Por: Laura Cano, periodista Pares. Hay polémica por el valor que el Gobierno Nacional estaba pagando a los bancos por su operación con la entrega del Ingreso Solidario. El pasado 04 de abril el Gobierno Nacional junto al Ministerio de Hacienda publicaron el Decreto 518 de 2020, con el que se daba vía a la destinación de recursos y entrega de estos a través del Programa Ingreso Solidario, creado por medio del documento. Este, decía el decreto, tenía como objetivo principal “atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. En este acto legislativo planteaba, entre otras cosas, que los beneficiarios del Programa no pagarían ningún tipo de comisión o tarifa por el retiro o disposición de las transferencias. Sin embargo, llama la atención que en relación con el Artículo 4 del mismo, se establece que “los costos de las transferencias serán remunerados con cargo a los recursos del FOME buscando el menor impacto fiscal posible, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá intervenir las tarifas de los productos de las entidades financieras, sistemas de pago y operadores móviles que participen en la dispersión de los recursos”. En este punto es necesario nombrar que el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) también se crea en medio de la crisis acentuada por el Covid-19 a través del Decreto 444 del 21 de marzo de 2020, con el fin de disponer recursos para la atención en salud y los efectos adversos generados a la actividad productiva y la necesidad de establecer rutas que permitan la estabilidad económica de los diversos sectores para así poder mitigar los impactos del decrecimiento laboral y económico. Estos recursos, como se afirma en el legislativo, provienen principalmente de préstamos y dinero del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), Fondos de Pensiones Territoriales (FONPET), el Presupuesto General de la Nación y los rendimientos financieros generados por la administración de los recursos. En río revuelto Recientemente el senador Efraín Cepeda y La W informaron acerca del valor que el Gobierno Nacional estaba pagando a los bancos por su operación con la entrega del Ingreso Solidario, el cual es de $160.000 y pretendería impactar cerca de 3 millones de familias que están en estado de vulnerabilidad. Este subsidio ha sido entregado durante abril y mayo, y se ha anunciado una tercera transferencia en junio. De esta forma, según lo comunicado por el congresista y el medio de comunicación, por cada transacción se cobran $2.100, tarifa que no está siendo cobrada directamente a los beneficiarios del programa, dados los lineamientos de este, pero sí hay una recaudación, que, aunque se había establecido su posibilidad en el Decreto 518 y su forma de financiación, no se había determinado o informado públicamente su monto. Ahora, se conoce, según lo informado por Asobancaria y de acuerdo la Resolución 975, las tarifas dependen de los niveles de bancarización de la población que hace parte del programa; $1.000 (bancarizados), $1.900 (no bancarizados, pero con la posibilidad de hacer de forma virtual), $.2300 (no bancarizados y que requieran procesos de forma presencial). Así, a los bancos se están yendo alrededor de $6.000 millones, los cuales salen del FOME, el fondo que debería centrar sus objetivos en la atención de la gente que, más de dos meses después de iniciado el aislamiento preventivo obligatorio, continúa exigiendo que lleguen ayudas que realmente atienda de forma efectiva a esta población. Llamado al que también se suma una nueva identificación de la población vulnerable, teniendo en cuenta las condiciones sociales y económicas que han resultado con el Covid-19, por ejemplo, el incremento en la pérdida de empleos. No obstante, este valor está llegando a las cuentas de las entidades bancarias: Av Villas, Bancolombia, Bancamía, Davivienda, Caja Social y Movii. Esto luego que el Ministerio de Hacienda firmara un total de 07 contratos bajo la modalidad de prestación de servicios con el objeto de realizar “la apertura de bajo monto a través de medios virtuales o digitales, sin presencia física, y transfiriendo a estos depósitos de bajo monto los recursos de la transferencia monetaria no condicionada”. Tras esto quedan varios cuestionamientos, pues si bien, la coyuntura ha hecho más evidente las problemáticas por las que pasa el país, y que son uno de los resultados del sistema económico y político que nos rige y que históricamente ha beneficiado a los bancos por encima de los intereses y el bien común, vale la pena preguntarse. ¿Si con las ganancias que los bancos tienen, gracias a esas mismas dinámicas que los ha favorecido, no bastaba, haciendo frente a lo ‘solidario’ del asunto, asumir este gasto, que además, hace parte de su actividad principal? Resaltando, que esto también les trajo otra ventaja que fue la bancarización de nuevas personas. “Así no es sector bancario, pensando solo en el bolsillo propio, sin pensar en el dolor de la gente, en el dolor de los colombianos que hoy que la mayoría tienen hambre”, aseveró Efraín Cepeda a través de su cuenta de Twitter. Por otro lado, cabe señalar que dentro de los documentos legislativos se afirma que el Ministerio de Hacienda está facultado para negociar con los bancos el monto que se pagará por las transferencias. Además, tanto el sector bancario como el estatal han argumentado que estos cobros también se han hecho en la entrega de los recursos de otros programas como Jóvenes en Acción y Familias en Acción, donde incluso esa tarifa llega a los $6000 por transacción. Sin embargo, al cuestionamiento nombrado anteriormente, también se podría agregar ¿si dentro de las responsabilidades de los sectores más ricos no está asumir parte de las pérdidas que ha dejado la pandemia?, igualmente, ¿si el Gobierno Nacional no debería hacer esfuerzos para que la totalidad de los recursos previstos para la atención de la pandemia vayan hacia los sectores y personas más afectadas?

Por: Redacción Pares La Procuraduría General de la Nación urgió al gobernador de Nariño y a los alcaldes locales a definir de manera prioritaria las estrategias necesarias para controlar la propagación del covid-19, en aras de garantizar la protección de los derechos a la salud y la vida de los habitantes del departamento. El ente de control argumentó que la infraestructura médico asistencial del departamento podría ser insuficiente para atender la potencial demanda de servicios médicos que se generen por causa de esta emergencia sanitaria, que a la fecha supera los 800 casos y tiene a las ciudades de Pasto, Ipiales y Tumaco con el mayor registro de infectados. El Ministerio Público señaló que es imperativo adoptar medidas orientadas al fortalecimiento de la red pública hospitalaria que garanticen la prestación de los servicios, e instó por el pago de salarios a los profesionales de la salud, y la disponibilidad de elementos de protección personal, medicamentos e insumos para el personal médico, paramédico y administrativo de los centros asistenciales. Así mismo, aumentar el número de pruebas para covid-19, el aislamiento, control y seguimiento a los casos sospechosos y garantizar el manejo médico a los casos positivos a través de las IPS públicas del departamento. El órgano de control exhortó a los mandatarios de la región para que implementen mecanismos de control del flujo de ciudadanos entre los municipios del departamento, alivios en la facturación y pago de servicios públicos domiciliarios, y en el suministro de mercados a la población más necesitada y los beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar – PAE. Ipiales: xenofobia y coronavirus De acuerdo con un análisis realizado por Pares LA PANDEMIA EN IPIALES Y SUS COSTOS PARA LA POBLACIÓN MIGRANTE uno de los más graves impactos que ha generado el aumento de contagio en el municipio de Ipiales, ha sido el creciente aumento de conductas xenofóbicas hacia la población migrante venezolana. Fuentes territoriales expresan que se han creado grupos de WhatsApp incentivando el odio hacia la población migrante, desalojos de familias dentro del municipio y se sospecha, aún sin claras investigaciones, posibles agresiones y asesinatos a venezolanos en condición de calle. Ejemplo de este último, fue el asesinato de una menor de 16 años debido a que un hombre colombiano disparó indiscriminadamente a un cambuche de 14 venezolanos, dos más resultaron heridos, se encontraban cerca de la terminal de transporte de la ciudad de Ipiales. La policía dice que este grupo tenía vínculos con microtráfico, pero se sabe que estas personas estaban allí porque no lograron acceder a un cupo en el albergue esa noche. También se conoce que la Policía sale en las noches a informar con bocinas en camiones que se van a hacer los traslados, los inscriben en listas un día antes del viaje y los suben al bus. Se supone que este no es el protocolo: debe realizarse un censo de la población, identificar quienes están con interés del tránsito una semana antes del viaje, desarrollar su periodo de aislamiento y luego incorporarlos a este corredor hacía Venezuela. Una situación crítica La situación de frontera es bastante grave e Ipiales se convierte poco a poco en una bomba de tiempo tanto para el departamento de Nariño como para el resto del país. Es urgente que el Gobierno Nacional atienda las demandas del departamento para incrementar el pie de fuerza, establecer el cordón humanitario con bioseguridad y un plan de sostenibilidad socioeconómica para las familias que dependen del comercio interfronterizo. El COVID-19 no sólo ha alterado la vida de los habitantes del municipio sino que ha develado la profunda problemática de vulneración de los derechos de las personas migrantes y la aparición de conductas xenófobas hacia estas comunidades. El Estado colombiano pese a que hace tres o cuatro años viene atendiendo este fenómeno, no ha logrado consolidar una política pública de migración clara que responda con medidas estructurales y establezca los criterios esenciales para proveer la atención en condiciones de dignidad. Es fundamental que los gobiernos locales consoliden sus estrategias y planes para la protección y seguridad de los habitantes del municipio de manera articulada, pero sobre todo con una fuerte presencia de las instituciones públicas del nivel nacional donde se ofrezcan los instrumentos y garantías necesarias para desarrollar esta compleja labor y es clave que la sociedad colombiana haga un llamado al gobierno nacional para que cumpla a cabalidad sus compromisos según el derecho internacional y sobre todo, que entienda que el sur del país requiere de los más urgentes esfuerzos para combatir una pandemia que no da espera.

