Por: Laura Cano. Periodista Pares. Las calles no han dejado de ser el lugar de enunciación de muchos, quienes, a hoy, tras más de dos meses de declarado el aislamiento preventivo obligatorio siguen exigiendo que no se les vulneren sus derechos, principalmente, el de alimentación, vivienda y trabajo, esto en medio de una pandemia mundial que acentuado las desigualdades que han afectado históricamente los sectores más empobrecidos y alejados de la centralidad del país y las ciudades. Según un reporte hecho por Pares hasta principios de mayo se habían registrado 173 protestas en 24 departamentos del país. Estas, no han dejado de presentarse, tanto así que hoy habitantes del barrio Divino Niño (Ciudad Bolívar-Bogotá) y Tierra Buena (Kennedy-Bogotá) de nuevo se tomaron las calles exigiendo respuestas y soluciones para la crisis social por parte de la Alcaldía de la ciudad y el Gobierno Nacional. A esto se agregan otro tipo acciones que han sido rechazadas por varios sectores del país. Motivos que han promovido dentro de la coyuntura actual se convoque a una movilización propuesta para el próximo 15 de junio, la cual se daría en medio de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, y a su vez antecedida por el Paro Nacional realizado desde el pasado 21 de noviembre. Algunos de las razones de esta iniciativa son: 1. Abusos policiales en medio de la cuarentena Pocos días pasaron luego de que se decretara el aislamiento preventivo obligatorio el 25 de marzo, para que las denuncias de arbitrariedades de la Policía contra las y los ciudadanos comenzaran a ser conocidas. Entre estos hechos se señala el hecho denunciado por una mujer contra miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá que operan en los cuadrantes del CAI de Bosa Laureles y en las instalaciones de la Estación Séptima de Policía de la localidad de Bosa, quienes fueron acusados por violencia sexual, robo y extorsión. Por otro lado, el 16 de abril en el barrio El Recuerdo de Ciudad Bolívar se alertó sobre el abuso de un Policía, quien le disparó a Danny Darío Carvajal Castellanos de 23 años, quien luego de ver cómo uno de los agentes agredía con una pistola eléctrica a su hermana, quien está en estado de embarazo, respondió a los policías y estos le dispararon con arma de fuego en dos ocasiones; una en su estómago y otra en su mano. Danny estuvo alrededor de diez días en cuidados intensivos en el Hospital de Meissen. Otros hechos se presentaron en Codazzi (Cesar) el día 22 de abril, en horas de la mañana, cuando un grupo 70 personas estaban protestando en la vía Troncal Caribe, a la altura del Corregimiento de Casacará, cuando un agente de la Institución hace disparos irresponsables y abusivos causando la muerte de Jaider Antonio Brochero Hernández, un joven parecer de 17 años. Un hecho similar fue denunciado el pasado 01 de junio por la comunidad de Puerto Tejada Antioquia, quienes alertaron del asesinato de Anderson Arboleda, un joven de 21 años que recibió reiterativos golpes en la cabeza por parte de un uniformado, lo que causó, en principio, muerte cerebral y horas más tarde la muerte del joven. Asimismo, estas ampliaciones implícitas del poder hacia la Policía han generado una serie de acciones irregularidades en donde se incluye la alta probabilidad par irregularidades en traslados y comparendos, agregándose la difícil capacidad de registro y el subregistro de abusos que esto y la falta de una veeduría institucional. Afirmación que se ve respaldada por el número de denuncias que se registran a diario por abusos policiales, quienes le han dado un sobreuso al argumento de la preservación de la salud y el orden, para hacer de su trabajo un mecanismo de violencia y represión, el cual muchas veces está acompañado por uno de los organismos más victimizante: el ESMAD. Con esto, es necesario no perder de vista los desalojos y abusos que se han generado en Altos de la Estancia desde el pasado 2 de mayo. 2. Asesinatos a líderes y lideresas La cuarentena además de dar vía a la excepción de derechos también ha provocado que la violencia que se registra a diario en las regiones no esté teniendo acompañamiento adecuado. Esto es problemático, ente otras cosas, porque siguen alimentando el subregistro de violencias y los beneficios que esto trae para los sectores que se han opuesto insistentemente a la implementación del Acuerdo de Paz. Aunque no es algo que se haya dado precisamente dentro de a cuarentena, sí es una situación que se ha agudizado en los últimos años, y que con las medidas de aislamiento se permite un mayor control de los grupos armados ilegales tanto para regular la movilidad en los territorios, como para poder realizar sus acciones violentas en un contexto donde los liderazgos y la organización social se ve afectada fuertemente por la coyuntura. En este sentido cabe señalar que según cifras de Sipares desde el 25 de marzo hasta el 03 de junio se han registrado 22 asesinatos selectivos contra líderes y lideresas, siendo el Cauca el epicentro de esta crisis, donde tan solo en el día de hoy se registró el asesinato de Julio Humberto Moreno Arce, líder comunitario y defensor de derechos humanos de Buenos Aires (Cauca). Adicionalmente, se suman las peticiones que han hecho excombatientes para que se tomen medidas efectivas dentro de la actual coyuntura en con quienes están en los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR), donde hay cerca de 9.000 exguerrilleros. Además del abandono a la implementación de los pactado en 2016, lo que ha suscitado en el estancamiento de los puntos del Acuerdo, se ha denunciado también el alto número de asesinatos a personas en proceso de reincorporación, que en el mismo periodo de cuarentena registran un total de 8 casos y 198 en lo corrido de los últimos cuatro años. 3. Corrupción en tiempo de pandemia Otros de los recalamos conocidos hacia la clase dirigente del país son los distintos casos de corrupción y mal uso de recursos, los cuales han sido destinados para atender la pandemia y las situaciones y económicas agravadas con esta. En relación con lo anterior y con lo más investigado por Pares presentado en el informe El cuestionado manejo de recursos públicos en medio de la pandemia , se señala que, durante este tiempo, por lo menos, se han encontrado 313 casos de contratos en los que habría irregularidades, estos se celebraron en 29 de los 32 departamentos de Colombia y su Distrito Capital. Los cuestionamientos en los que estarían estos contratos son: sobrecostos, categoría en la que están 118 documentos; mediación por influencias políticas con 60 hechos; violación del principio de publicidad en el que hay 53 casos; actividad comercial no relacionada con el servicio contratado en donde se hallaron 9 registros; servicio sin relación con Covid-19 pero justificado en este con 8 denuncias; y otros en los que hay 65 hechos. Adicionalmente se identificaron que los departamentos con más indicios de posible corrupción en contratos celebrados durante la pandemia son: Atlántico, Bolívar, César, Córdoba, Valle del Cauca, Antioquia, Caldas y Nariño. Tras se han ordenado algunas sanciones temporales de alcaldes y gobernadores, donde la más reciente fue la realizada al alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, por presuntas irregularidades en la vigilancia a la celebración y ejecución de cuatro contratos de suministro por más $1.590 millones de pesos. Una movilización en deuda En ese sentido, vale la pena nombrar que muchas de las causas que promovieron la organización social se notan más justas y claras con la crisis sanitaria, la cual ha generado otras consecuencias como el incremento en las tasas de desempleo; pobreza; violencias, en especial la basada en género, y un notable tambaleo del acceso a la educación, a la salud y a la vivienda. Así que ahora es necesario no olvidar cada una de las consignas que nos permitieron encontrarnos en las calles. Por otro lado, si bien se resalta que se deben mantener las medidas de cuidado para prevenir el contagio del virus, es necesario subrayar que las movilizaciones no han sido ajenas al contexto de pandemia, pues la calle no ha dejado de ser un lugar de encuentro y convocatoria, pues mientras se intentan seguir lo lineamientos planteados para preservar la salud, hay exigencias que deben ser resueltas ahora y que al parecer están siendo llevadas por la evasiva estatal y distrital.