Por: Redacción Pares La Misión de Verificación de la ONU en Colombia condena la muerte del integrante del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC, Wilder Daniel Marín Alarcón, ocurrida el pasado 7 de mayo en el municipio de Bello, Antioquia. Con Wilder ya son 24 los casos de asesinatos, en 2020, de quienes están comprometidos con su proceso de reincorporación. En el contexto del Covid-19, la violencia en los territorios afectados por el conflicto ha continuado. Desde el inicio de la cuarentena nacional se han registrado seis (6) asesinatos a excombatientes y al menos 32 líderes sociales asesinados registrados por fuentes nacionales. Desde la firma del Acuerdo Final de Paz han sido asesinados 198 personas en proceso de reincorporación. La Misión insta a la profundización de medidas para el desmantelamiento de organizaciones criminales y sus redes de apoyo, con el fin de garantizar la seguridad de excombatientes, líderes sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos. La ONU reitera su preocupación, también expresada por el Secretario General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por los asesinatos contra exmiembros de FARC – EP que de buena fe dejaron las armas, de líderes sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos, así como las acciones violentas contra las comunidades en regiones afectadas por el conflicto. Tras los asesinatos líderes, lideresas y firmantes de paz De acuerdo con Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, hay tres hechos para analizar: “Por un lado, los asesinatos en medio de la pandemia, lo que indica es que los líderes están desprotegidos, entre otras cosas, porque debido al virus no tienen esquemas de seguridad; quedando a merced de los criminales. Sobre esa realidad, de líderes y lideresas encerrados en casas sin sus condiciones de seguridad, no hubo estrategia de seguridad que respondiera a estos escenarios que se preveían”, señala Ávila. Lo segundo, es que esta situación de violencia selectiva ha quedado sepultada por la pandemia. Los asesinatos de líderes y lideresas, temas como Ñeñepolítica, temas que no le convienen al gobierno y, eso será así por un buen tiempo; mientras se siguen cometiendo asesinatos de manera muy silenciosa, explica Ávila. Lo tercero, es que esa estrategia de silenciar lo que está sucediendo, sumado a que, por la cuarentena bajen los indicadores de seguridad; será un discurso político del cual se intentarán aprovechar, señala el analista político. Así las cosas, esta situación de violencia selectiva se acrecienta debido a la falta de voluntad política del gobierno Nacional para atender la difícil situación de derechos humanos, señala el investigador. Por ejemplo, hay un incumplimiento de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, pactada en el punto tres del Acuerdo de Paz.

Por: Carlos Castelblanco Pinedo – Redacción Pares. «Presidente: el Catatumbo es una sociedad campesina que desgraciadamente, por el abandono del Estado, ha tenido que cultivar coca y eso ha significado estar en manos de grupos criminales y violentos; pero esta es una región resiliente, de gente buena y trabajadora. El deber de todos, incluyendo por supuesto al Gobierno Nacional, es apoyarla y protegerla de la violencia y la pobreza”. Pares habló con el sacerdote de la parroquia de El Carmen, Ramón Torrado, quien solicitó al Gobierno Nacional suspender las fumigaciones en el Catatumbo. El presbítero señaló que no es conveniente emprender el programa de erradicación forzada de los cultivos ilícitos en tiempo de pandemia. Su reclamo al presidente Iván Duque es contundente: en lugar de contaminar las fuentes hídricas y los productos de cultivo, debe cumplir con los acuerdos de paz. El Catatumbo se encuentra en medio de una fuerte confrontación entre el ELN y el EPL o también denominados ‘Los Pelusos’. Sumada a esta tensión, un grupo compuesto por exguerrilleros desertores del proceso de paz del extinto Frente 33, ha iniciado acciones armadas a través de antiguas prácticas de las FARC para hacerse al control del territorio. El municipio de Tibú es el que presenta mayor concentración de hectáreas sembradas con coca. Este fenómeno ha sido histórico ya que es, en su mayoría, un territorio de relieve plano donde la presencia estatal nunca se consolidó. «Una comunidad que quiere dejar atrás la violencia» Pares: ¿Quién es el Padre Ramón Torrado y cuánto tiempo lleva trabajando con las comunidades del Catatumbo? Pares: ¿Cómo es la comunidad del Catatumbo y qué características tiene hoy esta región del nororiente de Colombia? Pares: ¿Cómo se está afrontando la pandemia del COVID-19 en la región? Pares: ¿Cuál es su análisis frente a la más reciente decisión del Gobierno Nacional de fumigar con glifosato y optar por la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito del Catatumbo? Pares: ¿Qué mensaje le envía usted al Presidente Duque como representante religioso de la comunidad del Catatumbo y de muchas familias de esta región de Colombia? Pares: ¿Qué es lo más bonito y valioso de la región y cómo saldrá el Catatumbo adelante? Pares: ¿Qué le diría usted a las familias campesinas de los territorios de Colombia en estos momentos tan dramáticos de pandemia y emergencia nacional?

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Han sido varios los pronósticos sobre los posibles escenarios económicos y sociales que tendrá que enfrentar el país y la región luego y durante la emergencia que ha provocado el COVID-19. En su mayoría éstos no son alentadores, pues plantean tasas alarmantes de decrecimiento económico y de aumento de la pobreza y el desempleo, principalmente. Sin embargo, llama la atención que el Gobierno Nacional, a diferencia de algunas entidades nacionales e internacionales, plantean porcentajes considerablemente más bajos en cuanto a la contracción económica, diciendo que ésta podrá ser del 1.6% y que no superará el 2%. Por otra parte, lo que informan organismos como la CEPAL y el Fondo Monetario Internacional (FMI) son panoramas diferentes y considerablemente más altos. Recientemente en el programa El Poder, de semana TV y conducido por el subdirector de Pares, Ariel Ávila, se analizaron los más recientes informes de las dos organizaciones nombradas anteriormente, haciendo así un recorrido y una evaluación de lo que podrá pasar en el actual año y en los venideros. El balance de la CEPAL y el FMI Como se había informado hace algunas semanas, la crisis que podrá haber sería peor que la de 2008 y 2009, además, y de seguir las cuarentenas prolongándose, ésta sería comparable con la Gran Depresión de 1929. “Se prevé una contracción económica del 3%, es decir -3% en el año 2020”. Esto, como se explicó en el programa, tendrá impactos en economías puntuales. Por ejemplo, se estima que la exportación de metales caiga cerca de un 15%. Asimismo, que el gas natural presente una baja del 38% y el petróleo del 65%, siendo estos, tres de los productos mas importantes para la exportación colombiana y latinoamericana. Es necesario nombrar dos afectaciones e implicaciones en relación con lo anterior: Por un lado, se proyecta que el precio del petróleo se mantenga por debajo de los 45% dólares, y como explica Ariel Ávila, “el problema es que Colombia agregó el precio del petróleo dentro de su Plan de Desarrollo y el Plan Marco de Financiación a más de 60 dólares. Eso quiere decir que estamos por debajo en los precios de 45 dólares; 15 dólares por debajo, un golpe durísimo para el presupuesto nacional. Por otra parte, la Cepal informó que solo las exportaciones a China tendrán una disminución del 24.4% en este año, produciendo así una afectación directa a los productos agrícolas y agroindustriales, principalmente de países como Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que en los productos mineros quienes verán más consecuencias son Chile y Perú. Asimismo, tras una baja de exportaciones hacia Estados Unidos, son México y Costa Rica los países que se verán más golpeados, sobre todo en el sector de manifactura. Por su parte, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Argentina y Brasil sentirán las consecuencias económicas con la disminución de exportaciones con destino a los países de la Unión Europea de productos mineros, agrícolas y agroindustriales. En ese sentido, habrá varias y complejas consecuencias, que como se indica en los informes del FMI y el de la Cepal, afectarán los niveles de pobreza, el desempleo y alimentarán el modelo desigual que rige a la mayoría de países latinoamericanos, a esto agregándosele, que en el caso colombiano será una crisis sinigual, teniendo en cuenta que este tipo de escenarios han sido categorizados así en el país cuando el crecimiento era, mínimo, del 0%, mientras que esta vez se podría hablar del -2.4%. Estas críticas secuelas apuntarían a que habría una inflación en Colombia del 3.5%, cifra que no es de las más altas comparadas con el resto de los países de la región. Sin embargo, donde sí se sentirán de manera más graves las consecuencias es en la tasa de desempleo, el cual podría llegar al 12.2%, la segunda cifra más preocupante, después de Brasil. No obstante, César Caballero, director de Cifras y Conceptos, agregó en El Poder: “(…) hay que tener presente que esta cifra ha venido subiendo considerablemente durante el periodo de Iván