Por: Dennis Arley Huffington. Investigador Regional Oficina Pares Pacífico En el Distrito de Buenaventura el COVID-19 está fuera de control por tasa de contagio y aumento exponencial de casos positivos, justo en el momento en que el Gobierno nacional ha anunciado que a partir del 1 de junio se suspende el aislamiento preventivo obligatorio y se pasa a lo que se ha denominado como aislamiento inteligente, que consiste en la apertura progresiva de la economía reactivando nuevas actividades. Para ello, se ha ordenado a alcaldes y gobernadores mediante el Decreto 689 el generar las condiciones requeridas para la reapertura garantizando y controlando los protocolos de bioseguridad para prevención de contagios de COVID-19. Es decir, ahora la responsabilidad se traslada a los mandatarios locales quienes tienen la urgencia de mejorar la economía mientras se atienden las demandas sociales y de servicios de salud conexos con la pandemia. Sin embargo, vale la pena preguntarse ¿Está Buenaventura preparada para reactivar la economía local haciendo apertura de nuevas actividades? Una decisión que debe tomar el alcalde Víctor Vidal y cuya respuesta debe surgir del análisis del contexto actual de la ciudad que enfrenta dos contrastes: por un lado, en la ciudad, la crisis relacionada con la pandemia recién está comenzando donde lo más traumático está por venir; y por el otro, las condiciones socioeconómicas de la población están llegando al límite para poder seguir resistiendo el estado de aislamiento. La curva del virus en Buenaventura Se entró a una fase exponencial en el comportamiento de la tasa acumulada de casos positivos en las que cada semana se están duplicando el número de contagiados. En el más reciente reporte del Instituto Nacional de Salud del 25 de mayo muestra que Buenaventura llegó a un acumulado de 264 casos positivos de COVID-19 y 18 personas fallecidas, panorama que encendió las alarmas en una ciudad que ha registrado un crecimiento acelerado en los contagios, que comenzó mayo con 34 casos y va a terminar el mes con más de 300. Para la gobernadora del departamento del Valle Clara Luz Roldán Buenaventura es el territorio que más le preocupa. Pero las alertas vienen encendidas desde hace tres semanas pues el 7 de mayo y con apenas 51 casos confirmados, el alcalde de Buenaventura hacía la advertencia, en una entrevista para el diario el País de Cali, que la situación con la pandemia se podría salir de control en la ciudad y otros municipios del Pacífico colombiano, por ello, reiteró el llamado que desde el inicio de la cuarentena le viene haciendo al ejecutivo nacional: “Se necesita que el Gobierno haga un mayor esfuerzo y atienda de manera prioritaria a Buenaventura y al Pacífico colombiano, entendiendo que nuestra condición de marginalidad, de abandono, de descuido por parte del Estado, nos hace mucho más vulnerables que cualquier otra zona del país”. (Víctor Vidal, Alcalde de Buenaventura) Debió pasar solo un par de semanas para que sus temores se hicieran realidad: en estos momentos Buenaventura es el municipio del Valle del Cauca con más contagiados por cada 100.000 habitantes. Muy preocupante al igual que Tumaco y Mosquera en Nariño: tres municipios de la costa pacífica cuya incidencia supera al de las capitales departamentales y todo indica que los casos de COVID-19 seguirán en aumento y de manera descontrolada. Desde que se diagnosticaron los primeros casos positivos en el Valle Buenaventura se mantuvo muy por debajo en la tasa de casos positivos respecto a municipios como Palmira y Cali que rápidamente se convirtieron en los principales focos de infección. Para el 11 de abril Cali ya había entrado a otra escala más alta en la tasa de casos positivos manteniendo un ritmo acelerado que la convierte después de Bogotá y Cartagena como la 3ra ciudad con más casos positivos del país con 1955. Por su parte, Palmira, Cartago y Jamundí parecen tener bajo control la pandemia Los efectos del comportamiento social y la primera apertura para ciertas actividades decretada el 28 de abril se vieron reflejados para la segunda semana de mayo: Buenaventura se convertía en el municipio del Valle con la tasa de casos positivos por cada cien mil habitantes más alta, alanzando a Cali donde la pandemia ya estaba disparada desde antes. Hubo un incremento sustancial de los casos confirmados por día: de 5 o 6 se pasó a 17 casos hasta llegar al máximo registrado de 47 contagios confirmados en un solo día. En los últimos siete días el incremento fue de 122 nuevos contagiados y 10 fallecidos, cuando superar la barrera de los 100 contagios había tomado más de dos meses. y se está a la espera que 462 muestras sean analizadas. Pandemia fuera de control Otro aspecto que indica que la pandemia está fuera de control y que la situación es mucho más grave de lo que muestran las cifras, es que la proporción de casos positivos por cada muestra tomada es cuatro veces superior al promedio departamental y cinco veces superior al promedio nacional. Por ejemplo, en Buenaventura por cada 10 pruebas enviadas 4 salen positivas, mientras que en el Valle por cada 10 muestras enviadas sólo una (1) sale positiva. Siendo así, se requiere de un plan de choque con realización de pruebas masivas en el Distrito de Buenaventura, que se obligue a las EPS a prestar ese servicio o que sean otras entidades quienes se encarguen, pues todo parece indicar que la realidad de la pandemia en la ciudad-puerto es delicada. La rapidez con que está aumentando los contagiados es preocupante, se pasó del 5° al 2° lugar con más casos positivos confirmados del departamento y con tendencia a superar a la ciudad de Cali como el territorio más contaminado por el virus. Lo anterior representa una tragedia en un municipio que solo cuenta con siete (7) Unidades de Cuidados Intensivos en la clínica privada, cuya atención profesional ha sido bastante cuestionada los últimos años: ninguna se brinda en el hospital distrital; no han podido terminar de adecuar las camas UCI que el alcalde a finales de abril mandó a construir; y Cali, como ciudad receptora de casos de atención, luce colapsada. Una población que no podrá resistir más aislamiento Buenaventura es un distrito con una pobreza multidimensional que llega al 41,0%, en el que una cuarta parte de la ciudad no tiene acceso al servicio de acueducto, una tercera parte no tiene un sistema de alcantarillado y el 11,5 % de los hogares viven en hacinamiento crítico según el último censo de población y vivienda Dane (2018). La mayoría de la población en Buenaventura vive y sobrevive del día a día, sin capacidad de ahorro que va a cumplir ya dos meses sin generar ingresos diarios y, en ocasiones, se han visto en la obligación de violar el aislamiento obligatorio para salir a conseguir el sustento. Foto: Pares. Por su parte, la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) para ciudades intermedias para el periodo enero a diciembre de 2019 ubicaba la tasa de desempleo de Buenaventura en 20,3 % superior en 1,9 puntos porcentuales respecto al 2018 lo que significan casi 40 mil personas desocupadas previo a la pandemia. Mientras que, dentro de los ocupados, los porcentajes don empleo informal o trabajador por cuenta propia llega al 51,8 %. En tal sentido, el contexto de condiciones de vida, social, laboral y económico no luce favorable en la ciudad. Por otro lado, las ramas que concentran el 63,0 % de las actividades que generan más ocupación en Buenaventura están ligadas a la informalidad: el comercio, hoteles y restaurantes con el 33,5 %; el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones con 21,9 %; y la construcción que representa al 7,6 % de los ocupados en la ciudad. Quienes se dedican a ellas, en su mayoría no cuentan con contrato legal, ni prestación de servicios y con pagos al destajo; hacen parte de pequeñas empresas con menos de 10 trabajadores, que corresponde al 59,1% de las empresas en el distrito (Propacífico, 2019). A estos se suman los vendedores ambulantes y oficios varios. En otras palabras, se trata de una población que vive y sobrevive del día a día, sin capacidad de ahorro que va a cumplir ya dos meses sin generar ingresos diarios y, en ocasiones, se han visto en la obligación de violar el aislamiento obligatorio para salir a conseguir el sustento. Ante esto, la Alcaldía Distrital ha emprendido acciones con la intención de atender y amenorar los efectos del aislamiento preventivo obligatorio: Hasta la fecha se tiene conocimiento que se han repartido 11.358 mercados en los diferentes barrios y veredas de Buenaventura. También, se entregaron 600 mercados en el corregimiento de Bazán Bocana durante la visita de la Primera Dama, 100 mercados a habitantes de la vereda EL Esfuerzo, 50 mercados a estudiantes de la Universidad del Valle sede pacífico y otros 70 a los estudiantes de la Universidad del Pacífico, finalmente, 1.318 mercados se han repartido en la zona rural carreteable, a los Consejos Comunitarios de Córdoba, San Cipriano, Cisneros y del Esfuerzo. No obstante, la alcaldía de Buenaventura no tiene condiciones económicas para sostener un número tan elevado de habitantes improductivos durante más tiempo, los mercados entregados en su mayoría fueron producto de campañas como Buenaventura Solidaria, donde se recibieron $4.337.543.753 en donaciones en dinero ($213.647.730), en mercados ($2.360.862.564) y donaciones en insumos médicos ($1.763.033.459). Además, con el avance acelerado de los contagios, la alcaldía se ve en la obligación de enfocar sus recursos en la atención de pacientes, para ello, es menester mejorar las condiciones de la red hospitalaria que a finales de marzo recibió 1.000 millones de pesos que transfirió la Alcaldía Distrital al hospital Luis Ablanque de la Plata mediante el Decreto 0151 para su adecuación y que a mediados de abril inició la construcción de 12 camas de Unidad de Cuidados Intensivos – UCI –, a cargo de expertos que llegaron desde Bogotá, pero, que aún no culminan. Según palabras de la gobernadora del Valle Clara Luz Rolda “la adecuación de las UCI no van a alcanzar a estar listas, se está a las espera de 300 UCI que está en proceso de importación entre las gobernación del Valle y el Ministerio de Salud de las cuales las primeras serán enviadas a la Santa Sofía mientras se termina de adecuar el hospital Luis Ablanque de la Plata”. La semana pasada se tomó la decisión de invertir alrededor de $6.000 millones de recursos de regalías para continuar con la mejora de las condiciones del Hospital Distrital, que con las condiciones en que recibió el hospital es muy poco y se requieren implementar con urgencia. Entre la espada y la pared Sobre este panorama planteado, el alcalde de los bonaverenses debe tomar la decisión de acatar las nuevas medidas del gobierno nacional o diseñar nuevas estrategias, incluso algunas propias que le permitan afrontar la actual crisis que está comenzando. Si bien, a buena hora el Gobierno Nacional atendió llamado del alcalde de Buenaventura y designará gerencia especial de COVID-19 para el Pacífico colombiano, las ayudas y acciones del gobierno nacional sobre el Pacífico colombiano avanzan de manera parsimoniosa y no se corresponde a la velocidad a la que avanzan los contagios. Sobre todo, cuando fueron medidas tomadas por el presidente Duque las que influyeron como punto de quiebre en el control de los contagios que se venía realizando. El Decreto 593 de 2020 emitido por la Presidencia, donde, además de prorrogar el aislamiento preventivo, estableció la apertura de un sector de la economía nacional y con ello la exigencia de garantizar su funcionamiento obligó a la alcaldía de Buenaventura a permitir la operatividad del servicio de microbús tipo colectivo en las rutas 1, 4, 5, 9 y 12 en la ciudad. La medida entró en vigencia desde el 28 de abril regulada a través de la medida de distanciamiento social por la cual se estableció que el cupo máximo es de 7 personas, empero, las calles amanecieron llenas de personas en búsqueda de un medio de transporte que ahora les permitía movilizarse en el marco de alguna de las excepciones de ley. Se terminó de romper el aislamiento cuya principal dificultad no había sido las condiciones precarias de las personas de Buenaventura, sino, las fiestas y reuniones sociales en las noches que la ciudadanía denunciaba a través de las redes sociales. Las consecuencias se evidenciaron dos semanas después con el aumento acelerado de casos en la ciudad, lo que representa una preocupación, no solo para el Distrito sino para todo el Pacífico sur y medio, pues Buenaventura, además de sus propios habitantes recibe pacientes de municipios aledaños como Timbiquí, Guapi, López de Micay y el Litoral del San Juan. Ahora, el nuevo desafío de la administración de Vidal es aplanar la curva de contagios en la ciudad a través del cerco epidemiológico de los casos con la ayuda de la Policía Nacional, adecuar la red Hospitalaria de la ciudad y prevenir se agudice la crisis socio económica que padecen históricamente los habitantes del distrito, en otras palabras: se enfrenta a la crónica de una tragedia que él mismo anunció, exhortando al Gobierno nacional a que le ayude, a estas alturas, por lo menos a atenuar la tragedia social y sanitaria.