Por: Laura Cano, periodista Pares. Lo que ha estado pasando en las últimas semanas en las zonas fronterizas con Venezuela debería estar, por lo menos, en conocimiento del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien ha salido a decir que no conocía las operaciones militares contra Venezuela y los planes en los que se involucra el país. En este contexto, en el que llama la atención el silencio del presidente Iván Duque, el pasado sábado se registró un nuevo hecho. Se trató, como lo informó la Armada de Colombia el pasado 09 de mayo, de tres botes de la Institución que se encontraban en un Puesto de Control Fluvial amarrados a la orilla del río Meta, en el departamento del Vichada, en la frontera Colombo-Venezolana, y que en el momento se encontraban sin tripulación y fueron arrastrados por la corriente en la madrugada. Estas embarcaciones Boston Wheeler, con motores 175 HP, marca Evinrude en las que iban ametralladoras calibre 50 y M60, fueron detectadas sin tripulantes por la Guardia Nacional Bolivariana, adscrita a la Estación de Vigilancia Fluvial El Burro, en el sector Chorro El Mono, Río Orinoco, en el municipio Cedeño del estado Bolívar. “Todo este material se encuentra en resguardo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El Ministerio Público y las demás instituciones del Estado venezolano llevan a cabo las investigaciones correspondientes. Se continúan las labores de patrullaje y escudriñamiento en todo el territorio nacional, como parte de la operación “Escudo Bolivariano”, a fin de garantizar la libertad, soberanía e independencia de la Nación”, informó el pasado sábado a través de un comunicado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La respuesta de Maduro Entre tanto el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras los hechos afirmó que le corresponde al presidente de Colombia solicitarme a mí el regreso de este equipo militar y si así fuere sería regresado de manera inmediata. Esto, mientras por los funcionarios de la Armada de Colombia han confirmado que estos botes estaban a cargo del batallón de infantería Marina fluvial número 51, el cual depende de la Fuerza Naval de Oriente y tiene su puesto de mando en Puerto Carreño, Vichada. Asimismo, que se abrirán investigaciones para establecer qué sucedió, pues, aunque se ha dicho que las embarcaciones se desamarraron y por eso quedaron a la deriva, todavía esta versión no cuenta con todos los sustentos para confirmarse si en efecto eso fue lo ocurrido. Esa investigación va avanzando desde el mismo momento que se conocieron los hechos. Se inició una investigación para establecer las circunstancias que llevaron a que esos botes terminaran en aguas del Orinoco venezolano. Sin embargo, tengo que abstenerme de revelar los detalles de lo que hemos encontrado hasta que esta culmine para que no se afecte esa debida diligencia, afirmó el comandante de la Armada Nacional, almirante Evelio Ramírez, en entrevista con El Espectador. Por este hecho fueron retirados de sus cargos tres suboficiales y nueve infantes de marina, además de un Teniente Coronel de la Infantería de Marina Comandante del Batallón No. 51, y al Capitán de Infantería de Marina Jefe de la Sección de Operaciones y Comandante de las Unidades Fluviales de ese Batallón, esto por ser los posibles responsables de los hechos, acusación que también los relaciona con el incumplimiento de protocolos y de las medidas de seguridad. Son muchos los cuestionamientos que quedan, los cuales podrían ser esclarecidos con una investigación juiciosa y responsable. Sin embargo, cabe resaltar como lo dijo recientemente León Valencia, director de Pares que antes de que se le ocurra a Duque o a su canciller el ‘oso’ de pedirle a Guaidó la devolución de las tres lanchas colombianas que incautó la Guardia Nacional de Venezuela en el Orinoco, quiero decirles que este impase se resolvería rápidamente pidiéndole a Maduro la entrega de estas embarcaciones. El contexto Es necesario hacer un panorama de la situación anterior con los hechos que han involucrado a Venezuela y Colombia, por lo menos en las últimas semanas, pues si bien podría haber, o no, una relación directa entre estos hechos, lo cierto es que éstos no se pueden evaluar como situaciones aisladas, teniendo en cuenta, a su vez, las relaciones exteriores que han resaltado en los últimos años. Por una parte, el fin de semana anterior a lo ocurrido con los botes, se lanzó la alerta sobre una incursión marítima en lanchas rápidas por la costa centro-norte de Venezuela, más exactamente por Macuto, en el estado La Guaira. Estas fueron interceptadas por miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de la Unidad de Operaciones Tácticas Especiales (UOTE) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Tras esto, fueron ocho personas murieron, trece fueron detenidas, dentro de ellas dos exmilitares norteamericanos. Uno de ellos, Luke Alexander Denman, según se informó, confesó las tareas realizadas en Colombia previas a la operación, en donde, según lo relatado por Denman, se entrenaba a 60 personas en tres campamentos en Riohacha. Ante las declaraciones, la Cancillería de Colombia hizo un llamado “a la comunidad internacional para que rechace este tipo de acusaciones y tenga conciencia frente a los intentos reiterativos del dictador Maduro por comprometernos en versiones falsas sobre supuestos hechos de fuerza”. Por su parte, Donald Trump negó la participación de Estados Unidos en la operación contra el país vecino, afirmación, en la que vino otra: Yo no enviaría un grupito de personas. Lo llamarían ejército”, “(…) sería ligeramente diferente. Lo llamarían invasión. “El escándalo de la incursión en la Guaira fue desestimado en un principio por los medios de prensa y por los gobiernos, pero con el paso de los días ha ido creciendo por las declaraciones de los propios capturados y las grabaciones y fotografías difundidas que involucran al gobierno de los Estados Unidos y a la oposición venezolana en cabeza de Juan Guaidó, y señalan también al territorio colombiano como el lugar donde se gestan y preparan estas acciones con la complacencia de las autoridades del país”, afirmó León Valencia en su más reciente columna en Pares. A esto se agrega las acusaciones que los dirigentes de Estados Unidos han hecho contra Maduro, acusándolo de narcotraficante, situación que desencadenó en la militarización del mar Caribe, pues se afirmó que por esta vía salía la mayor cantidad de droga hacia el país norteamericano. Discusión que fue retomada en Pares luego de la publicación del informe El tráfico de cocaína de Colombia hacia el mundo, en el que se indica que solo el 30% de la droga que sale del país se mueve por este sector marítimo, pues es el Pacífico la ruta del narcotráfico más fortalecida, por donde se moviliza el 70%. Esto demuestra que el presidente Iván Duque y Ministro de Defensa, quien ha señalado que no conocía las acciones contra Venezuela, deben explicaciones sobre las implicaciones que ha tenido Colombia en estos hechos, los cuales se han dado tanto por aprobación como por omisión de decisiones y pronunciamientos. “Las llamas de un conflicto internacional nos quemarán tanto, o más, que lo que nos ha quemado nuestro conflicto interno”, concluyó León Valencia.

Por: Redacción Pares La pandemia de COVID-19 está devastando los sistemas de salud. Para no retroceder una década en los avances en la reducción de la mortalidad infantil, es urgente tomar medidas, señala la agencia de la ONU para los niños, que busca mover a la acción política con una campaña mundial y asegura que, cuando finalmente la superemos, la crisis nos dará una oportunidad de reconstruir unidos un mundo mejor. En los próximos seis meses, un mínimo de 6000 niños menores de cinco años más podrían morir diariamente de enfermedades prevenibles debido a que la devastación de los sistema sanitarios interrumpiría los servicios de salud de rutina, advirtió este martes el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Estos decesos se sumarían a los 2,5 millones de niños que mueren cada semestre antes de cumplir cinco años en 118 países de renta media y baja incluidos en un estudio de la Escuela de Salud Pública John Hopkins Bloomberg y publicado recientemente en la revista The Lancet. UNICEF urgió a tomar medidas para evitar esos fallecimientos, que implicarían un retroceso de casi una década en la lucha por poner fin a la mortalidad evitable de menores de cinco años. Para impulsar a la acción, el Fondo lanzará esta semana la campaña mundial #Reimagine, que llama a evitar que la pandemia se convierta en una crisis de larga duración para la infancia. El peor escenario Según el estudio referido, el peor escenario significaría hasta 1,2 millones de fatalidades de niños de menos de cinco años, además de 56.700 muertes maternas en los seis meses venideros que se agregaría a las 144.000 que ya ocurren cada medio año. La directora ejecutiva de UNICEF se mostró alarmada ante la posibilidad de que la mortalidad infantil durante el primer lustro de vida se incremente por primera vez en varias décadas. “No podemos permitir que madres e hijos se conviertan en un daño colateraldel combate al coronavirus. Y no podemos dejar que se pierdan décadas de progreso en la reducción de la mortalidad materna e infantil que se puede evitar”, recalcó Henrietta Fore. En los países con sistemas sanitarios de por sí frágiles, la pandemia de COVID-19 interrumpe las cadenas de suministros médicos y consume los recursos financieros y humanos. Los cierres de ciudades, así como los toques de queda y la interrupción del transporte, impiden las visitas a los centros de salud para cuidados de rutina, lo que podría contribuir a la mortalidad materna e infantil. El análisis publicado en The Lancet estima que entre los países que tendrían el mayor número de muertes adicionales de niños en el peor escenario se contarían Bangladesh, Brasil, la República Democrática del Congo, Etiopía, India, Indonesia, Nigeria, Pakistán, Uganda y Tanzania.