Duque, donde se han perdido cerca de 800.000 empleos”. Asimismo, 1.6 millones son personas inactivas que no se clasifican como desempleadas porque en las encuestas del DANE es una persona que tiene que estar confinada y no puede salir a buscar empleo, eso representa un aumento de esta categoría que no se veía desde los 70. Cuando se empieza a ver desagregado el grueso de estas personas se analiza que son informales y personas que viven del día a día, entonces estamos hablando que la tasa de participación bajó y la tasa de personas inactivas subió en 1.600.000 personas y eso es un dato absolutamente dramático que apenas recoge 10 días de confinamiento en marzo y no recoge todo el confinamiento de abril, es decir, lo que vendrá son cifras más dramáticas. Adicionalmente, según la CEPAL, la tasa de pobreza en América Latina pasará del 30.3% (2019), al 34.7% (2020), mientras que la extrema pobreza aumentará de 11.0% a 13.5%, dejando así a casi 16 millones de personas en esta condición. Igualmente, el desempleo en la región llegaría al 11%, quedando sin empleo cerca de 37 millones de habitantes de Latinoamérica. Los sectores más golpeados Como se ha venido advirtiendo, uno de los grupos con participación económica que más se verán afectados son los del turismo, en el que habrá a nivel mundial una reducción del 20% hasta el 30% y, como se aseveró en El Poder, “los efectos van a ser demoledores. En las pequeñas empresas el golpe va a ser muy duro. Además, en Colombia el sector del turismo representa 3 o 4 puntos del PIB”. Ante esto César Caballero planteó que para mitigar los efectos se podría “impulsar el turismo nacional con paquetes de estímulos. También, hay que promover el turismo local de bajo contacto. Por otro lado, algunos hoteles se pueden utilizar para temas médicos”. Otros de los sectores que tendrían mayores implicaciones serían el de la cultura con un decrecimiento del 59.5%. el de el vestuario y calzado con el 39.5%, el de transporte con -10.2% y el educativo con el 6%. Por otro lado, quienes verían un crecimiento positivo serían los de vivienda con un 11.6%, el de alimentos con 17.7%, y el de salud con 22.8%. A esto se agrega que los flujos de remesa caerán entre un 10% y 15%, y tardarán por los menos cuatro o hasta ocho años, en el peor de los escenarios, en recuperarse. En ese sentido el Eje Cafetero es una de las zonas que podría verse afectadas. ¿Qué hacer para favorecer las clases más vulnerables? Según los pronósticos de la CEPAL y el FMI en el 2021 habrá una recuperación de la situación que se plantea por un rebote económico que representaría un crecimiento del 3.7%, por lo que solo hasta el 2022 o 2023 se podrán alcanzar ritmos similares a los del 2019. Ariel Ávila dijo que probablemente “en todo lo que pudimos haber avanzado como región tengamos que retroceder”. Ante esto, César Caballero aseveró que para mitigar los efectos negativos y proteger a quienes mantienen este sistema, el Gobierno debe en principio “pasar de los decretos a los hechos, porque en realidad las acciones no se están viendo”. Además, aseguró que, sobre todo a favor de la clase media, se deben “asegurar los 1.2 millones de empleos que hay en el sector público, por lo menos hasta diciembre”. “(…) Igualmente, debemos movernos hacia la compra de la nómina de manera generalizada con unos límites. El Gobierno tiene la pila de todas las empresas que están formalizadas y de las cuales hay un registro de cuántas personas tienen en su nómina y cuánto les pagan. Yo propondría algo como que el Gobierno diga que va a cubrir toda la nómina de hasta 5 salarios mínimos y al final si se mantienen los empleos se condona la mitad de ese crédito. Así un grupo de empresas podría continuar” explicó el analista. De esta forma, como se ha hecho reiterativamente, el llamado es a que se focalicen los esfuerzos del Gobierno para llegar en primer lugar a los sectores y personas más vulnerables de manera diferenciada, teniendo en cuenta las dinámicas y necesidades de cada uno.

Por: Redacción Pares Este viernes se dio a conocer el último informe realizado por la Comisión Global de Política de Drogas: LA APLICACIÓN DE LAS LEYES DE DROGAS UN NUEVO ENFOQUE EN LAS ÉLITES DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. En 2009, un grupo de 17 personalidades latinoamericanas reunidas bajo el liderazgo de tres expresidentes (Fernando Henrique Cardoso, de Brasil, César Gaviria, de Colombia, y Ernesto Zedillo, de México) instaron a que se introdujeran reformas fundamentales en la política de drogas. Convocaron la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia para analizar las consecuencias dramáticas de la “guerra contra las drogas” entre los pueblos de la región; una guerra impuesta por los Estados Unidos, el mayor mercado de consumo de drogas ilegales del mundo. La Comisión dio la voz de alarma sobre la forma en que este enfoque represivo frente a las drogas estaba debilitando las instituciones democráticas, fortaleciendo a las organizaciones delictivas, propagando la corrupción y alimentando la violencia a medida que se intensificaban las guerras territoriales entre los delincuentes o entre las organizaciones de la delincuencia y las fuerzas del orden. Esta “guerra contra las drogas” se convirtió en una guerra contra las personas: cocaleros que perdían sus tierras, consumidores a los que se les negaban servicios de salud, personas condenadas a largas penas de prisión – que también afectaban a sus seres queridos – y transeúntes muertos o heridos por la violencia relacionada con las drogas. La Comisión Global de Política de Drogas se estableció dos años después de que se publicara el informe de la Comisión Latinoamericana, que sensibilizó a los Gobiernos y a la opinión pública sobre la necesidad de replantear la política de drogas. Un análisis de Pares La realidad es que, según lo analizado por el más reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, El tráfico de cocaína de Colombia hacia el mundo, y a pesar de los discursos del Presidente por generar una fuerte estrategia para la erradicación, los datos muestran que en el 2019 se presentaron las cifras más altas de cultivos de hoja de coca: 212.000 hectáreas, precedidas por las 208.000 que se registraron en el 2018, el primer año completo del periodo de Iván Duque. Perú, Bolivia y Colombia se han configurado como los países que mayor producción de cocaína han concentrado concentrado en la región, presentando un aumento continuo en los últimos tres años. Lo anterior, representa un panorama contrario a los argumentos del gobierno de Iván Duque, donde se afirmaba que esto se había dado por “la mano blanda del gobierno Santos y del Acuerdo de Paz”. De esta manera se han generado tres escenarios precisos: el alza del dólar que permite que a los campesinos se les pague mejor, el auge del mercado del oro y la coca que potencian las economías ilegales y el aumento de la demanda de droga a nivel mundial. Cinco acciones urgentes: Comisión Global El informe ofrece una visión general de cómo la “guerra contra las drogas” en todo el mundo ha alimentado y potenciado, en contra de sus objetivos declarados, la delincuencia organizada transnacional. Es posible dar respuestas más eficaces a la delincuencia organizada transnacional y el tráfico de drogas – tanto mediante enfoques centrados en la aplicación de la ley focalizados y mesurados como mediante estrategias de desarrollo que aborden las causas de raíz de la delincuencia organizada – y estas se pueden poner en marcha incluso aunque los mercados sigan siendo ilegales. Para la Comisión Global de Política de Drogas, una respuesta eficaz a la delincuencia organizada transnacional que no impida el desarrollo sostenible, los derechos humanos y el bienestar depende de la necesidad urgente de poner en marcha las acciones siguientes: Los Estados deben reconocer las consecuencias negativas de los enfoques represivos de aplicación de la ley en materia de políticas de drogas y admitir que la prohibición forja y fortalece a las organizaciones delictivas. Compartir estas conclusiones con la opinión pública debe servir entonces para enriquecer los debates nacionales a favor de una reforma audaz de la política de drogas. Los Estados deben analizar el carácter transnacional y transectorial de las organizaciones delictivas, con el fin de replantear y reformar el acento exclusivo en la aplicación de la ley. Los Estados deben elaborar estrategias de disuasión realistas y focalizadas para luchar contra la delincuencia organizada y centrar su respuesta en los elementos más peligrosos y/o más rentables del mercado delictivo. Los Estados también deben reforzar la cooperación interinstitucional para hacer frente a los mercados delictivos en un sentido amplio, no solo en el ámbito de las drogas, y desarrollar una coordinación transnacional eficaz contra los grupos delictivos transfronterizos y el blanqueo internacional de capitales. Los Estados deben contemplar la regulación de las drogas como la vía responsable para socavar la delincuencia organizada. Los Estados Miembros de la ONU deben revisar la gobernanza mundial del régimen de fiscalización internacional de drogas con el fin de lograr mejores resultados en materia de salud pública, seguridad pública y justicia, así como un mayor impacto en la delincuencia organizada transnacional.