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Tras el anuncio del pasado 12 mayo por parte del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en el que dijo que enviaría un documento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitando medidas cautelares ante el asesinato selectivo de personas en proceso de reincorporación; este 26 de mayo se llevó a cabo una reunión entre el partido surgido de las negociaciones de La Habana y el órgano internacional para atender dicha solicitud. Cabe señalar que, tras la firma del Acuerdo de Paz —en el Teatro Colón— han sido asesinados 197 firmantes de paz y 40 familiares. Asimismo, según cifras del Consejo Nacional de Reincorporación FARC (CNR FARC); tan solo en 2020 han sido asesinados 26 exguerrilleros y ocho (8) desde la expedición del decreto de Emergencia Sanitaria, por parte del Gobierno Nacional por el Covid-19. CIDH. una instancia por la protección En este sentido, es importante señalar que, de acuerdo con la definición de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la CIDH es un órgano principal y autónomo de OEA encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. De igual forma, la CIDH rige su labor bajo tres pilares: “(i) el Sistema de Petición Individual; (ii) el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados Miembros y (iii) la atención a líneas temáticas prioritarias. De acuerdo con un comunicado oficial del partido FARC, este 26 de mayo —en una reunión virtual— integrantes de FARC, la Fundación de Derechos Humanos del Oriente Colombiano y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH); le expondrán a una delegación de la CIDH la urgencia de medidas cautelares de parte del Estado Colombiano frente a la crítica situación en la que se encuentran cerca de 13.000 firmantes de paz en Colombia, por cuenta del asesinato selectivo y la desatención del Gobierno Nacional. Ahora bien, esta reunión se da luego de que el partido FARC radicara un documento el pasado 22 de mayo en el que solicitó dichas medidas cautelares. Asimismo, en el comunicado el partido señaló que se ha evidenciado “que el Gobierno Nacional por acción y omisión no ha garantizado las obligaciones contenidas en la Convención Americana sobre DD.HH. El discurso del gobierno Sobre esta situación, Pares en los últimos días habló con José Emilio Archila Peñalosa, Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, quién se refirió —de forma polémica— frente a los asesinatos de los exguerrilleros al decir que: “Cuando le han preguntado a la Fiscalía ¿quiénes están matando a los excombatientes? ellos han dicho que la mayoría de esos homicidios son en contra de hombres de zonas rurales en donde hay narcotráfico, donde hay disputas por corredores del narcotráfico. Asimismo, ha dicho que los principales causantes de esos homicidios han sido los mal llamados disidentes, el ELN y el Clan del Golfo. La Fiscalía afirma que mayoría de los homicidios no son en razón de su condición de excombatientes.» Uno de los senadores de FARC que le salieron al paso a este discurso que vincula la muerte de exguerrilleros al narcotráfico y no a su condición como firmantes de paz — discurso que también se ha encontrado en entrevista hecha RCNRADIO a Archila— fue el senador Carlos Antonio Lozada, quien le dijo a Archila “que el Estado y Gobierno tienen obligación constitucional y legal de garantizar la vida a todos los colombianos.” Por otra parte, además de la de la violencia letal en contra de los exguerrilleros, el pasado 12 de mayo FARC había anunciado que le presentaría a la CIDH la existencia de 679 casos de riesgo (Amenazas, Atentados, Desplazamientos forzados, Persecución, Extorsión). Del mismo modo, que la propia Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) tiene conocimiento y tendría que ayudar a tramitar con las entidades pertinentes, entre ellas ante la UNP. Razones de FARC para pedir Medidas Cautelares El representante a la Cámara por el Partido Farc, Sergio Marín, ha señalado en su cuenta de Twitter que la solitud de las Medidas Cautelares obedece a la desprotección del Estado colombiano para “con los exguerrilleros comprometidos con la paz”. De esta forma —según Marín— pretenden que las Medidas Cautelares que emita la CIDH comprometa al Estado en su labor de cumplimiento en la implementación del Acuerdo de Paz. Otra de las razones que subrayó Marín tiene que ver con que “los firmantes de paz están cumpliendo y aportando verdad, reconociendo más del 80% de la responsabilidad de la totalidad de los casos ante la JEP”. Asimismo, Marín precisa que por medio de las Medidas Cautelares se garantice el acceso y verdad a la reparación de las víctimas. Victoria Sandino, también sumó su voz señalando, tras más de tres (3) años del firmado el Acuerdo de Paz “hay más de 300 prisioneros políticos de FARC siguen a la espera de su libertad a más de tres años de firmado el Acuerdo de Paz.” La paz bajo fuego Pares ha venido advirtiendo que la población en proceso de reincorporación le ha manifestado, con preocupación, la estigmatización a la que han sido expuestos por discursos del Gobierno Nacional o de la institucionalidad sobre su vinculación a las disidencias o a economías ilegales. Esto porque, efectivamente, la violencia selectiva se cobra vidas en los más de 500 municipios en los que —hoy por hoy— se encuentran los y las firmantes de paz. CNR Farc le ha trasladado una preocupación por la población en proceso de reincorporación que vive por fuera de los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). En los ETCR hay cerca de 3.000 firmantes de paz, pero, de acuerdo con CNR, en las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) hay algo más de 9.000 exguerrilleros. Cabe señalar que las NAR, según CNR FARC, sin asentamientos colectivos para exintegrantes de FARC-EP, sus familias y comunidades. CNR Farc las defiende en pro de garantizar los derechos de firmantes de paz. Actualmente existen 75, mayoritariamente rurales, pero también de carácter urbano. De acuerdo con cifras de la Fundación Paz y Reconciliación—Pares, en su sistema de información SIPARES; los cinco departamentos más victimizados son Cauca que concentra el 21.3% de los casos de asesinatos a firmantes de paz, Antioquia con 16.2%, Nariño con 16%, Caquetá con el 8.8% y Norte de Santander con el 7.4 %. «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»

Por: Redacción Pares Frente a la perspectiva de que durante este año se produzca la peor contracción económica en la región desde 1930, con una caída del 5,3% del Producto Interior Bruo, y un importante incremento en la tasa de desempleo, entre otros impactos económicos negativos, la Comisión Económica para América Latina y el caribe insistió este jueves la creación de un ingreso básico de emergencia durante seis meses que serviría para pagar las necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares. Durante una videoconferencia que abordó la situación laboral durante la pandemia de Coronavirus, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, y el director regional de la oficina para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo, Vinícius Pinheiro, dibujaron un sombrío panorama regional. Efectos negativos de la pandemia en el mercado laboral En relación con los efectos negativos causados por la pandemia, Bárcena indicó que en el trabajo formal se produjo una reducción de horas trabajadas, la caída de salarios y despidos, mientras que el informal se vio afectado por la disminución del empleo por el distanciamiento, la prohibición de circulación un y un menor acceso a compensaciones de ingreso y la vulnerabilidad de las mujeres. El informe conjunto de la Comisión y la Organización Internacional del Trabajo destaca que el 42,4% del empleo está en sectores muy afectados por las medidas de distanciamiento físico, provocando riesgos muy altos en áreas como el comercio, los restaurantes y las industrias, el alojamiento y las actividades inmobiliarias. Aumento importante del desempleo Tras señalar que se prevé una reducción del 10,3% de las horas de trabajo en el segundo trimestre del año, Bárcena explicó que se espera un aumento en la tasa de desocupación del 11,5% tras crecer un 3,4% estos últimos meses. «Y esto significa que tendremos 37,7 millones de desocupados. Es decir, que tendremos 11,5 casi 12 millones de desempleados adicionales a 2019. Muy preocupante y, como les digo, cifras que creemos incluso son optimistas para lo que se espera que suceda». Esto significa que la caída del PIB y el aumento del desempleo generan un impacto muy fuerte en la pobreza y en la pobreza extrema, apuntó Bárcena quien indicó que aumentará en 30 millones el número de pobres pasando de 186 millones a casi 215, el 34,7% de la población latinoamericana, y de 63 millones a 83 millones el número de personas afectadas por la pobreza extrema. Ante este incremento de ambos tipos de pobreza, la CEPAL propone la creación de un Ingreso Básico de Emergencia (IBE), explicó Bárcena. «Le hemos llamado Ingreso Básico de Emergencia equivalente a una línea de pobreza. Una línea de pobreza que equivale aproximadamente a 143 dólares del 2010. Y que esto se ponga en marcha durante seis meses para satisfacer las necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares que es donde va a estar el gran impacto de la pandemia», afirmó. Bárcena calculó que el gasto adicional por parte de los Gobiernos del 2,1% del PIB con un objetivo estratégico a largo plazo de implementar un ingreso básico universal mediante mecanismos innovadores de financiamiento. El mínimo vital, una propuesta de la oposición El pasado 28 de abril, la bancada de oposición del Congreso propuso el Mínimo para la Vida. Consiste en una ayuda económica de un salario mínimo que iría dirigida a todas las personas que están en situación de vulnerabilidad socioeconómica, laboral y de ingresos, priorizando madres cabeza de familia, víctimas del conflicto armado, trabajadores informales, personas con discapacidad sus cuidadoras y cuidadores, personas reincorporadas, y a su vez teniendo en cuenta un enfoque de género y étnico. Este Mínimo para la Vida permitiría dar liquidez en las familias para cubrir necesidades básicas en vía de asegurar la vida digna en cada hogar, en donde se tengan recursos para solventar gastos de alimentación y pagos de servicios públicos domiciliarios. Esto sería implementado durante el tiempo en el que se mantenga la emergencia sanitaria y por lo menos por los tres meses siguientes. Esta medida sería efectuada por medio de un ingreso económico en cada familia de un salario mínimo legal vigente ($877.212), además de un incremento que se determinaría con la cantidad de personas que conforman el hogar, las variables de vulnerabilidad y los enfoques de género y étnico, lo que daría un máximo de $2.200.000 mensuales por hogar, variando a través de las características que sean evaluadas. Este apoyo llegaría a cerca de 11 millones de familias, lo que representa alrededor de 32 millones de personas. Además, implicaría destinar, según el senador Julián Gallo del partido de Farc, casi 19 billones mensuales, los cuales saldrán, ente otras medidas, a través de la unificación de los programas sociales que se están brindando como Adulto Mayor, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario y la devolución del IVA creado por la Reforma Tributaria.

