Por: Natalia Aguilar Salas. Colaboradora Pares. Daniel Mendoza Leal, periodista ,abogado, escritor, criminólogo, y fundador del portal la nueva prensa, anunció que el 22 de mayo a las 7 pm se estrena la serie “Matarife”: Un genocida innombrable, tiene un formato digital, se compartirá y se podrá ver por medio de whatsapp. En el trailer se anuncia que está basada en hechos reales y en investigaciones de Leal, es una coproducción entre Colombia, Estados Unidos y Australia, consta de 10 capítulos, cinco temporadas y fue filmada en tres países. Mendoza Leal es reconocido por sus fuertes acusaciones frente a el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, el periodista denunció el 8 de mayo mediante un video que su vida corría peligro, afirmó que el ex presidente Álvaro Uribe Vélez dio la orden de asesinarme. En el video argumenta que el único que tiene la capacidad de protegerlo es Daniel Palacios, director de la Unidad Nacional de Protección en Colombia, pero el periodista afirma que Palacios es otro “lacayo” de Uribe y de “los narcos que compraron las elecciones”. A raíz de esto, Mendoza Leal dice que no se va a dejar amedrentar y que ese es el motivo por el cual adelantó el lanzamiento de Matarife, basada en artículos de Leal, que muestra la vida de Álvaro Uribe Vélez y los presuntos nexos de este con la mafia y el narcotráfico. Una red de aliados en el narcotráfico El nombre de la serie surge de una demanda de Uribe al periodista Gonzalo Guillén por llamarlo Matarife. Matarife también es la forma en la cual el escritor Carlos Alberto Montaner se refiere al tirano Raúl Castro. Según la real Real Academia Española de la Lengua, Matarife se refiere a aquel que mata reses para el consumo, y el ex presidente cría vacas con ese propósito, informó el abogado. La serie busca relatar cómo Álvaro Uribe Vélez ha construido una red de aliados que le ha permitido mantenerse en el poder. También narra la relación de la familia de Uribe con los narcotraficantes durante la década de los 80 y 90, al igual que el posicionamiento actual que ha conseguido en ex presidente en las altas esferas del poder. Mendoza Leal afirma en una entrevista con el periodista Levy Rincón, que él es perteneciente a una familia bien posicionada y con bastantes recursos económicos, también cuenta que al ser parte de la élite colombiana se empezó a dar cuenta de los estrechos vínculos entre la violencia, el paramilitarismo y el narcotráfico con la élite colombiana. Al pertenecer al club El Nogal empieza a investigar y encuentra una serie de relaciones entre miembros de la junta directiva del club, entre socios, entre las mafias, el paramilitarismo, la corrupción, y debido a que denunció este entramado de relaciones el club decide acabar con su membresía. El abogado afirma que cuando empezó a ver las audiencias de justicia y paz, además de todo lo que había hecho el paramilitarismo en el país, se dio cuenta que Uribe tenía un aparato organizado de poder, casi una corporación criminal. Acusaciones contra Uribe Acusa a Uribe de haberse sentado a planear masacres, y de estar relacionado con el narcotráfico, y señala que lleva 30 años edificando una corporación criminal, de la cual es el director, dice que él concluye eso a raíz de toda la vida del expresidente, la cual aparecerá en la serie, donde asegura que Uribe nacio, crecio y se formó en el narcotráfico. Por otra parte el ex presidente lanzó una serie vía twitter titulada hechos de la vida pública de Álvaro Uribe Vélez, en el primer capítulo habla de sus funciones como director de la aeronáutica civil durante 1980 a 1982, en esta serie se afirma que el ex presidente siempre ha combatido el narcotráfico en el país, en el primer capítulo también se afirma que Uribe supuestamente derrotó el narcotráfico en el país y que hizo crecer a Colombia sin ningún tipo de violencia, según el hijo de Pablo Escobar, Juan Pablo Escobar se había dado la orden de asesinar al ex presidente durante esta época. Frente a esto, Mendoza trinó un video con el testimonio del famoso sicario “Popeye”, donde afirma que una pista aérea clandestina construida por Pablo Escobar para el tráfico aéreo de estupefacientes, según el testimonio de Popeye, dicha pista fue autorizada por la aerocivil de la época y firmada por Uribe. Mendoza Leal también dice que Juan Pablo Escobar está mintiendo sobre la relación entre Escobar y Uribe, ya que hay testimonios del año 1992 donde Virginia Vallejo, “don Berna” y “Popeye” afirman que existió una relación entre Escobar y Álvaro Uribe. Finalmente falta ver con qué sorprenderá matarife, sin embargo para nadie es un secreto que la historia Colombiana ha estado permeada de redes entre las élites y la oligarquía del país codeándose continuamente con oscuros y siniestros personajes, también falta ver qué argumentos presentará el ex presidente frente a las acusaciones de Mendoza Leal. Esperemos que después de 30 años de vaivenes el pueblo colombiano encuentre claridad frente al paramilitarismo, el narcotráfico y las redes de poder que se han constituido de manera sólida.

Por: Redacción Pares La Procuraduría General de la Nación en los dos meses de emergencia sanitaria por el covid-19 ha priorizado 2.562 actuaciones, de las cuales 1.563 corresponden a acciones preventivas dirigidas a evitar la vulneración de los derechos de los ciudadanos, hechos de corrupción o mal uso de los recursos públicos, en especial los destinados para ayudas humanitarias. El órgano de control tramita 999 procesos disciplinarios, de los cuales en 512 se ha tomado una decisión procesal y en otros 487 se avanza en el estudio preliminar de los hechos. Para el pasado 24 de abril, la Procuraduría, como parte del programa ´Transparencia para la emergencia, había iniciado 123 expedientes disciplinarios. De los 512 procesos disciplinarios, 68 tienen relación con 26 gobernaciones. 53 están en indagación, 12 en investigación y 3 en juicio disciplinario. Chocó es el departamento con más investigaciones, 3 en total. Vaupés con 7 y Magdalena y Nariño, cada uno con 5, son las administraciones departamentales con más indagaciones. El 70% de estos procesos disciplinarios, 364 en total, corresponden a casos en 272 alcaldías del país. De estos 336 se encuentran en indagación preliminar, 20 en investigación y en 8 hay citación a juicio disciplinario o ya comenzó la audiencia de juzgamiento disciplinario, como ocurre con los alcaldes de Armenia, Quindío; Guaduas, Cundinamarca, y El Socorro, Santander. Por regiones, en la Caribe se adelantan 106 procesos en 81 municipios, en la Pacífico 48 en 34 municipios, en la Andina 188 en 139 municipios, en la Orinoquía 17 procesos en 13 municipios, y en la Amazonía 5 procesos en 5 municipios. Asimismo, se tramitan 80 procesos disciplinarios en 61 entidades, de los cuales 71 están en indagación, 8 en investigación y se formuló pliego de cargos contra el gerente del Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta, José Agustín Ramírez Montoya. De estos procesos, 29 corresponden a hospitales, 17 a entidades del orden nacional, 16 del orden territorial, 8 a concejos municipales, 6 a establecimientos penitenciarios y carcelarios, 3 a personerías y una comisaría. La investigación de Pares La Fundación Paz y Reconciliación –Pares realizó una investigación en torno al manejo de los recursos públicos de los entes territoriales para la atención de la pandemia. En total, la investigación encontró 313 contratos por cientos de miles de millones de pesos de 118 entes territoriales en 29 de los 32 departamentos de Colombia y su Distrito Capital, en los cuales habría presuntas irregularidades. Informe de Pares: EL CUESTIONADO MANEJO DE RECURSOS PÚBLICOS EN LA PANDEMIA Para la investigación, Pares priorizó 48 entes territoriales además de indagar por las denuncias que la ciudadanía allegó a nuestro buzón. Por cada ente y denuncia se consultó la contratación publicada en las páginas de Colombia Compra Eficiente, se indagó por los contratistas en el RUES y en el SIGEP y se contrastó con el aplicativo Cuentas Claras para determinar si habían sido o no donantes de campaña. Adicionalmente se indagó por posibles relaciones políticas entre los contratistas y los funcionarios que los seleccionaron y contrataron en nuestro sistema de información –SIPARES y en medios de comunicación. Algunos ejemplos de la investigación de la Procuraduría SINCELEJO La Procuraduría citó a juicio disciplinario al alcalde de Sincelejo, Andrés Eduardo Gómez Martínez; a la Jefe la Oficina Asesora Jurídica, Katiusca Margarita Fernández Castillo; a la directora Técnica de Gestión Contractual de la alcaldía, Andrea Tulia Gutiérrez Ahumada, y al secretario de Desarrollo Económico, Leonardo Beltrán Pinto, por presuntas irregularidades alrededor de los contratos N° 003 y 004 de 2020, cada uno por $1.999´950.000, cuyo objeto fue suministro de kits alimentarios para la población vulnerable del municipio de Sincelejo, afectada por la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19. El alcalde y los tres funcionarios deberán responder en audiencia de juzgamiento disciplinario por la participación relevante, que tuvieron en el trámite precontractual y contractual de los contratos suscritos con las sociedades Abastos y Fruver El Paraíso S.A.S., y Surtivíveres Comercializadora y Distribuidora S.A.S., a las que tres días después de la firma del contrato se les aprobó la entrega de un anticipo del 50% ($999.975.000), que debía ser destinado en su totalidad para la compra de los productos. Se les cuestiona que con la firma de los dos contratos se habría podido incurrir en detrimento del patrimonio público, que superaría los $900 millones, y un posible desconocimiento de los principios de planeación, eficiencia, responsabilidad, economía y moralidad que rigen la contratación estatal y la función administrativa. ARMENIA La Procuraduría abrió investigación disciplinaria al alcalde de Armenia, José Manual Ríos Morales, y cuatro funcionarios por presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de cuatro contratos de suministros por más de $1.590 millones de pesos. Se trata de la Directora del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, Gabriela Valencias Vásquez (para la época de los hechos), y el subdirector, José Javier Acero Osorio; del secretario de Desarrollo Social, Juan Carlos Patiño Sambrano, y del asesor del despacho del alcalde, Jorge Luis Barrera Chiquita (para la época de los hechos). El órgano de control investiga supuestos sobrecostos y eventuales irregularidades en los estudios de mercados de los contratos 01, por $500 millones de pesos; 02, por $350 millones de pesos; 03, por $300 millones de pesos, y 04, por $442.340.500. Así mismo, una supuesta falta de capacidad jurídica y experiencia para la ejecución de los contratos. NGRD La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al director general de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Eduardo José González Ángulo, y a los subdirectores General, Gerardo Jaramillo Montenegro, y para el Manejo de Desastres, Guillermo Escobar Castro, por presuntas irregularidades en el proceso de estructuración, planeación y definición de los criterios técnicos para la adquisición y entrega de kits alimentarios en todas las regiones del país, para los programas de apoyo social que lidera el Gobierno Nacional con ocasión de la emergencia sanitaria derivada del covid-19. Se buscan establecer los criterios que fueron tenidos en cuenta por la entidad para la selección de los contratistas, su capacidad técnica, financiera y los factores de validación y aprobación de los estudios de mercado que se tuvieron en cuenta en este proceso.