Por: Redacción Pares Las medidas implementadas por los gobiernos para frenar la pandemia de COVID-19 han provocado la interrupción de las rutas de tráfico de drogas por aire, así como una reducción drástica de transporte por tierra, asegura un nuevo informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La producción y distribución de cocaína parece estar interrumpida en los países productores de América Latina, al mismo tiempo que la escasez de heroína en Europa y Norteamérica está causando que sus consumidores recurran a prácticas aún más peligrosas. La recesión económica a largo plazo causada por la pandemia tiene el potencial de conducir a una transformación duradera y profunda de los mercados de drogas. La producción en América Latina En América Latina, la producción de cocaína también parece tener obstáculos en Colombia, ya que los productores sufren de escasez de gasolina, un químico esencial que entraba por contrabando desde Venezuela. Asimismo, las cadenas de suministro parecen estar fuertemente afectadas por los controles policiales, lo que podría llevar a los productores a almacenar grandes cantidades de la droga dentro del país. Según las autoridades del país, la presión policial ha aumentado durante la pandemia y la campaña de erradicación del arbusto de coca continúa según lo planeado. En Bolivia, sin embargo, el COVID-19 está limitando la capacidad de las autoridades estatales para controlar el cultivo, lo que podría conducir a un aumento en la producción. En Perú, una caída en el precio de la cocaína sugiere una reducción en las oportunidades de tráfico. Esto puede desalentar el cultivo de arbusto de coca a corto plazo, aunque la crisis económica que se avecina puede llevar a más agricultores a dedicarse al cultivo de coca en todos los principales países productores. En Estados Unidos se reporta una escasez de cocaína en las calles, y en Brasil se han informado de fuertes aumentos de precios de la droga. Se espera que América Latina sufra la peor crisis económica de su historia, con una contracción de 5,3 %, comparable solo a la Gran Depresión de 1930, cuando la reducción fue del 5%. La economía de México, el tercer mayor productor de amapola del mundo, se espera que se contraiga aún más que el promedio regional y global con un 6,5 %, y la economía de los Estados Unidos, su principal socio comercial, también se reducirá. En Colombia, Perú y Bolivia, los países andinos que producen casi toda la coca en todo el mundo, se espera que la economía se reduzca por 2,6, 4,0 y 3,0%, respectivamente. A largo plazo, la recesión económica causada por la pandemia de COVID-19 tiene el potencial de conducir a una transformación duradera y profunda de los mercados de drogas, que podrá entenderse completamente solo después de que se realicen más investigaciones. Tendencias de consumo de drogas Según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, varios países han reportado escasez de drogas a nivel minorista. Esto puede conducir a una disminución general del consumo, pero principalmente de las drogas que se consumen en entornos recreativos. Sin embargo, en el caso de la heroína, una escasez en el suministro puede conducir al consumo de sustancias nocivas producidas en el país. Europa, el sureste de Asia y América del Norte han informado sobre la escasez y algunos países del antiguo continente han advertido que los consumidores se han cambiado a fentanilo y sus derivados. También se ha informado de un aumento en el uso de productos farmacéuticos como los benzodiacepinas, que ya duplican su precio en ciertas áreas. Otro patrón dañino resultante de la escasez de drogas es el aumento en el uso de drogas inyectables y el uso compartido de equipos de inyección, que conlleva el riesgo de propagar enfermedades como el VIH / SIDA, la hepatitis C y el propio COVID-19. El riesgo de sobredosis también puede aumentar entre quienes se inyectan y están infectados con COVID-19.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Hablar de austeridad es tan importante como aplicarla. Por eso los llamados a que se ponga en acción han sido reiterativos, pues la actual crisis no solo está potenciando problemas estructurales, sino que también se ven venir escenarios difíciles social, política y económicamente. Tras esos augurios una posible solución podría ser la organización, por otro lado, el manejo adecuado de los recursos públicos, focalizándolos y dándole prioridad a inversiones que mitiguen las consecuencias negativas, principalmente en los sectores más vulnerables, es decir, llevar alimento donde no hay, garantizar el acceso a servicios domiciliarios, promover el acceso a los servicios de la salud atendiendo las diferencias estructurales que hay y suscitar que las dinámicas económicas puedan continuar. “En este momento cualquier gasto que se haga con un presupuesto tan limitado como el que tenemos en Colombia es crucial y puede significar vidas”, aseguró Wilson Arias, senador del Partido Polo Democrático. Un derroche tras otro Ante esta realidad han salido varias propuestas para que se dirijan correctamente algunos recursos del gasto público y así solventar las nuevas prioridades que la coyuntura actual plantea. Sin embargo, esas peticiones han quedado ahí, pues mientras desde las organizaciones sociales y desde los organismos con injerencia en las decisiones públicas se lanzan algunas propuestas, el Gobierno Nacional ha puesto sus esfuerzos en darle continuidad a políticas represivas, a invertir en el posicionamiento de su imagen, y en su seguridad y la de su bancada. Hace tan solo unos días se informaba acerca de los contratos que el gobierno de Iván Duque había firmado con la agencia Du Brands S.A.S, los cuales vienen desde el 30 de agosto de 2018, hasta el más reciente realizado el 30 de abril por $3.350 millones para implementación de estrategias digitales. Se estima que los cuatro contratos que se han hecho con la compañía rondarían los $8.000 millones. Además, para financiar dichas estrategias comunicativas se utilizaron recursos del Fondo de Programas Especiales para la Paz, el cual tiene como fin promover iniciativas de paz encaminadas a fomentar la reincorporación de personas excombatientes. Esto ocurre mientras en los ETCR se exige que se implemente lo pactado, más aún cuando la propagación del COVID-19 afecta de manera crítica los proyectos productivos que con muchas trabas de por medio han logrado establecerse. Miles de millones para el ESMAD Por otra parte, también se decidió invertir, en medio de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, $12,000 millones de pesos en la compra de 18 tanquetas para el ESMAD. Estas en una primera compra realizada el 12 de marzo donde se adquirieron 10 vehículos por un total de $7.738.000.000, más otros gastos entre accesorios, mantenimiento, requerimientos para la matrícula, entrega y SOAT que completó la cifra de $7.900.000.000. En una segunda ocasión, el 31 de marzo, se obtuvieron ocho (8) vehículos por $4.070.400.000 más otros gastos que dieron un total de $4.160.000.000. Es decir, en ambas compras se invirtieron $12.060.000.000. Esto dentro de un panorama paradójico, pues mientras se negociaba y firmaban contratos, la gente bloqueaba las calles, hacía cacerolazos y se manifestaba para que llevaran comida a sus casas, una petición tan básica, que debió primar en la agenda presidencial. Wilson Arias, senador por el partido Polo Democrático, explicó a Pares que esto es un aprovechamiento político de la pandemia para poder acrisolar la imagen presidencial e infundir miedo. Es muy grave para la sociedad. “Se preparan contra algo que ven venir” Más recientemente, el senador Wilson Arias hizo las denuncias advirtiendo que el pasado 20 de abril se inició la contratación para adquirir municiones para el ESMAD, en las habría 47.244 cartuchos de gas de 37 mm para un total de $2.855.332.872, 25.406 cartuchos de gas de 40 mm por $1.482.135.228, 11.411 cartuchos impulsor en los que se invirtieron $272.220.816. Así, en solo estos implementos se gastarían $4.877.224.338. Por otra parte, se haría una inversión de $4.429.922.742 en la compra de granadas, en donde se incluirían 3.882 granadas de gas con movimiento ($457.501.464), 11.139 aturdidoras ($1.792.287.378), 5.352 granadas multi-impacto ($852.605.712), 3.258 granadas de humo de varios colores ($409.002.804) y 4.677 granadas de gas ($918.525.384). Asimismo, se adquirían 23.775 esferas de paint ball calibre 0.68 mm por $208.696.950. Todo lo anterior por un total de $9.515.844.030. Cabe señalar que en enero de este año la Procuraduría General le hizo un llamado a la Policía Nacional para que el ESMAD suspendiera el uso de la escopeta calibre 12 y su munición de impacto dirigido, esto luego de que el agente de 003478 de este Escuadrón asesinara a Dilan Cruz el 23 de noviembre de 2019 en el marco del Paro Nacional. También es necesario nombrar, que, durante el tiempo de cuarentena, el 22 de abril, la Policía asesinó durante una protesta a Jaider Antonio Brochero Hernández (al parecer de 17 años) en el municipio de Codazzi, Cesar. Esto mientras un grupo de cerca 70 persona se manifestaba exigiendo la entrega de atención alimentaria. Días antes, el 17 de abril en Ciudad Bolívar, miembros de esta misma institución le dispararon en dos ocasiones