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Por: Iván Gallo - Coordinador de Comunicaciones Acabo de leer la columna de León Valencia en Cambio titulada Carlos Lehder Alvaro Uribe y Fabio Ochoa, o el espíritu político de la mafia  y en él se sumerge en una máxima: los mafiosos colombianos tienen en la sangre la pasión por la política.    El poder que les da el billete simplemente no les alcanza para saciar su apetito. Quieren más. Obviamente pretenden legalizar sus bienes, torcer las leyes para limpiar sus pasados. Siempre habrá un interés personal. Pero también quieren figuración popular, convertirse realmente en fuente de inspiración para la gente de los barrios, ser reconocidos como los dínamos que cambiaron la historia de un país. Pablo Escobar creó un programa llamado Medellín sin tugurios , llegó a crear un barrio en lo que era un basurero y allí la gente todavía tiene su imágen al lado de la del Niño Jesús de Atocha. Regaló decenas de canchas iluminadas para que -cinismo total- los muchachos no cayeran en el flagelo de la droga. Todo eso era un medio para conseguir un fin: ser presidente de la república. Le alcanzó para ser suplente en la Cámara del Representantes por el Partido Liberal. Las investigaciones de don Guillermo Cano y María Jimena Dussan en El Espectador y la desconfianza del ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla, quien terminó pagando con su vida, lo sacaron de esa carrera y lo sumergieron en la clandestinidad.   Hace unas semanas llegó Carlos Lehder a Colombia. Al pasar por migración quedó detenido. Mucho se ha especulado por las razones que hicieron regresar a uno de los capos del Cartel de Medellín a Colombia cuando estaba tranquilo en Alemania, país del que tiene la nacionalidad. Hace cuarenta años Lehder era uno de los hombres más ricos de este país. Como recuerda León Valencia en su columna, creó un partido Político, el Movimiento Latino, que llegó a poner tres congresistas en las elecciones de 1986, un año antes de que lo extraditaran a los Estados Unidos. Tenía, como Pablo Escobar, una pasión por los medios, incluso creó uno, llamado Quindío Libre. Mientras Pablo Escobar tenía un discurso que era un batiburrillo de las más elementales ideas socialistas con algunas ideas estrambóticas como proponer la independencia de Antioquia, Lehder era un abierto admirador de Adolf Hitler y vivía orgulloso de su sangre alemana. Estaba obsesionado con destruir a los Estados Unidos y llegó a afirmar que el narcotráfico terminaría siendo una especie de bomba atómica que destruiría a la potencia del norte y vengaría a los países oprimidos.   Aunque está en ciernes una investigación sobre las infiltraciones del Clan del Golfo y la política, la última muestra de la pasión que sienten los mafiosos por la política fue el intento que tuvo Ernesto Baez de convertir a Carlos Castaño en candidato presidencial. Incluso alcanzaron a entrar al Congreso de la República y fueron aplaudidos por los padres de la patria. Eso sí, decenas de ellos, en tiempos de Alvaro Uribe, fueron elegidos gracias a los fusiles de las AUC. Los coletazos de esa investigación, que arrancó la corporación Nuevo Arco Iris, se están viendo en este momento en el histórico juicio que se le sigue a Uribe en donde ex paras como Juan Guillermo Monsalve, Pablo Hernán Sierra y Carlos Enrique Vélez han pasado por el estrado judicial e incluso algunos de ellos han afirmado que en La Hacienda Guacharacas, propiedad de los Uribe Vélez, se formó un grupo paramilitar.   La llegada al país en el último año de tres ex mafiosos poderosos, Mancuso, Lehder y Fabio Ochoa, podría incomodar a más de uno. Tienen verdades que podrían contarse. Verdades relacionadas con la política porque los tres, como todos los grandes capos, han tenido intenciones de comprar políticos o de ser uno de ellos para limpiarse, mandar y dejar legado, tres cosas que les obsesionan.

¿Cuántos tipos de víctimas hay en Colombia, y qué tipo de justicia se les aplica? Por: Juan Guillermo Sepúlveda Arroyave A [1] El 7 de abril se celebró un año más del magnicidio de Jorge Eliecer Gaitán . Razón por la que se celebra el Día de la memoria y solidaridad con las víctimas  aprobado en el Legislativo y sancionada en el 2011, de acuerdo con el artículo 142 de la Ley de Víctimas.   El artículo presenta una aproximación a los que los gobiernos han plasmado en las legislaciones y han hecho en relación con las víctimas, en una triada secuencial de conflicto, víctimas y la justicia que las atiende.   El tema de víctimas que hace algunas décadas en Colombia era un tema sin importancia, pasó a ser un asunto de Estado donde los gobiernos y la sociedad civil han impulsado, lo que ello representa en una sociedad democrática, pero, hoy día, se corre el riesgo que lo de víctimas o mejor, ser víctimas, pase hacer parte del paisaje, que se esté normalizando y peor aún, frivolizando, pues hoy todos dicen ser víctimas, y con cierto tufillo de desprecio por algunas víctimas y por lo que ello representa realmente, produciendo el efecto de revictimización que es lo no recomendado, en contra de la desvictimización que es lo deseado.   Colombia hay tres tipos de víctimas, provenientes de tres tipos de conflictos diferentes: -        las víctimas del conflicto ordinario -        las víctimas del conflicto armado -        las víctimas del conflicto urbano   Elaboración propia Las víctimas de los conflictos ordinario   La Constitución Nacional colombiana considera víctima a toda persona que haya sufrido un daño a su integridad física, seguridad o libertad personal. Se ordena la necesidad de brindar protección y asistencia a las víctimas (Artículo 250 numerales 1,6 y 7).   Las víctimas tienen el respaldo de los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por Colombia, que tienen rango constitucional en virtud del llamado Bloque de Constitucionalidad, señalado en el artículo 93 de la Constitución, por lo que pueden ser exigibles ante cualquier autoridad pública.   Las víctimas de los conflictos ordinarios,  se denominan “ordinarios” pues son los conflictos que se presentan día a día, en la casa, con los vecinos, en la calle, en el transporte, en la vida cotidiana, y son atendido por la justicia ordinaria, entendida ésta, como el conjunto de tribunales y jueces que se encargan de resolver los conflictos y casos más comunes o generales dentro del sistema judicial del país. También se le llama “jurisdicción común” o “jurisdicción ordinaria”.   Estas víctimas son atendidas  en el marco de Ley 906 de 2004, que es el Código de Procedimiento Penal, donde se define a las víctimas como, las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o colectivamente hayan sufrido algún daño como consecuencia del injusto.  (Art. 132.) Según la Fiscalía General de Néstor Humberto Martínez, del inventario de procesos penales en Colombia, el 30% le correspondía a la Justicia Especial para la Paz, JEP, y el 70% restante, a la Fiscalía General de la Nación. Fuente la Fiscalía general de la Nación. Gráfico sacado de la presentación realizada por el exfiscal Martínez en un seminario en Cartagena en septiembre 15 del 2018 El cuadro anterior, obviamente debe ser actualizado en consideración a los cambios que deben de tener estos porcentajes producto de la Paz Total del actual Gobierno, pero de todos modo deja claro el peso específico que tienen los conflictos comunes que son atendidos por la justicia ordinaria a cargo de la Fiscalía General de la Nación, y huelga decir, que cuando son conflicto comunes, y llegan ante este organismo de investigación, se convierten en conflictos penales, y en el trámite que corran, pueden dejan de serlo o convertirse en delitos.   La justicia que se aplica en los conflictos ordinarios ante la justicia ordinaria , que está más centrada en el victimario que produjo el delito, es la justicia retributiva  que está enfocada en castigar al infractor como una forma de compensar o equilibrar el daño que ha causado. Se basa en la idea de que quien comete un delito merece una pena proporcional al daño causado.   