Por: Redacción Pares Aunque la relación de crimen organizado entre Colombia y México viene de décadas anteriores, protagonizada por los grandes carteles del narcotráfico, en la actualidad la relación se ha dinamizado debido al importante flujo de capital y de armas traído desde el país norteamericano, lo cual ha impulsado el fortalecimiento de grupos armados como Clan del Golfo, Caparrapos, Los Pachenca, Ejército Popular de Liberación-EPL o Pelusos, Grupos Armados Postfarc, especialmente del suroccidente colombiano, entre otros. De esta manera, la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, presenta su último informe de investigación: Radiografía de la presencia de los carteles mexicanos en Colombia. El fortalecimiento del crimen organizado colombiano se asocia también con el aprovechamiento de las estructuras armadas ilegales del vacío de poder generado por el fin de las Farc-Ep como guerrilla y la imposibilidad del Estado por hacerse al control de estos territorios. Durante las últimas dos décadas los carteles mexicanos se han fortalecido expandiendo su accionar a lo largo del triángulo del norte (Guatemala, Honduras y El Salvador). Por ejemplo, han infiltrado estructuras de seguridad pública, han subcontratado organizaciones criminales para sicariato y también subcontrataron a la Mara Salvatrucha para brindarle protección a sus cargamentos de cocaína. En este sentido, la empresa transnacional continúa su expansión y fortalecimiento. La fuerza de los carteles mexicanos y de sus vínculos con el crimen organizado centroamericano puede observarse también en Colombia a través de capturas de personas de los países de Centroamérica por porte y fabricación de estupefacientes y también por lavado de activos. Es decir, la captura de ciudadanos de nacionalidades centroamericanas también es un indicio de la relación fluida entre el crimen organizado de México, Centroamérica y Colombia. Así se relacionan carteles mexicanos y colombianos Se identifican dos formas de relacionamiento entre carteles mexicanos y grupos armados colombianos tras el fin de las Farc-Ep como guerrilla: financiación y articulación. La financiación se da a través de la inyección de grandes capitales y armas, este es el caso de Los Caparrapos o Caparros en la subregión del Nudo de Paramillo. La articulación se da a través de la búsqueda del trabajo conjunto en función de la regulación de la cadena de producción y comercialización de la cocaína, este es el caso de la relación construida entre el Cartel de Sinaloa y el Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño y en Magdalena. Todo indicaría que el miedo a una gran anarquía en el mercado del narcotráfico luego de la dejación de armas de las FARC provocó la mayor penetración de estas estructuras mexicanas. Básicamente, se produjeron tres fenómenos. Por un lado, los carteles mexicanos recordaban lo que ocurrió con la desmovilización paramilitar entre 2003 y 2006, donde se generó un proceso de reorganización criminal que llevó al nacimiento de al menos 101 estructuras ilegales. En la medida que las FARC controlaban los cultivos y la primera parte de la cadena del narcotráfico, se quería evitar un escenario similar. En fin, se sabía que las FARC se iban, pero el negocio debía continuar, lo que se quería era evitar un baño de sangre. En segundo lugar, en Colombia había cierta paridad entre organizaciones criminales y ninguna estaba en la capacidad de copar masivamente, por ende, las posibilidades de una guerra con empates negativos era muy alta, por ello, la intervención inicial de estos carteles mexicanos es para asegurar una repartición más o menos pacífica del territorio. Por último, para copar muchas de esas zonas las organizaciones criminales necesitaban inyección de dinero, entonces, tener padrinos era importante. La información recolectada para construir este documento buscó abrir el debate de las intrincadas relaciones entre grupos armados de México y Colombia más allá de la violencia. Si bien las manifestaciones violentas son importantes, no pueden ser un indicador exclusivo en cuanto a relaciones de narcotráfico se refieren; por tanto, debe incluirse en el análisis otros tipos de relacionamientos que aquí se llamaron: financiación, articulación y expansión. Los elementos analíticos propuestos permitieron ofrecer mayor complejidad en la lectura de la realidad, a través de la recolección de información de fuentes primarias y secundarias. Descargue aquí el Informe Completo

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares La Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo final (CSIVI) le confirmó a Pares que en el departamento de Arauca se han registrado la denuncia de siete (7) detenciones en los últimos días, en las que se han sindicado a los pobladores de una serie de delitos sin corroborar los hechos. Dichas fuentes le han manifestado a Pares la preocupación por lo que han denominado una ‘avanzada de capturas’ que mantiene en vilo al departamento araucano. Recientemente Pares ha conocido, a través de fuentes en terreno, las capturas de Rubiel Rebolledo Artiaga, firmante de paz del ETCR Martín Villa en el departamento de Arauca, y la de Yolanda González, lideresa del mismo departamento. Cabe recordar que Yolanda sufrió un ataque por parte del Ejército—el pasado 20 de septiembre de 2019— en la vía que conduce de Saravena (Arauca) a Pamplona (Norte de Santander); en el que fue asesinado Ezequiel Méndez Rivero, escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Así las cosas, Rubiel y Yolanda son dos de los casos que parecen configurar un episodio de falsos positivos judiciales. La lideresa y el firmante de paz esperan que se aclare las situaciones que ensombrecen, por parte de Yolanda, su proceso como lideresa social y política en Saravena y, por parte de Rubiel, su labor en su proceso de reincorporación que adelanta en Arauca. Pares intentó hablar con la Policía del departamento, pero no se recibió ninguna respuesta por parte de dicha autoridad. “A mí me capturaron engañado” “Mi nombre es Rubiel Rebolledo Artiaga, vivo en el ETCR Martín Villa en el municipio de Arauquita (Arauca). Estoy contento con lo del Proceso de Paz. Quiero que se aclare este episodio, quiero que se aleje la sensación de incertidumbre por cuenta de lo que se denominan ‘falsos positivos judiciales’. Vivo acomplejado con el incumplimiento del Estado, nos quieren mantener en la guerra. Nosotros hemos decidido fijar nuestro hogar en la paz. Seguiremos, ante las circunstancias, luchando por la paz.” Un hecho en el Espacio de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Martín Villa, ubicado en el municipio de Arauquita, corregimiento Puerto Jordán, vereda Filipinas (Arauca); llenó de zozobra a la población de firmantes de paz que se encuentran realizando su proceso de reincorporación. De acuerdo con las versiones a las que tuvo acceso Pares, integrantes del Ejército y la Policía se llevaron a Rubiel de manera intempestiva y arbitraria. Pares habló con Rubiel quien es un firmante de paz que se encuentra viviendo en el ETCR Martín Villa y quien estuvo detenido por 24 horas en un confuso episodio. Pares: ¿Cómo se llevó a cabo su captura? Rubiel Rebolledo Artiaga : A mí me capturaron engañado porque me dijeron que me iban a hacer una entrevista. Cuando llegaron al ETCR, llegaron con orden de captura presuntamente bajo los cargos porte ilegal de armas, delinquir, desaparición forzada y por narcotráfico, y que yo no había, supuestamente, querido asistir a una audiencia pendiente. Yo me encontraba trabajando y los esperé en mi casa en donde me dijeron que debía guardar silencio, mientras me leían los cargos y me ponían las