Por: Redacción Pares Este lunes 1 de junio, un grupo de ciudadanos encabezados por el senador Antonio Sanguino y el director de la Fundación Pares, León Valencia, instauraron una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación, contra el Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, la Ministra de Relaciones Exteriores Claudia Blum y el Embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos. Los accionantes argumentan que al impulsar el derrocamiento del gobierno de un país vecino y permitir el lanzamiento de acciones armadas desde el territorio colombiano, los funcionarios actúan al margen de la ley y desconociendo los principios constitucionales que rigen la política exterior colombiana, lo que puede constituir una falta disciplinaria gravísima. Asimismo, los denunciantes argumentan que no basta con que el gobierno desconozca la legitimidad del gobierno de otro país para que asuma funciones en el ámbito internacional que le corresponden a organismos multilaterales que sí tienen las atribuciones para actuar, en este caso, las Naciones Unidas a través de su Consejo de Seguridad. Agregan que los funcionarios denunciados no pueden actuar al margen de la ley con base en la presunta ilegitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, porque ni el ordenamiento nacional ni el internacional les asigna esas funciones. Dada la disputa geoestratégica que se libra en torno a Venezuela, las actuaciones de los funcionarios pueden involucrar a Colombia en un conflicto internacional con grave perjuicio para todos los ciudadanos del país. La denuncia relaciona 25 puntos que demuestran las actuaciones ilegales: declaraciones expresas, el “cerco humanitario humanitaria” que desconoció los protocolos establecidos para la entrega de ayudas y el decomiso de un cargamento de armas para apoyar un golpe de Estado contra Maduro, entre otros. En este caso, el venezolano Cliver Alcalá se entregó a las autoridades y de inmediato fue trasladado a Estados Unidos sin que las autoridades colombianas le imputarán cargos por los delitos que cometió. Ahora le corresponde a la Procuraduría estudiar la denuncia y determinar el alcance de las faltas disciplinarias de los tres funcionarios. Vea aquí la denuncia completa

Por: Emilia Márquez Pizano Directora del área de sexo y género. ONG Temblores. Texto publicado bajo el título#Bronx4años y originalmente en: https://www.temblores.org/post/bronx4a%C3%B1os El 28 de mayo del 2016 en horas de la madrugada, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa dirigió una intervención militar en la calle de la L, ubicada detrás de la iglesia del Voto Nacional y custodiada por un batallón del Ejército Nacional. Durante el mandato de Peñalosa, y bajo sus políticas de recuperación del espacio público, la policía ejecutó sistemáticamente acciones de desplazamiento y violencia hacia ciudadanías consideradas indeseables; principalmente, aquellas que hacen de la calle su lugar de vivienda o trabajo. La intervención del Bronx -nombre que acuñó esta alcaldía para referirse a las calles ubicadas abajo de la carrera 15 entre las calles 9 y 10 de Bogotá- que se hacía con el propósito de recuperar este territorio de grupos al margen de la ley, resultó en violencia desproporcionada contra poblaciones habitantes de calle, con poco éxito en cuanto a desmantelar los grupos narcotraficantes que operaban desde el corazón de la ciudad*. Las personas habitantes de calle que se encontraban en la L en el momento de la intervención, que ya eran víctimas de las estructuras de conflicto armado que operaban en el centro del centro del país, fueron re victimizadas con esta toma militar. Posteriormente lo han seguido siendo, tanto por las prácticas violentas de la policía y de grupos al margen de la ley, como por las políticas de la Alcaldía de Bogotá, que lejos de ver este como un espacio para la reparación de cientos de personas que fueron violentadas y asesinadas, lo ve como un espacio a ser borrado de la memoria colectiva y reemplazado con centros comerciales y artísticos. Desde Temblores ONG insistimos en que debemos reparar a quienes han sido víctimas del conflicto armado en todas sus manifestaciones y hacer ejercicios de memoria histórica que permitan el acceso a la justicia que tanto ha sido negado a la población habitante de calle. Es en este ejercicio que exigimos para el Bronx ¡una comisión de la verdad ya! El Bronx como escenario de conflicto armado En nuestro informe de derechos humanos Los Nunca Nadie, mostramos cómo el Bronx fue un espacio de conflicto armado. En él circulaban estructuras de narcotráfico que alimentaban económicamente a grupos armados al margen de la ley, quienes, a su vez, perpetuaron en estas calles actos de tortura, violencia sexual, homicidio y desaparición forzada. Estas problemáticas no sucedían de manera aislada, sino en conexión con estructuras del conflicto que operaban a nivel nacional. Gran parte de las víctimas de estos atroces actos fueron habitantes de calle, quienes por fuera de la L, eran también constantemente desplazados del espacio público por la policía por medio de golpes, patadas y amenazas. Las vidas de muchas de estas personas, como un cruel hilo conductor, trazan el camino entre la guerra interna de este país y la guerra que se desató en la L la noche del 28 de mayo, que al final son la misma: muchas de estas personas llegaron a las calles de Bogotá, como resultado de desplazamientos forzados y amenazas, a nuevos espacios de desplazamiento del espacio público, violencia y homicidios por parte de grupos armados legales y paralegales**. En Los Nunca Nadie encontramos que la mayoría de asesinatos contra personas habitantes de calle ocurren en las noches y madrugadas, mayoritariamente los domingos, y con armas de fuego, lo cual muestra una acción sistemática y premeditada de actores armados, ya sea de manera legal o al margen de la ley. También encontramos que aunque sean víctimas de violencia constante y sistemática, el acceso a la justicia de las personas habitantes de calle es bajísimo; tanto así que la policía y la Fiscalía, encargadas de investigar y llevar ante la justicia los hechos violentos, solo actúan en el 20% de los casos que tienen que ver con habitantes de calle. Revictimización estatal Este patrón de injusticia social se repite en las maneras estatales de enfrentar las problemáticas relacionadas a la población habitante de calle que produjo la alcaldía de Peñalosa y que actualmente no parecen estar cambiando desde la de López. El territorio de la L, que cuatro años después del operativo militar sigue existiendo como las ruinas de una guerra contra las drogas, ahora se llama “Bronx, distrito creativo”. En ese lugar, tras años de ser víctimas de las estructuras armadas y de narcotráfico que controlaban el lugar, en la noche del 28 de mayo del 2016 cientos de habitantes de calle fueron víctimas de homicidio, violencia física y desplazamiento forzado por parte de agentes conjugados de la fuerza pública (Ejército, Policía y Esmad) para luego ser desplazados hacia caños que fueron inundados arrasando con muchos de ellos y luego una y otra vez hacia márgenes cada vez más limítrofes de la ciudad. Sin embargo, el territorio en donde ocurrió esta guerra, que debería ser un lugar de resignificación, memoria y reparación para y de sus víctimas, se convirtió en una pasarela de modas y fue pisado por una enorme pista de eventos privados producto de la alianza entre la alcaldía y entidades bancarias nacionales. El eslogan “El Bronx está de moda” preside ahora este espacio que fue escenario de crímenes atroces, en donde debería haber habido un recorrido de memoria y verdad que permitiera esclarecer todos los hechos que allí ocurrieron. Sin embargo, en vez de una memoria construida de manera cuidadosa de la mano de la multiplicidad de voces de las víctimas de la L y su intervención, en la página web de la alcaldía encontramos una producción virtual titulada “El Bronx: historia oficial” en donde se nos recuerda de entrada que la verdad sobre este espacio tiene un dueño, y no son quienes conocieron sus rincones y cotidianidades, sino quienes lo intervinieron, demolieron y luego reemplazaron con costosos productos de diseño y renders de espacios más estéticos. ¡Comisión de la verdad ya! Cuatro años después de la interveción del Bronx, la personas habitantes de calle siguen siendo violentadas y discriminadas a diario*** y aún no consiguen acceder a la justicia, la verdad ni la reparación sobre lo que ocurrió en este espacio. Desde Temblores ONG exigimos a la Alcaldía de Bogotá generar una comisión de la verdad participativa y comunitaria que permita esclarecer los hechos que ocurrieron en la intervención militar de la L. Es mejor cuatro años tarde que nunca. ———– *Durante el operativo solo se ejecutaron 20 capturas. Destapando la olla: informe sombra sobre la intervención en el Bronx, 2016. ** Según nuestro informe Los Nunca Nadie, entre 2007 y 2017 se perpetuaron 3.554 homicidios y 11.031 hechos de violencia física contra habitantes de calle ***Según nuestro informe Algo huele mal, en 2018 se registraron 191 homicidios y 220 hechos de violencia física contra habitantes de calle. Según Cifras oficiales de Medicina Legal recopiladas por Temblores ONG, en el 2019, esta institución registró 221 homicidios y 165 hechos de violencia física contra habitantes de calle. Entre enero y abril del 2020, la institución reportó 44 homicidios y 47 hechos de violencia física contra habitantes de calle.