Pero para los casos de la justicia ordinaria también procede la justicia restaurativa o reparadora , justicia que se centra en la víctima y el daño causado a ésta y a la comunidad, en la reparación, la verdad y la no repetición. Pasa de la relación binaria de la justicia retributiva, (victimario y Estado, representado por el fiscal y el juez), a la triada víctima, victimario y comunidad, con el acompañamiento del Estado.   En Colombia, ésta justicia es la columna vertebral de la justicia en adolescente, denominada:  Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), y en las comunidades indígenas.   En adultos, la justicia ordinaria apenas empieza a ofrecerle a las víctimas la justicia restaurativa, que se encuentra en el Código de Procedimiento Penal, entre los artículos 518 al 527, el cual le manda al Fiscal General de la Nación hacer el Manual de Mediación penal, que es la herramienta básica para la aplicación de dicha justicia. Para tales efectos la Fiscalía produjo dos resoluciones la 0383 de 2022 y la resolución 447 del 2023, que están en proceso de ser implementadas.   Los resultados de la justicia ordinaria de corte retributivo en Colombia son preocupantes, pues la impunidad según el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema supera el 90 %. Cifra basada en la Secretaría de Transparencia del Gobierno actual. Esto a modo de ejemplo, si los fiscales y jueces de la República, no administrarán la justicia, sino que construyeran puentes, de 100 puentes construidos se les caería 90 puentes. ¡Fatal!   La justicia ordinaria en Colombia ha fracasado, es inviable, y las primeras víctimas son las víctimas.   Las víctimas de los conflictos armados Las víctimas del conflicto armado son las personas que individual o colectivamente haya sufridos daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley   Estas víctimas son atendidas por Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) . La JEP es el alto tribunal de justicia que investiga, juzga, esclarece y sanciona los más graves crímenes ocurridos en el conflicto armado en Colombia. Uno de los principios orientadores de la JEP será la aplicación de una justicia restaurativa del daño causado y la reparación de las víctimas afectadas por el conflicto. La justicia restaurativa atiende prioritariamente las necesidades y la dignidad de las víctimas y se aplica con un enfoque integral que garantiza la justicia, la verdad y la no repetición de lo ocurrido. La justicia restaurativa de la JEP, les ofrece a las víctimas  el entender que se les pueda reconocer el daño causado, dar la posibilidad a una justicia reparadora y que las víctimas tengan una participación activa en su proceso y puedan proponer sanciones a los responsables (sanciones propias).   A los responsables, se les lleva a que reconozcan el daño que causaron, que asumen responsabilidad y aportan verdad. Lo que les posibilita la reincorporación a la sociedad a partir de las sanciones que se les impongan y trabajan por recomponer el tejido social roto por el conflicto armado.   Las comunidades que sufrieron también el daño, pueden comprenderlo,  ser consciente de la importancia de la no repetición del conflicto armado, buscar que no se repita la tragedia de la guerra, y ante todo ser garante y veedora que se cumplan los acuerdos.   Los resultados de la justicia restaurativa de la Justicia Especial para la Paz, están por verse, pues es una justicia de proceso, que requiere tiempo,  donde prima la calidad y no la cantidad. En lo personal le deseo lo mejor pues de ella depende que se recobre el valor de la palabra, el diálogo y la verdad que ello representa, y ante todo se empoderen y resignifiquen las víctimas que por año han sido invisibilizadas.   Quedan las siguientes preguntas a los gobiernos y a los funcionarios que los representan en estos temas: ¿Están formados en conflictología, en criminología y victimología? ¿Saben y aplican la justicia restaurativa? ¿Estamos haciendo pedagogía de la cultura restaurativa, en el entendido que ésta es a la justicia restaurativa , lo que la cultura de paz es a la paz? ¿Estamos implementado la batería de disposiciones legales que tenemos en Justicia Restaurativa en Colombia? ¿Estamos empoderando a las víctimas y a las comunidades en esta nueva forma de abordar los conflictos penales, para evitar el delito y la reincidencia criminal?   De cómo se respondan estas preguntas, depende que la justicia se humanice.   Las víctimas del conflicto urbano, serán objeto de otro análisis, en tanto que son las más invisibilizadas de todas, por lo que merecen un acercamiento especial.   [1]  Reconocido por la Organización de Estados Americanos, OEA, generador de confianza  en América Latina. Abogado, criminólogo, victimólogo, conflictólogo y activista de la cultura y justicia restaurativa penal y ambiental. Fundador y director general de Colombia Restaurativa www.colombiarestaurativa.com

Por: Redacción Pares En las grandes ciudades mula es alguien que no entiende nada, una tapia intelectual incapaz de recibir y adaptar un dato. Para los viejos antioqueños ser una mula era recibir algo parecido a un elogio. Ser una mula significaba tener una capacidad de trabajo inusitada, no cansarse jamás, darlo todo. En uno de estos municipios durante el siglo XIX, en Titiribí, las mulas empezaron a mover una economía que transformaría a Antioquia en el siglo XX, le darían su riqueza y su empuje. La explotación de la mina El Zancudo fue el parte aguas donde se forjó el esplendor de este departamento. Y esto se dio gracias al trabajo de las mulas.   La modernidad le ha quitado a la mula su importancia. Olvidamos que los romanos, gracias a las mulas, forjaron su imperio. En el sur de Europa las mulas era el principal medio de transporte. Cuando los españoles nos descubrieron se usaron de ellas y de los burros de carga para ir fundando ciudades o en la búsqueda incesante del oro y los tesoros que guardan estas tierras. Se estima que afinales de la colonia había en el continente unas 200 mil mulas. Ellas movieron la economía, desde el café, la panela y pasando por el oro. Cuando ustedes viajan por una carretera no ven camiones sino tractomulas. Mulas, les decimos. En el inconsciente vemos en estas máquinas una versión evolucionada del animal de carga.   En Titiribí se le sigue honrando a la mula. Aunque no quede una sola persona viva desde el cierre de la mina el zancudo en 1927, queda una memoria ancestral y por eso es que en esta parte de Antioquia se le agradece a la mula el haber podido hacer realidad que buena parte de esta población se nutriera de lo que salía de esta mina cuyo máximo esplendor vivió en el último cuarto del siglo XIX.   Y a pesar de la revolución industrial la mula sigue siendo esencial en lugares como Titiribí. Con ella se abren caminos, se lleva alimento a lugares inconmensurables de Antioquia. Sigue siendo un elemento fundamental de trabajo. Pero algunos caballistas, desde los años ochenta, empezaron a hacerle un homenaje a este animal trabajador como cualquier paisa. Entonces surgió la mula de silla. Tal y como lo reseña El Espectador en un artículo del 2023 hay criaderos, como el de Don Ovidio Osorio, en Girardote que están cambiando la genética de las mulas de generación en generación hasta crear un animal que deslumbra en las exposiciones equinas y, sobre todo, en la época de la feria de las flores, la mula de paso fino.   En Titiribí, como símbolo del trabajo inagotable de un pueblo que conoció su esplendor sacándole la riqueza a la montaña, se volvió a crear Asmulares, una asociación que cuenta ya con mil miembros y que ha hecho como una especie de decálogo para preservar, cuidar y respetar a la mula de silla. Montados en ellas se puede conocer en este pueblo una parte de su pasado, cuando alguna vez la mina El Zancudo manejó riquezas de las que buena parte del departamento disfrutó, desde donde arrancaron proyectos como la industria ferroviaria, la facultad de minas y hasta tuvieron un banco con billetes propios.   La mula y el progreso están amarrados en Titiribí. En el municipio no sólo hay nostalgia por tiempos mejores sino que tienen la certeza de que pronto podrán regresar los vientos del progreso. Y cuando vuelva la mula está allí, como lo ha estado desde el imperio romano, dispuesta a caminar durante kilómetros con paciencia, sin chistar, rumiendo tranquilas el pasto seco.