a Danny Darío Carvajal Castellanos de 23 años, dejándolo gravemente herido y hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Meissen. Cabe resaltar que el Decreto 563 de 2015, la Resolución 1190 de 2018 y la legislación internacional, ordena que los funcionarios de la Fuerza Pública que contengan escenarios de protesta social no deben portar armas de fuego. Esto también, sin olvidar que desde 1999, año en que se creó el ESMAD se han registrado 34 homicidios perpetrados por este organismo. Con la coyuntura actual y un agitado momento social en el que, según lo reportó Pares recientemente, tras 47 días de la declaratoria de emergencia sanitaria se han registrado, por lo menos, 173 protestas en 24 departamentos del país. Esto indicaría que los días venideros y las situaciones que se hacen más críticas, podrían encaminar a un estallido, sobre todo, de sectores populares y con mayor olvido estatal, que son a quienes les ha tocado afrontar las medidas de cuarentena con mayor vulneración a sus derechos, incluyéndose arremetidas del ESMAD con uso desproporcionada de su fuerza y poder. Por esto, las implicaciones que tendría la compra excesiva de implementos para el Escuadrón, además desviar dinero necesario para atender las situaciones de injusticia que ha acentuado con la propagación del COVID-19, también representa una amenaza para el derecho a la protesta social, pues como lo manifestó el senador Wilson Arias: “Parece ser que se están preparando para detener una muy importante movilización con una represión violenta contra algo que ven venir. Se preparan para reprimir brutalmente al pueblo”. Es necesario nombrar que la adquisición de estas municiones se establecería el 29 de mayo, por eso se ha hecho la invitación para presionar y lograr retroceder este negocio y que se logre redireccionar este dinero a los sectores más vulnerables. El senador del Polo Democrático concluyó diciendo que puede pararse porque se está en un proceso todavía preliminar, y, además, porque de acuerdo con la normativa colombiana no estamos obligados a hacer esas adquisiciones y por eso se pueden suspenderse. Estamos en un momento determinante para lograr que los recursos se reorienten.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. “La cárcel, es hoy una de las manifestaciones más grotescas del pensamiento legal abisal, la creación del otro lado de la línea como una “no-área” en términos legales y políticos, un terreno impensable donde no rige la ley ni mucho menos los derechos humanos.” Boaventura de Sousa Santos El pasado 10 de abril las angustias, reclamos, miedos de muchas y muchos privados de la libertad, familiares y organizaciones se materializaron con el anuncio del primer privado de la libertad que había muerto por Coronavirus, como principal causa. Se trataba de un hombre de 63 años, quien el primer día de ese mismo mes había quedado en libertad, luego de permanecer recluido en la Cárcel de Villavicencio, pero tan solo cinco (5) días después el virus le cobraría la vida. El 7 de abril este dato aumentaría, y ya se registraban dos muertes. El segundo era un interno de 78 años de ese mismo establecimiento. De ahí para adelante, como un mal augurio, todo lo que se había estado alertando empezó a mostrarse de una forma más tangible. El 11 de abril ya había un primer privado de la libertad de las Cárcel de Villavicencio contagiado hospitalizado. Seis días después el INPEC informó sobre su muerte, y al mismo tiempo afirmaron que ya había en ese centro 20 casos más; 13 internos y siete (7) guardias. Luego, por lo que podría ser responsabilidad de traslados que se hicieron desde la capital del Meta hacia Bogotá, el virus llegó hasta la cárcel La Picota, donde a hoy se tiene información de cinco (5) contagios. En ese mismo contexto un joven de 35 años trasladado de Villavicencio hacia la cárcel Las Heliconias de Florencia también dio positivo. A la fecha en ese establecimiento hay ocho (8) personas diagnosticadas con la pandemia. Asimismo, y dados los traslados, que estaban restringidos por la emergencia sanitaria, el 22 de abril se conoció el caso de un privado de la libertad de la Cárcel de Guaduas que también portaba el virus. El 24 del mes pasado también se confirmó que un funcionario del INPEC de la Cárcel de Leticia estaba contagiado. Al día siguiente el reporte de la cárcel Picaleña de Ibagué llegó, advirtiendo que allí un interno que, en las últimas semanas había llegado trasladado de Villavicencio, estaba enfermo a causa de COVID-19. De esta forma, ya son seis cárceles en las que hay privados de la libertad y guardias contagiados. Llegando a un total de 657 personas con el virus, de 06 establecimientos carcelarios. Políticas equivocadas Esta situación es el resultado, como se ha recalcado en ocasiones anteriores, de unas políticas pensadas desde lo punitivo y no restaurativo, en donde las condiciones inhumanas cada vez se recrudecen, y con el virus se hacen más notorias y representan una mayor amenaza para los internos que están y han estado sin los mínimos de garantías que protejan la vida. En Colombia no hay un sistema de salud pensado desde los problemas estructurales que hay en las cárceles, no hay acceso a implementos y abastecimientos básicos, no hay procesos de resocialización efectivos y ahora, con la coyuntura actual, ni siquiera hay voluntad política de protegerles con lo mínimo. En cambio, lo que sí hay, es una sobrepoblación que supera el 50%, donde estructuralmente se tiene capacidad carcelaria para 80.763 personas, pero hay 120.667 privadas y privados de la libertad. Con este panorama y un “Estado de Cosas Inconstitucional” declarado por la Corte Constitucional hace más de 20 años con la sentencia T153/98; en la que se reconocían las vulneraciones a los derechos humanos que había en ese momento y continúan en las cárceles del país, la situación con el virus y las medidas pocos efectivas, excluyentes, sin focalización y diferenciación que se han tomado para atender la emergencia, terminan, como lo expresa de Sousa Santos, “reforzando la injusticia, la discriminación, la exclusión social y el sufrimiento inmerecido”. La cárcel de Villavicencio: el foco de los contagios La situación es cada vez más alarmante en la Cárcel de Villavicencio, la que se ha convertido en el tercer foco con más contagiados. Esto luego de una ciudad tan grande como Bogotá y el departamento del Valle del Cauca, donde se registran 3.272 y 1.135 casos, nombrados respectivamente. Esta situación llama la atención, porque solo en población la diferencia, por lo menos con el primer foco, es crítica. Habiendo así en Bogotá 7.412.566 personas, mientras que en Villavicencio habitan 531.275 según lo informado en el análisis del DANE del 2018. Sin embargo, lo más grave es que del total de contagios en la capital del Meta, la mayoría de estos se concentran en la cárcel de la ciudad; registrándose 657 contagiados en el establecimiento y un total de 717 en el Departamento; 36 en la capital, 15 en Acacías, cuatro (4) en Granada, tres (3) en Restrepo, dos (2) en San Juan de Arama, uno en Mesetas y otro en Puerto Gaitán. Tras esto, los llamados para que se tomen medidas no han cesado, sobre todo con la población privada de la libertad de esta cárcel, donde tan solo en 26 días la cifra ha subido indiscriminadamente llegando a 657 contagiados, de los 1.778 internos que hay allí, lo que representa que un 32% son portadores de COVID-19. Vale la pena resaltar que este centro carcelario tiene una capacidad para 900 internos, es decir, hay 878 personas más. Cada una de estas situaciones termina agudizando los problemas que atraviesan la Cárcel de Villavicencio, y por esto se ha hecho el llamado a que se evalúe desde la Corte Constitucional el Decreto 546 del 2020, el cual “adopta medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria transitorias en el lugar de residencia a personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19.” Pero a su vez, como lo afirmó recientemente en entrevista con Pares, Gloria Silva, integrante del Equipo Jurídico Pueblos, no genera el impacto que se está previendo de deshacinar de manera extraordinaria y rápida las cárceles como medida de protección. Esto porque tiene una lista excesiva de excepciones, incluso, exclusiones que son más rigurosas que las que establece la ley ordinaria. Por otro lado, ante la emergencia, la Alcaldía de Villavicencio también se pronunció con la elaboración de un protocolo para atender a los internos, a las personas excarceladas y al personal del INPEC. En éste se establecen las medidas que se implementarían para la toma de muestras, aislamiento, seguimiento médico, definición de casos y monitoreos domiciliarios. En estos procedimientos estarían relacionados, además del INPEC, el ESE municipal, el Laboratorio de Salud Departamental del Meta, el Laboratorio Colcan (contratado por el Consorcio Fondo de Atención en Salud Fiduprevisora S.A -PPL), la Secretaria de Gobierno, la Oficina de Alta Consejería para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana para la paz, el EAPB y la Secretaria Municipal de salud de Villavicencio. Es necesario recalcar, que este como otros documentos, puede quedar en letra muerta si no hay otras medidas estatales que atiendan la crisis carcelaria de forma focalizada, efectiva