Por: Laura Cano, periodista Pares. El pasado 13 de mayo se conoció la noticia de la inclusión de Cuba en la lista negra de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos estadounidenses contra el terrorismo, documento en el que también están Irán, Siria, Corea del Norte y Venezuela. La decisión, principalmente, fue tomada bajo el argumento de la presencia en el territorio cubano de miembros de la delegación de paz del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esto luego de que este país apoyara los diálogos que se venían realizando con esta guerrilla desde el 07 de febrero de 2017, y que fueron suspendidos el 17 de enero de 2019 luego del atentado ocurrido en la Escuela de Cadetes de Policía, el cual provocó, además de la muerte de 22 personas, que el Gobierno Nacional solicitara la extradición de Nicolás Rodríguez Bautista, alias «Gabino», jefe máximo del ELN. Dicha petición hasta la fecha no ha podido proceder, puesto que dentro del proceso que se adelantaba había estaba establecido un Protocolo en el que se dictaba que en caso de romperse los diálogos, como ocurrió, el regreso de la delegación guerrillera a Colombia debía ser seguro, este documento ha estado respaldado internacionalmente por su injerencia con la búsqueda de una solución negociada al conflicto armado colombiano. En ese sentido se ha pronunciado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba en el que rechazan contundentemente la inclusión de su país en dicho listado. Además, señalaron que: “El gobierno colombiano ha incursionado en una serie de acciones hostiles contra Cuba, que incluyen declaraciones públicas, amenazas y emplazamientos, mediante la manipulación, ingrata y políticamente motivada, de nuestra inobjetable contribución a la paz en Colombia. Entre estas acciones, se registró la modificación de la postura histórica de Colombia de apoyo a la Resolución que cada año aprueba la Asamblea General de las Naciones Unidas en demanda del fin del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos que provoca daños y sufrimiento al pueblo cubano. Esta acción cambió ostensiblemente la posición consistente e invariable de todos los gobiernos colombianos desde 1992”. Asimismo, rechazaron la posición del Alto Comisionado Para la Paz, Miguel Ceballos, que respaldado en su cargo salió a decir públicamente que la decisión de Estados Unidos era un ‘espaldarazo’ del país norteamericano a Colombia, afirmación que ha sido refutada desde varios sectores, y que esta vez también se desaprobó por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. “La presencia de representantes del ELN en nuestro territorio, en la que descansa la acusación estadounidense, no es más que un pretexto endeble y deshonesto, carente de sentido y facilitado por la actitud ingrata del gobierno de Colombia, si es que algún crédito merece las declaraciones del Sr. Ceballos”. En este sentido el organismo cubano solicitó al Gobierno Nacional mayor claridad frente a su postura y el señalamiento de realizado desde los mandatarios estadounidenses, subrayando la importancia de país garante que Cuba ha tenido en los diálogos en búsqueda de paz en Colombia, como el suspendido con el ELN y el Acuerdo al que se llegó en el 2016 con la antigua guerrilla Farc-ep, con el que reclaman poner en conocimiento púbico su aplicación y cumplimiento. Adicionalmente, se recalca las acciones terroristas de las que Cuba ha sido víctima y las que han sido organizadas, financiadas y ejecutadas desde territorio de los Estados Unidos, en las cuales, por lo menos, han muerto 3478 cubanos. El comunicado de Ministerio público concluye aseverando que: “Como país que ha sido víctima del terrorismo, Cuba deplora toda manifestación de manipulación y oportunismo político al tratar un asunto tan sensible.”

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Han trascurrido tres (3) años y medio desde la firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón, el 24 de noviembre de 2016. Durante estos 42 meses, más de 13 mil exguerrilleros —de la otrora guerrilla del FARC-EP— continúan apostándole a la paz. Sin embargo, más del 70% de ellos se encuentran por fuera de los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), según el Consejo Nacional de Reincorporación del componente FARC (CNR FARC). De esta forma, los más de 9.000 firmantes de paz están en las denominadas Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR), que no son reconocidas por el Gobierno Nacional. Pares habló con firmantes de paz que se encuentran adelantando su proceso de reincorporación en las NAR. Entre otras cosas, ellos señalan que el no reconocimiento de las NAR implica la desatención del asesinato de exguerrilleros que —tras la firma del Acuerdo— ya cobró la vida de 199 firmantes de paz, hechos que mayoritariamente se perpetran por fuera de los ETCR. Además, le manifestaron a Pares que al estar por fuera de los ETCR son objeto de una estigmatización que los pone en riesgo de muerte. Un riesgo sin proporciones Fabián, quien actualmente se encuentra adelantando su proceso de reincorporación en una NAR al nororiente del país, cuenta que —además de la estigmatización que supone ser exguerrillero— sufrimos una estigmatización por parte de la institucionalidad por no estar en los ETCR. Es decir, hemos sido señalados y nos vinculan, peligrosamente, con las disidencias o con las economías ilegales. Las NAR son asentamientos colectivos para ex integrantes de FARC-EP, sus familias y comunidades. Las NAR son resultado de las complejidades de la implementación del Acuerdo de Paz en el marco de la reincorporación. Fotos: Cortesía. Fabián señala que han hecho denuncias públicas en distintas zonas del país para aclarar una situación en la que el gobierno nos pone en riesgo irresponsablemente. Nosotros no estamos en la ilegalidad, eso es una mentira. Nosotros seguimos diciendo que la única arma que tenemos para seguir en la lucha; es la palabra. De hecho, en las regiones han creado mesas de paz, consejos territoriales de paz en los que participan periódicamente. Bajo esas acciones se pueden dar cuenta que no estamos en la ilegalidad. Le apostamos todo al proceso de paz y acá, con 200 muertos tras la firma; seguimos. ¿Qué son las NAR? De acuerdo con CNR FARC, las NAR son asentamientos colectivos para ex integrantes de FARC-EP, sus familias y comunidades. Las NAR son resultado de las complejidades de la implementación del Acuerdo de Paz en el marco de la reincorporación. El propósito del reconocimiento de las NAR, entre otras cosas, para el CNR FARC tiene que ver con que es la forma de garantizar los derechos de todas y todos los firmantes de paz. Asimismo, CNR FARC le confirmó a Pares que —a la fecha— han podido reconocer 91 NAR a lo largo y ancho del territorio colombiano. Estas NAR, que surgen desde 2017, son mayoritariamente rurales, sin embargo, también las hay de carácter urbano. De acuerdo con CNR FARC, se dividen en siete (7) grandes regiones en 29 de los 32 departamentos: Región Norte (Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar y Sucre); Región Nororiental (Norte de Santander, Santander y Arauca); Región Noroccidental (Córdoba, Antioquia, Chocó, Caldas y Risaralda); Región Suroccidente (Valle del Cauca, Cuaca y Nariño); Región Sur (Huila, Caquetá y Putumayo); Región Oriente (Vaupés, Guaviare, Meta, Casanare, Vichada y Guainía); y Región Centro (Tolima, Cundinamarca y Boyacá). El papel de las NAR en los territorios Según lo que le comunicó el CNR FARC a PARES las NAR responden al enfoque territorial del Acuerdo. La implementación del mismo implica territorializar programas, planes y proyectos que atiendan las necesidades de las comunidades en proceso de reincorporación. Por ejemplo, para Valentina —quien adelanta su proceso de Reincorporación en la Región Centro— en las NAR hemos encontrado que se han unido la población exguerrillera con los campesinos, comunidades indígenas o afrodescendientes. Esto por medio de prácticas solidarias, que incluso han llegado a acuerdos sobre uso de la tierra, encadenamientos productivos, soluciones de pan coger, distribución de trabajo, etc. Por estas razones es que, además, solicitamos que las NAR tengan enfoques étnicos para el beneficio de las comunidades aledañas, precisa. De igual forma, resalta que hay un importante ejemplo en la región centro, puntualmente en Cundinamarca. Producto de la pedagogía de paz, se han adelantado proyectos de asociatividad entre firmantes de paz y familias víctimas del conflicto armado. Casos como el de Soacha están permitiendo experiencias de reconciliación en las NAR. Así las cosas, desconocer las NAR es poner en riesgo estos procesos de reconstrucción de tejido social. Sin reconocimiento por parte del Gobierno Nacional Para el CNR FARC, el desconocimiento que ha manifestado el Gobierno Nacional con las NAR tiene que ver con pretender reducir el alcance de la construcción de la paz a un conjunto de medidas asistencialistas que no constituyen una política de Estado. En este sentido, no se propende por un mejoramiento en las condiciones de vida, sino por unas soluciones transitorias y superficiales que se traducen en una inadecuada administración de los recursos. Ahora bien, para Fabián, lo que el gobierno desatiende negando las NAR es que estas son producto del desarraigo de tierra, la falta de seguridad y el incumplimiento del gobierno en el marco de la reincorporación comunitaria. Asimismo, Cacica Atahualpa, quien se encuentra adelantando su proceso de reincorporación en la región sur del país, señala que es necesario dejar claro que no solo somos firmantes de paz quienes estamos en las NAR. Hay niños y niñas, hay mujeres en estado de embarazo, madres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en situación de discapacidad. Por su parte, Valentina insiste que el no reconocimiento de las NAR es una decisión política del Gobierno Nacional. A este gobierno no le interesa reconocerlas porque están organizadas, hablamos de 20 o 30 personas con familias en las NAR; eso para ellos configura un gran compromiso que tendrían que asumir. Para el CNR FARC, el desconocimiento que ha manifestado el Gobierno Nacional con las NAR tiene que ver con pretender reducir el alcance de la construcción de la paz a un conjunto de medidas asistencialistas que no constituyen una política de Estado. Foto: Cortesía. Por ejemplo, ante la veeduría internacional tendrían que cumplir porque, las NAR han surgido como producto del mismo proceso de reincorporación. Estamos hablando, en muchos casos, de NAR en las que las personas han sido desplazadas a punta de bala y plomo; con el asesinato selectivo de firmantes de paz. De acuerdo con Valentina, estos casos se viven en el Cauca, Chocó, Nariño, Sur del Tolima, Santander, Huila, etc. Acá hay que señalar una responsabilidad del Gobierno Nacional por no estar atendiendo las nuevas conflictividades que plantea la implementación del Acuerdo de Paz”. Por ejemplo, continúa explicando, uno de los compromisos sería el de poner cordones de