esposas. Después me subieron a un helicóptero y allí es donde me hacen firmar la orden de captura. «Me capturan a eso de las 11:50 am del 5 de junio y me llevan a Saravena. Allí en Saravena llegan unos periodistas, ponen un pendón y me toman fotografías al lado de un policía. Después de esto, me llevan hacía la ciudad de Yopal.» Foto: Cortesía. Pares: ¿Quién le dijo que le iba a hacer una entrevista? R.R.A: A mí me engaña un fiscal. Hacía, más o menos, cinco o seis días de que él me estuviera diciendo que si yo le podía regalar una entrevista. Yo lo dije que sí, que por supuesto. Después él me llama de distintos números y, finalmente, me dice que él no puede ir a hacerme la entrevista, pero me dijo que le había pedido el favor a la Policía de hacer la entrevista. Después, como puede ver, pues yo espero la llegada para una entrevista y termino capturado por un día. Mi libertad me la dan cerca de la 1 pm del 6 de junio. Así las cosas, el Fiscal no me volvió a llamar. El Fiscal se identificó como Nenfe, no me dio su apellido. Pares: ¿Qué le dijo la Policía en el momento de su liberación? R.R.A: Yo no tuve contacto con la Policía en el momento de mi liberación. A mí me tenían en el Gaula, en Yopal. Quienes me tenían eran integrantes del C.T.I. Después de unas audiencias virtuales, en las que no había pruebas de nada me dijeron que negociáramos. Yo fui muy claro, les dije que yo no tenía nada que negociar, porque yo no debía nada. Además, ellos me decían que, de no negociar, en el momento de liberarme, me volverían a capturar. Yo les decía que bueno, que me volvieran entonces a capturar. Yo no debo nada, yo no estoy corriendo. De todas maneras me dijeron que en cualquier momento me abrían la orden de captura, eso me lo dijeron. En el momento uno ahí no tiene con que grabar, había entre cinco a seis hombres del CTI de la Fiscalía. Pares: ¿Usted trabaja ahí en el ETCR? ¿En qué trabaja? R.R.A: Yo vivo en el ETCR Martín Villa. Trabajo con mis cultivos de yuca, plátano y maíz. De hecho, mis cultivos quedan cerca de un puesto de guardia del Ejército ellos todos los días me miran trabajando. Estamos hablando de unos 500 metros del ETCR. Llevo todos estos años acá en el Martín Villa, he terminado mis estudios como bachiller. He hecho cursos de técnicos. Yo mantengo estudiando, este año es el que no he estudiado por el tema de la pandemia no han venido cursos de los que yo quería estudiar. Yo tengo mis planillas de mi proceso de reincorporación con ARN. Pares: ¿La ARN está ha estado pendiente de su situación? R.R.A: La ARN, en el momento que de dejan en libertad han estado pendientes en qué condición me encuentro, cómo me he sentido tras este hecho. Yo me siento mal porque, figúrese, la captura fue delante de mi hija, de mi esposa. Eso fue duro porque estaba yo esposado y la niña me pedía que la alzara y la mamá llorando. Pares: ¿Cuál fue la razón que le dieron de su liberación? R.R.A: Según me dijeron la captura no contó con pruebas y hubo inconsistencias en el procedimiento. Fue ilegal mi captura. “Yolanda fue víctima de un entrampamiento” Justamente, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) señaló, a través de en un comunicado de prensa, que el pasado 6 de junio, Yolanda González, lideresa del departamento de Arauca, fue trasladada en un helicóptero a los calabozos del CTI donde sus abogados se enteraron de un grave montaje judicial en su contra para acusarla de ser integrante de las disidencias de las Farc. En este montaje hay al menos dos testigos comprados, uno sin identificar y graves irregularidades en las declaraciones rendidas, tal y como expuso el abogado Alirio Uribe Muñoz, integrante del Cajar y quien representa a Yolanda González como víctima del atentado al que sobrevivió el año pasado. De acuerdo con CAJAR, durante el inicio de la audiencia que continúa este martes 9 de junio, quedó en claro que la defensora no solo fue víctima de un atentado sino de un entrampamiento en que involucraron a dos de sus familiares para simular un secuestro. Asimismo, la audiencia de medida de aseguramiento, que inició el 6 de junio, se realizó por solicitud de por solicitud del Fiscal 3 delegado ante la Unidad Especial de Investigación, y realizada ante la Juez Municipal de Arauca con Funciones Mixtas de Adolescentes Control de Garantías. Según CAJAR, Yolanda no sólo fue víctima de un atentado, sino de un entrampamiento ya que “que involucraron a dos de sus familiares para simular el secuestro y tratar de crear la ficción de un enfrentamiento con el Ejército para evitarlo. Fue así como estos familiares fueron llevados por uno de los hombres que hoy es testigo en su contra, en un vehículo robado, del cual descendió, salió corriendo y disparando en medio de una zona militarizada y dejando heridos a los dos familiares de Yolanda. Unos metros más adelante se produjo el atentado ya descrito. Rastros de disparos en la camioneta en la que se movilizaba la lideresa Yolanda González, después del atentado sufrido en Arauca. Foto: Cortesía. Paralelamente a estas detenciones que solicitan ser aclaradas, la situación en el departamento para el Ejército no es la mejor. En las últimas horas se registró el asesinato de los soldados Jader Antonio Blanco y César Augusto Alcendra. Asimismo, continúa desparecida la subofical Nubia Alejandra López Correa. De acuerdo con versiones preliminares, López Correa fue vista por última vez en Saravena. Según el Ejército, la suboficial se encuentra en la zona en el marco de su periodo de vacaciones. «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»

Por: Redacción Pares La Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación instaron a los gobernadores y alcaldes del país a que incluyan procedimientos, proyectos y programas dirigidos a las víctimas del conflicto armado, en los Planes de Desarrollo Territorial -PDT-, que deben ser radicados antes del 15 de junio. En carta enviada a las entidades territoriales, la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas, conformada por los organismos de control y tres representantes de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas, instó al diseño e implementación de estrategias colaborativas con las entidades nacionales del Sistema de Atención y Reparación Integral a Víctimas –SNARIV-, a fin de garantizar la salud e integridad de todos los ciudadanos, en especial de las víctimas del conflicto armado, quienes se han visto afectados por la situación de emergencia generada por el covid-19. Para la Comisión de Seguimiento es indispensable disponer desde los niveles municipal y departamental, de garantías para la asignación de recursos y la participación efectiva de la población en este momento de formulación de instrumentos de planeación territorial, que permitan concretar acciones efectivas para que las víctimas superen su situación de vulnerabilidad y avancen en su proceso de reparación integral. Precisó que las entidades territoriales que no presentaron oportunamente sus PDT pueden ponerlos a consideración de las asambleas o concejos municipales hasta el 15 de junio de 2020, y aquellas que los entregaron antes del 30 de abril, pueden hacer modificaciones hasta el 15 de junio de 2020, de acuerdo a lo establecido en el Decreto presidencial No. 683 del 21 de mayo 2020. Finalmente, recordó que el PDT como instrumento de planificación debe orientar las acciones de las administraciones departamentales, distritales y municipales en pro del desarrollo del territorio, y que este momento es crucial para incluir los compromisos legales adquiridos con las víctimas del confl¬icto armado, para garantizar la defensa de sus derechos fundamentales durante los próximos cuatro años de gobierno.