Por: Laura Cano, periodista Pares. Recientemente la Fundación Paz y Reconciliación presentó su más reciente informe El cuestionado manejo de recursos públicos en medio de la pandemia en el que a través de una investigación se encontraron 313 casos de contratos en los que habría irregularidades, estos se celebraron en 29 de los 32 departamentos de Colombia y su Distrito Capital. Los cuestionamientos en los que estarían estos contratos son: sobrecostos, categoría en la que están 118 documentos; mediación por influencias políticas con 60 hechos; violación del principio de publicidad en el que hay 53 casos; actividad comercial no relacionada con el servicio contratado en donde se hallaron 9 registros; servicio sin relación con Covid-19 pero justificado en este con 8 denuncias; y otros en los que hay 65 hechos. Adicionalmente se identificaron que los departamentos con más indicios de posible corrupción en contratos celebrados durante la pandemia son: Atlántico, Bolívar, César, Córdoba, Valle del Cauca, Antioquia, Caldas y Nariño. También, llama la atención, como lo afirmó Daniel Gómez Rivas en el programa El Poder, que: «Para Pares fue una constante encontrar el mayor número de contratos con irregularidades en las zonas donde fueron elegidos alcaldes y gobernadores cuestionados». En ese sentido, la Fundación Paz y Reconciliación –Pares realizó una investigación en torno al manejo de los recursos públicos de los entes territoriales para la atención de la pandemia. En total, la investigación encontró 313 contratos por cientos de miles de millones de pesos de 118 entes territoriales en 29 de los 32 departamentos de Colombia y su Distrito Capital, en los cuales habría presuntas irregularidades. Descargue aquí la investigación completa Así, este es el top 5 de los hechos de corrupción investigados por la corrupción: 5. Ibagué, Tolima El contrato AI-CD-URG-0244-2020 de la Alcaldía de Ibagué, justificado en la urgencia manifiesta de la pandemia, benefició a Carlos José Alvarado Parra, dueño de la reconocida cadena de supermercados de gran superficie Mercacentro. El objeto es la venta y entrega de 52 mil mercados para garantizar el abastecimiento nutricional de la población vulnerable de la ciudad. Este fue realizado por un valor de $5.575.338.600. ¿Qué hay de raro? Como en la mayoría de los casos en los productos vendidos se encontraron sobrecostos. Esto luego de comparar los precios en los que la misma mercancía es vendida en otros establecimientos de personas naturales. Así, los sobrecostos rondarían el 9.3 del total, es decir cerca de $472 millones de pesos. A esto se agrega que la Fundación Paz y Reconciliación halló una relación política y familiar entre Carlos Alvarado (dueño de Mercacentro) y el exgobernador Óscar Barreto. Además, “Milena Alvarado, hija de Carlos Alvarado, es esposa de Diego Macías Barreto, sobrino del exgobernador Óscar Barreto. (…) No hay que olvidar que Barreto es líder del clan político Barretismo que ha tenido control de la gobernación durante 12 años y que en las elecciones locales de 2019 ganó tanto Gobernación como Alcaldía”. 4. Gobernación del Chocó En esta Gobernación hay dos contratos que encendieron las alarmas. El primer documento es el 001 del 26 de marzo del 202014 que tiene por objeto “Contratar al operador para adquirir kit de ayudas humanitarias para atender a población víctima del conflicto armado en el departamento del Chocó”. Este fue firmado con Distribuidora Jifar S.A.S. (NIT 818.001.464) por un valor de $445 millones, dinero por el que se debían suministrar un total de 800 kits. El segundo contrato tiene como fin el “suministro de elementos de bioseguridad en atención a la pandemia generada por el Coronavirus Covid-19” y fue firmado por $220 millones y tenía como beneficiario a la compañía IME IMPORTMEDICAL COLOMBIA S.A. ¿Qué hay de raro? En el primer contrato se hallaron sobrecostos demostrados en: “el arroz blanco de 500 gr. que se reporta en Quibdó el 24 de abril en 1.840 pesos, figura en el contrato por 2.900 pesos; el azúcar de 1.000 gramos que se reporta en 13 municipios del país el 28 de abril en 2.900 pesos, figura en el contrato por 3.900 pesos; por otro lado, un café de 500 gr. aparece por 18.000 pesos, una panela de 500 gr. a 3.900 pesos y un chocolate en pastilla de 500 gr. por 18.000 pesos. Estos y otros productos del contrato sugieren sobrecostos”. Por otra parte, se evidenció que el segundo contrato no figura entre los documentos del proceso disponibles en el SECOP, plataforma en la que solo está el documento que argumenta la Urgencia Manifiesta, el certificado de disponibilidad presupuestal de la gobernación y el registro presupuestal de compromisos. “Al no existir el PDF del contrato, no es posible cumplir con el principio de transparencia, desconociendo la cantidad, calidad y precio en la adquisición de los elementos de bioseguridad”, se señaló en el Informe. Cabe señalar que el pasado 24 de abril la Procuraduría suspendió a Ariel Palacios, gobernador del Chocó, argumentando las posibles irregularidades, donde también se señaló el contrato realizado con la Fundación Chocó Saludable por $2.000 millones, en el que se incluía la realización de sesiones educativas de dos horas sobre: limpieza, desinfección, manejo de animales, enfermedades crónicas, autocuidado y salud mental, lactancia materna, sexualidad, gestante, higiene respiratoria en el trabajo, prevención de enfermedades respiratorias agudas y tuberculosis. Estas actividades fueron consideradas por el ente de control como un aporte no significativo a la mitigación de la pandemia. 3. Gobernación del César En este ente territorial habría 32 contratos con irregularidades, las cuales se centrarían en sobrecostos y doble contabilidad de algunos de los productos. La realización de estos se realizó, según lo expresado por el gobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco, para entregar 101.800 mercados en 25 municipios seleccionados. ¿Qué hay de raro? En un primer momento es necesario anotar que por sobrecostos se hallaron irregularidades por cerca de $4 ́589.144.000) y en el caso de la doble contabilidad los recursos comprometidos serían de $375 .251.474, del café, el frijol y el aceite, más 28 millones adicionales de un contrato para la compra de panela. Igualmente, Pares encontró que de los 32 contratos solo 24 tenían soportes públicos. A esto se agrega que “el Gobernador informó que el costo individual final de cada kit de mercado es de $126.600 (Incluyendo valor estampilla), de acuerdo con la información dada por el Secretario de Gobierno Departamental y el anexo técnico de los contratos. En un ejercicio que hizo el Diputado Ricardo “Quintín” Quintero, al emular la compra en un supermercado de la cadena Olímpica equivalente al contenido que estaría entregado la gobernación en los cuestionados mercados, el costo comercial al detal arrojado es de $81.520”. 2. Gobernación de Sucre Con este ente territorial se relacionan cinco compañías con las que se firmaron contratos: Suministros y Negocios de la Sabana S.A.S (contrato por $2.579.137.439), Corporación Desarrollar (contrato por $2.320.904.889), Corporación Regional para la Construcción Social (contrato por $1.260.612.567), Fundación Multiactiva Caribe Integrado (contrato por $2.144.516.714) y Fundación Social para la Asesoría la Salud y la Educación (1.842.831.570). Todos por un total de 14.868.765.707. ¿Qué hay de raro? Los hallazgos de la Fundación Paz y Reconciliación muestran varias problemáticas con los contratos nombrados anteriormente. Primero, se alerta que “todos los contratos se les cambia el valor inicial del contrato, donde se puede ver que en todos hay una reducción en los precios. Sin embargo, al revisar el SECOP el precio total del contrato sigue siendo por 14.868.765.707 millones de pesos y no por 12.208.454.072 millones de pesos; cantidad que sale de la suma de las modificaciones de los valores de los cinco contratos (es decir, que hay una diferencia de 2.660.311.635 millones de pesos)”. Asimismo, llama la atención que en todos los documentos se agrega un cargo bajo la categoría de “costos Indirectos”, el cual no cuenta con ninguna especificidad de a qué se refiere. Sumando este ítem en todos los contratos da un total de $1.836.542.560. 1. Barranquilla, Atlántico Esta ciudad tiene en el SECOP II registro de 18 procesos contractuales realizados durante la pandemia, los cuales fueron realizados de forma directa sin necesidad de licitación pública, medida que es permitida en el marco de la Emergencia económica, social y ecológica. En este sentido se halla un contrato por $187.482.836, el cual es celebrado entre la Alcaldía de Barranquilla y la empresa Estrategias SAS para suministrar “insumos de higiene necesarios para prevenir y contener la proliferación del virus Covid-19 de conformidad con la urgencia manifiesta decretada a través de decreto distrital n° 0368-202”. Por otro lado, también se realizaron 98 procesos de contratación directa por servicios profesionales en la plataforma SECOP II entre el 17 y el 30 de abril. Adicional, desde el 27 de abril hasta el 29 del mismo mes la Secretaría de Tránsito suscribió 63 contratos de prestación de servicios para dar “apoyo a la gestión para brindar asistencia y acompañamiento a la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial dentro de las distintas actividades adelantadas con ocasión a la pandemia (Covid-19) en el distrito de Barranquilla”. ¿Qué hay de raro? Vale señalar que el Atlántico ha resaltado por sus nexos con el clan político Char, quienes han movido durante años todas las esferas de poder a su antojo, así que era difícil que este clan no entrará en los cuestionamientos a las contrataciones hechas durante el Covid-19. De esta forma, la primera irregularidad que se encuentra en Barraquilla con los procesos contractuales es que la gerente de Estrategias SAS es Maricel Char Yidi, hija del fallecido Farid Char y sobrina de Fuad Char, es decir, también es prima Alejandro Char, exalcalde de Barranquilla. Adicional, en el SECOP II no se encuentra este contrato, ni los documentos que den constancia de un estudio que diera como resultado la pertinencia de contratar a dicha empresa, aunque “es cierto que este estudio no es estrictamente necesario en medio de la urgencia manifiesta, pero la administración sí debe demostrar una mínima planeación para celebrar un contrato que contribuya a solucionar la emergencia. Sin olvidar el dilema moral que se evidencia en el aprovechamiento de la contratación directa para direccionar contratos a la familia Char, claros jefes de la administración actual”. Por otra parte, en los contratos realizados por la Secretaría de Tránsito se halló que de las 63 contrataciones que se realizaron, 52 de estas se realizaron con personas que ya trabajaban con la entidad y de estos el 86.5% laboran allí desde el 2018. Además, se encontró en las hojas de vida que 29 de estas personas trabajaron anteriormente con la ONG AHINCO. Esta organización firmó 36 contratos entre 2011 y 2019 un total de 36 con distintas administraciones de la costa, los cuales dan un total de $23.754.160.530. De esa cantidad el 62,7 %, $14.887.500.000 fueron ganados en la administración de Alejandro Char. En ese sentido, llama la atención que, aunque la misma Secretaría de Tránsito afirmó que el tráfico de personas había disminuido pun 70% dadas las medidas de aislamiento preventivo obligatorio, esta entidad decidió continuar con los procesos de contratación. Algunas de las dudas que quedan des la Pares son: “¿Por qué se pretende aumentar la planta de la Secretaría de Tránsito por tres meses? ¿Por qué se argumenta que la contratación de estas 63 personas es necesaria únicamente en el marco de la emergencia sanitaria, cuando 52 de estos ya han trabajado desde por lo menos dos años atrás con la Secretaría de Tránsito? ¿No tendría más sentido reducir el número de contratos de orientadores de movilidad debido a la menor afluencia de gente y tránsito?”.