Por: Laura Cano, periodista Pares. El pasado 26 de marzo la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) confirmó el primer caso positivo de Coronavirus. Se trataba de una mujer, mayor de 60 años y perteneciente al pueblo Yukpa, ubicado en el barrio Escobal, en Cúcuta. Desde ese momento, y tras reiterativas exigencias para que se implementaran medidas de protección, lo que ha resultado es una escalada en los contagiados, número que llega a los 142. Con corte al 11 de mayo, la ONIC informó que, a la fecha, al menos, son 13 los pueblos afectados, entre estos están: Tikuna, Tariano, Miraña, Inga, Yucuna, Ocaina, Mokana, Zenú, Yukpa, U´wa, Wayuu, Pastos y Yanaconas. Además, se han registrado 8 fallecimientos a causa del virus. Adicionalmente, se alerta que urgen pruebas por nexo epidemiológico, y que al momento hay 15 casos por confirmar. Por otra parte, se ha instado en que 321.611 familias indígenas están en riesgo, reportándose 5.887 más en comparación con el informe anterior, presentado el 07 de mayo. Es decir, en este factor hubo un aumento del 1.9%. Por otro lado, se asevera que 535.113 familias están “ad-portas de una crisis humanitaria”. Ante este panorama que se muestra cada vez más crítico, varias organizaciones nacionales e internacionales han exigido al Gobierno Nacional que garantice y no vulnere los derechos fundamentales como a la salud de los pueblos indígenas en el contexto de la pandemia, atendiendo a enfoques de interculturalidad, género y solidaridad intergeneracional; tomando en cuenta los cuidados preventivos, las prácticas curativas y las medicinas tradicionales, con especial atención a la situación de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad en relación con la pandemia, especialmente personas mayores y/o con condiciones preexistentes, en áreas distantes a centros de salud. Los territorios reclaman atención Aunque los niveles más altos de contagio se concentran en algunas ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, las cuales acumulan el 59,8% de los casos, llama la atención que en poco tiempo la pandemia ha logrado trasladarse a municipios cercanos con poblaciones de 100.000 habitantes aproximadamente, donde el principal problema es la capacidad de atención hospitalaria, pues al haber un sistema centralizado de salud y con precarias condiciones de cobertura, estas zonas quedan en un alto riesgo de contagio y propagación. Asimismo, otra condición para tener en cuenta es que cerca de estos puntos se encuentran la mayoría de los asentamientos indígenas. “Los datos del Instituto Nacional de Salud (INS) y del Sistema de Monitoreo Territorial (SMT) – ONIC indican que el número de municipios nuevos a los cuales se ha traslado la pandemia son 22, a saber: Fómeque, Une, Silvania y Gachancipá (Cundinamarca), Paipa y Moniquirá (Boyacá), Oporapa (Huila), Villanueva (Santander), Candelaria (Atlántico), Rovira (Tolima), Fonseca (La Guajira), Los Palmitos (Sucre), Puerto Leguizamo (Putumayo), Maria La Baja y Magangué (Bolívar), Riosucio (Caldas), Pamplona y Los Patios (Norte de Santander), Montelíbano (Córdoba), Santa Lucia (Atlantico), Magui (Nariño), Puerto Nariño (Amazonas)”. Igualmente, a través del SMT se ha insistido en la instalación de medidas de protección efectivas, argumentando, entre otras cosas, que el virus se ha expandido a 207 municipios con presencia de población indígena, lo que representa el 55% de los territorios donde hay presencia de pueblos indígenas, habiendo 20 en estado crítico: Cumba, Ipiales, Pasto, Riosucio, Túquerres, San Andrés de Sotavento, Maicao, Córdoba, Aldana, Caldono, Toribío, Tuchín, Guachucal, Cuaspúd, Riohacha, Leticia, Manaure, Sampués, Santander de Quilichao y Chía. Registrándose en estos últimos un total de 196.859 indígenas. A esto se agrega que los departamentos con más número de familias en riesgo son Nariño (115.036), Cauca (50.880), Córdoba (40.590), La Guajira (30.064), Caldas (20.500), Sucre (15.865). Asimismo, los indígenas con mayor amenaza, a pesar de que los pueblos indígenas son sujetos de especial protección constitucional, son: Pastos, Zenú, Nasa, Embera Chamí, Wayuu, Muisca, Mokaná. Leticia y fronteras, puntos que ameritan priorización Recientemente a través de Pares se alertó que Leticia estaba al borde de una crisis humanitaria. Esto luego que se conociera una renuncia masiva del personal de salud del E.S.E Hospital San Rafael, el único ente de salud que estaba prestando los servicios de atención por el Covid-19. La razón fue la escasez e inexistencia de elementos y garantías para que el personal atendiera los posibles enfermos por Covid-19. Además, de una deuda con varios proveedores cercana a los $12.000 millones. Esto y la ausencia de, aunque sea, una Unidad De Cuidados Intensivos, ha hecho el panorama cada vez más crítico; un foco de contagios y de desatención médica, panorama que afecta de manera directa a las 5.525 familias indígenas que habitan en esta zona del país, las cuales hacen parte de los pueblos Ocaina, Matapí, Tanimuca y Cubeo. Es necesario nombrar que a la fecha en el Amazonas hay 718 personas contagiadas por el virus, de las cuales 146 se ubican en comunidades indígenas. Adicional, se ha denunciado que en Leticia solo hay ocho (8) respiradores para adultos, un pediátrico y una neonata, además, que la planta de oxígeno existente no sirve. A esto se suma el riesgo en el que están estos pueblos por las pocas medidas que se han tomado para regular los pasos fronterizos. La ONIC en su más reciente informe agregó: “(…) es preciso señalar que el riesgo de las comunidades en la ciudad de Leticia es bastante amplio por cercanía con poblados de Brasil y Perú, lugares con los que históricamente se mantienen relaciones de cercanía e interacción, razón por la que se ha declarado la alerta en toda la cuenca Amazónica y muy especialmente en el Trapecio Amazónico, donde se evidenció la falta de coordinación entre países fronterizos, la incapacidad institucional para hacerle frente a la pandemia y el abandono Estatal al que han estado enfrentadas las poblaciones indígenas”. Por otro lado, también están en alerta departamentos como Nariño, el cual representa el riesgo más alto de contagio en familias indígenas, situación acentuada por la cercanía de éste con Ecuador, en donde no han cesado los reclamos para que se controle el paso entre países. “El proceso de monitoreo, la ONIC ha identificado en el ámbito de las fronteras (ciudades cercanas) con Colombia un total de 13.170 casos en 44 centros poblados vecinos, donde el mayor porcentaje se encuentra en Brasil (73%), Perú (19,9%) y Ecuador (5.3%), estos casos aunque no son nacionales ponen en riesgo a las comunidades que habitan en territorios de frontera o que son binacionales, incluso en mayor grado que los casos nacionales; de tal forma es claro que las zonas transfronterizas presentan unos niveles de riesgo importantes para los 52 pueblos Indígenas que las habitan”. El Gobierno ¿dónde está? Aunque las alertas han llegado desde varios sectores sobre los niveles de riesgo que los pueblos indígenas enfrentan con el virus y se ha insistido en la implementación de medidas diferenciadas de protección para esta población, en la que se respeten y tengan en cuenta sus propuestas e iniciativas que se han estado llevando a cabo en cada territorio. Sin embargo, estas exigencias han caído en oídos sordos, en un Gobierno que en cambio de soluciones ha decidido llevar a estas comunidades represión para las exigencias a través del ESMAD. Por una parte, cabe señalar que los usos excesivos de la Fuerza Pública contra indígenas han sido reiterativamente denunciados desde que comenzó la cuarentena. El 29 de abril la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana alertó agresiones a mingueros que se encontraban bloqueando la vía de Condagua, Putumayo, ya que como se argumentaba, el Gobierno no había enviado una comisión para atender la grave situación que hay a causa del COVID-19. En ese escenario 6 indígenas quedaron heridos por cuenta del ESMAD. El 06 de mayo la comunidad Wayuu ubicada en Riohacha, tras días de espera de alimentos y elementos de bioseguridad, decidido hacer un bloqueó solicitando a su vez la presencia del Secretario de Gobierno. No obstante, de nuevo el Escuadrón fue el que llegó al punto, donde además de reprimir el acto de protesta se llevaron detenidos a 10 jóvenes. El 07 de mayo otro caso de abuso de fuerza se presentó en Bogotá, en el barrio Candelaria la Nueva, luego que el Escuadrón llegara para desalojar a indígenas Embera que habían decidido ocupar unos conjuntos desocupados. Allí, aparte de las intimidaciones, también se denunció que a raíz de los golpes que propinaron los agentes del organismo a la comunidad indígena, Amparo Morri, quien se encontraba en estado de embarazo perdió a su hijo. Vale la pena señalar que los abusos del ESMAD bajo el interés de desalojar habitantes de varios sectores han sido reiterativos, sobre todo en barrios de Ciudad Bolívar. Además, que estas acciones por parte de la gente han respondido a la desatención estatal y distrital que ha dejado a muchos sin un lugar que habitar durante la cuarentena. Por otro lado, la ONIC ha denunciado que se ha insistido por varias vías la atención, acciones y respuestas de Iván Duque, exigiendo, principalmente, garantías de alimentación, agua y salud. Aunque estos deberes no habían sido cumplidos por parte del Gobierno, éste informó al CIDH la entrega de ayudas humanitarias por medio del programa “Colombia Está Contigo-Un Millón de Familias”, así como el desarrollo del “Plan de acciones urgentes en los territorios indígenas para la mitigación de la pandemia COVID-19 y para el autocuidado propio en el marco del SISPI en coordinación con el SGSSS”. “Estas gestiones que hasta el momento no se han concretado de manera efectiva, puesto que, en la mayoría de los territorios indígenas no se registra la entrega de equipos de bioseguridad, ni fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos indígenas, ni programas de información adecuados, y tampoco garantías para el aislamiento preventivo obligatorio”, afirmó la ONIC. Igualmente, la ONIC agregó que varias organizaciones indígenas de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones (MPC) comunicaron el 28 de abril, que desde el 17 de abril se ha insistido en una reunión con organismos estatales para dar vía al plan de acciones, sin embargo, la respuesta había sido el silencio administrativo. “Ante la falta de respuesta por parte del gobierno es fundamental seguir ampliando la comunicación con las comunidades y la participación directa a los territorios en el ejercicio de reporte y monitoreo, para dejar constancia sobre la inoperancia del Estado”.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), ha tomado la determinación de enviar un documento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido al asesinato selectivo. Tras la firma del Acuerdo de Paz —24 de noviembre de 2016— han sido asesinados 196 personas en proceso de reincorporación. Cabe señalar que, en las horas de la noche de este jueves 7 de mayo fue asesinado el firmante de paz Wilder Daniel Marín Alarcón. El Cuerpo del excombatiente fue encontrado en el barrio Caballas en el Municipio de Bello. Wilder era estudiante del SENA de técnica de Auxiliar Contable y hacía parte de la Cooperativa Multiactiva Tejiendo Paz (COOTEPAZ). Tan solo en Antioquia han sido asesinados 27 exguerrilleros, tras la firma del Acuerdo. Diego Martínez, abogado de FARC, señaló ante la opinió pública que “Hemos decidido acudir al Sistema Interamericano y también ante Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. Solicitaremos la intervención de la Comisión Interamericana y una visita in loco (visita de campo) al país para constatar que está ocurriendo un exterminio sistemático contra excombatientes”. Según cifras del Consejo Nacional de Reincorporación FARC, desde el 24 de febrero, fecha en que el riesgo para Colombia de COVID-19 ascendió a moderado, han sido asesinadas 12 personas en proceso de reincorporación, de ellas siete (7) desde la expedición del decreto de emergencia sanitaria (22 de marzo). En 2020 se han registrado 25 asesinatos de firmantes de paz en Colombia. De acuerdo con Farc, se busca solicitar la visita de la Corte Interamericana para que investigue esta situación como exterminio, dada la sistematicidad de los asesinatos, y se presente un Informe al Sistema interamericano. Esto en medio de 679 casos de riesgo (Amenazas, Atentados, Desplazamientos forzados, Persecución, Extorsión), a febrero, que la propia ARN tiene conocimiento y tendría que ayudar a tramitar con las entidades pertinentes, entre ellas la UNP. Según datos del Sistema de información SIPARES, los tres departamentos más victimizados por la violencia letal en contra de firmantes de paz son: Cauca, Nariño y Antioquia. Asimismo, más del 80 % de los casos las autoridades no han podido determinar el agente perpetrador. Indolencia Las solicitudes del Partido FARC han sido una constante durante el año y medio de gobierno. Posterior a la firma del Acuerdo solicitaban medidas de protección a los cerca de 13 mil hombres y mujeres que le apostaron al proceso de paz. Sin dudas, desde la posesión de Iván Duque, la exigencia del partido ha sido la implementación del Acuerdo y, fundamentalmente, las garantías para la vida de los y las miles de firmantes de paz. El Acuerdo de Paz está bajo amenaza de muerte, con la mirada tolerante del gobierno del presidente Iván Duque, como lo han venido señalando los comunicados de Farc desde que se acrecentó la violencia letal en plena emergencia sanitaria del Covid-19. Mapa de víctimas que corresponden a personas en proceso de reincorporación asesinadas después de la firma del Acuerdo de Paz. Mapa: Pares. Asimismo, cómo lo señaló en un comunicado FARC, tras el asesinato del jueves pasado de Wilder, en el marco de la pandemia y la emergencia que ha generado, no paran los asesinatos en contra de líderes sociales y los reincorporados de FARC y no nos cansaremos de repetir que la paz no nos puede seguir costando la vida”. Esquemas colectivos: una apuesta especial Cabe señalar que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para finales de abril decidió estudiar de oficio medidas cautelares de protección colectiva para la población en proceso de reincorporación. Si bien no hay nada definido, el tribunal especial avanza hacia una alternativa que permita hacer frente a la violencia selectiva. Asimismo, la magistrada de la Sección de Casos con Ausencia de Reconocimiento —Reinere de los Ángeles Jaramillo—; ha explicado que estas acciones de protección colectivas pretenden garantizar el cumplimiento de los derechos de las víctimas en el marco de las garantías de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Esta acción, emprendida por JEP contempla a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación , la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Consejo Nacional de Garantías de Seguridad y los ministerios de Interior y Defensa. Sergio Marín, representante de FARC en el Congreso, se han solicitado acciones concretas del Gobierno Nacional, puntulamente se ha dirigido a la Ministra de Interior, Alicia Arango, en el debate de control político»Ministra ¿Cuál es la propuesta POLÍTICA, con mayúsculas, de gobierno frente al Diálogo Nacional que proponemos no sólo para sacar las armas de la Política, si no para enfrentar el no funcionamiento del congreso?» De igual forma, Marín precisó no podemos cansarnos de insistir en la necesidad de que se avance seriamente en medidas que conduzcan a evitar la continuación del desangramiento. Creemos firmemente en la Paz de nuestro País. Estamos absolutamente seguros que quienes activan los gatillos no son los principales responsables, detrás de esas personas hay quienes dan las órdenes y a uno le sorprende que nos hayan realmente resultados en las investigaciones. La estigmatización: un lastre en esta violencia Por otra parte, resulta importante insistir que la población en proceso de reincorporación le han manifestado a Pares, con preocupación, la estigmatización a la que han sido expuestos por discursos del Gobierno Nacional o de la institucionalidad sobre su vinculación a las disidencias o a economías ilegales. Es importante recordar que, acuerdo con el investigador nacional Javier Alejandro Jiménez, desde Pares se han formulado tres hipótesis que intentan dar cuenta del asesinato de los y las firmantes de paz: · “La primera de ellas está ligada a la resistencia de la población en proceso de reincorporación para sumarse a las Estructuras Armadas Ilegales. Ante dicha negativa, son asesinados”. · La segunda esta ligada con temas de venganzas por parte de grupos armados en las zonas en las que los y las firmantes de paz adelanatan su proceso de reincorporación. · La tercera tiene que ver con venganzas de personas debidos a abusos o hechos que haya cometido la extinta guerrilla de las FARC- EP contra la población civil en su momento. «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»

Por: Redacción Pares Las organizaciones que integran la Fuerza de Respuesta Social Anti-corrupción (FUERSA), radicaron una carta dirigida al Gobierno Nacional, al Congreso de la República y a las Altas Cortes –Constitucional y Consejo de Estado–, para advertir sobre posibles riesgos de malos manejos en el marco del Estado de Emergencia declarado a raíz de la pandemia ocasionada por el Covid-19. Según FUERSA, actualmente existe un desequilibrio en el sistema de pesos y contrapesos democráticos, así como opacidades en la contratación pública y en la información relacionada con la gestión de la crisis que crean un ambiente favorable a la corrupción. Descargue aquí la carta al Gobierno Para los integrantes de FUERSA, el Estado de Emergencia ha generado condiciones que amenazan seriamente los principios de democracia y participación ciudadana, debido a la ausencia de control político del Congreso sobre las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, así como la lentitud y limitaciones con las que actúa la Rama Judicial. Entre otros aspectos, la coalición advierte que, a la fecha, el Gobierno ha incumplido el deber de publicar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) la información relacionada con los contratos estatales celebrados durante la pandemia. También señala que no existe transparencia sobre la ejecución de los recursos destinados al sistema de salud y las condiciones bajo las cuales las empresas y trabajadores independientes son beneficiarios de los créditos y garantías ofrecidos por el Gobierno. Por ese motivo, FUERSA hizo un llamado al Congreso para que retome el ejercicio de sus funciones de manera semi-presencial y, de ese modo, pueda ejercer control político sobre las actuaciones del Ejecutivo. Igualmente, instó a las Altas Cortes a que se pronuncien sobre los decretos legislativos y ordinarios dictados por el Gobierno Nacional en el marco del Estado de Emergencia. Finalmente, el colectivo invitó a los veedores y medios de comunicación a continuar “ejerciendo control social con valentía en medio de un contexto que demanda el máximo de sus capacidades y compromiso en la lucha contra la corrupción. La historia de Colombia y sus innumerables capítulos de malos manejos y excesos nos obligan a insistir en esta advertencia”. … FUERSA está conformada por: Iván Velásquez, de la Corporación Justicia y Democracia; León Valencia, Ariel Ávila y Daniela Gómez, de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), Catherine Juvinao, de la Veeduría al Congreso “Trabajen Vagos”; Camilo Enciso y Margie Mojica, del Instituto Anticorrupción; y Rodrigo Fernández, Asesor Experto en Contratación Estatal y Obra Pública.

