Por: Redacción Pares La Procuraduría General de la Nación urgió por la protección de los derechos de los campesinos en Colombia como sujetos de especial protección constitucional, y anunció su mediación para que el llamado de las organizaciones campesinas sea tenido en cuenta para la adopción de medidas urgentes que permitan hacer frente a la emergencia sanitaria originada por el covid-19. El Ministerio Público, en respuesta a la carta enviada por más de 50 organizaciones campesinas, ratificó su preocupación por la necesidad de protección de los líderes y lideresas los líderes y lideresas de la ruralidad, la recuperación y el fortalecimiento del sistema público de salud en el campo, la necesidad de acelerar la implementación del Acuerdo de Paz y la Reforma Rural Integral. Asimismo, manifestó la necesidad de que se ejecute las políticas públicas de la mujer rural, para la Economía Campesina Familiar y Comunitaria, y la protección de las fuentes de agua. Coincidió la Procuraduría con las organizaciones campesinas sobre la urgencia de redoblar esfuerzos para garantizar sus derechos, como lo ha solicitado a través de las directivas 007 de 2019, 004 de 2020 y la Circular Conjunta 021 de 2019 del Procurador General Fernando Carrillo, y el Memorando 005 de 2020 de la Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios. El órgano de control reafirmó su compromiso con todos los campesinos colombianos, como sujetos de especial protección constitucional, y anunció seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte de las entidades encargadas de garantizar sus derechos.

Por: Natalia Aguilar Salas. Colaboradora Pares. Foto: El Espectador. El COVID-19 y el confinamiento nacional cambiaron la forma de vida y redujeron los ingresos de mujeres, y también de hombres, que viven de los servicios sexuales y que ahora sencillamente no tienen qué comer, según Carolina Calle, trabajadora sexual y Coordinadora de la organización. Las trabajadoras y los trabajadores sexuales dicen que no pueden quedarse encerrada en su habitación esperando a que termine el confinamiento obligatorio porque, además de sus propios gastos, muchas veces también tienen los de sus hijos y/o familias. Calle 7 es una Organización de Base Comunitaria de trabajadores y trabajadoras sexuales, promotora y defensora de los derechos humanos. Pares habló con Carolina Calle. La discriminación social Pares: ¿El trabajo sexual es trabajo? Carolina Calle: Bueno, pues siempre he pensado que la clandestinidad y el estigma de la sociedad es lo que más nos violenta, es lo que se presta para todas las violencias que se ejercen contra nosotras. El trabajo sexual es un trabajo en Colombia: tenemos Rut que es el 9609, es decir somos una actividad económica, tenemos sentencias que nos amparan donde la Corte Constitucional se pronunció. Hay una sentencia en 2010 que es la T-629, ya vamos para 10 años y mira todo lo que ha sucedido. La más reciente es la T-594 del 2016 que sobretodo ampara a las trabajadoras sexuales de calle que somos la que más nos exponemos, pero quienes más libres somos, porque la calle nos dio libertad para no estar oprimidas por ningún dueño de ningún negocio, y manejar nuestro tiempo y nuestro dinero a nuestro antojo, y teniendo en cuenta esto la gente aún así tiene el estigma y la discriminación social con la que siempre tenemos que cargar. Nosotras somos mujeres, mujeres en lucha y creo que somos mujeres que también merecemos ser escuchadas, hombre cisgénero, mujeres trans y todos ellos pertenecemos al gremio de las trabajadoras y trabajadores sexuales y como tal debemos ser respetados,así la gente todavía en su cabeza no le quepa que es un trabajo, es un trabajo y es un trabajo digno definitivamente no tiene nada que ver ni con la trata, ni con la explotación, indigno son las condiciones en que nos tienen. Pares: ¿Cómo ha sido su experiencia y la de sus compañeros y compañeras durante el aislamiento obligatorio? C.C: Hay compañeras que siguen trabajando, que no han parado de trabajar. Es muy complicado de verdad porque se exponen mucho al virus y aparte de que se exponen al virus estamos expuestas al hambre, a la miseria que se está dando en estos momentos porque nosotros vivimos con el diario, muchas no tenemos un techo fijo, muchas no tenemos cómo pagar el arriendo. Las compañeras me llaman a decirme que las amenazan y las sacan, a muchas las han golpeado porque viven en ciertos barrios que son bastante complicados, hay otras que no se les puede ayudar porque también vienen de paga diarios donde se manejan ciertas cosas y es muy peligroso llegar a esos espacios y el abuso policial está pululando. Hace poco estuvimos en la 18 y uno de los policías me amenazó, me dijo algo así como si ustedes no se quitan de acá nos las llevamos en el camión, básicamente yo me esperé hasta que llegaran le dije que entendieran que la gente tenía hambre, que por eso es que estaban trabajando y que yo también era trabajadora sexual, que entonces ¿cómo vamos a hacer?, la gente no quiere que salgamos. Claudia López y Duque dicen que nadie se queda con hambre y sin techo, cuando no es cierto. Jamás nombran en esos proyectos a las trabajadoras sexuales, nosotros trabajamos en ciertos sectores y vivimos alrededor de toda la ciudad, en diferentes localidades, entonces yo cuando me iba a repartir los mercados me he dado cuenta que generalmente las compañeras que trabajan en ciertos sectores, viven hasta 1 o 3 horas de donde trabajan, entonces no se dan cuenta. Esperamos articular con Secretaría de Gobierno, para eso fue un plantón que hicimos el 3 de abril y después salimos a la Plaza de Bolívar fuimos pocas en esos momentos pero con eso se trató de solucionar algo, teníamos aproximadamente 320 mercados para las personas que teníamos censadas y no se pudo hacer, sólo nos cumplieron con 160 a regañadientes y de verdad con mucha presión, porque necesitamos ser escuchadas, creo que nos endulzaron con eso, después no nos dieron nada más. Realmente es muy triste ver todo lo que está sucediendo, que las compañeras aguantan hambre y estamos muchas sin techo nos están sacando de los arriendos, la situación está súper complicada, la policía lo único que hace es violentarnos, el distrito un olvido total, estamos abandonadas por el gobierno. Nos siguen tomando el pelo y nos siguen pordebajeando y olvidando como siempre lo han hecho. Pares: ¿La alcaldía o el distrito se han acercado a ustedes? C.C: Estamos completamente en el abandono. La única manera en la que se acercaron fue por el plantón que hicimos, el primer plantón no fue precisamente porque ellos nos buscaran, hay muchas personas del distrito que conocen el trabajo en territorio con la gente y bueno una que otra palabra por ahí se han cruzado, pero no han hecho nada realmente que sirva para las personas no se dan en la tarea de verdad y conocer el territorio. La gente que está en los paga diarios y que no tenemos cómo pagar un pagadiario, que no tenemos cómo solventar el arriendo o sea es difícil, muchas personas creen también que como yo lidero estas causas, incluso las compañeras, que uno está ganando dinero, cuando nosotros no tenemos subvenciones de ningún tipo, a nosotros nadie nos apoya solamente los donadores, dentro de lo que ellos dan a nosotros tratamos de solventar cosas con las compañeras pero no se puede más. Ellas se aguantan ese abuso policial porque necesitan realmente que coman sus hijos, llegar con lo de una habitación, porque en los paga diarios y todos los están sacando y tras del hecho a la policía lleva motos, digamos el sargento las trata como quiere que las va a llevar, que les va a hacer entonces es muy difícil la situación por la que pasan. Pares: ¿Qué sucedió después del plantón que realizaron el 3 de abril? C.C: Se presentó alguien del gobierno, Andrés. Hicimos un plan con él de que nos iba a dar 320 mercados, de los 320 nos dio 160 mercados no fue más la ayuda que llegó para nosotras. Es la zona de San Bernardo, la sexta con décima, la 18 y el 7 de agosto es decir, hablemos de que a cada sector le tocó como de 35 mercados. Lo que más me gustaría es que las secretarías como tal mirarán un plan de acción para las mujeres porque no nos miran, es decir están como muy alejados de la realidad no veo que realmente estén haciendo algo real por nosotras. Si se habla del barrio San Bernardo llegan a darle ayudas a personas que están en la drogadicción, que hay demasiadas en el barrio, pero hay personas que tienen su casa y su vida; en la 18 pasa lo mismo, hay personas que están en sus casas pasando la cuarentena y no tienen que comer y tienen que salir de alguna forma a darle sustento a sus hijos.

