiguo cementerio, de los que solo 66 fueron reubicados en el nuevo camposanto. Al conocerse el paradero de algunos de los cuerpos restantes, que fueron enviados a distintos lugares, se ordenó al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Yopal y Tunja, así como al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía de Bucaramanga garantizar la custodia de los cuerpos exhumados hasta cuando la Fiscalía General de la Nación o la Unidad Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD) realicen las actividades que les corresponden, con miras a la identificación y entrega digna a los familiares. A este trámite se acumuló la petición de la Corporación Colectivo Socio jurídico Orlando Fals Borda sobre la custodia y cuidado de los cementerios y cadáveres de cuerpos no identificados y cuerpos identificados no reclamados. Además, se vinculó a la Alcaldía de Yopal, a quien se trasladó la petición, así como las recomendaciones del Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial EQUITAS, en relación con el cuidado y protección de los lugares, dada la situación por cuenta del Covid-19 y que implica extremar cuidados para impedir que se alteren lugares de inhumación de víctimas de desaparición forzada. Finalmente, se corrió traslado de todo lo actuado en este trámite a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para el ejercicio de sus competencias.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares El más reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación sobre la presencia de carteles mexicanos revela, entre otras cosas, el fracaso en materia de seguridad y de política antidrogas por parte del Gobierno Nacional. La injerencia de estos grupos permite observar que en las subregiones el Estado colombiano no ha logrado hacer frente a la ilegalidad. El informe de Pares tomó tres carteles mexicanos que ostentan la mayor relación con grupos armados colombianos. Estos son: Cartel del Golfo, Cartel de Sinaloa y Cartel Jalisco Nueva Generación. Dichos grupos han impulsado el fortalecimiento de grupos armados como Clan del Golfo, Caparrapos, Los Pachenca, Ejército Popular de Liberación-EPL o Pelusos, Grupos Armados Postfarc, especialmente del suroccidente colombiano, entre otros. Además, como nunca en la historia, Colombia alcanza la cifra de 212.000 hectáreas de coca. Frente a esta situación, el Gobierno Nacional ha insistido por adelantar acciones de erradicación forzada que está cobrando la vida de campesinos. Como si fuera poco, ante un ambiente caldeado, decidió traer tropas estadounidenses de la Brigada SFAB, que—por ejemplo— prendieron la guerra en Irak y Afganistán. Ahora bien, el siguiente mapa de carteles mexicanos en Colombia muestra la distribución y coincidencia geográfica entre la financiación y articulación de los carteles mexicanos con grupos armados colombianos, según el informe Pares. Algunas características de estas zonas Efectivamente, estas zonas son donde hay mayor presencia de grupos armados colombianos y es donde se ha generado un recrudecimiento de la violencia. Fundamentalmente, como lo advierte este y otros informes de Pares, estas nuevas conflictividades se dan producto de la disputa territorial por el control del mercado de la producción de cocaína; financiadas, en este caso, por carteles mexicanos. Resulta importante señalar que la ausencia de voluntad política del Gobierno Nacional en materia de la implementación del Acuerdo de Paz ha desatado efectos negativos. Ya que, como bien lo señala el informe, varias de estas zonas corresponden a territorios donde las FARC-EP hicieron presencia a lo largo de la guerra, y donde luego de la desmovilización se configuraron vacíos de poder que no fueron copados por el Estado, pero sí por grupos del narcotráfico. Relatos mexicanos: un secreto a voces Toman más fuerza historias que parecen inverosímiles pero que se tornan como una voz a voz, en las regiones colombianas frente a la enigmática presencia de mexicanos en el negocio de los cultivos de uso ilícito. Estas historias advierten, cuando menos, una realidad a nivel local que el Gobierno Nacional se ha negado a atender. En el Cauca, por ejemplo, se escuchan historias —que no se han comprobado pero que circulan como un secreto a voces— sobre pagos de alianzas entre grupos