Por: Natalia Aguilar Salas. Colaboradora Pares. Según el último informe de investigación de Pares Análisis de las medidas del Gobierno Nacional frente al COVID-19, el 6 de marzo de 2020 se presentó el primer caso de Covid-19 en Colombia. Debido a esta realidad, el Gobierno Nacional comenzó a implementar medidas para la contención del virus y el funcionamiento del país bajo esta coyuntura. Hasta el 17 de abril el gobierno implementó 271 medidas, de las cuales 32 fueron decretos ordinarios, 79 decretos legislativos, 41 circulares, dos boletines, nueve directivas ministeriales , una directiva presidencial y 55 resoluciones. Descargue aquí el informe completo Del total de estas medidas 114 están dirigidas a la población general, dentro de las cuales se incluye el aislamiento obligatorio, el cierre de aeropuertos y terminales, lineamientos para el trabajo desde las Tecnologías de información y comunicación (TIC´s), manejo de áreas comunes en propiedades horizontales, 95 medidas están destinadas a población específica, de estas medidas 38 están dirigidas a niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, grupos étnicos, población carcelaria y personas en situación de pobreza, es decir población vulnerable, 47 medidas han sido destinadas a empresarios, 54 medidas han sido expedidas para entidades públicas y 11 de estas están destinadas a entes territoriales. Para las medidas de las empresas se destinaron 70 billones en garantías para otorgar créditos, mientras que para las medidas de alivio para la población vulnerable de destinaron aproximadamente 5 billones de pesos, de los cuales 1.174.656.192.000 corresponden a giros extraordinarios de familias en acción, jóvenes en acción, Colombia mayor e ingreso solidario. ¿Han funcionado las medidas? El 11 de febrero se adoptó la primera circular, la cual anunciaba “Directrices para la detección temprana, el control y la atención ante la posible introducción del nuevo coronavirus (2019- ncov) y la implementación de los planes de preparación y respuesta ante este riesgo” , esta medida determinó que los entes territoriales debían implementar los planes y los actores privados del sistema de salud debían garantizar la atención de pacientes con enfermedad respiratoria aguda, el testeo para posibles casos positivos y los elementos de protección para el personal que preste la atención y las pruebas. El 17 de marzo inició la etapa de contención. El gobierno declaró estado de emergencia social, económica y ambiental, ese día se dio el primer choque entre los entes territoriales y el gobierno nacional, lo cual llevó al gobierno nacional a decretar la prevalencia de las medidas de control del orden público a nivel nacional el 18 de marzo, ese mismo día se tomó la determinación de cerrar los establecimientos comerciales, de esparcimiento y diversión. El 20 de marzo se tomó la decisión de suspender el traslado regular de pasajeros por vía aérea desde el exterior, incluidos los nacionales y residentes en Colombia que quedaron varados en países extranjeros, y se anunció que a partir del día 25 de marzo y hasta el 13 de abril se decretaría el aislamiento obligatorio en todo el territorio nacional y la suspensión, mientras durara el aislamiento, del traslado de pasajeros a nivel nacional. Para asegurar que el aislamiento fuera exitoso, el Gobierno decretó medidas frente a los servicios de telecomunicaciones los cuales fueron declarados servicios públicos esenciales, al igual que los servicios de radiodifusión sonora, los de televisión y los servicios postales. Esta medida prohíbe la suspensión de servicios por impago de hasta 30 días y de suspender las labores de instalación, mantenimiento y adecuación de las redes requeridas para la operación del servicio y, por el otro, la flexibilización de la calidad en la prestación de los servicios. El 18 de marzo se adoptó un decreto que impide el alza en las tarifas del agua, y obligaba a la reconexión de servicios a los usuarios que se encontraban en mora. Alivios a la población en general Para brindar alivio económico a la población general, además del congelamiento de tarifas de agua y el pago diferido de los servicios públicos de abril y mayo a 24 meses, se dispuso la prohibición de desalojo de arrendatarios hasta el 30 de junio y el impedimento para cobrar intereses por moras en los pagos; el otorgamiento de períodos de gracia para los créditos de leasing e hipotecarios. También se tomaron medidas para evitar el desabastecimiento de los productos de primera necesidad, incluyendo los elementos médicos para el tratamiento del Covid-19, se levantaron los aranceles para la importación de material médico y se flexibilizaron los requisitos en el Invima para la producción nacional y para la importación. Además, se prohibió la exportación de los elementos médicos, se lanzó un programa del ministerio de las TIC para formar un grupo de investigación para suplir los requerimientos durante esta crisis, y se anunció la adquisición de 1.500 respiradores. En el caso de los alimentos se fijaron medidas para evitar el acaparamiento y el aumento injustificado de precios. Frente a estas medidas se ha comprobado que su implementación resulta limitada, se han presentado diferentes denuncias ciudadanas por el incumplimiento de protocolos, acaparamiento de productos, incumplimientos de las entidades financieras de las condiciones establecidas por el Gobierno para los periodos de gracia de los créditos y los intereses, cortes de los servicios de telecomunicaciones a usuarios con mora de apenas un día, coacción a los empleados para tomar licencias no remuneradas, entre otros. Además de esto los aspectos en relación con la salud como la atención a pacientes, pruebas y protección al personal médico están en manos de las ARL y las EPS, debido a que la naturaleza de estas entidades al ser comercial no busca el interés general, debido a esto la atención durante la crisis podría verse afectada ya que el criterio se puede centrar en las ganancias y no en la disminución de muertes o contagios. La población vulnerable ¿ha sido atendida? Las medidas para la población vulnerable se entiende como aquellas dirigidas a la población en situación de pobreza, informalidad y desempleo, adultos mayores, niños, niñas, adolescentes, mujeres, grupos étnicos, población carcelaria y migrantes. Una de las primeras medidas que se aplicaron fue la devolución del IVA a los más pobres. Dicha medida estaba contemplada desde la anterior reforma tributaria, estaba contemplada para realizarse en el 2021, pero fue adelantada para atender a la población en situación de pobreza durante el aislamiento obligatorio. El primer decreto reglamentario de esta medida se expidió el 18 de marzo, aunque esta se empezó a aplicar desde el 31 de marzo, esta se centra en una transferencia monetaria por un valor que no supere los $75.000 para mitigar el impacto económico por el Covid-19. Esta medida está dirigida al programa de Familias en Acción y a la lista de priorizados del programa Colombia Mayor, también se localizó en hogares de 1.100 municipios con alta tasa de pobreza o una concentración significativa de población en situación de vulnerabilidad. Según la página web del DNP, se beneficiarán 700 mil hogares del programa de familias en acción y 300 mil del programa Colombia mayor. Otra medida de alivio económico para población vulnerable son los giros extraordinarios para los programas de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, en estos tres programas se encuentran registrados casi 5 millones de personas. En el programa de Familias en Acción se encuentran 2.979.924 de personas, para este programa se estableció un pago extraordinario de $145.000 por familia, el cual empezó a entregarse desde el 1 de abril, según el gobierno nacional este pago beneficiaria a 2.660.000 familias, dichas entregas se realizarán por medio del banco agrario para los hogares bancarizados, que se estima son el 89%, para la población no bancarizada se estableció una red de aliados a nivel territorial para realizar los retiros. Para el programa de Jóvenes en Acción se destinaron pagos de $356.000 para 274.352 participantes, dicho monto no aplica para todos los participantes, solamente aquellos inscritos al 20 de marzo del 2020, que no sean titulares o hagan parte del programa familias en Acción y no hayan terminado intervención al 16 de marzo de 2020. Para el programa Colombia Mayor se destinó un pago de $80.000, el pago de marzo fue adelantado al 25 de ese mes, y se informó que los adultos mayores no pueden hacer el retiro de los pagos, se deben realizar por medio de sus familiares, mostrando la cédula del beneficiario. Las medidas adoptadas por el Gobierno se aplicaron entre 5 y 20 días después de iniciado el aislamiento, lo cual aumentó la probabilidad de que este grupo poblacional debiera elegir entre violar las medidas de aislamiento o dejar sin satisfacer sus necesidades básicas alimentarias. Por otra parte, focalizar las ayudas a los programas dirigidos a población vulnerable resulta limitado, ya que si se da prioridad a aquellos que se encuentran en situación de pobreza monetaria extrema sobre aquellos que pueden tener mayores dificultades para permanecer inactivos durante el aislamiento obligatorio, ya que no existen pruebas de una relación directa entre el número de personas en situación de pobreza monetaria extrema y el número de afiliados al programa de familias en acción. Según cifras del DANE, el número de personas en situación de pobreza extrema es de 13.600.554. Por otra parte la cobertura de los canales de retiro es amplia, y las facilidades para adultos mayores son adecuadas. no obstante, según cifras del departamento de los 2.666.936 millones de familias que se atenderán con estos incentivos durante la emergencia, un total de 2.391.882 ya recibieron abono a sus cuentas, y, de estas, 1.768.545 ya retiraron incentivos para un total de 495.492 millones de pesos. En cuanto al acceso de estos beneficios para aquellas familias que no tienen acceso o hacen uso de los bancos se encuentran limitados, debido a que solo el 31% de esta población ha realizado el retiro del subsidio, mientras que el 73% de la población bancarizada ya accedió al subsidio. Además de las medidas mencionadas anteriormente se aplicó otro tipo de alivio económico para lograr la efectividad del aislamiento obligatorio. El programa ingreso solidario el 4 de abril de 2020, el cual se destinaría a 3 millones de hogares por $160.000, sin embargo la registraduría aseguro que el número de beneficiarios de 2.648.772. Los hogares seleccionados se detectaron por medio de bases de datos de los programas sociales del Estado y el SISBEN III y IV, para detectar los hogares no cubiertos por Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y Compensación del IVA, también se seleccionaron datos del sistema financiero para verificar que las cuentas de los beneficiarios no tuvieran un monto mayor a $5.000.000, de esta forma se consolidó la base de beneficiarios. La base de datos fue revisada por la Registraduría Nacional, la cual encontró 16.894 inconsistencias en los registros, entre estos aparecian personas fallecidas, o debido al número de cédula, según revista semana dicha base no contaba con el nombre de los usuarios, lo cual deja en entredicho la comprobación de la identidad de los beneficiarios. Con las medidas implementadas por el Gobierno se esperaría que 100% de población en pobreza extrema recibiera alivio económico por parte del gobierno por medio de alguno de los programas implementados, desafortunadamente no es posible analizar la efectividad de los parámetros de identificación de los beneficiarios, ya que no hay suficientes datos. También se debe reconocer que la población en situación de pobreza extrema no es la única población que requiere alivios económicos durante el aislamiento obligatorio. Aunque se han hecho esfuerzos por alcanzar 5 millones de personas en situación de vulnerabilidad no es suficiente, ya que esta cifra está muy lejos de alcanzar el número de personas en condición de pobreza multidimensional, además los programas tienen serios problemas de focalización territorial y los montos no son suficientes para cubrir las necesidades de esta población durante el aislamiento obligatorio. Aislamiento Las medidas de aislamiento han sido exitosas, ya que la movilidad se ha reducido en un 80%, sin embargo se han presentado retrasos y barreras en la entrega de recursos, debido a que el gobierno está aplicando fórmulas ordinarias a un problema extraordinario, las medidas de alivio económico resultan insuficientes e incluso ineficaces debido a que se enfocan en sectores formales de la economía, los cuales no son los más afectados. Finalmente un tema preocupante e indignante es la falta de transparencia por parte del gobierno, ya que en la página destinada a centralizar las medidas implementadas por el gobierno no las muestra en su totalidad, además de esto no se encontraron los fundamentos de las medidas de criterios comparativos para focalizar sectores económicos y algunos grupos poblacionales específicos, y como si fuera poco no se encontró y no se conoce aún el modelo epidemiológico que guía la actuación por parte del Gobierno.