Por: Natalia Aguilar Salas. Colaboradora Pares. En Altos de la Estancia, en la frontera entre Bogotá y Soacha, se han presentado desalojos que dejan ver la peor cara de la pandemia, y han hecho cuestionar la gestión de la Alcaldía Mayor, la Policía Metropolitana y el Esmad. La frase más recurrente para mostrar la importancia de cuidarse y cuidar a los otros frente al Covid- 19 es el famoso “Quédate en casa”, pero ¿qué pasa cuando la gente se queda en sus casas y deciden desalojarlos? La imagen más tenebrosa de estos procedimientos muestra a una funcionaria pública encapuchada, la cual señala y apunta donde se realizará el próximo desalojo. Estas imágenes inevitablemente evocan fotografías similares a lo que fue la Operación Orión en Medellín, un operativo militar llevado a cabo entre el 16 y el 17 de octubre de 2002 en la San Javier (comuna 13), de Medellín y que fue comandada por miembros de las Fuerzas Militares de Colombia, la Policía Nacional de Colombia y los paramilitares comandados por Don Berna. En el programa de semana TV El poder, dirigido por el subdirector de Pares, Ariel Ávila, se pueden escuchar los testimonios dolorosos de la situación que están viviendo los habitantes de Altos de la Estancia: un joven con fractura craneal debido a que un integrante del Esmad decidió disparar directamente a su cabeza y ¿quién ha respondido? nadie. Claramente se está ignorando la violencia y abuso cometido por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Simplemente otra “manzana podrida” que se cobijará en la institución. Como lo revela el reportaje dirigido por Ávila, resulta aún más indignante la muerte de un bebé, el cual sufrió un paro cardiorespiratorio presuntamente causado por el efecto de los gases lacrimógenos lanzados por el Esmad en esos operativo de desalojo. No es la primera vez que un menor de edad muere debido al abuso por parte de este escuadrón. Durante el 2007 en una manifestación de indígenas Embera en el Chocó, murió Miriam Bainaba de seis meses de edad, a causa de contacto con gas lacrimógeno. En el departamento de Bolívar, durante ese mismo año, murió Laurise Rivera debido a contacto con gas lacrimógeno. En el año 2016, durante un desalojo en el departamento del Atlántico muere Brayan Mancilla de 12 años al ser impactado con un arma de fuego. Estos son solo algunos de los casos en los que no se respetan protocolos y las personas pierden sus vidas a causa de la ceguera en el actuar de algunos miembros de esta institución. ¿Techo y comida para todos? Lo que más se pregonó por parte de las entidades públicas al comienzo del aislamiento obligatorio fue “Techo y comida para todos”, sin embargo no es claro por qué priorizar los desalojos durante una pandemia que exige quedarse en casa. Aunque el secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez aseguró que los desalojos se realizan debido a el alto riesgo del terreno y la ilegalidad de los predios, muchos se preguntan si realmente ese es el motivo o como lo afirma Luis, habitante de Altos de la Estancia Muchas personas me dicen, ¿Será que nos están escogiendo? o será que los pobres no podemos tener los mismos derechos de los ricos? La problemática que enfrentan los habitantes de Altos de la Estancia se ha presentado durante más de ocho años, donde los habitantes son los que se exponen al abuso de poder por parte de la policía al igual que las amenazas por parte de tierreros y grupos al margen de la ley, se encuentran entre la espada y la pared. La coyuntura que se vive a nivel mundial llama a la solidaridad y al cuidado, pero ¿el cuidado de quién y para quién?, aunque la gestión de la Alcaldía ha sido eficiente en otros aspectos, la población más vulnerable sigue sufriendo el abuso de poder por parte de la policía y el Esmad. Por otra parte, las redes sociales han sido claves en las denuncias que presentan sin parar diferentes sectores de la población, y aunque se justifiquen las acciones por el hecho de ser una invasión, el contexto llama a reevaluar las prioridades, sobre todo cuando se incumplen los protocolos constantemente. Por ahora, parece que los funcionarios públicos pueden decidir sobre la vida y la muerte de las personas, donde la ley se respeta sin chistar, ¿Por qué? porque así lo dictan “las órdenes”, las cuales en muchos casos han probado que seguir las órdenes de manera ciega y fiel puede terminar en tragedias que muestran los más inhumano y desagradable de los seres humanos. Un joven con trauma craneoencefálico y un bebé que muere de un paro cardiorespiratorio son atrocidades y violaciones a los derechos humanos de la población colombiana. No podemos normalizar la violencia aunque sea pan de cada día, estas acciones por parte de miembros de las instituciones públicas solamente generan más zozobra y miedo, polarizan a una sociedad cada vez más fracturada y herida. A pesar de la situación extrema de problemas de salud pública que enfrentamos, es más que probable que se sigan presentando enfrentamientos y heridos, dado que los que actúan solamente “siguen órdenes”. No basta con desalojar, falta investigar y solucionar. ¿Cuántos años más tendremos que ver las mismas noticias y las mismas atrocidades sin ningún tipo de cambio? quizá es cierto que quien no conoce su historia está obligado a repetirla.

Por: Redacción Pares La Procuraduría General de la Nación denunciará ante la Fiscalía General los hechos que quedaron registrados en un video publicado en redes sociales, sobre la entrevista que Fabio Zuleta Díaz, director del programa radial “Buenas tardes con Fabio”, que se emite por el Sistema Cardenal en Valledupar, le hizo a un indígena guajiro, a quien identificó como Roberto, sobre la venta de 3 tres mujeres de la etnia wayúu, entre ellas una joven virgen. Así mismo, solicitará que se investigue lo que afirma el llamado ‘palabrero’, serían prácticas ancestrales en varias regiones de La Guajira como Uribia, Maicao, Cabo de la Vela, Media Luna y Riohacha, sobre la comercialización de “chinitas”, como despectivamente se refieren a la mujeres wayúu. Estas conductas pueden constituir el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y doméstica, en el que terceros se ponen de acuerdo para captar, trasladar y acoger mujeres wayúu, con el fin de entregarlas para fines sexuales y de servidumbre a cambio de dinero. Debe haber castigos penales “Hechos como estos deben ser investigados y castigados penalmente, independientemente de que los involucrados en la comisión del delito sean hombres indígenas. Hechos como estos vulneran los derechos humanos de las mujeres, principalmente su dignidad, al ser tratadas como mercancía para la venta, atentando también contra su libertad e integridad sexual, su salud sexual y reproductiva, su autonomía personal y en general el derecho a una vida libre de violencias”, advirtió el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez. “Estas prácticas de compra venta de seres humanos para explotación sexual son una aberrante forma de esclavitud moderna, aceptada y naturalizada, incluso por el medio de comunicación Sistema Cardenal 1050 A.M. Valledupar, que transmite el programa, razón por la cual hemos solicitado al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones verificar si desde el Sistema Cardenal de Valledupar, dónde Zuleta Díaz tiene una concesión, se está brindando una correcta y adecuada prestación del servicio, con apego a la Constitución y a la ley”, insistió el jefe del Ministerio Público. Colombia como suscriptor de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW -, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, debe luchar incansablemente por erradicar toda forma de violencia, desincentivar la demanda de explotación sexual y castigar todo tipo de comercialización del cuerpo de niñas, adolescentes y mujeres. Grave violencia de género “El atroz hecho que presenta el video, donde se acuerda cobrar hasta 5 millones de pesos por una mujer indígena, exhibe solamente una parte de la realidad que viven muchas niñas, adolescentes y mujeres en el país, sobre quienes los hombres han tomado el control para vender y comprar sus cuerpos en un macabro juego de oferta y demanda, donde poco o nada importan los derechos, la integridad y dignidad de las mujeres”, afirmó el Procurador General, para quien la naturalidad con la que Zuleta Díaz y su interlocutor acuerdan la compraventa de las mujeres, como si se tratase de compra venta de animales o cosas, debe ser un hecho censurado por la sociedad al unísono. El diálogo entre Zuleta y su invitado registra una de las formas de violencias contra niñas y mujeres por el hecho de serlo y así mismo, confirma que la explotación sexual de niñas, niños, adolescentes y mujeres es una realidad mundial, que en nuestro país es invisibilizada, naturalizada y legitimada, donde, además, la dignidad humana pareciera pasar a un último plano, en un mundo donde las relaciones desiguales de poder basadas en el sexo, oprimen sistemáticamente a más de la mitad de la población. La Procuraduría General de la Nación exhorta a los medios de comunicación a asumir su responsabilidad frente a los contenidos que transmiten y la forma como se refieren y tratan a las niñas, adolescentes y mujeres y los invita a suscribir la Alianza de Medios de Comunicación del Gran Pacto de Lucha contra la Trata de Personas, liderado por la entidad, al cual se han sumado a la fecha directores de importantes medios escritos y audiovisuales en el país. Rechazo por parte de los pueblos indígenas Por su parte, la Organización Nacional Indígena de Colombia, manifestó este domingo a través de un comunicado que denuncia y rechaza este acto que va en contra de la dignidad y el respeto a las mujeres indígenas y en este caso a las mujeres Wayuu, quienes son las que llevan y transmiten la sabiduría espiritual de sus ancestros y de una Nación que respeta el significado de los sueños. Según la ONIC, en la Nación Wayuu, la mujer desempeña el rol más importante, pues su orden social se denomina como matrilineal y es la que está pendiente de su familia, aconsejando qué es lo bueno y lo malo, es la que enseña sobre la sabiduría de su pueblo. «Hacemos un llamado nuevamente a los organismos de Derechos Humanos del país, e instamos al Gobierno de Iván Duque Márquez, en particular al Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones -MINTIC-, a la Fiscalía General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo y demás entidades competentes para que tomen cartas en el asunto frente al tema, para que se investigue la actuación que atenta contra las creencias de un Pueblo e incita a la discriminación, cosificación, el maltrato y trata de personas de las mujeres Wayuu en el departamento de La Guajira, pero que además reproduce el racismo estructural sobre lo que se piensa de la cosmovisión propia de los Pueblos Indígenas.« En ese sentido, la ONIc aclara que a partir de las declaraciones y expresiones del señor Roberto Barroso y el señor Zuleta, se hace claridad a sobre el significado de lo que es una “Dote” (Pa ́naa) y un “Palabrero” (Pütchipü ́üi) dentro de la cultura Wayúu. En wayuunaiki, Pa ́naa: quiere decir, -Pau-es estar dentro, es estar guardada, así se describe el proceso de aprendizaje de las mujeres al cumplir con su ritual de la primera menstruación, por lo tanto, Pa ́naase deriva de la palabra anterior y se refiere a ingresar en la intimidad del hogar y es la palabra que se utiliza para conformar la institucionalidad de un matrimonio Wayuu. Pa ́naano significa casarse, tampoco representa el pago de una mujer, Pa ́naasignifica que el hombre simbólicamente entrega unos bienes para representar y manifestar su respeto a la familia de la mujer con la que va a entrar en intimidad. Es así como adquiere relevancia y significado la dote y eso muestra que en la Nación Wayúu no se venden las mujeres tal y como de manera distorsionada se dice en dicha entrevista que hoy rechazamos y denunciamos, y en la cual de manera equivocada se da a entender que por intermediación de un Pütchipü ́üi, abogado como lo dice el falso palabrero, se tranza alguna negociación, al estilo de trata de personas, cosa que no existe dentro de la cultura Wayuu, solamente en la mentalidad de estas dos personas. Finalmente, las autoridades indígenas en La Guajira y el Gobierno Nacional deben implementar un trabajo con las comunidades de reconocimiento y respeto por los derechos humanos y dignidad de todas las personas, y para que asuman que ninguna práctica cultural o costumbre de los pueblos étnicos, puede estar por encima de la Constitución y la ley, en detrimento de la dignidad humana.