Por: León Valencia, director – Pares En estos días, en un grupo de chat que compartimos, el general en retiro Juan Salcedo Lora me escribió un pequeño requerimiento que contesté y quiero compartir con mis lectores. Decía el general Salcedo Lora: ¨León fuiste con las armas en la mano y un día te vi pasar regresando de Cartagena después de botar unas armas al mar, León seguirás siendo, sin las armas. Te sentí callado durante los largos y tediosos ocho años, estuviste degustando buena mermelada, no lo tomes a mal, todos los medios fueron cooptados. Sobre Uribe no lo dudes, esos ocho años de su traicionero subalterno fueron de calvario jurídico, él está en su derecho de pelearla en los altos y bajos estrados judiciales: derecho inalienable, pero igual derecho tiene Andrés de aspirar a una segunda instancia ante una condena de excesivo sabor político. Tu abuelita -y el señor la tenga en su gloria- tenía toda la razón. Una crítica que se le hizo al gobierno cuando designó a Cuba y a Venezuela fue que no se debía poner a países que tuvieran intereses en los resultados que se buscaban. Error. Segundo error y más grave fue irse a Cuba casi cinco años a entregarles a las Farc todo cuanto pidieron, perdón todo cuanto impusieron. De nuevo se volvieron los ojos a Cuba con lo del ELN que ya nos había hecho ir, para después salir con chorro de babas. El ELN, allá está donde lo crearon, por eso las malas mañas y la falta de seriedad en los procesos intentados. Tu bien los conoces, porque la Corriente de Renovación Socialista si no se aparta de ellos a tiempo, estarías a esta hora en el Chocó, Nariño, Arauca o el Catatumbo, y a cambio de eso lo estás haciendo muy bien como analista en las medios, ganando buenos méritos sin exponerte a causas perdidas…¨ General Salcedo Lora un abrazo. Dice usted bien, mi vida ha sido mejor desde que me retiré del ELN y emprendí el camino de la paz. En los días angustiosos en que me debatía entre seguir por el sendero de las armas o buscar un rincón en la democracia para luchar por ideales que me son muy caros, llegué a una conclusión que ha guiado mis pasos a lo largo de treinta años: al juzgar una causa debes poner cuidado en los ideales que la amparan, pero debes poner más cuidado en los resultados. Había llegado a la guerrilla de la mano de un obispo y de un grupo de sacerdotes humanistas que buscaban justicia y dignidad para los pobres, que hablaban de dar la vida por los desvalidos como lo había hecho Cristo, que me enseñaron la solidaridad y la entrega a los demás, una enorme razón para vivir y para luchar. No tenía nada que reprocharle a esos ideales, no tengo nada que reprocharle a estos ideales, pero ocurrió que al abrazar las armas para conquistarlos, agregué más dolor a la injusticia y los frutos de la equidad, o de la dignidad, no aparecieron por ningún lado. Los ideales eran nobles, pero los resultados desastrosos. Así se lo he dicho después a todos los líderes de todas las guerrillas, así se lo he dicho a todos los dirigentes políticos y militares que han gobernado el país. Más de ocho millones de víctimas, la inmensa mayoría civiles indefensos, son un saldo tan doloroso y tan deplorable que no hay causa que lo justifique, ni la de quienes impugnan el Estado, ni la de quienes lo defienden. No lo han hecho bien los que han estado del lado de la revolución; pero tampoco lo han hecho bien los que, del lado de la Constitución, han participado en este holocausto. El clamor de las víctimas nos iguala de manera triste y vergonzosa. Es la razón por la cual, además de firmar contra viento y marea un acuerdo de paz, he dedicado todos estos años a buscar una salida negociada y pacífica al conflicto armado. Y vea usted general Salcedo, para mis labores de investigación, para mi escritura, he recurrido muy poco o nada al Estado. Quince días antes de que terminara el segundo mandato de Juan Manuel Santos fuí a visitarlo al Palacio de Nariño en compañía de Ariel Avila. Le dijimos que acudíamos a agradecerle el haber firmado el acuerdo con las FARC y a recordarle que en este aspecto lo habíamos acompañado incondicionalmente, que no habíamos firmado siquiera un convenio, uno solo, con su administración a lo largo de los dos mandatos, que los dineros para nuestro trabajo venían de la cooperación internacional, cosa increíble, porque el uribismo nos endilgaba todos los días contratos con su gobierno, pero de las injusticias en el debate público también sabemos mucho. General Salcedo, se duele usted de los procesos judiciales que los tribunales colombianos adelantan contra el expresidente Uribe y de la injusta condena a Andrés Felipe Arias. Le digo una cosa, a mí no me gustaría que el expresidente Uribe terminara en una cárcel pagando una condena dictada por la justicia ordinaria. Creo que él tiene el derecho de acudir a la justicia transicional que se está abriendo paso en Colombia y que asume como principio básico conceder penas alternativas diferentes a la reclusión a cambio de la verdad. Es el camino que han tomado el general Mario Montoya Uribe y otros generales que lo acompañaron en su gobierno. Pero esto requiere declinar la conciencia heroica, aceptar que en la guerra, a pesar de la justeza de los ideales, se producen resultados indeseables y dolorosos por los que debemos responder. Para el tiempo en que firmé el acuerdo de paz con el presidente Gaviria, la normatividad colombiana tenía entre sus recursos la amnistía y el indulto incondicionales, con una sola excepción: el secuestro. Nos sometimos a esas normas. En mi caso fui beneficiario de la amnistìa, pero debo contarle que 25 de nuestros presos siguieron en las cárceles y pagaron sus condenas completas por secuestro, aceptamos a cabalidad, esas, que eran las reglas del momento. Hoy estamos en tiempos de justicia transicional con sus más y sus menos y creo que para el expresidente Uribe, para su familia y para el país sería mejor la aceptación de esta nueva realidad. General Salcedo, el caso de Andrés Felipe Arias ha dado muchas vueltas. También tengo la percepción de que le aplicaron más años de los debidos por los graves delitos cometidos, pero a él lo juzgaron con arreglo a lo que era norma en el momento: un grupo grande de funcionarios del Estado tiene el privilegio de fueros y juicios a cargo del más alto tribunal de la justicia. Los juzgan los jueces más experimentados y probos, a cambio, sólo tienen una instancia. El resto de los ciudadanos están en manos de tribunales regionales y locales, y para protegerles sus derechos tienen la posibilidad de acudir a una segunda instancia. Eso puede cambiar, más ahora en los tiempos del ¨Derecho Dúctil¨. Se podía inventar para los altos funcionarios, además de los fueros y los tribunales especiales, una segunda instancia. Pero es un poco forzado llegar a este punto a propósito de la condena a un funcionario que logró escapar de la justicia por un tiempo y que ha tenido los mejores abogados del país en su baranda. General Salcedo, en este grupo al que asistí por amable invitación de Gilberto Castillo, a quien admiro y respeto, a veces hay conatos de discusión sobre las orillas ideológicas. Déjeme decirle que es muy cierto que me ubico en la margen izquierda. Pero también allí puedo diferenciar ideales y resultados. Ahora más que nunca prefiero que el Estado se encargue de los servicios esenciales de salud y educación y de áreas estratégicas para proteger los derechos de los ciudadanos, especialmente los más desvalidos; hago énfasis en la libertad, aunque no deploro el orden y el control social tan apreciados por la derecha; me gusta más la idea de redistribuir para crecer, que la de crecer para redistribuir; le apuesto más a la seguridad y la convivencia como frutos del consenso que de la coerción. Son diferencias importantes en el marco de la democracia, pero están lejos de la bipolaridad entre comunismo y capitalismo que vivimos a lo largo del siglo veinte. Ahora bien, desde ideales de izquierda o desde ideales de derecha se pueden producir por igual resultados desastrosos. Compare usted general los gobiernos de Evo Morales y Rafael Correa con el de Nicolás Maduro y sabrá, si se atiene con imparcialidad a cifras económicas y sociales, que los dos primeros les dieron un salto hacia adelante a sus países, en cambio Maduro ha liderado una verdadera tragedia. Y vea lo que dejó Macri, tan ponderado por la derecha en la Argentina. Así son las cosas general, el árbol de la vida es verde. Por último, general Salcedo échele un vistazo a la declaración del Grupo de Puebla. Una cofradía de expresidentes y políticos de América Latina que se identifican como progresistas. Son gente que ha gobernado y ha tenido tantos aciertos como errores. Ahora están de vuelta de muchas de sus ideas, se esfuerzan por mirar a la par los ideales y los resultados y quizá de ahí salga algo bueno. En China un gigante lejano que no es para nada un mundo ideal, ni para la izquierda ni para la derecha en Occidente, tienen una institución central del Estado a la que denominan: El Consejo Consultivo del Pueblo Chino. En ella agrupan a los ancianos que tuvieron grandes responsabilidades en las instituciones o a sabios de la nación. Quizá el Grupo de Puebla cumpla esta función en una región que necesita luces en estos tiempos de gran crisis.

Por: Redacción Pares La pandemia de coronavirus ha puesto de manifiesto las décadas de abandono y falta de atención de la salud mental. António Guterres llama a todos los países a asumir compromisos ambiciosos a la hora de tratar enfermedades psicológicas, en el marco de un posible aumento de los suicidios y el abuso de drogas de ámbito mundial. Al presentar su informe de actuación sobre los efectos de la COVID-19 y la salud mental, el Secretario General de las Naciones Unidas destacó que las personas que corren mayor riesgo en la actualidad son los trabajadores sanitarios que trabajan en primera línea, las personas mayores, los adolescentes y los jóvenes, las personas con afecciones de salud mental preexistentes y las que están atrapadas en conflictos y crisis. La depresión y la ansiedad El mensaje de António Guterres encontró respuesta en la directora del Departamento de Salud Mental y Consumo de Sustancias de la Organización Mundial de la Salud, Dévora Kestel. La experta señaló que durante las pasadas crisis económicas «aumentó el número de personas con problemas de salud mental, dando lugar a mayores tasas de suicidio». En un mensaje grabado en vídeo, el máximo responsable de la ONU destacó que los padecimientos psicológicos como la depresión y la ansiedad «constituyen algunas de las mayores causas de sufrimiento en nuestro mundo». Una experiencia que vivió próxima en su propia familia ya que dijo haber estado «cerca de los médicos y psiquiatras que tratan estas afecciones», y destacó ser «muy consciente del sufrimiento que causan. Este sufrimiento se ve a menudo exacerbado por el estigma y la discriminación«. Según los datos de la ONU, antes de la pandemia de COVID-19 la depresión y la ansiedad ya costaban a la economía mundial más de un billón de dólares al año. Además, señala que la depresión afecta a 264 millones de personas en todo el mundo, que cerca de la mitad de todas las afecciones de salud mental comienzan a manifestarse a los 14 años y que el suicidio es la segunda causa de muerte en los jóvenes de 15 a 29 años. La incertidumbre acrecienta el malestar El informe de las Naciones Unidas también se hace eco de una advertencia de la Comisión sobre Salud Mental Mundial y Desarrollo Sostenible de la publicación científica The Lancet, en el sentido de que «muchas personas que antes salían adelante ahora son menos capaces de hacerlo debido a los múltiples factores de estrés generados por la pandemia». Una situación comprensible dadas las muchas incertidumbres a las que se enfrentan las personas, señala el estudio de las Naciones Unidas, antes de destacar el creciente uso de adicciones, tales como el alcohol, las drogas, el tabaco y los juegos de apuestas en línea. Aumenta el consumo de alcohol Un claro ejemplo se produce en Canadá donde un reciente informe destacaba que durante la pandemia aumentó un 20% el consumo de alcohol entre la población de 15 a 49 años. «Durante la emergencia que ha causado la COVID-19, la gente tiene miedo de la infección, de morir y de perder a sus familiares», explican las recomendaciones de las Naciones Unidas. «Al mismo tiempo, un gran número de personas han perdido o corren el riesgo de perder sus medios de vida, han quedado socialmente aisladas y separadas de sus seres queridos y, en algunos países, han sufrido órdenes de confinamiento en el hogar que aplicaron de manera drástica». El documento especifica que en esta situación de crisis son las mujeres y los niños las personas que especialmente corren un mayor riesgo físico y mental, ya que sufrieron un aumento de la violencia y los abuso en el hogar. Otras causas importantes de angustia son la información errónea sobre el virus y las medidas de prevención, la profunda incertidumbre sobre el futuro, junto con «el hecho de saber que las personas pueden no tener la oportunidad de despedirse de sus seres queridos y celebrarles un funeral, una situación que contribuye a incrementar aún más a la angustia». Crece la vulnerabilidad Los datos a nivel mundial parecerían confirmar esta mayor vulnerabilidad mental, dijo Dévora Kestel, citando encuestas que muestran un aumento del sentimiento de angustia en el 35% de la población encuestada en China, el 60% en el Irán y el 45% en los Estados Unidos. Los síntomas de salud mental causados por la COVID-19 incluyen dolores de cabeza, deterioro del sentido del olfato y del gusto, agitación, desvaríos y derrame cerebral, según el documento de las Naciones Unidas. Las afecciones neurológicas ocultas también aumentan el riesgo de hospitalización por COVID-19, señala, mientras que el estrés, el aislamiento social y la violencia familiar probablemente afecten a la salud cerebral y al desarrollo de los niños pequeños y los adolescentes. El aislamiento social, la reducción de la actividad física y la disminución de los estímulos intelectuales aumentan el riesgo de deterioro cognitivo y demencia en los adultos de más edad, añade.