Por: Redacción Pares Durante la campaña a la presidencia del 2016 Donald Trump publicó en sus redes una nota de él en Ohio, en pleno invierno. Se veía con gorro de lana, guantes de piel, bufanda y completamente aterido de frío. En la foto aparece este comentario hecho por él mismo “Me muero de frío, necesitamos más calentamiento global”. Con ese cinismo el presidente norteamericano ha manejado el primer trimestre de su segundo mandato. Sin cortapisas tomó una medida que podría terminar siendo devastadora para el mundo: el 20 de enero, recién se posesionó en la Casa Blanca, empezó con su tarea de desmantelar la política ambiental, climática y energética que caracterizó a la era Biden. Su interés por sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París no tiene reversa, así como el de no dar el paso que necesita la humanidad hacia la Transición Energética: sigue siendo una obsesión suya seguir taladrando a la tierra buscando combustibles.   El pasado 7 de abril Donald Trump firmó órdenes para expandir la minería y el uso del carbón en los Estados Unidos. El interés que tiene el presidente de los Estados Unidos y el hombre más poderoso del mundo, Ellon Musk, en transformar la historia al dejaron en manos de una super inteligencia artificial que suprimirá los principales empleos manejados por el hombre y se las dejará en la eficiencia y perfección de una máquina que manejará los hilos de la cotidianidad. Pero, para eso, necesita de la energía. Lejos de esperar la evolución de páneles solares o energía eólica, Trump está buscando que sus seguidores salgan a la calle a ejercer presión y tumbar algunas leyes que impiden que la expansión de la explotación minera del carbón se intensifique. Con una frase “Vamos a devolverle el trabajo a los mineros” El presidente norteamericano está envalentonando a un sector de la población a dejar de lado cualquier tipo de responsabilidad con el clima y pensar en lo práctico, el funcionamiento de empresas que permitan revivir puestos de trabajo.   En Colombia hace unas semanas constatamos que será inevitable el cierre de la que fue en su momento la mina a cielo abierto más grande del mundo, El Cerrejón. Esto ocurrió más por las políticas mundiales que por un agotamiento del combustible fósil o alguna posición de nuestro gobierno.   Lo cierto es que a Trump no le preocupa las consecuencias climáticas que pueda traer el carbón sino que, con este, se fabrica acero y es justamente acero lo que está necesitando la súper inteligencia artificial que está creando este gobierno y a la que le han invertido ya 500 mil millones de dólares. Parte de la necesidad del gobierno norteamericano en cerrarle la ayuda a otros países desde agencias como USAID era precisamente ese, recortar para invertir en este tipo de proyectos.   La energía nuclear y el gas natural hace rato sustituyeron al carbón como principal fuente de energía. Revivirlo será difícil, ya hay unas leyes claramente establecidas. Pero Trump cree tener el suficiente fervor popular para lograrlo, ejercer presión y seguir con su particular desmantelamiento de lo que era hasta ahora el Estado nortamericano. Por ahora le quitó a las plantas de carbón la obligación de no contaminar con mercurio u otros contaminantes.   Se ha probado en más de una ocasión que a Donald Trump lo que pueda sucederle al medio ambiente le tiene sin cuidado. El sólo necesita resultados económicos y al gringo promedio también. Ese era su plan de gobierno, por eso lo eligieron. Proteger el ambiente cayó en un discurso que define, según Trump y Musk, al pensamiento Wok. El mundo, tal y como lo conocimos, poco a poco está muriendo.

Por: Daniela Bernier Pacheco En Colombia, los hogares pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 reciben subsidios económicos destinados a cubrir una parte de su consumo de energía. Estos subsidios no son transferidos directamente a los usuarios, sino que se otorgan a las empresas prestadoras del servicio. Su financiamiento proviene por un lado del pago de impuestos de todos los ciudadanos y, por otra, del 20% del valor de la factura de los usuarios de los estratos 5 y 6, así como de los industriales, comerciales y usuarios no regulados. Por otro lado, los usuarios del estrato 4, los centros educativos y las instituciones de salud (hospitales, clínicas, puestos y centros de salud) están exentos de pagar dicha contribución. Cada estrato recibe un porcentaje de subsidio distinto: Estrato 1: hasta el 60% de descuento en la tarifa. Estrato 2: hasta el 50% de descuento. Estrato 3: hasta el 15% de descuento. Es importante señalar que el monto del subsidio varía según la ubicación del municipio. En municipios de clima templado o frío, el límite del subsidio es de 130 kWh mensuales, mientras que en zonas cálidas el límite aumenta a 173 kWh. Si el consumo excede estos umbrales, los kilovatios adicionales se cobran a tarifa plena, por lo que es fundamental revisar la factura de energía. Estos límites se definen como el consumo de subsistencia, es decir, la energía mínima necesaria para satisfacer las necesidades básicas de un hogar. En el pasado Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro anunció que los subsidios actuales para los estratos 1, 2 y 3 dejarían de existir. En su lugar, se implementaría el programa Colombia Solar, mediante el cual las familias de escasos recursos recibirían paneles solares (techos solares) en forma de aportes en especie, con el objetivo de reducir su consumo de energía. Según el mandatario, este programa es estratégico, ya que busca fomentar que las personas se vuelvan autogeneradoras de energía y, de ese modo, disminuir el valor de su tarifa eléctrica. Se espera que, con este cambio de esquema, se logre una reducción en las tarifas de energía y que el programa se implemente lo antes posible, especialmente en la costa caribe colombiana, donde los usuarios enfrentan cifras exorbitantes mes a mes. Tal medida reorientaría los recursos públicos, impulsaría la autonomía energética y favorecería el desarrollo sostenible de los hogares más vulnerables, representando una apuesta decidida por la energía limpia. Los nuevos subsidios para techos solares son una herramienta transformadora que contribuiría también a cambiar el paradigma estatal, pues se pasaría de una mera transferencia monetaria a una inversión productiva, que promueve la autonomía energética y ataca la pobreza energética. No obstante, el éxito de los subsidios dependerá de la capacitación de las comunidades y de un plan de implementación gradual que no genere traumatismos a los usuarios, que asegure el acceso equitativo y que permita la sostenibilidad de la iniciativa. Desde el Centro de Pensamiento para la Transición Energética Justa, la Gobernanza y la Paz con la Escuela TransformaTEJ, nos encontramos fortaleciendo las capacidades de las comunidades en diferentes áreas y una de ellas es el funcionamiento de los sistemas solares fotovoltaicos para que, cuando iniciativas como los techos solares lleguen a los territorios, las comunidades estén familiarizadas con los sistemas y puedan aprovechar el recurso.   Referencias: Gomez, J. (2025, 7 marzo). Lo que debes saber sobre los subsidios de energía y el consumo de subsistencia para reducir tu factura.  Celsia .  https://www.celsia.com/es/blog-celsia/lo-que-debes-saber-de-los-subsidios-de-energia/#:~:text=El%20subsidio%20de%20energ%C3%ADa%20se,de%20descuento%20en%20la%20tarif   Creg, P. (s. f.).  Energía eléctrica . Portal CREG.  https://creg.gov.co/preguntas-frecuentes/2/energia-electrica/