Por: León Valencia, director – Pares He seguido con preocupación y tristeza los escándalos que a lo largo del gobierno de Iván Duque involucran a mandos de las Fuerzas Militares. Durante 12 años, de 2002 a 2014, tuve una experiencia que me cambió la visión que tenía de la Fuerza Pública. Se trató de un programa de conversatorios entre altos oficiales, sectores de la sociedad civil y la comunidad internacional, alrededor de los temas de la paz y los derechos humanos, con el auspicio del gobierno de Noruega y la Universidad de Oslo. Realizábamos tres reuniones al año, una de ellas en Oslo y en algunas ocasiones íbamos a otros países. Algún día hicimos cuentas y supimos que 1080 oficiales, en su mayoría generales y coroneles, habían pasado por estos conversatorios. No voy a contar acá intimidades de esos eventos que se hacían lejos de los cuarteles y a los que los militares acudían vestidos de civil para hablar con la mayor libertad y confidencialidad de los avatares del conflicto armado y de sus inquietudes sobre el futuro del país. En la campaña presidencial de 2010 tuvimos la oportunidad de llevar a la mayoría de los candidatos a que conversaran con los generales. En dos tandas reunimos al cuerpo de generales para un diálogo fructífero sobre los problemas de Colombia. Debo decir que sentí una enorme alegría cuando vi que los generales Óscar Naranjo, Jorge Enrique Mora Rangel y Javier Flórez fueron llamados a participar en la mesa de negociaciones de paz en La Habana. Sabía de su verticalidad en la lucha contra la guerrilla, pero conocía también su profesionalismo y su enorme anhelo de conquistar la paz nacional. Los tres habían estado vinculados en algún momento a los conversatorios. Ahora que han salido a flote estos escándalos de corrupción, de violación a los derechos humanos o a la libertad de prensa y que el ministro de la defensa, Carlos Holmes Trujillo ha reconocido que existe una profunda división en las filas, he rememorado aquellos conversatorios y las conclusiones que fui sacando en esos años de diálogos y reflexiones. La oficialidad colombiana proviene toda de la clase media, las élites empresariales y políticas, con alguna excepción, no se han involucrado en las fuerzas militares y de policía. Su vida transcurre en centros de estudio propios y en cuarteles y lugares de residencia aislados del resto de la sociedad. Hacen su vida social en clubes exclusivos y se casan y construyen sus familias en ese entorno. Eso ha cambiado un poco en los últimos años, pero la regla sigue siendo esa. El esfuerzo, la disciplina y la consagración de esta oficialidad es enorme. Sin el acceso a los prestigiosos centros de estudios nacionales y extranjeros de las élites, sin el roce con intelectuales y científicos, buscan afanosamente comprender el país y participar en su conducción. Recuerdo mucho una charla en la que el general Mora decía que no había sido del todo buena la misión que se le había asignado al Ejército desde aquel famoso discurso de Alberto Lleras Camargo en el teatro Patria en el año 1963. Bajo el nombre de “Control del Orden Público” se los puso a desarrollar tareas de guerra inherentes a su oficio y contención de reclamos o protestas sociales que bien le correspondían a los gobiernos y a las autoridades civiles. También a compartir con la policía la persecución de delincuentes comunes. Entre tanto los políticos se limitaban a requerir sus servicios y a jugar en el campo de la política y la vida pública. Ese aislamiento y esa división del trabajo en medio de una larga guerra y de una azarosa lucha contra el narcotráfico ha tenido algunas consecuencias deplorables. Señalo sólo tres de ellas: la polarización del país en torno a la paz se incubó en las fuerzas militares y los políticos desataron una larga disputa que generó bandos entre las filas; los militares terminaron cargando con las responsabilidades de muchas violaciones de los derechos humanos -los llamados falsos positivos- mientras los políticos se alzaban con los honores de algunas acciones especiales -la operación jaque- son ejemplos al canto; en el trato con actores ilegales diversos se fueron gestando graves fenómenos de corrupción. Quizá los generales que mejor encarnaron la disputa alrededor de la paz fueron Sergio Mantilla Sanmiguel y Alberto José Mejía Ferrero en los tiempos del gobierno del presidente Santos. Mantilla, desde la comandancia general del ejército hablaba abiertamente en contra de las negociaciones de paz que se realizaban en La Habana y esta fue una de las razones para separarlo del mando. En cambio, Mejía se comprometió a fondo con este proceso en el último tramo de las negociaciones y fue uno de los factores que facilitó el acuerdo. Traigo a la memoria el contraste entre “falsos positivos” y “operación jaque” por la ironía que contiene. Ya no hay duda de que esas ejecuciones extrajudiciales que han deshonrado al ejército tienen su origen en medidas y exhortaciones desde la presidencia de la República, pero los que están en el banquillo son únicamente los militares. En cambio la operación más espectacular de la historia militar del país tejida con paciencia en el seno de la inteligencia del ejército, fue capitalizada de un modo extraordinario por el mundo político mientras que sus protagonistas directos quedaron en la oscuridad. Abundan los hechos de corrupción o de vinculación de militares y policías con actores ilegales, pero uno de los eventos más dolorosos ocurrió en Jamundí, Valle, en el 2006 cuando una patrulla militar presuntamente comprometida con narcotraficantes masacró a diez policías y a un civil en medio de un operativo antinarcóticos. Detrás de esos hechos estaban también varios parapolíticos del Norte del Valle que años después salieron a la luz pública. No voy aquí a disculpar y a exonerar a los militares comprometidos en los perfilamientos y seguimientos a los periodistas, a la oposición y a los defensores de los derechos humanos o a los involucrados en hechos de corrupción. Pero me preocupa, en primer lugar, que la cacería se aproveche para golpear a los sectores que se ha asomado a la paz y al postconflicto. Ya se presentó un primer hecho irregular: resulta que los primeros en salir de la institución fueron los oficiales que presuntamente filtraron la información de chuzadas y seguimiento y no los que las ejecutaron; y en segundo lugar, me entristece que también ahora todas las cargas queden en los hombros de quienes realizaban indebidas pesquisas de inteligencia y nada les pase a los políticos que las requerían. En todo caso debemos sacar una lección de estos acontecimientos: es necesaria y urgente una gran reforma a las fuerzas militares y policiales para ponerlas a tono con los esfuerzos de paz y con la transformación de la democracia. Necesitamos una nueva fuerza pública para el postconflicto y para la búsqueda de un tratamiento distinto al cultivo, procesamiento y tráfico de drogas ilícitas. Debemos sacar otra lección: es obligatorio superar la manipulación de las fuerzas militares y policiales por parte de la dirigencia política del país. No es justo que una oficialidad que hace enormes sacrificios para ascender en su carrera y servirle al país, sea utilizada para mezquinos y particulares intereses políticos.

Por: Mateo Gutiérrez León. Especial para Pares. ¡Esooooos de traslado! ¡Esooooos de traslado! Así eran los gritos del ordenanza del Quinto B. Su función era pararse en la puerta y atender cualquier recado necesario en el patio -llamar a una persona, avisar que era hora de alguna de las tres comidas, prevenir los operativos, avisar la entrada de la guardia al patio o anunciar la visita-. El preso al que le estaban anunciando su traslado no era cualquiera: era la “pluma” del patio, un hombre curtido en la cárcel y que sabía llevar las cosas. Inmediatamente el patio entró en un revuelo generalizado, los pasilleros intentaban acordar cómo se iba a reestructurar la jerarquía y acordaron la subida de la nueva «pluma», quien era pasillero y se consideraba una persona seria. Los primeros días en que estuvo a cargo, la situación fue normal. No hubo mayor cambio y la rutina era la misma de siempre, sin embargo la nueva «pluma» empezó a traer del patio de al lado otros de sus “causas”, es decir los presos de la banda con los que había delinquido, y empezó a desplazar poco a poco a los pasilleros antiguos para poner a sus causas en los cargos de poder. La actitud de estos nuevos pasilleros frente al patio empezó a generar descontento: poco a poco las “pelas” (palizas) por deudas de droga y dinero pasaron de ser regulares a diarias, empezaron a subir los impuestos de forma desmedida y crearon un nuevo impuesto que según la propia pluma “había mandado a recoger el director para renovar la fachada del patio y hacer un lavadero”. El inconformismo fue creciendo poco a poco: paliza tras paliza, abuso tras abuso se empezó a fraguar la expulsión del “rancho” o la “Casa” (presos que manejan, administran y controlan los patios). Los antiguos pasilleros reunieron a sus allegados, buscaron nuevos apoyos de los que habían sido abusados, entre quienes querían un espacio de poder dentro del patio y entre la guardia que veía con malos ojos que la «pluma» hablara explícitamente de la corrupción del director. La gota que rebasó el vaso fue cuando la «pluma» propinó una brutal paliza a uno de los presos que movía la droga en el patio. Fue tal la golpiza que este no pudo salir de su celda en una semana, terminó con la cara amoratada y sin poder caminar por las puñaladas que le metieron en las canillas. El descontrol Todo quedó cuadrado para un sábado a la tarde: debido a la consulta presidencial del Partido Liberal se había cambiado la visita femenina del tradicional domingo al sábado, y para ese día se preparó el motín, también llamado descontrol dentro de la cárcel. Cuando salió la última visitante y justo antes de la contada de las 3:30 pm, el preso que había sido brutalmente agredido se acercó puñal en mano a la «pluma», que estaba jugando parqués en el centro del patio, y sin mediar palabra lo apuñaló. Inmediatamente todo el patio entró en convulsión: la gente que no tenía nada que ver con la disputa ,“los sanos”, se hicieron contra las paredes. Quienes encabezaron el descontrol empuñaron los cuchillos y arrinconaron a la casa contra la puerta del patio, mientras una gran cantidad de presos tomaron los ladrillos que estaban apilados en una esquina (destinados a la construcción del controversial lavadero) y los arrojaron contra los pasilleros, la «pluma» y sus «causas». La gran mayoría se unió a la revuelta: cuando se va a expulsar una “Casa” o un grupo de presos, es esencial que estos queden contra la puerta para que la guardia al momento de entrar los saque del patio, así mismo los presos tienen que expresar su inconformidad ante la guardia y su indisposición a que la gente expulsada siga manteniendo el control. Así lo hizo saber el Quinto B, mientras volaban ladrillos, sillas, palos y cuchilladas, la gente empezó a gritar: ¡¡sobran!! De tal manera que la guardia inmediatamente procedió a sacarlos al pasillo central de la cárcel. El saldo de heridos fue alto: varios apuñalados y heridos debido a los ladrillazos. Hubo otros que estando ilesos se escondieron debajo de las canecas e intentaron escalar las paredes presos del pánico, incluso la congregación cristiana empezó a orar y cantar una vez se había acabado la reyerta, en un acto cómico pero profundamente real