Por: Redacción Pares El Banco Mundial prevé una contracción de la economía mundial del 5,2% en 2020. La contracción será mayor en las economías avanzadas y menor en las emergentes, aunque será la primera vez que decaiga en este grupo de naciones desde hace 60 años. El impacto súbito y generalizado de la pandemia del coronavirus y las medidas de suspensión de las actividades que se adoptaron para contenerla han ocasionado una drástica contracción de la economía mundial del 5,2 % este año, según las previsiones del Banco Mundial. De acuerdo con la edición de junio de 2020 del informe Perspectivas económicas mundiales del Banco, esta sería la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, y la primera vez desde 1870 en que tantas economías experimentarían una disminución del producto per cápita. «Millones de personas a la pobreza extrema» A raíz de las graves distorsiones a la oferta y la demanda internas, el comercio y las finanzas, se prevé que la actividad económica de las economías avanzadas se contraerá un 7,0 % en 2020 mientras que en los mercados emergentes y las economías en desarrollo se reducirá un 2,5 % este año, su primera contracción como grupo en al menos 60 años. “La disminución prevista en los ingresos per cápita, de un 3,6 %, empujará a millones de personas a la pobreza extrema este año”, asegura el Banco Mundial. Los efectos están siendo particularmente profundos en los países más afectados por la pandemia y en aquellos que dependen en gran medida del comercio internacional, el turismo, las exportaciones de productos básicos y el financiamiento externo. Si bien la magnitud de las perturbaciones variará en función de la región, todos las economías emergentes y en desarrollo acusarán vulnerabilidades que se ven agravadas por las crisis externas. Asimismo, la suspensión de las clases y las dificultades de acceso a los servicios primarios de atención de salud probablemente tengan repercusiones a largo plazo sobre el desarrollo del capital humano. “Las perspectivas dan mucho que pensar, ya que es probable que la crisis deje cicatrices difíciles de borrar y que plantee complejos desafíos mundiales”, señaló Ceyla Pazarbasioglu, vicepresidenta de Crecimiento Equitativo, Finanzas e Instituciones del Grupo Banco Mundial. “Nuestra primera prioridad es abordar la emergencia mundial en materia sanitaria y económica. Más allá de eso, la comunidad mundial debe unirse para lograr una recuperación lo más sólida posible e impedir que más personas caigan en la pobreza y el desempleo”. Medidas políticas acuciantes La pandemia pone de relieve la necesidad acuciante de impulsar medidas de política en los ámbitos sanitario y económico, incluidas iniciativas de cooperación internacional, a fin de mitigar sus efectos, proteger a las poblaciones vulnerables y fortalecer la capacidad de los países de prevenir situaciones similares en el futuro y enfrentarse a ellas. En vista de su particular vulnerabilidad, es fundamental que los países emergentes y en desarrollo fortalezcan sus sistemas públicos de salud, que enfrenten los desafíos que entrañan la informalidad y las carencias en las redes de seguridad y que impulsen reformas que promuevan un crecimiento firme y sostenible tras la crisis. Los países emergentes y en desarrollo que cuenten con capacidad de maniobra fiscal y que puedan acceder a condiciones de financiamiento asequibles podrían considerar la posibilidad de valerse de estímulos adicionales si los efectos de la pandemia se prolongan en el tiempo. Dicha estrategia debería ir acompañada de medidas que ayuden a restaurar de manera creíble la sostenibilidad fiscal de mediano plazo, incluidas aquellas dirigidas a fortalecer los marcos fiscales, aumentar la movilización de los ingresos internos y la eficiencia del gasto y mejorar la transparencia fiscal y de la deuda.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. El pasado 05 de junio se conoció quiénes son los nuevos integrantes del Comité Nacional de Paz para el periodo 2020-2021. Allí, y como representantes del Estado aparecían nombres como el de Wilmar Ancizar Triana, alcalde de Chiquinquirá; Mauricio Medina Castro, diputado de la Asamblea del Cauca y la senadora del partido Centro Democrático, Paloma Valencia, en quien están puestos la mayoría de los cuestionamientos, pues pareciera, según los fines del Comité, que su papel dentro de este organismo no es muy claro. Primero, vale la pena señalar que el Comité nace a través del Decreto Ley 885 de 2017, modificando la Ley 434 de 1998 que daba vida al Consejo Nacional de Paz (CNP) y dando a su vez vía a las decisiones legislativas para propender por la implementación del Acuerdo de Paz. Así uno de sus fines textualmente es: propender por el logro y mantenimiento de la paz; generar una cultura de reconciliación, tolerancia, convivencia, y no estigmatización y facilitar la colaboración armónica de las entidades y órganos del Estado, otorgando prioridad a las alternativas políticas de negociación del conflicto armado interno, en orden a alcanzar relaciones sociales que aseguren una paz integral permanente. Si bien es necesaria la pluralidad en los escenarios que se gestaron para dar cumplimiento a lo acordado en La Habana, también es un deber de las políticas que cada elección que se haga constituya una verdadera voluntad de paz, sobre todo en tiempos donde urge tomar decisiones pensando y teniendo como centralidad a las víctimas y a los territorios donde la violencia no ha parado y se recrudece. ¿Qué es lo problemático de este nombramiento? En este contexto también hay que resaltar que la decisión de los nuevos integrantes del Comité Nacional de Paz viene de la mano del Alto Comisionado para la Paz, quien también ha recibido críticas a su gestión, incluso recientemente desde el Senado se advirtió que su trabajo era invisible para la implementación del Acuerdo de Paz, pues ha brillado por su oposición a iniciativas como las 16 curules para la paz, pero ha resaltado por su apoyo a la decisión de EEUU de incluir a Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo. De esta forma, pareciera que por esa misma línea iría la elección de la senadora Valencia, pues su posición desde los diálogos en La Habana ha sido contraria a lo firmado, lo que amenaza el objetivo del Comité, pues no es menor la anotación sobre la apuesta política que ha hecho el partido Centro Democrático, apuesta que tiene como uno de sus resultado la poca atención e importancia que se le está dando a lo pactado, posición que ha implicado que a la fecha la cifra de personas en proceso de reincorporación asesinadas se acerque a las 200. “La presencia de Paloma Valencia en el CNP es confusa, porque el objeto de este es respaldar los Acuerdos de Paz, las salidas negociadas y Paloma ha sido es una adversaria de eso. De manera que lo que hace ella es tirarle piedra a esas búsquedas de diálogo”, afirmó León Valencia, director de Pares. De esta forma, vale la pena señalar algunas de las acciones de la senadora que alertan de lo que podría pasar con ella dentro y con un papel decisivo dentro del Comité Nacional de Paz, pues su llegada allí podría ser un espaldarazo a las políticas que buscan retroceder por completo a los acuerdos a los que se llegó con la exguerrilla Farc-ep. El NO, su bandera política Paloma Valencia fue una de las caras más visibles dentro de las esferas políticas que hizo una clara campaña por e NO en el plebiscito, e incluso ha seguido utilizando este discurso para deslegitimar lo acordado y legitimar el abandono del Gobierno Nacional con la implementación. En nombre de estos su mayor oposición ha sido a la JEP. Valencia desde la implementación de la Justicia Especial ha pasado proyectos para que esta tenga un papel diferente dentro de la salida negociada. En esta oposición ha intentado en tres ocasiones que dentro de esta Justicia a los militares se les escuche desde la presunción de inocencia, en una sala especial, y que se tomen lineamientos de DIH para los miembros de la Fuerza Pública. “El tema de los militares requiere una justicia justa”, enfatizó en entrevista con Caracol Radio. “Además, tiene muy pocos conocimientos sobre esos temas. Lo de la JEP eso es no tener conocimiento de una cosa elementalísima