seguridad con Ejército y Policía, rutas de Salud y demás. Las NAR son comunidades compuestas por familias. Traen consigo un tejido social alrededor de esos asentamientos. Además, las NAR le otorga un nivel de exigibilidad a las comunidades; cosa que el Gobierno Nacional no está dispuesto a otorgar. Huila, un ejemplo de que las NAR están en la mira Según Cacica, la situación de las NAR en el departamento del Huila es preocupante por cuenta del tema de seguridad. Hay una diferenciación, por parte del gobierno, de las garantías entre la población que está en los ETCR y quienes estamos en las NAR. Ahora bien, la preocupación más inmediata está sobre el caso del municipio de Algeciras. Cacica insiste en que hay más de 10 familias desplazadas de personas en proceso de reincorporación en este municipio. Uno de ellos, Wilson Ramírez sufrió un atentado en el municipio de Soacha, Cundinamarca, el pasado 23 de mayo. Wilson, salió desplazado de Huila. Sobre estos casos se requiere activación de rutas de acción humanitaria. En Huila, en este 2020, se ha registrado el asesinato de Ésder Pineda Peña, Jhon Freddy Vargas Rojas, el de Manuel Olaya, en zona rural de Neiva y en las últimas horas fue asesinado Herney Betancourth en el municipio de Campoalegre. La mayoría de los casos de asesinato selectivo lo están poniendo los firmantes de paz que están en las NAR y esa realidad es la que no quiere ver el Gobierno Nacional. Fabián señala que, en la región nororiental, en donde hay ocho (8) NAR, estamos hablando de aproximadamente de 400 hombres y mujeres firmantes de paz. Súmele familias e hijos. Las cifras están, todo el tiempo, en construcción porque las dinámicas de seguridad hacen que las personas puedan o no mantenerse en el territorio. Las condiciones son ‘pésimas’. Por ejemplo, yo provengo de la NAR Omaira Díaz que está ubicada en San Francisco, Antioquia. Allí hay cerca de 90 excombatientes, pero estamos todos regados alrededor de la NAR, en fincas de amigos. Esto debido a que en la NAR solo hay tres casas donde viven —aproximadamente— más de 50 personas, durmiendo confinados: niños, niñas, mujeres, adultos mayores, etc. Este panorama se extiende a lo largo del territorio nacional frente al acceso al agua o al hecho de que completen semanas sin luz. Esta situación se repite en zonas como las, por ejemplo, San Calixto o La Gabarra (Norte de Santander). Hemos podido hablar con algunos alcaldes y, sobretodo, con la comunidad para que en los planes de gobierno se tengan en cuenta puntos priorizados para beneficio de la población que se encuentra haciendo el proceso de reincorporación. Hijos e hijas de firmantes de paz, a la deriva Hemos encontrado que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) tiene el registro de los y las reincorporadas; más no el de sus hijos, hijas y familiares. Esto es importante mencionarlo porque dentro de los asesinatos ya se suman —tras la firma del Acuerdo de Paz— 40 asesinatos a familiares, asegura Valentina. Además, señala que de manera grave hemos visto como la ARN para hacer censo nacional lo hace por medio de una llamada telefónica. De tal suerte, que si la persona no contesta es como si no existiera, no la cuentan, no registra. Se requiere que en estas zonas se haga un seguimiento al proceso de reincorporación. Ahora bien, este tipo de preocupación se agudiza porque, según Valentina, al no ser reconocidas estas NAR no se están garantizando derechos fundamentales y por falta de condiciones en la atención en salud están muriendo niños y niñas. Por ejemplo, Valentina recuerda la muerte del bebé de tres meses, Éver Alexander Remigio García. Hijo de una pareja de firmantes de paz, caso que Pares denunció ante la opinión pública. Éver falleció por las precarias condiciones de atención de salud que hay en Putumayo. Terminó muriendo en el Hospital Infantil Los Ángeles en Pasto (Nariño), el pasado 25 de abril de 2020. Nosotros nos encontramos cumpliendo el proceso de reincorporación. El Gobierno Nacional debería —independientemente del lugar en el que estemos adelantando el proceso de reincorporación— cumplir con las garantías que permitan este ejercicio de camino hacía la paz, finaliza diciendo Cacica. «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»

Por: León Valencia, director – Pares Algunos lectores de mis trinos en @LeonValenciaA me preguntan por qué mi gran preocupación por la llegada de una fuerza militar de los Estados Unidos a Colombia, y me dicen que quizá es exagerado pensar que esta decisión acerca aún más la posibilidad de un intervención militar en Venezuela. Voy a explicar el porqué de mi angustia. La decisión de enviar la Brigada de Asistencia de Fuerzas de Seguridad -SFAB- a Colombia tuvo tres precedentes inmediatos: la vinculación de Nicolás Maduro y quince altos funcionarios del gobierno del vecino país a un proceso judicial en Estados Unidos; la disposición de naves militares en el Caribe, cerca a las costas de Venezuela; y una incursión de mercenarios en la Guaira preparada desde Colombia con participación de agentes norteamericanos. Pues bien, el argumento para estas acciones sobre Venezuela es el mismo que se utiliza para el envío de tropas a Colombia es la persecución al narcotráfico. Otra coincidencia: una parte de esas tropas estarán en Arauca y Catatumbo que son lugares estratégicos de la frontera con Venezuela. Y una coincidencia más es que este tipo de operaciones fueron en el pasado, en casos como Nicaragua, Granada y Panamá antesala de una intervención abierta en los destinos de esos países. Estas medidas se toman, además, en un momento de grave crisis en Estados Unidos. El manejo irresponsable de la pandemia tiene a este país en el primer lugar de los contagiados y con el de mayor número de muertos en el mundo. A esto se suma la ola de protestas en los últimos de las comunidades negras por la brutal agresión y muerte de George Floyd a manos de un policía en Minnesota. Este es el marco de la campaña electoral en la que Estados Unidos elegirá presidente del país. Ya Donald Trump acusa el golpe en las encuestas. El errático liderazgo en momentos de crisis le está pesando. Para paliar esta situación está escalando las tensiones con China, su gran rival comercial, y con otros países que despiertan alguna sensibilidad en el electorado gringo. Venezuela es uno de ellos. Hay otra desgracia que condimenta la situación: el partido de gobierno en Colombia, el Centro Democrático, está empeñado en la construcción de un nuevo enemigo después de la desmovilización de las FARC y ha escogido al régimen de Nicolás Maduro como el ideal para cumplir esta función. El actual ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, no esconde su pretensión de ganar réditos al interior de la colectividad incentivando la confrontación con el país vecino. Llamar la atención sobre la presencia de nuevas tropas de Estados Unidos en Colombia y sobre el riesgo de que nuestro país termine involucrado en un conflicto de carácter internacional,no tiene mucha acogida en los medios de comunicación en esta coyuntura donde toda la atención se la lleva el dolor causado por la pandemia. Pero debo decir que un conflicto de esta naturaleza trae más angustias que la propia crisis desatada por el Covid-19. Ahí radica mi aflicción por los últimos acontecimientos.

Por: Laura Cano, periodista Pares. «En algunas dependencias del Ministerio del Interior, de la UNP, u otros organismos que tienen que ver con víctimas han nombrado a personas que incluso han contribuido a agredirlas y a estigmatizarlas. Por eso cuestiona mucho cuál es el ánimo y la posición que hay por parte del Gobierno frente a las víctimas, la memoria y el esclarecimiento.« El país pasa por una coyuntura que ha puesto en peligro muchos de los procesos organizativos y de memoria que se han dado dentro del marco de implementación del Acuerdo de Paz. Un alarmante número de vidas de líderes, lideresas y personas en proceso de reincorporación, que a la fecha y desde la firma del documento suman cerca de 609 asesinatos selectivos, además, de una inoperancia del Gobierno Nacional para continuar con lo pactado, lo que ha provocado que muchas regiones vivan hoy un retorno de la guerra entre antiguos y nuevos grupos armados ilegales. En este sentido y en un análisis de estos escenarios, Pares habló con Martha Nubia Bello, quien fue investigadora del CNMH y allí participó en la creación y coordinación de varios informes relacionados con el conflicto armado y los procesos de memoria. Adicionalmente, es trabajadora social de la Universidad Nacional de Colombia, institución en la que es profesora asociada de la Facultad de Ciencias Humanas, donde también coordinó el “Programa de iniciativas universitarias para la paz y la convivencia”. Pares: ¿Cuál ve usted que ha sido el uso político que el Gobierno de Iván Duque le ha dado en la memoria? Martha Nubia Bello: En primer lugar, reconocemos que la memoria siempre tiene una intención, un interés. En ese sentido lo que se venía haciendo fundamentalmente desde el CNMH y en general con las acciones en cumplimiento del deber de memoria del Estado, fue partir de unos principios entendiendo que que la memoria también cumple una función reparadora, de reconocer a las víctimas para dignificarlas. Eso fue lo que animó el espíritu de la Ley 1444 y en particular la creación de CNMH. Es decir que las tareas de la memoria y la institucionalidad que se crearon para ello respondían al espíritu de la Ley de Víctimas y eso ya es una característica que la define. Creo que lo que se ha venido dando posteriormente controvierte ese espíritu. En primer lugar, porque controvirtió el reconocimiento de la propia existencia del conflicto armado; en segundo lugar, porque en este proceso se ha ido perdiendo esa centralidad de las víctimas en la memoria como forma de reconocimiento, dignificación y reparación misma, y esa pérdida ha sido en parte porque se ha querido poner la voz en otros lugares y porque las mismas víctimas viendo ese manejo se han distanciado mucho y han rechazado ese nuevo enfoque a la memoria. Se perdió su protagonismo y también su participación valiosa que se construyó para los ejercicios de memoria. Diría eso también como lo que muchos llaman como revisionismo en términos de censurar planteamientos, voces y posturas. Lo anterior también controvierte en que no haya una memora oficial y en el deber de facilitar condiciones para que se exprese la pluralidad de la memoria y no para censurar memorias o agenciar una única postura frente a ésta, que es lo que ha venido ocurriendo en este Gobierno. Pares: En ese sentido y relación con la gestión que está bajo la dirección de Darío Acevedo, ¿cuál cree usted que son los riesgos que corre el CNMH y su papel con las víctimas? M.N.B: Por un lado, hay varios costos. Lograr que las víctimas confiaran en una entidad, se hicieran partícipes de la construcción del guión museológico, por ejemplo, o de los informes de memoria, fue un proceso bastante difícil, sobre todo en víctimas que por muchas razones no se