los presos sacaron papel higiénico y a modo de pañuelo lo ondearon al coro de “paz, paz” ante la guardia que entró repartiendo bolillo de forma equitativa y nos ponía a todos acurrucados y sin ropa contra la esquina de la cancha. Semidesnudos fuimos pasando uno a uno por la inspección de los guardias que respondían con la mayor violencia ante quien desobedeciera o no acatara a tiempo sus órdenes, y cuando por fin terminó la requisa nos permitieron sentarnos para escuchar al oficial a cargo: “Yo sé que están inconformes muchachos, y vamos a hacer esto sencillo, vamos a subir en orden a las celdas y mañana ustedes solucionan su problema de convivencia”, luego de eso sacaron a los organizadores del motín a quienes la guardia conocía por haber sido pasilleros anteriormente. Recaudar impuestos: «por el bien de todos» En ese momento un solo preso que se paró y tomó la vocería de todos, dijo: “Nosotros los respetamos a uds como guardia y el problema no es con uds, pero si mañana la «pluma» y los señores que le están dando mala vida a la gente vuelven a entrar, los vamos a sacar así sea a punta de roca”. El oficial le dijo que eso se iba a hablar y fuera del patio se reunió con los organizadores del descontrol. Lo que se dio en esa reunión fue la respectiva negociación económica, las cuotas que se debía pagar a la guardia para asegurar que la anterior casa no volviera, se rumoró después que el pago superó los diez millones. Durante la noche nos encerraron en las celdas pero hubo que encargarse de las pertenencias de los antiguos mandamases del patio: dinero, celulares y drogas fueron tomadas y repartidas por la gente que no paraba de aullar y gritar, amenazando a quienes una vez les maltrataron y prometiendo vengarse en un futuro encuentro. Al día siguiente vino la limpieza de la cancha, las celdas y el reacomodamiento de la jerarquía del patio, es decir la conformación de la nueva Casa; se nombraron pasilleros, «pluma» y por segunda vez, se sancionó a los colaboradores de los caciques anteriores obligándoles a limpiar el patio por semanas y se fijaron los nuevos impuestos, que en general no variaron mucho de los anteriores. El lunes a las 8:00 am llegó el entonces director, Cesar Augusto Ceballos, con todo su esquema de seguridad y los cuadros de mando de la Modelo a la cabeza del Capitán Barrera . Nos hizo formar como soldados, prendió una cámara de video y dio un extenso discurso sobre su moral cristiana, su “gran labor” a cargo de la cárcel y la maestría en derechos humanos que estaba cursando -la cual espero que esté continuando en la cárcel así como hice yo con mi pregrado de sociología. Por último, ratificó que él nunca había recibido un solo peso de nadie, que invitaba a quienes tuvieran prueba de ello a denunciar para poder “enviarlos de traslado lo más lejos posible” y se fue, dejando a cargo de al Capitán Barrera. El ilustre oficial, una vez apagaron la cámara de video nos explicó cómo a pesar de que recaudar impuestos en la cárcel era ilegal, se hacía necesario para la “convivencia de todos” y nos exhortaba a pagar los impuestos mínimos para no tener problemas futuros. Luego defendió al Director: dijo que era un hombre intachable y que si alguien tenía una denuncia en su contra sería el primero en investigar, hubo un incauto que creyendo ingenuamente en esas palabras denunció un mes después la cuota que se le pagaba a la guardia. Ese incauto paró en una cárcel de la amazonia colombiana.

Por: Walter Aldana. Colaborador Pares. El escritor Aníbal Quijano Obregón, fue un sociólogo y teórico peruano, fallecido en el 2018. En su libro Colonialidad del poder, eurocentrismo y américa latina, comparte claramente, entre otras, la teoría de los roles, aspecto que explicaría -obviamente no excusaría- el repugnante suceso de racismo institucional, conocido el pasado miércoles 20 de mayo, donde unos funcionarios del gobierno nacional denigran con palabras soeces a nuestra comunidad indígena representada por la consejería mayor del CRIC. En el paraninfo de la Universidad del Cauca hay un cuadro pintado por el maestro Martínez, donde se expresa la colonialidad del poder a la que Aníbal Quijano hace referencia; “padres de la patria” son obispos, generales, intelectuales, comerciantes; y los indígenas y afros en, su rol de sumisa fuerza de trabajo. Además, ellos son “los blancos”, y los étnicos “los de color”. En reiteradas ocasiones he utilizado la expresión de que “los padres de la patria nos dieron la “independencia, pero se quedaron con la tierra”, y sus descendientes, hoy bisnietos, hacen mayoritariamente ostentación de sus apellidos en el centro y la periferia del país. Por eso es lo primero que preguntan cuándo les presentan a alguien: “de qué familia eres”. En una sociedad donde mucha gente para expresar asco o desacuerdo con alguien dice mucho indio, o negro ni el teléfono, en esa comunidad, la definición de blancura -construcción colonial- y de raza, para describir al componente indígena u afro, no sólo se refiere al color de su piel, sino que le da un puesto en los estratos socioeconómicos y “niveles” culturales. Estos yupis, mal categorizados como pensantes avanzados, se consideran dueños del gobierno y por ende del erario, además están seguros, como los niños -porque se lo han escuchado a sus mentores y referentes éticos-, que pertenecen a una categoría exclusiva de funcionarios. Lo que piensan y dicen en privado, es la apuesta de un gobierno que en público desafía a los gobernados con ñeñe escándalos, nombramientos en altos cargos a cuestionadas figuras, incumplimiento a los acuerdos firmados, hacer trizas el acuerdo de paz y querer que se olvide todo con pequeños subsidios para mantener la hegemonía sobre la necesidad de la población. Esto es entre otras, su acción de poder para reafirmar su colonialidad. Es cierto, detrás de expresiones racistas y xenófobas, está una concepción, una teoría practicada desde los poderosos, desde los gobernantes, que reza como dijo el funcionario siempre van a ser miserables y brutos. Pero otras apuestas y prácticas se vienen construyendo desde las comunidades, donde por ejemplo la solidaridad de aportar con mercados del campo a la ciudad es base del hermanamiento, el control territorial frente a la pandemia y la exigibilidad de derechos una práctica social, cultural económica y política, donde nos vamos constituyendo en alternativa de poder frente a la colonialidad existente en Colombia. Diálogo intercultural, reconocimiento desde nuestras diferencias que es en sí nuestra mayor riqueza, altivos y dignos: indios, negros, campesinado y población urbana, seguiremos construyendo la Colombia Humana.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares «Cuando le han preguntado a la Fiscalía ¿quiénes están matando a los excombatientes? ellos han dicho que la mayoría de esos homicidios son en contra de hombres de zonas rurales en donde hay narcotráfico, donde hay disputas por corredores del narcotráfico. Asimismo, ha dicho que los principales causantes de esos homicidios han sido los mal llamados disidentes, el ELN y el Clan del Golfo. La Fiscalía afirma que mayoría de los homicidios no son en razón de su condición de excombatientes.» Pares habló con José Emilio Archila Peñalosa. Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Archila es abogado de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho Financiero de la Universidad de los Andes, especialización en Derecho para el Desarrollo del International Development Institute en Roma, Italia, y máster en Jurisprudencia en Derecho Comparado de la New York University, Estados Unidos. Fue director de Derecho Económico en la Universidad Externado de Colombia, ejerció como presidente de la Asociación de Comisionistas de Bolsa, y se desempeñó igualmente como Superintendente de Industria y Comercio en 1998. Pares: Teniendo en cuenta que, según cifras FARC, en 2020 han sido asesinados 25 firmantes de paz ¿Qué acciones se están llevando a cabo para enfrentar el asesinato a las personas en proceso de reincorporación? José Emilio Archila: Es necesario señalar que uno de los elementos que hace diferencia tiene que ver con el sitio en que estén ubicados los excombatientes, las particularidades de la región. Nosotros tenemos en este momento alrededor de —las cifras las voy a redondear— 3.000 excombatientes que están en los 24 antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Justamente, para estos antiguos ETCR tenemos un cuerpo de la Policía Nacional y un cuerpo del Ejército. Cuerpos especializados cuya misionalidad es que el proceso de la implementación del Acuerdo de Paz, en nuestro caso, la implementación de la política de ‘Paz con Legalidad’ salga bien. Con ello los uniformados velan por la seguridad del ETCR y sus alrededores. En estos espacios liderados por el Ejército y, ahora que va a ser liderado por la Agencia Nacional de Reincorporación (ARN), tenemos la estrategia de ‘Carpa Azul’ que fue pensada —principalmente— como un sitio en donde se compartía la información que pudiera ser relevante para efectos de seguridad. Esos esquemas de seguridad en los antiguos ETCR vencían su período de vigencia. El Presidente, directamente —estando en uno de los ETCR— se comprometió en que íbamos a mantenerlos y así ha venido ocurriendo. Al interior de los antiguos ETCR se han registrado dos (2) homicidios, los cuales han sido en el mismo ETCR y ambos casos han sido investigados, analizados y resueltos por parte de la Fiscalía General de la Nación. Pares: ¿Qué sucede con las personas en proceso de reincorporación que están por fuera de los ETCR? J.E.A: El resto de los excombatientes están en todo el territorio. El estimativo que tiene la ARN es que están en más de 500 municipios. En esos municipios también hay una dedicación de Fuerza Pública. Los cálculos que se han hecho es que puede ser alrededor de un (1) miembro de la Fuerza Pública—entre Policía o Ejército— por cada 16 excombatientes. Esto está muy por encima del número de efectivos que cuidan a los colombianos. Hace alrededor de unos nueve (9) meses, el Presidente dio la instrucción de que todas las entidades que desarrollan temas de seguridad de los colombianos trabajáramos coordinadamente y se creó una Mesa Interinstitucional. Las cabezas de todas las entidades que participan en dicha mesa nos reunimos una vez al mes. Allí revisamos las medidas que ya se han adoptado y cómo se debe hacer la adecuación de las medidas a las nuevas y cambiantes condiciones territoriales. Pares: ¿Qué medidas se han adoptado? J.E.A: Se han adoptado por lo menos 35 medidas. Éstas van desde temas de capacitaciones en autoprotección, ejercicios para la no estigmatización; mejoramiento de las medidas dentro de los antiguos ETCR; verificación; creación de un puesto de inteligencia unificado; coordinaciones entre las autoridades locales y las nacionales; coordinaciones entre la Unidad Nacional de Protección, el Ejército y la Policía. Por ejemplo está la de un ‘Cartel de los más buscados’ en dónde están no solo los autores materiales, sino también los cabecillas de los grupos que han sido identificados como perpetradores. Esas medidas las hemos ido territorializando. Antes de la pandemia, estábamos yendo a los municipios donde se presentan el mayor número de estas amenazas para conocer en detalle las condiciones en las cuales está el proceso de reincorporación para adecuar las medidas. Un ejemplo de ello fue lo que alcanzamos a hacer en Ituango, en donde