de lo que es la justicia transicional, y es que ésta a diferencia de la justicia ordinaria se basa en la presunción de culpabilidad, es decir, quienes llegan allá aceptan que han cometido unos delitos, pero que los ha cometido en medio de un conflicto armado y por eso se acoge al derecho humanitario y a buscar unos penas distintas a la cárcel, aportando a la verdad plena sobre lo que hizo. Si eso tan elemental no lo sabe ella hace más extraño su presencia en el Comité”, aseveró León Valencia. En este punto vale señalar que según el Centro Nacional de Memoria Histórica a la Fuerza Pública se le atribuyen, por lo menos, 2.399 asesinatos selectivos, 158 masacres con 870 muertos, 182 ataques a bienes civiles, 71 muertos civiles en acciones bélicas y un número por determinar de casos de detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas. Sin embargo, la negativa de Paloma Valencia no es nueva. De hecho, ha sido la bandera de su labor dentro del Senado, en donde se ha valido de argumentos como la supuesta impunidad de los exintegrantes de las Farc, además de reiterar que hay un incumplimiento de quienes hicieron parte de la exguerrilla. Esa afirmación fija un interés político opuesto a la implementación, pues de entrada desconoce cada uno de los proyectos que han nacido desde las ideas de las personas en proceso de reincorporación, y que a la fecha se ven abandonados y en un limbo que responde a la poca aplicación de políticas para garantizar la seguridad y la vida digna de quienes realmente le han apostado la paz. Por otra parte, es necesario nombrar que otro de los riesgos del nombramiento de la senadora en el Comité y en relación con lo concerniente al segundo punto del Acuerdo, el cual plantea la participación política y la apertura democrática, es la fijación dentro de su labor en el Congreso y en la Comisión de Paz para restar importancia a quienes llegaron a este sector político en representación al partido Farc. Para los de la comisión de paz no se le puede decir narcoterrorista a Pablo Catatumbo… “Con 41 ordenes de captura y procesado por delitos de lesa humanidad, narcotráfico, secuestro, condenas que superan los 40 años de prisión.” Roy barreras decide levantar la sesión. pic.twitter.com/ZTochpmhX8 — Senadora Paloma Valencia (@PalomaSenadora) March 13, 2019 Asimismo, en una coyuntura violenta en los territorios, donde luego de la posesión de Iván Duque y por el abandono en las regiones históricamente más afectadas por el conflicto armado, ha habido un rápido copamiento de otros actores armados que han venido llegando a estas zonas a disputarse el control de la economía y las dinámicas sociales, hay que señalar que se ha provocado un alarmante escenario de asesinatos selectivos a líderes y lideresas sociales que desde la firma del Acuerdo a hoy suman cerca de 409 asesinatos, según cifras Sipares. De la mayoría de estos hay muy pocas respuestas, responsables y acciones para la mitigación de los mismos, no obstante, la opinión que le merece esta crítica situación a Paloma Valencia, según una entrevista realizada a la senadora en el portal de Hagamos Memoria, es que: “(…) Lo que sí destruye mucho el país son las afirmaciones de que hay asesinatos sistemáticos de líderes sociales, como patrocinados por el Estado, que es lo que pretenden ellos hacer ver, como que el Estado está mandando a matar líderes sociales, pero ¿con qué propósito? ¿para qué? No es cierto. Lo que hay son las violencias en un territorio donde no dejan entrar ni al Estado ni al sector privado”. Adicionalmente, y dentro de la defensa a la protesta y manifestación social como parte elemental de la democracia, otra de las cosas que llama la atención es la legitimidad que le dio Paloma Valencia al asesinato de Dilan Cruz, en medio de las movilizaciones que se dieron en el marco del Paro Nacional, el cual se da en medio de un uso indiscriminado de la fuerza por parte el agente del ESMAD Manuel Cubillos, y que como parte de un discurso que busca impunidad a las muertos que ha dejado la Fuerza Pública, la senadora públicamente afirmó que «está demostrado que Dilan Cruz era un vándalo» y que además había provocado al ESMAD. Todo esto pareciera configurar una afrenta generalizada hacia las víctimas en la que se está pasando por encima de los intereses de estas personas y sobre el respeto a la memoria y la verdad. Pues no parece en vano que el Gobierno haya hecho nombramientos como el de Darío Acevedo, Jorge Rodrigo Tovar y ahora el de Paloma Valencia, que como concluye León Valencia, “lo que uno ve es que va allí fundamentalmente a hacer oposición. Es más una presencia política y disociadora, que positiva, unificadora y propositiva dentro del Comité”.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Esta vez, la firma de abogados Víctor Mosquera Marín, en nombre de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, informaron que se adelantarán acciones legales nacional e internacionalmente para una demandar a Daniel Mendoza, quien como aparece en el comunicado es el “autor de un pasquín difamatorio”. El pasado 22 de mayo salió a la luz la serie web Matarife, un proyecto dirigido por Daniel Mendoza, un abogado, escritor, criminólogo, y periodista del portal La Nueva Prensa, que, entre otras cosas, ha destapado la llamada Ñeñepolítica, la cual ha dado pistas de la posible compra de votos para la elección de Iván Duque. Mendoza volvió a poner en la lupa a la clase dirigente del país, pues con su serie además de Uribe, que es el principal investigado con la producción, también se ha hecho una cadena de relaciones en las que resaltan paramilitares como Salvatore Mancuso, pero también políticos que han hecho parte del circulo de poder que ha creado el expresidente. Entre esas personalidades aparece Martha Lucía Ramírez, quien ahora ejerce como vicepresidenta del país. Ramírez ha pasado por el Senado, por la Embajada de Colombia en Francia, por el Ministerio del Exterior y por el de Defensa, en el que estuvo durante los primeros años (2002-2003) del primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Justamente a ese momento se remonta el tercer capítulo de la serie Matarife, en el que se retoma las reuniones políticas y paramilitares que se realizaban en el Club el Nogal. En ese episodio titulado «Esquirlas Sociopáticas», se hace referencia a cómo en este reconocido lugar también se hacía los procedimientos para el lavado de activos procedentes de la actividad de los carteles de narcotráfico, dinero que terminaba beneficiando los grupos ilegales y a poderosos empresarios. “Aseguran varios de sus socios que la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, tenía una habitación permanente en el Club. Sostuvo reuniones con comandantes paramilitares, y es bien sabido que allí era donde los políticos y empresarios condenados por corrupción y lavado de activos negociaban las coimas con los empleados públicos y planeaban elaboradas maneras corporativas de blanqueamiento de divisas”, narra la serie. Precisamente basados en este capítulo y en estas afirmaciones la firma de abogados Víctor Mosquera Marín, en nombre de Marta Lucía Ramírez, informaron que se adelantarán acciones legales nacional e internacionalmente para una demandar a Daniel Mendoza, quien como aparece en el comunicado es el “autor de un pasquín difamatorio”. Igualmente, se señala que se tomarán todas las medidas para “impedir que personas inescrupulosas y misóginas se beneficien publicitaria y económicamente a costa de la honra, honor y bue nombre de una mujer que, desde el sector público y privado, le ha servido a Colombia con comprobada eficacia, probidad y entereza”. Vale la pena señalar que esta no es la primera vez que por medio de instancias legales se intenta detener la serie, pues el pasado 01 de junio la firma de abogados De La Espriella Lawyers Enterprise, emitió un comunicado en el se indica que en nombre de Álvaro Uribe Vélez se solicitará la una rectificación de lo presentado a través del guión de la serie, para luego iniciar las acciones legales correspondientes. Por otro lado, esta se suma a muchas de las investigaciones que se han hecho alrededor de la gestión de Álvaro Uribe y su cúpula política, a quienes se les ha acusado de masacres, conformación de grupos paramilitares, interceptaciones telefónicas ilegales, asesinatos selectivos y corrupción, solo Álvaro Uribe tiene al día de hoy más de 28 procesos activos en la Corte Suprema de Justicia, mientras que en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes suma cerca de 56 investigaciones. Es necesario preguntarse con qué efectividad actuará la justicia en esta acción legal, pues las víctimas de la época con mayor violencia en el país siguen exigiendo que se conozca lo ocurrido en este tiempo, y la no censura y la pluralidad de relatos es una forma de dar vía a lo que por tantos años se ha pedido: la verdad.