de narcos mexicanos con colombianos. De hecho, estas historias cuentan que en pueblos inhóspitos como en una vereda conocida como ‘La Playa’ se envió —como suerte de ofrenda— un concierto de la banda de música Norteña, ‘los Internacionales Rayos de México’. A su vez, en el Pacífico nariñense, en lugares como Bocas de Satinga o Llorente, cuentan las personas que se ha proliferado la venta de tequila o mezcal a precios exorbitantes, que el común de la población no puede comprar. En el Bajo Putumayo se popularizó la historia de que, en el marco de una cabalgata, aparecieron cerca de ocho hombres en caballos con banderas mexicanas, tomando tequila y disparando. Regiones y la presencia de carteles mexicanos En Tumaco, el informe identificó presencia y consolidación del Cartel de Sinaloa. Allí alias como el de “Contador” hacen cada vez más mella, como también en los corregimientos de Llorente y el municipio de Olaya Herrera. En la subregión del Catatumbo, el informe señala, presencia del Cartel Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa. La relación de estos dos carteles en esta subregión es con EPL, ELN y GAPF Frente 33. La relación, por tanto, es netamente comercial, comprando cocaína y pagando por protección y movilización. Ante la dificultad de desenmarañar la situación del caso antioqueño, el informe empieza a develar que la presencia de carteles mexicanos tendría que ver con que les garanticen a ellos la venta de droga. Para ello, financian estructuras ilegales, es decir, armas y dinero. A su vez, en la región conocida como Nudo de Paramillo — compuesta por Bajo Cauca, Norte y Nordeste Antioqueño y Sur de Córdoba— se dice que producto del poderío económico; los carteles podrían llegar a regular precios de la pasta base de coca. En el Cauca, el departamento con mayor índice de asesinatos de líderes y lideresas en Colombia, las pesquisas sobre la presencia y el relacionamiento de carteles mexicanos con grupos armados colombianos se ha establecido, entre otras cosas, por medio de relatos. Asimismo, un hecho que llama la atención en el informe —que las autoridades no han podido establecer— es la circulación de panfletos amenazantes en nombre de carteles mexicano. Por un lado, estos panfletos han amenazado a miembros de la guardia Indígena, como sucedió en octubre de 2019. También, se habrían atribuido la masacre de tres personas en Corinto, amenazando a quienes estén en acciones de erradicación o incentivando alternativas de cultivo. A su vez, también Pares ha tenido acceso a panfletos en los que, supuestamente, los carteles mexicanos informan buenos precios a la hoja de coca y a la marihuana, mientras que a la par realizan alianzas con el ELN, EPL y Grupos Armados Postfarc-GAPF. El papel de lo carteles mexicanos en Colombia De manera categórica el informe Pares advierte dos tipos de papel o rol que protagonizan la relación de carteles mexicanos en suelo colombiano con los grupos ilegales. De hecho, esa relación se da debido a la búsqueda de garantizar la producción de cocaína y el abastecimiento de droga a través de las rutas dispuestas en Centroamérica con rumbo al mercado norteamericano. De esta forma, dicha relación ilegal entre mexicanos y colombianos está dispuesta por la financiación y, por el otro lado, por diversos niveles de articulación. Según el informe, la Defensoría del Pueblo ha venido advirtiendo que ha habido injerencia de grupos mexicanos por medio de “inyección de recursos -dinero y armas para fortalecer el control de zonas que garanticen el flujo de droga hacia México. Un claro ejemplo de ello, tiene que ver con el financiamiento de Jalisco Nueva Generación a los Caparrapos. Dicha financiación —de acuerdo con el informe— para conseguir mayor ganancia en la cadena de producción de coca en zonas como Urimita, Dadeiba o Cañas Gordas (Antiquia). El control de las rutas del narcotráfico cambió, de manera definitiva, con el traslado de más de 13.000 firmantes de paz de la otrora guerrilla de las FARC-EP a lo que se conocieron como las 24 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y que hoy son Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). En la denominada transición o posacuerdo, el Estado colombiano no logró hacer presencia en zonas neurálgicas como, por ejemplo, Bajo Cauca