sentían convocadas, ni en condiciones de seguridad y confianza para participar de los procesos. Eso fue una gestión de muchos años, que fue reconstruir para poder abrir un espacio de diálogo respetuoso, y perder eso, es perder algo muy valioso en la reconstrucción también de la sociedad. Ese es uno de los costos enormes. Un riesgo muy grande es que, durante muchos años, incluso antes del CNMH, se han dado muchas iniciativas de memoria por parte de las víctimas; experiencias autónomas y autogestionadas en las que el CNMH y el Museo Nacional de Memoria encontraron una oportunidad para poder recoger esas memorias, visibilizarlas y hacerlas públicas. Y las víctimas participaron muy activamente en ese proceso. Por otro lado, el Museo permitió reconocer esas experiencias para que la población citadina se acercara a esas verdades regionales y territoriales de la mano de los procesos de las víctimas, y eso se ha perdido, está completamente estancado. También veo como un riesgo enorme la fijación de generar como una suerte de estratificaciones, diría yo, con las memorias. Es decir, la administración dice: la Fuerza Pública estuvo excluida dentro de estos procesos y ahora les vamos a dar un lugar, cuando en realidad lo que quiso el CNMH fue reconocer todas las víctimas, independientemente de quién las victimizó. Ahora hay un espacio privilegiado para unos y para otros no, y eso parte de un supuesto de que antes unos tuvieron voz, y otros no, lo que, en lugar de ayudarnos a construir un relato a muchas voces, aumenta la polarización social y disminuye la posibilidad de poner en dialogo las versiones de lo que se vivió en el conflicto armado. Nunca en el CNMH tuvimos el interés de tener un consenso sobre una versión del pasado, porque eso ni es deseable, ni posible, pero pensábamos que sí era un lugar de rigor y de respeto para el disenso, para podernos reconocer como diferentes con unos principios mínimos. Al perderse eso acentuamos la violencia, que es el mayor riesgo de estos procesos. Vale señalar que esto no solo se da por el nombramiento de Darío Acevedo, quien ha negado el conflicto y las víctimas a su vez, sino también es cuestionarse en manos de quién se ha puesto las entidades e instituciones que tienen como función principal reconocer y dignificar a las víctimas. Así que es perder un camino necesario que ya se había ganado, con la necesidad de abrir otra vez y profundizar la disputa irrespetuosa y donde no se da el debate en igualdad de condiciones de poder, sacrificando la posibilidad de construir memoria y verdad. Pares: Teniendo en cuenta lo anterior y por su participación directa en el Museo Nacional de la Memoria y el guión museológico y la oposición que esta iniciativa ha tenido con la actual gestión del CNMH, ¿cuál es su evaluación de esto y las amenazas que traen estas acciones contra la memoria plural? M.N.B: Yo lamento mucho lo que está pasando con el Museo, lo veo con mucha preocupación porque realmente se hizo un proceso muy riguroso y de mucho esfuerzo. Fue escuchar muchas voces, muchas propuestas, afrontar debates complejos, escuchar posturas diversas, asumir temas distintos desde lo arquitectónica, museológico e institucional, y a todo eso se le puso tiempo, esfuerzo y recursos. Logramos concertar un guión en el que participaron académicos, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de víctimas, miembros de la Fuerza Pública y líderes políticos. Fue un guión que cuando nosotros lo presentábamos en otros lugares del mundo lo veían con mucha admiración hacia el proceso de construcción de este; el cual es abierto, flexible y en el que casi todas las víctimas sentían identificación y reconocimiento. Con el tiempo todo esto se ha censurado y en parte, se ha detenido. Incluso sale a decir el ahora director del CNMH ahí está archivado en cajas y pues de eso no se trata. Guardar y respetar la memoria no es empacar en cajas lo que la gente construyó, sino de poner esos relatos en lo público. Eso preocupa y duele, porque no sabemos en el marco de la actual administración qué museo se pueda construir, cuando ya las víctimas no confían en ese espacio y se sienten traicionadas, y si estas iniciativas no cuentan con la confianza, credibilidad y participación de las víctimas deja de ser reparador y pierde su contribución a los procesos de esclarecimiento y reconciliación. Pares: Unos de los actores importantes en todo este proceso son las personas en proceso de reincorporación, quienes están día a día en riesgo de ser asesinados, dada la falta de protección que se les ha brindado y que a la fecha deja 197 ex combatientes asesinados. Así, ¿cuáles considera usted que son los impactos de esta situación con la construcción de memoria? M.N.B: Las personas en proceso de reincorporación son muy importantes en los procesos de reconstrucción de memoria, sobre todo en el esclarecimiento de la verdad porque hay muchas cosas en el marco de la violación de derechos humanos que solo ellos lo saben y que justamente la reincorporación tiene planteada una transacción de rebajas de penas por contribuciones a la verdad y eso no hay que desconocerlo. De eso se trata la justicia transicional, de cómo ellos entran a hacer un aporte fundamental al país contando historias que solo ellos conocen y que las víctimas y la sociedad necesitan saber. Por ejemplo, con la Ley 975 con los desmovilizados de los grupos paramilitares en el CNMH se acopiaron muchas contribuciones a la verdad, no todas resultarían útiles y trascendentales, pero muchos de esos aportes permitieron reafirmar cosas que ya las víctimas habían dicho, conocer nuevas cosas, y entender las lógicas y dinámicas de la guerra. En este nuevo proceso de paz estaba la gran expectativa de que los desmovilizados de las Farc-ep también entraran a contribuir en la construcción de ese relato de la violencia. No obstante, este es un proceso que podrá seguir su curso más por la vía de la JEP, pues por otras vías se sigue negando una posibilidad de que ellos puedan contar sus experiencias durante la guerra. Creo, por otra parte, que estas vidas sacrificadas son también memorias e historias sacrificadas, y no solamente se sacrifica por la vía de los asesinatos, sino también por la cantidad de desmovilizados que abandonaron el proceso, bien sea por el ingreso a nuevos grupos armados o por el temor que terminó haciéndolos desvincular del Acuerdo, a eso se le suma la pérdida de confianza por la falta de cumplimiento del Acuerdo, lo que atenta mucho contra la posibilidad de verdad. Lastimosamente un actor fundamental para el esclarecimiento histórico pierde su potencial en la medida que se vulneran los Acuerdos y se deterioran las garantías de protección para que ellos puedan participar en esto. Pares: El panorama de la pandemia también está afectando el movimiento social que estaba ejerciendo una presión importante para el cumplimento efectivo de los Acuerdos y para el cese de las violaciones a derechos humanos que han persistido en los últimos tiempos. ¿Hacia qué vías se puede caminar para que desde la sociedad civil se pueda seguir ejerciendo esa presión? M.N.B: Es muy difícil, yo creo que la pandemia también implica un costo muy alto para los procesos organizativos, el solo hecho de que la gente no se pueda reunir ya tiene unas implicaciones. También lo veo con enorme preocupación en los territorios, donde la pandemia ha sido utilizada como excusa, incluso, para atentar contra procesos organizativos: el asesinato de líderes y lideresa ha sido alarmante, a eso agregándose que cada liderazgo implica un impacto enorme sobre un proceso social, una Junta de Acción Comunal, una organización ambiental, etc. En los territorios la gente no cuenta ni con las conexiones de internet, ni con los factores que sí hay en la ciudad, entonces ni siquiera puede haber una comunicación virtual, lo que hace más complicado el aislamiento. Cabe señalar que son los territorios los que más enriquecen y nutren los procesos de movilización y organización social fundados hacia el tema de la construcción de paz. Por otro lado, el movimiento estudiantil, que fue uno de los sectores que dinamizó enormemente la movilización, ahora está muy golpeado por la pandemia y está disperso porque esto implica unas dinámicas muy nuevas para las cuales no estábamos preparados. Creo que lo que podemos hacer es intentar fortalecer los diálogos regionales, intentar conectar los territorios con el centro, aprovechar los medios que tenemos para que las gentes de las regiones hablen,; expresen, griten, incluso, para así poder multiplicar esas voces. Pares: Esta semana se conmemora la Semana del Detenido Desaparecido, delito del que se estiman que hay más 60.000 víctimas directas. ¿Cuáles cree usted que han sido las trabas y los favores que la justicia y la institucionalidad le ha dado a la impunidad, al ocultamiento y negacionismo en relación con este flagelo? M.N.B: Habría que decir que la principal traba es el reconocimiento tardío de este delito, lo cual fue hasta el año 2000, y más de 20 años atrás ya habían desaparecidos en el país que nunca fueron tipificados en el marco de ese delito. Reglamentar la ley fue también tortuoso y demorado, y después para crear la institucionalidad no se tuvo todo el respaldo necesario. Así la impunidad frente a los casos de desaparición forzada es muy fuerte porque investigar estos hechos requiere más voluntad y capacidad técnica, porque este delito, entre otras cosas, tiene justo eso, la intención de borrar huellas y evidencias, lo que hace que esclarecerlo requiera mucho más esfuerzo que otros delitos. Cuando hacíamos el informe con el CNMH –Hasta encontrarlos: el drama de la desaparición forzada en Colombia– decíamos – ¿cómo investigar un delito que está hecho para que eso no se pueda hacer? -, eso es muy complejo, y además la institucionalidad nunca tuvo toda la capacidad técnica para cumplir los estándares que se requieren. También hay una dificultad por lo masivo, tener más de 30.000 casos hace que sea una tarea de mucha complejidad. Hoy, con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas se están dando pasos muy importantes que permiten reconocer qué significa el proceso, no solo desde la perspectiva técnica, sino también desde la humana. Es un camino importante. Confío en que el trabajo de la Unidad, que a mi juicio arrancó de una manera seria, pueda compensar un poco todo esto, pero seguramente frente a estos de casos de desaparición haya muchas cosas que nunca vamos a saber y que tal vez sea muy tarde intentarlo hacer ahora, porque a medida que pasa el tiempo las búsquedas se complican. Creo, también, que la acción coordinada de la Unidad y la JEP puede por fin hacer un proceso institucional serio y sistemático que dé frutos y brinde respuestas a las exigencias de las y los familiares. De todas maneras, el mayor obstáculo en este momento creo que es el retorno de la violencia y las amenazas, porque la gente no encuentra seguridad en los territorios para denunciar y eso vuelve a afectar la labor de búsqueda.