Por: Laura Cano, periodista Pares. Un Mínimo para la Vida es una propuesta realizada por la bancada de oposición del Congreso compuesta por más de 50 parlamentarios. La propuesta tiene dos ejes. En un primer escenario se plantea poder entregar un subsidio por el valor de un salario mensual en el que se incluyan todas las prestaciones sociales, lo que equivaldría a $1.409.000 que serían entregados a trabajadores y trabajadoras que ejercen de manera formal e informal y que sus actividades hacen parte de los sectores más afectados. De esta forma se verían impactadas 3.5 millones de personas. Esta iniciativa es la respuesta a un confinamiento que demostró que este sistema económico, político y social siempre pone sus consecuencias en la misma gente; quienes primero se quedaron sin qué comer, los que primero perdieron sus empleos, los se quedaron sin dónde dormir, los que no tenían un hospital al cual acudir, y otros escenarios en los que se mostró que cada una de estas personas respondía a una misma clase, clase que, además, mantiene este sistema de pie. Los congresistas que realizaron la propuesta pertenecen a los partidos Farc, MAIS, Colombia Humana, Cambio Radical, Lista de la Decencia, Polo Democrático, Liberal, Alianza Verde y el Partido de la U. Explicaron a través de un comunicado que esta es una Propuesta Económica donde el Estado es garante de la vida digna de la población y el sostenimiento de la economía. Un salvavidas para garantizar la vida digna La propuesta tiene dos ejes. En un primer escenario se plantea poder entregar un subsidio por el valor de un salario mensual en el que se incluyan todas las prestaciones sociales, lo que equivaldría a $1.409.000 que serían entregados a trabajadores y trabajadoras que ejercen de manera formal e informal y que sus actividades hacen parte de los sectores más afectados. De esta forma se verían impactadas 3.5 millones de personas Cabe señalar que recientemente Fedesarrollo informó que luego de que se abrieran unos sectores el pasado 27 de abril, otros seguían con ‘bajas capacidades de adaptación’ lo que significaba que verían muchas más dificultades para solventar su estabilidad económica, lo que terminaría significando despidos de empleados y desaparición de empresas. Así, también se alertó que 22 millones de trabajadores son los que se verían más afectados, esto teniendo en cuenta la diferencia de oficios y también de tipos de contratación. También se informó que los trabajadores más afectados serían los pilotos, ingenieros de vuelo, oficiales de cubierta, maquinistas-navegación marítima y fluvial; comerciantes, propietarios; jefes de ventas, compradores; agentes de venta, representantes comerciales, comisionistas; vendedores, ambulantes, de loterías, periódicos, mercaderistas y otros sin clasificación; directores de hotel, bares, similares; gerente-propietario de hotel, bares, restaurantes; cocineros, camareros, barman, meseros; empleados domésticos, niñeros, camareras; lavanderos, limpiadores, planchadores; peluqueros, especialistas en tratamientos de belleza y trabajadores asimilados; guías de turismo, policía de turismo; empresarios de pompas fúnebres, embalsamadores; recibidor de apuestas en casino, garitero; trabajadores sexuales; ajustadores, montadores e instaladores de maquinaria; relojeros y mecánicos; electricistas de vivienda y automotriz, instalador y reparador de teléfonos; y contadores. En un segundo escenario, y siguiendo lo propuesto en un Mínimo para la Vida, en donde se hablaba de un redireccionamiento de recursos y esfuerzos que permitieran dar liquidez en las familias para cubrir necesidades básicas en vía de asegurar la vida digna en cada hogar. La propuesta pretende que el Estado asegure la alimentación y los pagos de servicios públicos domiciliarios, dirigido a todas las personas que están en situación de vulnerabilidad socioeconómica, laboral y de ingresos, priorizando madres cabeza de familia, víctimas del conflicto armado, trabajadores informales, personas con discapacidad sus cuidadoras y cuidadores, personas reincorporadas, y a su vez teniendo en cuenta un enfoque de género y étnico, se responde a ese mismo interés y se establece la entrega de un salario mínimo ($877.000) a 31 millones de personas, lo que representa 9.5 millones de hogares con más riesgos y vulneración a derechos durante el tiempo en el que esté presente el virus. Los recursos Lo anterior, que iría encaminado a garantizar la vida digna y al sostenimiento de la estructura productiva, se implementaría por tres meses y en total, con ambos ejes, beneficiaría a cerca de 34.5 millones de personas, el 71% de la población colombiana. Por otra parte, tendrían que invertirse alrededor de $40.5 billones. Este dinero saldrá desde la implementación de varios frentes. Por una parte, la unificación de los ingresos que se están entregando a través del Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y el Ingreso Solidario. Además, se plantean como medidas inmediatas la ampliación del impuesto al patrimonio; la reasignación de los gastos del presupuesto nacional; la reducción de gastos de funcionamiento que no sean indispensables; redireccionar los recursos de proyectos aplazables y cancelados; el dinero disponible en el FOME; el recaudo del impuesto solidario COVID-19, creado mediante el Decreto 568 del 2020; la suspensión de los beneficios tributarios aprobados en la Ley 2010 de 2020 (Ley de Crecimiento Económico); y hacer la solicitud de un crédito directo al Banco de la República, garantizando las reservas internacionales. “Estamos seguros de que, si hay voluntad política por parte del Gobierno, se puede conseguir estos recursos. Por ejemplo, congelando proyectos como la compra de armamento para el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD); no hacer grandes inversiones en publicidad y posicionamiento de imagen; redireccionar recursos del presupuesto; acabar las excepciones que se aprobaron en la Reforma Tributaria que suman más de $11 billones; hacer un préstamo del Banco de la República; y acudiendo al impuesto solidario que recauda un buen número de dinero. Así, estamos seguros que hay de dónde”, afirmó el senador Carlos Lozada del partido Farc a través de Twitter. Adicionalmente, y como propuesta relevante para los escenarios venideros en el país, se plantea la urgencia de que a mediano plazo se establezca una reforma tributaria estructural, “progresiva, equitativa y eficiente, como lo ordena la Constitución, que elimine beneficios tributarios injustos e innecesarios, aumente el impuesto al patrimonio, los dividendos y la renta de personas naturales con mayor riqueza. Asimismo, que contemple la creación de una sobretasa a los sectores beneficiados durante la emergencia, servicios domiciliarios, supermercados, etc. De otro lado, es necesario avanzar en el trámite de créditos con la banca multilateral y la refinanciación de la deuda pública”. Esto aparte de necesario, son las respuestas que se necesitan, tanto por la crisis que ha detonado el COVID-19, como por la deuda histórica que el Estado tiene con la gente y los territorios más olvidados. Como muchos solicitan: Renta Básica Ya.