Por: Redacción Pares En toda una gira de medios ha resultado la llegada al país de uno de los más excéntricos narcotraficantes que tuvo el Cartel de Medellín. A pesar de que estaba seguro en Alemania, país al que llegó después de cumplir su condena en Estados Unidos debido a que su padre había nacido allí y por eso tenía la nacionalidad, decidió regresar a Colombia. Una cuenta pendiente con la justicia lo detuvo durante dos días. Sus abogados al fin consiguieron su boletad de libertad.   Desde entonces ha emprendido una gira de medios en donde ha intentado limpiar su nombre y se ha intentado desligar del nombre de su socio, Pablo Escobar. Ha afirmado que se siente completamente arrepentido de haber sido narco y le dejó claro a los colombianos que está muy contento de ser pobre pero libre. Eso sí, no ha dicho una sola palabra sobre el proceso y responsabilidad de restituir a sus víctimas.    Una de sus declaraciones que más controversia ha tenido es el haberse desligado del asesinato de quien fuera ministro de justicia de la presidencia de Belisario Betancur, Rodrigo Lara Bonilla, este asesinato supuso el fin de la vida pública de Escobar y sus socios. Terminarían para siempre sus intentos de hacer política. La familia de Pablo Escobar se ha pronunciado. Eso sí, ni María Victoria, su esposa, ni sus hijos Manuela y Juan Pablo, afincados en Argentina, no han dicho nada pero sí uno de sus sobrinos, Nicolás Escobar Urquijo. Es una absoluta mentira que Escobar no haya tenido nada que ver con las decisiones militares que se tomaban en esta organización criminal:   “Carlos Lehder era una persona que tenía la misma capacidad en armas y violencia que “El Mexicano” y Pablo Escobar. Uno se pone a analizar lo que está entregando como información hoy y da para pensar que la cantidad de tiempo que paso en la cárcel, tal vez él mismo, intentando sacar toda la maldad, hoy sale y dice las cosas como creen que pasaron. También lo debe hacer para poder congraciarse con los colombianos y las personas a las que les hizo mal”.   Lehder, mientras fue miembro del Cartel de Medellín se conoció por sus desafueros. A diferencia de Escobar su consumo de drogas era excesivo y, además, se conocieron asesinatos a algunos de sus guardaespaldas y trabajadores de sus socios. Incluso Escobar Urquijo recuerda que en una de las fiestas que compartió su tio con el capo recién expatriado ocurrió una tragedia, Lehder decidió asesinar a uno de los trabajadores de la Hacienda Nápoles, el lugar preferido de Escobar. Lehder estuvo a punto de ser ejecutado por la afrenta pero, al final, decidieron fue expulsarlo de la propiedad. Tiempo después, a sabiendas que ya la DEA le seguía los pasos a un cada vez más descuidado narco, Escobar entregó a su socio y se ganó un punto con el gobierno de Virgilio Barco.   Es claro que las heridas que se abrieron por lo que Lehder considera una traición, siguen abiertas. ¿Estará realmente arrepentido Lehder de sus años donde fue un monstruo?

Por: Francisco Daza - Coordinador de Paz, Seguridad y DDHH. En un reciente video difundido a través de la red social X, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), a través de su abogado Ricardo Giraldo, expresó fuertes críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro, cuestionando la coherencia y la voluntad real del Ejecutivo frente al proceso de paz total. La intervención Giraldo dio en medio de una creciente tensión en varias regiones del país, donde las operaciones militares continúan desarrollándose de forma paralela a los esfuerzos de acercamiento político con diferentes grupos armados. Según lo expuesto por Giraldo, el EGC considera que no existen las condiciones mínimas para avanzar hacia una mesa de diálogo formal. En sus palabras, “todas las mesas están reventadas”, haciendo referencia a la falta de confianza en el gobierno nacional, especialmente por lo que considera una contradicción entre el discurso de paz y las acciones militares desplegadas en los territorios donde esta organización tiene presencia. El abogado subrayó que, mientras se adelantan reuniones exploratorias con la delegación de gobierno liderada por Álvaro Jiménez Millán, las Fuerzas Militares ejecutan operaciones ofensivas contra el EGC. Estas acciones, argumentó, minan la credibilidad del proceso y son percibidas como un intento deliberado de sabotaje. Para Giraldo, este escenario demuestra que el gobierno no actúa con la seriedad y compromiso que exige una negociación de paz. Entre las operaciones señaladas por el vocero del EGC, destaca una serie de bombardeos y operativos especiales cuyo objetivo, según afirma, ha sido dar de baja al comandante “Javier”, a quien identifica como el máximo líder de esta agrupación. De manera puntual, se refirió a un bombardeo realizado en el municipio de Segovia, Antioquia, en el que murieron nueve integrantes del EGC. Este hecho, sostuvo, representa una clara muestra de que el gobierno continúa apostando por la vía militar, incluso en un contexto en el que se ha manifestado la disposición al diálogo. Cabe recordar que, en marzo de 2024, el presidente Gustavo Petro ordenó retomar los bombardeos como herramienta militar, bajo la condición de que no se identificara la presencia de menores de edad en las zonas objetivo. Esta decisión marcó un giro importante respecto a su postura inicial, caracterizada por un enfoque más acorde con el Derecho Internacional Humanitario. El bombardeo en Segovia habría sido una respuesta directa a una emboscada previa perpetrada por el EGC contra las Fuerzas Militares, en la cual murieron cuatro uniformados. Para Giraldo, sin embargo, este tipo de operaciones contradicen los principios de la paz total. En sus declaraciones, acusó al gobierno de dar “palos en la rueda de la paz” y de ser incoherente con su discurso de ser el gobierno de la vida. Es importante destacar que, en la actualidad, no existe un acuerdo de cese al fuego bilateral vigente entre el gobierno nacional y el Ejército Gaitanista de Colombia. El cese anterior, establecido mediante el Decreto 2658 de 2022, fue suspendido en marzo de 2023 tras los hechos ocurridos durante el paro minero en el Bajo Cauca antioqueño. En ese momento, se acusó al EGC —entonces autoidentificado bajo el nombre de Autodefensas Gaitanistas de Colombia— de haber promovido dicho paro que derivaro en actos violentos contra la población civil y la fuerza pública. Desde entonces, el diálogo con este grupo ha quedado en un estado de indefinición, oscilando entre reuniones exploratorias, manifestaciones públicas de voluntad de paz y, al mismo tiempo, enfrentamientos armados constantes en distintas zonas de presencia de este grupo armado. Desde el monitoreo realizado por la Fundación Paz & Reconciliación, se señala que el Ejército Gaitanista de Colombia es actualmente el grupo armado con mayor presencia en el país, operando en al menos 316 municipios. Su capacidad de expansión y control le ha permitido consolidar economías ilegales como la minería, el narcotráfico y la extorsión, a la vez que sostiene disputas armadas con otros actores ilegales. Entre las confrontaciones más significativas se encuentran los enfrentamientos con el ELN en los departamentos del Chocó y el Sur de Bolívar; con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, en Magdalena y Cesar; y con el Estado Mayor de Bloques y Frentes, una disidencia de las FARC, en el norte y nordeste antioqueño. Estos choques armados han agravado las condiciones humanitarias en varias regiones, aumentando el número de desplazamientos forzados, confinamientos y homicidios selectivos.