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares De acuerdo con los comerciantes de la Central mayorista, las medidas en la Central de Corabastos en Bogotá frente al Covid-19 por parte de la administración distrital no han resultado efectivas. Una muestra de ello tiene que ver con las protestas que tuvieron lugar en la central desde horas de la madrugada de este 4 de junio. De hecho, una de las decisiones que se tomaron desde la Alcaldía fue cerrar las bodegas a la mitad del cupo, lo que ha traído mayores aglomeraciones tal como se evidencia en los videos que circulan en las redes sociales. Tras la decisión de la cuarentena total en la localidad de Kennedy en Bogotá, la central mayorista se ha visto fuertemente golpeada. Comerciantes, transportadores y trabajadores de Corabastos han señalado que de continuar la violación a su derecho al trabajo la protesta será generalizada. Ante una inactividad en la central mayorista más importante del país, este jueves 4 de junio Mauricio Parra, gerente de Corabastos, se reunió con los representantes de los comercios y esperan la llegada de la alcaldesa Claudia López en horas de la noche. Por ahora, la intención por parte de los comericantes es que se implemente un pico y puesto que permita el trabajo de todos los comerciantes y solucionar las riesgosas aglomeraciones. Paralelamente, se mantiene la incertidumbre por el devenir de una central que impacta miles de hogares, la latente protesta y la presencia del ESMAD. Voces en Corabastos María Cristina García, quien también trabaja en Corabastos, le contó a Pares que la inconformidad viene por cuenta de la forma en que se han implementado las medidas para mitigar el Covid-19. Mucha gente está sin poder trabajar, mientras otros lo pueden hacer. Ellos dicen, con justa razón, ¿de qué van a vivir? Esto ha hecho que, según María, que, al interior de Corabastos, tome fuerza el o todos trabajamos o todos protestamos. Asimismo, señala que estos traumatismos en el funcionamiento de la central de alimentos han generado que la gente no pudiera trabajar hoy y que una buena parte del alimento fuera vendido o regalado a las afueras de Corabastos. María, quien en su puesto en la bodega vende —entre otras cosas— naranja tangelo, mango, mandarina, cuenta que se ha sentido el golpe en la pandemia en cuanto a la venta de los productos. Intención que no da resultados Pares también habló con Sandra Ballén, quien también trabaja en la Central de Corabastos, sobre los retos que ha traído la pandemia y las dificultades producto de las decisiones del distrito para mitigar el impacto en la central de alimentos más importante del país. Según Sandra, el distrito lo que ha intentado hacer es disminuir el número de gente que diariamente entra a Corabastos. Sin embargo, no han podido organizar de manera adecuada a los propios comerciantes. Por ejemplo, insiste Sandra, con la iniciativa de cerrar media bodega —bodegas compuestas por varios puestos—se ha aglomerado todo el mundo en media bodega. Es decir, todos los puestos que iban a estar en una bodega completa se reúnen en lugares más pequeños donde el contacto es más probable. Cierre, malestar y protesta En este momento, señala Sandra, existe la intención del cierre completo de cuatro (4) bodegas, sin embargo, cuenta que las personas de estas bodegas han propuesto que pongan un ‘pico y puesto’ que, de una vez, permita que el flujo de personas se reduzca al 50%. Al igual, buscan que las bodegas impares cierren un día y lo propio lo hagan los pares. En este sentido, señala Sandra que la propuesta busca que el día de funcionamiento, bien sea par o impar, se abra de manera completa la bodega para mitigar las aglomeraciones. Estas son propuestas que se han adelantado a lo largo de este jueves 4 de junio entre comerciantes y la administración. Éstas aguardan el arribo de la alcaldesa Claudia López, quien anunció que haría presencia a la central de alimentos esta misma noche. Sandra señala que la situación de la central no puede continuar así ya que dos días de cierre significa un colapso en alimentos para agricultores, comercio y el abastecimiento. El tema de bloqueo en las descargas, de acuerdo con Sandra, tiene que ver con una forma de protesta para que el distrito escuche la situación económica y social que se vive en Corabastos, precisa. De acuerdo con Sandra, uno de los temas que más preocupa es que hay bastante alimento represado. Desde ayer hay mercado en los puestos y en los camiones, eso es mercado que se empieza a deteriorar debido a la lluvia, y el sol. Eso generará que parte del mercado se pierda. El que sobreviva bajará su calidad y, de esta forma, representará una baja en los precios porque como llega tanto; genera que la oferta sea muy alta haciendo que el precio se desvalorice. Sandra, al igual que muchos de los comerciantes de Corabastos esperan que la alcaldía y el ministro de Agricultura le den solución a esta situación para que se pueda continuar comercializando porque el impacto negativo no solo tiene que ver con el desabastecimiento; sino en la cadena de producción campesina que implica miles de hogares en Colombia. Por ahora, los agricultores han manifestado que, de continuar la situación así, habrá un sector que irá a la quiebra porque la baja del producto puede ser tal que ni siquiera alcanza la inversión hecha por los agricultores. «Por ejemplo, de las bodegas que van a cerrar, la mayoría de los productos que vienen son de Boyacá, estos cultivadores están muy preocupados. Han señalado que de seguir así tendrán que regalar el mercado porque de otro modo se dañará”.

Por: Javier Alejandro Jiménez González. Investigador Pares. El asesinato de los sabedores o médicos tradicionales María Nelly Cuetia Dagua y Pedro Ángel Trochez, fue el más reciente hecho violento cometido contra un líder o lideresa en el departamento del Cauca, en el municipio de Corinto. Dos muertes que se suman a la larga lista de personas que son silenciadas por representar los valores y saberes ancestrales de las comunidades indígenas. Hechos que al parecer, para la agenda nacional no tienen la misma relevancia que la expansión del COVID19, que si bien viene cobrando la vida de miles de ciudadanos por cuenta del contagio, no rebasa al virus de la violencia sociopolítica en contra de líderes y lideresas sociales que aumenta año tras año, en el silencio más despiadado. Desde distintos análisis territoriales que ha venido adelantando la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, se ha advertido que el Norte del Cauca es una de las subregiones del país donde la violencia armada no ha dado tregua desde la firma del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las FARC-EP, ni mucho menos se ha logrado la presencia estatal a través de una institucionalidad sólida capaz de garantizar el goce efectivo de derechos, brindando una respuesta efectiva a las demandas históricas de las comunidades indígenas, afros y campesinas que allí convergen. El accionar de Grupos Armados PostFarc, la continuidad de actividades económicas ligadas a la cadena de valor del narcotráfico y el despliegue estatal de un mayor pie de fuerza militar sigue acentuando los escenarios de riesgos de esta subregión. Ante este contexto adverso, las comunidades indígenas vienen implementando la ‘Minga hacia dentro’ como estrategia de resistencia y autoprotección de sus comunidades tanto para prevenir y mitigar los impactos del COVID19 como para protegerse de los ataques sistemáticos contra estas comunidades, especialmente en el Norte del Cauca, donde las instituciones del Estado no logran garantizar la vida de esta población. Esto ha significado el fortalecimiento de los 388 puntos de control[1] existentes, donde transitan las casi 9000 guardias indígenas que protegen los territorios colectivos, según cifras del Consejo Regional Indígena del Cauca. La pandemia de la violencia Hasta el momento, distintos análisis de centros de pensamiento y observatorios de DD.HH no han dado cuenta de la incidencia directa de la pandemia en el aumento de la violencia, sin embargo, la percepción de líderes y lideresas indígenas de estos territorios sí denota un aumento del accionar de agentes ilegales en los territorios y de incidentes de seguridad en su contra. Pares habló con un Coordinador de Guardia indígena del resguardo de Huellas en Caloto, quien incide en diferentes puntos de control y ha estado en riesgo debido a diversas labores de protección comunitaria y la defensa del territorio y sobre la situación expresa: “Por mandato de [las] comunidades hemos tomado la posición de hacer control del territorio frente a lo que viene sucediendo de amenazas, atentados y también a extorsiones a nuestros comuneros. Frente a estos hechos, igualmente veníamos haciendo un control [desde] la guardia indígena junto con las autoridades en los puntos de control que tenemos en el resguardo. En ese espacio hacemos control territorial y lo que hacemos en el punto de control decimos: no permitimos grupos armados dentro del territorio de ninguna clase, ni de derecha ni izquierda, pero también dijimos no queremos narcotráfico y también vamos a controlar la cuestión de motos robadas e indocumentadas (sic).” La armonización territorial y la protección de las familias moradoras de los distintos resguardos son sus imperativos y su norte, razones que les ha conllevado a enfrentarse contra actores armados legales e ilegales, especialmente aquellos interesados en el uso del territorio ancestral para su avituallamiento y descanso, evitando su aprovechamiento para el beneficio de las economías ilegales. Esto les ha significado ser objetivos militares por parte de estructuras armadas ilegales, ya que se identifica como una forma de obstaculizar actividades de narcotráfico en su territorio: “El asesinato de nuestra autoridad NE’J WE’SX , Edwin Dagua, la situación ha sido muy compleja porque desde ahí se han presentado muchos atentados a nuestros guardias y líderes, y a mí personalmente en todos los espacios que me muevo he tenido dificultades de grupos armados que no quieren que nosotros hagamos el ejercicio de control territorial.” Guardias indígenas, objetivo militar No es nuevo que las guardias indígenas sean objetivo militar, ya que cuando la extinta guerrilla de las FARC-EP estuvo activa en este territorio también agredió en distintas ocasiones a estos cuerpos de autodefensa civil y pacífica. Lo preocupante de este panorama es que con el resquebrajamiento de la guardia indígena también se sigue fracturando la comunidad del Cauca, que aún no cuenta con una protección integral y permanente por parte del Estado. Por tal motivo, en esta coyuntura de aislamiento social para prevenir la pandemia, las propias autoridades indígenas han doblado sus esfuerzos para evitar cualquier mal que pueda aquejar estas comunidades y sus familias. “…después de que se presentó la pandemia a nivel mundial tocó cambiar la dinámica de trabajo en los territorios, pero también a nosotros personalmente con la cuestión de la cuarentena que para nosotros –digo los guardias – no fue descanso, fue una situación más compleja de lo que estamos viviendo porque de estar en cuarentena y detener las familias dentro de las comunidades y que no salgan hacia el pueblo, pero que también que no entren personas extrañas de fuera de otros pueblos, otros municipios. ¿Qué es lo que ha mandatado las comunidades? Cuidarnos nosotros.” Como lo señala el Coordinador de Guardia, el mandato de las comunidades indígenas es el de protegerse a sí mismas ante este complejo escenario de riesgo, sin embargo, durante estos últimos días se ha visibilizado nuevamente acciones de estigmatización y discriminación social por parte de sectores políticos que representan las élites tradicionales del Cauca, debido a unas imágenes compartidas por redes sociales en las cuales relacionaban a los miembros de guardia con estructuras armadas ilegales. Este tipo de manifestaciones generan una legitimidad y exacerbación de acciones violentas contra los líderes sociales bajo un manto de total impunidad social: “…ellos dicen que nosotros hacemos parte de grupos armados, pero nosotros lo que hacemos es cuidar a la comunidad. No estamos de ningún lado, entonces esa es la situación que venimos pasando dentro del territorio y personalmente a mí como persona como coordinador de guardia me corresponde estar en todos, entonces es difícil, es duro porque la situación no es buena. Toca estar con cuidado en este espacio. Vamos a seguir en este espacio que ha mandatado la comunidad, a pesar de que hay miedo por nuestras familias y comunidades. Y personalmente vamos a echar este proceso hacia adelante.” Ya han pasado más de tres años desde la firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón, documento que recogió en su capítulo étnico la garantía para el fortalecimiento de los sistemas de seguridad propios de los pueblos étnicos, lo que al parecer sique siendo letra muerta. Tres años en los cuales continúan las agresiones constantes a las comunidades indígenas, además de los improperios por cuenta de la estigmatización y el racismo hacia los hermanos mayores impulsado por terratenientes y élites políticas del departamento. En este sentido, vale la pena preguntar: ¿quién protege a esas personas que han sido – como lo expresan los indígenas – mandatados para cuidar a sus comunidades? *A continuación podrá escuchar el testimonio completo: —————- [1] Los puntos de control son lugares donde la Guardia indígena hace vigilancia y control de la movilidad de personas desde y hacia sus las comunidades.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Hubo un remezón este 2 de junio en el que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció la salida de seis (6) generales del Ejército Nacional. Esto, en el marco de la polémica que pesa sobre las Fuerzas Armandas. Entre otras cosas, la mala hora es por cuenta de denuncias de ejecuciones extrajudiciales en el marco de los operativos de erradicación forzada, la llegada de tropas estadounidenses —que ha desatado preocupación por el equilibrio de poderes—el papel del ministerio frente al recrudecimiento de los asesinatos de líderes, lideresas y firmantes de paz, un nuevo capítulo de chuzadas y, recién, un general que estaría salpicado en la “ÑeñePolítica”. Ñeñe política salpica toldas en el Ejército Frente a las bajas, en el marco de las polémicas que pesan sobre los hombros el Ejército, el ministro declaró “En lo que tiene que ver con la posible violación de la ley, todos ellos gozan de la presunción de inocencia y tienen derecho a un debido proceso. Hablar de si hay un hecho o no que vinculen todos los casos no es apropiado desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de las garantías”. De hecho, el ministro precisó que lo que está pasando en El Ejército es que se están tomando decisiones administrativas. Esto para referirse a casos en que Generales han solicitado retiro. Sin embargo, llama especialmente la atención que uno de estos generales es, Raúl Antonio Rodríguez Arévalo quien presuntamente estaría vinculado con Ñeñe. De acuerdo con lo que ha podido conocer la opinión pública, la acción se habría hecho para que el general Raúl Antonio Rodríguez Arévalo pudiese defenderse del caso en el que lo vinculan con José Guillermo Hernández Aponte ‘Ñeñe’, pero por fuera de las filas del Ejército Nacional. Cabe recordar que el general Rodríguez Arévalo fue reconocido en una fotografía que circula en las redes sociales en la que está en compañía del polémico ganadero ‘Ñeñe’ Hernández, en una fiesta de 15 años. El general se desempeñaba como jefe del Estado Mayor de Operaciones del Ejército. Tanto el general Rodríguez Arévalo como el general Jorge Arturo Salgado enfrentan un caso en el que, supuestamente, se habrían beneficiado de ‘coimas en la Cuarta Brigada. Erradicación y tropas estadounidenses Uno de los más dramáticos hechos que se han presenciado en la era de Holmes, ha sido la victimización en contra del campesinado por cuenta de los operativos de erradicación que se vienen adelantando en subregiones como Pacífico Nariñense, Bajo Putumayo, Bajo Cauca Antioqueño y el Catatumbo. De hecho, de acuerdo con la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) en lo corrido del 2020 se han registrado tres (3) casos de Ejecuciones Extrajudiciales. Los ánimos no pueden estar menos caldeados pues la decisión sobre este asunto del Gobierno Nacional, en cabeza de Holmes Trujillo, ha respaldado la llegada de tropas de el Ejército de los EE. UU. De acuerdo con la misma cuenta de la Brigada SFAB, ésta “realiza y apoya operaciones multinacionales y coopera en materia seguridad”. De acuerdo con el ministro, este personal asesorará dentro de las unidades militares a los Estados Mayores de las Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, Vulcano, Omega y de la Brigada Contra el Narcotráfico. En ningún momento habrá tránsito de tropas ni participarán en operaciones militares. Las operaciones las desarrollan exclusivamente tropas colombianas, señaló. En busca de la soberanía Sobre el propósito de las tropas en suelo colombiano, la senadora Aída Avella ha señalado en redes sociales su preocupación diciendo: El Congreso de los Estados Unidos se ha hecho preguntas entorno a la misión, medios y resultados de la Brigada SFAB, que prendió la guerra en Irak y Afganistán, y que ya llegó a Colombia. El Ministro de Defensa tiene mucho que explicarle al país.” Por su parte el Consejo de Estado, en cabeza de su presidente Álvaro Namén Vargas, le envió una carta al presidente Duque solicitando los motivos del arribo de las tropas estadounidenses. Incluso, en la misiva refieren que la solicitud se hace “en virtud de la Constitución Política (artículos 173-4 y 237-3), el tránsito de tropas extrajeras por el territorio nacional demanda la intervención de distintas autoridades del poder público, entre las que se encuentra el Consejo de Estado”. Debajo de la alfombra ministerial Desde su arribo al ministerio de defensa, el pasado 16 de noviembre, la era de Holmes ha visto cómo continúan los asesinatos de líderes y lideresas sociales en Colombia. De hecho, este 3 de junio fue asesinado Julio Humberto Moreno Arce, líder que vivía en Buenos Aires (Cauca), de la vereda La Balsa. Otro hecho que mantiene el ojo del huracán a la era Holmes, es el recrudecimiento de la violencia letal en contra de firmantes de paz. En 2020, han sido asesinados 28 exguerrilleros, el más reciente Herney Betancourth, en Campoalegre (Huila) el pasado 31 de mayo. Asimismo, el asesinato de los familiares de excombatientes que, para 2020 ya suma 22 casos Jhon Carlos Montaño, hijo de firmante de paz, de 19 años, fue asesinado en Algeciras, Huila. Ante el caldeado ambiente que rodea a la Fuerzas Militares, el ministro Holmes Trujillo lideró la renovación del denominado juramento de lealtad. De acuerdo con el ministro, la campaña de ‘transparencia e integridad institucional “Sí, Juro”; “será el compromiso sentido de cada soldado con su honor, con su uniforme, con nuestra institución que no puede defraudar”. Otro que se refirió a este hecho fue, justamente, el comandante del Ejército Nacional, Eduardo Zapateiro Altamiranda, quien precisó que el “Sí, Juro”; es ejemplo de moral, valor, entrega y sacrificio desde el mismo momento en que decidimos defender el país y juramos protegerlo. #SíJuro es revivir la pasión del amarillo, azul y rojo. En el marco de esta campaña, anunció la creación del cargo de inspector delegado para la Inteligencia y Contrainteligencia en cada una de las Fuerzas de Tarea, en lo que denominó “Operación Verdad”. Ésta pretende, entre otras cosas —según el ministro— «impulsar la prevención, fortalecer el control y mantener la política de cero tolerancia frente a la corrupción»; por medio de la ‘Estrategia Conjunta de Integridad y Transparencia de las Fuerzas Militares». De acuerdo con el ministro, la campaña de ‘transparencia e integridad institucional “Sí, Juro”; “será el compromiso sentido de cada soldado con su honor, con su uniforme, con nuestra institución que no puede defraudar”. Crisis al interior Así las cosas, tras la renuncia de Guillermo Botero Gil como ministro de defensa —que fue aceptada por el presidente Duque el pasado 6 de noviembre de 2019—el ministerio de Defensa continúa de escándalo tras escándalo. Hoy por hoy, una de las carteras ministeriales más poderosas, como lo es el sector de Defensa, está al mando de Carlos Holmes Trujillo y el panorama no mejora. Holmes Trujillo, cercano de las toldas uribistas, incluso se ha referido a la situación de las Fuerzas Militares tal como lo ha señalado Léon Valencia quien, en sus palabras, escribió: ‘Carlos Holmes Trujillo ha reconocido que existe una profunda división en las filas’.