Por: Laura Cano, periodista Pares. Este martes se informó que Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo del exjefe paramilitar conocido como ‘Jorge 40’, sería el nuevo director de Víctimas de Ministerio del Interior. Este hecho ha generado el rechazo de varios sectores, pues como lo afirmó Camilo Enciso, socio de Pares y director del Instituto Anticorrupción: “se tiene un conflicto de interés insuperable. Chocan en él el interés del hijo, que defiende una visión de la historia de Colombia que exculpa al padre, con el interés de las víctimas en ser reparadas por sus victimarios, entre los cuales están los líderes paramilitares, uno de los cuales es Jorge 40”. A esto se agrega que quienes fueron víctimas del Bloque Norte de las AUC; del que ‘Jorge 40’ fue jefe y al que se le acusa de 333 masacres entre 1996 y 2005, en los departamentos de Cesar, Magdalena, Atlántico y La Guajira, las cuales dejaron cerca de 1.573 víctimas y 768 personas desaparecidas, rechazan este nombramiento, afirmando que el proceso reparación integral se verá afectado con esta decisión. Asimismo, se señala el riesgo revictimizante de esta elección, pues, aunque se ha aclarado que no hay delitos de sangre y que los esfuerzos deben estar enfocados en la reconciliación, esto genera muchas dificultades y trabas dadas por el negacionismo en el que podría caer Jorge Rodrigo Tovar, quien años atrás afirmaba que su padre era un prisionero político, a quien no se le habían demostrado pruebas en contra. “He oído hablar de Jorge Rodrigo Tovar como víctima del conflicto armado, lo dicen funcionarios del gobierno, abusan del lenguaje, retuercen las palabras, para justificar sus decisiones, Jorge, si se propone, puede aportar a la reconciliación, pero está lejos de ser una víctima”, señaló León Valencia director de Pares. El rechazo de las organizaciones de víctimas Tras esto y la petición de cerca de 400 organizaciones de víctimas y DDHH para que se dé reversa a esta decisión o para que Jorge Rodrigo Tovar renuncie a su cargo, desde el Ministerio del Interior se ha defendido el nombramiento de Tovar argumentando la preparación profesional que éste ha tenido, demostrando que al ejercicio de memoria, que debería interpelarnos todos los días, le está ganando las relaciones de poder en las que la institucionalidad siempre ha querido posicionar sus discursos. En este punto es necesario resaltar el planteamiento que se hacía en el artículo del CIEP El uso político y público de la memoria y la verdad: reflexiones frente al contexto de las víctimas del conflicto armado colombiano. “Esta negación u ocultamiento del conflicto armado que ha vivido y sigue viviendo el país por más de 50 años no es inocente ni fortuita y nos remite a un problema estructural pero constantemente invisibilizado: el uso político y público de la historia y de la memoria, que juega un papel protagónico en la relación pasado-presente, pues como Todorov menciona en su libro “Los abusos de la memoria” no es el pasado el que modifica el presente, sino que a partir de este presente al pasado se le da el uso que se prefiera. Pero en el marco de un conflicto armado que está aún vigente, jugar con la memoria y crear una “verdad oficial” que corresponde a la del gobierno de turno es un juego peligroso en el que de nuevo salen perdiendo las víctimas”. Los juegos con la historia y los favores al olvido La lucha por la memoria en Colombia ha sido inagotable, incluso cuando por ésta se han callado voces a través de intimidaciones que muchas veces terminan en asesinatos o desapariciones. Cuando pareciera que las víctimas son la última prioridad en la agenda ejecutiva, cuando además desde esta esfera se respalda la afirmación que el nombramiento de Tovar “es un espaldarazo del Gobierno a todas las víctimas del conflicto armado”. ¿Realmente es un espaldarazo para las víctimas? En este punto resulta útil hacer un recuento de algunos hechos de los que se le acusa a ‘Jorge 40’, esto para que la pregunta anterior pueda plantear un debate más amplio, en el que también se analicen las implicaciones de que el hijo de uno de los excomandantes de las AUC sea ahora el encargado de la dirección de víctimas del Ministerio del Interior. Narcotráfico En noviembre de 2015 el exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, ‘Jorge 40’, fue condenado a 16 años y medio de prisión por el delito de narcotráfico, condena que cumple en la cárcel Allenwood Low en Estados Unidos. Esto luego de que en reiteradas ocasiones se intentara llegar a acuerdos que implicaban el reconocimiento de su actividad delictiva en el tráfico de drogas, además de contar cómo era la operación, las rutas (Atlántico, Magdalena y La Guajira), en dónde quedaba el dinero de estas operaciones comerciales ilegales, etc. Estos hechos no fueron admitidos por Tovar Pupo, quien en su momento afirmó que no era narcotraficante, pero que de allí sí había salido dinero para financiar las AUC. El exjefe paramilitar había sido extraditado desde 2008 al país norteamericano, por lo que ese tiempo en prisión y el tiempo que estuvo privado de la libertad en Colombia fue tenido en cuenta al momento de dictar la sentencia, lo que terminó quedando representado en la condena de cinco años, la cual en junio de este año terminaría. Asimismo, en junio de 2015 ‘Jorge 40’ fue excluido del proceso de Justicia y Paz por incumplir con sus compromisos judiciales, en los que se incluía garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación de las victimas y la asistencia a las diligencias programadas por la Fiscalía durante el proceso de reconocimiento e investigación. Así, Tovar Pupo quedaba en manos de la justicia ordinaria en donde las acusaciones no solo son por narcotráfico, sino también por ejecuciones extrajudiciales, homicidios, parapolítica, participación en masacres, desaparición y desplazamiento forzoso. Su paso por las AUC Finalizando los 90 ‘Jorge 40’ se convierte en el comandante del Bloque Norte, esto a petición de Salvatore Mancuso. Desde ese momento, hasta su desmovilización, en el 2006, estuvo a cargo de alrededor de 5000 integrantes del grupo paramilitar. Bajo su mando superior en las AUC y su responsabilidad se le acusa de cerca de 333 masacres, en las que se incluye la del Salado (2000), Bahía Portete (2004), Villanueva (1998), Dibulla (2006), Monguí, Cesar (2005) y Playón de Orozco (1999). Cabe señalar que en varios de estos hechos hubo participación, complicidad y apoyo de parte la Fuerza Pública. Tras lo anterior, es necesario nombrar que el exmilitar Adolfo Enrique Guevara, alias ‘101’, quien ejercía como lugarteniente principal del paramilitar ‘Jorge 40’ aceptó la responsabilidad que tiene el Ejército Nacional en los hechos de victimizantes realizados por las AUC. Complicidad en la que se incluye la información que manejaban altos mandos como Mario Montoya y Édgar Iván Quiñones Cárdenas, a quienes se les relaciona con los hechos de ejecuciones extrajudiciales cometidas durante los periodos presidenciales de Álvaro Uribe. “Mi comando (Jorge 40) me mandaba las tropas de él de autodefensas, y yo las pasaba como tropas de Ejército. Iba al combate con la guerrilla dirigiendo unidades de autodefensa. (…) Todo el mundo lo sabía. En ese momento yo era teniente y un teniente no es una rueda suelta”, dijo Guevara en el 2014 en entrevista con el periodista Gonzalo Guillén. Otros de los delitos por lo que se le acusa al exjefe paramilitar es por los homicidios de: el sindicalista Ricardo Orozco Serrano, vicepresidente de la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud (Anthoc) (2001); el sociólogo y sindicalista de la empresa de energía Electricaribe, Adán Alberto Pacheco (2005); Elías Enrique Durán Rico, presidente del sindicato de Metrotránsito (2004); el profesor Alfredo Correa de Andreis y de su escolta Edelberto Ochoa Martínez; Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya, miembros del sindicato de trabajadores de la multinacional Drummond (2001). Los dineros que se movieron con el Bloque Norte Aunque se ha insistido en la reconstrucción de relatos que permitan evidenciar cuáles fueron las dinámicas económicas que permitieron financiar la las AUC, pero también los sectores que se han visto beneficiados con la actividad ilegal del grupo paramilitar, esto se ha visto trancado por la negativa de varios exparamilitares con contar la verdad, entre ellos ‘Jorge 40’. Por ejemplo, a las Autodefensas Unidas de Colombia, más exactamente al Bloque Norte, se le relaciona con contrataciones en Magdalena y Atlántico, en las que resaltan nombres como el del empresario William Vélez, involucrado con los negocios de las basuras en Santa Marta, Barranquilla y Soledad. También se implica al grupo paramilitar con el manejo del dinero de la salud en municipios como Soledad y Sitio Nuevo. Adicionalmente, se ha nombrado la relación del Frente Juan Andrés Álvarez (JAA), creado por ‘Jorge 40’ en 1999, con la multinacional Drummond, empresa que operaba los municipios de Bosconia, El Paso, La Paz, Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibírico, Chiriguaná y San Diego, a donde el Frente llegaba desplazando forzosamente a los campesinos de estas zonas para poder realizar las acciones extractivas. A esto se agrega que el grupo también cumplía un papel de ‘seguridad’ con la compañía minera, lo que los ponía en disputa con el Frente 41 de las Farc y del ELN. Por otra parte, en un mapeo por las relaciones políticas del exjefe paramilitar se podría hacer referencia a personalidades como a Jorge Gnecco, Trino Luna Correa, Francisco Zúñiga, Dieb Maloof, Álvaro Ashton, Luis Eduardo Diazgranados y Guillermo Hoenigsberg. Además que en las acciones de masacres, desapariciones, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales se ha nombrado que quien daba la ordenes era el Presidente del periodo en que se registraron más hechos victimizantes por parte de las AUC: Álvaro Uribe Vélez. Tras esto, se resalta que estos son solo algunos hechos en los que se vio implicado ‘Jorge 40´ agregándose que en la búsqueda de la verdad, en la que queda mucho por recorrer, es necesario reconocer la importancia de las victimas como eje de las decisiones que se tomen respecto a ellas, esto por encima de los intereses políticos y de la falta de voluntad de algunos sectores. Así, es necesario retomar el texto del CIEP para concluir que: “es importante hablar y problematizar los ejercicios de memoria, verdad y justicia en Colombia; pues estos pueden hacer la diferencia entre reparar a las víctimas o revictimizarlas; entre la solución dialogada del conflicto o la agudización de la guerra; entre ejercicios de justicia o la impunidad, entre la centralidad de las víctimas en la narrativa del conflicto o la centralidad de los discursos de gobiernos y sus relaciones de poder”.