Por: Juan Guillermo Sepúlveda Arroyave. [1] Imperdible oportunidad que tenemos aquellos a los que nos preocupa la justicia y nos duele Colombia, de poder reflexionar sobre Carlos Lehder Rivas ahora de regreso en nuestro país.   Ya escribí un primer artículo, donde presenté la posibilidad que tuvo Lehder a los 20 años de no haber iniciado su carrera delictiva que lo llevó a pagar 33 años de prisión en los EEUU.   Miremos un poco en retrospectiva el caso: Carlos Lehder es detenido en Colombia el 4 de febrero de 1987. Condenado por la justicia norteamericana a cadena perpetua más 135 años. Por delatar al General Antonio Noriega, presidente de Panamá, su pena se rebajó a 55 años y pagó 33 años efectivos en celdas aisladas en varias prisiones de los EEUU. Recuperó la libertad el 16 de junio de 2020, luego de cumplir la tercera parte de su condena, fue enviado, por el gobierno norteamericano, a Alemania por ser ciudadano alemán. El 28 de marzo de 2025, Lehder llegó a Bogotá y fue detenido por tener, supuestamente, cuentas pendientes con la justicia colombiana, pero, tres días después, se le concedió libertad por la prescripción de los delitos en su contra.   A Carlos Lehder, ahora libre en Colombia, le pregunto: ¿Cómo ha cambiado el  “loco”, como le decían en el Cartel de Medellín? ¿Reconoce el daño causado a cientos de miles de víctimas, en nuestro país y en los EEUU? ¿Está arrepentido y reniega, realmente, de su vida de narcotraficante? ¿Ha contado toda la verdad en EEUU y en Colombia? ¿Reconoce a sus víctimas, el daño que les causó y las ha reparado?   En consideración a lo que responda, podríamos afirmar que Carlos Lehder está preparado o no para abrirle la puerta de la reintegración en Colombia.   Luego de ver la entrevista que concedió en la Revista Semana [1] , se puede decir que usted, Señor Lehder, ha cambiado, pero de manera algo ambigua, pues pasó de ser una persona activista y beligerante, que rayaba en el histrionismo, contra el gobierno de los EEUU, al cual atacó siempre en su vida de narcotraficante, y le llegó a decir frases explosivas como: "La cocaína es la bomba atómica de América Latina contra Estados Unidos", a estar muy agradecido por permitirle su rehabilitación.   También ha cambiado, en el sentido, de hacer apología a la guerrilla y querer parecerse a ellos, cuando estaba en su vida criminal, a tal punto que a la guerrilla que alguna vez lo protegió y la que lo apodaba el “Comandante Rambo González”, pasó a pronosticar que a los narcos, tarde que temprano los arrestan, mientras a los guerrilleros los van a matar.  En el mismo sentido, afirma tajantemente que, en Colombia no existe una razón válida para que existan guerrillas…//…” yo diría al que le guste la guerrilla, al guerrillero, al que le guste el comunismo, que empaque y se vaya a vivir a Cuba… a ver cómo le va”.   [2]   También Lehder, a su llegada a Colombia, reconoce que se equivocó de “profesión”:  “yo cometí el error de escoger una profesión equivocada, traficante de cocaína”. [3]   Reconoció también,  que era un contrabandista de cocaína y no mandó matar a nadie, que se equivocó de negocio, pues el narcotráfico es mal negocio pues tarde que temprano las autoridades te descubren, porque cuentan con inteligencia globalizada que no hay forma de contrarrestar.   Pero, no ha reconocido que el narcotráfico lejos de ser una profesión o un negocio, es uno de los peores delitos que la humanidad tenga noticia, pues ha producido miles de muertes, solo en Medellín en 1992, el narcotráfico causó 420 homicidios por cada 100 mil habitantes, siendo la mayoría jóvenes pobres ; múltiples magnicidios, desplazamientos rurales y urbanos, desigualdad social, pobreza y ha contribuido a fortalecer el conflicto armado y a cambiar la cultura del país, por una cultura narco, del negocio fácil, que da dinero rápido.   El narcotráfico del que usted hizo parte, es el delito que más ha reproducido las violencias en Colombia y en los EE.UU, donde pagó su condena con la finalidad de rehabilitarse.   Señor Lehder usted no reniega del narcotráfico por ser un delito, sino por ser un “negocio” una “profesión” donde tarde que temprano te descubren, por causa de la tecnología tan avanzada con la que cuentan los organismos de seguridad, nacionales e internacionales, en cambio, sí lo recomendaría, si los narcos usarán tecnologías superiores a los de la policía, que les evite ir a la cárcel.   El problema para usted, no es el daño humano, social y económico que causa el narcotráfico, sino que, por el desarrollo técnico de la investigación criminal, dicho delito,  ha perdido el poder de no ser intervenido, la falla del narcotráfico, entonces, es técnica, no moral, ni de ética y menos que atenta contra la vida.  Lo anterior, nos lleva a la máxima de Pablo Escobar: El día que usted haga algo malo, hágalo bien hecho, no sea tan pendejo de dejarse pillar.   Por cosas como estas, señor Lehder es que el concepto del negocio se ha desnaturalizado en Colombia y en Antioquia particularmente, pues ha dejado de ser lo que es un negocio: cualquier actividad, trabajo u ocupación que se realiza con el fin de obtener una ganancia económica, es decir, que se lleva a cabo con la intención de producir dinero, a producir dinero como sea, través de cualquier medio, el fin (el dinero) justifica los medios (el narcotráfico).   Derivado de esta desnaturalización de la definición inicial de lo que es negocio, también se ha desvirtuado los que trabajan en el negocio, o sea las personas que dicen que van a “trabajar” o “que van a hacer un trabajito”, cuando van a cometer un acto sicarial o terrorista…, pero antes le piden la bendición a la cucha (la mamá) y se aseguran de llevar la Virgen del Carmen bien atada en el tobillo del pie izquierdo. De ahí viene el dicho popular negativo que ha motivado a centenares de jóvenes que están en el “negocio” de la droga : En este negocio, el que tiene más balas siempre gana.  (Pablo Escobar).   Señor Lehder, lejos de arrepentirse de haber corrompido a la clase política, con todo lo negativo que ello significa, usted afirma: “yo prefiero ver a un narco contribuyendo al sistema democrático político que a la guerrilla comunista”.   [4]  Aquí le confieso que tuve que parar de ver la entrevista de la Revista Semana, pues no daba crédito a lo que veía y escuchaba. Y pensé: Este señor, después de todo el mal que hizo desde el cartel de Medellín, del cual era uno de sus líderes, que envió toneladas de cocaína a los EEUU, que ha acabado con generaciones enteras y que fue uno de los hombres más ricos del mundo producto del narcotráfico, ahora viene a decirnos después de haber estado 33 años en prisión, tiempo suficiente para recapacitar del mal que hizo, dice que el dinero del narcotráfico es bueno para contribuir al sistema democrático político, pero siempre y cuando venga de un narco y es malo si viene de la guerrilla. ¡Apague y vámonos!, como dicen en mi tierra.   “El asesino que no se arrepiente de lo que hizo sigue siendo, desde la perspectiva moral, asesino” Xavier Etxeberria Muleon [5]   Señor Carlos Lehder, en relación a decir la verdad, solo dijo la verdad que le pidió la justicia norteamericana: delatar al General Antonio Noriega, lo que le permitió una rebaja de pena muy considerable frente a la pena exagerada que inicialmente le habían dado, algo muy típico en la justicia premial americana.   Pero aquí en Colombia no ha contado la verdad de lo que hizo y sabe. Cuando se le pregunta sobre la verdad, inmediatamente muestra su libro e invita a comprarlo pues dice que ahí está. La verdad se cuenta ante las víctimas, en espacios seguros y dispuestos para ello, no solamente de tipo jurídico sino histórico, humano, que permita pasar página a las partes. Colombia de eso sabe.    Señor Lehder, usted estuvo 12.045 días y noches encerrado, Nelson Mandela, estuvo 27 años en la cárcel y al salir fue presidente de su país, Premio Nobel de Paz y modelo a seguir de las generaciones futuras. ¿Usted qué espera ser? ¿Cómo quiere ser recordado por los colombianos que usted dice querer mucho? ¿Cómo alguien que quiere mejorar el negocio del narcotráfico, o en cambio cómo una persona arrepentida y dispuesta a contar la verdad, a enfatizar que el narcotráfico no es un negocio ni una profesión, y que los que trabajan en ello, no son empresarios ni contrabandistas, sino criminales?   Eso debe decirlo alto y claro, y poder mirar a sus víctimas a los ojos, responder a sus preguntas y prometer que nunca más repetirá su vida pasada, y lo más importante, hacer memoria de los daños irreparables.   Le invito Señor Lehder a que considere esto último, y se atreva a delatar la paz [6] , figura socio- territorial que significa decir, producto del conocimiento en la guerra,  con quién, cómo y dónde se puede hacer la paz en Colombia. Esta figura se empleó en la década de los 90 en la ciudad de Medellín, cuando se estableció una comunicación positiva entre cárcel y ciuda d, y que aportó a la paz social en la guerra urbana producto del narcoterrorismo que desangraba la ciudad.   Finalmente, acercarse a la JUSTICIA RESTAURATIVA , a esa justicia que humaniza la justicia, donde con seguridad jurídica, física y psicológica y en ambientes de confianza, se pueda reunir con víctimas y comunidades para conocer la verdad, reparar el daño causado de manera real o simbólica, y abrir las puertas a la reintegración social en Colombia, ese lugar puede ser el Centro Nacional de Memoria Histórica [7] . ¡¡Esta cordialmente invitado!!   La única justicia de los daños irreparables, es la justicia de la memoria de la injusticia [8]                   Reyes Mates.     [1]  Fundador y director general de Colombia Restaurativa www.colombiarestaurativa.com   Reconocido por la Organización de Estados Americanos, OEA, generador de Confianza en América Latina. Abogado, criminólogo, victimólogo, conflictólogo e interesado en la cultura y justicia restaurativa penal y ambiental. [2]  Las revelaciones de Carlos Lehder en SEMANA, Revista Semana, 5/04/2025.  https://www.youtube.com/watch?v=uMSa5oVH_9s   [3]  Idem [4] Idem [5]  Las revelaciones de Carlos Lehder en SEMANA, Revista Semana, 5/04/2025. https://www.youtube.com/watch?v=uMSa5oVH_9s   [6]  Xavier Etxeberria Muleon. Los Encuentros Restaurativos como dialogo moral. En “Los Ojos del Otro”, Encuentros restaurativos entre víctimas y ex miembros de ETA. Esther Pascual Rodríguez (Coord). [7]  Sepúlveda Arroyave, Juan Guillermo. Vivencias Urbanas de Paz. Medellín década de los 90ª.2010 CIDOB Barcelona, España. https://www.files.ethz.ch/isn/145616/VIVENCIAS%20URBANAS%20DE%20PAZ_2010_JGSA%20(06.2010).pdf   [8]  Dirección: Carrera 7 No 32-42 Pisos 30 y 31 Bogotá, Colombia. Código Postal: 110421. Horario de atención: lunes a viernes 08:00 a.m. - 05:00 p.m. [9] Reyes, Mate, Tratado de la Injusticia.2011.

Por: Natalia Reina y Diego Pedraza, investigadores de la línea de Democracia y Gobernabilidad La semana pasada, el Congreso de la República volvió a ser foco de atención de la política nacional, pero esta vez no se trató del hundimiento de alguna reforma ni de una polémica discusión entre congresistas; las denuncias de acoso sexual al interior de la corporación fueron las protagonistas. Sin embargo, ¿son las recientes denuncias hechos aislados o, en realidad, estas son parte de algo que viene hirviendo desde hace años y que pretende ser tapado y silenciado a través de presiones e influencias de redes de poder? En los baños de la casa de la democracia quedaron consignadas frases como: “ Aquí a los acosadores les renuevan el contrato”, “Los que protegen a mi jefe, me acosan a mí” y “Rompimos el silencio y nada pasó” . Las consignas hacían referencia al caso de Tania Acero, exasesora legislativa, quien en diciembre de 2024 activó la ruta de atención de violencia sexual del Congreso, en contra de Juan Camilo Díaz, fotógrafo de la Cámara de Representantes. Sin embargo, hasta la fecha no ha existido acompañamiento para ella ni acciones correctivas para su presunto agresor. Esta no es la primera vez en la que se realizan señalamientos de este tipo. Foto: Cambio A finales del año 2022, el hoy director general de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, advirtió sobre la existencia de una presunta red de explotación sexual al interior del Capitolio, la cual estaría mediada por el chantaje a las víctimas bajo la amenaza de perder sus puestos. Ante ello, en enero de 2023 el presidente Petro asignó  a la senadora María José Pizarro —y para aquel entonces presidenta de la Comisión de la Mujer— la tarea de investigar las denuncias sobre acoso y violencia sexual en el Congreso de la República. En agosto de 2023, Pizarro presentó un primer informe sobre el seguimiento a la labor designada por el presidente. Dicho informe expuso nueve denuncias, de las cuales siete de las víctimas eran mujeres y dos hombres; al parecer, la mayoría de las denuncias estaban ligadas al abuso laboral y a violaciones de los derechos laborales . Entre los presuntos agresores se encontraban contratistas del Congreso y trabajadores de las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL). En algunos de los casos en cuestión se tomaron medidas correctivas , como la suspensión o no renovación de contratos a los presuntos agresores. Si bien es cierto que seis de las denuncias fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía, en 2024 la misma senadora Pizarro reconoció  que, hasta dicha fecha, no se habían obtenido grandes avances en las investigaciones. Cabe mencionar que, para el año 2023, el nivel de esclarecimiento de delitos sexuales por parte de la Fiscalía no superaba el 55 %,  lo que expone la falta de celeridad de ciertos entes, con lo cual se termina generando un escenario poco garantista y revictimizante para las personas denunciantes. Un protocolo sin voluntad política para operar La preocupación por las denuncias de acoso sexual y las violencias basadas en género parece ser relevante únicamente cuando son expuestas públicamente. Posicionar en la agenda la necesidad de protocolos y rutas de atención ante casos de acoso sexual ha sido una disputa de largo aliento. Tan solo hasta enero de 2023, el Congreso presentó la Resolución No. 010 de 2023 de la Mesa