Antioqueño, Pacífico Nariñense, Caucano o Chocoano. Sí lo hizo la ilegalidad que, durante estos años, se ha disputado a fuego y sangre los territorios para hacerse al control de las rutas del narcotráfico. Allí, han estado alimentando los carteles mexicanos. De hecho, actualmente el ELN tiene presencia 139 municipios cuando en 2018 —año en que Duque llega a la presidencia— esta guerrilla hacía presencia en 112 municipios. Por otra parte, según datos Pares, en la llegada de Duque a la Casa de Nariño había presencia de Grupos Armados Post- FARC (GAPF) en 54 municipios y, hoy por hoy, hacen presencia en 101 municipios. Asimismo, la presencia de Clan del Golfo, Caparrapos y ELP completa un total de 132 municipios a nivel nacional. De esta forma , uno de los efectos más inmediatos de la presencia de carteles mexicanos en Colombia tiene que ver con flujo de capital y de armas traído desde el país norteamericano, lo cual ha impulsado el fortalecimiento de grupos armados como Clan del Golfo, Caparrapos, Los Pachenca, Ejército Popular de Liberación-EPL o Pelusos, Grupos Armados Postfarc, especialmente del suroccidente colombiano, entre otros. Expansión de los carteles mexicanos en Colombia Por otra parte, resulta importante señalar que hay unas características que acompañan a la expansión de los carteles mexicanos en el territorio: 1. Tienen influencia directa sobre los grupos armados colombianos a través de la financiación o articulación. 2. No cuentan con grandes ejércitos de “mexicanos”, pues desborda las lógicas de regulación y control territorial. 3. Han logrado constituir relaciones a través de la presencia de personas nacionales de México, pero también de otros países centroamericanos. 4. Participan en la regulación del mercado del narcotráfico para garantizar la provisión de droga hacia Estados Unidos.

Por: Laura Cano, periodista Pares. Como una radiografía del sentir de muchos sectores, así es el más reciente comunicado del Parlamento Europeo, el cual pone sobre la mesa y como eje que la Inteligencia debe usarse para proteger los derechos humanos y no su vulneración. Lo anterior partiendo de la denuncia de las llamadas Carpetas Secretas en la que se expuso que a cerca de 130 personas en Colombia se les venía haciendo interceptaciones ilegales, entre ellas abogados, defensores de derechos humanos, periodistas, políticos e incluso miembros de las Fuerzas Militares. Sin embargo, y más allá de las respuestas que se exigen para este caso, el que todavía está en investigación, también llama la atención sobre la situación de violencia que persiste en el país y que ha tenido como uno de sus resultados la escalada de violencia en los territorios que históricamente le han tenido que hacer frente a las dinámicas de guerra. Lo anterior está en relación con las violaciones de derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza y poder por parte de las Fuerzas Militares, a las que también se les ha señalado como responsables de las ejecuciones extrajudiciales que se han registrado en los últimos meses, y en las que están los hechos más reciente perpetrados el 18 de mayo en Cúcuta, en donde integrantes del Batallón Hermógenes Maza le quitaron la vida a Emérito Buendía en medio de un proceso de erradicación forzada, caso no alejado del de Ariolfo Sánchez, quien fue asesinado el 20 de mayo en Anorí, Antioquia, por el Ejército Nacional. En este contexto vale señalar la denuncia recientemente hecha a través de Pares sobre las erradicaciones forzadas que se vienen realizando desde el pasado 26 de mayo en la región conocida como Guayabero, ubicada entre los departamentos del Meta y Guaviare, las cuales han dejado campesinos heridos, capturados y otros desaparecidos. Señala el comunicado: “Confiamos también señor Presidente, que usted como máximo comandante de la Fuerza Pública, tomará todas las acciones necesarias para esclarecer esta lamentable situación, sancionar a los máximos responsables de estos delitos y garantizar la no repetición de estos hechos”. Líderes sociales, un foco de riesgo Otro eje del documento del Parlamento Europeo, el cual vale señalar que en representación de la Unión Europea ha venido haciendo seguimiento como cooperante de la implementación de lo acordado en la Habana con la exguerrilla Farc-ep, es sobre