Por: Laura Cano, periodista Pares. Las calles no han dejado de ser el escenario de disputa, incluso cuando se está en medio de un aislamiento preventivo obligatorio, esto, porque las poblaciones vulnerables han demostrado que las exigencias y reclamos seguirán realizándose hasta que realmente el Estado responda y garantice de forma real los derechos humanos de todas y todos. Esta mañana desde la Red Comunitaria Trans se denunció el caso de Alejandra, una mujer trans de 39 años, trabajadora sexual y habitante del barrio Santa Fe, que en la madrugada de este 29 de mayo requería asistencia médica al encontrarse en un estado de dificultad respiratoria severa, emergencia que fue avisada a través de la línea 123. A las 12:45 a.m. llegó una ambulancia, no obstante, y como radiografía de todo lo que pasa con la población trans y de trabajadores/as sexuales, se le informa a la misión médica que venía a atender el caso, que Alejandra era portadora de VIH, situación por la que dejarían el lugar sin prestarle la atención, lo cual es un incumpliendo con sus deberes y , además, una de las causas por las que a las 3 a.m. Alejandra muere. Las personas trans, trabajadores y trabajadoras sexuales hacen parte de esos sectores a quienes les ha quedado más difícil poder acatar el llamado de quedarse en casa, pues además de las problemáticas sociales a las que han tenido que resistir históricamente. Ahora deben hacerle frente a unas dinámicas que intensifican las desigualdades y que hoy se notan de forma más crítica: falta de acceso a la salud, a vivienda, a formalidad laboral y en general a condiciones que protejan y promuevan la vida digna. En ese sentido durante la cuarentena se ha alertado de la vulnerabilidad en la que está y ha estado esta población, que como lo han denunciado, durante la pandemia además del riesgo de contagiarse y no estar dentro de una red de salud que le garantice atención, también se ve expuestas y expuestos a los abusos por parte de otros actores. Por ejemplo, la Fuerza Pública, y a un mayor abandono de las entidades nacionales y distritales. Todo esto también los y las ha llevado a estar en las calles, no solo como acto de protesta, sino también como única alternativa para poder solventar sus necesidades, pues además de la ausencia de ayudas, también en este tiempo se potencializa “la idea de que ciertas vidas valen más que otras”, como lo afirmaba anteriormente Juli Salamanca en diálogo con Pares. La denuncia “Desde el momento en que ella pierde la vida estamos llamando a la línea 123, a la Policía del cuadrante, a la Alcaldía Local, a la línea que dispuso el Distrito para atender casos de Covid-19, pero no tuvimos respuesta. Hasta las 9 a.m. por el movimiento en redes llegó la Secretaría de Salud, ellos envolvieron el cuerpo y lo dejaron ahí, por 15 horas”, afirmó Juli Salamanca directora de Comunicaciones de la Red Comunitaria Trans. También desde la organización se denuncia que a pesar de que Alejandra murió por causas que podrían relacionarse con el Covid-19, no se hicieron las debidas pruebas para determinar si en efecto se trata de un caso positivo, esto en especial con las cinco compañeras que vivían con Alejandra. Adicional a esta situación, se afirma que por parte de los entes que llegaron al lugar tampoco se realizó una debida desinfección del lugar, aseverando que la Secretaría de Salud responsabilizó a la funeraria de ese procedimiento. Por otra parte, este mismo organismo distrital publicó en horas de la tarde un comunicado en el que informan que el traslado no se hizo porque la acompañante de Alejandra firmó un desistimiento para que el proceso no se realizara, documento que se desmiente desde la Red Comunitaria Trans y conjuntamente se solicita la respectiva copia de este. Asimismo, Juli Salamanca agrega que desde la Red “exigimos una investigación exhaustiva del caso porque hay un presunto hecho de discriminación por ser una mujer trans y que vivía con VIH, es decir, se le negó la atención médica por prejuicio. Además, de la negligencia médica y la falta de trato digno hacia Alejandra. También exigimos acciones inmediatas tras la alta posibilidad de contagio de las mujeres trans que vivían con Alejandra”.

Por: Redacción Pares El coronavirus puede provocar una “pandemia de hambre” en América Latina, alerta el Programa Mundial de Alimentos. La pobreza infantil puede aumentar un 15% este año, advierte UNICEF. La pandemia de coronavirus en América Latina y el Caribe puede dejar a cerca de 14 millones de personas pasando hambre. El Programa Mundial de Alimentos dice que hace falta “atención urgente” para salvar vidas. La agencia considera que aún estamos a tiempo de evitar que la “pandemia de COVID-19 se convierta en una pandemia de hambre”. Unos 10 millones de personas serán empujadas aún más a la pobreza y al hambre en 11 países de la región y en pequeños Estados insulares del Caribe. En 2019, 3,4 millones personas sufrían “inseguridad alimentaria grave”, que significa que están en situación de emergencia y no pueden satisfacer sus necesidades alimentarias básicas tanto en cantidad como en variedad. Dramática situación para los niños Uno de los grupos más vulnerables ante los efectos de la pandemia son los niños. UNICEF y Safe the Children calculan que 86 millones pueden caer en la pobreza, lo que supone un aumento de un 15% en un solo año. Si no se toman medidas urgentes, 672 millones de niños vivirán en la pobreza a finales de año. Dos tercios de esos niños están en África subsahariana y el sur de Asia, pero los países europeos pueden ver aumentar la pobreza en un 44% y los de América Latina y el Caribe en un 22%. “La pandemia ha demostrado nuestra fragilidad”, ha dicho el Secretario General que considera que estamos en una “crisis sin precedentes” que requiere “apoyo financiero”.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Pares conoció una denuncia que han venido presentando las comunidades del corregimiento de Puerto Pinzón y de la vereda de la Arenosa (Boyacá) y de las veredas de San Tropel, La Locación y la Guinea (Santander) sobre operativos de erradicación forzada por parte de uniformados del Ejército Nacional. De acuerdo con las comunidades, hay cerca de 60 uniformados del Batallón del Ejército Rafael Reyes de Cimitarra quienes están arrancando siembras que, según las poblaciones, no alcanzan a ser hectáreas. Los campesinos son categóricos: queremos alternativas productivas y nosotros mismos arrancamos las siembras. «Queda uno desventurado, sin qué comer» Las comunidades tienen incertidumbre por su presente inmediato ¿qué puede quedar para el campesinado con esta situación? Tener que desplazarse a otros pueblos porque no hay soluciones a esta crisis humanitaria. Los campesinos estamos aguantando hambre, esto mientras aumenta la zozobra por la acción militar. Los campesinos manifiestan que no han contado con ninguna respuesta por parte de las autoridades competentes. La respuesta que nos dan los uniformados que erradican, es que están cumpliendo unas órdenes de arriba. Queda uno desventurado con la familia sin qué comer, acá no hay una empresa para uno meterse a trabajar. A nosotros no nos molesta la presencia de los militares, siempre y cuando no le hagan daño al campesino. Foto: Cortesía Ahora bien, las comunidades han manifestado miedo por la estigmatización que supone la presencia de esos operativos de erradicación forzada en la región. Las familias que tiene hoja de coca no es para enriquecerse ni para financiar guerra, es para el sustento, para comer. Aquí no hay violencia, pero tampoco presencia del Estado con programas que beneficie al campesino. A nosotros no nos molesta la presencia de los militares, siempre y cuando no le hagan daño al campesino”, precisa un habitante de la región. Sin carreteras Por acá la gente siembra chocolate, plátano, yuca. Pero ¿Cómo se comercializan? Sin vías es imposible que al hombro los campesinos se carguen arrobas para ir a vender en un trayecto que le puede demorar ocho horas trayecto. El tema de las carreteras es insostenible. Tal como lo cuentan las comunidades, la situación es grave debido a que las poblaciones no tienen qué sembrar, no hay planes alternativos. Han intentado sembrar chocolate, yuca, etc. Sin embargo insisten que nada es sostenible, sobretodo, por el mal estado en la que se encuentran las vías que permitirían la comercialización. Es dramático el estado en el que se encuentran las carreteras de la región. Muchas de ellas, prácticamente intransitables. Foto: Cortesía. De esta forma, poco más de 100 familias, tal como lo señalan, se han visto forzadas a cultivar para sobrevivir. Sin embargo, insisten en que están requiriendo proyectos productivos para encadenar el proceso de las alternativas de cultivos. «Acá las comunidades sufrimos un abandono y, mientras con incertidumbre vemos los operativos de erradicación forzada nos quedamos sin sustentos con qué vivir.” El miedo de las comunidades es que se puedan repetir hechos de violencia del pasado. Lo que nosotros queremos es levantar una voz de alerta, de prevención. Se daban casos en que entraban a las casas solas: quemaban los cultivos y quemaban las propiedades de las personas. Esos capítulos de erradicación forzada, no le han traído oportunidades para salir adelante. También han sufrido hechos de violencia por parte del Ejército en los operativos de erradicación forzada. De hecho, señalan —en el documento que le envían a las autoridades— episodios como el caso del incumplimiento de acuerdos por parte de Corpoboyacá en la implementación del plan de manejo ambiental del Parque Natural Regional Serranía de las Quinchas del cual hace parte Puerto Pinzón y la Arenosa. Hemos tenido un abandono estatal por mucho tiempo, la única presencia que ha hecho el Gobierno es con la fuerza pública, sin brindarnos ninguna oportunidad para mejorar la calidad de vida de la región, es por esa razón que existen algunas familias que se ven obligadas a la producción de hoja de coca, son pequeños cultivos que no pasan de media hectárea por familia. El ingreso de los uniformados es, normalmente, a altas horas de la madrugada. Aquí lo que hay es 10 o 20 arrobas que recoge un grupo de familias para sobrevivir. Adicionalmente, las comunidades señalan que el sector es tranquilo, no hay presencia de grupos armados. Somos solo campesinos trabajadores y echados para delante. Incluso los campesinos le manifiestan a Pares que el Ejército viene y arranca “un tajo de 10 arrobas de hoja coca y reportan que arrancaron 20 o 30 hectáreas. Aquí no las hay. El que más tiene, tiene cerca de media hectárea.” Un acuerdo colectivo Por una parte, las comunidades campesinas de la zona exigen que cesen estos operativos, haya presencia integral del Estado y atienda lo que es una crisis humanitaria para las comunidades campesinas. Asimismo, solicitan que se tenga en cuenta el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). De esta forma, hacen un llamado al Gobierno Nacional, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y alcaldes de Puerto Boyacá, Cimitarra, Bolívar, Santander, y los gobernadores de Boyacá y Santander. Asimismo, han manifestado preocupación sobre el tema de salud debido a la emergencia sanitaria en la que se encuentra el país, en el marco de Covid-19. Estas veredas, como indican los campesinos, no cuentan con centros de salud y no conocen qué tipo de protocolos de bioseguridad están teniendo en cuenta los uniformados. Específicamente, han señalado que en los operativos los uniformados del Ejército Nacional llegan hasta las comunidades sin uso de tapabocas; aún cuando los mismos miembros del ejército tienen contacto con distintas comunidades en los corregimientos y veredas. “Acá tenemos puntos de control de desinfección para mitigar el contagio, pero los uniformados se los pasan por alto”. Esta preocupación, se suma a la ausencia de alternativas del Gobierno Nacional, departamental y municipal al campesinado. Como dicen: “si así la cosa está jodida, estamos pasando agua, no queremos pensar cómo será la situación con un contagio”.