Directiva, que establecía el " Protocolo Integral para la Prevención y Orientación Institucional frente a Conductas de Violencia Sexual, en el Ámbito Laboral y Contractual, en el Congreso de la República". Pese a la existencia de dicho protocolo, la denuncia hecha por Tania Acero conduce a preguntarse: ¿cuál ha sido la voluntad política y el compromiso asumido por los y las congresistas para que la ruta de atención de acoso sexual funcione eficientemente? ¿Existen redes de poder al interior del Capitolio que han permeado y silenciado casos similares a este? La reducción del acoso sexual no se soluciona a través de la mera creación de una ruta de atención y prevención; se requiere —entre otros factores— implementarla de manera óptima y oportuna, aspectos que, al parecer, no han sido priorizados por el Congreso. Los señalamientos realizados por Acero cuestionaron la falta de claridad y celeridad de la ruta, pues no recibió acompañamiento legal ni psicosocial, pese a estar incluidos en las supuestas garantías para las denunciantes. Además, el protocolo no define las competencias institucionales específicas para dar trámite a los procesos ni las acciones correctivas a emprender. En consecuencia, el protocolo no solo tiene falencias, sino que, al interior del Capitolio, no ha existido voluntad suficiente para esclarecer o atender las denuncias. Las redes de poder que se mueven en el Capitolio La situación que se vivió en el Congreso de la Republica no es nueva, ni mucho menos un caso aislado, es por el contrario una repetición de situaciones que por años llevan en silencio, en medio de los pasillos del Capitolio y ante la distancia insalvable que constituye el poder de los legisladores colombianos. Esa distancia de poder absolutista es quizás la gran problemática que se vive desde el Congreso, porque los legisladores abusan de su fuero para mantenerse en los espacios de poder, donde nadie puede entrar y donde solo ellos pueden decidir el devenir de lo que allí sucede. Ese poder desbocado es la muestra clara de un Congreso silencioso y cómplice ante situaciones de abuso o acoso que han sido reportadas desde siempre al interior del recinto. Y es que estos “fueros inviolables” terminan siendo tan omnipotentes que las denuncias presentadas ante la Cámara de Representantes o el Senado suelen quedarse en letras muertas que acompañan a la poco o casi nada eficiente, Comisión para la Equidad de la Mujer, porque al final las redes de los legisladores terminan sometiendo todo al silencio absoluto que campea por la lastrada “Casa de la democracia”. Podríamos decir que el problema nace a partir de esa relación subyugante de poder, ese periplo en el cual el funcionario o contratista debe someterse a las peores precarizaciones laborales para lograr acceder a uno de los famosos “cupos” que tienen los congresistas en sus Unidades de Trabajo Legislativo - UTL o en las dependencias de la corporación. Son dichos “cupos” la herramienta que han utilizado los legisladores para imponer su poder frente a otros, son esos “cupos” los que los han llevado a tener la fuerza para mover a la gente por diferentes cargos, por contratos temporales y por meses de incertidumbre laboral para así sostener esas redes clientelares que constituyen las bases de su poderío electoral. Y aunque todo el país sabe de ese poder “oculto” que tienen en los lapiceros los congresistas, situaciones como las que ocurrieron la semana pasada deben abrir un nuevo debate, donde se juzgue con verdadera objetividad y franqueza a los legisladores. Acá no hablamos de situaciones “sin importancia”, acá hablamos de un delito que hace mella en las bases de una sociedad que intenta cambiar, aunque sus referentes morales y políticos actúen con la bajeza de siempre. Ese poder ha llevado a que las denuncias emitidas se queden en un número más dentro del grueso de casos que han ocurrido en el Congreso en los últimos años. Y aunque se ha visto una evolución progresiva con la creación de comisiones de seguimiento o con vigilancias atentas desde el gobierno nacional, la situación no parece que vaya a cambiar y no parece que lo vaya a hacer porque al final la base de la estructura sigue manejándose bajo esa subyugación de poder entre el congresista y “los otros”. El delito pareciera que sigue campante y las víctimas abandonadas por cuenta de la omnipotencia del poder legislativo, y se menciona en general, porque al final  este tipo de situaciones ha llegado a “salpicar” a congresistas o excongresistas de todas las esferas políticas, quienes, por lo general, logran solventar la situación por cuenta de ese poder que los envuelve, un poder que se caracteriza por apagar los cuestionamientos, por medio del silencio atroz que conlleva a la prescripción de los casos. Personajes como Mauricio Lizcano, señalado en 2023 de intentar besar a una mujer que buscaba entrar a su UTL, Cesar Lorduy, excongresista y exmagistrado del CNE, quien fuera acusado de un presunto acoso hace unos meses por la representante Ingrid Aguirre, son solo algunos de los ejemplos campantes de excongresistas que han sido señalados con el ojo avizor de hacer parte de estas dinámicas. Y aunque no se ha probado la culpa de ellos, ni de otros congresistas, no hay que olvidar que sobre las redes de poder del Congreso se mueven fantasmas tan grandes como lo fue la famosa (para mal) “Comunidad del Anillo”, donde los congresistas abusaron de su posición de poder y dominio para forzar a policías que conformaban sus esquemas de seguridad a cometer actos sexuales que terminaron por sacudir al país y dejar en entredicho a la Policía Nacional. Los recientes hechos ponen nuevamente en la agenda pública los presuntos casos de acoso sexual al interior del órgano. Según Tania Acero, denunciante en este caso, en el Congreso se han presentado múltiples hechos, como tocamientos indebidos, restricción a la movilidad y presiones a cambio de continuar con sus cargos en la corporación. Tal escenario refleja que las relaciones desiguales de poder al interior del Capitolio han vulnerado de manera clara y directa las condiciones laborales de las víctimas, quienes, en ocasiones, optan por no recurrir a las vías institucionales por miedo a represalias, revictimización, archivo o ausencia de trámite a los casos. Ahora bien, después de la denuncia de Acero, muchos congresistas salieron rápidamente a solidarizarse con las víctimas y a rechazar todo tipo de acoso sexual. Pero, más allá de un comunicado de rechazo, ¿cuáles han sido las acciones concretas que han liderado los congresistas para erradicar estas situaciones al interior del Congreso? ¿Su poder político ha sido un instrumento para fortalecer las rutas de acoso sexual? ¿Qué ha hecho la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer para evitar la repetición y garantizar la celeridad y el acompañamiento en las rutas activadas? ¿A qué se debe el silencio sepulcral al interior del Congreso, pese a que distintas voces afirman que estos hechos han sucedido por años? ¿Existe voluntad y disposición genuina por parte de los honorables para dar trámite a denuncias de este tipo?