Por: Laura Cano, periodista Pares. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte; pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Los nadies. Eduardo Galeano Como fragmentos salidos del poema de Galeano, así han sido los días de quienes habitan el barrio Altos de la Estancia, en los cerros del sur de la capital. La implementación de aislamiento preventivo obligatorio ha mostrado las caras de los barrios populares, sus gentes, sus paisajes y sus resistencias. Lamentablemente esta ventana abierta para las zonas de periferia no responde a nada diferente sino a las injusticias, que aun en medio de una cuarenta y bajo políticas que supuestamente pretenden preservar la vida y el bienestar, solo han terminado agitando las problemáticas sociales que han acompañado históricamente a estos puntos de la ciudad. Quienes primero se levantaron ante unas dinámicas de cuarentena que no respondieron de manera diferencial a una población altamente vulnerable, fueron justamente los sectores populares, los mismos que primero se quedaron sin qué comer, sin trabajo, los que hoy no tienen cómo atender a las dinámicas virtuales (mientras les dicen que pidan los auxilios económicos y sociales por allí), los que no tienen un hospital cercano, quienes primero se quedaron sin dónde pasar los días. Nos saturaron con la consigna de Quédate En Casa, sin embargo ellos son quienes están en las calles como lugar de pronunciación, no solo de protesta porque no quedó otra alternativa que salir a rebuscarse lo del día a día. Desalojos en medio de la pandemia Desde el pasado 02 de mayo se ha estado alertando de los desalojos que se han realizado en Altos de la Estancia, en los que han tenido participación la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, la Personería Local, el ESMAD, la Secretaría de Seguridad, el IDIGER, la Secretaría de Hábitat, la Policía Nacional e Integración Social. Institucionalmente se ha actuado bajo el argumento que el terreno, en el que actualmente se ubica el Parque Altos de la Estancia, tiene alto riesgo de deslizamiento, situación que ha sido alertada desde 1997. Por otro lado, también se ha insistido en la ilegalidad de los predios, un escenario que no es nuevo, y que incluso se ha constituido como uno de los principales problemas de las periferias bogotanas: por un lado, con los llamados ‘tierreros’, y por otra parte por la cantidad de barrios que después de años no han sido legalizados, lo que implica que no sean tenidos en cuenta en las planeaciones de los gobiernos distritales. Si bien, este viernes en medio de una rueda de prensa el alcalde local, Jaime Flores, aseguró que la intervención fue hecha mediante un protocolo de la manera más tranquila, con el diálogo siempre prevaleciendo, y que, aunque se ofrecieron albergues y servicios de transporte para llevar los trasteos, desafortunadamente las personas no aceptaron la propuesta y por eso la Policía tuvo que proceder. Ellos pedían que fueran censados y que se iban en medida que encontraran un lugar diferente, lo que se ven registrados en las redes sociales indica que la situación es distinta para estas familias desalojadas. La actuación de estas instituciones frente a esta realidad deja varios cuestionamientos: ¿era realmente necesario hacer el procedimiento en medio de una pandemia? ¿los desalojos son más efectivos que cualquier otra medida para atender el problema de los ‘tierreros’? ¿el olvido histórico con los barrios populares piensa ser resuelto con represión? ¿realmente solo brindar la alternativa de los albergues es la forma de mediar con personas que por años se han esforzado por construir sus casas ‘con lo que hay y pueden’? La historia del otro lado Desde el 02 de mayo por redes sociales comenzaron a circular videos de una presencia intimidante de agentes del ESMAD, quienes antes de mediodía habían provocado que muchas personas salieran de sus casas, precisamente no mediante diálogo como se ha insistido, sino por medio de la utilización de gases, aturdidoras y en general un uso excesivo y abusivo de la fuerza por parte del Escuadrón. Estos hogares estaban ubicados allí, por lo menos desde hace ocho (8) años, aunque entendiendo la coyuntura, en efecto, este terreno también se había convertido en la alternativa de habitabilidad para muchos. Según lo informado por la edilesa de Ciudad Bolívar, Luceris Segura y la habitante del Altos De La Estancia, Yenny Camelo, en esta zona entre 300 y 400 personas habían construido sus viviendas. Los desalojos se han extendido durante doce (12) días, demostrando la forma en que llega la institucionalidad a las periferias, en donde se ha gestionado para hacer ruedas de prensa, para llegar con retroexcavadoras, pero no para hacer ofertas más allá de los albergues. Además, también se han concentrado los esfuerzos para que durante las últimas dos semanas hubiera presencia constante de agentes del ESMAD en el Parque. Situación que ha desencadenado en una reiterativa violación de derechos humanos a las personas de Altos de la Estancia. Gracias a los reportes de la misma gente del barrio, se ha podido registrar que allí además de los desalojos ha habido humillaciones, destrucciones de las viviendas sin mediación, golpes; heridos, afectados por los gases, en especial menores de edad y adultos mayores. En general un ambiente de miedo, tristeza y pérdida. https://twitter.com/Col_Informa/status/1259277435125800963?s=20 En este punto es importante señalar dos cosas. Por un lado, los reclamos que hacen algunas de las personas que han sido sacadas de sus casas es que han sido desplazadas de la violencia y ahora son desplazadas por el actuar de la Alcaldía. Este reclamo no es vano, pues Ciudad Bolívar es la localidad en Bogotá con mayor población desplazada por la violencia. Según lo informado por el Observatorio Distrital de Víctimas y el Centro de Memoria Paz y Reconciliación, en 2019 en la capital había 347.294 víctimas del conflicto armado, de estas 29.130 se ubicaban en la localidad 19 de la ciudad. Por otra parte, la población que sufrió los desalojos exigía un plan de reubicación claro. Adicionalmente, aunque se reclamaba la identificación de los funcionarios, como parte de control político, éstos evadieron a la gente diciéndoles que si se tenía algún reclamo podían pasar un derecho de petición por escrito. Aquí venden lotes a diestra y siniestra aprovechando la necesidad de la gente. Por más que las comunidades denuncian lo que pasa no hay investigaciones reales. La gente pone en conocimiento las situaciones, quienes están detrás del negocio, las otras dinámicas que hay como el microtráfico, pero no pasa nada, explicó la edilesa Segura. https://twitter.com/Col_Informa/status/1260689297289732104?s=20 Yenny Camelo aseguró que todavía quedan las personas que tienen los ranchos en pie y a las que se los han tumbado se han tenido que ubicar en otros lotes de otros compañeros, donde también hay confinamiento, pues tres o cuatro familias se están teniendo que meter en una sola casa. Asimismo, se debe señalar que en las denuncias también se ha alertado sobre censura a la prensa que ha estado cubriendo los desalojos. El medio alternativo Colombia Informa comunicó el pasado 10 de mayo que no se les estaba permitiendo el ingreso a los periodistas y que limitaban decir que los desalojos estaban autorizados por la Alcaldía Mayor. “Uno de los corresponsales de Colombia Informa, Carlos Javier Jiménez, no llevaba con él su identificación. Así, uno de los patrulleros que lo detuvo llamó a la Agencia y efectivamente confirmó que se encontraba realizando un cubrimiento periodístico bajo la figura de colaborador. A pesar de esto, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol -Dijin- llegó al lugar y le quitó la cédula y la cámara a nuestro corresponsal. Todas las personas encargadas de prensa fueron retiradas de la zona excepto Carlos Javier Jiménez, quien fue retenido sin informar previamente a este medio”. Ganó la represión Aunque en la mañana de este viernes el secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez, encabezó una rueda de prensa intentando aclarar lo que ha estado pasando, los argumentos siguieron siendo los mismos que se han dado: lugar de alto riesgo e ilegalidad de los predios. Por su parte, Yenny Camelo aseguró que en esa rueda de prensa en la que manifestaban que ellos que ellos estaban en una actitud conciliadora ni siquiera dejaron bajar a ninguna persona de ese terreno para que se pudiera acercar y hablar de la verdad de lo que está sucediendo. Además, salen a decir que la gente los ha recibido con machete y eso realmente no ha pasado, hemos salido a decir que qué van a hacer con nosotros, que nos colaboren. Nosotros no tenemos la intención de quedarnos con el terreno, pero que entiendan nuestra situación, no tenemos otras vías”, aseguró. También llama la atención que no hay alternativas de solución y que la administración siempre ha estado como proponente sin permitir un diálogo horizontal en el que los habitantes tengan la posibilidad de plantear opciones y que estas sean escuchadas. Lo que queda hoy es un terreno en el que ganó la represión y la falta de medidas que atiendan en realidad las necesidades de la población, una población de la que se ha hecho uso político para ganar campañas, para aprobar contratos, para ganar popularidad, pero muy pocas veces para garantizar la dignidad, la cual se seguirá exigiendo. “Este lugar está amparado gracias a la organización de la gente, por la que se dio el Decreto 489 de 2012, el cual dicta que las entidades del Distrito deben brindar recursos a través de un plan de acción para esta zona. Asimismo, en la Resolución 0983 de 2015 se implementan unas fases para la intervención del terreno el cual tiene 72.8 hectáreas, con esto se lograron ubicar cerca de 5000 familias en ese momento, pero quedaron otras y luego por el abandono de la administración de turno (Enrique Peñalosa) el terreno se vuelve a poblar, aclarando que en este periodo se construyeron nueve hectáreas del Parque, pero porque ya estaba adjudicado un contrato desde antes”, aseveró Luceris Segura. Seguramente hay otros medios para atender la situación, en los que debería primar el bien común por encima de la propiedad privada, de los intereses políticos e individuales. Si bien, el terreno puede presentar fallas geológicas, es deber de los entes estatales y distritales promover que a la gente que allí habita se le garanticen cada uno de sus derechos y esas garantías no vienen de la mano de un organismo represor e intimidante como el ESMAD. En las decisiones en las que se afectara a la gente no hay nada que deba priorizarse más que la propia gente, lo que conocen del lugar en el que viven, sus experiencias y sus intereses.