Por: Catalina Miranda Aguirre. Especial para Pares. La tecnología ha sido una herramienta fundamental durante esta pandemia. En el caso particular de los aplicativos móviles (App), estos han contribuido significativamente a mantener a la ciudadanía informada y, en muchos casos, disminuir la movilización de individuos a centros hospitalarios ante síntomas respiratorios que no necesariamente implican estar contagiados. Sin lugar a duda, el papel de las TICs ha contribuido a reducir el pánico producido por una creciente situación de incertidumbre, apoyando la gestión de los gobiernos (nacionales y locales), y las organizaciones internacionales que han abanderado el tratamiento de esta crisis sanitaria (como la OMS). Las experiencias internacionales en esta materia son variadas. En Alemania, por ejemplo, Deutsche Telekom ha desarrollado una plataforma por medio de la cual se transfieren los flujos de movimientos de sus usuarios al Instituto Robert-Koch, agencia estatal responsable del control y prevención de enfermedades. Por su parte, la Comisión Europea se encuentra coordinando estrategias con ocho operadores de telecomunicaciones, para obtener datos de geolocalización que permitan generar medidas capaces de rastrear anónimamente el avance de la Covid-19 entre sus usuarios. Apple y Google también se han unido a estas iniciativas cuando, el 10 de abril, anunciaron una alianza con la finalidad de desarrollar un sistema conjunto que permitiera alertar a las personas, desde sus celulares, si estuvieron en contacto con otros individuos que hubiesen dado positivo al virus. Ambas multinacionales aseguraron que respetarán la privacidad de los usuarios que decidan descargar esta App, cuyo uso será completamente voluntario, además de anónimo. Lo anterior implica que no habrá registro de la localización de las personas vía GPS, ni un uso indebido de información personal. Este tipo de herramientas ya están siendo implementadas, con éxito, en Singapur, Israel, Corea del Sur y Polonia. Ahora bien, el carácter voluntario de estas aplicaciones puede cambiar su naturaleza, especialmente con la re-apertura de fronteras y las políticas que decidan adoptar los gobiernos frente a viajeros externos. De acuerdo con Privacy International, en Tailandia, SIM cards y aplicativos móviles fueron destinados a población extranjera, mientras que en Hong Kong es obligatorio usar brazaletes para aquellas personas que se encuentran en cuarentena obligatoria. Ambas iniciativas tienen la finalidad de registrar la localización de los individuos, además de emitirles mensajes del gobierno de manera reiterativa e inmediata. En Colombia, el gobierno nacional lanzó el aplicativo CoronApp. A grandes rasgos, esta herramienta permite visualizar las cifras para el país sobre el estado del contagio, consejos esenciales en materia de cuidado en casa, plataformas educativas y alternativas económicas durante el Coronavirus, y líneas de atención relacionadas con la emergencia sanitaria. Víctor Muñoz, Consejero Económico y de Transformación Digital, aseguró que el uso extensivo de esta aplicación móvil permitirá al Instituto Nacional de Salud (INS) actuar de una manera mucho más asertiva. Además de ser otro canal de comunicación oficial para brindar medidas y recomendaciones de prevención, así como reportes del estado y comportamiento de este nuevo coronavirus en el país. Entre sus muchas otras ventajas, esta App ha permitido construir mapas de información y de calor que facilitan la toma de decisión del gobierno, y sus correspondientes instituciones de salud. Las ventajas Las prácticas internacionales han demostrado que el uso de estos aplicativos podría favorecer la flexibilización de las medidas de confinamiento y aislamiento obligatorio. En caso de que sean interoperables y capaces de usarse en diferentes países del mundo, también promoverán la disminución de las restricciones fronterizas, reestableciendo paulatinamente las dinámicas internacionales de movilidad. Así mismo, la información recolectada a través de estas plataformas digitales, permitirá detectar poblaciones vulnerables, y entender el impacto que en éstas puedan tener las políticas relacionadas con el distanciamiento social y el confinamiento. Las desventajas Si bien las TICs han sido un aliado estratégico para entender el estado del virus, prevenir los contagios, y mantener informada a la población, también es importante distinguir los riesgos asociados al uso extensivo de estas herramientas que, en su momento, podrían afectar la intimidad y privacidad de los individuos. Uno de los mayores peligros es que en regímenes poco democráticos y/o con legislaciones ambiguas en materia de libertades personales, estas Apps podrían incrementar el poder de los gobiernos para explotar los datos personales con propósitos que no están necesariamente relacionados con la mitigación del virus, inclusive cuando termine esta situación sanitaria. En India, por ejemplo, las violaciones a la privacidad que suponen un riesgo para la seguridad material de las personas, ya se empiezan a notar. En el Estado de Karnataka, fue publicado un listado con los detalles personales de todos los individuos en cuarentena. El objetivo de esta acción es favorecer la geolocalización de estas personas por parte de los cuerpos policiales, a través de sistemas GPS, drones, entre otros. En casos donde la claridad en la protección de los datos de los usuarios no sea extensiva, se incrementará significativamente la violación a derechos fundamentales como el derecho a ser informados sobre los fines del procesamiento de los datos y los usuarios a los que se comparten esos datos, muchos de los cuales son sensibles para los individuos. Estos asuntos también están altamente condicionados por los parámetros de seguridad cibernética de las aplicaciones. No debe olvidarse que plataformas como Google, YouTube, Apple y Amazon han sido blancos para el robo de información sobre sus usuarios a través del phishing, ampliamente utilizado por estafadores cibernéticos para robar información personal y financiera; o el reciente escándalo de Facebook, en el que esta red social vendió datos personales a grandes empresas para incidir en el comportamiento y preferencias de los usuarios. Puntos de equilibrio y algunas recomendaciones Los riesgos asociados al uso extensivo de aplicaciones para controlar la movilidad de las personas, podrá afectar significativamente la privacidad de los seres humanos, más aún si juegan como organizaciones rectoras en la administración de estas herramientas, actores públicos y privados que, en algunos casos, no han tenido comportamientos precisamente respetuosos de estos derechos. Sin embargo, este temor no debe impedir el uso de la tecnología para mejorar las condiciones de vida de la humanidad, especialmente en la época crítica que estamos enfrentando. Para mitigar esos riesgos, algunas aplicaciones como TraceTogether en Singapur pueden ser referencias de buenas prácticas en la materia. Esta App tiene varias garantías de seguridad para sus usuarios, como el no recolectar datos espaciales de las personas. Por su parte la Pan-European App, además de encriptar la información personal, asegura el anonimato de las personas y los datos de los individuos. En ese sentido, COVID-19 app (desarrollada por el Instituto Noruego de Salud Pública), solamente guarda la información de la localización durante 30 días. Ahora bien, el éxito de estas aplicaciones también depende de la cantidad de personas que tengan acceso a estas tecnologías, su voluntad de hacer parte de las mismas, y el número de pruebas que se hagan para reportar al sistema si se está, o no, contagiado. Hasta la fecha (6 de mayo del 2020), CoronApp ha sido descargada 4’905.841 veces, una cifra importante pero que, al compararse con los casi 50 millones de personas que habitan en Colombia, podría ser poco representativa. A lo anterior se suma que este tipo de tecnologías en un país como Colombia, son un privilegio. De acuerdo con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el país, más de la mitad de su población no tiene acceso a internet (23,8 millones de personas), situación que se concentra en las zonas más apartadas, o en los estratos 1 y 2 de las ciudades. Asimismo, la amplia diversidad étnica del país y su población etaria, hace indispensable que el uso de estas tecnologías para el control del virus, sea complementado con otros medios de comunicación, como emisoras comunitarias. La transparencia entre desarrolladores y usuarios, la transferencia de información, y las alianzas público-privadas en el desarrollo de aplicativos, será fundamental a la hora de reactivar movilidad nacional e internacional, toda vez que se proteja la vida de las personas y la sostenibilidad de los sistemas de salud. Por último, es importante que las múltiples iniciativas en los ámbitos locales, nacionales internacionales e, inclusive, privadas, sean interoperables o, por lo menos, lo suficientemente coordinadas para manejar un mismo canal de comunicación que no incremente la desinformación y el pánico, y que prevenga la filtración de información maliciosa o falsa.

Por: Redacción Pares La Contraloría General de la República urgió hoy a al operador del relleno sanitario Doña Juana, a la ANLA, la Superintendencia de Servicios y la UAESP, para que precisen la condición de estabilidad geotécnica en la que se encuentra este luego del evento de deslizamiento ocurrido en la noche del pasado martes 28 de abril, al tiempo que reveló que, según lo que ha podido establecer con la ANLA, el operador NO reportó oportunamente información geotécnica relevante del proceso de inestabilidad en marcha, que concluyó con esta nueva emergencia. Para la Contraloría, esta situación debe ser abordada por la Supervisión del contrato y la ANLA, a efecto de imponer medidas que impidan que se repitan procesos de remoción en masa al interior del relleno y que, como consecuencia directa, se coloque en riesgo y exposición a la población por situaciones biosanitarias adversas y deterioro de las condiciones ambientales. La Contraloría señaló que se requiere también un pronunciamiento del operador del relleno en relación de las causas, implicaciones y posibles riesgos derivados del deslizamiento. Además, la Alcaldía Mayor debe formular propuestas para una alternativa viable de disposición de residuos en la capital teniendo en cuenta que pone en peligro la salud de más de 100.000 familias en los barrios Chuniza, Monteblanco y La Aurora, en Usme, y Mochuelo Alto y Bajo, en Ciudad Bolívar en caso de una nueva emergencia. El organismo de control plantea la posibilidad de adelantar una acción conjunta con la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, para establecer las posibles causas y situaciones relacionadas con la actual emergencia que afronta el Relleno Sanitario Doña Juana, el más grande del país y uno de los más grande del mundo. La Contraloría General estima necesario evaluar el Plan de contingencias del relleno Doña Juana y, en forma preliminar, dice que éste presenta debilidades. Considera, además, que la vida útil del relleno es un punto de especial importancia para el adecuado manejo de los residuos sólidos del Distrito Capital y para que continúe su operación de acuerdo al tiempo que le fija la licencia ambiental, hecho que ocurrirá entre los años 2022 a 2023, situación que implica que la actual Administración Distrital debe resolver este hito lo antes posible, dadas las implicaciones tarifarias, de salud pública y ambientales asociadas a las características actuales del relleno. No es un problema de ahora y es generalizado En varias de sus auditorías, el organismo de control ha detectado diferentes problemáticas administrativas, operativas, ambientales y de estabilidad del Relleno Doña Juana, así como de otros rellenos del país. En las auditorías practicadas desde la 2017, en relación con el relleno Doña Juana, se han determinado situaciones como la carencia del permiso de vertimientos, incumplimientos del operador del relleno Consorcio Gerenciamiento Relleno Doña Juana (CGR DJ) en relación con las obligaciones de la licencia ambiental, desatención reiterada por parte del operador a los informes de la interventoría y deficiencias en labores de mantenimiento y en obras de manejo requeridas para la adecuada operación del relleno, entre otras. El ente de control ha detectado que otros rellenos sanitarios del país se encuentran en situación similar al relleno Doña Juana, en cuanto a afrontar una corta vida útil, situación que demanda de las Administraciones Locales acciones urgentes a efecto de no decretar emergencias sanitarias, así como la necesidad de definir soluciones técnicas, sociales ambientales y económicas de largo plazo. El relleno sanitario Doña Juana inició operaciones en noviembre de 1988, como respuesta a una emergencia sanitaria. Todos los días se disponen en él 6.400 toneladas de residuos sólidos provenientes de Bogotá, Cáqueza, Chipaque, Choachí, Fosca, Gutiérrez, Une y Ubaque, bajo un procedimiento que acusa un crítico rezago tecnológico, condición agravada por el estado de las vías internas del relleno, que hacen que la tarea diaria para los conductores de los vehículos sea una verdadera odisea. El manejo de las más de 6000 toneladas diarias de desechos que recibe el relleno sanitario de Doña Juana en la ciudad de Bogotá, ha estado en mora de recibir una alternativa, cuando su capacidad de almacenamiento está casi a tope de sus 592 hectáreas y su cercanía con zonas cada vez más densamente pobladas, ponen en riesgo a la comunidad. La última noticia sobre los deslizamientos dentro del relleno sanitario de Doña Juana fue el pasado 28 de abril, cuando los habitantes de las comunidades vecinas escuchan un estruendo sobre las siete de la noche que corresponde al deslizamiento de entre 80.000 a 120.000 toneladas de residuos en una zona que ya no se usaba pero que al medio día empezó a presentar grietas en el terraplén y horas más tarde se deslizó por fortuna hacia dentro del relleno. Esta es la tercera vez que sucede este tipo de emergencias. La primera fue el 26 de septiembre de 1997 cuando el sur, centro y hasta Chapinero, se sumió en un hedor a cuenta de la explosión de 1’200.000 toneladas de basura en el relleno. Además, ha sido la más grave de todas, resultando afectadas cientos de personas de los barrios aledaños al botadero. Y eso fue el resultado de la falta de atención estatal sobre una alerta realizada cinco años antes por el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, que advertía sobre problemas que de antaño no se resolvieron y que estaban estrechamente vinculados, como es común, en estos casos con el manejo de los lixiviados, además de que el área destinada era inferior a la capacidad, debido a las condiciones hidrológicas, lo escarpado del terreno y la inestabilidad. La historia se repite el 2 de octubre de 2015 cuando un talud no resiste y cede ocasionando un deslizamiento de 750.000 toneladas que volvió a cubrir varios kilómetros a la redonda con olores nauseabundos y tóxicos en el sur de Bogotá.