y urgente. Llamados al Gobierno ante la gravedad de la situación Las organizaciones sociales, incluso con las restricciones de movilidad que ha habido durante la cuarentena, no han parado de hacer denuncias y reclamos al Gobierno Nacional para que cumpla con su obligación de proteger la vida de todas y todos. Esto, en relación con el Covid-19 y la población privada de la libertad, por lo menos se viene realizando desde mediados de marzo, cuando internos de diferentes centros carcelarios alertaron que no se les estaba dando los implementos de protección, y que, por otra parte, los funcionarios de las cárceles no estaban cumpliendo con los protocolos establecidos para que se evitara la propagación del virus. Esta situación ha llevado a que desde ese mismo mes se estén realizando constantemente actos de protesta, tanto por parte de las privadas y privados de la libertad, como por sus familiares y distintas organizaciones sociales. Es importante recordar, que en medio de estos actos asesinaron a 23 internos de la cárcel La Modelo el pasado 21 de marzo, además que 83 fueron heridos de gravedad. De varios de estos, como se informó hace poco en Pares, no se conocía información respecto a su estado de salud y paradero. Más de un mes después de la masacre, el Congreso de los Pueblos informó que algunas de las personas no han recibido la adecuada atención médica. Este es el caso de Luis Hernando Rico (herido en la rodilla), Diego Armando Novoa (sondado) y Yesid Andrés Zapata, quienes, aunque se conoce que están en sus patios, no se les ha permitido el ingreso y administración de medicamentos. Situación similar pasa Luis David Rivera, herido en el brazo y sin ninguna atención hasta la fecha indicada. Por otra parte, al día de publicación del Informe, se desconocía el estado de Fredy Mauricio Cárdenas, Robinson Andrés Martínez, Marco Roberto Parra y Carlos Alonso Tocancipá. Esto, mientras que de Pedro Wilmer Abreco y Juan Sebastián Prieto no se ha recibido ningún reporte, ni de dónde se encuentra, ni de su situación luego de lo ocurrido en la cárcel. Crisis carcelaria en la región: ONU Cabe señalar, que entidades como la ONU han alertado que estas situaciones son transversales en varios países de América Latina, donde el desinterés por los derechos humanos de la población carcelaria es comparable con lo que se evidencia en Colombia. Lo que ha resultado con esto es que, en prisiones de países como Venezuela, Perú, Argentina, Chile, Brasil y México, las protestas y manifestaciones también están siendo la vía de reclamo, mientras, por otra parte, los medios siguen informando sobre esto como intentos masivos de fuga. Es necesario resaltar que de esa misma forma fue tipificado lo que sucedió en la cárcel La Modelo. Igualmente, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU ha solicitado que estos hechos se investiguen con rigurosidad, pues los motines que se registraron en estos países, al igual que lo sucedido en Colombia, es la respuesta al miedo y la angustia de los privados de la libertad por contagiarse de Covid-19. Este miedo se potencializa con los problemas de hacinamiento que hay en las cárceles de estos países, el uso indiscriminado uso de la fuerza por parte de la Fuerza Pública, la escasez de material sanitario y las precarias condiciones en la atención médica y garantías de salubridad y alimentación. Así, que con todo esto es necesario que las resoluciones de excarcelación eficaces sean un punto de encuentro en los países latinoamericanos, así como lo está siendo la crisis carcelaria.

Por: Isaac Morales Pérez. Coordinador de la línea de seguridad urbana y crimen organizado, Pares. El Ejército Nacional se constituye como aquella fuerza del Estado cuya misión principal es defender la soberanía nacional, la independencia y la integridad territorial. Sus acciones deben estar dirigidas a generar ambientes de paz, seguridad y que permitan el desarrollo del país; sin embargo, el Ejército Nacional ha estado permeado por muchos escándalos que permanecen en la memoria reciente del pueblo colombiano. Desde la macabra orden dadas por superiores para que mandos medios y rasos obtuvieran beneficios por bajas de guerrilleros muertos en combate, lo que causó el mal llamado fenómeno de los Falsos positivos o como se debería llamar: ejecuciones extrajudiciales, lo que provocó que militares retuvieran jóvenes de zonas deprimidas por la pobreza para luego ser asesinados y en un escabroso escenario fueran disfrazados de miembros de las FARC para después cobrar un bono o unas vacaciones por buenos resultados. No podemos olvidar otro escándalo relacionado que salió a la luz en 2014. En ese momento se tenía información sobre una serie de contrataciones fraudulentas para la compra de testigos de acusados por ejecuciones extrajudiciales, un hecho que en su momento llevó al presidente Santos a pedir investigación por parte de la Fiscalía para determinar responsables; el General Barrero, entonces comandante de las Fuerzas Militares, aseguró no tener conocimiento de esta práctica; un escándalo más que se suma a la lista. Recientemente en el Gobierno de Iván Duque, o la nueva cara del uribismo, se acudió a una estrategia muy similar. Altos mandos pedían resultados y se establecieron formatos o planillas para que se hiciera seguimiento a esos “logros” en combate, un escándalo que no tuvo consecuencias claras ni responsables con nombre propio, acaso ¿el General Nicacio Martínez no sabía que sus mandos medios hacían esto? Si algo es claro es que así no se genera seguridad ni paz: inventándose enemigos y cobrando bonos que benefician a unos cuantos no es una buena manera de operar. A finales del 2019 y en lo que va corrido del 2020 se han conocido otros escándalos que involucran al Ejército Nacional. Varias de sus unidades y mandos, se supo, que seguían haciendo interceptaciones ilegales a miembros de la oposición, periodistas, opinadores e incluso a jueces de la República, se había destapado el primer capítulo a finales del 2019, se conoció todo un aparataje tecnológico, logístico y operativo dedicado a interceptar comunicaciones de ciertas caras visibles del país que además operaba desde guarniciones militares, quizá con la intención de no levantar sospechas. Eso aceleró la salida del General Nicacio Martínez del mando en el Ejército, sin reconocer alguna responsabilidad o conocimiento sobre la situación, aduciendo a razones personales para finalizar su carrera militar. Recientemente el segundo capítulo de esta novela de espionaje fue destapado por la Revista Semana, que asegura tener información que comprobaría la interceptación y perfilamiento de periodistas extranjeros en Colombia y otras personalidades. Llama la atención que toda la actividad de espionaje involucra a los Batallones de Ciberinteligencia (Bacib) que pertenecen a las brigadas de inteligencia militar y al Batallón de Contrainteligencia de Seguridad de la Información (Bacsi), ambos dependen orgánicamente del Comando de Apoyo de Inteligencia Militar (Caimi) y del Comando de Apoyo de Contrainteligencia Militar (Cacim), como lo reseña la Revista Semana en su primera entrega sobre este escándalo a principio de año. No cabe duda que muchas de estas actividades son órdenes de altos mandos y que existe un comportamiento sistemático para perseguir e identificar personas que no representan una amenaza real para el país, ¿qué sentido tiene espiar a periodistas y opinadores? Muchos interrogantes quedan a propósito, ¿quién ordenó interceptar comunicaciones? ¿quién ordenó perfilar a periodistas? ¿cuál es la amenaza que el Ejército considera existe desde el papel de estas personas? ¿cuál es el resultado que se espera tras identificar a los chuzados? ¿qué se hace con la información recopilada en los informes? No existe una justificación clara y mucho menos razonable para comprender estos hechos. Y la cereza del pastel la puso el CENAC-Regional de Medellín (Central Administrativa y Contable), cuando se conoció que su Director, firmó el contrato de compraventa No. 044 de 2020 cuyo objeto es la adquisición de elementos de protección e higiene para prevenir la COVID-19, con una empresa recientemente creada y con dudosa credibilidad, en este contrato se presentaban sobrecostos entre cuatro y cinco veces mayor a los precios normales en los mercados mayoristas; tapabocas, gel antibacterial, hipoclorito de sodio y jabón de manos fueron adquiridos con precios inflados. Es decir, además de estar en la lupa de la opinión pública por desviar sus labores naturales de inteligencia, se ubican en la perversa moda de la corrupción que azota a todo el país en medio de una pandemia como la que vivimos. Con el fin del conflicto armado con las FARC, el Ejército entró en una etapa de transformación orientada a participar en otros frentes de acción como la atención de desastres y la protección de las fronteras terrestres; sin embargo estos hechos dejan ver otra cara del Ejército, un cuerpo armado que pareciera no tener control de la autoridad civil y que se desvía de sus fines misionales, no se debe generalizar porque seguramente tendrán efectivos íntegros que respeten a la institución y al país, pero es claro que varias manzanas podridas siguen dando ordenes que nada tienen que ver con la naturaleza de dicha institución.