Por: Laura Cano, periodista Pares. Desde el pasado 23 de mayo comenzaron a circular en los sectores de Laureles, Bosa Central y La Despensa panfletos amenazantes firmados por el Bloque Capital de la Águilas Negras – AUC. Esto en medio de un Estado de Emergencia que ha acentuado las violencias sociales a las que han estado expuestas históricamente las periferias de la ciudad. Esta situación no es aislada, pues por lo menos se viene advirtiendo de la presencia y de los hechos victimizantes por parte de grupos armados ilegales desde 2013, año en el a través del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo se señaló que agrupaciones denominadas como Los Rastrojos-Comandos Urbanos y Las Águilas Negras-Bloque Capital, estaban incrementando sus amenazas hacia la comunidad de algunas localidades del sur de Bogotá, entre ellas, Bosa. Esto produjo que solo un año estos grupos fueran reconocidos con al parecer una alta presencia por hechos como el reclutamiento a jóvenes para involucrarlos en la venta de estupefacientes o acciones como amenazas, cobro de extorsiones y asesinatos. Asimismo, aumentó el desplazamiento intraurbano, la llamada ‘limpieza social’ y los panfletos amenazantes por parte de las Águilas Negras. Presencia de grupos ilegales Señalar lo anterior, muestra que, si bien la situación en la actual coyuntura presenta ciertos matices, también pone sobre la mesa el problema estructural que ha suscitado que estas problemáticas se centren en localidades y municipios como Usme, Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy y Soacha, y que las acciones que se han tomado han sido mínimas y poco efectivas, pues en los últimos años se registra un aumento tanto de los hechos violentos, como de la presencia de los grupos. Pares habló con Mauricio Esguerra, defensor de derechos humanos de Bosa e integrante de la Red Popular de Derechos Humanos, organización que alertó sobre la situación con los panfletos que aparecieron recientemente, pero también quienes han denunciado la presencia de grupos ilegales en el territorio. Esguerra expuso el contexto en el que se dan las más recientes amenazas y lo que ha estado pasando en Bosa en los últimos años, señalando que ésta es una de las tres localidades más afectadas en Bogotá por el fenómeno de amenazas escritas en panfletos, y amenazas a líderes barriales y comunales. Bosa es una de las tres localidades más afectadas en Bogotá por el fenómeno de amenazas escritas en panfletos, y amenazas a líderes barriales y comunales. Pares: ¿Cuál ha sido la situación de la localidad en los últimos años en relación con los hechos victimizantes y las amenazantes realizadas recientemente? Mauricio Esguerra: Hay un antecedente histórico en Bosa que se remite un poco a la firma del Acuerdo de Paz, donde comienza a haber un aumento de esas amenazas en el territorio, y también empieza a aparecer un nuevo fenómeno del control territorial principalmente ligado a las cuencas del Río Tunjuelo y Bogotá; ambas afluentes que atraviesan las zonas más marginales de la localidad y por allí es donde están los corredores de drogas que hemos denunciado ante la Defensoría del Pueblo y ante el Congreso de la República. Pares: ¿Cómo están distribuidos esos corredores de droga de los que habla en la localidad? M.E: Esos corredores de drogas tienen una conexión muy importante; el corredor principal, viene de Soacha, de la zona de Ciudad Verde, que conecta a Bosa por los barrios de San José, colinda con las UPZ Tintal Sur y Porvenir y sale a Kennedy por Calandaima hasta Abastos. Estos, además de ser los lugares más difíciles socialmente (mayor cantidad de prostíbulos y ollas), son también los que tienen menor presencia policial y donde más amenazas se presentan. El segundo corredor es el del Tunjuelo que pasa en un principio por Ciudad Bolívar y Bosa y se convierte en un paso importante de drogas desde Soacha, Bosa, Tunjuelito, Ciudad Bolívar y va a dar a Usme. Este corredor tiene una característica y es que pasa por la mayoría de los barrios de Bosa porque el Río Tunjuelo a traviesa por la mitad a toda la localidad y tiene focos de marginalidad donde hay ollas haciendo control. Las mayores problemáticas ocurren alrededor de los puntos que están cerca a las afluentes y especialmente en Tintal Sur y Porvenir, que es donde se han presentado estas amenazas y también se han dado casos como desmembramientos de cuerpos. Pares: ¿Cuál es el seguimiento que se ha hecho a estas problemáticas, relacionadas también con las denuncias que la Red ha hecho sobre la presencia de grupos armados ilegales? M.E: Entre 2017 y 2019 se hicieron tres distintos tipos de denuncia pública por parte de varias organizaciones, éstas compartían la característica del desmembramiento de cuerpos que aparecen generalmente a los alrededores de la Universidad Distrital sede Bosa, y también se asemejaban en sus particularidades de sistematicidad; cuerpos desmembrados que por lo general no son de personas que tengan relación con la localidad, pero aparecen en puntos estratégicos y tras la aparición de éstos salen panfletos en distintos barrios. Por ejemplo, en enero y febrero del año pasado se hicieron amenazas principalmente en Santa Fe, Porvenir, El Corzo y La Cabaña que tendían a ser firmadas por las Águilas Negras, al tiempo aparecen otras amenazas sobre lugares como Albán Carbonell y La Despensa (en Soacha) con las mismas características. Cuando hacemos la sistematización nos damos cuenta de que aparecen primero los cuerpos desmembrados, luego las amenazas y después empieza un control por medio de la limpieza social de forma silenciosa, con esto nos referimos a que no es dicho explícitamente a través de panfletos, por ejemplo, sino que empiezan a aparecer jóvenes que consumen asesinados y llegan amenazas directas a líderes comunales, esto último por la resistencia que ponen estos liderazgos a que los grupos tomen control sobre los territorios. Algo que también nos hemos encontrado relacionado con lo anterior es que en las Juntas de Acción Comunal de zonas como Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy son muy fuertes y esto es un resultado de la oposición que hay al control que ha sido tomado por los grupos pos desmovilización del paramilitarismo. Pares: ¿Cuál es la relación que hay entre los grupos armados ilegales, las bandas criminales, la comunidad y las organizaciones sociales? En la localidad hay una guerra recrudecida por lo menos desde 2017 entre los grupos delincuenciales que lideran las llamadas ollas contra las organizaciones armadas que en general tienen mayor presencia y control. En ese mismo tiempo empieza a aparecer una olla cerca al conjunto Villa Karen y en ese mismo lapso jóvenes son asesinados al interior de ese Conjunto, eso señalando, que también empiezan a ser asesinadas otras personas de otra olla que es muy cercana a ese mismo conjunto; en esos enfrentamientos por el territorio quien termina “ganando” es el grupo paramilitar, el cual es el mismo al que en noviembre de 2018 le descubren armas en el barrio Margaritas. Esto también está ligado con la banda Los Costeños, que se dice que está en la comunidad, y que hace reclutamiento forzado a menores en Ciudad Bolívar y Bosa; en esa reactivación de esta actividad se agrava el fenómeno paramilitar en la localidad. Además, cabe señalar que hasta el momento tenemos referenciadas seis amenazas entre 2017 y 2019 de estos grupos posdemosvilización del paramilitarismo, que normalmente se dan entre febrero y junio, o entre noviembre y diciembre, que es cuando más crece la tasa de criminalidad y hechos violentos. También es necesario nombrar que hasta el momento no hay ninguna que se haya hecho a una organización social en particular, sino que éstas son generales y las Juntas de Acción Comunal. Pares: Teniendo en cuenta el contexto en el que se dan las amenazas del 23 de mayo, es decir, un Estado de emergencia y una cuarentena decretada, ¿cuáles son los matices que se dan en este escenario? M.E: En el caso puntual de este mes, hay que resaltar que las amenazas no son del mismo carácter, que, si bien aparecen firmadas por las AUC, no tienen un lugar de repartición especifico, sino que son regadas en los pisos, principalmente, de parques públicos y eso nos da a entender que es una medida para infundir miedo y evitar que las personas salgan a la calle. Entendiendo que hoy Bosa no ha tenido facilidades para cumplir el aislamiento preventivo obligatorio, pues la institucionalidad no ha cumplido con la entrega de mercados. Tenemos barrios informales donde no hay presencia de ninguna entidad, no se han repartido los bonos alimentarios y eso repercute en todo lo que está pasando. Pares: Otras de las alertas que se han hecho relacionadas con los problemas en los barrios de periferia es la imposibilidad de ejercer acciones por medio de la Policía, esto partiendo de una desconfianza que hay hacia la Institución, ¿cómo se da este relacionamiento con la Policía en la localidad y en relación con las problemáticas de las que nos ha venido hablando? M.E: Efectivamente hay lugares en los que se cree que se presentan fuertes relaciones entre grupos posdemosvilización del paramilitarismo y la Policía, principalmente en el barrio El Porvenir. Incluso en varios puntos de la zona hay una constante intimidación y violencia por parte de la Policía contra la comunidad, situación que influye en la no colocación de denuncias. Por ejemplo, en el barrio nombrado anteriormente hay un CAI en el que siempre que hay una movilización que salga de la Universidad Distrital con sede en Bosa se presentan choques de todo tipo; personas retenidas injustificadamente, golpes, etc. En el CAI de Bosa San José se han presentado violaciones a los derechos humanos de la comunidad muy graves; en enero de 2019 agentes de la institución entran a una vivienda disparando al aire y desata todo un disturbio en el barrio. En el de Bosa Laureles y el Olarte igual, incluso en este último es donde se registra el 30 