Por: Jairo Alexander Castaño. Investigador regional Oficina Regional Pares-Pacífico. El reciente asesinato de George Floyd, un hombre negro de 46 años de edad que murió asfixiado por un policía blanco en plena vía pública de Minneapolis en los Estados Unidos, se suma a la larga lista de asesinatos por parte de cuerpos policiales contra personas negras en países como Brasil (incluidos niños y niñas), Haití, República Dominicana y Colombia. En el municipio de Puerto Tejada en el Norte del Cauca se denuncia desde hace una semana que Anderson Arboleda, un joven negro de 21 años, murió en una clínica tras recibir varios golpes en la cabeza con el ‘bolillo’ en medio de un procedimiento de la policía frente a su casa en días de cuarentena. Estas muertes ponen en evidencia los prejuicios que orientan la acción de las fuerzas de policía como rezago de una estructura social colonial esclavista en el continente americano: el uso de la violencia física letal directa aplicada contra los cuerpos negros constituye una práctica racista heredada y reproducida por los estados modernos en la actualidad. De acuerdo con cifras de Goodman y Moynihan sobre homicidios entre 2017 y 2020 en los Estados Unidos, los afroestadounidenses tienen el doble de posibilidades de ser asesinados por la policía en comparación con los blancos. Desigualdades y desventajas Otra forma de observar la presencia del racismo y de prácticas institucionales racistas en el presente latinoamericano y mundial, tiene que ver con la combinación entre desigualdad e indicadores socioeconómicos y de calidad de vida negativos para la población negra. Además, la pandemia del COVID-19 parece estar tomando color de piel con un impacto enorme sobre las poblaciones afrodescendientes en los EE. UU en términos de contagio y tasa de letalidad. Estas desventajas acumuladas dejan expuestas las desigualdades y evidencian un riesgo que se puede reflejar en los territorios de mayorías afrodescendientes y en las ciudades donde vive la gente negra en Colombia. Foto: Pares. Las favelas en Rio de Janeiro, los “Guetos” en las grandes ciudades norteamericanas y los barrios populares del distrito de Aguablanca en Cali y Buenaventura, son ejemplos actuales de contextos que presentan condiciones de vida precarias, crimen, desempleo, violencia, ausencia institucional y procesos de segregación residencial urbana, al tiempo que son lugares donde se concentra o sobre representa la población negra o afrodescendiente. Según los datos a la fecha del COVID-19 en el país, las ciudades donde está la gente negra en Colombia son donde más están creciendo los contagios. En Cartagena, Tumaco, Barranquilla, Cali y Buenaventura, donde habitan una tercera parte de los afrodescendientes de Colombia, el nuevo coronavirus está fuera de control y cuentan con una capacidad reducida en respuesta hospitalaria. Aunque apenas equivalen al 10,2 % de la población, concentran el 30,1 % de todos los casos positivos de COVID-19 y cuatro de cada diez muertes del país ocurren en alguna de estas ciudades. Racismo institucional/estructural en el Pacífico Basándose en resultados estadísticos y estudios socio-históricos sobre las grandes desigualdades y exclusiones que enfrenta la población negra en Colombia (predominantemente urbana). Investigadoras como Mara Viveros de la Universidad Nacional, Fernando Urrea y Carlos Viáfara de la Universidad del Valle y Edward Telles de la Universidad de Princeton, plantean la existencia en Colombia de una estructura social pigmentocrática articulada a una ideología de “blanqueamiento” (disfrazada de mestizaje) de la población, y en la que las personas de piel más clara se ubican en la cima de la pirámide y las personas de pieles más oscuras en la base. Un ejemplo de lo anterior lo encontramos en los resultados sobre pobreza medida por el Índice de Pobreza Multidimensional -IPM- con base en los resultados del último censo de población realizado por el Dane en el 2018. Aunque este censo presenta una tasa de omisión muy alta que afecta la calidad de los datos a nivel regional y que según lo denuncia el Proceso de Comunidades Negras (PCN) dejó por fuera a por lo menos un millón y medio de afrodescendientes, se encuentran resultados coincidentes con las tendencias reflejadas en otros estudios realizados sobre el IPM y otras encuestas especializadas que incluyen la variable de autoreconocimiento étnico/racial: el Pacífico Colombiano de mayorías afrodescendientes es una de las regiones más pobres del país. Cuadro 1. IPM en los Municipios del Andén Pacífico. Fuente: DANE. De acuerdo con los datos, en la mayoría de municipios del andén pacífico el porcentaje de IPM se concentran en el rango de 50% a 75% y de 75% y más, revelando una alta vulnerabilidad de estos hogares de acuerdo con el indicador sintético de pobreza multidimensional, siendo el caso más grave el del municipio del Litoral de San Juan (83,1%) en el Chocó, el de López de Micay en el Cauca (81,2%) y el de Olaya y El Charco (75,9%) en Nariño. Tumaco y Buenaventura son los centros urbanos más importantes, aun así, presentan cifras alarmantes de pobreza multidimensional del 53,7 % y 41,0 % respectivamente. Además de lo anterior, en todos estos municipios o territorios de poblaciones étnicas también se ha ensanchado con crudeza el conflicto armado, la violencia en el postconflicto y la inseguridad. Un ejemplo de lo anterior lo encontramos en los municipios de López de Micay, Guapi y Timbiquí en el pacífico Caucano, donde ocurren constantemente violaciones de derechos humanos por la presencia de varios actores armados en un escenario regional de reconfiguración del poder y de disputas por el control territorial y las rentas ilegales de la minería y la coca, en los tres municipios, PARES registra presencia del ELN, GAPF como el Frente Oliver Sinisterra, La Gente de Guacho y el Frente 30, y las AGC. En las últimas semanas la Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo Negro de la Costa Pacífica del Cauca (Cococauca) viene alertando sobre la alarmante crisis humanitaria que vive la gente negra por el recrudecimiento del conflicto armado en la costa pacífica del Cauca, denunciando las constantes represiones, confinamientos, desapariciones, secuestros, amenazas, intimidaciones, combates y asesinatos ocurridos a lo largo de los últimos 17 meses en los municipios de Guapi, Timbiquí y López de Micay. El sesgo racial y/o de color de piel del Covid-19 Otra dimensión presente del racismo estructural en Colombia comienza a manifestarse a medida que avanza la pandemia en ciudades y regiones de alta concentración de población Negra/Afrocolombiana/Raizal/Palenquera (NARP): todo indica que el COVID-19 está tomando color de piel y las ciudades de gente negra son las más afectadas por los contagios y muertes. Tasa de contagio (casos positivos acumulados) por cada cien mil habitantes en municipios con presencia importante de población NARP, 6 de marzo a 02 de junio de 2020. Fuente: Pares-Pacífico a partir de los reportes del INS. El gráfico presenta la tasa de casos positivos acumulados de COVID-19 por cada cien mil habitantes en un periodo de tres meses (6 marzo a 02 de junio). Como era de esperar, a medida que se fueron flexibilizando las medidas de confinamiento obligatorio general, comenzó el crecimiento sostenido del virus en Colombia y exponencial en algunas ciudades donde impactó más la reactivación de muchas de las actividades económicas y de servicios. Todas las cinco ciudades superan de lejos el promedio nacional, en el periodo del 7 de abril al 5 de mayo Cali toma la delantera con mayor proporción de contagiados seguida de Cartagena. En los municipios de Tumaco y Barranquilla se observa un incremento en los casos positivos en la primera semana de mayo, aunque se mantienen por debajo de la tasa de Cali. Pero es para mediados del mes de mayo cuando se disparan las cifras de contagiados en Tumaco, Cartagena y, un poco más atrás, Barranquilla, comenzando una escalada exponencial que todavía no llega a su máximo. La situación de Buenaventura comienza a ser muy preocupante a partir del 19 de mayo cuando supera el promedio nacional con un crecimiento pronunciado de contagios en el tiempo que termina por alcanzar a Cali para el 26 de mayo. En la actualidad está a la par de Barranquilla en proporción de casos positivos por cada cien mil habitantes y presenta una tendencia de crecimiento al ritmo de ciudades como Cartagena y Tumaco. Los datos demuestran que estos cinco territorios concentran casi una tercera parte de los casos positivos en todo el país, siendo que en términos poblacionales representan apenas el 10,2 % de la población total, lo que permite comenzar a plantear de manera indirecta que el Covid-19 tiene color de piel y es necesario que la política pública de contención y atención de la pandemia reconozca esta dimensión. En lo concreto, el Instituto Nacional de Salud debería dar instrucciones para que sea incorporada la variable étnica/racial en los registros de la pandemia que vienen adelantando las instituciones prestadoras de servicios de salud. Las vidas negras importan En el marco del decenio de los y las afrodescendientes declarado por la ONU entre el 2015 y el 2024, no se puede seguir reproduciendo una necro-biopolítica entendida como un conjunto de técnicas para promover la vida y la muerte basadas en atributos que califican y distribuyen cuerpos en una jerarquía que asigna la posibilidad de reconocimiento como humano y que, por lo tanto, determina quienes deben ser eliminados y quienes deben vivir. Parafrasenado a la gran feminista y ex pantera negra Ángela Davis: “En una sociedad racista, no es suficiente con no ser racista, hay que ser antirracistas”. Según el DANE, el Pacífico Colombiano de mayorías afrodescendientes es una de las regiones más pobres del país. Foto: Pares. En tal sentido, es momento de plantear el debate sobre el racismo en épocas de pandemia en el que se hacen evidentes las desventajas de la población negra que es violentada por las autoridades policiales, es atendida en una precaria infraestructura en salud y con una crisis social y sanitaria que se agrava constantemente. Estos territorios requieren de medidas especiales por parte del Gobierno como forma de tomar una actitud antirracista que no les haga pagar los platos rotos de la desigualdad, nuevamente como en el conflicto armado, a zonas afectadas históricamente por el abandono y racismo institucional/estructural.