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. El pasado 27 de mayo fue puesta ante la Procuraduría General de la Nación una queja disciplinaria contra el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum y el Embajador de la República de Colombia ante el gobierno de Estados Unidos, Francisco Santos. La solicitud para el seguimiento de las acciones de estos funcionarios fue hecha por Antonio Sanguino, Armando Novoa García, Daniel García-Peña, Ramón Jimeno y León Valencia (director de Pares). La iniciativa tuvo como eje las relación de Colombia y Venezuela, partiendo de las decisiones que han tomado los dirigentes nacionales respecto a la situación política del vecino país, argumentando que éstas violan en principio el artículo 9 de la Constitución Política de Colombia, la cual contempla que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. De esta forma se enmarcaron una serie de hechos que han vulnerado dicho lineamiento durante el periodo presidencial de Iván Duque, tiempo en el que se ha acentuado las problemáticas diplomáticas con el Gobierno venezolano. “Le pedimos al Procurador que investigue a estos funcionarios por violaciones a la Constitución y a la Ley porque han propiciado acciones contra Venezuela y su Gobierno que no respaldan la Constitución las cuales hemos registrado desde febrero de 2019 hasta hoy”, agregó León Valencia. Septiembre de 2018 En esta fecha se dio una de las primeras alertas sobre las intenciones del Gobierno colombiano de una posible intervención militar en territorio venezolano. La discusión sobre la posibilidad de esta acción llegó luego que Francisco Santos afirmara en un foro académico realizado en Washington que para lograr una salida a la crisis de Venezuela no había que descartar ninguna opción, incluso si ésta se trataba de acciones militares. Esta afirmación fue rápidamente rechazada por unos gobiernos de la región, y a su vez fue avalada por otros, que la veían como un camino para lograr derrocar al presidente Nicolás Maduro, un objetivo que ha estado en los lugares principales de la agenda política de Estados Unidos liderada por Donald Trump. Por otro lado, en este mismo tiempo se estaba llevando a cabo la iniciativa del Grupo de Lima, un conjunto de países que se encontraban en la necesidad de buscar una salida pacífica para la crisis del vecino país y una restauración de su democracia. Allí participaban: Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Santa Lucía, sin embargo, Colombia, por decisión de Carlos Holmes Trujillo, decidió no suscribirse dentro de esta iniciativa, al declarar que no había coincidencias totales con los términos de la declaración. Febrero 2019 En este mes el Venezuela Aid Live tuvo la atención mediática, pues el Gobierno Colombiano lideró esta acción que bajo la presentación de una ayuda humanitaria pretendía ingresar a territorio venezolano 280 toneladas de alimentos y medicina, no obstante, esto nunca fue mediado con el Gobierno de Nicolás Maduro, lo que configuró una oposición que produjo que 285 ciudadanos venezolanos y 30 colombianos resultaran lesionados. Cabe señalar que en este contexto, Holmes Trujillo coordinó el llamado cerco humanitario, en donde había también presencia de autoridades estadounidenses como Marco Rubio, senador republicano de Florida y Jordan Goudreau, exmiembro de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Señala el documento que: “La entrega de ayudas humanitarias se llevó a cabo sin observar los principios internacionales humanitarios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia operativa que guían la acción de los organismos de asistencia humanitaria del sistema de Naciones Unidas y en particular de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios”. En ese sentido, Maduro decidió romper relaciones diplomáticas con el Gobierno colombiano, y así a cerrar los consulados de Colombia en Venezuela, decisión que afectó directamente a los connacionales residentes en el vecino país, además de desatar toda una crisis social, económica y política en las zonas fronterizas. Escenarios que se han visto reforzados con el aval que los dirigentes nacionales le han dado a Juan Guaidó. Noviembre de 2019 Como una copia mal hecha de lo ocurrido en febrero de 2018, en esta ocasión se trató de una conversación entre Claudia Blum y Francisco Santos en la que se resalta lo siguiente citado en el documento enviado a la Procuraduría: Claudia Blum: – Pero usted ya tiene una estrategia lista -. Francisco Santos: – Sí, yo la armé. Es comercial, es política, es ayuda, es militar y yo te paso eso… Yo lo único que veo es que, con acciones encubiertas allá adentro, para generar ruido y apoyar a la oposición que allá está muy sola. Si Maduro no se va, Colombia no tiene futuro-. “La conversación entre Claudia Blum y Francisco Santos dejó ver que Santos ante la ausencia de política exterior del Gobierno, él personalmente se había encargado de proponer acciones para derrocar el gobierno de Maduro”, agregó Armando Novoa. 2020 Durante los seis meses de este año han detonado muchos de los asuntos que se han venido alertando desde años anteriores. En un primer momento se comunicó que en la vía Barranquilla – Santa Marta se habían decomisado 26 fusiles, 36 culatines, 28 visores nocturnos de dos ojos, 9 visores nocturnos de un ojo, 8 silenciadores de fusil, 21 unidades de mira para fusil, 24 unidades de mira para fusil marca Sparg, 4 binoculares nocturnos, 30 miras laser de un punto, 21 designadores lacericos, 2 radios de comunicaciones, 43 baterías, 15 cascos militares tácticos y 3 chalecos antibalas. Según Cliver Alcalá, quien se entregó a las autoridades colombianas como uno de los responsables de este traslado de munición, este cargamento tenía como objetivo apoyar un golpe de estado contra el Nicolás Maduro. El 26 de marzo Alcalá fue traslado a Estados Unidos por la Agencia Antidrogas de ese país, incluso cuando en Colombia regía el decreto de aislamiento preventivo obligatorio. Asimismo, este año, en mayo, se registró la Operación Gadeón, la cual también estaba dirigida para derrocar a Maduro, pero la cual fracasó y dejó como saldo ocho (8) personas muertas y varias detenidas, entre ellas Jordan Goudreau. Esto por acción y omisión implica al Gobierno colombiano. Ese mismo mes tres lanchas de la Armada Nacional de Colombia con sede en Vichada resultaron en aguas venezolanas, sobre esto todavía no hay mayores investigaciones ni pronunciamientos, un panorama que se ha repetido con los demás hechos en los que se ven implicadas las relaciones internacionales de Colombia y Venezuela. A esto se debe agregar la militarización del Caribe por parte de Estados Unidos, quienes han argumentado esta acción dentro de la lucha antidrogas. Afirmación que se ha refutado desde varios sectores, pues se ha evidenciado que el porcentaje más alto (70%) de sustancias psicoactivas sale por el Pacífico. Adicionalmente, es necesario nombrar que durante las últimas semanas se ha alertado de la llegada de brigadas militares estadounidenses al Catatumbo, lo que convulsionaría la situación de violencia que vive esta región, en donde una de las razones que ha provocado la disputa entre grupos armados es justamente la producción y comercialización de droga. Sin dejar nombrar la problemática social que ha generado los constantes intentos de erradicación forzada. “Todo esto son preocupaciones grandes, por eso acciones como la queja disciplinaría ante la Procuraduría, la posibilidad de que esto también se lleve a discusión de la Comisión de Relaciones Exteriores y el pronunciamiento de otros actores, son necesarias en este momento para que haya opinión, pero también para que haya intervención de los organismos de control que se han tomado todo esto muy a la ligera”, aseveró León Valencia.