Por: Redacción Pares La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de los Hechos y Conductas (SARV), de la JEP, mediante auto AT-058, avocó conocimiento de una solicitud de medidas cautelares en relación con el Centro Nacional de Memoria Histórica y adoptó una medida temporal de protección sobre la colección “Voces para transformar a Colombia». La Sala de la JEP consideró que es competente para adoptar medidas de protección de información y medidas cautelares respecto al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), si las actividades que este desarrolla eventualmente ponen en riesgo la debida preservación de la memoria histórica del país y/o los derechos de las víctimas. ¡No pasarán! Diego Alejandro Restrepo, Coordinador de la Línea de Investigación en Conflicto, Paz y Postconflicto de Pares, había expresado en un artículo publicado por Pares y titulado ¡NO PASARÁN! DARÍO ACEVEDO Y SU CRUZADA POR EL OLVIDO! lo siguiente: El pasado es un sentido activo, construido y reconstruído constantemente por agentes sociales que se sitúan en escenarios de disputa frente a otras interpretaciones y sentidos, contra olvidos y silencios. La memoria es central en la agenda de movimientos sociales y colectivos que disputan estos significados a través de la activación de los recuerdos incómodos, dolorosos, descodificando las visiones dominantes que buscan consolidarse como hegemónicas, recodificando las interpretaciones a través de la resistencia. Es necesario tomar partido ante la cruzada por la memoria emprendida por el uribismo, ¡No pasarán! La JEP ratifica mediante el auto AT-058 la SARV, la garantía de los derechos de las víctimas como uno de los objetivos, mandato y esencia central del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), del cual hacen parte la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Las actividades del CNMH, dice la JEP, deben siempre mantener una coherencia interna y externa con los fines, principios y objetivos del SIVJRN, creado por norma constitucional y declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-674 de 2017. La JEP considera que el trámite iniciado es el medio efectivo para dar pronta y efectiva respuesta a la vulneración real o potencial de los derechos de las víctimas, en especial el de la memoria, dada la inminencia de la afectación y la urgencia de protegerlos y de alivianar la posible afectación generada. En ese sentido, la JEP estimó urgente decretar una medida provisional para la preservación y conservación en su totalidad de la colección “Voces para transformar a Colombia», pues constató, prima facie, un incumplimiento de los acuerdos realizados entre el CNMH y las víctimas que participaron en la creación de la mencionada colección. La situación anterior afecta, según la JEP, los derechos a la memoria, la verdad y la reparación, razón por la cual ordenó al CNMH la protección de la colección por un término inicial de 90 días, período durante el cual quedó prohibida cualquier sustracción, modificación, alteración o eliminación de su metodología y contenido. Asimismo, el CNMH deberá realizar las acciones pertinentes para subsanar cualquier alteración, supresión o alteración previas. El trámite se inició luego de una petición elevada por el senador Iván Cepeda, quien alertó sobre una posible afectación a los derechos de las víctimas por “la vulneración a la verdad histórica, la memoria colectiva y la reparación simbólica» por acciones del CNMH.​ Acevedo y su obstinación por negar el conflicto En septiembre de 2019, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, decidió citar al actual director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), Darío Acevedo Carmona, a un control político en el Congreso para que explique, por qué desconoce el conflicto armado y, cómo incide este punto de vista en la memoria oficial. A principios de febrero el presidente Iván Duque nombró a Acevedo, historiador y profesor emérito de la Universidad Nacional y acérrimo opositor al acuerdo de paz, como nuevo director del CNMH, lo cual desató el rechazo de varias organizaciones de Derechos Humanos y de la sociedad civil. Y es que Acevedo en varias ocasiones ha hostigado el trabajo realizado en la anterior administración de esa institución, y ha señalado que no existió el conflicto armado, que los falsos positivos no fueron una política de Estado y, por consiguiente, ha deslegitimado a las víctimas de este flagelo. Por eso, Acevedo deberá informar cuál es la postura del CNMH- bajo su dirección-respecto a las ejecuciones extrajudiciales, más conocidos como “falsos positivos” que dejaron alrededor de 10.000 víctimas, según organizaciones de DD.HH. “Venimos de una historia de largo conflicto armado en la que se ha venido construyendo una memoria con las víctimas desde la sociedad colombiana para establecer no solamente la verdad, o las verdades de ese conflicto sino para reparar a las víctimas y a la sociedad colombiana”, había señalado Cepeda. En ese sentido, es preocupante desconocer ocho (8) años de trabajo de construcción de la memoria, que tiene el objetivo de recoger todas las voces, pero en especial la de las víctimas del conflicto armado.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Este miércoles 6 de mayo la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas -UBPD, presentó el Plan Nacional de Búsqueda (PNB). Fundamentalmente, de acuerdo con la directora de la UBPD, Luz Marina Monzón, el objetivo es utilizar esta herramienta para dar cuenta del proceso que supone la búsqueda humanitaria y extrajudicial de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. La entrega del informe devela un proceso participativo que continúa bajo la idea de #LaBúsquedaEsContigo De hecho, Adriana Pérez, representante de la Mesa de Víctimas de Desaparición Forzada —y quién participó en el lanzamiento— señaló que lo más importante de la construcción del PNB es haber podido contribuir con lo que hemos aprendido empíricamente en la búsqueda de nuestros seres queridos. Justamente, en una entrevista con Pares realizada en diciembre del 2019, Luz Marina Monzón señaló: espero que la Unidad, con la tarea humanitaria y extrajudicial que tiene de buscar a las personas desaparecidas y de contribuir a la verdad en la búsqueda de esos desaparecidos, pueda sacar de la incertidumbre y del desconocimiento sobre qué es la desaparición y qué ha sido la desaparición forzada en Colombia. La Unidad va a contar quiénes son los desaparecidos, cuándo fueron desaparecidos y a dónde fueron llevados. Hoy, 6 de mayo, la UBPD entrega el Plan de Búsqueda como muestra de un camino que ha sido andado con las víctimas y afirma seguir arando en la larga búsqueda de las víctimas de desaparición forzada en Colombia. PNB, un proceso de documentos vivos Precisamente, este diseño del PNB obedece a la función de la UBPD de diseñar y poner en marcha un plan nacional que establezca las prioridades para el cumplimiento de su objeto, en coordinación con las entidades correspondientes y con la participación de las víctimas y organizaciones de víctimas y de derechos humanos, según el Decreto Ley 589 de 2017 Justamente, durante el conversatorio del lanzamiento del PNB, su directora exaltó el papel de las organizaciones de víctimas quienes constituyeron ele eje central del presente plan. Esto, debido a la tarea de una búsqueda integral, estratégica para comprender la dimensión para buscar un universo de víctimas que asciende a más de 100 mil. Este proceso conjunto pretende dar respuesta a una deuda histórica que tiene Colombia con las víctimas de desaparición forzada, señaló Monzón. Asimismo, el Plan pretende ser una herramienta de organización, planeación e implementación de las estrategias y acciones que permitirán asumir la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. Registro Nal. de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas Esta herramienta, de acuerdo con el PNB, pretende valorar las situaciones de potencial riesgo de los lugares de disposición y promover las acciones pertinentes de protección, a efectos de garantizar la integridad de futuras acciones de prospección y recuperación arqueológica forense de los cuerpos. Fundamentalmente, este diseño debe responder a: i) el