Por: Giorgio Londoño Medina. Investigador Nacional PARES. Mi nombre es Beatriz Méndez Piñeros. Soy madre de Wéimar Armando Castro y tía de Eduard Benjamín Rincón Méndez, dos jóvenes de 19 años que un 21 de junio de 2004 salieron a dar una vuelta y no regresaron jamás. No era costumbre que se quedaran por fuera, pero mi sobrino le pidió permiso a su mamá para salir con unas amigas, ella le dijo que no se demorara porque estaban haciendo unos collares juntos, y salió. Y yo, inocente en el campo… Ese fin de semana, era el día del padre y mi hijo no me acompañó porque estaba donde mi hermana. Mi cuñado para mí hijo era como su padrino, su tío, su amigo, su papá. Mi compadre ha sido como un hermano: muy especial con mis hijos y conmigo, y entonces querían darle la sorpresa. Él manejaba un bus y la idea que tenían con el primo para cuando llegara de trabajar era celebrarle haciendo como que ellos eran los chefs y meseros, para hacer ese día muy especial. Entonces ese día cuando mi sobrino ya se iba a ir, como que cayó en cuenta de que algo le faltaba, se devolvió y le dijo a mi hijo: camine me acompaña. Lo que me cuentan es que él primero dijo que no, que no, que la tía no le había dado permiso, pero luego sí se decidió. Cuentan que el primo le dijo una frase, que le dijo “camine ¿o me va a dejar morir?” y entonces fue a pedir permiso con la condición de que lo esperara a que se bañara -es que eran muy, muy apegados porque él se crió solito hasta los 11 años; fue el consentido-. Yo me imagino que fue a donde mi hermana y, como él siempre era, le debió haber dicho, como me decía a mí: «¿Shí, mami, shí? deme permiso», como cuando quería algo. Mi hermana entonces le dijo que sí, pero que, en serio, no se demoraran porque llegaba el papá… Ciudad Bolívar en ese tiempo estaba complicado y que los muchachos salieran hasta tarde en la noche no era normal. Y así, se fueron, y mi hermana siguió con su labor artesanal. Luego de que salieron, mi hermana dice que subió al baño y dijo: ¡ay, Weimar! vea, se bañó, dejó el jabón derritiéndose en la pileta y dejó la ropa en el suelo. Espere que venga y verá. Y no. Se quedó con las ganas de regañarlo. No regresaron… Entonces ese fin de semana yo no estaba con ellos, me fui con mis dos hijos más pequeños porque estaban en vacaciones de mitad de año y siempre, si tengo un espacio, me voy para el campo a acompañar a mi mamá, a llevar a mis hijos al columpio, a que tomen leche… bueno, a que prueben las delicias del campo, que es algo muy bonito. Ese martes, como no llegaron, empezó mi hermana a consultar con los vecinos si sabían dónde vivía Angie, la niña con la que se fueron ellos – no me acuerdo bien cómo se llamaba la peladita- y buscaron en la casa del abuelo, pero el señor dijo que no, que ella vivía en Bosa. Mi hermana me cuenta que pensó ¿Bosa?, tan grande que es Bosa, imposible que se los llevaran para allá. Sin embargo, siguió preguntando en los CAI y con los vecinos, y al ver que no llegaban llamó a mi otra hermana que vive en el Tunal, a mi hermano Pedro José y a mi esposo, preguntando si los habían encontrado, si los habían llamado o si habían ido… y no. Ya por la tarde fue a Bosa, pero con lo grande que es, decidió irse primero a la autopista sur a una estación de policía a decirles que sus hijos estaban desaparecidos. Lo que ellos le respondieron cuando les dijo que la chica con la que andaban vivía por esos lados fue que «estarán con algunas niñas indeseadas». Eso fue lo que dijeron. Y cuando les manifestó que necesitaba colocar el denuncio y que le ayudaran a buscarlos, le pidieron que no se afanara, que no se preocupara, que se tranquilizara y se fuera para la casa que quizá ellos ya habían regresado. En su angustia ella les insistía: sí, pero yo necesito colocar el denuncio, que sepan que mis hijos están desaparecidos. Y le dijeron que no podían recibírselo porque tenían que pasar 72 horas para darlos por desaparecidos. En su desespero ella se fue caminando de Bosa Auto sur a Arborizadora Alta. Eso es lejísimos. Cuando llegó a la casa y no los encontró, se desesperó más. Llamó al hospital de Meisen, a los centros médicos. Uno hasta podría pensar que pasó algo y los tenían en una UPJ, pero llegó la noche y nada. Así, llegó mi cuñado -porque él salía a trabajar a las dos de la mañana, llegaba en noche, dormía y, luego, otra vez se iba a enturnarse arriba en Cazucá- y ella no le había querido decir nada. Él siempre se llevaba a uno de los muchachos de auxiliar en la buseta y cuando ese martes madrugó y preguntó quién se iba a ir con él, mi hermana ahí mismo llamó al más pequeño y le dijo: dígale que necesita plata para unos cuadernos. Vaya, papi, que sus hermanos no llegaron. Y, claro, rápido el chiquitín se levantó, le dijo al papá y él se lo llevó y no se dio cuenta. Pero mi cuñado siempre llegaba en las noches y preguntaba por los niños y en la noche mi hermana ya no pudo con ese peso. Él le preguntó: y ¿dónde están los muchachos? ¿por qué no fueron a trabajar conmigo? No salieron hoy al cruce – es que uno ayudaba por la mañana y el otro por la tarde y Camilito, el más pequeño, se había quedado todo el día con él-. Entonces le dijo mi hermana: no, lo que pasa es que ellos no están. Y él: ¿cómo así que no están? ¿qué pasó? ¿cómo así que les dio permiso? ¿Por qué no me avisó? ¿Por qué hasta ahora? Ahora qué voy a hacer si ya mañana estoy enturnado. Pues pasó esa noche así y a las dos de la mañana otra vez mi cuñado se enturnó. Donde él se vivía con lo que se ganaba a diario y pues dijo: yo voy, hago un turno, hago lo del diario y luego vengo para que nos pongamos a buscar. Mientras tanto, yo inocente de todo, allá en el campo con mis hijos. Llegó ese miércoles y un familiar de mi cuñado escuchó en Radio 1, una emisora que era muy escandalosa: ¡atención! ¡última hora! En el sur de Bogotá dados de baja dos guerrilleros en enfrentamientos con el Ejército, “N.N”, al parecer uno es Eduard Rincón… y esta persona que escuchó, dijo, tan raro ¿Eduard Rincón?, yo tengo un sobrino que se llama así. Entonces, le entró esa angustia y se fue al trabajo de mi cuñado. Ahí se vieron y él le dijo que quería pasar a saludarlo, que cómo estaba, que cómo está la familia. Y él le respondió que bien. Entonces, ahí fue que le comentó: no, pues ya que me dice que está todo bien, pues lo que pasa, Benja, es que yo escuché en una emisora esta mañana que habían dado de baja a dos guerrilleros, por el ejército, y nombraron a Eduard. Mi cuñado no pudo soportar y dijo: no, no, Juan. Sí, la verdad es que los chicos están desaparecidos ¿Qué más dijeron? Y, no, que les habían dado de baja, que por guerrilleros. Ahí mismo llamó a mi hermana en una casa en frente de la de ellos, donde los hacían pasar, y le dijo: los chicos aparecieron, pero la verdad es que en noticias dijeron esto y lo otro. Me voy para Medicina Legal a verificar si es cierto. No. Esa casa se volvió la locura. Claro, mi cuñado llamó a mi esposo, llamó a mi hermano y se fueron… Después de buscar uno en todo lado, el último rincón en que buscaría sería en Medicina Legal, porque uno siempre guarda la esperanza de encontrarlos. No sé, digo, detenidos, pero no en Medicina Legal. Cuando mi cuñado llegó allá, el funcionario creo que les mostró un álbum. No sé, la verdad yo le he preguntado. Yo le pregunto a mi esposo si él entró, si los vio y ¿cómo los vio? ¿cómo los encontró? Pero ellos no. Ya no están conmigo en esta lucha. No. Mi cuñado sí al comienzo dio toda la batalla que pudo, pero ya se cansó… Les mostraron el álbum y él dijo: no lo puedo creer, no, ellos no son, yo quiero verlos de verdad, quiero tocarlos, quiero saber que sí son ellos porque ver fotos no me dice nada. Y el señor los hizo seguir. Y sí. Mi cuñado dice que él fue y abrazó a su hijo, le levantó un bracito y luego lo soltó porque se impresionó. Yo no sé cómo estaban, me imagino que estaban desnudos. Él lo vio tan destrozado, que lo soltó, pero lo reconoció. Él le dijo al señor que sí era ellos y él les pasó una hoja y le dijo, hermano, lo siento, y para entregarle los cuerpos de sus hijos me firman esto. Tiene que ir ahorita, contratar una funeraria y nosotros acá se lo entregamos. Y que luego el señor le dijo: y de paso, pues le informo que nosotros les cogimos los órganos. Y eso a mí me parece ser muy abusivos ¡Ahí sí no hubo que esperar 72 horas! Para recibir el denuncio tenía que esperar uno 72 horas, pero para caer como pirañas en los cuerpos de ellos, ahí sí no. Claro, los verían jóvenes, sanos y de muerte violenta ¡todo les servía!… Sé que a mi hijo le quitaron las corneas, por eso yo estampé sus ojos en una pañoleta y me la coloco de rabia, de protesta, para mostrar esa impotencia que uno siente. Dijeron: les quitamos los órganos entonces, firmen. Y ellos con su dolor, firmaron. Ya después como que recapacitaron y dijeron ¿por qué firmamos? Pero, como dicen por ahí “ya no hay pataleo de nada” y empezaron a hacer las otras vueltas. Y yo, inocente en el campo. Aunque yo ese lunes sí había tenido una experiencia fea: iba a empezar a hacer una novena -yo soy devota ¿sí? Pues a ratos, del divino niño- y estaba empezando a hacer una, de los lunes, que siempre hacía cuando mi hijo se iba a estudiar, y apareció una mariposa de esas negras, grandes. Yo no les tengo agüero, pero empecé a espantarla; y la espantaba y le pegaba con un trapo y ¡no! esa mariposa seguía revoloteando, pero yo quería que se fuera porque quería empezar la novena con mis hijos pequeñitos. Y no, ella echaba un polvillo y yo sacúdala y sacúdala. Ahora yo digo, de pronto, no sé… Ellos salieron a las cuatro de la tarde y a las once de la noche estaban torturados. Siempre he creído que se desangraron de píe, disfrazados, les colocaron prendas militares. Entonces, a veces siento que al pegarle a esa mariposa yo estaba ayudando a golpearlos, pienso yo. Me echo esa culpa… Y eso que ahorita adoro las mariposas, me tatué una pensando en esa metamorfosis que ha sido mi vida desde ahí. Pero, desde que eso pasó les cogí pavor a esas. En los zapatos de mis hijos Ellos aparecieron en el sur de Bogotá, en el barrio Perdomo, entre las diez y cuarenta y cinco y las once y cuarto. Una señora dijo que les gritaban ¡corran! y que uno de ellos dijo, ¡por favor no nos maten! pero ellos ya no tenían fuerzas para caminar; ya estaban desangrados ¿Por qué sé que estaban desangrados? porque yo veo los zapatos de mi hijo. Él tenía unas Fila blancas y, en un comienzo, yo creí que era por robarlos que de pronto les habían hecho eso, no sabía que habían muerto a bala. Cuando los recibieron, mi hermana echó los zapatos y las botas -botas militares que a mi sobrino sí le colocaron-, en un tanque y al otro día cuando fue a lavarlas casi se enloquece porque el agua había quedado roja, muy roja. Mi hermana fue la que vivió más de cerca todo eso. Es la que me contó eso de las zapatillas, me las entregó, yo las tengo, las guardo… y me las pongo a veces, así siento que me pongo en los zapatos de mi hijo. Él calzaba 44, era un tipo alto, moreno, ojos claros, un artista muy inteligente… Y ya. Ese miércoles que los encontraron decidieron avisarme. Iba a ir mi esposo hasta donde yo estaba y me iba a decir así, de una: Betty, camine que su hijo apareció. Yo esperaba a Weimitar ese fin de semana, cuando ese miércoles en la tarde, luego de asegurar los terneros para madrugar a ordeñar, de pronto veo parar una flota y veo que por el camino va subiendo una de mis hermanas. Yo pensé, inmediatamente, ¿será que viene a visitarnos? Pero ella tenía un negocio y no lo podía cerrar porque pagaba un arriendo caro. Pero bueno, recogí los baldes, el machete de cortar pasto, y la saludé. La vi tranquila y entonces le pregunto: ¿y ese milagro? Usted trae malas noticias, porque usted no viene así como así -porque cuando a mi hermano Luis lo mató la guerrilla ella fue con