Por: Redacción Pares La Procuraduría General de la Nación suspendió, este martes, provisionalmente y por tres meses, al alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, dentro de la investigación que se adelanta por presuntas irregularidades en la vigilancia a la celebración y ejecución de cuatro contratos de suministro por más $1.590 millones de pesos. El órgano de control investiga presuntos problemas en la selección del contratista, vulneración de los principios de la contratación, sobrecostos y posibles irregularidades en los estudios de mercados de los negocios jurídicos 01 de 2020 por $500 millones de pesos, 02 de 2020 por $350 millones de pesos, 03 de 2020 por $300 millones de pesos, y 04 de 2020 por $442.340.500. Asimismo, un posible abuso de las potestades contractuales que llevaron, al parecer, a dirigir y seleccionar indebidamente proveedores sin idoneidad, mediante el mecanismo de contratación directa, durante la emergencia sanitaria derivada del Covid-19, que pueden advertir el quebrantamiento de los principios de la contratación y moralidad administrativa. La medida cautelar de la Procuraduría se tomó para evitar que el investigado continúe con las conductas presuntamente irregulares relacionadas con la falta de vigilancia y control de la contratación que había delegado a sus subalternos, sobre las etapas restantes, es decir, la ejecución y liquidación de los negocios jurídicos. Para el órgano de control la inactividad del alcalde ante las presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de los contratos, permitieron considerar que la permanencia del funcionario advertiría la posibilidad de continuar dichas irregularidades, comprometiendo los intereses públicos y la defensa del patrimonio del municipio de Armenia. El ente de control consideró que estas presuntas irregularidades permitían inferir que, aunque el alcalde advirtió que no contrataría más, si se tratasen de otros procesos y otras contrataciones relacionadas con la pandemia, el mandatario local reiteraría estas conductas, dado que el municipio de Armenia tiene un plan de compras y adquisiciones que supera los $100.000 millones y la contratación pública es una actividad permanente, que no depende de la voluntad de un funcionario, sino de las necesidades del servicio y de los ciudadanos. En razón a que el alcalde solicitó a sus subalternos la elaboración de informes con el propósito de establecer si las irregularidades investigadas por la Procuraduría son ciertas o no, partiendo del hecho de que todo estaba bien, el órgano de control enfatizó en que esta instrucción genera un sesgo y compromete la objetividad e imparcialidad de la administración a la hora de evaluar las presuntas irregularidades, además de que posiblemente estaría utilizando recursos de la entidad para los fines de su defensa. Dado que se advirtieron conductas que afectan la moralidad administrativa por parte de los contratistas y los funcionarios de la administración, se consideró procedente remitir copia a la Delegada para la Conciliación Administrativa, para que analice la viabilidad de activar los medios judiciales de control de las contrataciones. Además, llamó la atención sobre posibles falsedades y conflictos de intereses en la gestión de estos negocios jurídicos. En este proceso también se investiga a la directora del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, Gabriela Valencias Vásquez (para la época de los hechos), y al subdirector, José Javier Acero Osorio; al secretario de Desarrollo Social, Juan Carlos Patiño Zambrano, y al asesor del despacho del alcalde, Jorge Luis Barrera Chiquita (para la época de los hechos).

Por: Redacción Pares Ante el continuo incremento de casos y muertes por el coronavirus en la región, la doctora directora de la Organización Panamericana de la Salud llamó este martes a redoblar los esfuerzos en la contención del virus y apeló a la unidad regional para derrotarlo. En Colombia, el último informe del Ministerio de Salud entregado este martes 2 de junio confirmó 1.340 casos nuevos, 40 fallecidos más para un total de 1.009, mientras que 11.142 pacientes se han recuperado. Bogotá se mantiene como la ciudad más afectada por el COVID-19. Durante la rueda de prensa semanal donde se analiza la situación de la enfermedad en la región, Carissa Etienne destacó que, de los 732.000 nuevos casos de la enfermedad a nivel global, más de 250.000 se produjeron en países de América Latina y que en la totalidad de las Américas se registraron más de la mitad de los nuevos casos reportados a nivel mundial. «La curva epidemiológica sigue aumentando bruscamente en muchas zonas. Esto significa que mañana habrá más gente enferma que ayer. Las economías seguirán bajo presión y las sociedades se enfrentarán a un nuevo modo de vida que se les impone», destacó. Añadió que nos encontramos ante una grave situación, pero que no es desesperada mientras que nuestro enfoque para derrotar el virus se base en la solidaridad. «Debemos trabajar juntos, compartir los recursos y aplicar las estrategias que hemos aprendido a lo largo de nuestro camino. Esta es nuestra puerta de salida», especificó. Los casos aumentan en países como Brasil, Colombia, Chile, Perú y México. América Central y del Sur se han convertido en la zona más intensa de transmisión del COVID-19 en el mundo y aún no se ha llegado al pico de la pandemia. Los sistemas sanitarios ya comienzan a sufrir la presión en algunos países donde los casos siguen en un aumento progresivo. La gran densidad de población en los entornos urbanos y la pobreza extendida son algunos de los factores que están impulsando la situación. “Se trata de Brasil, Estados Unidos, Perú, Chile y México”, aseguró este lunes el director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Michael Ryan, durante la conferencia habitual sobre COVID-19. ¿Podemos creer que el virus ha reducido su potencia? Preguntados por un estudio en Italia que indicaría que el virus está perdiendo potencia, los expertos de la Organización Mundial de la Salud dijeron que no conocían los detalles, pero alertaron que el virus sigue siendo peligroso, ya que ni su transmisibilidad ni su potencia han cambiado. Un 20% de los enfermos siguen teniendo síntomas graves. Ryan explicó que hablarán con los científicos italianos, pero de momento, insistió, que no se pueden asumir riesgos. Hay que tener cuidado. Este es todavía un virus que mata. Miles de personas mueren cada día por este virus. Hay que ser extremadamente cuidadosos en no crear la sensación de que el virus, por voluntad propia, ha decidido ser menos patógeno. No es el caso en absoluto. Brasil registra aumentos constantes Preguntado por las consecuencias que pueden provocar las numerosas concentraciones en Brasil, el director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la Organización, el doctor Marcos Espinal, recomendó evitar las aglomeraciones y señaló que durante la última semana aumentó en un 44% el número de casos en el país, mientras que en las municipalidades el número de casos creció de un 53% a un 68% entre el 11 y el 25 de mayo. «Si nos lavamos las manos, pero vamos a una manifestación de masas sin usar mascarilla y sin mantener la distancia social, entonces vamos a continuar diseminando la enfermedad. También hay que pensar en nuestros mayores de edad que están confinados y cuando lleguemos a la casa quizás les vamos a transmitir la enfermedad«, apuntó. En términos generales indicó que la situación en el país sudamericano es muy delicada e indicó que, aunque mejoró no ha llevado a cabo el suficiente número de pruebas diagnósticas y le emplazó a aumentarlas. Espinal también mostró su preocupación por la alta ocupación de camas en las salas de cuidados intensivos de muchos estados, como el 80% registrado en Ceará, Amapá o Maranhão, situados al noreste del país. Para mejorar la situación sugirió continuar trabajando juntamente con la Organización Panamericana de la Salud para tratar de reducir el ritmo de avance de la epidemia, minimizar el número de muertes y proteger a la población brasileña.