Por: Walter Aldana. Colaborador Pares. A pesar de que alguna parlamentaria de un partido político ha referido en medios de comunicación que las comunidades están desarrollando acciones ilegales al instalar puntos de control a la entrada de municipios, corregimientos y veredas, con el fin de evitar la llegada del covid-19 a sus regiones, aumentan estos espacios de contención del virus. Carolina Quiñonez, es una lideresa de ORDEURCA -organización urbana y campesina-, que viendo la lentitud y dificultad del gobierno departamental, así como de las autoridades nacionales, para dar inicio a las acciones de protección frente al coronavirus, en conjunto con sus compañeras y compañeros de esta organización social y a través de su guardia campesina se dieron a la tarea de realizar movimientos de desinfección a los vehículos y personas que desde los centros urbanos querían llegar a Antonmoreno en Sotará. Con la sola voluntad, los insumos aportados desde sus casas, poco a poco, se fueron consolidando estas tareas. En Argelia coordinados comunidad y administración municipal, en resguardos indígenas con la orientación de las autoridades tradicionales, una guadua rústica inició siendo el elemento físico que impedía el ingreso de vehículos hasta tanto se verificara procedencia y se fumigara incluso las mercancías transportadas. La Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca -ACONC, con la consejera mayor Rosana a la cabeza de esta política, coordinó y llamó a la guardia cimarrona para que asumieran el control territorial del pueblo negro de más de 180 mil personas. En Suárez, Asocordillera, fuerte organización campesina hizo lo propio. Las lideresas y líderes arriesgando su salud, prefirieron asegurar el bienestar de sus comunidades que estar encerrados -como los parlamentarios en sus casas-, mientras los necesitados del ingreso gota a gota o diario deben exponerse en la vía. En algún momento llevaremos a política pública esta participación de las comunidades y así reconoceremos su aporte, ya que a la ciudad de Popayán -tenemos previsto que llegarán personas necesitadas de atención en salud de 17 municipios-, entonces diremos que fue gracias a la acción oportuna y ordenada de las comunidades desde sus guardias indígenas, cimarronas y campesinas, que se evitó fuese mayor el número de contagiados, y eso señora senadora se cuenta en vidas humanas salvadas.

Por: Carlos Castelblanco Pinedo – Redacción Pares. «La memoria histórica no es simplemente un escenario subjetivo sino que está en una relación continua y directa con la verdad. Entonces lo que nosotros decimos es que el CNMH puede construir memoria, pero tiene que registrar la verdad judicial y así tiene que tener en cuenta los relatos y las opiniones de las víctimas, porque la memoria no la deciden unilateralmente los funcionarios del Centro Nacional de Memoria Histórica, sino que dado que la memoria es un componente de reparación, en esa medida tiene que satisfacer a las víctimas. Por eso se habla de la memoria como medida de satisfacción.» Este 6 de mayo, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de los Hechos y Conductas (SARV) de la JEP, mediante auto AT-058, avocó conocimiento de una solicitud de medidas cautelares en relación con el Centro Nacional de Memoria Histórica y adoptó una medida temporal de protección sobre la colección “Voces para transformar a Colombia». La Sala de la JEP consideró que es competente para adoptar medidas de protección de información y medidas cautelares respecto al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), si las actividades que este desarrolla eventualmente ponen en riesgo la debida preservación de la memoria histórica del país y/o los derechos de las víctimas. Pares habló con Gustavo Salazar Arbeláez, magistrado de la JEP de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de los Hechos y Conductas. Abogado y magíster en Ciencia Política de la Universidad de Los Andes. Especialista en justicia transicional, resolución de conflictos, mecanismos alternativos de resolución de conflictos, conflictos, derecho internacional humanitario y situaciones postconflicto. Hay que recordar que la primera semana de febrero de 2019, el presidente Iván Duque nombró a Darío Acevedo, historiador, profesor de la Universidad Nacional y opositor al Acuerdo de Paz, como nuevo director del CNMH, lo cual desató el rechazo de varias organizaciones de Derechos Humanos y de la sociedad civil. Acevedo ha señalado que en su criterio no existió el conflicto armado en Colombia, que los falsos positivos no fueron una política de Estado y, por consiguiente, ha deslegitimado a las víctimas de esta tragedia. «Debemos proteger los derechos de las víctimas» Pares: ¿Por qué esta Sección de Reconocimiento de la JEP decidió adoptar la medida de protección frente a una colección que está en manos del Centro Nacional de Memoria Histórica ¿Cuál fue el origen de esta decisión? Gustavo Salazar Arbeláez: La primera razón es que hay que recordar el origen de la JEP, que es un origen constitucional, el acto legislativo 01 del 2017. Por otra parte los mecanismos que son básicamente de justicia y verdad, nos señala como complementarias a las medidas de reparación y garantías de no repetición. Entonces, lo primero son tres entidades creadas dentro de todo un sistema en el que nosotros no somos simplemente jueces en razón de unas causas en materia transicional, que la gente entiende más como unas causas penales, sino que somos el componente de justicia de un sistema integral, y como componente de justicia y sistema integral ponemos un pie en algún grado, de alguna manera, en elementos de reparación y las garantías de no repetición, pues todo esta interrelacionado. En segundo lugar, el objetivo central del sistema, que es concebido constitucionalmente, es la centralidad de las víctimas y esta se traduce en la garantía de sus derechos y sus derechos en un marco transicional son verdad, justicia, reparación y no repetición. En relación con la medida adoptada y que afecta al CNMH, esta se estudia a raíz de una petición elevada por el senador Iván Cepeda, y con base en medidas y antecedentes del trabajo de la sección. Es así como ya habíamos adoptado unas medidas de protección de información que son un tipo de medidas cautelares orientadas centralmente a la protección de archivos, y una de las ocho entidades que se había vista cubierta por esa medida era el Centro Nacional de Memoria Histórica. Nosotros podemos vincular a través de medidas cautelares a entidades del Estado, a terceros, a comparecientes, etcétera, si ello es necesario para proteger los objetivos del sistema y especialmente los derechos de las víctimas. Así lo hicimos también con Empresas Públicas de Medellín del proyecto de HidroItuango, como lo hemos hecho con la alcaldía de Medellín, como lo hicimos con la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas, y como lo hacemos con el CNMH. Es decir que la sección ya ha reiterado en jurisprudencia, en donde confirma y ratifica su competencia para involucrar, para actuar sobre entidades públicas, terceros privados y públicos y no solamente sobre comparecientes y terceros. Pares: ¿Qué son las medidas cautelares en un escenario transicional? G.S.A: Las medidas cautelares son medidas que buscan garantizar que se desarrolle el proceso y garantizar el resultado del proceso, o garantizar simplemente el resultado del proceso; es decir, si los procesos de la JEP tienen como objetivo los derechos de las víctimas, las medidas cautelares pueden estar orientadas a actos específicos que permitan la protección de los derechos de las víctimas y esos derechos, vuelvo y menciono son entre otros, la verdad, la justicia, la reparación, y en la verdad y reparación está el tema de memoria. El auto proferido tiene un elemento complejo que es el derecho a saber. Verdad, justicia y reparación se anclan en el derecho a saber que a la vez implica dos derechos básicos: el derecho a la verdad y el derecho a la memoria, que no son lo mismo pero que están relacionados. El derecho a la verdad es básicamente la constatación de aquello que sucedió, mientras que la memoria es algo centrado en las víctimas y que tiene un carácter subjetivo, sin ser exclusivamente subjetivo, pues debe estar sometido a constataciones de verdad. Ahora, nosotros tenemos con el CNMH una interacción, como ha sucedido con los tribunales de justicia y paz y del sistema interamericano, en la medida en que la memoria no se puede entender solamente como un relato subjetivo sino que se tiene que entender como un relato que debe tener elementos objetivos, relatos que de alguna manera son verificados o dependen en algún grado de aquello que se constate y las formas de constatación son múltiples, una de ellas es la judicial. Es decir, que la memoria no es simplemente un escenario subjetivo sino que está en una relación continua y directa con la verdad. Entonces lo que nosotros decimos es que el CNMH puede construir memoria, pero tiene que tener en cuenta la verdad judicial así tiene que tener en cuenta los relatos y las opiniones de las víctimas, porque la memoria no la deciden unilateralmente los funcionarios del Centro Nacional de Memoria, sino que dado que la memoria es un componente de reparación, en esa medida tiene que satisfacer a las víctimas, por eso se habla de la memoria como medida de satisfacción. «La memoria histórica debe ser un debate público» Pares: ¿Por qué proteger la colección voces para transformar a Colombia? ¿Cuál es el riesgo que corre esta colección? G.S.A: El peticionario solicita que se evalúe la posibilidad de censura por parte del Centro Nacional de Memoria. En la solicitud pide una medida de protección sobre el guión museológico y por ende sobre el diseño del Museo Nacional de Memoria. Nosotros consideramos que no teníamos elementos para tomar una medida cautelar sobre estos, pero en cambio había elementos suficientes, y aquí hay que decirlo, la medida cautelar no tiene que tener una prueba con certeza absoluta,sino que tiene que tener elementos e indicios que señalen, prima facie, grave de afectación, y lo que nosotros encontramos es que podemos constatar de manera preliminar , que la colección Voces había sido alterada por parte del Centro Nacional de Memoria Histórica, y que ellos se había dado sin consultar a las víctimas. Es decir que la alteración, los cambios que se le hacen a una colección pactada con las víctimas tal como lo denuncian en principio, debe