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Las amenazas y los hostigamientos no cesan. En las regiones del país el panorama incluye otros actores de riesgo diferentes al virus, los cuales parecieran tomar más poder con el actual Estado de Emergencia; olvido estatal, grupos armados ilegales, ausencia de entes que garanticen la seguridad, fallas en el sistema de salud y en toda la estructura que está haciendo que hoy en los territorios la situación esté mediada por más de una complejidad social. Como radiografía de esta situación está el Cauca, uno de los departamentos más golpeados por la violencia, y que en este tiempo de medidas especiales para prevenir el crecimiento de la curva de contagio de Covid-19, ha presenciado una constante masacre contra sus habitantes y líderes, la cual le ha cobrado la vida a Marlly Fernanda Quina (27 de marzo), Hamilton Gasca Ortega (04 de abril), Teodomiro Sotelo Anacona (16 de abril), Naya Mario Chilhueso (19 de abril), Jesús Giraldo López (22 de abril), Floro Samboní Gómez (24 de abril), Álvaro Narváez (29 de abril), Uben Guerrero (01 de mayo) y Julio Moreno Arce (03 de junio). Esta crítica situación no está aislada de lo que están viviendo las comunidades indígenas que habitan en el departamento. Pues durante el mismo tiempo en el que los pueblos exigen medidas para salvaguardar su salud, también han tenido que asumir las problemáticas sociales que los han puesto como foco para los asesinatos selectivos que continúan en medio de una pandemia mundial y que han tenido como respuesta la ausencia del Estado. Los indígenas del Cauca, foco de los hechos victimizantes El pasado 02 de junio a través de la ONIC y el CRIC se denunció la incursión de 05 hombres fuertemente armados con prendas militares, quienes encañonaron a personas del resguardo Indígena Pikwe Tha Fiw ubicado en zona rural del municipio de Páez. Según lo informado a través de los comunicados de ambas organizaciones se afirmó que siendo aproximadamente las 5:30 p.m. los sujetos forzaron a la comunidad a dar información sobre el paradero de la Consejera Aida Quilcue Vivas, y de la Autoridad Tradicional Omaira Quilcue y del profesor Emirson Huetia. “Desde la guardia y autoridades indígenas estaremos en asamblea. Además, como siempre ha sido, implementamos los mecanismos de protección y autoprotección territorial, atendiendo la sistematicidad de las amenazas que hay en las regiones del país, y que en mi caso se vienen dando desde el 2008 por las distintas labores de defensa de los Derechos Humanos que hago”, afirmó Aída Quilcué. Por otro lado, la ONIC aseveró que hacen un llamado urgente a las instituciones del Estado Colombiano y a Organizaciones Garantes y Defensoras de los Derechos Humanos a nivel nacional e internacional para proteger y salvaguardar la vida e integridad de la comunidad indígena, así mismo de las personas mencionadas. Del mismo modo solicitamos de manera inmediata la activación de protocolos de protocolos de protección individual y colectiva en el marco del enfoque diferencial en el resguardo Pikwe Tha Fiw. A estas solicitudes también se agregó la del procurador Fernando Carrillo, quien a través de su cuenta de Twitter hizo “un llamado urgente a las instituciones del Estado para que de manera urgente activen los protocolos de protección a favor de la Consejera Aída Marina Quilcué Vivas de la ONIC, su hermana que es autoridad indígena y otros líderes del Pueblo Nasa”. Cabe señalar que la situación de incursión de hombres armados en este resguardo durante este año ha sido alertada por lo menos desde el 10 de febrero, denunciando los intentos de ingreso de estos al resguardo Pikwe Tha Fiw, los cuales han sido detenidos y controlados por parte de la Guardia Indígena y la comunidad. No obstante, la presencia de éstos es constante a los alrededores de la zona. Las vidas que ha cobrado la falta de protección Según el sistema de información de la Fundación Paz y Reconciliación Sipares, desde el 01 de enero hasta 27 de marzo se han registrado 07 asesinatos a líderes indígenas en todo el territorio nacional, situación que ha venido siendo alertada desde distintas organizaciones y que ha cobrado la vida de Virginia Silva, Virginia Silva, médica tradicional de Páez, Cauca; Anuar Rojas Isarama, integrante de la Guardia Indígena y defensor de DD.HH de Nuqui, Chocó; Amparo Guegia, lideresa indígena fundadora del Movimiento Nietos del Quintin Lame de Caloto, Cauca; los taitas Ismael Angucho Yunda y Felipe Angucho Yunda de Belen De Los Andaquies, Caquetá; Omar y Ernesto Guasiruma Nacabera, líderes de Bolívar, Cauca; y Marlly Fernanda Quina Campo, lideresa en Totoró, Cauca. “Constantemente tenemos que alertar sobre la ejecución permanente de actos violatorios e indiscriminados que atentan contra la armonía y el equilibrio de nuestros territorios ancestrales, como consecuencia de la presencia de grupos armados, y el señalamiento perverso de los detentadores del poder contra nuestros procesos y dirigencia. Se ataca la estigmatización, señalamientos, criminalización y la persecución a nuestros líderes, Autoridades y sabedores tradicionales, al cuerpo colectivo de la guardia indígena, y en general a las instancias comunitarias que, con fundamento y claridad política, organizativa y cultural, realizamos el ejercicio de control territorial, reza el documento presentado por el CRIC. En este contexto de constante violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, resultado, entre otras cosas, del abandono estatal y la inoperancia por implementar el Acuerdo de Paz, se suma el rápido copamiento de grupos armados legales e ilegales en los territorios, situación que ha venido atentado contra la vida, los saberes y los procesos organizativos que se han generado históricamente desde las y los indígenas. En este sentido es necesario nombrar que tan solo en las últimas semanas se denunció el homicidio de Cristian Conda, un joven indígena de 21 años, integrante del resguardo López Adentro de Caloto, Cauca, quien luego de que diez hombres armados ingresaran a la zona donde él habitaba fue asesinado debido a los disparos que realizaron contra la comunidad. Asimismo, el pasado 30 de mayo se informó sobre la muerte de María Nelly Cuetia de 55 años y Pedro Tróchez de 58, después de que personas armadas llegaran a la vivienda de estos dos médicos tradicionales ubicada en Corinto, Cauca para asesinar estos sabedores de la comunidad Nasa. Un día después de este hecho fue asesinado Joel Villamizar dirigente de la Asociación U’wa – Río Colorado, municipio de Chitaga, Norte de Santander, por parte del Ejército Nacional. Este asesinato, como lo denunció la comunidad y la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’wa, quiso ser legitimado por la Institución al acusar a Joel de ser parte del esquema de seguridad del ELN, afirmación que han desmentido y rechazado las organizaciones, responsabilizando al Gobierno de este crimen y de la intencionalidad que tenían con el mismo. Entierro de Joel Aguablanca Villamizar, dirigente U'wa asesinado por el Ejercito Colombiano. Grito de la Guardia U'wa: "Por cada indígena muerto, otros miles nacerán!" #JusticiaParaJoel @ONIC_Colombia @Ccajar @CODHESColombia @C_Pueblos pic.twitter.com/VSQJ3fFbUp — Andrew E. Miller (@AmazonMiller) June 4, 2020 Hoy a este crítico panorama se suman los hostigamientos, persecución y amenaza a Aida Quilcue Vivas, Omaira Quilcue y Emirson Huetia, situación por la que el CRIC concluye que: “El Estado colombiano tiene la obligación constitucional y el compromiso internacional de darle las garantías a ella como persona, a la autoridad tradicional y al profesor del resguardo, hoy amenazados, así como a todos los integrantes de las comunidades indígenas del Cauca. El Estado colombiano tiene la obligación constitucional de parar la guerra y generar condiciones para parar la violencia y garantizar la vida, la justicia y la paz, para todos los colombianos y colombianas. Los organismos internacionales deben velar para que esto no se siga incumpliendo”.