Por: Redacción Pares La Fundación Paz y Reconciliación –Pares realizó una investigación en torno al manejo de los recursos públicos de los entes territoriales para la atención de la pandemia. En total, la investigación encontró 313 contratos por cientos de miles de millones de pesos de 118 entes territoriales en 29 de los 32 departamentos de Colombia y su Distrito Capital, en los cuales habría presuntas irregularidades. Descargue aquí el Informe Completo Para la investigación, Pares priorizó 48 entes territoriales además de indagar por las denuncias que la ciudadanía allegó a nuestro buzón. Por cada ente y denuncia se consultó la contratación publicada en las páginas de Colombia Compra Eficiente, se indagó por los contratistas en el RUES y en el SIGEP y se contrastó con el aplicativo Cuentas Claras para determinar si habían sido o no donantes de campaña. Adicionalmente se indagó por posibles relaciones políticas entre los contratistas y los funcionarios que los seleccionaron y contrataron en nuestro sistema de información –SIPARES y en medios de comunicación. En concordancia, los cuestionamientos se podrían agrupar en seis tipos. El primero y más común son los presuntos sobrecostos en los kits de salud y de alimentos que se debían entregar a las familias más vulnerables. Libras de café, pañales, entre otros, con sobrecostos que van desde el 15% hasta el 50%. En total, son miles de millones de pesos comprometidos en estos sobrecostos. En este grupo también se encontraron dobles contabilidades, es decir, se contratan kits de salud o alimentos que incluyen productos que están, además, contratados en otros procesos. Lo complicado del asunto es que se dice que esos productos son para agregar a los kits. La presunta doble contabilidad no ha sido explicada por los entes territoriales. En total se agruparon en la categoría de presuntos sobrecostos 118 contratos. Para la mayoría no se encontraron estudios previos publicados en las plataformas destinadas para ello y, en los que se encontraron los contratistas eran únicos proponentes. Más irregularidades Otra práctica recurrente en los contratos con presuntos sobrecostos para los que se encontraron publicados los estudios previos, fue que los estudios de mercado se hicieron con base en contratos de otros entes territoriales con los que el respectivo alcalde o gobernador tiene una conexión política, contratos estos que también estarían cuestionados por presuntos sobrecostos, como se ejemplifica en el caso de Riohacha, La Guajira. Adicionalmente, se encontró que en varios de esto contratos, especialmente en los de mayores montos como los de las gobernaciones de Cesar, Sucre y Valle del Cauca, una vez dado el anuncio de los entes de control sobre los hallazgos de presuntos sobrecostos, se modificaron los valores unitarios de los productos o se excluyeron gastos etiquetados como indirectos, cambiando así el monto final contratado. Estas modificaciones superan en algunos casos los dos mil millones de pesos. Un segundo grupo de cuestionamientos es que se contrata con algunas ONG y entidades privadas cuya actividad comercial no tiene ninguna relación con el servicio contratado. En total, se hallaron nueve (9) contratos en esta categoría. Algunos de los ejemplos incluyen un contrato para prestar servicios de salud cuyo contratista es una ONG que se dedica a la formación en comunidades indígenas y actividades de agricultura y un contrato para el transporte de muestras para detección de Covid-19 entregado al propietario de un bar, cuya principal actividad comercial es justamente el expendio de bebidas embriagantes. En tercer lugar, la declaración de emergencia fue utilizada por muchos entes territoriales para contratar posibles dobles nóminas y/o contratar terceros “amigos”, es decir, contratos posiblemente mediados por influencias en las administraciones municipales y departamentales. En esta categoría se encuentran 60 contratos. En muchos casos no se encontraron los estudios previos publicados. Hay situaciones ilegales y otras, aunque no lo son, tendrían fuertes cuestionamientos éticos. Entre los ejemplos se encuentran contratos con donantes de campaña, familiares de los líderes de clanes a los que pertenecen las autoridades de los entes territoriales, entre otros. En un cuarto grupo se incluyeron los contratos que a pesar de estar justificados en la pandemia no tienen ninguna relación con esta. En esta categoría se encuentran ocho (8) contratos. Entre estos se encontró, por ejemplo, la compra de radios portátiles para la contención de la pandemia, sin mayores detalles sobre su uso o pertinencia, así como diversos contratos de prestación de servicios para el apoyo a dependencias de los entes territoriales que no tienen funciones claras en la atención de la crisis y que incluso, se encontrarían sin operar dado el aislamiento obligatorio. En quinto lugar, fue recurrente encontrar violaciones al principio de publicidad. Fueron muchos los procesos en los que no se encontraron publicados lo contratos o los mencionados estudios previos. De otro lado, fue recurrente encontrar contratos para la provisión de kits alimenticios y de aseo en los que no se detallan los productos contenidos en los kits, las cantidades o precios unitarios, por lo que no es posible realizar un análisis de posibles sobrecostos. En esta categoría se incluyeron 53 contratos que suman $30.343.786.374 de pesos. Por último se incluyó una categoría denominada otros, que incluyen conjuntos de contratos con el mismo objeto contractual, inconveniencia para la celebración de los contratos, lugares de ejecución del contrato por fuera del ente territorial que contrata, entre otros. En esta categoría se encuentran 65 contratos.

Por: Redacción Pares La Procuraduría General de la Nación llamó a audiencia de juzgamiento disciplinario a dos generales en retiro, cinco coroneles, tres mayores, un teniente y dos suboficiales adscritos a la Jefatura del Estado Mayor Operaciones, el Comando de Apoyo Combate Inteligencia Militar, Comando Brigada #1 de Inteligencia Militar y los batallones de Ciberinteligencia, Inteligencia Militar Estratégico #4 y de Contrainteligencia de Seguridad de la Información, por presunta recolección de información de carácter íntimo de ciudadanos nacionales y extranjeros. Entre los reproches que formuló el Ministerio Público está la presunta obtención, durante el año 2019, de información de carácter personal, tanto de los aparentemente perfilados, como de otras personas con quienes aquellos tendrían afinidad o interacción, en presunta contravía de los requisitos previstos en la Ley de Inteligencia y en una eventual afectación de los derechos fundamentales de personas, lo que fue calificado como una falta gravísima a título de dolo. Igualmente se reprochó la presunta falta de vigilancia y control frente al aseguramiento de los fines y límites previstos en la Ley de Inteligencia, y de la verificación de los procedimientos y protocolos internos que aseguran la debida ejecución de la función de inteligencia. Comportamientos que dejarían incursos a los investigados en una falta grave. En el juicio disciplinario deberán responder por la presunta recolección de información de carácter personal e íntimo de periodistas nacionales y extranjeros, integrantes de organizaciones sindicales, ONG, políticos y congresistas, en la que se habrían desconocido los requisitos y límites que fija la Ley de Inteligencia y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Así mismo, por presuntamente haber dispuesto en el mes de noviembre de 2019 el desplazamiento de personal del Batallón de Ciberinteligencia para realizar labores de inteligencia que favorecerían a un funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, falta que fue catalogada como gravísima a título de dolo, por constituir una transgresión del numeral 80 del artículo 79 de la Ley 1862. Desde el 9 de enero de 2020 el despacho del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, ordenó el inicio de una indagación disciplinaria para esclarecer los hechos y actividades presuntamente irregulares que se estarían desplegando desde unidades de inteligencia militar, en las que al parecer eran utilizados equipos tecnológicos para elaborar perfilamientos e interceptaciones. Entre las pruebas que obran en el expediente figura la visita de inspección disciplinaria efectuada a las instalaciones del Batallón de Ciberinteligencia, informes técnicos científicos elaborados por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría -DNIE-, las declaraciones de los Comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército Nacional y la visita a la Inspección General del Comando General de las Fuerzas Militares, entre otras. ¿Qué son los ‘perfilamientos’? A raíz de la investigación revelada por la Revista Semana sobre las chuzadas ilegales llevadas a cabo por oficiales del Ejército, la Fundación para la libertad de Prensa -FLIP, rechazó enfáticamente que en Colombia permanezcan y se agudicen las prácticas de perfilamiento y vigilancia a periodistas por parte de organismos de inteligencia estatal. En ese sentido, la FLIP explica que el perfilamiento y vigilancia de periodistas por parte de organismos de inteligencia militar colombiano se han realizado de manera masiva, incluyendo en algunos casos anotaciones temerarias que etiquetan a los periodistas con grupos al margen de la ley a partir de inferencias basadas en valoraciones sobre el contenido de sus publicaciones. Esta se trata de una peligrosa atribución que el Ejército se está abrogando para evaluar y parametrizar contenidos democráticamente relevantes incitándolos dentro de parámetros de guerra, subraya esta Fundación que . vela por la libertad de prensa en el país. En estos perfiles se incluyen datos privados y de familiares. En ningún caso hay autorización previa y por lo tanto la recolección y análisis de partes sensibles de la información viola los principios de legalidad y finalidad contemplados por la Ley de Inteligencia, subraya la FLIP. Según la publicación realizada por Revista Semana, en las carpetas con información personal en poder del Ejército se encuentran periodistas como María Alejandra Villamizar (Caracol Radio), Juan Forero (The Wall Street Journal), Daniel Coronell (Univisión), Federico Ríos (freelance del New York Times), Óscar Parra (Rutas del Conflicto), Stephen Ferry (independiente), Ginna Morelo (La Liga Contra el Silencio), Yolanda Ruiz (RCN Radio), Ignacio Gómez (Noticias UNO), Lindsay Addario (independiente), Nicholas Casey (New York Times), Jhon Otis (CPJ y NPR). También están los medios de comunicación Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio. La información recogida por el Ejército incluye árboles de contactos, datos de sus familiares, amigos, fuentes o direcciones de domicilio, entre muchos otros. También contempla anotaciones o “conclusiones” que refiere a deducciones realizadas por los analistas militares sobre las orientaciones políticas de los reporteros. Además, en algunos casos, muestra información de georeferenciación, es decir los puntos geográficos visitados por los reporteros durante varios meses, indica la FLIP. Asimismo, la investigación de Semana revelada las últimas horas, detalla que en la información recopilada por las interceptaciones ilegales incluye la interacción que tienen los periodistas en sus redes sociales. Se pueden leer comentarios como: “Juan Forero: Tiene amigo a León Valencia y simpatizante del partido verde. Simpatizante de las FARC”. Se trata de deducciones estigmatizantes y temerarias que ponen en riesgo la seguridad de los periodistas. Medida cautelar Finalmente, la Procuraduría, apoyada en la facultad consagrada en el artículo 160 de la Ley 734 de 2002, solicitó al Ministerio de Defensa Nacional, como medida cautelar, que en un término de 5 días informe las acciones adoptadas o por adoptar de manera inmediata, para actualizar los protocolos de inteligencia, fortalecer y precisar los mecanismos de control interno, o implementar esquemas de verificación en cuanto a restringir de manera definitiva cualquier procedimiento o actuación que, al amparo de las normas de inteligencia y contrainteligencia, puedan de alguna manera dirigirse al perfilamiento de personas que no correspondan a objetivos legítimos de su accionar y que no estén identificados según procedimientos reglamentarios, como sujetos de la acción legítima, en especial periodistas o líderes sociales. En caso de que no existan o no fuesen suficientes esas medidas, se requirió al ministerio ordenar la suspensión de todo procedimiento que tenga por objeto perfilamientos o acciones similares, impartiendo las instrucciones necesarias e informando al despacho lo pertinente. La eventual suspensión tendrá efecto hasta que se implementen las medidas necesarias y razonables para prevenir la ocurrencia de conductas como las que son objeto de la presente actuación disciplinaria, sin perjuicio del ejercicio legítimo de las funciones que corresponden a la Fuerza Pública en materia de inteligencia y contrainteligencia, con base en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. En todos los casos se deberá garantizar el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento estricto de la Constitución, la ley, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como los derechos a la honra, al buen nombre, a la intimidad personal y familiar y al debido proceso, como lo establece el artículo 4 de la Ley Estatutaria 1621 de 2013, sobre actividades de inteligencia y contrainteligencia. Frente a las denuncias de la revista Semana la Procuraduría también adelanta otras líneas de investigación relacionadas con posibles interceptaciones telefónicas, de correos y redes sociales, y presunto uso de capacidades humanas y técnicas, al servicio del Ejército, para fines distintos a los fijados en la ley, como seguimientos y georreferenciaciones. En cumplimiento del artículo 33 de la Ley Estatutaria 1261 de 2013, la Procuraduría se reserva la publicación de los nombres de los investigados y de los ciudadanos víctimas de perfilamientos.