haber sido pactados con las víctimas, no se puede hacer de manera unilateral porque si se hace de manera unilateral no responde a la reparación de las víctimas, no cumple su propósito. Esa medida la decretamos temporalmente mientras obtenemos más elementos de juicio para ver si esa colección permanece y en qué condiciones permanece una vez se hayan allegado las pruebas suficientes. Se dictó la protección solamente sobre la colección Voces, de manera temporal, mientras se surte un debate. Pares: ¿Este auto puede ser el camino que sigan organizaciones de víctimas para proteger documentación, información que han entregado al Centro Nacional de Memoria Histórica? G.S.A: No, en realidad esto no está pensado en eso. Para eso existen las medidas de protección de información. El auto MPI 001 de agosto del 2018 y el auto MPI 002 de 2019 lo hacen, y eso ya está en tránsito, de hecho nosotros ya hemos recopilado la mayor parte de esta información y se le ha sacado copia. La JEP ya tiene casi la totalidad de los archivos del Centro Nacional de Memoria Histórica copiados por esa orden judicial. Pares: ¿Ha recibido alguna respuesta por parte del Director del Centro Nacional de Memoria Histórica? G.S.A: No. Dado que el auto salió hace unos pocos días, él tiene 10 días para responder y solicitar las pruebas que considere pertinentes y consideramos que una vez responda, pues el debate sigue. Una vez responda el Centro Nacional de Memoria Histórica todo el material que se halle en el proceso será remitido a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, a la Unidad de Búsqueda y se abre para opiniones. En las páginas 52-53 del auto hay un listado simplemente enunciativo de 36 organizaciones a las que se les va se les invita a opinar tanto sobre las peticiones el auto como sobre la respuesta del director del CNMH. En la parte resolutiva convocamos a una audiencia, el proceso que sigue es un proceso de allegar pruebas y una vez haya pruebas pues vamos a convocar una audiencia pública porque consideramos que es un tema supremamente delicado que vincula de manera importantísima, no sólo a las víctimas. sino al conglomerado de la sociedad. Este es un debate que se debe ventilar públicamente y allí nosotros veremos, a partir de lo que se recaude, qué decisiones se van a tomar a fin de garantizar los derechos de las víctimas y los objetivos del sistema.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares En la subregión de Bajo Cauca Antioqueño, en las últimas 48 horas, han sido asesinados dos líderes sociales. La Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (ASOCBAC) dio conocer que el pasado miércoles 13 de mayo, en horas de la tarde fue asesinado el líder social Julio César Hernández Salcedo. De acuerdo con las comunidades, el cuerpo del líder fue encontrado en cercanías al corregimiento de La Caucana, en el municipio de Tarazá. Según ASOCBAC, el líder era miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Antonio del municipio de San José de Uré (Córdoba). Asimismo, en las últimas 48 horas también las comunidades del Bajo Cauca han denunciado la circulación de panfletos, presuntamente, de Los Caparros en los que se amenaza de muerte a las personas que ingresen sin ‘autorización’ al municipio de Tarazá. Asimismo, el panfleto amenaza a la comunidad del municipio que esté en la calle después de las 7 de la noche. Las comunidades han solicitado a las autoridades competentes para que se hagan cargo de la situación del municipio, puesto que en el mismo señalan comprendan que una persona de bien y de sociedad no tiene nada que hacer en la calle a altas horas de la noche y más sabiendo cómo está el orden público en la región. Si bien, el panfleto que se atribuye a Emiliano Alcides Osorio Macea, comandante del Bloque Virgilio Peralta Arenas; las autoridades policiales de la región no han podido determinar no han podido determinar la “autenticidad” del mismo y, por tanto, de quién estaría detrás de la acción victimizante. Cabe recordar que el pasado 12 de mayo las comunidades denunciaron el asesinato del líder social Teylor Cruz Gil. El hecho ocurrió en el municipio de Cáceres, en la subregión de Bajo Cauca Antioqueño. De acuerdo con la comunidad, hombres armados arribaron hasta su casa y con armas de fuego acabaron con la vida del líder. El pasado 11 de mayo, también en el municipio de Cáceres, cinco uniformados del Ejército Nacional resultaron heridos tras un ataque con granada. Los militares afectados por el artefacto explosivo pertenecen a la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles que opera en la subregión del Bajo Cauca Antioqueño. De acuerdo con versiones del general Juan Carlos Ramírez Trujillo, comandante de la Séptima División del Ejército, sostuvo que estos hechos podrían atribuírsele al Clan del Golfo como una suerte de “retaliación” debido a que durante el 2020 el Ejército habría neutralizado 458 integrantes del Clan del Golfo a lo largo de los departamentos de Chocó, Córdoba y Antioquia. Disputa en Bajo Cauca Es importante señalar que a la subregión de Bajo Cauca el copamiento criminal llegó casi inmediatamente luego de la salida de los Frentes 36 y 18 de la antigua guerrilla Farc. La tardía llegada del Estado generó el fortalecimiento del Clan del Golfo y del ELN en los municipios de Tarazá, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí y Zaragoza. Fundamentalmente, el recrudecimiento de la violencia viene por cuenta de la disputa de por las rutas del narcotráfico y minería ilegal. Ahora bien, este panorama de violencia, se suma la presencia de los Caparros, precisamente, del Bloque Virgilio Peralta Arenas. Asimismo, en el territorio hacen presencia GAPF, del frente 18. Esta subregión del Bajo Cauca Antioqueño hace parte de la región del Nudo de Paramillo, con las subregiones de Norte y Nordeste Antioqueño y Sur del Córdoba. De acuerdo con las investigaciones de la Fundación Paz y Reconciliación, esta zona se han convertido en un clúster de mercados ilegales, aprovechadas por las estructuras armadas y élites ilegales en tanto que allí encuentran las materias primas de mercados ilegales, como la coca o el oro; también se da el procesamiento y desde allí son comercializadas hacia el interior y fuera del país, puesto que conectan con Medellín, con la costa Caribe y con el Urabá. Asimismo, A este panorama se suma la incapacidad del Estado local y central para generar un ambiente de gobernabilidad y legalidad; una dificultad que se debe no sólo al aspecto técnico y de infraestructura institucional, sino también a la facilidad que tienen las estructuras armadas ilegales para permear la institución. En ese mismo sentido, las estructuras armadas ilegales se han mantenido en el territorio porque élites legales e ilegales han contratado sus servicios criminales. Esto ha conllevado a que en esas tres regiones se reciclen violencias periódicamente y que las afectaciones a los DD.HH. queden en la impunidad.

Por: Laura Cano, periodista Pares. Donde sea que se esculque o se mire se encuentran casos de corrupción, es algo así como, si el mundo político en Colombia se moviera en un sistema paralelo donde lo que predomina es la corrupción, señala Ariel Ávila, subdirector de Pares. En una semana han sido suspendidos dos alcaldes por presuntos hechos de corrupción y por desacato a las medidas establecidas por el Covid-19. Se trata de Luis Antonio Rhenals Otero, alcalde de Cereté (Córdoba) y Elvira Julia Mercado Acevedo, alcaldesa del municipio de Sucre (Sucre). En varias partes del país se han denunciado además, irregularidades en la contratación y entrega de las ayudas. Es como si la corrupción y el abuso contra los colombianos no se hubiera ido de cuarentena, dijo el Procurador General de la Nación Fernando Carrillo en una entrevista con RCN Radio. Estamos vigilando más de 800 mil millones de pesos en contratación.Y ya se ha determinado que más del 10 ó 12% se ha ido en sobrecostos. (…) Aquí parece que la gente se quiere aprovechar del hambre y las necesidades de salud de los colombianos para convertirlos una vez más en el banquete de los corruptos. Ambos hechos se informaron el 13 de mayo, luego que se decidiera, en el caso de Rhenals, abrir una investigación por lo que podrían ser sobrecostos en la adquisición de alrededor de 20.000 mercados por $500 millones. Tras esta decisión también se estableció retirar de su cargo al Secretario de Desarrollo e Inclusión Social, Juan Felipe Angulo Eljach, ambos por tres meses, tiempo determinado para evitar una posible reiteración de la conducta investigada e igualmente, para no generar entorpecimientos en el proceso. De acuerdo con la investigación de la Procuraduría Regional de Córdoba, al parecer los estudios previos elaborados no cumplirían con los requisitos de ley, así como tampoco se habría verificado la capacidad, idoneidad y experiencia relacionada por parte de la empresa contratada para suministrar los mercados. El Ministerio Público busca establecer si se seleccionó la oferta más favorable para el municipio y si se habría vulnerado los principios de la contratación estatal como la transparencia, selección objetiva, responsabilidad y libre concurrencia, informó el organismo de control. En el caso de Elvira Julia Mercado Acevedo se tomó la decisión de retirarla de su puesto durante tres meses, luego de que por redes sociales circulara la denuncia de que ella se encontraba violando las medidas decretadas con el aislamiento preventivo obligatoria. El hecho puntual se registró durante una celebración realizada entre la noche del 03 de mayo, hasta la madrugada del 04 de mayo, en la que pudo, además, haber presencia de otros servidores de la Alcaldía y del Hospital Santa Catalina. Se investiga a la mandataria local por presunta inobservancia de las ordenes de distanciamiento social y del no uso de elementos de protección, y por al parecer propiciar la circulación de personas que acudieron a la celebración, presuntas irregularidades que a juicio de la Procuraduría se tornan más reprochables aun, teniendo en cuenta el cargo y los deberes que tiene como alcaldesa municipal, señaló la entidad. Investigaciones en medio de la cuarentena Estos no han sido los únicos hechos de investigación y suspensión a funcionarios públicos durante la cuarentena decretada a causa del Covid-19. Cabe señalar que estos hechos se dan, en su mayoría, por presuntos hechos de corrupción con el dinero que ha sido destinado para cubrir los costos en la entrega