Por: León Valencia, director – Pares Michel Forst, relator de Naciones Unidas, sostuvo en febrero de este año que Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para la defensa de los derechos humanos. Las cifras solas no muestran la tragedia que hay detrás de cada caso. Es necesario contar quiénes eran, qué hicieron. Gloria Arias, una mujer que lleva la ternura y la energía pintada en el rostro, me invitó a que participara en el homenaje que un grupo de columnistas le harían a los líderes sociales asesinados en Colombia en esta devastación que asombra y duele en lo más profundo del alma. Dije que sí y de inmediato, de manera extraña, mi memoria dio un enorme salto hacia atrás para traer los rostros de dos personas entrañables que fulguraron en los tiempos en que empezaba a meterme en la borrasca de las luchas sociales en Colombia. Pedrito Ortiz era un campesino bueno como el pan que laboraba en la finca “Caja de Oro”, en el municipio de Pueblo Rico, Antioquia. Tenía siete hijos y los mayores lo acompañaban en las duras faenas agrícolas. Fuimos a verle un día con Ignacio Betancur, el sacerdote del pueblo, que estaba empeñado en formar sindicatos para buscar justicia para miles de trabajadores que en los municipios de esa zona cafetera trabajaban de sol a sol sin acceso a mínimos derechos laborales. Empezaban a correr los años setenta del siglo pasado y yo salía de la adolescencia salpicado por el fervor revolucionario que un grupo de sacerdotes repartía entre los jóvenes de la región. Esa noche, oyendo al cura conversar con Pedrito en el corredor de una humilde casa campesina, avizoré mi destino. Nunca pude olvidar el entusiasmo que agitó a este campesino cuando escuchó que era posible conquistar la dignidad y el respeto, que era más que justo buscar una mejor vida mediante la organización y la lucha de él, de sus hijos y de un poco más de cuarenta trabajadores que vivían en aquella finca. Vivió dos años para ver el fruto de su esfuerzo. Alcanzó a fundar el sindicato. Encabezó la primera huelga. Conquistó el primer pliego de peticiones que estos labriegos imaginaron en sus noches de reunión y alegría. Murió poco después de esa primera lucha en un atentado urdido por el dueño de las tierras y ejecutado por un desalmado sicario en la oscuridad del camino que todos los domingos recorría para llegar a su casa con la comida de la semana. También en ese tiempo compartí mi vida con otro Pedro, -Pedro Nel Osorno- fuimos amigos en la escuela primaria, compañeros de pupitre. No fue a la secundaria y dejé de verlo por mucho tiempo. Lo reencontré en una de las reuniones que propiciaba el sacerdote. Era ya un hombre hecho y derecho con el don especial de la palabra. Había cultivado con esmero el arrojo y la valentía y esto lo transmitía con facilidad a sus interlocutores. Hicimos un camino juntos en ese mundo campesino. Volvimos a separarnos cuando decidí irme a Medellín para comerciar con las letras y explorar la revolución en predios urbanos. Nos veíamos de cuando en cuando en los bares de la ciudad para hablar de la agitada vida politica que llevábamos. Él, dedicado siempre a promover la organización de los campesinos en los pueblos del suroeste de Antioquia y yo, tomando el rumbo incierto de la guerrilla. Desapareció con su compañera a finales de los años noventa en esas tierras. Luego la encontraron a ella con brutales señales de tortura, pero el cuerpo de Pedro no apareció. Se supo, eso sí, que habían sido detenidos por una Unidad del Ejército sin mediar formalidad alguna. Los recuerdos de los dos Pedros se agitan en mi corazón con la fuerza de un huracán cada cierto tiempo. Lo hicieron en enero de 2018 en Buenaventura. Asistía al entierro de Temístocles Machado, un reconocido líder comunitario de la ciudad. Machado había participado en la dirección de un gran paro cívico en el puerto y en el proceso de las comunidades negras que se manifestaban por la grave crisis humanitaria de ese rincón del pacífico. Fui hasta allí para abrir un oficina de mi Fundación y me encontré con este evento desgarrador. Un sicario le disparó en el barrio Isla de Paz, como para que la grave ironía fuera mayor.