Por: Redacción Pares La agencia de la ONU para la salud en las Américas informa de que los casos en las Américas sobrepasan los dos millones mientras reitera su petición de visitar Nicaragua, país que sigue sin ofrecer datos sobre la situación de la pandemia. Además, muestra su preocupación sobre la fragilidad de las poblaciones indígenas, añadiendo su voz a la agencia para los refugiados y expertos en derechos humanos. Tras sobrepasar los dos millones de casos y más de 141.000 muertos hasta el 18 de mayo, la Organización Panamericana de la Salud resaltó este martes la importancia de proteger a las personas más vulnerables de la región, especialmente las poblaciones indígenas que habitan en la cuenca del Amazonas. Hoy, 90 de cada 10 mil habitantes del departamento del Amazonas en Colombia están diagnosticados con covid-19, según se desprende de los datos Pero en Leticia, la capital de Amazonas, la situación es crítica. El primer caso detectado allí se conoció el pasado 17 de abril. Y hoy, menos de un mes después, en este departamento del sur del país hay 924 casos.más reciente publicados este lunes por el Instituto Nacional de Salud (INS). Durante la rueda de prensa semanal sobre el estado de la pandemia de coronavirus en la región, la directora general de la Organización Panamericana de la Salud mostró su preocupación por el tamaño, y en especial por el impacto, de la pandemia en los más pobres y en los grupos más vulnerables de la región como las poblaciones indígenas, especialmente en los grupos que viven en la cuenca del Amazonas y que albergan a más de 2400 territorios en ocho países. «Estos grupos viven tanto en aldeas aisladas con acceso mínimo a servicios sanitarios como en ciudades densamente pobladas como Manaos (en Brasil), Iquitos (en Perú) o Leticia (en Colombia)» detalló Carissa Etienne quien confirmó que los casos de COVID-19 en la cuenca del Amazonas ya ascienden a 20.000, «donde la repercusión tiende a ser el doble de alta, en comparación con otras Estados en los mismos países». Etienne destacó que de no actuar de inmediato estas comunidades sufrirán un impacto desproporcionado y que para desacelerar la propagación de la pandemia y colocar a la región en la senda de la recuperación se ha de proteger a los grupos vulnerables de la enfermedad. Poco antes, la Agencia de la ONU para los Refugiados llamó a las autoridades de todos los países de América Latina a brindar protección a estas poblaciones frente al avance del COVID-19 en sus territorios. Días atrás, esta petición fue hecha también por expertos de la ONU en derechos humanos. La crisis hospitalaria en Leticia Tal y como lo denunció Pares el 20 de abril en el artículo LETICIA Y LA FRONTERA: ENTRE LA PANDEMIA Y EL ABANDONO, aunque su mayor riqueza es la biodiversidad y demografía pluricultural, de lo cual todo colombiano se enorgullece, la realidad de este departamento es más compleja. De acuerdo con datos oficiales, entre Leticia y Puerto Nariño se cuentan apenas 10 centros de atención de salud, de los cuales, solo hay un hospital -E.S.E. San Rafael- y una clínica -Leticia-. El hospital que es de tercer nivel, es decir, puede atender casos complejos de salud pero no cuenta con los elementos y garantías para que el personal atienda a posibles enfermos por Covid-19. Tampoco cuenta siquiera con una Unidad de Cuidados Intensivos -UCI-. Sin duda alguna, este departamento se encuentra tan desconectado del país que, por ejemplo, según la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible, además de contar con unas Necesidades Básicas Insatisfechas -NBI- por encima del 77%, todo el departamento hace parte de las Zonas No Interconectadas (ZNI) de energía del país. Aunado a lo anterior, este departamento comparte la mayor proporción fronteriza con Brasil. Leticia y Tabatinga son municipios o entes territoriales siameses, lo que agrava la situación, pues, como bien se ha conocido, el país vecino no le ha dado un manejo coordinado a la crisis del Covid-19. En Tabatinga, según cifras oficiales, hay 11 casos confirmados y uno de estos falleció. De hecho, el municipio fronterizo no cuenta con mayores garantías que Leticia. Al otro lado de la frontera, con 62.346 habitantes, Tabatinga cuenta con apenas dos centros de salud: la Unidad de Primeros Auxilios -UPA- y el Hospital militar. Insuficientes para toda la población que deben atender. Por otro lado, cabe recordar que esta frontera es una conurbación, es decir, un mismo casco urbano dividido por un semicaudal -quebrada contaminada-, que tiene como control para pasar de un territorio a otro un policía acostado. Otros grupos vulnerables especialmente afectados Aparte de los indígenas señaló que otros grupos en riesgo que requieren políticas específicas de protección son los afrodescendientes, los migrantes y refugiados, las personas encarceladas y las mujeres. «Las mujeres en nuestra región se enfrentan a disparidad de ingresos, falta de acceso adecuado a servicios sanitarios y a menudo se las somete a violencia de género. Además de ello, constituyen el 70% de la fuerza de trabajo sanitaria en las Américas. Eso significa que están en el frente de batalla de la COVID-19 y se encuentran afectadas desproporcionadamente por esta», destacó. Etienne propuso tres vías para afrontar los problemas sanitarios, sociales y económicos de los grupos vulnerables contra la COVID-19. Mejorar el acceso a las medidas de salud púbicas eficaces y aplicarlas de forma agresiva, especialmente en las áreas de mayor riesgo de transmisión Todos los países han de reforzar las capacidades de los sistemas de salud para servir de manera más eficiente a las comunidades más vulnerables Establecer unos fuertes mecanismos de protección económica y social para proteger a las personas más vulnerables

Por: Edwin Bejarano. Especial para Pares. Este fue un sábado diferente. Iba camino a mi trabajo y me preguntaba qué era lo que iba a hacer. El periodista me comentaba que íbamos a un lugar donde la miseria está presente y en verdad sí, la miseria se respiraba en el aire. La manera en que las personas viven y su condición precaria es muy triste de ver. Uno se pregunta ¿con qué historias me voy a encontrar acá? Desde el pasado 02 de mayo se ha estado alertando de los desalojos que se han realizado en Altos de la Estancia, en los que han tenido participación la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, la Personería Local, el ESMAD, la Secretaría de Seguridad, el IDIGER, la Secretaría de Hábitat, la Policía Nacional e Integración Social. ¿Es necesario realizar ese procedimiento en medio de una pandemia? Empecé a hacer mi trabajo: imagen va, imagen viene. Soy camarógrafo y fotógrafo de una importante medio de comunicación del país. Cuando las personas curiosas preguntan: ¿y ustedes qué hacen acá? la respuesta típica es: vinimos a ayudar, a darles voz y a que se puedan expresar. Se acercan por grupos a decirnos sus carencias, su falta de comodidades y cómo no notarlo. Alegan. Soy un padre, madre, abuelo, abuela de 3-4-5 hijos, nietos, sobrinos y cada uno de ellos con sus problemas y su vida cotidiana. Se sienten medio alegres en medio de la tragedia porque las personas que llegan, nosotros, de pronto traemos ayudas. Muchos son desplazados por una guerra injusta, otros admiten haber caído en las drogas y por cosas de la vida quieren rehabilitarse, muchos más, porque su oportunidad de estudiar, laborar y ser alguien en la sociedad fue truncada. En medio de esas historias me pongo a pensar ¿cómo puedo ayudarlos? Entras en un dilema. No sabes cómo expresarte, no sabes si dar o no, si eso es bueno o malo ¿si ayudas a uno, los otros qué?. Es un problema moral por el cual cual me siento frustrado. Volviendo al tema central. Se había hablado del hambre, de que las ayudas no llegan, ahora lo nuevo es que a pesar de que los gobiernos local, distrital y nacional decretaron que por la emergencia no se podía desalojar, allí sí lo están haciendo. Personas que probablemente sean juzgada por su apariencia, mas no por su forma de ser, son desalojadas sin piedad. Todos nombraban a la misma persona: Indira Caicedo. Yo me preguntaba ¿quién es esta mujer, qué es lo que desea? Más adelante obtendría mi respuesta. Mientras nos encontrábamos de frente con realidades que me llenaban de preguntas: ¿en qué año y qué siglo estamos? ¿por qué las personas aceptan esta condición? Yo, en mi completa ignorancia, asumo que todos tenemos las mismas oportunidades en este país. Pero no, las personas no son tan afortunadas como alguno de nosotros. La cantidad de niños que uno ve es impresionante y muchos dirán desde la comodidad de la casa ¿por qué no se operan para no tener más hijos? ¿por qué no piensan en el futuro de estos niños? quienes dicen esto no tienen ni idea lo que es no tener educación y lo que es tener que vivir así. Y entre tantas preguntas nadie tiene la respuesta. Volviendo al tema del desalojo, ahora veo las caras de angustia, de cansancio, de frustración por su situación. – ¡Llegó la policía¡ gritan. La mayoría de la gente ‘de bien’ dirán –llegaron a ayudarlos– pero no es así. Vienen con todo su arsenal a sacar a la gente, lo hacen de día y de noche, sin contemplaciones. Don Faryd, un señor de unos 58 o 60 años con pinta de ser campesino que trabajaba la tierra en el Caquetá, una zona donde la guerra hizo lo suyo y por lo cual tuvo que dejarla botada y todo su trabajo para llegar a la ciudad de las oportunidades. Don Faryd llorando nos relata cómo su hijo de apenas 16 años fue atacado por el ESMAD, y cómo uno de los uniformados lo golpeó y le disparó una lata de gas lacrimógeno que estalló en su cabeza causándole fractura de cráneo. Le conté los puntos: más de 15 tenía. El papá del niño, bañado en llanto e impotencia, le gritaba a su hijo que debían sacar a una bebé de tres años y a su hermano de ocho, mientras la policía destruía su casa de latas y madera a la que consideraba su hogar desde hace tres años. Nos contó cómo, cuando su hijo cayó inconsciente, él lo levantó del suelo y un policía en medio de su prepotencia le dijo: «deje esa mierda ahí que no sirve para nada”. Se refería a su hijo que yacía casi muerto. Don Faryd terminó diciéndonos –yo no quiero ayudas, yo quiero trabajar y darle una oportunidad a mis muchachos. Seguíamos caminando en medio de un ambiente hostil. Todo era nuevo. Miraba con atención sus camas, utensilios y casas precarias, muchos de ellos durmiendo en el suelo, cubiertos únicamente con una cobija y no precisamente una térmica, una simple cobija en una montaña donde se siente el frío a cualquier hora y en la noche debe ser aún peor. Aún así, con estas dificultades tratan de solucionar todo. Dejamos aquella “casa” que en realidad era un cambuche de tres palos sosteniendo una teja de plástico y metidos en una cama sencilla había unas cinco personas. El sol quemaba a esta hora del día y ya nos íbamos a retirar creyendo que era suficiente y que con esto podríamos armar una historia para poder mostrar a la sociedad que no hay nada como la desigualdad social. Cuando el contacto que nos llevó allá nos insistió para hacer una última entrevista. Un joven de unos 24 años que corría hacia nosotros y gritaba: – Miren, esa es, ella es Indira, la que me acabo de destruir mi casa, con lágrimas en sus ojos. ¿Recuerdan la señora que nombré anteriormente? bueno, ella es Secretaria de Reorganización Rural de la Alcaldía de Ciudad Bolívar. Nosotros nos íbamos acercando hacia donde ella estaba, desde la distancia se notaba su forma déspota y cuando nos vio, mandó a la policía, escondiéndose como una rata detrás de esta. A medida que nos acercábamos nos decía en tono amenazante, – ¡LARGO! ustedes no pueden estar aquí. La policía iba actuar, pero el periodista gritó: – ¡Somos prensa ¡ Cuando escucharon estas dos palabras entraron en pánico. El periodista que me acompañaba les dijo: ¿Quién de ustedes quiere hablar? se acercó la dueña de la siguiente casa a la que iban a desalojar a pedirnos que interviniéramos a favor suyo. Nos dijo que vivía en el predio desde hacía más de 14 años y que tenía los papeles en regla pero, que Indira Caicedo no la quería escuchar y que simplemente quería desalojarla con sus hijos y nietos. Terminó de intervenir y el periodista le dijo: – quiero que por favor una autoridad competente nos hable, – quiero tener las dos versiones. El muchacho llegó a un barrio en Bosa, pagaba arriendo y trabajaba para mantener a su familia pero se quedó sin empleo y le tocó salir de la casa donde habitaba, ya que debía más de dos meses de renta y su única opción fue armar una casita donde un amigo suyo habitaba, nos relata con lágrimas. Fotografía: Edwin Bejarano. Hubo un silencio sepulcral y el que asumo que es el comandante, respondió: – Diríjase a la alcaldía de Ciudad Bolívar que allá le dan la información. Solo lo decían para zafarnos, ya que aún no nombran alcalde local, todo esto ocurría en presencia de ancianos y niños. Yo me pregunto ¿Qué piensa un policía, al saber que sus acciones afectan a los menores? ¿cómo carajo es que permiten estas acciones? Son preguntas que rondan mi cabeza y no entiendo cómo lo hacen. Ahora, el muchacho que corrió hacia nosotros nos habló y cuenta su historia. Se vuelve una horrible costumbre escuchar que fue desplazado con su familia y se dirigió a esta ciudad. Llegó a un barrio en Bosa, pagaba arriendo y trabajaba para mantener a su familia pero se quedó sin empleo y le tocó salir de la casa donde habitaba, ya que debía más de dos meses de renta y su única opción fue armar una casita donde un amigo suyo habitaba, nos relata con lágrimas. También nos contó, con lágrimas en los ojos, cómo Indira mandó a los gestores de convivencia con unos pañales y le dijo que se iban a llevar a sus niños para darles alimentación. Su esposa, desconfiando se fue con ellos. Al rato llegó Indira y dice: – ¿Usted, no está con sus hijos? ya perdió, porque le vamos a destruir su choza. Él, con angustia, trató de defender su predio, su hogar, su oportunidad de poder salir adelante. Al final de la entrevista nos interrumpe una excavadora y solo puede tomar sus cosas y salir de allí. Hoy, en verdad, no fue un día normal. Sigo aprendiendo de todo y quiero entender la sociedad, es muy triste ver cómo la historia se repite una y otra vez, quiero entender porqué somos tan faltos de afecto y de empatía. Hoy, no sé qué pasará con toda esta gente que conocí y qué será de su suerte, solo espero que tomemos conciencia y que dejemos de creer que estamos en un país con oportunidades. Hoy agradezco lo afortunado que soy por vivir en buenas condiciones.