de ayudas a las poblaciones más vulnerables. Lo que agrega una grave variante más a toda la problemática social que se ha agudizado con el virus. El pasado 24 de abril la Procuraduría General Procuraduría General de la Nación presentó un comunicado con las primeras decisiones que se tomaron tras las investigaciones que se habían iniciado ante las alertas que se habían hecho por posibles hechos de mal manejo de los recursos públicos. En ese primer momento se afirmó que se adelantaban 24 procesos disciplinarios contra 14 gobernaciones, 70 en 55 municipios y 24 entidades del orden nacional y territorial. También que se estaban realizando 1.286 actuaciones de las cuales 990 corresponden a acciones preventivas y 296 a procesos disciplinarios. Además, que este organismo junto a la Contraloría y la Fiscalía habían recolectado pruebas en las gobernaciones de Tolima y César, los municipios de Malambo y Soledad en Atlántico, y otros 11 procesos, para definir evaluación sobre juicio disciplinario. Por su parte, por lo que podrán ser irregularidades en la contratación se adelantan 40 procesos, por sobrecostos en la adquisición de mercados 28 y por sobrecostos en adquisición de elementos de protección 6, por trasgresión del aislamiento obligatorio 9, por vulneración de derechos de la población carcelaria con ocasión de la pandemia 3, por extralimitación de funciones de servidores públicos 2, y por otros hechos 34. Suspendidos e investigados El primer caso de suspensión a dirigentes gubernamentales o locales se dio en Calarcá, Quindío al alcalde Luis Alberto Balsero y su secretario administrativo, José Winser Garzón. Esto, luego el representante legal de la empresa Inversiones Echeverry S.A.S y propietario del Supermercado El Progreso» presentara denuncias por presuntas irregularidades con el contrato de suministro No. 007 de 2020, el cual se había realizado por $396.951.000, mientras que el denunciante dice que éste fue firmado por $15 millones, además que desconoce su firma, la cual pudo ver cuando el documento fue publicado en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP I. Mientras tanto, en el Chocó fue retirado de su cargo por tres meses el gobernador de este departamento, Ariel Palacios Calderón, quien había firmado un contrato por más de $2.000 millones con la Fundación Chocó Saludable, en el que se incluía la realización de sesiones educativas de dos horas sobre: limpieza, desinfección, manejo de animales, enfermedades crónicas, autocuidado y salud mental, lactancia materna, sexualidad, gestante, higiene respiratoria en el trabajo, prevención de enfermedades respiratorias agudas y tuberculosis. La Procuraduría advirtió un supuesto desconocimiento de los principios de la contratación estatal, teniendo en cuenta que la mayoría de las actividades a desarrollar en el objeto del contrato no son imperiosas ni podrían ser consideradas como un aporte significativo a la mitigación de la pandemia por el covid-19, máxime si se tiene en cuenta que existen necesidades urgentes y prioritarias como el pago de salarios, y la dotación de elementos de bioseguridad para el personal médico y de enfermería que tendría que atender a las personas que resulten infectadas con el coronavirus, aseveró el órgano de control. Igualmente, se adicionó que estas jornadas representaban también una violación a la cuarentena decretada por el Gobierno. Asimismo, el pasado 05 de mayo Daniel Enrique Montero Montes, alcalde Tierralta (Córdoba) y su secretario de Gobierno, Loyar Manuel Pineda Delgado, fueron suspendidos provisionalmente por presuntos sobrecostos en un contrato por $750 millones, el cual tenía como fin la adquisición de mercados para atender la emergencia sanitaria. Además, de posibles irregularidades en el Contrato 042, del 26 de marzo, el que rondaría los $190 millones para la adquisición de 10 mil kits de mercados. La Procuraduría dijo que se investigan presuntas irregularidades en la etapa contractual y una supuesta violación a los principios de responsabilidad, selección objetiva y planeación, ante la aparente ausencia de estudios previos y análisis de mercado, la identificación de la población objeto y beneficiaria de las ayudas, y de las bases de datos para verificar la focalización e identidades de las personas que están recibiendo las ayudas. Adicional, también se suspendió al secretario de Gobierno de Puerto Tejada, Cauca, Pablo Mina, por realizar traslados de forma irregular de 18 migrantes venezolanos en un furgón particular hacia Cali, sin cumplir las normas de bioseguridad, protocolos de traslado y sin una previa coordinación con Migración Colombia. Cabe señalar que los anteriores no son los únicos hechos. Durante la cuarentena también se han abierto investigaciones tanto a funcionarios públicos, como a instituciones estatales. Estas están vinculadas con estos procesos no solo por la mala distribución y priorización del dinero, sino también por un mal manejo de la crisis, lo que ha afectado directamente a las poblaciones donde se ha esperado que se trate la emergencia con responsabilidad e interés por la gente. Sin embargo, las acciones de estos funcionarios demuestran que en el país se sigue buscando el bien particular por encima del común. Las investigaciones que ha llevado a cabo la Procuraduría desde lo informado el 24 de abril hasta la fecha han involucrado a: · Alcaldesa de El Socorro, Santander, Claudia Luz Alba Porras Rodríguez, por presuntas irregularidades en la celebración de dos contratos por más de $325 millones de pesos. · Gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por presuntas irregularidades en el contrato para la realización de eventos y actividades artísticas en el municipio de Cravo Norte, por $570 millones. También se abrió investigación y se vinculó a los secretarios de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Luis Medardo Tovar Altuna; de Desarrollo Social, Carolina Muriel Zea; al gerente de Contratación, Heivind Palomino Gutiérrez, y al profesional universitario coordinador de gestión del riesgo del departamento, Edwar Enrique Portillo, por presuntos sobrecostos en la contratación de paquetes alimentarios para 33.437 familias del departamento por $4.463.379.180. · Alcalde de Guaduas, Cundinamarca, Germán Herrera, por presuntos sobrecostos en dos contratos, por $560 millones de pesos, para el suministro de mercados y elementos de aseo, presunta falta de idoneidad del contratista y productos incompletos o sin el gramaje completo. · Alcalde de La Palma, Cundinamarca, John Jairo Pulido Pulgarín, por presuntas anomalías contractuales relacionadas con posibles sobrecostos e irregularidades en la selección de contratistas para la firma de un convenio por $65 millones de pesos, para la entrega de productos básicos a las familias más vulnerables del municipio. · Alcaldías de Malambo y Soledad, en el Atlántico, y las gobernaciones de Cesar y Tolima, así como en otros 11 procesos más, avanza la indagación preliminar para evaluación sobre posible juicio disciplinario o la apertura de investigaciones disciplinarias. · Gobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, se le vinculó formalmente a una indagación preliminar por presuntas irregularidades en la vigilancia de la delegación que hizo en la Secretaria General del departamento, Lorena Paola Hernández Dangond, para suscribir 37 contratos, por más de $14.065 millones, para la adquisición de 88.700 kits de mercados, abarrotes y tarjetas o bonos para redimir en establecimientos de comercio. · Diputados Raúl Romero Rodríguez y Petra Romero, por presunta participación en política en la entrega de ayudas alimenticias en el departamento, posible extralimitación de funciones y quebrantamiento de las medidas de la cuarentena. · Por el caso de los subsidios Ingreso Solidario se adelanta un proceso preventivo y otro disciplinario, en el que se evalúa si se presentaron irregularidades en la planeación y ejecución que hubieran podido causar un detrimento en el monto de las ayudas. · Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo Eduardo José González, y funcionarios por establecer por denuncias sobre presuntas irregularidades y sobrecostos en la entrega de un millón de mercados. · Gobernador de Putumayo, Buanerges Florencio Rosero Peña, por presuntos sobrecostos y posible vulneración al principio de planeación en la compra de 10 ambulancias para el departamento por un total de $3.460.634.610. La decisión también cobija al secretario de Salud, Jorge Alberto Molina Giraldo, y a las jefas de las oficinas de Prestación y Desarrollo de Servicios, Fanny Chávez, y de Salud Pública del departamento, Alexandra Benavides González. · Alcalde de El Doncello, Caquetá, Gerson Enrique Gaviria Cuestas, por la presunta adopción de medidas que vulnerarían el derecho fundamental a la salud de los ciudadanos del municipio. · Director del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia (FPS), Jhon Mauricio Marín Barbosa, por presuntas irregularidades contractuales por más de $196.000 millones. · Funcionarios de Mindefensa y Policía por viaje realizado el pasado 15 de abril por el coronel Carlos Alberto Ruiz Reyes a EE. UU., para asumir como agregado de policía ante las Naciones Unidas en Nueva York. La indagación busca establecer si se habría desatendido que a partir del 16 de marzo las autorizaciones de comisiones al exterior, con o sin erogaciones del erario, quedaban suspendidas. · Funcionarios de la alcaldía de Ibagué por contrato para la construcción y adecuación del coliseo mayor en el parque deportivo de la capital del Tolima, por un valor que supera los $43.917’090.564,00 millones. · Secretario de Salud del departamento, Carlos Tirso Murillo Hurta, por supuesto sobrecosto en un contrato por más de $1.700 millones, que tenía objeto similar al que dio lugar a la suspensión provisional del mandatario departamental. · Subdirector del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros de Armenia, José Javier Acero Osorio, por presuntas irregularidades en el pago de servicios de alimentación a la empresa ‘Guitarra & Coffee’ por el valor de $8.177.600 por servicios prestados los días 1 y 2 de abril, sin que mediara contrato que respaldara los servicios entre la administración y el proveedor. · Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), brigadier general Norberto Mujica Jaime, por presuntas irregularidades en el procedimiento de traslado de internos ante la emergencia sanitaria derivada del covid-19.