Por: Walter Aldana. Colaborador Pares. Un grupo de amigas y amigos nos encontrábamos con regularidad en algún café, disertábamos, reíamos y nos alegraba vernos y el abrazo al despedirnos. El intempestivo confinamiento fruto de la pandemia o covid-19, nos privó de ese encuentro físico, razón por la que determinamos entonces fundar la “cuarentena humana». A varios días de inicio de esta virtual experiencia. decidimos invitar personajes que nos ayudarán a entender el momento y a imaginar el futuro pospandemia. Después de nueve encuentros me queda claro que la incertidumbre es la constante en todas las disciplinas, que la educación se debe pensar en contexto y no solo en la cabeza, que el paraíso que llegaría con la tecnología se esfumó, que lo que se evidencia es la crisis del sistema de salud, la relación del ser humano con el entorno, que fuimos enviados a una detención domiciliaria, necesaria para el respiro de la naturaleza. La soberbia del ser humano de no entender al oso de anteojos, los páramos, las plantas como a hermanos, llevó a la sobreexplotación de estos recursos, y es esa naturaleza quien hoy exige su espacio en el planeta. Igualmente, la fortaleza de las propuestas de las organizaciones sociales frente a la paquidermia institucional para atender la pandemia, no se hizo esperar. Surgió como por encanto el control territorial, algo que ya se hacía, pero no se visibilizaba, porque ello, además, cuestiona la capacidad gubernamental para responder a las diversas crisis de pobreza, orden público y ahora virus. Las guardias cimarronas, del campesinado e indígenas se irguieron altivas y dignas al frente de la construcción de protocolos de bioseguridad que como una muralla enfrentan hoy al Covid-19; algunas en coordinación con las alcaldías, otras con la oposición de estas. Si no fuera por esta dinámica, el Cauca rural estaría infectado hoy. No es presuntuoso llamar a que esta experiencia de participación popular se lleve a política pública, una construcción desde la periferia hacia el centro. La tertulia humana es entonces, un espacio virtual donde pueden llegar todos los que lo deseen, que los servidores o funcionarios adscritos a la institucionalidad participen y se nutran de conocimientos para ejercer la gobernabilidad correctamente. walteraldana2@gmail.com

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Una de las zonas más victimizadas por cuenta de los operativos de erradicación forzada que se han desplegado por distintas zonas del país es, sin dudas, la región conocida como Guayabero, ubicada entre los departamentos del Meta y Guaviare. Actualmente hay una avanzada del Ejército en distintas zonas del país para implementar operativos de erradicación forzada, de los cuales las comunidades campesinas han registrado heridos y, también, asesinatos. Guayabero, en el ojo de la acción militar La más reciente información a la que tuvo acceso Pares tiene que ver con que en la zona del Guayabero, más específicamente en la vereda Tercer Milenio, en Vistahermosa, ha incrementado el pie de fuerza militar y del ESMAD. También han hecho presencia helicópteros en los últimos días. Esta situación en Tercer Milenio ha generado campesinos heridos, capturados y otros desaparecidos. Pares conoció la denuncia hecha por la Alianza Étnica y Comunitaria de Guaviare y Sur del Meta que indica que desde hace 11 días, desde el pasado 26 de mayo, se vienen adelantando opraciones de erradicación forzada por parte del Ejército en esta región. Según las comunidades, hay más de 1.500 campesinos que esperan alternativas por parte del Gobierno Nacional. Sin embargo, han insistido que la presencia del Estado ha sido con graves violaciones a los Derechos Humanos. Asimismo, la Alianza Étnica ha señalado que las situaciones más delicadas se vienen presentando desde la madrugada de este 4 de junio cuando producto de arremetida de los militares hacia los campesinos y campesina quedaron seis campesinos gravemente heridos heridos. La denuncia Los hechos, según la Alianza Étnica, al territorio desembarcaron tropas del ejército, de la policía antinarcóticos y se incrementa el pie de fuerza del ESMAD desde doce helicopteros del Batallón número 1 FUDRA, adscrito al batallón de la Macarena. Este batallón está a cargo del Sargento viceprimero Sosa y el Capitán Alexander Rodriguez Pabo, que según el comunicado, habría violentado a la comunicad que se encontraba en la Vereda el Tercer Milenio Jurisdicción del Municipio de Vistahermosa, Meta, del núcleo veredal de Puerto Cachicamo Guaviare. De igual forma, según la denuncia de Alianza Étnica, el papel del ESMAD fue el de atacar a la comunidad por medio de gases lacrimógenos, bombas aturdidoras y disparos que hicieron que las comunidades huyeran hacia el río Guayabero. Además, al igual que en subregiones como el Pacífico Nariñense, Bajo Putumayo, Nudo del Paramillo, Catatumbo, Cauca; las comunidades han denunciado que la presencia de uniformados del Ejército para la realización de los operativos de erradicación forzada “incumplen el porte de los elementos de bioseguridad que el gobierno ha decretado por la emergencia del COVID19.” Llamado a la soberanía de los derechos humanos La Alianza Étnica ha solicitado que se delegue una comisión humanitaria que visite el Lugar de los hechos para oficializar, verificar y ampliar la presente denuncia y que en solidaridad con los campesinos y campesinas del Guayabero puedan acoger, compartir y difundir esta denuncia para dar pronta solución a la problemática que en estos momentos estamos padeciendo las comunidades campesinas de la Región del Río Guayabero.” Finalmente, sobre la gravedad de la situación la Alianza Étnica ha señalado como responsables al presidente Iván Duque, al general del Ejército Eduardo Zapateiro y a Raúl Hernando Dlores quen es el encargado de la Tarea Conjunta Omega que está desplegando estos operativos. El senador de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Carlos Antonio Lozada, ha señalado en una constancia a la Comisión Primera la situación de la región del Guayabero. En esa constancia, el senador Lozada precisó que los operativos de erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito en la Vereda Tercer Milenio del municipio de Vistahermosa (Meta), deja en grave riesgo a las comunidades campesinas, víctimas de la criminalidad del Estado que ya provoca asesinatos, desapariciones y detenciones arbitrarias de campesinos. Por lo que pide la intervención de la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, para que investiguen estos hechos. En esta región, como en muchas otras en las que Pares ha hecho seguimiento, constatamos que se están adelantando estos operativos y las comunidades han solicitado que por parte del Gobierno Nacional se cumpla con el Plan Nacional Integral de Sustitución de Uso Ilícito (PNIS).

Por: Redacción Pares La variedad de alimentos que comemos, el aire que respiramos, el agua que bebemos y el clima que hace posible nuestra vida en el planeta, no existirían sin los servicios de la naturaleza. Por ejemplo, cada año, las plantas marinas producen más de la mitad del oxígeno de nuestra atmósfera, y un árbol es capaz de limpiar nuestro aire absorbiendo 22 kilos de dióxido de carbono y liberando oxígeno a cambio. A pesar de todos los beneficios que nos brinda nuestra naturaleza, todavía la maltratamos, por eso necesitamos trabajar en ella. Por eso necesitamos este Día Internacional. El Día Mundial del Medio Ambiente, que este año cuenta con Colombia como país anfitrión, es la fecha más importante en el calendario oficial de las Naciones Unidas para fomentar la acción ambiental. Desde 1974, el 5 de junio se ha convertido en una plataforma global de alcance público que reúne a gobiernos, empresas, celebridades y ciudadanos en torno a un asunto ambiental apremiante. En 2020 el tema es la biodiversidad –motivo de preocupación tanto urgente como existencial–. Eventos recientes, como los incendios forestales sin precedentes en Brasil, California y Australia, la invasión de langostas en el Cuerno de África y ahora la pandemia de COVID-19, demuestran la relación inextricable entre los humanos y las redes de la vida en las que vivimos. La biodiversidad y su conexión con el ser humano La biodiversidad es la base que sustenta toda la vida en la tierra y debajo del agua. Tiene relación con todos los aspectos de la salud humana. Proporciona agua y aire limpios, alimentos nutritivos, conocimiento científico y fuentes de medicamentos, resistencia a enfermedades naturales y mitigación del cambio climático. Cambiar o eliminar un elemento en esta intrincada red afecta todo el sistema de vida y puede producir consecuencias negativas. La deforestación, la invasión de hábitats de vida silvestre, la agricultura intensiva y la aceleración del cambio climático han alterado el delicado equilibrio de la naturaleza. ISe necesitarían los recursos de 1,6 planetas Tierra para satisfacer la demanda de los humanos cada año. Si continuamos en este camino, la pérdida de biodiversidad tendrá graves consecuencias para la humanidad, incluido el colapso de los sistemas alimentarios y de salud. La aparición de la COVID-19 ha puesto en evidencia que cuando destruimos la biodiversidad destruimos el sistema que sustenta la vida humana. TA nivel mundial, mil millones de personas son contagiadas cada año y millones de ellas mueren debido a las enfermedades causadas por los coronavirus; y alrededor de un 75% de todas las enfermedades infecciosas emergentes en humanos son zoonóticas,, lo que significa que se transmiten de animales a personas. La naturaleza nos está enviando un mensaje.