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Los decretos y medidas implementadas durante el Estado de Emergencia Económico, Social y Ecológico seguramente han provocado muchos cuestionamientos en quienes han debido adecuarse a estos, pues pareciera que, por la preocupación de salvaguardar la salud, por miedo o cuidado también debemos acceder a estos, omitiendo la necesidad de claridades para la ciudadanía, sino solo con la orden de acatarlos. En este sentido vale señalar la más reciente medida implementada por Claudia López a través de la aplicación digital Gobierno Abierto de Bogotá (GABO), en la que se genera un registro llamado Bogotá Cuidadora, que requiere que quienes salgan deban en dicho formulario informar nombre, cédula, dirección de residencia, localidad y número de teléfono celular, hora a la que se sale casa, localidad hacia donde se dirige, cómo se moviliza y la hora estimada de llegada. Además, de requerir que para el uso de esta de deba permitir el acceso a la cámara, ubicación y archivos. Intimidad y privacidad en riesgo Es necesario mencionar que en las últimas horas la alcaldesa se refirió a la decisión afirmando que se derogaría el parágrafo que ha generado confusión y discusión. No obstante, el Decreto 131 del 31 de mayo de 2020 continúa presentado la medida como una obligación: “todas las personas exceptuadas de la medida de aislamiento obligatorio y que deban movilizarse, se inscribirán a través del formulario”, adicional faculta a la Policía de imponer sanciones a quienes no hayan hecho el registro, incluso cuando a través de redes sociales Claudia López ha asegurado que esto será voluntario. ¿Basta con aclarar que hubo un error, decir que se arreglará, pero no hacerlo, aun cuando ya empezó a regir el Decreto? Asimismo, Luis Ernesto Gómez, Secretario de Gobierno, afirmó en entrevista con WRadio que, si bien no es obligatorio, “si se trata de un negocio como una peluquería, que no tiene un área de Talento Humano, como las empresas, entonces en ese caso sí es necesario el registro”, lo que representaría profundas desigualdades y riesgos que se están siendo tratados sin mayor profundidad y análisis. A esto se agrega que, hasta el momento, más allá del resguardo de la salud no se han presentado rutas o un análisis que constate hasta dónde va la medida, qué alcances tiene, qué entidad va a ser garante de que las aclaraciones que hizo la alcaldesa realmente se cumplan, que no haya más abuso de la Policía respaldados en la medida. Esto partiendo del riesgo que implican las restricciones de la libertad y el control político que hay con esta determinación debería, como mínimo explicar este tipo de cosas. Además, tampoco se ha puesto sobre la mesa las facultades de los empleadores dentro de esta medida ¿tiene un jefe el derecho de hacer obligatorio el registro de los datos en la plataforma? Pedro Vaca, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), señaló a través de Twitter: “La intimidad y la privacidad no son derechos cosméticos, son trascendentales para la vida democrática. Forzar que los ciudadanos renuncien a su privacidad -a través de apps- para poder vivir en la pandemia, es una extorsión que masajea los bordes del autoritarismo”. A esta discusión se suma lo ejecutado en Medellín por el alcalde Daniel Quintero, quien implementó el registro en CoronaApp y Medellín Me Cuida como requisitos obligatorios para el ingreso a centros comerciales de la ciudad. Estas iniciativas en un primer momento fueron establecidas sin una participación previa de las personas que habitan en estas zonas, quienes son los que deberán acatar la determinación. En este punto vale la pena retomar lo planteado por Giorgio Agamben, quien, trazando el Estado de Excepción como un escenario validado para la restricción a los derechos fundamentales, ha puesto en discusión cómo «estas medidas jurídicas que no pueden ser comprendidas en el plano del derecho, se presentan en el estado de excepción como la forma legal de aquello que no puede tener forma legal”. Esto guardando estrecha relación en lo que el autor plantea como biopolítica moderna, entendida como “la política que incluye a la vida natural dentro de los cálculos del poder estatal”. De acuerdo a lo anterior es necesario plantearse la cuestión ¿qué pasará con todos esos mecanismos implementados cuando la pandemia acabe? También, se deben seguir exigiendo cada una de las respuestas que se necesitan con una medida de este tipo, además de solicitar que se realicen los ajustes pactados, pues como no ha sido ajeno, la cuarentena está legitimando los abusos con la gente en nombre de la salud y el “orden”.

Por: Lizneira Roncancio Arias*. Colaboradora Pares. Barcelona. A comienzos del 2019, una encuesta realizada por la empresa Gallup -a propósito del día de la felicidad-, ubicó a Colombia como uno de los países más felices en el puesto 43 a nivel mundial y el 8º entre los países de América Latina. Quienes lo celebraron lo hicieron con el convencimiento que eso generaba réditos políticos. Para otros, se trataba de una consideración excesiva ante la realidad que viven los colombianos y que ahora con la pandemia del Covid-19 quedó en evidencia, teniendo al trapo rojo como la prueba fehaciente de la pobreza y miseria que vive el país. El resultado de la encuesta se dio meses después de la firma del Acuerdo de Paz que el saliente presidente Juan Manuel Santos había logrado con las Farc la guerrilla más vieja de América Latina, poniendo fin a más de 50 años de conflicto; y a pocos de la posesión de Iván Duque del Centro Democrático, el máximo contradictor del proceso. Aún gravitaba en la cabeza de los colombianos el discurso del recién posesionado, en el que sin reticencias se resaltó una frase que enfrió la ilusión de los colombianos de tener un mejor país y el anhelado desde hace muchos años: “hacer trizas la Paz”. Parábola de la realidad El discurso de posesión, que muchos calificaron de temerario, pasó de la parábola a la realidad. Sus primeras acciones apuntaron a que la frase la cumplirían literalmente. Y eso que aún seguíamos celebrando la firma del Acuerdo con esperanza e ilusión y se veía un futuro conciliador con muchos de los sectores tradicionalmente relegados. Esa alocución produjo que muchos empezaran a hacer maletas para salir del país, pues en el tono y el aplausómetro de quienes asistían a la ceremonia, se hizo evidente la intención de cumplirlo con los métodos que fuera. Para muchos, la firma del Acuerdo era una luz de esperanza de que no se volverían a repetir aquellos aciagos años de la década del 80, cuando ocurrió el exterminio de la Unión Patriótica y muchos militantes o simpatizantes de este grupo político cayeron bajo esas balas asesinas, mientras otros, optaron por la alternativa de emigrar. Entonces en sus maletas empacaron la bandera, la camiseta de la Selección Colombia, una pollera, la ruana, la gaita o la tambora, una que otra botella de aguardiente y unas bolsas de café. Y a pesar de la nostalgia, la alegría. Porque esa, nadie nos la quita. Ni siquiera los tantos momentos difíciles que hemos vivido. Aunque lo digan las encuestas, no somos el país más feliz, tal vez el más alegre. Una cualidad que aflora cotidianamente y es evidente en cada episodio de la vida de un colombiano. Sea esperanzador o complejo, las expresiones de rechazo, protesta o conformidad, tienen una cuota de alegría, pues hace parte del talante del colombiano y se hizo evidente en las multitudinarias manifestaciones emprendidas a partir del 21 de noviembre. La explosión de creatividad, arte y cultura, se tomó como la mejor forma de protestar “sin violencia” y expresar el rechazo a tantas medidas lesivas dadas por el nuevo gobierno, las cuales no benefician en nada al país y tienen la siniestra intención de cumplir el discurso de posesión. Ese abuso de poder manifiesto en cada decisión de este gobierno, no se ajusta a las expectativas de un pueblo tradicionalmente reconocido como uno de los países más desiguales del planeta, que lleva décadas esperando el momento en que todos tengamos las mismas oportunidades. Ese castillo edificado con la firma del acuerdo se ha venido desmoronando ante el sistemático asesinato de líderes, lideresas y excombatientes y con las tantas arbitrariedades del llamado “tercer mandato de Uribe”. ‘Diáspora Latina’ Quizá uno de los países de Europa que más latinos recibe es España. Indudablemente el idioma lo hace preferido y entre sus ciudades las más receptoras de inmigrantes son Barcelona y Madrid. Según datos del Consulado en Cataluña hay aproximadamente 3.000 colombianos, la mayoría llegados huyendo luego de ver asesinar a familiares, parientes o vecinos, o por