estuvo el Consejero de Seguridad Rafael Guarín, la viceministra de Defensa y los generales del Ejército que tienen operaciones en esas zonas. Estuvimos revisando con la Fiscalía y excombatientes cuáles son las circunstancias, en las cuales se habían dado las amenazas y los homicidios. Así perfeccionamos las medidas, para poderlas ajustarlas al contexto de lo que ahí estaba ocurriendo. Es importante dejar claridad, que ninguna de las acciones se ha suspendido durante este tiempo de la pandemia. La mesa técnica ha venido funcionando, así como el ‘Cartel de los más buscados’. Durante este tiempo, han caído dos de los cabecillas de esas organizaciones, uno de ellos hacía parte de este cartel. Pares: ¿Cómo han reaccionado frente a las amenazas que se presentan contra los hombres y mujeres en proceso de reincorporación? J.E.A: Cuando tenemos conocimiento de amenazas, estas son analizadas en una mesa técnica, en una subdirección de la UNP. De hecho, yo presido esa Comisión que está compuesta principalmente por excombatientes. Ellos fueron capacitados en el análisis y la identificación de riesgos y, además, así aseguramos que sean personas en la que ellos tengan confianza. En este momento no tenemos ningún caso pendiente de decidir en la mesa técnica. «Hemos decretado más de 200 medidas de protección tanto colectivas como individuales, eso cubre a más de 300 excombatientes. Ninguno de los excombatientes que esté bajo protección ha sido ni muerto ni secuestrado. Vamos a seguir trabajando en esa línea.» Foto: Pares. Cuando se dan los atentados o las muertes, estos no son investigados por la Fiscalía en abstracto, sino que existe una Unidad Especial de la Fiscalía. Esa Unidad ha logrado un avance en el número de casos que los exguerrilleros mismos han identificado. Son cifras de la Fiscalía, no del Gobierno. Ha habido 26 condenas y 31 personas han sido vinculadas a 19 casos que se encuentran en etapa de juicio. Alrededor de 110 fueron imputadas y recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Cuando le han preguntado a la Fiscalía ¿quiénes están matando a los excombatientes? ellos han dicho que la mayoría de esos homicidios son en contra de hombres de zonas rurales en donde hay narcotráfico, donde hay disputas por corredores del narcotráfico. Asimismo, ha dicho que los principales causantes de esos homicidios han sido los mal llamados disidentes: el ELN y el Clan del Golfo. Lo que ha dicho la Fiscalía es que la mayoría de los homicidios no son en razón de su condición de excombatientes. Pares: Sabiendo que CNR FARC han definido las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR), en las que según CNR FARC, existen cerca de 75 NAR a nivel nacional que albergan aproximadamente 9 mil exguerrilleros ¿Estas acciones que están adelantando, de las que usted me habla, cobijan a las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR)? J.E.A: En el CNR no hay ninguna decisión que se haya reconocido de las que usted denomina NAR. Pero, haciendo esa claridad, tal como le describía, todas las acciones que estamos haciendo están dirigidas para todos los excombatientes, independientemente de que estén en los antiguos ETCR o no lo estén. Eso sí, las únicas acciones que no cubren a la población que está por fuera de los Antiguos ETCR son, precisamente, la protección que hay para los antiguos ETCR. Es decir, el batallón del Ejército, el batallón de la Policía y la estrategia ‘Carpa Azul’. Pares: ¿A qué obedece el no reconocimiento de las denominadas Nuevas Áreas de Reincorporación? J.E.A.: Cuando se inició el proceso de reincorporación, lo mismo que cuando se inició toda la implementación, se ha insistido que esta implementación debe darse —en mi opinión— dentro de los ordenamientos que existen, que están estipulados. La decisión de estar en los antiguos ETCR o no estarlo es libre de cada uno los colombianos, de los excombatientes al igual que el resto de nosotros. Por decir, si yo quisiera vivir en otro sitio, por ejemplo, yo vivo yendo hacía la Calera. En ese caso tengo que consultar el ordenamiento territorial que existe. Adicionalmente, soy yo el que debo adecuarme al ordenamiento territorial. Es decir, debo buscar una residencia en donde sea permitido, debo buscar mis proyectos productivos en donde sea permitidos tenerlos. Ahora, la otra consideración es que dentro de la hoja de ruta que está prevista desde diciembre del año pasado, tuvimos mucho cuidado de no hacer distinción entre quienes están en los antiguos ETCR y quienes están por fuera. Luego, todas las garantías en términos de vivienda, de educación, salud, tal como están en la ruta, no hacen ninguna diferenciación en razón del sitio en donde estén los excombatientes. Pares: ¿Cuál es el papel de la reincorporación comunitaria dentro de la ruta de reincorporación? J.E.A: La decisión de llevar a cabo total o parcialmente la reincorporación de manera comunitaria es una decisión individual. En el Gobierno no tenemos ninguna preferencia, ni ejercemos ninguna influencia en cuanto al tipo de reincorporación que cada individuo opte. Entonces, si lo quiere hacer de manera individual nosotros lo apoyamos en su decisión, si lo quiere hacer colectiva también lo apoyamos. Hay muchos temas en los que no es un todo o un nada. Nosotros creemos que la mejor manera de hacer esto es siendo respetuosos de los individuos. Pares: Precisamente, una de las preocupaciones de la población en proceso de reincorporación tiene que ver con el tema de acceso a la tierra. En la ruta se habla de unos montos para acceso de compra de predios, subsidios, ¿Cómo va a ser ese proceso y cómo se dará la implementación de la ruta en este sentido? J.E.A: Nuestra lectura de los acuerdos de las normas que regulan y que desarrollan los acuerdos no dice que el Estado colombiano se hubiera comprometido a hacer entrega de tierras a los excombatientes, por el hecho de ser excombatientes. Eso no va a pasar. Lo que sí hemos entendido, y en eso quiero ser supremamente claro, es que para un número muy importante de los proyectos productivos y, para un número muy importante de las soluciones de vivienda vamos a necesitar terrenos. En lo que tiene que ver con vivienda, es importante señalar que lo que está haciendo el gobierno del presidente Iván Duque es ir muchísimo más allá de lo que estaba previsto en los acuerdos, de los que estaba previsto en las normas anteriores. Estamos adquiriendo ese compromiso en la hoja de ruta porque creemos en eso, porque el Presidente ha dado las directrices que el tema de vivienda esté incluido. Asimismo, hay muchos proyectos productivos que llegan a sus puntos de equilibrio sin la necesidad de la adquisición de las tierras. En los eventos en los cuales es útil, conveniente o necesario que se adquiera la tierra, hemos ido avanzando en esa misma dirección. Para esto, tomamos decisiones en el Plan Nacional de Desarrollo. Incluimos la previsión que permite que los activos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) puedan ser utilizados para sus viviendas y sus proyectos productivos. Por otra parte, contamos con 16 mil millones de pesos y, con este rubro estamos adelantado trámites de negociaciones para comprar los antiguos ETCR. Esto tiene que ir acompasado de una gestión que venimos trabajando con las municipalidades, para que los municipios incorporen esas localidades dentro de sus Planes de Ordenamiento Territorial. Como usted lo sabe, en la casi totalidad de los casos esos sitios donde se pusieron los ETCR no tenían esa vocación, nosotros estamos trabajando —como le digo— con los municipios para poder hacerlo. También, hemos puesto esto dentro de las prioridades del sector privado que nos está acompañando. Contamos con la confianza que tiene la política de ‘Paz con Legalidad’. Un buen ejemplo, es el proyecto que tenemos en Dabeiba con ProAntioquia, que es del sector privado. Asimismo, lo estamos haciendo con la colaboración Internacional, porque reconocemos la necesidad que existe de tener más recursos para comprar más tierra. Pares: Justamente, una de las preocupaciones que manifiesta la población en proceso de reincorporación tiene que ver con la certidumbre le brinda la tierra a la productividad y sostenibilidad de sus iniciativas en el tiempo ¿Cómo se garantiza esto en la ruta sin el acceso? J.E.A: Lo que ve uno en algunos casos en los proyectos productivos, es que se está obrando equivocadamente. El orden debe ser el siguiente: hacer la formulación del proyecto y después hay que justificar que ese proyecto necesita una tierra. No va a ser al revés. «Para nosotros la tierra es accesorio, es un elemento de algunos proyectos productivos y no es el punto de partida para los proyectos. Fíjese, por ejemplo, el hombre más rico de Brasil y el segundo más rico de Argentina se dedican a la agricultura sin tener un solo centímetro de tierra.» Foto: Pares. Pares: ¿Cómo garantizar que desde la Cooperación Internacional se hagan inversiones en los proyectos de los ETCR? Por ejemplo, le cito el caso de Montaña Mágica —un espacio del cuidado para hijos e hijas de firmantes de paz del ETCR Antonio Nariño— en donde la tierra no está legalizada. Esto imposibilita la inversión y el fortalecimiento en recursos. ¿Cómo opera acá el tema de la legalización desde la perspectiva de “elementos de algunos proyectos”? J.E.A.: La respuesta que le voy a dar no responde a ese caso, para no comprometerme con los detalles de un caso que usted debe conocer en detalle y que yo, ahorita, no tengo a mi alcance los detalles. Hay que tener en cuenta que, cuando se firmaron los acuerdos no había ni siquiera la idea de las zonas de distensión. Nada. Eso se les pasó por alto, no se pensó. Cuando ya iban caminando pensaron … y ahora, ¿qué va a pasar? Ahí hicieron un alto en el camino y se negociaron las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN). Estas ZVTN estaban pensadas para que duraran el tiempo que se necesitaba para entregar las armas. Después de eso pensaron en que había que convertirlas en unos Espacios Territoriales que tenían una duración muy limitada. Menos de dos años. Sin embargo, las extendieron para dos años y, esos dos años, terminaron en agosto de 2019. Nunca se pensó que los Espacios fueran a hacer parte de la solución ni de vivienda, ni de proyectos productivos. No lo pensó ni la gente de las FARC, ni la gente del Gobierno. Yo no estoy diciendo si estuvo bien o mal, porque dependía del propósito para el cual se estaba haciendo. Fuimos nosotros y el doctor Andrés Stapper —principalmente liderando— cuando dijo que “los ETCR se nos van a acabar en agosto”. Ahí iniciamos un proceso muy delicado de análisis de esos ETCR para ver cuáles podían mantenerse como solución de vivienda o solución de proyectos productivos. Hicimos un estudio que fue compartido con los miembros del CNR Nacional. Después, Andrés y Pastor Alape se fueron espacio por espacio contando cuáles eran nuestras conclusiones. Ese proceso duró, más o menos desde febrero de 2019 hasta principio de junio de 2019. Los dirigentes de los espacios territoriales en algunos casos estaban de acuerdo y otros no con nuestras conclusiones. Paralelamente a este proceso de diálogo en los antiguos ETCR, hemos encontrado que en los sitios en donde fueron arrendados estos espacios tienen todo tipo de restricciones y complicaciones. En algunos casos están en Parques Naturales, en otros sitios de Reserva, en otros casos en sitios donde se los habían arrendado a personas que no eran