de marzo la violencia sexual, robo y extorsión por parte de uniformados contra una mujer en medio de la cuarentena. En el de la Libertad a mediados de 2018 se reportó la retención de tres estudiantes del Colegio Distrital José Francisco Socarrás que fueron lesionados en la cabeza, uno de ellos con fractura de pie e igualmente agresiones a los padres de familia. Así, estas conflictividades han afectado toda la problemática de la localidad y sus relaciones con la Fuerza Pública, lo que hace parte de todo el panorama social que se vive. Pares: ¿En todo esto cuál ha sido el papel de la Alcaldía Local? M.E: Ahí que arrancar diciendo que hasta el mismo alcalde local que terminó el período anterior fue amenazado e incluso recibió un atentado con arma de fuego y que en general la relación con esta institución es bastante compleja, sin embargo, hay que nombrar que cuando las denuncias no se dan través de la Alcaldía Local también se buscan vías a través de la UNP; la Mesa de Derechos Humanos de Bosa, la cual es conformada a mediados de 2018, pero en este momento no está funcionando y era la que recibía algunas amenazas, principalmente de líderes comunales y como última instancia está la Red Organizaciones Sociales. Así, cabe señalar que la Alcaldía no es un canal principal para poner denuncias, guiado esto por el miedo que genera acudir a un ente como este, teniendo en cuenta las repercusiones que pueden haber para el denunciante, reforzado, que cuando se hace por ahí muchas veces la ruta que se da es acudir a la UNP y otras veces en la Alcaldía la recepción de información no es de la manera más adecuada, subrayando que en ésta muchas veces se tiene la mediación de la Policía, lo cual es problemático porque varias de las amenazas y situaciones que se presentan tienen relación directa con la Fuerza Pública. Entonces lo que tenemos es una localidad con una Mesa de Derechos Humanos que en este momento por la cuarentena y por el cambio de Alcaldía no es permanente, y una alcaldesa que entra a lidiar con el tema de la cuarentena y que todavía no tiene el tema de derechos humanos dentro de sus principales prioridades políticas.

Por: Laura Cano, periodista Pares. Recientemente la Fundación Paz y Reconciliación presentó su informe Conflictos Socio-ambientales en el Pacífico, en el que se hace una evaluación de los hechos que más están afectando en esta zona del país, donde se agregan las dinámicas que ha provocado la minería ilegal, la falta de regulación de producción de carbón, la presencia de grupos armados, el narcotráfico y cultivos ilícitos y la inoperancia del Gobierno actual en la implementación del Acuerdo de Paz. El Chocó ha sido históricamente una de las zonas más afectadas por la violencia que ha vivido el país. Esto no ha cambiado mucho, incluso cuando hay un Acuerdo de Paz firmado desde el 2016, con el que se esperaba un impacto positivo en la zona y una disminución importante de los hechos victimizantes contra la población civil. Actores armados y minería ilegal El olvido estatal ha provocado que no haya cesado la presencia de grupos armados ilegales, y que hoy, a pesar de que las Farc-ep y su Frente 30 y ‘el Arturo Ruíz del Bloque Occidental’, ‘la Columna Móvil Libardo García’ y ‘la Columna Móvil Aurelio Rodríguez’, dejaron territorios, persista el copamiento de actores armados, donde ahora se ubican el ELN (Frente Che Guevara y el Cacique Calarcá); el Clan del Golfo (AGC), que ha consolidado su presencia en torno a Istmina y al paso del río San Juan a la cuenca del río Baudó y del Atrato, mediante el control sobre la zona del río Suruco y su carretera; además, de algunas disidencias de las Farc-ep, las cuales han retornado a territorios como el Litoral del San Juan. Una de las preocupaciones que recaen sobre este departamento es la crisis de la minería ilegal, la cual se ha ido tecnificando desde los 90, año en el que se comenzó a implementar maquinaria pesada como grandes dragas, retroexcavadoras y motores, situación, que además del impacto negativo ambiental, ha generado una guerra contra el uso de estas herramientas, las que son quemadas por parte de la Fuerza Pública. Esto ha sido uno de los motivos que ha provocado crisis en la minería de oro, lo que es una amenaza constante de disputa entre los grupos armados, pues el Clan del Golfo recibe sus mayores ingresos con esta dinámica económica, lo que llevaría a un recrudecimiento de la violencia por el control de los territorios, los que son corredores estratégicos para desplazarse hacia el Océano Pacífico y el Mar Caribe. A esto se agrega el escenario amenazante en el que está la población civil en general, pero en especial la del sur del Chocó, esto motivado por la búsqueda de nuevas formas de ingresos por parte de los grupos armados, lo que ha generado una agudización en las medidas de movilidad restrictiva, y a su vez al cobro de impuestos ilegales a los comerciantes de la zona y a políticos que hagan trabajo allí durante campañas electorales. Estos hechos intimidantes han llevado también a un silencio provocado por el miedo, lo que afecta los procesos de liderazgo que se ejercen y a la no colocación de denuncias. Esto, como se señala en el documento, “se agrava por no encontrar respuesta en las autoridades. Se prefiere no denunciar las amenazas a los líderes sociales o a la población de parte de esas organizaciones armadas, pues se temen las represalias. Incluso, en algunos casos las denuncias juegan en contra de quienes las hacen, ya que llegan a oídos de los denunciados, quienes toman represalias. Hay mucha desconfianza en las autoridades para la denuncia y el seguimiento a los grupos armados ilegales, pues algunas veces se les señala de mantener relaciones que reflejan coordinación, sobre todo en lo que se refiere a las AGC”. A esto se suma, que, aunque hay presencia de la Fuerza Pública con la Policía, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, además del C.T.I. y el GAULA, estos se ubican en lugares estratégicos con el objetivo de aumentar el control sobre el extenso territorio de esta parte del país. Cultivos de uso ilícito Asimismo, además de las afectaciones económicas y sociales que trae este panorama a los habitantes del sur del Chocó, se adiciona la problemática que desata los cultivos de uso ilícito, en donde, además de los grupos armados, también hace parte de la dinámica cerca de 17 nuevos grupos ilegales con presencia en el corredor Pacífico y narcotraficantes, que también benefician a los grupos armados a través de pagos para que éstos permitan su ingreso y compra. Igualmente, entra dentro de estas dinámicas las economías basadas en estos cultivos, pues con los intentos erradicación solo se ha demostrado que esta no es una política eficiente, que tenga en cuenta las familias que se sustentan de esta forma y tampoco que disminuya y mitigue los impactos sociales de esta actividad. “Un ejemplo de este fenómeno es el de Istmina en los años de 2017 y 2018. En el primer año se calcularon 743 ha de cultivos de coca y se erradicaron de forma manual 556 ha, para el 2018 se calcularon 577 ha. Sucede igual con el caso de San José del Palmar, municipio en el que se señalaron 392 ha en el 2017 y 97 ha erradicadas manualmente, en el 2018 las hectáreas contadas fueron 391 ha y se erradicaron 553 ha. Estas cifras permiten apreciar la intensidad de los cultivos de coca y el impacto que tienen las actividades de erradicación que se llevan a cabo año tras año, que parece no rendir resultados sobre el crecimiento de los cultivos de uso ilícito”. Buenaventura: un puerto sin atención La producción de carbón en Colombia ha venido en ascenso, resaltando que el país es uno de los productores mejor calificados. Se estima que el potencial carbonífero (recursos y reservas) ronda los 16.800 millones de toneladas, de las cuales el 86% corresponde a carbón térmico y el 14% a carbón metalúrgico, siendo La Guajira, Cesar y Córdoba las zonas más productoras del primero y Valle del Cauca y Cauca del segundo, el cual tiene un alto contenido de cenizas y azufre. Así, cabe señalar, que a pesar de los procesos de desarrollo portuario y comercial que representa esto, también hay que resaltar que la falta de regulación ya atención con las comunidades que viven cerca a las zonas de exploración, explotación y transformación están viéndose afectadas tanto en su salud, como en factores sociales y económicos, pues las dinámicas de los puertos han provocado una alta presencia de grupos armados. En el caso preciso del Puerto de Buenaventura, el cual está constituido como el más importante de la costa pacífica, y el que representa, no solo un alto potencial carbonero en sus zonas aledañas, sino también la posibilidad de carga inmediata y por ende un ahorro de costos y tiempos. No obstante, las comunidades han sido reiterativas con las denuncias a causa de las alteraciones sobre la calidad del aire provocado por el almacenaje a cielo abierto de carbón en la ciudad, lo que ha causado un aumento de las enfermedades respiratorias, decesos en niños, problemas con el cáncer y tuberculosis, sobre todo en los barrios vecinos donde se registra esta actividad: Inmaculada, Nayita y Mayolo. Esta situación ha promovido constantes denuncias, que, entre otras cosas, suscitaron a través de la organización a un Paro Cívico realizado en el 2017. En este punto es necesario nombrar que esta problemática ha sido alertada desde el 2012, y que, aunque se han generado sanciones y cierres de patios en especial a los de las dos principales empresas que allí operan: Inatlantic y Coquecol, en el 2019 se acusa que estas medidas no han sido llevadas a cabo, y por el contrario el funcionamiento de las compañías en la región sigue sin restricciones. Además, “se evidencia una debilidad por parte de las instituciones locales en cuanto a la emisión y aplicación de las sanciones que derivan de los conceptos emitidos por los órganos de control. Estos últimos, como la Defensoría del Pueblo y de veeduría