amenazas, desplazamientos, intimidaciones, o por las discriminaciones o como producto del reclamo a la falta de oportunidades que se sufren al no encontrar respuesta en esas políticas de Estado que solo benefician a unos pocos, así como al no tener acceso a una educación de calidad o a un trabajo decoroso para tener una vida digna. Son colombianos desesperados, con dolor de patria por los ancestros y la nostalgia en la piel y en las emociones. Fue así como tan pronto en Colombia empezaron las jornadas de paro, acá la respuesta fue inmediata en actitud de solidaridad y porque aun estando lejos la patria duele. Muchos han encontrado en otras latitudes la respuesta a sus proyectos de vida y aunque los primeros años la melancolía es más real, hay más posibilidades y oportunidades. Muchos artistas se han sumado a estas jornadas, entre ellos, Diana Gamboa, actriz migrante, quien asumió el humor como la mejor forma de protesta para construir país. Con sus personajes “la abuela verde” y Lily Colombia” visibiliza y condena todas las arbitrariedades; ella acompaña las tantas iniciativas de colectivos colombianos formados especialmente en defensa del Acuerdo de Paz; entre éstos Paz a la Calle, Mujeres P’alante, Colombia Despertó, Maloka, Barcelona Siempre, se han puesto la tarea de trabajar por la construcción de ese nuevo país. Ello incluye rechazar las medidas lesivas a un pueblo que ha postergado sus sueños y que están cifrados en el Acuerdo. Mientras en Colombia las demandas crecen, los sitios más emblemáticos de Barcelona (Plaza Cataluña, Plaza San Jaume, Sagrada Familia, La Rambla del Raval, Plaza España, Plaza Universitat, Parque Montjuic, entre otras plazas y calles) son tomados por estos colectivos con la bandera y los símbolos que nos identifican, pidiendo a la comunidad europea solidaridad y respaldo para las demandas de nuestros pueblos. Al son de sus gaitas, maracas, tamboras, llamadores, cacerolas, bailes y performances, le han puesto a las consignas ritmo de Cumbia, Currulao, Bullerengue. Aquí como allá, estas expresiones se han convertido en un espacio activo de arte, creatividad y controversia. También se ha logrado que otros colectivos latinoamericanos igualmente surgidos del inconformismo hacia gobiernos con tintes extremistas se sumen; dada la identidad que nos convoca al pensar que no se puede postergar ni desaprovechar un momento de efervescencia de las ciudadanías libres y de desenmascarar esas intenciones perjudiciales contra nuestros pueblos. Es un momento de transición que amerita alzar las banderas de nuestros países, por lo cual se ha llamado la “Diáspora latina”. Son movimientos frescos, conscientes de un momento histórico que avala las voces ante tantas infamias y desigualdades, un período para no cesar en las demandas de los pueblos originarios y sectores vulnerables que mantienen viva la esperanza por un mejor país, de territorios soberanos y en defensa de sus riquezas e intereses. El momento merece visibilizarse y decirle al mundo que existe una amenaza de retroceso en Colombia, que muchas de las conquistas alcanzadas con el Proceso de Paz están en peligro. La solidaridad y la acción en favor de esas reivindicaciones mantienen viva la llama de la esperanza y de construir el país que seguimos añorando. Y todo ello, con la alegría que nos caracteriza. *Oriunda de Arauca (Colombia). Periodista y escritora. Premio Nacional de Periodismo CPB (2005) en prensa escrita y Premio CSIR-Ecopetrol (2009). El Ministerio de Cultura (Colombia) le otorgó una beca con la que realizó una investigación sobre personajes legendarios del Departamento de Arauca (Colombia), la cual se convirtió en su primera novela Tu corazón será mío, segundo lugar en Concurso de Novela Inédita del llano Colombo-Venezolano, luego llevada la televisión por el Institucional Canal 13 en 2018. Ha sido invitada al “Encuentro Vuelven Los Comuneros en Santander (Colombia); al Encuentro “Poetas del Mundo” en la Costa Caribe (Colombia) y a Encuentro “Literatura al Mar” en La Guajira (Colombia). Ha sido incluida en dos antologías poéticas convocadas por el poeta chileno Alfred Asis. Es activista de Derechos Humanos en temas de feminismo y Minas antipersona

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Este 31 de mayo la Asociación de Autoriades Tradicionales y Cabildos U’wa (ASO’WA) denunció el asesinato —presuntamente una ejecución extrajudicial— de Joel Villamizar, quien ejercía como directivo de ASO’WA y era coordinador de Educación de la nación indígena U’wa. De acuerdo con las comunidades, el asesinato se dio en medio de operaciones que adelantó el Ejército Nacional, en la vereda Río Colorado en Chitagá (Norte de Santander). ‘Joel no hizo parte del ELN’ De acuerdo con ASO’WA, no vamos a permitir que esta situación lamentable sea considerada como un falso positivo del Estado colombiano, ya que el hermano U’wa nunca estuvo vinculado con el ELN. Según la comunidad, a Joel lo querían hacer pasar como integrante del esquema de seguirdad de un cabecilla del ELN. Luis Kankui, dirigente Indígena Kankuamo y Consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), ha rechazado en redes sociales el asesinato de Joel. “Desde ONIC condenamos el asesinato por parte del Ejército del líder indígena U’wa Joel Villamizar, coordinador de educación de ASO’WA. Responsabilizamos al gobierno de Iván Duque de este crimen y exigimos justicia de los responsables”. Asimismo, ASO’WA hace un llamado a organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales para que, de manera urgente y sin dilaciones, se esclarezca los hechos expuestos pues consideran una flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario. Ejecuciones extrajudiciales en el departamento Pares habló con Juan Carlos Quintero —directivo de ASCAMCAT y coordinador del eje de paz, implementación y DD.HH.— quien se refirió a la denuncia que han hecho las comunidades sobre la ola de ejecuciones extrajudiciales que se habrían perpetrado en el departamento de Norte de Santander. Quintero señaló que se debe hacer llamado al ministerio público y a la comunidad internacional, este es un gobierno que tiene una posición negacionista frente a las vulneraciones de Derechos Humanos. El Gobierno Nacional sigue con una posición arrogante para escuchar a los movimientos sociales. Joel se convierte en el tercer ejecutado extrajudicialmente por el Ejército Nacional, específicamente de la Segunda División en lo que va corrido del año 2020. Esto deja un escenario de bastante preocupación frente a la actitud del ejército en el departamento de Norte de Santander. Emértito y Alejandro, otras víctima del Ejército El pasado 18 de mayo, Pares dio a conocer la denuncia de ASCAMCAT sobre el asesinato Emérito Digno Buendía Martínez— miembro de la Guardia Campesina del Catatumbo de ASCAMCAT— a manos de uniformados del Ejército colombiano, batallón Hermógenes Maza. El hecho ocurrió en el asentamiento campesino ubicado en la vereda Tutumito, zona rural de Cúcuta (Norte de Santander). Para Quintero, este asesinato sumado a la ejecución extrajudicial —el pasado 26 de marzo— “de nuestro compañero Alejandro Carvajal, en la vereda Guayacanes en zona rural de Sardinata; suceden en medio de la campaña erradicación forzada y violenta adelantada por el gobierno Duque en diferentes puntos del país.” “Uno se podría atrever, con otros hechos de violencia que han dejado lesionados y capturados, a decir que estos asesinatos son un patrón en el que se deja la sensación de que hay orden de abrir fuego contra las comunidades que se movilizan exigiendo el cumplimiento en la implemetación del Acuerdo de Paz y, fundamentalmente, lo que tiene que ver con la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito”. Este sería el resultado de esta avanzada en la que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo señala que la erradicación forzada se mantienen en el marco de la pandemia del Covid-19. Asimismo, con el espaldarazo al arribo de uniformados estadounidenses en el territorio. ‘No son infiltrados, ni son enfrentamientos’ Para Quintero, resulta clave resaltar que estos hechos no son producto de enfrentamientos entre las comunidades y el ejército. “Por ejemplo, el Gobierno Nacional en el Guaviare que a los campesinos los infiltran y los obligan las disidencias de las FARC. En Catatumbo dicen que es el ELN y Los Rastrojos. Un fuerte carácter de estigmatización”.