conocimiento de la ubicación geográfica con coordedenadas exactas del sitio donde fue recuperado un cuerpo ii) el sitio en que existen elementos de juicio para presumir que allí puede localizarse un cuerpo iii) sitios prospectados por entidades estatales en los que a pesar de agotar criterios técnicos no se encontró el cuerpo. Estas tres situaciones pueden darse en fosas, cementerios ilegales y sepulturas, entre otros. Esta herramienta busca, a su vez, el acceso en tiempo real a la información geográfica digital de sitios prospectados y sitios excavados, con resultados positivos o negativos de hallazgo, es decir, con presencia o ausencia de cuerpos, en sitios intervenidos por las entidades del Estado que participan en acciones de búsqueda y, en diversas oportunidades, entidades humanitarias internacionales. Por una parte, esto generará que expertos interpreten la información allí contenida para construir hipótesis sobre patrones de enterramiento, así como conductas o modus operandi de ocultamiento de cuerpos por actores del conflicto armado. Resulta importante hacer hincapié en esta situación debido a que por los repertorios de violencia de los grupos armados, en el caso de los paramilitares en el departamento de Norte de Santander usaban hornos crematorios para la desaparición de cuerpos, por ejemplo, la tarea de búsqueda de personas dadas por desaparecidas se complejiza. Por ello, la inclusión de este tipo de categorías en esta herramienta hará posible incluir lugares “no convencionales” o “complejos”, por ejemplo, los hornos crematorios utilizados por algunos actores del conflicto para, literalmente, desaparecer a sus víctimas; medios acuáticos como ríos, aljibes o incluso cuerpos no identificados fueron enviados a cementerios, y facultades de medicina para efectos de docencia, entre otros. Estructura del PNB El PNB se presenta bajo cuatro ejes estratégicos: 1) Obtener y disponer la información necesaria para la búsqueda de PDD. 2) Realizar la localización, prospección, recuperación e identificación de las PDD. 3) Garantizar las condiciones de participación de las personas y organizaciones que buscan y 4) Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional, orientados a garantizar la efectividad e integralidad de la búsqueda, localización, identificación de las PDD, entrega digna en los casos que la persona haya sido encontrada fallecida y reencuentro en los casos que se halle viva. En la estructuración del PNB, como proceso articulado con múltiples actores y visiones, permitió presentar en el presente plan los tres ejes estratégicos de trabajo: 1. Información: obtener, centralizar, actualizar, analizar, interpretar y utilizarla para la búsqueda. 2. Localización, prospección, recuperación e identificación de las PDD. 3. Participación: garantizar las condiciones para la participación. De acuerdo con César Sanabria, Asesor General UBPD, y quien hizo parte del conversatorio, la construcción metodológica se remonta a diciembre de 2018 cuando se conformó el equipo. Uno de los hechos vitales fue habilitar una plataforma digital pública que permitió la participación de diversos sectores de la sociedad civil además de quienes participaron de los encuentros. Por consiguiente, según la UBPD, fue vital la participación de familiares víctimas de Desaparición Forzada, organizaciones de Derechos Humanos, organizaciones Afrodescendientes, organizaciones de Género, el Órgano de Interlocución y Coordinación con el Movimiento Indígena de Colombia, organizaciones LGBTI, organizaciones de Familiares de Víctimas de Secuestro y de Miembros de la Fuerza Pública Desaparecidos, familiares en el exilio y entidades del Estado. Legado de los familiares de las víctimas de desaparición Precisamente, para Gloria Gómez, coordinadora de Asociación de Familiares de Detenidos – Desaparecidos -ASFADES, y quién participó en el lanzamiento, señaló que: para nosotros los familiares este nuevo plan es muy importante porque, por ejemplo, en ASFADES lo venimos buscando por más de 38 años. Efectivamente, el plan debe dar respuesta encontrando a las personas desaparecidas vivas o muertas, su identificación plena y entrega digna Por otra parte, es importante que el plan pretenda que el proceso agilice la búsqueda. Hay una voluntad política de UBPD para realizar las labores. Gladys Ávila, representantes familiares en exilio, indicó que existen retos específicos y complicados: nosotros pensamos que es importante que se amplíe la información del Sistema Integral a nivel del exterior, debido a la invisibilización que sufre el proceso que adelantan los familiares en exilio. Asimismo, para mantenernos estar al tanto de las fases de búsqueda, reuniones. Colombia, un extenso universo de víctimas Cabe recordar que, para el caso colombiano tal y como lo ha explicado Luz Marina Monzón —en contexto y en razón del conflicto armado colombiano— se ha calculado que la búsqueda es de alrededor de 120.000 personas dadas por desaparecidas en contexto y en razón del conflicto armado. Entre 1958 y 2016 que es el límite de nuestro periodo. Según el Registro Único de Víctimas (RUV), a corte del 1 de junio de 2019, hay 124.859 víctimas de desaparición forzada. A propósito, el Comité Internacional de la Cruz Roja, para junio de 2019, señaló que este no es un flagelo del pasado y que después de la firma del Acuerdo de Paz —24 de noviembre de 2016—; en Colombia se registra “una desaparición cada cuatro días por razón de conflicto armado y la violencia. *** Encuentre aquí el PNB completo

Por: Natalia Aguilar Salas. Colaboradora Pares. A raíz del aislamiento obligatorio a nivel mundial se ha evidenciado un aumento de la violencia doméstica y de la violencia de género. Muchos pensaban que las mujeres estarían a salvo en sus hogares, pero las cifras de casos de feminicidios y de violencia física y psicológica han evidenciado que los agresores muchas veces son aquellos más cercanos a las víctimas. La ONU ya había dado la desalentadora noticia. En un comunicado dado a conocer hace unas semanas, afirma que un tercio de las mujeres experimentan algún tipo de violencia durante el transcurso de su vida y resaltó la ONU que muchas mujeres y niñas están atrapadas en sus hogares con parejas abusivas. Este es un fenómeno mundial y afecta tanto a países de economía desarrollada como aquellos que tienen economías pobres. Según datos de la Organización Mundial de la Salud -OMS, la violencia sexual, reproductiva, mental y física las mujeres que sufren de abusos, sexuales o físicos, tienen el doble de probabilidades de abortar. En algunas regiones del mundo tienen 1,5 veces más la probabilidad de contraer VIH. También hay pruebas que indican que las mujeres agredidas sexualmente tienen 2,3 veces más probabilidades de sufrir alteraciones debido al consumo de alcohol. Aislamiento obligatorio y violencia contra las mujeres El aislamiento obligatorio ha arrojado datos preocupantes: en el caso de Colombia las llamadas a la línea 155 se han incrementado en un 142% a nivel nacional, en Bogotá aumentó 42%, el volumen de llamadas a la línea púrpura han aumentado en un 200%, informó revista Semana. Según el Observatorio de Feminicidios de Colombia, durante el 2020 hasta el mes de marzo se presentaron 130 casos de feminicidios a nivel nacional. De acuerdo con la colectiva Las Brujas del Mar, en México se han presentado 209 feminicidios, en Argentina se han presentado 21, y en Colombia 19, todos estos hechos se han reportado durante la cuarentena. La ONU afirma que 137 mujeres son asesinadas por un miembro de su familia cada día, 58 de cada 100 mujeres son asesinadas por sus parejas o familiares. América es el segundo continente con mayor tasa de feminicidios después de África , en la región se presenta un feminicidio cada 2 horas y media, una de cada tres mujeres sufre de violencia física o sexual y 80% de la violencia física se comete contra las mujeres. Según la Cepal, los países con mayor número de feminicidios en la región según el número de casos son Brasil y México, pero las tasas más altas por cada 100.000 habitantes las tienen El Salvador, Honduras, Bolivia y Guatemala, informó France 24. A nivel de América Latina, la Organización Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y el