Por: Redacción Pares El último informe realizado por la Comisión Global de Política de Drogas: LA APLICACIÓN DE LAS LEYES DE DROGAS UN NUEVO ENFOQUE EN LAS ÉLITES DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA señala que es urgente que se introduzcan reformas fundamentales en la política de drogas y analiza las consecuencias dramáticas de la “guerra contra las drogas” entre los pueblos de la región; una guerra impuesta por los Estados Unidos, el mayor mercado de consumo de drogas ilegales del mundo. La Comisión dio la voz de alarma sobre la forma en que este enfoque represivo frente a las drogas estaba debilitando las instituciones democráticas, fortaleciendo a las organizaciones delictivas, propagando la corrupción y alimentando la violencia a medida que se intensificaban las guerras territoriales entre los delincuentes o entre las organizaciones de la delincuencia y las fuerzas del orden. Por su parte, en la más reciente investigación de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, El tráfico de cocaína de Colombia hacia el mundo, y a pesar de los discursos del Presidente Duque por generar una fuerte estrategia para la erradicación, los datos muestran que en el 2019 se presentaron las cifras más altas de cultivos de hoja de coca: 212.000 hectáreas, precedidas por las 208.000 que se registraron en el 2018, el primer año completo del periodo de Iván Duque. Perú, Bolivia y Colombia se han configurado como los países que mayor producción de cocaína han concentrado concentrado en la región, presentando un aumento continuo en los últimos tres años. Lo anterior, representa un panorama contrario a los argumentos del gobierno de Iván Duque, donde se afirmaba que esto se había dado por “la mano blanda del gobierno Santos y del Acuerdo de Paz”. «Duros con los débiles y débiles con los duros» El tema de las drogas se ha estudiado mucho y desde muy distintos ángulos. La polarización del debate internacional entre “prohibicionistas” y “legalizadores” ha conseguido paralizar, en la práctica, la búsqueda de alternativas intermedias que podrían fácilmente conciliar la necesidad de regular socialmente el consumo de alucinógenos y minimizar los costos derivados de su persecución, que ya comienzan a ser mayores que los beneficios resultantes de la prohibición. Esta “sin-salida” de una guerra que todos ven perdida, manifiesta el expresidente Ernesto Samper, pero que nadie se atreve a declararlo, se explica por el elevado contenido moral que se le ha querido dar al debate, satanizando unos el consumo de drogas mientras otros lo defienden con el argumento del derecho absoluto e inalienable del individuo a consumirlas como parte del ejercicio de su libre albedrío. La Fundación Pares realizó este miércoles un conversatorio con la participación del expresidente Ernesto Samper Pizano, León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación y con la moderación de Diego Restrepo, Coordinador de la Línea Conflicto Paz y Posconflicto de Pares y en el que analizaron la política antidrogas en Colombia: ¿UNA GUERRA PERDIDA? Partimos de la base de que hay un reconocimiento casi universal, explicó el expresidente Samper, de que la prohibición como política para el control del tema de las drogas ilícitas ha sido un fracaso, así lo demuestra la existencia de más de 300.000 consumidores de drogas en el mundo y como el mercado de drogas ha ido evolucionando. A partir del reconocimiento de que la prohibición no es el camino. El Estado no puede renunciar a intervenir en un en un fenómeno como el fenómeno de las drogas ni por el lado de la oferta, ni por el lado de la demanda. El tema de la descriminalización permite que ciertas conductas relacionadas con la cadena de las drogas se sigan considerando como conductas antisociales o conductas que hacen daño social pero el tratamiento normativo que se les de es distinto entonces allí es donde se debe hacer una distinción entre lo que son los eslabones débiles de la cadena de las drogas y los eslabones fuertes: los grandes capos, los empresarios y las empresas que lavan esas grandes cantidades de dinero, por ejemplo. Lo que estamos registrando es que hemos sido muy duros con los débiles y muy débiles con los duros. ¿Quiénes son los débiles? los eslabones débiles de la cadena las drogas son, en primer lugar los campesinos que producen la coca, la marihuana, la amapola, que después se procesa industrialmente, son los consumidores en sus distintas versiones, los consumidores recreativos, los consumidores por razones medicinales, los consumidores adictivos, para esas personas el tratamiento que se les debe dar no es un tratamiento punitivo, sino un tratamiento de carácter resocializante o restaurativo, señaló Samper. Por su parte, León Valencia señaló que hay 25 millones de consumidores en el mundo en los últimos cuatro años y 1.5 millones en EE. UU., eso es un primer factor para tener en cuenta. Como segundo factor está el dólar y el euro, un dólar a $4.000 tiene una rentabilidad económica enorme. Y lo otro es que hay un paraguas del uribismo hacia las fuerzas criminales: políticos y empresarios amparan esos negocios. Por ejemplo, indicó el analista, hace dos años estábamos en Tumaco y hablando con la gente involucrada en el negocio nos decían que fuéramos a buscar a los dueños del negocio en Cali o en Medellín. También, ha habido una laxitud de este Gobierno frente a todas esas corrientes políticas y frente a los sectores militares y policiales que tienen más relación con el negocio. El Gobierno se hace el bobo, la Ministra del Interior diciendo no sabe qué es lo que pasa en el Cauca, nosotros sí sabemos lo que pasa y es que este es un lugar impresionante de tráfico hacia el Pacífico lo que genera una disputa por los corredores y el tráfico. La última variable, enfatiza Valencia, es un paraguas que, esta vez, ampara el crecimiento de esas organizaciones criminales y a cuenta de esto están muriendo líderes sociales y se está envenenando más el país. Un enorme daño social El problema del daño colateral producido por la lucha contra las drogas es en Colombia particularmente sensible. Por cuenta de la lucha contra el narcotráfico que ha vivido el país en los últimos treinta años, que deriva en la entrada tumultuosa de capitales clandestinos, se ha revaluado el peso colombiano al punto tal de que la tasa de cambio negro ha permanecido durante muchos años por debajo de la tasa oficial. Las zonas donde se producen los cultivos ilícitos han quedado, por su parte, devastadas ambiental y socialmente por las fumigaciones aéreas, y se han producido movimientos telúricos de desplazamiento de campesinos e indígenas por todo el territorio nacional; los grupos alzados en armas han fortalecido con dineros obtenidos de actividades relacionadas con el narcotráfico su capacidad subversiva y terrorista. El Estado, explica el expresidente Samper, ha debido aplazar inversiones sociales para financiar el combate de la producción y exportación de cocaína y heroína; se han pagado muy altos costos institucionales en materia de justicia, transparencia democrática y libertad de opinión por cuenta de esta misma lucha. La pregunta que nos hacemos muchos colombianos, todos los días, es si se justifica en términos económicos, esta inversión de varios puntos del PIB para producir en la cadena final del negocio un efecto apenas marginal en la reducción del consumo. ¿Qué le vendió el uribismo después de Santos al país? -Si nos vuelven a elegir retomamos la lucha contra el tráfico, cultivo y procesamiento de droga, el cual Santos fortaleció- resulta que no ha sido así, declaró León Valencia. En el 2017 teníamos 208.000 hectáreas, ahora tenemos 212.000 hectáreas de coca sembrada y estamos exportando más cocaína, con unas particularidades especiales; estamos producción de igual proporción de manera activa en relación con países como Perú y Bolivia, ahora, también sube por igual la minería ilegal y el narcotráfico. Estamos en el peor momento de la historia del narcotráfico en Colombia. Es un total fracaso de las políticas del presidente Duque y del uribismo el manejo de las drogas. Una política exterior subordinada La política de drogas de Colombia se ha caracterizado por acoplarse a la Guerra contra las drogas, impulsada por Estados Unidos. Colombia, al ser principalmente productor de drogas, se ha enfocado en la erradicación de cultivos de uso ilícito y perseguir el narcotráfico. Así, Colombia ha sido el principal aliado estadounidense en la región y, al ser un aliado estratégico, ha recibido ayudas económicas y militares. Esto ha hecho que Colombia sea percibida por los países vecinos como una amenaza y un actor conflictivo en la región. Según Samper, en Colombia han existido dos grandes tendencias de política internacional: una es el respice similia, que es mirar hacia los vecinos, hacia los semejantes, que de alguna manera ha inspirado todos los avances en materia de integración regional , el tema de los no alineados, el compromiso digamos con países que no necesariamente están en la órbita americana, y la segunda tendencia es la del repicie polum, que es mirar hacia el Polo, sintonizar la política internacional con los intereses de Estados Unidos. Yo, resalta Samper, que he seguido de cerca la política pública nunca había visto un nivel de sometimiento de la política internacional como lo estoy viendo en este momento de la política de este gobierno a los intereses de Estados Unidos, hasta el punto de que ni siquiera tenemos podríamos decir que tenemos prioridades internacionales distintas a las que piden los Estados Unidos. El señor Trump será recordado en América Latina porque fue el que expulsó a los migrantes de los Estados Unidos, el que subió los aranceles de nuestros productos y la persona que renunció a los a los compromisos del cambio climático que es una cuya zonas más afectadas es el Caribe Latinoamericano. Es la persona que más daño le ha hecho a las relaciones con América Latina y es la subordinación más cercana que hemos tenido a los Estados Unidos. Señaló Samper. Después de la política de drogas, este es el otro fracaso enorme del gobierno de Duque. Toda esta política de subordinación a Estados Unidos se hace en un momento inoportuno, explicó León Valencia. Una cosa es asociarse a la gran potencia mundial que domina los intereses del mundo, pero nos estamos montando en un avión que está fallando. En este momento EE. UU. ha perdido la hegemonía mundial y hay unos actores que están en ascenso como China y Rusia. Por otro lado, la política de Trump ha sido encerrarse en EE. UU. y proteger sus supuestos interés y nosotros nos asociamos a esa política que está en decadencia. Con lo anterior y apropósito de la crisis que ha provocado el Covid-19, se va mostrando de manera dramática la situación en la que está ese país y ese es al barco al que nosotros nos estamos montando. Además, hay unos desplantes de Trump a Duque y él ni se entera, así tenemos a todos los actores en contra nuestra. Estamos entregando toda nuestra política internacional a una potencia en decadencia, con un presidente como Trump que ya no tiene un prestigio enorme, las encuestas a Trump no lo favorecen aquí, ni en toda América Latina. Lo que dicen es que “este señor es un loco que está en cabeza de Estados Unidos” finalizó señalando el analista. La estrategia colombiana y norteamericana contra Maduro, señalan las investigaciones de la Fundación Pares, se basa en el principio de que por allí sale la mayor cantidad de droga que se produce en Colombia. Sin embargo, al revisar los datos del propio gobierno de los Estados Unidos las cosas no cuadran. Los datos de CCDB de los EE.UU muestran que los flujos de cocaína a través de Venezuela han disminuido desde su pico en 2017. Según los datos de CCDB, la cantidad de cocaína que fluye a través de Venezuela cayó un 13 por ciento de 2017 a 2018, y parecía continuar disminuyendo ligeramente hasta mediados -2019. Según este último informe de Pares, El tráfico de cocaína de Colombia hacia el mundo, queda claro que el gran problema del tráfico de cocaína está en el Pacífico colombiano, lugar donde actualmente se vive la ola de violencia más grande del país, cerca de una veintena de organizaciones criminales y grupos armados ilegales se disputan metro a metro el control territorial de esta región.