Por: Isaac Morales Pérez. Coordinador de la línea de seguridad urbana y crimen organizado, Pares. Justice for George Floyd y I can’t breathe gritan miles de manifestantes que levantan su voz tras el asesinato de George Floyd en Minneapolis a manos del policía Derek Chauvin, quien por más de siete minutos ubicó su rodilla sobre su cuello hasta asfixiarlo. Sin duda, una clara violación a los derechos humanos ya que Floyd se encontraba esposado y sometido en el suelo en una clara desventaja en términos de fuerza, pero además un caso explícito de racismo. Este hecho ha despertado la furia de miles de estadounidenses quienes completan siete días de manifestaciones violentas en varias ciudades de los EE.UU. Después de manifestarse en Minneapolis, las protestas escalaron a Chicago, Las Vegas, Los Ángeles, Detroit, Nueva York, San Francisco incluso a Washington, donde en la noche del domingo cientos de personas se revelaron frente a la Casa Blanca, ocasionando incendios en los alrededores y provocando el acuartelamiento del presidente Trump. Ahora bien, la muerte de Floyd ha sido un detonante y un episodio que deja ver varios elementos. Es innegable que aún reina en los Estados Unidos un sentimiento racista arraigado y es más grave que quienes ejercen el orden y el control en las ciudades como parte de los cuerpos de policía estatales profesen estos ideales de supremacía y poder blanco, imponiendo su ideología a su deber. Floyd no ha sido el primero ciudadano afroestadounidense asesinado a manos de oficiales, pero sí ha sido el que ha despertado un sentimiento común en millones, no solo dentro de las fronteras de ese país, sino en varias ciudades del mundo. De esta forma, este acontecimiento se ha convertido en un coctel explosivo, donde convergen ingredientes muy peligrosos. Por una parte, un presidente que en lugar de reprochar el hecho pareciera que lo celebra y ordena represión, una multitud indignada en las calles manifestándose, una segunda enmienda vigente que permite que los ciudadanos se armen para defender lo suyo, y a esto agreguemos un pandemia, que cuenta cerca de dos millones de casos en los EEUU. Más allá de las protestas, los incendios, las movilizaciones en masa quisiera enfocarme en dos temas que permiten hacer una reflexión. Por una parte se ha puesto en la agenda pública e internacional los episodios similares, donde las fuerzas de policía responden de manera violenta y represiva, violando la integridad de las personas y en ocasiones, como el caso de Floyd quitándoles la vida. Esta ha sido una fotografía repetida desde Argentina, pasando por los países de Sur y Centro América tras las jornadas de manifestaciones a finales del 2019 y ahora se muestra en los Estados Unidos. Se nota en las respuestas que se le da a las manifestaciones, cómo la proporcionalidad de la fuerza y el uso de armas se ha convertido en un debate amplio de la veeduría ciudadana sobre los hechos; no se puede generalizar afirmando que todos los cuerpos de policía actúan de la misma manera, pero sí se debe hacer un llamado de atención sobre cómo están actuando, los procesos de formación policial y la forma en la que se concibe el servicio de policía que debe orientarse en una vocación de protección y cuidado, no en lo contrario. El segundo tema al que me quisiera referir tiene que ver con los contrastes entre los países. En Colombia hemos vivido episodios muy parecidos y el más fresco en la memoria nacional es la muerte de Dylan Cruz. En su momento hubo manifestaciones, velatón y jornadas de apoyo a su familia y se abrió un proceso judicial al que hoy seguimos, pero no vivimos algo similar a lo que hoy vive Estados Unidos ¿acaso estamos tan acostumbrados a la violencia? Definitivamente hemos naturalizado la muerte violenta, permitimos que se discrimine hasta morir, como ocurrió con Alejandra Monocuco una mujer trans de 39 años trabajadora sexual de Santa Fé y VIH+, quien no fue atendida a tiempo por su condición y lamentablemente perdió la vida, en una semana seguramente ya nadie se acordará de ella y todo seguirá normal. Estados Unidos no ha vivido la violencia como nosotros y por eso episodios como el de Floyd despiertan la furia de miles alrededor de una causa común. A los estadounidenses no les ha tocado vivir masacres en sus territorios, no han tenido desplazamientos masivos y tampoco falsos positivos, porque sus conflictos siempre los llevan fuera de sus fronteras, sin embargo, la muerte de Floyd ha dejado ver que sí viven un conflicto muy grave que se creía superado hace décadas pero no lo ha sido.

Por: Laura Cano, periodista Pares. El mundo pasa por uno de sus momentos más agitados; una pandemia mundial, un levantamiento social, una clase política y económica que ha dominado históricamente y que hoy tambalea. En este panorama apareció durante este fin de semana Anonymous, una red internacional de hackers conocida por su participación en movimientos sociales mundiales. De ahí se reactivó un escándalo ya conocido, pero evadido; la participación del expresidente Andrés Pastrana (1998-2002) en una de las redes de tráfico sexual de menores más graves en Estados Unidos, liderada y organizada por Jeffrey Epstein, en la que también se relaciona a Julio Mario Santo Domingo, Donald Trump, entre otros. Documentos conocidos luego de las revelaciones de Anonymous. El caso Epstein, una historia sin justicia En el 2005 fue acusado por primera vez Jeffrey Epstein por abuso sexual, año en el que comenzó una investigación que tres años después lo llevaría a declararse culpable. En 2008 fue presentado ante un tribunal por este delito en el que se relacionaban adolescentes entre 14 y 18 años, quienes fueron abusadas en su mansión de Palm Beach, en Florida. Luego de argumentar que creía que las jóvenes eran mayores de edad y que el sexo fue consentido las entidades judiciales decidieron a través de un acuerdo hecho entre la Fiscalía y Epstein, eludir los cargos de tráfico sexual, lo que causó que el acusado solo pagara una condena 13 meses de cárcel. Cabe señalar, que entre los fiscales que estaban atendiendo el hecho estaba Alexander Acosta, exsecretario de Trabajo de la administración Trump. A Epstein le encontraron también que además de su mansión, también llevaba a las mujeres a su isla privada ubicada en Las Islas Vírgenes, a donde eran conducidas en su avión privado, nombrado por la prensa como “Lolita Express”, en el que también eran movilizados reconocidos políticos, personajes de la realeza, empresarios y celebridades, quienes participaban de los delitos por los que se le acusa a Epstein. En 2018 luego de que la periodista Julie Brown de The Miami Herald publicara un reportaje sobre el caso, el medio acudió a los tribunales solicitando que se hiciera público el acuerdo al que se había llegado en años anteriores con Epstein. En el 2019 el FBI allanó la casa del acusado y fueron halladas cerca de 2000 pruebas contra el estadounidense. Tras esto, el 06 de julio de 2019 Jeffrey fue detenido en el Aeropuerto de Teterboro en Nueva York. En esa ocasión fue declarado culpable de haber llevado más de 30 menores a sus propiedades para luego abusar sexualmente de ellas, estos delitos habrían sido cometidos entre 2002 y 2005. Por esto podría haber llegado a pagar una pena cercana a los 45 años de prisión. Sin embargo, el 10 de agosto se conoció a través de medios nacionales e internacionales que el acusado a sus 66 años se había suicidado en el Centro Penitenciario Metropolitano en Manhattan. Este hecho se registró luego que un juez publicara una lista de todas las personalidades involucradas en el caso de Epstein. Los hechos todavía siguen con muchas preguntas e impunidad. El punto de la historia donde entra Andrés Pastrana En julio de 2019 Univisión dio a conocer una lista de personas que asistieron a las “fiestas privadas” de Epstein donde se abusaba sexualmente de menores, allí aparecían personalidades como Donald Trump, Bill Clinton, el príncipe Andrés de Inglaterra, Rupert Murdoch y el presidente de Harvard Larry Summers. “A las niñas que traían otras niñas para ser violadas les pagaban más, volaban en un avión privado apodado el Lolita Express, solían ser de familias desfavorecidas; así fue como el multimillonario Jeffrey Epstein construyó una red de pedofilia que abarca a otros hombres poderoso”, informaba un artículo del medio publicado el 14 de julio de 2019. En esos “hombres poderosos” aparecía Andrés Pastrana, presidente de Colombia durante 1998 y 2002, quien se le relacionó con viajes a la llamada “Isla del pedófilo” en Bahamas y propiedad de Epstein. El exmandatario habría estado en dos vuelos; el primero realizado el 20 de marzo de 2003 de Teteboro (Nueva Jersey) a Palm Beach (Miami), y el otro el 21 de marzo hacia Lynden Pindling, aeródromo de las Bahamas. En ese orden, el 14 de agosto de 2019 Pastrana, a través de un comunicado intenta responder a las acusaciones afirmando que estos viajes se realizaron para hacer un transbordo hacia Cuba, a donde había sido invitado por Fidel Castro, adicionalmente aseveró que para ese momento desconocía las actividades delictivas de Epstein. No obstante, al momento no se han encontrado registros del vuelo de Bahamas hasta Cuba. Pie de foto: comunicado publicado a través del perfil de Twitter de Andrés Pastrana. Así, y reabierta la discusión sobre la responsabilidad del expresidente y sin, hasta el momento, una comunicación sobre las acusaciones conocidas hace cerca de un año y las más reciente, es necesario evaluar hasta dónde las esferas de poder y la falta de pronunciamiento de las mismas han permitido y son cómplices de los abusos hacia las mujeres, de su sexualización haciéndolo pasar como algo banal, cuando detrás de esto hay un problema estructural que pareciera no tocarse por temor a las jerarquías sociales.