Caribe -RSMLAC, el 7 de abril conmemorando el día mundial de la salud se pronunció para exigir a los gobiernos de América Latina y el Caribe una mayor inversión en políticas públicas que garanticen los derechos fundamentales de toda la población. Resalta la organización que esta crisis ha develado las grietas del modelo capitalista, ya que se han profundizado las desigualdades y los diferentes tipos de violencia estructural en especial sobre las mujeres y las poblaciones vulnerables de la región. Frente al incremento de las violencias hacia las mujeres reiteran que las medidas de aislamiento ponen en riesgo la vida y la salud de las mujeres y niñas, reafirmando que los espacios íntimos pueden llegar a ser los más inseguros. Las situaciones de violencias estructurales se agudizan en el aislamiento, incrementando la violencia física, violencia sexual, violencia psicológica y el feminicidio. Las formas de abuso y violencia Otro punto que se debe resaltar, el cual plantea la RSMLAC, es sobre la exigencia invisible, la cual identifican como mantenerse informada, proveer el cuidado, cumplir con sus deberes laborales, ayudar con las tareas educativas de sus hijas e hijos, la obligada autocontención, la imposibilidad de parar o tener un espacio para el descanso, entre otras cargas históricamente asociadas a los roles preestablecidos entre hombres y mujeres. Lo anterior se ve agravado por la situación de aislamiento, ya que las mujeres en general tienden a la interacción social y los vínculos con las otras personas. Otras partes del mundo no están exentas de esta problemática a la cual también se le llama “terrorismo íntimo”. La ONG Equality informó que las llamadas por violencia doméstica aumentaron en China, especialmente en la provincia de Hubei durante el aislamiento obligatorio. En España, los pedidos de ayuda a la línea púrpura aumentaron un 18% , en Francia la Policía reportó un aumento del 30% en violencia doméstica, informó The New York times. Por otra parte Rusia tiene una de las cifras más alarmantes a nivel mundial. Según Infobae, las denuncias aumentaron de 6.000 en marzo de este año, a 13.000 en abril. Según Mona Eltahawy, reconocida periodista y activista feminista, la violencia doméstica es otra pandemia que hemos ignorado por mucho tiempo, también afirmó que los gobiernos claramente no estaban preparados para afrontar esta pandemia y proteger a los más vulnerables, lo cual se está desarrollando de formas horrendas. Por otra parte Judith Lewis Herman experta en traumatología de la Universidad de Harvard encontró que los métodos coercitivos que utilizan los abusadores domésticos para controlar a sus parejas e hijos son similares a los que utilizan los secuestradores y los regímenes represivos para controlar a los rehenes o romper la voluntad de los presos políticos. Además de la violencia física, otros métodos coercitivos y señales de abuso son: aislamiento de los amigos, la familia y el trabajo, vigilancia constante, reglas estrictas y detalladas de comportamiento y restricciones, ya sea a la comida, ropa e incluso a las facilidades sanitarias, informó The New York Times. Otro factor importante es la inestabilidad económica y el desempleo, ya que el abuso doméstico se basa en el poder y el control sobre la víctima, según un reporte del instituto nacional de justicia de Estados Unidos, encontró que cuando las finanzas, el trabajo y los aspectos que se tenían bajo control y de repente se vuelven factores inestables, el abusador encuentra poder y control en los métodos coercitivos que aplica a la víctima. Muchos gobierno han destinado infraestructura para que las víctimas de abuso doméstico puedan ser reubicadas. En Colombia la SAE destinó 65 inmuebles a nivel nacional para este propósito, sin embargo desde el 6 de abril que fue el anuncio oficial no han habido nuevos pronunciamientos al respecto. Por otra parte, aunque las líneas de atención son supremamente importantes no alcanzan a cubrir todas las llamadas que reciben en un día, por otra parte muchas de las víctimas no reportan los abusos a una entidad, lo cual las pone en mayor riesgo, además de esto muchas legislaciones por ejemplo en Rusia y Hungría al no tener leyes que sancionen la violencia doméstica generan que los abusadores continúen o aumenten los actos coercitivos y de violencia ya que saldrán impunes incluso en casos de feminicidio. Más allá de las responsabilidades gubernamentales, también es un problema sociocultural que debe ser eliminado a nivel local, nacional, regional y mundial. Las mujeres históricamente han sido oprimidas por el patriarcado, por lo tanto se debe continuar con la lucha feminista para que desde la educación se puedan transformar los roles y las condiciones sociales que viven las mujeres, no se puede negar que las mujeres han sido excluidas por siglos. Hablar de género no es una conversación fácil, pero es necesaria para solucionar este problema específico y particular que afecta directamente a mujeres y niñas a nivel mundial.

Por: Redacción Pares En una carta dirigida al presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, los obispos de Pasto, Tumaco e Ipiales pidieron al Gobierno Nacional brindar atención urgente, diferenciada e integral a Nariño, dadas las condiciones de ubicación geográfica y la expansión del virus en esta región limítrofe con el vecino país del Ecuador. Lea aquí la carta completa Entre las medidas solicitadas se encuentran: – El fortalecimiento de la red hospitalaria pública y privada; – Establecer un tratado binacional que permita un corredor humanitario para los venezolanos que quieren regresar a su país; – Crear un fondo específico de ayuda humanitaria “que sirva de alivio a este golpeado departamento -afectado en los últimos años por paros, bloqueos, los fenómenos atmosféricos, los TLC, el narcotráfico y la múltiples violencias-, con particular atención a la zona de Tumaco e Ipiales, dada el impacto que allí se ha tenido por el deterioro en el intercambio comercial con el vecino país”; – Atender las necesidades de las comunidades afrodescendientes e indígenas (Awá, Pastos y Quillasingas) presentes en el departamento, “algunas de las cuales por su ubicación geográfica se encuentran aisladas, enfrentando múltiples carencias, en alto riesgo de contagios por los frágiles sistemas de salud que poseen, el paso permanente de venezolanos por sus territorios y la presencia de fuerzas ilegales, que generan conflicto en la región”. – Impulsar el fortalecimiento del sistema educativo, que en el departamento presenta múltiples falencias y problemas. Una situación dramática Como lo advirtió Pares en artículo publicado sobre la situación de la frontera sur, que es bastante grave, Ipiales se ha convertido poco a poco en una bomba de tiempo tanto para el departamento de Nariño como para el resto del país. Es urgente que el Gobierno Nacional atienda las demandas del departamento para incrementar el pie de fuerza, establecer el cordón humanitario con bioseguridad y un plan de sostenibilidad socioeconómica para las familias que dependen del comercio interfronterizo. El COVID-19 no solo ha alterado la vida de los habitantes del municipio sino que ha develado la profunda problemática de vulneración de los derechos de las personas migrantes y la aparición de conductas xenófobas hacia estas comunidades. El Estado colombiano pese a que hace tres o cuatro años viene atendiendo este fenómeno, no ha logrado consolidar una política pública de migración clara que responda con medidas estructurales y establezca los criterios esenciales para proveer la atención en condiciones de dignidad. Además, es fundamental que los gobiernos locales consoliden sus estrategias y planes para la protección y seguridad de los habitantes del municipio de manera articulada, pero sobre todo con una fuerte presencia de las instituciones públicas del nivel nacional donde se ofrezcan los instrumentos y garantías necesarias para desarrollar esta compleja labor. También, es clave que la sociedad colombiana haga un llamado al Gobierno para que cumpla a cabalidad sus compromisos según el derecho internacional y sobre todo, que entienda que el sur del país requiere de los más urgentes esfuerzos para combatir una pandemia que no da espera.