ciudadana, como la Mesa Ambiental del Paro Cívico, son los que han registrado el incumplimiento por parte de las empresas, sin que El Establecimiento Público Ambiental y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, siendo entes sancionatorios, cumplan con sus funciones”. Otras de las conflictividades que se desarrolla en Buenaventura es el Malecón Bahía de la Cruz, un proyecto de reordenamiento territorial sobre el sector sur de la bahía de la Isla Cascajal que compone los barrios San José, Pascual de Andagoya, La Trinidad, El Capricho, Alberto Lleras Camargo, Venecia, Buenos Aires, La Playita y Alberto Lleras Camargo. Esto representa que quienes han construido durante años sus comunidades allí deban ser despojadas de sus territorios y de las costumbres y dinámicas con las viven y han vivido históricamente. En este punto cabe señalar que Buenaventura es una ciudad pluriétnica donde cohabitan negros, afros, indígenas y mestizos. Glifosato: una problemática social y ambiental Por lo menos desde 1990 el uso de glifosato para la erradicación forzada ha hecho parte del debate público. Asimismo, desde hace alrededor de 15 años Tumaco ha sido uno de los territorios más expuesto al uso de este herbicida, lo que ha significado, que además de la violencia, también su gente deba vivir con las enfermedades que este veneno ha producido, el cual desde el 2015 está reconocido por la OMS por su toxicidad cancerígena. “El glifosato es sinónimo de tragedia; no sólo es un cancerígeno, sino que de acuerdo con evidencias médicas y a testimonios de las comunidades más afectadas por las fumigaciones como ha sido el caso de Tumaco, este agrotóxico también es causante de abortos, partos prematuros, defectos de nacimiento, enfermedad crónica renal, problemas gástricos, respiratorios y dérmicos, entre otras patologías”. A esto se agrega el daño a la fertilidad de la tierra, las fuentes hídricas, al mar y a toda la biodiversidad en su conjunto, lo que además de lo social, ha terminado afectando las dinámicas económicas de la región. Sin importar esto, parte de la agenda del presidente Iván Duque ha sido retornar con las fumigaciones, esto como respuesta a una falta de preocupación por las comunidades y de voluntad política para reemplazar estrategias que se han utilizado contra los cultivos ilícitos, que con el tiempo han demostrado ser ineficientes y no tener efectos importantes para establecer dinámicas que centren esfuerzos en la población que vive de la siembra de hoja de coca. “Es así como el PNIS, en el marco del Acuerdo Final, se desarrolla con múltiples falencias e incumplimientos gubernamentales, por los cuales será muy difícil que la sustitución de cultivos llegue a buen término. Este fracaso anunciado, será el pretexto para que retornen las aspersiones con el veneno letal”. Por otro lado, es necesario nombrar que el Pacífico se ha fortalecido como uno de los corredores más importantes para el narcotráfico, por donde, como se informó recientemente en Pares, se mueve el 70% de la droga que sale del país. Situación que se agudiza por la tasa de pobreza multidimensional, la cual sobrepasa el 90%, y obliga que muchos de los habitantes de esta zona deban optar por los cultivos de uso ilícito. Las fumigaciones han promovido el desplazamiento forzado, pues además de producirse por las amenazas de los grupos armados, también se ha generado por el peligro que significa habitar zonas donde se hace uso de glifosato, pues esto ha causado que otros cultivos no sean posibles, que se esté en riesgo de enfermar o morir y además de no poder consumir los productos que en este territorio se dan. A esto se agrega la erradicación manual que ha evidenciado que termina en el uso indiscriminado de la fuerza por parte de la Fuerza Pública, las violaciones a los derechos humanos de las comunidades y también en el asesinato de los campesinos por parte de miembros de instituciones como el Ejército. Tal es ejemplo de lo anterior el hecho registrado el pasado 18 de mayo en Cúcuta, en donde integrantes del Batallón Hermógenes Maza le quitaron la vida a Emérito Buendía en medio de un proceso de erradicación forzada, caso no alejado del de Ariolfo Sánchez, quien fue asesinado el 20 de mayo en Anorí, Antioquia, por su homicidio fue acusado el Ejército Nacional. En el caso del Pacífico Nariñense se puede mencionar que los días 25, 26 y 27 de octubre de 2019, la Fuerza Pública se desplazó a distintas zonas rurales y erradicó cultivos de coca. Adicional, el 8 de diciembre del 2019 hubo enfrentamientos entre campesinos y uniformados, en los que los habitantes de la zona fueron atacados con gases lacrimógenos y perdigones. Por otro lado, se alerta que desde el gobierno de Iván Duque la erradicación, además de lo nombrado anteriormente, también se da sin la existencia de políticas sociales claras, lo que ha traído como consecuencia en el Pacífico Nariñense un incremento del desplazamiento forzado y de los niveles de pobreza. Además, ha resaltado el abandono al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS, el cual tiene vinculadas 16.000 familias. “Los habitantes de la región concluyen que irónicamente entre más se fumigaba, más crecían los cultivos de uso ilícito, sin embargo, el glifosato generó la más grave crisis social, humanitaria y ambiental en la historia del Pacífico Nariñense, este fue un agente generador de verdaderos éxodos del campo a la ciudad, campesinos que después de haber poseído la tierra, hoy viven en zonas periféricas de las cabeceras municipales de la Costa de Nariño o en los barrios subnormales de las grandes ciudades del país en condiciones de gran precariedad y miseria, algo que además propició la descomposición del tejido social e incrementó distintas violencias”.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Este miércoles 27 de mayo la Junta de Acción Comunal de la vereda de Río Colorado, ubicada en el municipio de Chitagá (Norte de Santander) realizó una denuncia pública sobre allanamientos y capturas de una presidenta de JAC, una lideresa social y dos líderes, en las veredas de Río Colorado y Chucarima del municipio de Chitagá. De acuerdo con fuentes en terreno a las que tuvo acceso Pares, el caso es el de allanamientos y legalización de órdenes de captura, en horas de la madrugada, sin la presencia del ministerio Público. El hecho ocurrió a las 2 de la mañana de este martes 26 de mayo. Según lo conocido por Pares, esta situación sería el resultado de una investigación judicial de la SIJIN de Cúcuta y la Fiscalía 11 de la subregión del Catatumbo. De acuerdo con estas versiones en terreno, las personas son capturadas por presuntos delitos de rebelión y apoyo al terrorismo. Sin embargo, en la denuncia pública de la JAC señalan que estas detenciones ocurren en un contexto de genocidio contra el movimiento social a través de estigmatización, asesinatos y judicializaciones masivas y selectivas. Las retenciones Por medio de denuncia Pública, la JAC de la vereda de Río Colorado dio a conocer que hombres uniformados, armados y en camioneta arribaron hasta el hogar de la familia Vera Becerra. En el hecho, tal como le confirmaron fuentes en terreno, fue retenida Primitiva Becerra, presidenta de la JAC de Río Colorado, y la líder comunal Marien Elena Villamizar Vera. De acuerdo con el comunicado, y lo que pudo confirmar Pares, es que los hombres llegaron y de forma violenta forzaron el ingreso en la vivienda. En el hecho en el que fue retenida Primitiva, la denuncia señala que los funcionarios fueron agresivos, intimidantes y amenazantes con los miembros de la familia de la lideresa. Los uniformados se identificaron una vez a dentro de la residencia, según versiones en terreno. Por otra parte, señalan en la denuncia que a la lideresa le habrían dañado bienes y que le habrían incautado un celular y una suma de dinero producto de su trabajo agropecuario, precisa la denuncia. Un hecho similar habría ocurrido hace medio año, en el que las autoridades le habían quitado otro dinero con el argumento que eran recursos de la guerrilla. Justamente fuentes en terreno le confirmaron a Pares que hay muchas inconformidades debido a la hora en que se llevó a cabo el operativo y la forma en que se realizó. De acuerdo con las versiones, dentro de las personas retenidas se encuentra Marien Elena Villamizar quien está en estado de embarazo y es madre cabeza de familia de dos menores de edad. De igual forma, otras dos personas que —según la denuncia— fueron identificados como líderes sociales. Solicitudes desde Río Colorado Fuentes en terreno manifestaron que solicitan el debido proceso a las personas que están implicadas en este hecho. Especialmente a la mujer en estado de embarazo y a una mujer mayor que tiene un cuadro de salud de cuidado. Primitiva Becerra es quien sufre de diabetes y tensión arterial alta. Asimismo, manifestaron preocupación por el estado de los menores de edad, y piden que sean garantizados los derechos y que puedan mantenerse con su unidad familiar. Es decir, que los hijos de Marien Elena puedan ser entregados a sus familiares, porque no se conoce las condiciones en las que están los menores. Finalmente, el comunicado hace un llamado a los entes de Derechos Humanos y demás instancias competentes para hacer seguimiento de los hechos ocurridos. A su vez, para que se haga un acompañamiento en el proceso en aras de que se garanticen los derechos y la integridad de los líderes y lideresas del sector. Otra fuente le dio a conocer a Pares que en esta en el municipio de Chitagá hace presencia el ELN y, sobre la vereda en la que ocurrieron los hechos se han registrado amenazas a líderes por parte de este grupo armado. Esta zona resulta de interés para el ELN debido a que el Páramo del Almorzadero sirve como corredor estratégico de retaguardia. Cabe recordar que este Páramo está compuesto por los municipios de Chitagá y Silos (Norte de Santander) y Guaca, Cerrito y Tona (Santander). «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»