Por: Redacción Pares Las interceptaciones y seguimientos ilegales por cuenta de la inteligencia militar contra organizaciones sociales, políticos, periodistas y magistrados están al servicio de dirigentes del uribismo y de una red de corrupción de militares con bandas delincuenciales, como el Clan del Golfo y la Oficina de Envigado, así lo señaló este miércoles el senador Iván Cepeda, durante el debate que se llevó a cabo este miércoles en la Comisión Segunda de Senado. “El debate que hemos planteado desde la oposición tiene que ver con este aparato criminal de inteligencia que, como se sabe, buscaba hacerle daño a los líderes de oposición, a periodistas, magistrados, defensores de derechos humanos y al proceso de paz. También hemos señalado que este aparato de inteligencia ilegal está vinculado a la ‘Operación Bastón’ que ha puesto al descubierto un entramado de corrupción que vincula a cerca de 300 oficiales y suboficiales del ejército y al menos a 16 generales con políticos, el Clan del Golfo y la Oficina de Envigado, para desvirtuar y ocultar estas denuncias que se estaban produciendo en el ejército sobre corrupción y violaciones de derechos humanos”, señaló Cepeda. En este sentido, se estableció que nueve (9) generales están detrás de esas acciones ilegales, que serán denunciadas penalmente y expuestos ante instancias internacionales. Algunos de los altos oficiales comprometidos son: General Eduardo Quirós: tuvo que salir del Ejército al revelarse la investigación de Semana, jefe del Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar, CACIM participó de la persecución contra quienes estaban filtrando información a periodistas sobre corrupción y violaciones de DDHH. General Gonzalo García Luna: pidió su retiro siendo comandante del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia, en el marco de los escándalos por las “carpetas secretas” viene desde el DAS y participó en las chuzadas de los gobiernos de Uribe. General Adelmo Fajardo: investigado por la Corte Suprema de Justicia por supuestamente desviar dineros públicos para gastos personales. General Jorge Horacio Romero: habría montado un negocio en la Cuarta Brigada para recibir dinero a cambio de la entrega de salvoconductos para armas de integrantes de la Oficina de Envigado. General Juan Pablo Rodríguez: según Semana, tendría relación con el escándalo de inteligencia del Comando General de las FFMM. Estaría interesado en espiar a José Miguel Vivanco de Human Rights Watch (HRW) por denuncias en su contra por “falsos positivos”. General Diego Luis Villegas Muñoz: En una reunión en la sede de la Trigésima Brigada indicó a los asistentes: “Acá lo que toca es dar bajas. Si toca sicariar, sicariamos”. Sostuvo que tenían alianza con Los Pelusos para atacar al ELN. General (r) Jorge Humberto Jerez Cuéllar: el 13 de febrero de 2015 en la finca Montecristo ubicada en zona rural de Montería, el general Jerez, quien en ese momento se desempeñaba como comandante de la Segunda División del Ejército, se reunió con el testaferro de narcotraficantes José Guillermo “Ñeñe” Hernández. General Mauricio Moreno: el general tiene varias denuncias de sus propios subalternos que lo relacionan con supuestos casos de corrupción. Estos van desde desvío de recursos hasta complicidad con criminales cuando fue comandante de la Fuerza de Tarea Titán. General Nicacio Martínez, como inspector del Ejército conoció estos casos, y bajo su mando el aparato de contrainteligencia contra la corrupción interna se transformó en el aparato de inteligencia criminal. El senador advirtió que esta no era una operación de ‘perfilamiento’. La inteligencia criminal se hacía más allá de la recolección de datos públicos de las víctimas y buscaba servir a propósitos políticos claros, los blancos seleccionados han sido objeto de seguimientos, amenazas, chantajes y operaciones difamatorias. Junto a los senadores Gustavo Bolívar, Feliciano Valencia y Antonio Sanguino, Cepeda anunció que se elaboró un informe para la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en relación con el aparato de inteligencia criminal y la Operación Bastón. Se denunciará penalmente a los nueve generales mencionados por los presuntos delitos de violación de comunicaciones, concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, entre otros. Copia de esa denuncia se entregará a la CPI para lo que considere dentro de su competencia de acuerdo con el examen preliminar que realiza sobre Colombia. También se entablará denuncia penal contra Rafael Nieto Loaiza, miembro del Centro Democrático, por haber presuntamente cometido los delitos de violación ilícita de comunicaciones y concierto para delinquir. Por último, se le solicitará a la Contraloría General de la República auditar el patrimonio de los generales y su relación en los procesos de contratación o manejos de recursos públicos en los que hayan participado.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares El Tribunal Superior de Antioquia, por medio de la Sala Especializada en Restitución de Tierras— le solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar a BANACOL, Bananeras de Urabá S.A y UNIBAN por, presuntamente, concierto para delinquir y financiación voluntaria de grupos paramilitares, delito que es considerado por la Fiscalía como de Lesa Humanidad, tal como señala el fallo. Este fallo resuelve declarar imprósperas las oposiciones planteadas por Bananeras de Urabá S.A., Aristóbulo Vinicio Cabrales Barrera y Agricola Sara Palma S.A. y, en consecuencia, no reconocer compensación por no acreditarse el obrar de buena fe exenta de culpa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras; ni tampoco se otorgará ninguna medida adicional a su favor al no reunir las condiciones descritas por la Corte Constitucional en la sentencia C-330 del 23 de junio de 2016 para ser considerados segundos ocupantes, según lo motivado en esta providencia. (Descargue aquí la sentencia) Vale la pena recordar que, según un análisis hecho por la Fundación Forjando Futuros a 3.761 sentencias, arrojó que el paramilitarismo es responsable del 55% del despojo y abandono de tierra, por enfrentamientos el 22%, guerrilla el 16%, no definido el 6% y el Estado 1%. En el caso del municipio de Turbo, el despojo de tierra ha sido, en el mayor de los casos, responsabilidad de los grupos paramilitares en un 87%. Durante el proceso paramilitar, testaferros vendieron o cedieron a políticos y empresarios tierra despojada. Muchos de ellos se hicieron pasar como Terceros de Buena Fe que adquirieron la tierra pero que, alegan, no sabían que era producto de desplazamiento. Una historia de despojos Históricamente las comunidades de la región del Urabá Antioqueño —ubicada entre los departamentos de Antioquia, Chocó, y Córdoba, en la zona conocida como Tapón del Darién en zona fronteriza con Panamá— han adelantado una lucha en busca de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición. Precisamente, una de sus luchas tiene que ver con la restitución de tierras en una zona bananera, con alta presencia y victimización paramilitar. Tras estos años de lucha en la región, campesinos de la vereda conocida como California, ubicada en el Corregimiento de Nueva Colonia, en zona rural del municipio de Turbo (Antioquia); lograron un fallo para la restitución de unas tierras. Esto por cuenta de la decisión emitida por la Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia en el que se ordena la restitución de 14 predios. De acuerdo con el fallo en el antecedente No 4.3 el Corregimiento de Nueva Colonia fue dominado territorialmente por los paramilitares entre 1995 y 2004; el frente «A/ex Hurtado» del Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia, fue el encargado de desarrollar allí el proyecto criminal, grupo comandado por Raúl Emilio Hasbún, quien comandó con los alias de «Pedro Ponte» o «Pedro Bonito». Asimismo, señala que en el corregimiento Nueva Colonia conjuntamente con las AUC, operó la CONVIVIR Papagayo, en la que fungía como director logístico y de inteligencia Antonio Arboleda, quien colaboró activamente con las AUC para lograr el control de la zona desde lo militar y facilitar el despojo de tierras a campesinos que explotaban predios en esta región; este grupo armado ilegal logró consolidarse en la región del Urabá, perpetrando extorsiones, homicidios, masacres, desplazamientos forzados y todo tipo de vejámenes contra la población civil. Urabá S.A. Adicionalmente, según el documento, la “Agencia Nacional de Tierras, se pronunció indicando que por parte del INCODER se inició el proceso de recuperación del predio baldío reservado de la Nación que se conoce como «La Niña», indebidamente ocupado por la empresa Bananeras de Urabá S. A.”. El documento señala explícitamente que quien se benefició y lucró del despojo fue Bananeras de Urabá S.A. representada legalmente por Rosalba Zapata Echeverri, madre de Felipe Echeverri Zapata; empresa que ocupó de manera indebida y explotó las tierras a través del cultivo de banano para exportación, desde el momento que se da el hecho victimizante. Por otra parte, la decisión indica que esta fue una práctica sistemática por parte de Bananeras de Urabá S.A. “Está demostrado que compró mejoras en varios predios afectados por contextos de violencia asociados al conflicto armado en sentido amplio, motivo por el cual demuestra actividades o comportamientos repetidos a pesar del escenario vivido, de lo cual puede deducirse el aprovechamiento masivo de la situación de violencia; el carácter repetido y el esquema de compras da lugar a la posibilidad de una planeación que otorga a sus comportamientos un atributo de patrón de sistematicidad.” Retorno de las víctimas Con relación al retorno de solicitantes el fallo ordena a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que esta coordine y articule el diseño de acciones en conjunto con las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las víctimas. Para ello se tendrán en cuenta aspectos en (i) materia de seguridad, (ii) educación y capacitación (iii) Seguridad en la Restitución (iv) Materia de vivienda y proyectos productivos. De acuerdo con Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros— que es apoderada de nueve (9) solicitantes en el fallo, es importante señalar que el lugar en dónde se hace la restitución es una zona de influencia de la construcción del puerto en Turbo. Le restituyen a 14 familias que fueron despojadas de sus tierras por grupos paramilitares en el año 2000. Asimismo, señaló que se ordena investigación a los dueños de bananeras Rosalba Zapata y Felipe Echeverry Zapata por el presunto delito de concierto para delinquir en la financiación de grupos paramilitares. Estos procesos —que fueron enviados a la Fiscalía General de la Nación— deben estar en manos de la Corte Penal Internacional. Debido a que estos procesos llevan más de 15 o 20 años sin que haya justicia, de mano en mano en la Fiscalía. Vega también se refirió a que el Juzgado Primero Civil ordenó, por una parte, la restitución de un predio y, por la otra, que el Ejército Nacional pida perdón a las víctimas de la masacre de La Galleta en el municipio de Montebello, Antioquia. Esta masacre fue perpetrada conjuntamente por uniformados del Ejército y por paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La masacre, ocurrida en la tarde del 23 de enero del 2000 acabó con la vida del líder y profesor Guillermo Adolfo Parra, del hijo del presidente de la JAC Wilfredo Cañaveral. Asimismo, fueron asesinados los militantes de la Corriente Revolucionaria Socialista (CRS); José Evelio Gallo y Uberney Giraldo; quienes fueron víctimas de desaparición forzada pues sus cuerpos fueron sacados de la morgue. Además de los cuatro asesinatos los habitantes del corregimiento fueron víctimas de desplazamiento forzado. De acuerdo con la fundación Forjando Futuros, Antioquia es el departamento más afectado por el despojo de tierras y, asimismo, en ese territorio están 66 de los 143 municipios que priorizó la Unidad de Restitución, la Fuerza Pública y las alcaldías para resolver la problemática. Todo este proceso de reparación a las víctimas está enmarcado en Ley 1448 de 2011, más conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.