Por: Laura Cano, periodista Pares. A través del Decreto 2107 de 1994 se establecen algunas de las funciones del Alto Comisionado para la Paz. Una de las primeras le exige asesorar al Presidente de la República entorno a la estructuración y desarrollo de la política de paz, la formalización de diálogos y celebración de acuerdos de paz, la participación de diversos sectores de la sociedad en los procesos de paz, entre otros. Sin embargo, y en tiempos donde los esfuerzos deberían estar puestos en brindar las garantías para quienes se acogieron al Acuerdo de Paz firmado el 24 de noviembre de 2016, es necesario hacer que lo establecido para el trabajo del Alto Comisionado para la Paz, cargo ejercido hoy por ​​​​​Miguel Ceballos Arévalo, no quede en letra muerta y dispuesto a intereses políticos, sino que en realidad se cumpla con la importancia y responsabilidad que merece con la actual coyuntura. “Ha hecho una gestión invisible para la implementación" Durante el debate de control político en el Congreso, el senador Iván Cepeda expuso varios motivos por los que Miguel Ceballos debería renunciar a su cargo, o que se “elimine la oficina del Alto Comisionado para la Paz, y cree un cargo de alto promotor para el conflicto armado”, afirmó el congresista. Uno de los reclamos que se le ha hecho al Alto Comisionado para la Paz es su oposición y resistencia a las 16 curules para las víctimas en la Cámara de Representantes, las cuales son el eje del segundo punto del Acuerdo, en el que se plantea la participación política para la apertura democrática en la construcción de paz, permitiendo que los departamentos del Cauca, Arauca, Antioquia, Norte de Santander, Caquetá, Chocó, Meta, Bolívar, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo y Cesar, lleven a esferas de debate y decisiones sus prioridades. No obstante, las trabas y los intereses políticos han dejado esta medida en un limbo procesal, que hoy, a pesar de estar determinado que estos escaños irían para los periodos 2018-2022 y 2022-2026, no han logrado definirse. Esto luego de que tuviera la oposición de funcionarios como Miguel Ceballos, quien al momento de revivir el debate sobre la viabilidad de estas curules afirmó que este proceso no tenía sustento político, esto luego que el presidente de del Senado, Lidio García, decidiera a principios de año desarchivar el proyecto de acto legislativo que se había hundido en noviembre del 2017. Otros de los reclamos a Ceballos es que luego que Estados Unidos presentara su informe sobre la “Certificación de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos de los Estados Unidos contra el terrorismo”, en el que se incluía, además de Irán, Corea del Norte, Siria y Venezuela, a Cuba, esto, como se argumentaba: “por rechazó al pedido de Colombia de extraditar a 10 líderes del ELN que viven en La Habana, luego de que la organización se atribuyera responsabilidad por el atentado con explosivos perpetrado en enero de 2019 en una escuela de cadetes de policía en Bogotá que produjo la muerte de 22 personas y más de 60 resultaron heridas”, el Alto Comisionado saliera a decir que “lo que vemos es un espaldarazo de los Estados Unidos al Gobierno de Colomba”. Esto, como lo indicó Cepeda, sustituye un incumplimiento al Acuerdo de Paz, desconociendo el protocolo suscrito con Cuba como país garante, señalando aquí que una de las tareas literalmente descrita para el cargo de Miguel Ceballos es: “Adelantar las gestiones para obtener cooperación internacional de acuerdo con las necesidades, acorde con los lineamientos establecidos por la Dirección del Departamento y en coordinación con la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia –APC”. Ceballos tiene el descaro de decirle al mundo que Colombia, como Estado, se siente orgulloso de que el país que contribuyó a lograr este acuerdo de paz hoy esté considerado como un país que tolera el terrorismo”, “(…) este mensaje que se le envía a la comunidad internacional que ha apoyado los esfuerzos de paz en Colombia es preocupante, aseveró Cepeda. Las tareas pendientes de Ceballos Por otra parte, otra de las tareas señaladas para quien ocupe el cargo de Alto Comisionado para la Paz es: “Promover, desarrollar y articular, en el marco de la política de legalidad y convivencia del Gobierno Nacional, escenarios de participación y de diálogo intersectorial, orientados a la construcción de paz, que promuevan la confianza, legalidad, convivencia y reconciliación, que puedan contribuir al desarrollo y consolidación de los procesos paz”. Es necesario resaltar que más allá de lo administrativo y contractual, hay algunos desaciertos que han significado que, en los territorios donde se había determinado la urgencia de la implementación, se esté viviendo un retorno de la guerra, con una escalada de violencia y un copamiento de nuevos y antiguos actores armados que están retomando las zonas que fueron dejadas por la exguerrilla Farc. “Desde que se posesionó Ceballos, el Gobierno no ha presentado una sola norma significativa, bien sea un proyecto de ley o acto legislativo, para implementar el Acuerdo. El gobierno Duque ha permitido que el Centro Democrático intente cambiar la Ley de Víctimas, ha dilatado su prórroga y ha tratado de cambiar la ley de restitución de tierras”, manifestó el senador Cepeda. Esta desatención por parte del Gobierno Nacional y los organismos estatales ha constituido, que, por ejemplo, haya una disminución drástica de los recursos para la paz, de los cuales solo se están ejecutando el 1.36%, es decir, 90 mil millones de pesos de los 4,67 billones que se tendrían que estar invirtiendo en los municipios PDET para lograr la estabilización del territorio y el cumplimiento de las metas del Acuerdo. Señalando, que hace tan solo unas semanas se conoció que el Gobierno había firmado un contrato con la compañía Du Brands S.A.S por $3.350 millones con el objeto de posicionar la imagen del Presidente a través de estrategias digitales. Uno de los problemas de esto es que este dinero salió, precisamente, del Fondo de Programas Especiales para la Paz. Tierras y sustitución de cultivos, más tareas pendientes Asimismo, se reclama que Ceballos no ha promovido que se ponga en marcha la entrega de tierras para garantizar la formalización y acceso a esta por parte de las y los campesinos, punto que era fundamental en el Acuerdo de Paz y para el cual se había dispuesto un Fondo de Tierras con el que se pretendía tener cerca de tres millones de hectáreas, de las cuales no se ha entregado ni la primera. Además, preocupa la falta de iniciativa y las objeciones por parte de Ceballos para permitir dar luz verde al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), incumplimiento que ha fortalecido el discurso de la erradicación forzosa como método para la lucha antinarcótica, lo que ha demostrado que solo trae consecuencias que se concentran en la población campesina, a quienes además les han cobrado el fracaso de la sustitución voluntaria. Fracaso político que deja como resultado, que, en menos de dos meses, se haya registrado el asesinato de dos campesinos a manos del Ejército Nacional de Colombia: Emérito Digno Buendía Martínez en Tutumito, zona rural de Cúcuta (18 de mayo) y Alejandro Carvajal, en la vereda Guayacanes en zona rural de Sardinata (26 de marzo). Institución que pareciera actuar con licencia para matar con el argumento, como se indicó recientemente en Pares, “que las operaciones de erradicación forzada provienen de una orden presidencial y que, de hecho, las operaciones seguirán extendiéndose por el territorio”. Adicionalmente, otra de las labores de Miguel Ceballos es “verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil de los alzados en armas”, lo que pareciera que está quedando solo en el papel, pues vale señalar que desde que Ceballos llegó a la dirección de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el 13 de agosto de 2018, hasta el día de hoy, se han perpetrado, por lo menos, 68 asesinatos contra población en proceso de reincorporación, según cifras del Sipares. Registrándose un primer hecho, durante el periodo de Ceballos en el organismo, el 15 de agosto de 2018 contra Fabio Peláez Rodríguez y el más reciente el pasado 7 de mayo contra Wilder Daniel Marín Alarcón. “El Alto Comisionado para la Paz no ha cumplido con su función. Ha desdeñado el hecho grave de que están sucediendo de manera sistemática asesinatos contra los excombatientes de las Farc. Solamente hay once condenas con relación a los cerca de 200 asesinatos que se han producido en estos años, y no de autores intelectuales, precisamente”, concluyó, Iván Cepeda.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Detrás de los titulares sobre los casos de contagio de Covid-19 en el departamento de Antioquia —543 a corte de 18 de mayo según el ministerio de Salud— existe una emergencia humanitaria por cuenta de amenazas y asesinatos a firmantes de paz, desplazamiento y confinamiento de comunidades indígenas; campesinos que denuncias acciones violentas de las FFMM de erradicación forzada que amenaza con desplazamientos; y asesinato de líderes y lideresas. El partido Fuerza Alternativa Revolucionario del Común (FARC) en su último comunicado a la opinión publica señaló que, el pasado 17 de mayo, grupos armados ilegales que operan en la región antioqueña amenazaron a la población exguerrillera que se encuentra adelantando su proceso de reincorporación en el ETCR Román Ruiz de la vereda de Santa Lucía, en el municipio de Ituango. De acuerdo con el comunicado, la situación no solo afecta a los y las firmantes de paz, sino que afecta a la población de la vereda quienes tienen que desplazarse forzosamente. Según el comunicado de FARC: Si el Ejército y la Policía no abandonan la zona que comprende esta vereda en un plazo de siete (7) días, tanto los campesinos como las personas en proceso de reincorporación junto con sus familias deberán desalojar no solo el ETCR sino además la vereda entera, generando así un acto violatorio de los derechos humanos y el desplazamiento forzado de todos los habitantes”. Cabe recordar, que según datos de la Agencia Nacional de Reincorporación (ARN)—a corte de 29 de febrero de 2020— en el ETCR Román Ruiz se encuentran viviendo 87 personas exguerrilleros. La paz bajo fuego Por otra parte, cabe recordar que hace tres meses la población del ETCR Román Ruiz señaló que debido a la difícil situación por cuenta de los hechos victimizantes tendrían que desplazarse. Cabe recordar que, de los 25 asesinatos a firmantes de paz en 2020. De los 196 asesinados tras la firma del Acuerdo de Paz, 27 han ocurrido en suelo antioqueño. Asimismo, de los casos del 20202, cuatro (4) han tenido lugar en el departamento antioqueño. Hober Arias Giraldo en Dabeiba, el 16 de enero y César Darío Herrera en Ituango el 28 de enero. Pues bueno, meses después la situación no ha sido atendida por el Gobierno Nacional y, los más recientes, Rigoberto García en Urrado y Wilmer Marín en Bello, el pasado 7 de mayo; fueron víctimas de esta violencia selectiva ignorada. Comunidades indígenas confinadas Por su parte, la Organización Indígena de Antioquia (OIA), denunció que más de 275 familias se encuentran en confinamiento por cuenta de enfrentamientos entre miembros del ELN y el Clan del Golfo. Estos hechos suspenden en el Resguardo Río Murindó, en el Urabá antioqueño. De acuerdo con el comunicado en esta zona, hombres armados al margen de la ley, se disputan el control territorial de la zona. Justamente, la OIA advierte que esta situación no es aislada y que, desde el año pasado, vienen denunciando las violaciones a los Derechos Humanos que sufren las comunidades en el departamento antioqueño, ante un sordo Gobierno Nacional. Ahora bien, según un informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de abril de 2020, en el municipio de Murindó hay 2.129 personas confinadas debido a la violenta acción de los grupos armados en la