una pastilla, se la dio a mi mamá y al rato soltó la bomba-. Y ella dice: ¡Ay, Betty! Imagínese que Eduard está hospitalizado. No, imagínese que no sé qué tiene, y no, toca alistar maletas porque nos vamos para Bogotá. Y yo le respondí que yo qué podía hacer, que allá estaba la mamá, el papá; estaban todos. Entonces mi hermana se metió a la cocina -yo tenía una baldado de ropa para lavar- y no sé qué le dijo a mi mamá, que salió y me dijo: ay, mijita, eso no lave, váyase con Teresita para Bogotá. Tiene que irse para Bogotá porque Eduitard está hospitalizado. Claro, y yo les contesté: pero ¿yo qué puedo hacer? No, yo después voy y lo visito. Él se mejora. No hallaban cómo decirme, hasta que salen con que, no, lo que pasa es que Wéimar también está ahí. Ahí sí, cuando escuché que Wéimar ¡yo qué ropa! Eso salí a la carretera y me le atravesé al primer carro, un taxi de Tunja que nos recogió y como en ese tiempo no había flota a esa hora, entonces tocó ir a la capital, a Tunja. Por el camino mi hermana llore y llore, y yo, pues llore también. Yo me imaginaba que le habían dado una puñalada por robarle los zapatos, porque él tenía esas zapatillas, y yo no le compraba zapatos ordinarios a mi hijo. Él calzaba mucho y esas baratas, pues no. Y pues a él le gustaba su tabla, sus O.P. Y yo le daba gusto porque mis hijos para mí, lo que yo pudiera, yo les daba; hasta mi vida… Entonces llegamos a Tunja, cogimos flota y eso fue terrible, mi hermana seguía llorando y yo me imaginaba ¡ay, no, mi hijo está herido! y así llegamos, no sé, a la madrugada, al Tunal. En la casa de mi hermana todos estaban despiertos y cuando entré la mirada la fijaron en mi hermana. Seguro ella decía que no, que no dijeran nada. Saludé a mi sobrino y les dije: ahí les recomiendo los niños, me voy para el hospital porque yo sé que él me necesita. Y mi hermana me respondió que comiera algo, que no me iban a dejar entrar, que no eran permitidas las visitas a esa hora. Yo le dije que no, que yo era la mamá, a mí me dejaban entrar y me contestó: no Betty, es que él está en coma. ¿Qué? Me afané y le dije: no, yo sé que voy y le hablo, yo sé que le doy un beso y le digo que me apriete la mano y él va a estar bien, pero déjeme ir, yo me quiero ir. Finalmente, me convencieron y supuestamente me acosté a dormir. Yo me imaginaba esas películas y novelas en que uno va y les habla y ellos sueltan una lagrimita y abren los ojos y reconocen la voz. Me imaginaba en ese plan. Decía: yo sé que él va a escuchar se va a despertar. Ya madrugada, me levanté y cuando me iba a ir sonó el teléfono y era mi hermano José. Contestó mi hermana Teresa y dice ella: sí, sí, acá está Betty. Sí, le estoy rogando para que se tome un caldo, pero no quiere nada, ya se va a ir al hospital. Y entonces me dijo que Beto, mi esposo, quería hablar conmigo. Lo escucho y le digo: hola ¿cómo están? ¿Cómo están ellos? ¿Usted está en el hospital? y me suelta la bomba. Sí, ya está todo listo acá en la funeraria… Yo suelto el teléfono y miro a mi hermana, y ella me dice: ¡perdóneme, Betty, perdóneme, no tuve el valor de decirle la verdad! Yo le decía, pero ¿por qué? Eso fue una película de horror desde que llegaron a Jenesano y no me dijeron nada… Yo sólo decía, pero ¿por qué? ¿por qué tanto tiempo? Y ellos: no, mami, que tranquilícese, que toca ir a comprar ropa negra, toca ir a no sé qué, que los niños, que vaya para allá, que para acá. Todo el mundo estaba encima de uno. De pronto llegan y me dicen: vamos a la funeraria. Y yo ¿cuál funeraria? En el Restrepo. Y llego allá, y esa sala llena. Adentro todo el mundo diciendo «llegó la mamá, llegó la mamá». Había mucha familia, mucha. También todos los amigos de mi cuñado; había muchas coronas… Entonces entro y veo dos ataúdes, y alguien me dice: venga, mire, acá está su hijo. Yo no creía, no quería llegar a ese espacio y verles su rostro. No. Jamás habría querido verlo así, jamás se imagina uno que sus hijos se van a ir primero. Normalmente son los hijos quienes entierran a sus padres… Y llegar y verlo… Yo lo quería abrazar, yo lo quería tocar. Si me lo destaparan yo lo toco, pero era como tocar esta mesa, dura, fría. Yo lo quería abrazar, pero me decía: no, él no es. Lo vi diferente, bien peinado hacia atrás. Pero, aunque lo hubieran maquillado tanto, también le vi como unas quemaduras de cigarrillos. Y después fui a ver a Eduitard… pálido. Le echaron base. Les aplican tantas cosas, pero es para tapar una verdad. Después me enteré de que fueron torturados. Yo no sabía que habían muerto a bala. Uno con el tiempo trata de hablar de lo que vio. A mí me contaron de gente que estaba a mi rededor y yo no vi nada, andaba porque sabía que tocaba andar. Sentía que no era yo. No soy yo. Después hablando de ese momento yo decía: ¿a ellos los torturaron, cierto? Los quemaron con cigarrillo ¿qué será lo que ellos sabían para haberlos matado, para haberles hecho lo que les hicieron? Yo decía, pero ¿por qué les uniformaron? No entendía lo de los uniformes. Y alguien me respondió que a ellos no los quemaron, que no fuera boba, que eso eran tiros… ¡Ay! yo sentía como si me los hubieran pegado a mí. No entendía que los habían asesinado. Me imaginaba que era por robarlos. Y cuando enfrenté la realidad de tener que poner denuncia, aquí y allá, y empecé a ver que describían: dos jóvenes adultos, encontrados en vía pública, disfrazados, uniformados, muertos a bala; Eduitard cuarenta y pucho de disparos, Wéimar, otros tantos… A ellos sí los hicieron caminar heridos y una señora que escuchó lo que pasó dice que les decían ¡corran! y que uno de ellos gritó ¡no, por favor, no nos maten! Los querían hacer correr para cogerlos por la espalda, pero no, ya no tenían alientos. Entonces lo que hicieron fue acribillarlos. La señora dice que escuchó la ráfaga y lo que hizo fue pararse; que se lanzó al piso y cuando escuchó gente caminar, porque sintió que la cosa había pasado, salió y ya había una moto de la policía a travesada en la puerta y le dijo: ¿qué quiere señora? ¿quiere servir de testigo?… Yo he ido al lugar. Yo no había querido enfrentar esa realidad de ir hasta donde quedaron; no quería recorrer y enfrentar. Y fue tan duro. Yo recorriendo esos pasos… Por eso digo que de Bosa a Arborizadora Alta es lejos, porque yo lo hice, yo fui a buscar la casa donde mi sobrina Vivi – que es una mujer también valiente, una mujer que se arriesga- dice que vivían esas niñas, pero no la encontramos. Nos imaginamos el recorrido que ellos hicieron, pasamos la autopista, luego un CAI, subimos todo eso hasta unas casitas por allá arriba y llegamos al sitio. Y llorábamos… nos pusimos en el sitio, me arrodillé y mi sobrina dijo: mire, acá quedó Wéimar y acá quedó Eduard. Aquí quedaron. Ella había visto las fotos de Medicina Legal. Cuando fuimos, estábamos grabando y la gente salía, y yo le decía: buenas tardes ¿sumercé hace cuanto que vive acá? Y respondían: 9 años. Seguíamos averiguando ¿Cuánto lleva viviendo acá? 18. Entonces Sumercé ha escuchado por acá, hace 15 años, de dos muchachos… Y ellos: ¡sí, sí, claro! ¡Hasta la hora se la podemos dar! Eso fue como a las once ¡uy! eso fue terrible. Una balacera terrible. Y eran militares, ellos eran militares. Y seguía uno preguntado y le iban contando… Y ahí una cosa que pasó fue que ese día mientras estábamos sentadas en un andén, pasó una señora y me dice mi sobrina: tía, a esa señora la conozco. Dice: ¡ay, no sé de dónde la conozco, tía! Y Yo le dije: vamos, vamos. Y cuando íbamos a subir detrás de la señora, subió un carro de placas «545». Ese era el carro de mi cuñado. El carro que él sacó es 2004 y que era sorpresa para los hijos, porque que como no tenían la posibilidad de entrar a un Sena, a una universidad, pues se decidió sacar un carro y que pudieran trabajarlo. El uno lo trabajaba de día y el otro de noche. Como fuera, pero tenían que salir adelante. Pero no, ellos no alcanzaron a conocerlo y era una sorpresa que le tenía a mi hijo y a mi sobrino. En honor a ellos después le colocó “los Minchos”. A los Benjamines les dicen “Minchos”, entonces le puso así. En ese momento, cuando pasó el carro, yo sentí que el mundo se me venía encima, y Vivi dice: sí, ese es el carro que tenía mi papá. Y allá en la curva se perdió. A mí me dio mucho medio porque estamos buscando la verdad y también así uno corre peligro… Bueno, pasó así, y alcanzamos a la señora. Se conocían con mi sobrina porque trabajaban en la misma universidad y entonces ella nos invitó a tomar agua y nos dijo que sí había escuchado, y que el día que eso pasó, vio todo desde la ventana, que porque eso era como normal. Ese sector era un arenal, allá escondían armas y en ese lado había grupos de autodefensas. Dicen que ellos trabajaron en complicidad con el ejército. Y así fue ese día, incluso hubo gente que pensó que eran militares, que porque estaban uniformados. Los asociaron fue con militares, mientras que el noticiero dijo que eran guerrilleros en enfrentamientos. Claro, yo decía ¿enfrentamientos en Bogotá? O sea, se metió la guerrilla y no se dieron cuenta. En un enfrentamiento hay hartos de este lado y hartos de este otro, y están armados. Pero ¿dos muchachos? Digo yo, haberlos torturado tanto. No me explico lo que les hicieron para haberles puesto esos chiros ¿cuánto los torturarían? ¿qué palabrotas les dirían? ¿qué más maltrato?… La lucha Entonces, cuando yo estaba allá. En esos cuatro años que duré enterrada, un día empiezo a escuchar que hay jóvenes desaparecidos en Soacha, que las mamitas se encontraron en la Personería denunciando la desaparición de sus hijos, que aparecieron jóvenes llevados a Ocaña; que aparecieron uniformados, que fueron torturados, que los engañaron con propuestas de trabajo. Yo llamé a mi hermana y le dije: ¿sí ve?, lo mismo que nos pasó a nosotras, escuchemos. Y nosotras allá enterradas, pues dije: no, me voy para Bogotá. Vea que ellas sí escuchan, que las mamitas se reúnen, que hacen plantones, que las mamitas luchan; que quieren saber la verdad. Y hubo una convocatoria de una marcha en abril del 2009. Una marcha que la encabezó el señor Iván Cepeda y me vine sola. Mandé a estampar la camiseta con mis hijos y fui desde el bunker de la fiscalía, luego por toda la 26 y vinimos a dar por acá a un restaurante en el centro. Ahí me conecté. Antes, mi caso no estaba registrado, o sea, no como falso positivo, pero cuando yo conté que fueron disfrazados, que fueron torturados, que les habían hecho promesas de trabajo, comprendí. Porque incluso a mis hijos sí le habían hecho esa invitación a un curso. Mi hijo me dijo: mami, nos encontramos unos señores y nos están invitando a hacer un curso, nos ofrecen buen trabajo, buen pago. Pero me dijo que tocaba ir por allá a los llanos a hacer un curso y no. Pensamos que era para mínimo para celador y no… No. Yo a mi hijo lo veía de profesional, de arquitecto, de ingeniero. Él hacía caricaturas, dibujaba. Le daban una foto pequeñita y la hacía grande, hacía bodegones. Yo me lo imagino. Cuando voy al cementerio y le limpio su nombre en esa lápida… eso era lo que yo no quería. Yo quería era limpiarle sus diplomas, sus menciones de honor, yo no me imaginaba ver su nombre en esas placas. Me da una piedra… Eso es lo que a una le da rabia, que uno parió para formar buenos hombres, no para que un criminal saque pecho y se cuelgue medallas en honor a la muerte de nuestros hijos. Y todavía tienen el descaro de decir que los que hicieron eso son unos pobres ignorantes. Pobre e ignorante él [General Montoya], que acató ordenes de sus superiores. Ese sí es más ignorante, que hizo caso del Ministro de Defensa y de su presidente. Si es tan educado, pues que se quite todas esas medallas que ha recibido a costa de los que sí pusieron el pecho; de los soldados que dieron su vida por negarse a hacerlo o los que sufren por haber hecho eso obligados.