Por: Redacción Pares No es una exageración decir que en la Costa Atlántica muchas familias deben elegir entre comer o pagar sus recibos de energía. Esto pasó durante décadas sin que ningún gobierno se apersonara de la situación. Se acostumbró a que el poder judicial no defendiera los intereses de los usuarios y siempre estuvieran del lado de las generadoras de energía y sus millonarios negocios. Este fue el tema más candente que esgrimió el pasado 7 de abril durante el último consejo de ministros televisado. Allí presentó el plan que tiene su gobierno para lograr bajar las tarifas de energía, sobretodo en los estratos 1 y 2.   A pesar de que se les presentó a las generadoras la oportunidad de presentar opciones para cambiar el modelo tarifario, ninguna presentó nuevas alternativas. Tal y como dijo Petro en su intervención “las generadoras no aceptaron la nueva fórmula tarifaria”. Así que por esa razón no quedó otro camino que expedir un decreto que obligue a las generadoras a bajar sus tarifas.   Este es sólo un paso más dentro de una marcha que comenzó desde el anterior ministro de minas, Andrés Camacho. Durante su gestión se enfrentó con éxito a retos como la andanada del Fenómeno del Niño, la apuesta por la descarbonización de la matriz energética y la transición a energías renovables. Una vez salió del ministerio Camacho es uno de los personajes claves en el gran reto que tenemos como especie: dar el salto a la transición energética para salvar al planeta.   Camacho estuvo esta semana en el programa La otra cara de la moneda, de Cablenoticias. El tema fue la estrategia de Petro para bajar las tarifas de energía. En él camacho reafirmó lo que el actual ministro de minas, Edwin Palma, ha repetido: nuestro sistema de energía es de 1994, tiene más de 30 años es completamente obsoleto. Por eso Camacho afirmó lo siguiente en La otra cara de la moneda “Nuestro sistema no es competitivo, tenemos concentración de empresas que tienen más energía a su disposición, por eso tienen más poder de mercado y abusan de él” Lo que busca el gobierno es “tener mas contratos bilaterales y hacer el sistema más estable” Esto evitaría que se presentaran problemas con el alza de las tarifas, algo que ha martillado a los colombianos más pobres, sobre todo en el Caribe.   Mientras tanto el nuevo ministro de minas, Edwin Palma, es consciente que históricamente el Estado colombiano ha estado dándole la espalda a los usuarios “Nosotros en este gobierno, y así está considerado desde la campaña, incluso desde la campaña pasada, luego en el programa de Gobierno, luego en el Plan Nacional de Desarrollo, hemos considerado el derecho a la energía como un derecho humano, como lo ha considerado la Corte Constitucional, como está considerado así, e incluso en los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y no se ve al usuario como un cliente, como generalmente lo ve el sistema de energía eléctrica del país”.   Desde que Camacho está al frente de la cartera se han tomado decisiones que han resultado beneficiosas para los usuarios, uno de ellos fue intervenir a la empresa Aire y sacar a terceros de los recibos. Por eso ya en el Caribe se han presentado bajas en el costo del servicio de un 15%. Además se ha venido dando impulso a la creación de comunidades energéticas y a la apertura de más plantas solares.   La clave para bajar las tarifas radica en controlar a las generadoras, porque, como lo recuerda el ex ministro Camacho “Detrás de la energía hay unas ganancias billonarias y hay sectores que no quieren que estas se reduzcan”. Las generadoras de energía deben cambiar y modernizarse. No tienen otra opción.

Por: Redacción Pares En la última semana del juicio al expresidente Alvaro Uribe el ex paramilitar Carlos Enrique Vélez afirmó que el abogado Diego Cadena le había ofrecido y entregado un soborno de 200 millones de pesos para que cambiara su versión en el juicio. Le pidieron fue acusar a Iván Cepeda de una posible manipulación de testigos.   Antes del año 2016 no sabíamos nada de Diego Cadena. Ese año terminó siendo contratado por el líder del Centro Democrático para asumir la misión de recoger evidencia en las cárceles del país que evidenciaran una supuesta trama que se gestaba contra él. Hay que decirlo así suene duro, pero Cadena se había hecho un nombre defendiendo a bandidos. En una grabación develada por Daniel Coronell en la W Radio se escucha al defensor ufanándose delante de su novia de ser un “Aboganster”. Cuando fue interpelado por el reconocido periodista por esta frase, intentó remendar lo que había dicho afirmando que fue “Abohamster” lo que dijo, haciendo referencia a una mascota que tenía con su pareja. Por supuesto nadie le creyó una palabra.   Entre sus defendidos están Diego León Montoya, conocido como “El señor de la guerra” o “Don Diego”, líder del cartel del Norte del Valle quien a punta de sus millones pudo corromper a políticos de ese departamento y a altos oficiales del ejército, Don Diego, capturado en el 2007, tenía excelentes relaciones con el Chapo Guzmán, Cadena también defendió a Diego Pérez Henao, fundador de la temida banda “Los Rastrojos”, arrancó su vida delictiva como sicario a sueldo y luego se convirtió en un gran capo de la mafia, Victor Patiño Fomeque, un ex agente de la policía que se volvió mafioso gracias a la habilidad que tenía con los químicos. En el 2023 el narcotraficante Francisco Javier Zuluaga, alias Gordo Lindo, salió de la cárcel. Su caso se convirtió en un escándalo ya que se hizo pasar como paramilitar para recibir los beneficios de Justicia y Paz.   La defensa de estos pesos pesados del crimen en Colombia le ha generado a Cadena una fortuna de 4.500 millones de pesos, casas en Medellín, Bogotá y Cali, tiene empresas en Miami y hasta un jet privado. El 27 de julio del 2021 fue condenado a pasar un tiempo en prisión domiciliaria. La Fiscalía le imputó cargos por haberle ofrecido 200 millones de pesos al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, quien compareció ante la juez Sandra Heredia el pasado lunes 7 de abril. El argumento que ha dado Cadena sobre ese dinero es que se lo dio a un familiar, una hermana mayor que es como una especie de madre para Vélez, por una cuestión de humanidad.   El testimonio del ex paramilitar Vélez fue uno de los momentos más álgidos que se ha vivido durante el juicio de Alvaro Uribe Vélez. En últimas noticias se supo que la fecha de preclusión del caso ya no será el próximo 8 de octubre sino el 15 de ese mes.

Por: Redacción Pares China no se doblega ante nada, mucho menos ante Trump. Cuando el presidente norteamericano arrancó a imponer aranceles, China no se quedó con los brazos cruzados e impuso aranceles del 34% a los productos norteamericanos. El contrataque de la Casa Blanca no se hizo esperar: se anunció aranceles al 104% y dichos como lo que dijo el presidente norteamericano cuando la impuso: “hoy es un día maravilloso para los Estados Unidos”. Trump también fue tajante “Se acabaron las negociaciones con China”. Negociante antes que diplomático, el mandatario se hizo famoso fue por su agresividad a la hora de negociar. Se autodenomina como un tiburón de los negocios. Por eso su mejore respuesta siempre va a ser el ataque. Confiaba en que “la China está desesperada y está esperando nuestra llamada”. Pero ante el anuncio del aumento del 104% Pekín no se movió. Así que a las 12 de la noche del pasado martes empezaron a regir los nuevos aranceles. El mundo está en vilo. La guerra comercial puede ser apenas el comienzo de algo peor.   En su primer mandato el presidente Trump había gravado aranceles complementarios a China pero jamás de esta magnitud. El coletazo de esta medida ya se empieza a ver en el mercado internacional con la caída de los precios del petróleo. La incertidumbre y el temor que generan estas medidas desde Washington son las razones de este incremento.   En Pekín se sienten insultados. Creen que todo se trata “de una estrategia chantajista” por parte de Trump. Las contramedidas empiezan a pulular. La más dura de todas fue la del 84% de aranceles a los productos norteamericanos, decisión tomada este 9 de abril. Además se vienen sanciones a empresas norteamericanas, restricciones a la exportación de tierras raras, la suspensión de compras de productos como el pollo y el sorgo y se arrancó además con una investigación de leyes antimonopolio.   Lo que es increíble es que Trump se está burlando abiertamente de los países, a los que les impuso el impuesto arancelario, que le están pidiendo tregua por esta guerra económica. En una convención republicano el presidente norteamericano afirmó que, a los países que le están suplicando por bajar los aranceles tendrán que “besarme el trasero”.   Hay que recordar que desde el pasado 2 de abril Trump puso en marcha un arancel del 10% para todo el mundo lo que ha provocado la incertidumbre en el mercado mundial. Para la Unión Europea y China los aranceles serán todavía más altos. Se teme que en los próximos días esta confrontación, por ahora económica, siga escalando.