región. Cabe señalar que, según el informe este municipio es el que mayor número de personas registra como víctimas de confinamiento a nivel nacional, hecho que se registró el 7 de abril y el 18 de mayo continúa la crisis humanitaria en el Murindó. Asimismo, para el caso antioqueño, en el municipio de Urrao cerca de 200 personas han sido desplazadas de manera forzada. La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (OEAMAPP) se sumó a las voces de denuncia sobre la situación de confinamiento forzada de las 275 familias de las comunidades indígenas en Isla y Coredó. Por su parte, la Comisión Interclesial de Justicia y Paz, señaló que desde el 9 de mayo se vienen presentando incursiones de paramilitares de las AGC en la comunidad indígena Embera de Isla. De acuerdo con el informe, “la comunidad indígena de Chimiadó se negó a dar apoyo manifestando a los AGC que ayudarles les involucraría en la guerra. Y ellos como población civil ya están sufriendo las consecuencias por las fuerzas militares, las AGC y el ELN”. Estos hechos, de estas ultimas semanas, ha desembocado en amenazas por parte de integrantes del ELN ya que, de acuerdo con el informe de la Comisión, que un joven ingresó a las filas de las AGC. Gracias a sus protocolos de intervención la comunidad de Bachidubi lo rescató y lo traslado a otro sitio para protegerlo. Asimismo, resulta importante resaltar que de acuerdo con la Coalición Contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (Coalico), se dio a conocer que en 2019 el departamento con mayor registro de eventos de conflicto armado que afectaron de manera directa a niñas, niños y adolescentes (NNA) fue Antioquia, con 40 eventos. Asimismo, Antioquia es el departamento más victimizado por la vinculación de NNA por parte de grupos armados. También es el segundo departamento con mayor registro de hechos sobre bloqueo a suministros básicos, después de Chocó. Por otra porta, las se registrarin incursiones armadas de paramilitares, como sucedió en el resguardo Chimiadó, cuando diez hombres amedrentaron la población, según el informe de la Comisión. Incursiones de las FF.MM. La erradicación forzada que está adelantando el Gobierno Nacional, está a punto de desplazar a campesinos del municipio de Campamento, ubicado al norte del departamento antioqueño. Esta situación producto de la incursión de más de 500 militares en once veredas de Campamento. Las comunidades han denunciado que no se está llevando a cabo la implementación del Programa Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS). Por el contrario, según las comunidades, —al igual que en las subregiones como el Bajo Putumayo o Catatumbo— se han adelantado acciones de erradicación forzada por parte de uniformados del Ejército. Son 1.200 familias del municipio de Campamento que dependen de la siembra de cultivos ilícitos, porque no se ha llevado una acción integral que permita alternativas en la región. Omar Restrepo, representante a la Cámara por el partido FARC, ha señalado en los últimos días que ante la continuidad de los operativos de erradicación forzada; las familias de Campamento “son presas de la incertidumbre y el miedo, porque el estado no cumple sus compromisos y solo hace presencia con la bota militar.” Marcha Patriótica, a su vez, ha denunciado que tropas del Ejército y Policial en nuestro territorio realizando erradicación forzosa manual a familias que se encuentran por fuera del PNIS en las veredas de Tenches en Dos Bocas y en la vereda Solano, La Plancha, poniendo en riesgo a las comunidades. Finalmente, el senador de la Colombia Humana, Gustavo Bolívar denunció que al “le dieron solo el 3% de lo que necesita para cumplir a campesinos q sustituyen Coca. Entre tanto los carteles mexicanos pagan de contado.”

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares La Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) y la Coordinadora Municipal de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) denunciaron este lunes el asesinato del campesino Emérito Digno Buendía Martínez a manos de uniformados del Ejército colombiano. De acuerdo con ASCAMCAT, el hecho ocurrió a las 6:30 a.m. cuando hombres del ejército abrieron fuego en contra del asentamiento campesino ubicado en la vereda Tutumito, zona rural de Cúcuta (Norte de Santander). A su vez, ASCAMCAT señaló que en el ataque que fue perpetrado por militares pertenecientes al batallón Hermógenes Maza, tres campesinos resultaron heridos: Miguel Hernández, Juan José Orozco y Jimmy Alberto González, quienes fueron trasladados al centro de salud del corregimiento de Agua Clara. Pares habló con Juan Carlos Quintero —directivo de ASCAMCAT y coordinador del eje de paz, implementación y DD.HH.— para conocer el contexto de la situación que se vive en la subregión del Catatumbo y en la zona rural de la capital del departamento de Norte de Santander. Catatumbo: una crisis humanitaria desatendida De acuerdo con Quintero, el Ejército ha manifestado que las operaciones de erradicación forzada provienen de una orden presidencial y que, de hecho, las operaciones seguirán extendiéndose por el territorio. Por ejemplo, cuenta que ellos en una reunión del pasado viernes del Comité de Justicia Transicional, en Cúcuta, anunciaban que la erradicación ‘va porque va’ y será ampliada geográficamente por el Catatumbo. “Esto nos pone en una situación muy compleja, en el marco de la crisis social por cuenta del Covid19, los dos paros armados que se han dado en el Catatumbo en 2020 y con esta erradicación forzada; lo que hay hoy en la región es una crisis humanitaria desatendida. Nosotros hemos dicho que entramos a Asamblea, porque si Duque no está en cuarentena e incumple sus propios actos administrativos pues nosotros no podemos estar en cuarentena para exigir nuestros derechos”, señala Quintero. Por ejemplo, hoy como respuesta de las comunidades, en el lugar del asesinato del campesino se registró una captura ciudadana de un subteniente de dicha patrulla, quien estuvo bajo custodia de los campesinos. Ante el delito de flagrancia posterior, la ciudadanía puede ejercer ese derecho y ahí está como un elemento de prueba para cuando lleguen las autoridades competentes para determinar la responsabilidad del uniformado retenido. Al lugar llegaron el Defensor Regional del Pueblo, una delegación de la alcaldía y de la Fiscalía General de la Nación. Además, Quintero cuenta que justamente hoy se cumplen nueve (9) semanas de haberse iniciado las erradicaciones forzadas y violentas que arrancaron el 11 de marzo por parte del Ejército. Inicialmente en el municipio de Sardinata, nosotros nos movilizamos en un bloqueo que tuvo paralizada la vía entre Cúcuta y la Costa Atlántica entre el 15 y el 18 de marzo. En medio de esa tensión se decretó la emergencia social por cuenta del Covid-19. La violencia por cuenta de la erradicación forzada Esta erradicación violenta no solo ha cobrado la vida de Emérito, sino que, el pasado 26 de marzo, cuando el Ejército ejecutó extrajudicialmente a nuestro compañero Alejandro Carvajal, en la vereda Guayacanes en zona rural de Sardinata. Posteriormente, el 25 de abril, se extendieron esas erradicaciones a Tutumito y Vigilancia, justamente, en donde se registró el asesinato de este lunes. Los hechos victimizantes por parte de las FF.MM. profundizan la crisis por el incumplimiento de la implementación del Acuerdo de Paz. Foto: ASCAMCAT Los hechos victimizantes por parte de las FF.MM. según Quintero, profundizan la crisis por el incumplimiento de la implementación del Acuerdo de Paz. Acá se han pronunciado en estos dos meses públicamente: el alcalde de Cúcuta, el gobernador del departamento, la Asociación de Personeros del Catatumbo, los 11 alcaldes, la Iglesia Católica, todos rechazando la erradicación forzada. Desafortunadamente, el Presidente no los escucha a ellos, no escucha ni siquiera a las autoridades regionales. Asimismo, según Quintero, hemos observado una operación militar de gran envergadura en el Catatumbo y en la zona rural de Cúcuta. Hemos dicho que el Ejército puede ser potencial portador del virus del Covid-19, a pesar de ello, esta semana a la región llegaron cerca de 500 uniformados que no estaban en el territorio, llegados de otras partes del país. Nos invitan al funeral del PNIS El Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitio (PNIS) está agonizando, a nosotros nos están invitando al funeral de ese programa del cual nosotros seguimos creyendo. Buscamos que se cumpla lo escrito en el Acuerdo de Paz. Hay incumplimiento por parte del Gobierno Nacional, en Sardinata, por ejemplo, nosotros hicimos un acuerdo de sustitución y el gobierno mandó las medidas de fuerza, sin caracterizar a todas las familias que habían manifestado colectivamente participar en ese acuerdo. Esta situación deja en la desprotección de las familias campesinas debido a que no hay un tratamiento penal diferencial, no existe ni un solo PISBA en el país, mucho menos en el Catatumbo, y cerraron todas las posibilidades de inscribir nuevas familias en nuevos municipios. De los 14 municipios con cultivos de uso ilícito, en Norte de Santander solo involucran dos (2) a los que no les han cumplido. Deudas aplazadas para el Catatumbo De acuerdo con Jhon Freddy Cabrera, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación para la subregión del Catatumbo el PNIS fracasó por la poca celeridad en el cumplimiento del Acuerdo Colectivo de Sustitución de Sardinata suscrito el 13 de septiembre de 2017. Este acuerdo estaba respaldado por la firma y compromiso de mil quinientas (1.500) familias que dependían en ese momento del cultivo de la planta de coca en el territorio, y tenía como siguiente instancia la individualización de las familias para avanzar en la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Como consecuencia del incumplimiento estatal, según Cabrera, en el avance en la preinscripción de Acuerdo Individual solo estuvieron seiscientas quince (615) y en la inscripción final trescientas dos (302) familias de las mil quinientas (1500) familias del acuerdo colectivo; es decir, en un primer momento se fracturó el acuerdo con el 59% de las familias firmantes y en el momento de la inscripción para iniciar la sustitución voluntaria de los cultivos solo se contaban con el 20% de las familias del acuerdo colectivo. Ahora bien, en el plano nacional según el informe Pares El tráfico de Cocaína de Colombia hacia el mundo en los primeros días del mes de marzo de 2020 se conocieron los datos de cultivos de 2019, los cuales mostraban un leve incremento con respecto a 2018, se pasó de 208.000 hectáreas a 212.000 hectáreas. Es decir, el discurso de que el aumento era producto de la mano blanda era falso. Durante el 2019 Duque llevó a cabo una estrategia agresiva de erradicación y los datos, aun así, no cayeron. El año pasado se llegó a la cifra más alta de cultivos de hoja de coca en la historia del país. Por otra parte, según el informe No. 19 de Monitoreo a la implementación del Plan de Atención Inmediata — componente familiar del PNIS, hecho por UNODC, señaló que de los compromisos adquiridos por el Gobierno con las familias beneficiarias, se estableció un componente de transferencia económica condicionada denominada por el programa como Asistencia Alimentaria Inmediata correspondiente a pagos mensuales en efectivo por $1.000.000 durante 12 meses, para el sostenimiento económico de las familias vinculadas al programa: “Los departamentos con menores porcentajes de familias con pagos recibidos son Norte de Santander (62,8%) y Cauca (71,6%). En 55 municipios de 14 departamentos, 38.525 familias ya recibieron la totalidad de los pagos, que representan el 46,8% de las familias cultivadoras y no cultivadoras.” Juan Carlos Quintero sostiene que hay un patrón, que lo que hay es un Ejército que está abriendo fuego de manera indiscriminada contra los campesinos que llevan estos meses tratando de que no les quiten su sustento. Esto es como si en medio del Covid-19 a la gente le cancelaran su contrato, sin posibilidad de ingreso. Estos campesinos están defendiendo la única economía que les genera ingresos a sus familias. Quintero señala que el Gobierno Nacional continúa impulsando lo que denominaron Zonas Futuro o las Zonas de Intervención Integral que no es más que la consolidación militar en los territorios y, el piloto; es la zona del Catatumbo. Ellos lo han denominado ‘Catatumbo sostenible’, en el marco de un PDET que también fue desnaturalizado. Ecos de la violencia La situación para las comunidades, campesinos, líderes y lideresas que buscan la implementación del PNIS es caótica, explica Quintero. Por ejemplo ASCAMCAT, completa actualmente 16 asesinatos, la mayoría a manos de la Fuerza Pública, dos en lo que va corrido del 2020. En la región hay unos sectores claramente definidos que nos están persiguiendo por defender el Acuerdo de Paz, incluidos por sectores del Ejército, sentencia el líder regional. De hecho, explica, nosotros estamos en la lista de organizaciones que aparecimos perfiladas en la lista que publicó el Ejército Nacional en su cuenta de twitter. Nos matan gente nuestra en la zona más militarizada de Norte de Santander que es el municipio de Tibú. El año pasado, Revista Semana publicó unas conversaciones del comandante Diego Villegas de la Fuerza Tarea Vulcano del Catatumbo en las que dice lo siguiente: «El Ejército de hablar inglés, de los protocolos, de los derechos humanos se acabó. Acá lo que toca es dar bajas. Y si nos toca aliarnos con los Pelusos nos vamos a aliar, ya hablamos con ellos, para darle al ELN. Si toca sicariar, sicariamos, y si el problema es de plata, pues plata hay para eso.