Por: León Valencia, director – Pares La preparación de una intervención militar en Venezuela avanza. Contra los pronósticos de la mayoría de los analistas que ven improbable que Donald Trump, acompañado quizá por obcecados y torpes políticos colombianos, se meta en una aventura militar en el vecino país, cada día hay más señales de que esto puede ocurrir. Depende de variables políticas que poco tienen que ver con la situación interna de Venezuela: la agudización de la crisis sanitaria y económica en Estados Unidos y la posibilidad de una derrota electoral de Donald Trump, las disputas mundiales sobre el petróleo, para sólo mencionar las más vistosas. En sólo dos meses se han producido cuatro medidas y episodios que apuntan en esa dirección: el gobierno de Estados Unidos activa un indictment contra Maduro y quince altos funcionarios de Venezuela acusándolos de narcotráfico; al poco tiempo Trump ordena el desplazamiento de naves de guerra y la militarización del Caribe con el argumento de que por allí y desde Venezuela está saliendo la mayoría de la cocaína hacia su país. En la tercera semana de marzo se produce la captura de un arsenal de armas en la carretera que conduce de Barranquilla a Santa Marta que tenía como destino Venezuela y como objetivo atentar contra miembros del gobierno venezolano incluido Maduro; y, empezando mayo, se produce la incursión de un grupo de mercenarios en la Guaira, Venezuela, muy cerca a Caracas, con un saldo de ocho muertos y trece detenidos, dentro de ellos dos ex militares norteamericanos. El escándalo de la incursión en la Guaira fue desestimado en un principio por los medios de prensa y por los gobiernos, pero con el paso de los días ha ido creciendo por las declaraciones de los propios capturados y las grabaciones y fotografías difundidas que involucran al gobierno de los Estados Unidos y a la oposición venezolana en cabeza de Juan Guaidó y señalan también al territorio colombiano como el lugar donde se gestan y preparan estas acciones con la complacencia de las autoridades del país. En esas condiciones Donald Trump tuvo que salir a desmentir su vinculación con los mercenarios, pero lo hizo con una frase de su repertorio más cínico: señaló que en su caso mandaría una fuerza con verdadera capacidad militar, una ejército, y su intervención tendría más el nombre de invasión. A Duque no le quedó mas remedio que desmarcarse de esta última acción aunque había apoyado la militarización del caribe y las acciones judiciales sobre Maduro. Algunos analistas improvisados o interesados han visto las aventuras de Barranquilla y de la Guaira como cosa de aficionados opositores o de temerarios cazarrecompensas y seguramente habrá algo de eso, pero no se necesita tener muchas luces para ver que estos ensayos, estas provocaciones, apuntan a probar la capacidad de reacción de Maduro y la manera como se comportan los aliados. Estados Unidos tiene un largo historial de intervenciones con no pocos fracasos; sabe que el gobierno venezolano tiene como consejeros a los cubanos, mil veces probados en repeler acciones de Estados Unidos; sabe también que tanto Rusia como China tienen amistad e intereses en el vecino país. Con sus fuegos de artificio pone a prueba al gobierno venezolano y a todos sus amigos. Los triste es que el gobierno colombiano va de gancho ciego a todas estas decisiones y acciones. En unas por incapacidad y en otras por la obnubilación del fanatismo. Es claro que no tiene control sobre todo lo que se mueve en la frontera y los actores irregulares actúan allí a su amaño, sirviendo de avanzada a intereses foráneos; pero también es cierto que a veces se hace el de la vista gorda ante acciones irregulares, o incluso las aúpa, con la idea de que todo lo que sirva para tumbar a Maduro es legítimo. No, presidente Duque; no, señores del uribismo, esto no es un juego. Miren lo que ha pasado en el último año. Ustedes se han quedado solos en la región, el llamado grupo de Lima está prácticamente disuelto, todos los gobiernos se han replegado a atender sus asuntos internos. Guaidó se ha ido desinflando y se está metiendo en líos muy gordos, mientras la oposición luce cada día más dividida y desorientada. Entre tanto Rusia y China no pierden oportunidad para pronunciarse en contra de cualquier intervención y estrechan sus lazos con Caracas. Las llamas de un conflicto internacional nos quemarán tanto, o más, que lo que nos ha quemado nuestro conflicto interno. ——- Nota: Antes de que se le ocurra a Duque o a su canciller el oso de pedirle a Guaidó la devolución de las tres lanchas colombianas que incautó la Guardia Nacional de Venezuela en el Orinoco, quiero decirles que este impasse se resolvería rápidamente pidiéndole a Maduro la entrega de estas embarcaciones.

Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares. Un año después de la firma del Acuerdo de Paz, el 24 de noviembre 2016 en el Teatro Colón, mientras la sociedad colombiana recibía el balance de lo que había sido el primer año de implementación de paz, en la vereda La Carmelita —entre el corredor Puerto Vega-Teteyé— en el ETCR Heiler Mosquera (Putumayo); nacía la cooperativa que con el tiempo se llamaría COMUCCOM o La Granja COMUCCOM como denominan a su espacio de paz. Un 24 pero de marzo de 2020, en la Vereda Los Corrales, finca La Siberia, la Cooperativa Multiactiva Comunitaria del Común (COMUCCOM); realizó su primera siembra de 12 mil alevinos rojos de tilapia roja. Sin duda, dicho por los y las integrantes de COMUCCOM, esta es una revancha contra la adversidad. Su apuesta por la paz, en pleno corredor vía Puerto Guzmán en donde, según la prensa se pasea la temible caravana de la muerte, florece la voluntad inquebrantable de COMUCCOM. Hoy por hoy, han completado su segunda siembra y, a pesar de las vicisitudes del virus, continúan con su labor. Ponerle el pecho a la brisa A pesar del riesgo latente que representa el asesinato de firmantes de paz, que, para el caso putumayense, ha cobrado este año la vida de Daniel Jiménez (Puerto Guzmán) y de Juan Carlos Castillo (Carmelita) — de hecho, la violencia les ha arrebatado antes compañeros de la cooperativa—; el trabajo por la paz continúa firme, señala Armando, uno de los fundadores de COMUCCOM. Frente a este periodo de cuarentena, Armando —uno de los fundadores de COMUCCOM—cuenta que han tomado las medidas pertinentes aprovechando cuando alguien puede, por el pico y cédula y, se hacen la mayoría de los encargos. Hay un carro de las verduras que pasa por el sector, ya los conoce y sabe que le compran cuando pasa nos pita y nos abastecemos. A veces les preocupa el tema del abastecimiento cuando se demora el carro, sin embargo, se mantienen con plátano y yuca. Hay que recordar que en La Granja hay seis niños y niñas menores de cinco años; además, hay dos adultos mayores, un excombatiente y la mamá de una compañera que hace hace un mes tuvo un par de gemelos. La administración municipal hizo una jornada de fumigación del Covid-19, «Y nos prometió tapabocas, pero al sol de hoy no han llegado.» Armando señala que no cuentan con un sitio adecuado, ni cuentan con ayuda. De alguna forma, están solos, sin embargo, por ser población rural se mantienen distanciados de las aglomeraciones y demás riesgos. Hemos restringido la entrada a La Granja para evitar algún tiempo de contagio. Recibimos el kit de la ARN con el antibacterial, gel y demás. “Aquí seguimos trabajando en nuestro proyecto de pisicultura. Hemos venido construyendo una bodega para almacenar concentrado, útiles de pesca y químicos.» Testimonio y foto: Armando. Armando cuenta que la cooperativa nació por el deseo de asociarse a pesar de no saber qué iniciativa productiva iban a abanderar. De ahí en adelante empezaron a conocer de frente qué era eso de la vida ‘legal’, con los trámites burocráticos que eso conllevaba, precisa. Arrojados en esas lógicas, producto de lo acordado, a pulso fueron lidiando con las dificultades que suponía mantener la voluntad de paz puesta a prueba por los procesos institucionales. Asimismo, fueron reconociendo que asociarse ha sido su mecanismo de autocuidado. Todos los integrantes fueron reconociendo que asociarse ha sido su mecanismo de autocuidado. Foto: Alexander Cabezas Claros – Integrante de COMUCCOM ¿Cómo nace COMUCCOM? Todo comienza por la apuesta a la reincorporación colectiva por encima de la individual. De hecho, los y las integrantes de la cooperativa manifiestan que esta decisión, entre otras cosas, permite hacer una apuesta para mantener las formas colectivas que se desarrollaban al interior de las filas en los tiempos de la otrora guerrilla de las FARC – EP. No sabíamos qué implicaba ese tema de cooperativas. Partimos con un curso básico de cooperativismo que nos permitía asociarnos y, conjuntamente, con ECOMÚN constituimos la cooperativa apenas completando el listado mínimo de 25 personas. Este camino que ya lleva dos años y casi cuatro meses, explica Armando. Armando cuenta que se necesitaba presidente, vicepresidente, tesorero, etc. Bajo la consigna de ‘hágale usted’ fuimos asumiendo los puestos, pero desde una perspectiva colectiva. Si bien entendíamos que los puestos tenían implicaciones, partíamos de la necesidad de mantenernos unidos y, eso, fue lo que COMUCCOM, nos permitió en las mareas altas”. Fotos: Pares. Lo bonito de esos peces A pesar de que en tiempos de la FARC-EP tuvieron conocimiento de ganadería, resultaron escogiendo los peces por todo el proceso de la piscicultura y, en términos ambientales tenía un enfoque más solidario. Tras la decisión conocieron a Zuleny Cifuentes, de PNUD, con quien elaboraron el proyecto de piscicultura. Trabajaron y, tiempo después, les notificaron que el proyecto había sido aprobado, en diciembre de 2018. De ahí en adelante siguió el trabajo con PNUD y con ARN para poder recibir el dinero, para ese momento ya había 108 personas asociadas a la cooperativa, recuerda Armando. Al voz a voz la iniciativa fue creciendo, incluso sin percatarnos, señala. Sin embargo, a pesar de haber empezado con los primeros pinos en el ETCR La Carmelita no lo continuaron. Para el momento de la aprobación, en diciembre, Armando debió salir del ETCR por temas de seguridad. A pesar de ello, ya con el aviso de aprobación citaron asamblea ordinaria para el 19 de enero de 2019. Cuenta Armando que con Jorgillo se la jugaron por Puerto Guzmán. Lograron hacerse a una tierra por comodato. A través de la alcaldía y el consejo lograron la tierra y el 4 de mayo ya había 25 personas en La Granja. Fotos: Alexander Cabezas Claros – Integrante de COMUCCOM. La primera cosa que vio Armando en su retorno al ETCR, el 14 de enero de 2019, fue los estanques: me desconsolé… tanto trabajo que le imprimimos a esa vaina. Sin embargo, ese 14 de enero PNUD les hizo entrega oficial del proyecto, en compañía de la ONU. Así las cosas, a la asamblea llegamos con el proyecto aprobado, algo así con aire en la camiseta. Temple frente a la marea y fijando el rumbo Todo bien hasta ese momento, pero teníamos un gran problema. No teníamos dónde desarrollar el proyecto. Estaba pensado para hacerlo en ese ETCR, pero con toda la incertidumbre sobre el futuro de esas tierras necesitábamos empezar en ‘tierra firme, relata Armando. De ahí en adelante buscaron varias fincas, por solicitud del Gobierno Nacional, pero tuvieron muchos problemas para el acceso a la tierra, ya que cuando conseguían una les decían que no había presupuesto. De esta forma, la frustración aumentaba porque ya tenían el presupuesto, la financiación en las cuentas bancarias, tenían ya proyectados los tres profesionales para colaborar con el proyecto, pero no había dónde realizarlo. No hubo incluso posibilidad de acceder a la tierra del ETCR. Paralelamente, les mataron un compañero de la cooperativa que era muy importante para ellos, completando así cinco compañeros y compañeras asesinadas en este camino. La angustia de no arrancar y el miedo del desánimo que podía irse contagiando al interior del grupo. Ese era el panorama. Tras la primera siembra, hace dos meses, en adelante los días 24 seguirán siendo espaciales para COMUCCOM debido a que cada mes seguirán sembrando. En este momento hay 11 estanques para producción de tilapia y dos para incubación de alevinos. Fotos: Alexander Cabezas Claros – Integrante de COMUCCOM. Así pues, con la fuerza y el pulso de los muchachos empezaron a trabajar con las botas puestas, a adecuar la tierra. Levantaron los dormitorios, la cocina, los baños y con el PNUD profundizaron el trabajo para construir los estanques. Y de acuerdo con Armando, cavaron 3800 metros de tubería a pica y pala durante varios meses. Tras la primera siembra, hace dos meses, en adelante los días 24 seguirán siendo espaciales para COMUCCOM debido a que cada mes seguirán sembrando. En este momento hay 11 estanques para producción de tilapia y dos para incubación de alevinos. El proyecto pretende la siembra de 132 mil alevinos. Eso sí, los y las integrantes esperan que, alrededor de su voluntad haya medidas efectivas que les garanticen la vida. «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.»