los dueños. Tenemos que ir resolviendo caso a caso. Hay casos en que los dueños han pretendido que se pague, muy por encima, a los precios que hemos podido comprar. Nosotros tenemos claridad de que es una necesidad, estamos avanzado en todos. Afortunadamente, ya logramos comprar un ETCR y ya tenemos varios que están cercanos a tener su adquisición. Sobre los antiguos ETCR hemos llegado a la conclusión de que hay que moverlos, estamos en la búsqueda de la tierra que cumpla con las condiciones. Estamos trabajando para adquirirla, adecuarla, incorporarlos dentro del ordenamiento territorial. Asimismo, fortalecer aquellos que deben ser fortalecidos. Otra de nuestras prioridades es que hay algunos proyectos productivos que vamos a tener que desplazar de unos sitios a otros. Desafortunadamente no todo ocurre con la cronología que uno quisiera. Pares: En ese sentido, ¿Cuál es el compromiso con el tema de vivienda y tierra? J.E.A: En el tema de vivienda, el compromiso nuestro es que todas las personas que están en el proceso de reincorporación van a tener la solución de vivienda, de la manera en que quedó descrita en la hoja de ruta. En lo que tiene que ver con tierras, nosotros vamos a realizar todos los esfuerzos posibles para que en los eventos en los que sean necesarios para las soluciones de vivienda o los proyectos productivos; podamos tener acceso a esa solución. Pares: ¿Cuáles son las garantías que ofrece el Gobierno Nacional con la Ruta de Reincorporación? J.E.A: Hay muchas, pero lo primero que hay que confirmar es que el proceso colombiano es el proceso que ha tenido el nivel de garantías más alto en toda la historia de la humanidad. Por ejemplo, el apoyo financiero a los excombatientes se iba acabar en agosto legalmente, sin embargo, nosotros lo hemos extendido por todo el tiempo que sea necesario en la medida en que el excombatiente esté en su proceso de reincorporación. El concepto mismo de la hoja de Ruta no existía. Es una creación nuestra para que los excombatientes tengan la seguridad de cuál es el nivel de compromiso que tiene el Estado colombiano con su reincorporación. Gracias a esa transparencia, por ejemplo, es que el Fondo Europeo para la Paz va a darle al proceso el año entrante un apoyo presupuestal. Es decir, ellos sienten que la manera adecuada es poniendo los recursos de la Cooperación, o una parte importante de esos recursos, en el presupuesto de la Agencia Nacional de Reincorporación. Obviamente, hemos tenido retrasos y demoras debido a las limitaciones que nos generó la pandemia, nosotros ya habíamos iniciado el proceso de individualización de las hojas de ruta. Porque la hoja de ruta no es un abstracto, es una en donde cada excombatiente va a ir y va a participar en el diseño de su propia hoja de ruta. La hoja de ruta que tiene dos niveles de obligación: tiene unas obligaciones que son de resultado, que son los mínimos a los que vamos a llegar. Tuvimos cuidado, tanto el componente FARC, como nosotros, de ver los mínimos y que —a la luz de estos— se mantenga la obligación del Estado colombiano de seguir gestionando lo necesario para que sea un proceso de reincorporación. Este segundo nivel busca un proceso de reincorporación individual, familiar y colectivamente satisfactorio, aún por encima de esos mínimos. Pares: En el marco de la pandemia, ¿hay alguna acción que estén adelantando para, por ejemplo, enlazar los proyectos productivos a la compra productos a nivel local? J.E.A: Es importante decir que la pandemia no era predecible por parte de ninguna persona en el mundo. Sin embargo, hay varias circunstancias que yo creo que son positivas, que han servido como una suerte de colchón. Una de ellas es que hemos venido avanzado en que los excombatientes tuvieran —y estamos muy cerca de conseguirlo— cobertura de salud. Eso nos da un buen colchón, en lo que tiene que ver con salud. «En el tema de proyectos productivos, una de las primeras acciones que claves en nuestra gestión ha sido contratar con INNPULSA, que es la entidad que le da apoyo a los empresarios en Colombia. Por eso todos los proyectos productivos individuales están saliendo con las recomendaciones de ellos.» Foto: Pares. Para llegar a ese punto, se requiere que la parte de comerciabilidad esté bien. Eso quiere decir que sepamos, con un estudio de mercado, que los productos van a tener mercado local—principalmente— o en la región en la que están operando. Para casi todos tenemos compromisos, no en firme, pero si cartas de compromiso de que se va a comprar o la totalidad o un porcentaje muy importante de la producción. Hemos estado haciendo seguimiento a que esas cartas de compromiso se estén honrando y que las cosas estén pasando como se había previsto. Cuando encontramos que hay dificultades, lo que estamos haciendo es pegarnos de los instrumentos que está utilizando el ministerio de Agricultura quien, dicho sea de paso, ha estado muy generoso, con nosotros. Esas estrategias, principalmente, tienen que ver con haber fortalecido los mercados de compras locales. Es mucho más costo/eficiente tratar de focalizar las posibles demandas de los productos en las regiones. Hay algunos en los que vamos a estar un poco más —como diría mi hijo que es muy chiquito— “vamos a estar mucho más cabezones”. A todos nos gustan mucho los proyectos de turismo, pero el turismo está siendo particularmente afectado. Las probabilidades que alguien vaya a ir de vacaciones a hacer ‘rafting’ con nuestros campeones nacionales, es muy poco probable. «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»

Por: Pares Pacífico Fotografía: Óscar Iván Pérez. El equipo de investigación de Pares Pacífico presenta su último informe: Los conflictos socio-ambientales en el Pacífico. La existencia y expansión de diversas economías ilegales, entre ellas, la explotación ilícita de oro, ha afectado de manera sustancial las cuencas hidrográficas, ha causado la pérdida de bosques y ha alterado los ecosistemas que contienen, según Naciones Unidas, la biodiversidad más importante del mundo. (UNODC, 2016). Por otro lado, la presencia de cultivos de uso ilícito, la utilización de plaguicidas y agroquímicos, con la subsecuente búsqueda de erradicación forzada, ha degenerado los suelos y ha perjudicado cultivos ancestrales que ponen en riesgo la seguridad alimentaria y salud de los habitantes del sur del departamento del Chocó. Si realmente se pretende erradicar los cultivos de uso ilícito para acabar con el narcotráfico, es justo y necesario empezar con programas sociales reales que permitan a estas comunidades desarrollarse y vivir conforme sus propias ideas de bienestar y desarrollo. Descargue aquí el informe completo : La población y territorios de la cuenca Alta y Media del río San Juan tienen su propia dinámica económica alrededor de la extracción del oro desde tiempos coloniales. Esto ha reforzado el papel que en esta región tiene Istmina. Los territorios aledaños a la cuenca media del San Juan en gran medida mantienen relaciones fuertes con esa centralidad que está ubicada en la cabecera municipal de ese municipio, que es el centro urbano más importante de esta subregión del Pacífico colombiano. El mayor peligro en esta zona del país es que la situación de orden público se agrave e impacte aún más a la población civil. Esto es posible si los acuerdos que mantienen los grupos armados ilegales en la zona del Medio San Juan dejan de operar, posibilidad real que existe si se agrava la situación de la minería del oro, pues las rentas de las que se beneficiaba las AGC han disminuido de forma sustancial. También si las disidencias de las FARC toman mayor fuerza y consiguen disputar el control al ELN en ciertas zonas, de forma especial en el Bajo San Juan, donde ya hacen presencia. Esta situación ya se vive en el Departamento en la zona del Medio Atrato desde el año anterior, donde las AGC y el ELN se disputan los corredores para desplazarse hacia el Océano Pacífico y el Mar Caribe. Estructuras armadas y economías ilegales La grupos armados ilegales que hacen presencia en el sur del Chocó son tres, el ELN, las Autodefensas Unidas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo y, según últimos acontecimientos, las disidencias de las FARC-EP. Después de un estudio de seis meses los resultados señalan una crisis de la minería mecanizada ilegal que ha sido una de las fuentes de ingresos más importantes de estos grupos en la zona. Los golpes a la minería ilegal por parte de las autoridades han sido menos pero han sido significativos: se hizo notar el que tuvo lugar en Tadó en abril, pero después las noticias no volvieron a señalar golpes a esas estructuras. Además desde el año anterior se han dado dos golpes a los esquemas que utiliza el sector minero para legalizar el oro, en el que sobresale uno en el que está involucrado los entables que hoy hay en San Miguel, Medio San Juan, donde aparece involucrada gente del Consejo Comunitario de esa comunidad. Este cambio, que es subrayado en toda la región, permite apreciar los cambios que están acaeciendo respecto al orden público. En lo que respecta a las AGC la percepción es que están en búsqueda de nuevas rentas en la minería, lo cual puede llevar a enfrentamientos con el ELN. El caso donde esto es más evidente es en San Miguel, un corregimiento en el municipio de Medio San Juan. En esa comunidad hoy se encuentra una de las zonas de extracción minera más importante en la región, que es hoy territorio eleno. A pesar de esa situación, el Clan del Golfo está exigiendo pagos por las labores mineras que allí se llevan a cabo, pedido al que la organización insurgente no se ha negado, sino que ha dicho que “alcanza para todos”, en un claro mensaje permisivo para que el otro grupo también realice su extorsión. Este pedido está en relación con la disminución de la minería en la zona de “Carretera” Suruco, zona de dominio paramilitar, donde hoy la minería está muy venida a menos. A pesar de la crisis de la minería, algunos testimonios señalan que aún existen entables que llevan a cabo la minería, pero con mayores cuidados frente a las autoridades. En horarios nocturnos y zonas alejadas o escondidas a la mirada indiscreta de la gente que se moviliza por los ríos principales. Esta dificultad para llevar adelante la minería en la región donde mayor control ejerce el Clan del Golfo, refleja parte de las dinámicas económicas en las que está involucrada esta organización. Después del gobierno colombiano haber gastado miles de millones de pesos en aspersiones con glifosato, con los cuales pudo haber tratado los problemas sociales, el olvido y pobreza histórica en los que ha permanecido el Pacífico Nariñense, causa fundamental de la presencia de cultivos de uso ilícito y narcotráfico, con seguridad esta lucha habría dado mejores resultados, puesto que haciendo un análisis retrospectivo se puede observar que contra todo lo esperado, los cultivos de coca crecieron en medio de las fumigaciones. El glifosato, no es el gran enemigo de los cultivos de uso ilícito, sino de la vida humana, sino de la tierra, de la fauna y flora, de las fuentes hídricas y del mar. Es además enemigo de la dignidad humana, de los derechos humanos y responsable de los grandes éxodos que se han producido a lo largo del presente milenio. El glifosato, visto desde esta subregión conformada por negros e indígenas, es pensado como una estrategia perversa del Estado Colombiano de exterminio y expulsión de sus ocupantes ancestrales.