« Imagínese. Si eso lo hacen con grupos armados ilegales, violando la Constitución, porqué no pueden hacerlo con nosotros que mantenemos reclamando los derechos de los campesinos acá en el territorio, señala el líder. Zanahoria y garrote La ruta es ‘zanahoria y garrote’, tal como lo denomina Quintero. Fíjese, se hacen anuncios de danza de millones, que son las inversiones normales que hacen los gobiernos para arreglar carreteras y escuelas, pero por el otro lado meten 15 mil soldados, matan campesinos, hacen ejecuciones extrajudiciales, bombardean veredas. No es más que el reencauche de la política de consolidación militar y de la seguridad democrática de los periodos del expresidente Uribe y el primer gobierno de Juan Manuel Santos, precisa El Plan Colombia de Pastrana fracasó, y después con Uribe, dice Quintero nos metieron la seguridad democrática. Al interior de esta se creó una acción interagencial por medio de los Centros de Atención de Intervención Integral. Luego, en el primer gobierno Santos, se inició un plan que denominó ‘Plan Consolidación” bajo la estrategia de ‘Espada de Honor III” que fue combinar las acciones que le corresponden a las autoridades civiles con las militares. Ahora bien, tras el Acuerdo de Paz se buscó dejar esas estrategias de guerra por medio de unos mecanismos e instrumentos de transformación territorial. En este caso el PDET, en el Gobierno Duque se cogió ese instrumento —que es para la transformación territorial para la paz— y lo convirtió en un instrumento para la guerra. Es decir, sin cambiarle el nombre, le cambió el énfasis y ahora lo llama, según el decreto 2278 de 2019; las zonas futuro. Una política de guerra A pesar de las erradicaciones, precisa Quintero, decidimos retornar a las veredas y seguir bajo una figura de protección que nosotros llamamos “asentamientos campesinos”, que son una forma de protesta para que sea implementado los acuerdos entre el Gobierno Nacional y nosotros. Precisamente, los asentamientos campesinos tienen como principio cuidar el mínimo vital de la gente. El mínimo vital son las garantías mínimas para vivir. Las exigencias de que el gobierno genere políticas públicas para los campesinos y el gobierno no atiende al llamado, no tiene una política de paz, tiene una guerra. Finalmente, cabe recordar que, según cifras de Pares, en lo que va corrido de 2020, han sido asesinados ocho (8) líderes y lideresas en el departamento de Norte de Santander. Asimismo, de acuerdo con las investigaciones de Pares, uno de los perfiles de liderazgos más victimizados a nivel nacional es, precisamente, quienes buscan la implementación de la sustitución de cultivos de uso ilícito. A corte de febrero se muestra la presencia de grupos armados ilegales en el departamento que recrudecen los hechos victimizantes. Mapa: Pares.

Por: Laura Cano, periodista Pares. El pasado 15 de mayo líderes del progresismo colombiano y del Grupo Puebla, entre presidentes, expresidentes y referentes políticos y sociales, se reunieron virtualmente en el espacio que sustituiría el V Encuentro, el cual iba a ser realizado los días 5,6 y 7 de mayo en la ciudad de Santa Marta. El evento reunió alrededor de cuarenta (40) personas, quienes discutieron acerca de las medidas que urgen tomar en América Latina frente a la crisis generalizada como resultado del Covid-19, pero también relacionadas con escenarios de paz y económicos. Allí estuvieron discutiendo personalidades como: Luiz Inácio Lula Da Silva, Dilma Rousseff, Ernesto Samper, Rafael Correa, Clara López, Alejandro Navarro, Gustavo Petro, José Mujica, Rodrigo Londoño, Sandra Ramírez, Iván Cepeda, María José Pizarro y León Valencia, director de Pares. La paz mide el grado de civilización de un país, dice José Luis Rodríguez Zapatero en la reunión del Grupo de Puebla y deplora la actitud del actual gobierno colombiano frente a la paz, escribía Valencia en su cuenta de twitter. Covid-19: urgen políticas sociales y económicas Se ha alertado a través de varios informes y estudios que los meses venideros significarán duros golpes a la economía, lo que implicaría una caída del PIB en la región cercana al 5.3% que tendría unos impactos también en términos sociales relacionados con el desempleo, el cual se estima que tenga una contracción del 5.3%, generando a su vez un incremento de la pobreza que llegaría a los 270 millones de personas y a cerca 80 millones viviendo en la miseria. Por esto, se ha venido instando en la creación de políticas sociales y económicas que atiendan la crisis, la cual terminará poniendo sus más graves consecuencias en las clases más empobrecidas y la clase media, secuelas ya se han acentuado desde la propagación del virus en los distintos países del continente; en donde se han evidenciado fuertes crisis en los sistemas alimentarios, de salud, carcelarios, de hábitat, laborales, educativos, entre otros. El Grupo de Puebla y los líderes y lideresas que participaron en el Encuentro no están ajenos a estas realidades, por eso desde este espacio salieron una serie de propuestas para que los dirigentes nacionales de cada país puedan considerar y ponerlas en marcha, esto con un fin común que es garantizar que existan los recursos para promover la vida digna en cada hogar durante el tiempo de la pandemia y después de esta. Así, las propuestas para este contexto están divididas en diez ejes, los cuales incluyen perspectivas políticas, como ambientales, económicas, de veeduría y unión. De esta forma, se plantea en una primera instancia proveer bienes públicos colectivos, medida que ha sido reemplazada en el modelo neoliberal que rige a la mayoría de los países de la región. Igualmente, se hizo énfasis en cambiar los sistemas de producción los cuales están basados en la extracción, acumulación y consumo, señalando que una de las consecuencias de este modelo es potenciar los efectos del calentamiento global, los cuales “se pueden exacerbar en el corto y mediano plazo en medio de la pandemia”. Seguidamente se expuso concentrar esfuerzos desde todos los sectores sociales para convocar una reunión extraordinaria con la Asamblea General de Naciones Unidas, así poder establecer rutas de gestión para tratar el virus, en la cual con la experiencia de cada una de las organizaciones se generen medidas que propendan por la equidad social y la protección de quienes se ven más vulnerables con el contexto actual. A lo anterior se agregó uno de los planteamientos que se ha hecho desde distintos partidos políticos del país: el mínimo vital, el cual permitiría dar solvencia a las familias durante la emergencia a través de una renta extraordinaria que cubriría los gastos básicos y necesarios. Para esto se apelaría a otro de los puntos que se establecieron en el Encuentro; una moratoria de la deuda externa, lo que generaría “canalizar esfuerzos para atender la emergencia y redefinir de cara al futuro, las prioridades sociales desatendidas o delegadas en el mercado”. Salud, unidad y nuevos modelos Los siguientes ejes en los que se concentraron las propuestas establecen varias medidas basadas principalmente en el sistema de salud y la organización y unión internacional progresista. Por esto, por una parte, se insiste en la urgencia de asumir la salud como bien público global, esto partiendo de la dinámica de muchos países, incluyéndose Colombia, en el que la salud y el acceso a esta está instrumentalizada por el mercado y los intereses que de allí se desprenden. “Nos preocupa que sean los más vulnerables quienes terminen pagando los costos de la crisis. No existe dilema entre salud y economía, pues es inviable pensar en una reactivación del consumo, del ahorro y de la inversión con la amenaza latente de la pandemia”. Por todo lo anterior se insta en la necesidad de un nuevo modelo de inclusión social que esté creado en relación con la coyuntura regional y en el que se tengan en cuenta las singularidades a las que debería responder ese nuevo modelo, poniendo en uno de sus focos quienes están más vulnerables social y económicamente con el Covid-19. Para esto se establece que una de las prioridades deber ser, por un lado, la creación de un ente fiscalizador para el manejo de bienes sociales “un régimen fiscal más equilibrado y devolviéndole a la esfera pública el manejo y distribución de bienes sociales, entre ellos la salud todo dentro del marco del progresismo”. Por otra parte, en relación con lo anterior, se sostiene que debe promoverse la articulación y unificación de esfuerzos, lo que suscitaría la organización de la Primera Internacional Progresista para atender las coyunturas latinoamericanas desde el debate, el diálogo, las propuestas y las acciones. Las particularidades de Colombia En este Encuentro en el que Colombia estaba como país anfitrión se tocaron temas importantes para el contexto nacional, tal como la inoperancia del Gobierno para implementar el Acuerdo de Paz, situación que ha generado, entre otras cosas, que a la fecha se registren, solo durante el 2020, 101 líderes sociales asesinados, reportándose los últimos hechos el más reciente fin de semana en el que las víctimas fueron el líder ambientalista Jorge Enrique Oramas en Cali, y el líder comunal Freddy Angarita Martínez en Cúcuta. Sin olvidar, que en un escenario similar y durante el mismo año, se han asesinado 25 personas en proceso de reincorporación, siendo el último hecho el de Wilder Daniel Marín Alarcón, registrado el pasado 07 de mayo en Bello, Antioquia. “Como Grupo de Puebla expresamos nuestra preocupación por la paz en Colombia, seriamente amenazada por la postura del actual gobierno empecinado en desestimar compromisos fundamentales contraídos”, agregaron. Así mismo, llamaron la atención frente a la poca voluntad de continuar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), además del desconocimiento del rol que ha tenido Cuba para establecer rutas que permitan procesos de paz, lo que también pone más trabas a reanudar una posible mesa de diálogo con el ELN, lo que significa dar la espalda a la violencia que se recrudece en algunos territorios del país. “En tiempos sin pandemia son condenables aquellas medidas, en tiempos pandémicos son sencillamente un crimen de lesa humanidad”, añadieron.