la alarmante situación en la que están los líderes y lideresas sociales, además de las personas en proceso de reincorporación, quienes por la coyuntura que ha atravesado al país en los últimos meses, se han convertido en los sectores más amenazados y victimizados, por un lado, por parte de las estructuras armadas ilegales, y por otra parte, por las pocas políticas de protección que se han aplicado desde el Gobierno. De esta forma el Parlamento enfatiza en que este crítico panorama se recrudece con la actual pandemia mundial, la cual por las medidas especiales que ha generado, incide en que para los victimarios sea mucho más fácil localizar a las víctimas, pues las dinámicas de aislamiento además de restringir la movilidad de las personas, también reduce la presencia de entes que hagan veeduría a los escenarios de riesgo. Según cifras del sistema de información Sipares, desde el 01 de enero del presente año y hasta el 10 de junio se han registrado 63 asesinatos a líderes y lideresas, y a su vez se tiene información de 24 excombatientes que fueron asesinados en ese mismo periodo. “Ante esto, nos preocupan las afirmaciones de las organizaciones de derechos humanos respecto a que la respuesta del Estado ha sido insuficiente y que, en algunos casos, incluso, se les ha disminuido las medidas de protección estatales. Y consideramos que declaraciones como las realizadas por la Ministra del Interior, equiparando asesinatos de personas defensoras con robos de celulares ponen en duda la intención del Gobierno de actuar de forma contundente para prevenir asesinatos”. Un Acuerdo estancando Por otro lado, y señalando que la prioridad en la relación de ambas partes es la aplicación del Acuerdo de Paz firmado, asevera el Parlamento Europeo que otra de sus preocupaciones es la aparente poca voluntad de paz. Hecho que ha sido demostrado con la persistencia del conflicto armado, el cual ha potenciado la presencia de actores armados en las regiones, lo que aumenta los enfrentamientos generando una constante amenaza hacia la población civil, provocando mayores registros en hechos como desplazamientos forzados, masacres, reclutamiento ilícito, asesinatos selectivos y violencia sexual. Cabe señalar que el llamado al Presidente hacia la inoperancia para implementar lo acordado no es nuevo, incluso esta solicitud llevó a una jornada de movilización que fue repetida en distintos puntos del país desde el pasado 21 de noviembre, en donde una de las peticiones era la celeridad para cumplir lo pactado, incumplimiento que como se ha repetido, ha aumentado los hechos victimizantes en el país y el fortalecido los actores armados ilegales y los abusos de la Fuerza Pública. A esto se suma el rechazo de muchas organizaciones y sectores sobre los últimos nombramientos dentro de los organismos que propenden políticas de paz, y que parecieran quedar en manos de claros opositores de las salidas del conflicto negociadas. “Para nosotras y nosotros, la implementación de los Acuerdos de Paz, es una prioridad en nuestra relación con Colombia y ante eso nos sorprenden las declaraciones hechas por algunos gobernantes locales y voces desde el actual partido de Gobierno, que han solicitado reubicar recursos para la implementación del Acuerdo de Paz y destinarlos a medidas contra el Covid-19”, agrega el comunicado. En este punto vale la pena mencionar que durante la pandemia ha sido expuesto que parte del dinero dispuesto en el Fondo para la Paz ha ido a parar en contratos para estrategias de comunicaciones de la Presidencia, los cuales rondan los $8.000 millones. Igualmente, de este mismo Fondo salieron recursos para la compra de 23 camionetas por $9.600, 18 tanquetas para el ESMAD y munición para el mismo organismo, lo cual significó otros $$12,000 millones. “Desde el Parlamento Europeo que los fondos destinados para la paz sean utilizados con estos fines”, indicó el Parlamento Europeo. En ese sentido vale la pena cuestionarse ¿cuántos llamados de atención necesita el Gobierno para atender esta tragedia nacional?, pues mientras se muestras las distintas inconformidades y no se obtiene ninguna respuesta clara por parte de Iván Duque, en los territorios la falta de atención sigue cobrando vidas, sigue generando desplazados, en general, sigue perpetrando la guerra.