Por: Laura Cano. Periodista Pares. El Gobierno ha hecho un llamado a la austeridad en tiempo de pandemia, llamado que al parecer no es muy aplicado en la agenda de la presidencia, pues mientras se pasan tiempos difíciles socialmente y se auguran situaciones complicadas económicamente, los contratos con altas cifras de por medio siguen celebrándose, y estos justamente no van hacia la población que lleva semanas solicitando que se den mínimos vitales para poder pasar la cuarentena. Con dineros de la Paz, Duque contrata empresa que financió la campaña del No en el plebiscito. Es una decisión tan descarada, tan afrentosa, tan burlesca, que solo se le puede ocurrir a una mente muy perversa, manifestó León Valencia, director de Pares. Este martes se conoció a través de la emisora La FM, que el pasado 30 de abril se firmó un contrato por $3.350 millones con Du Brands S.A.S, bajo el objeto que: “el contratista se obliga a prestar a la entidad, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales especializados de apoyo a la gestión de la Consejería Presidencial para las Comunicaciones en la elaboración, implementación y seguimiento de estrategias digitales integrales, así como la producción de contenidos y la administración de los canales digitales de comunicación del Presidente y de la Presidencia de la República”. Esta compañía, creada hace once años, dedicada a brindar asesoría en comunicaciones, logística de eventos comerciales, también a la recolección y análisis de datos, mercadeo y manejo de redes sociales, ha tenido relación con el actual Gobierno por lo menos en tres ocasiones. En un primer momento, esta empresa otorgó un crédito a la campaña del NO por el plebiscito por un monto de $330 millones al Centro Democrático. En un segundo escenario, durante la campaña electoral de 2018, se le destinó la suma de $15.000 millones para asesorar la promoción del candidato, ahora presidente, Iván Duque. Más recientemente, en enero de este año la empresa fue contratada con un fin relacionado con el de las comunicaciones por un total de $1.561.075.584, informó El Espectador. Los otros contratos con Du Brands S.A.S Recientemente a través de Revista Semana se conocieron otros contratos que fueron realizados con Du Brands S.A.S, la agencia encargada de posicionar la imagen de Iván Duque. Uno de estos fue por de $999 millones, el cual fue firmado el 30 de agosto, cuando todavía no había pasado el primer mes de posesión. Éste iría hasta el 20 de diciembre del mismo año y tenía en sus tareas: “adquirir, depurar, verificar lista de influenciadores digitales con el propósito de interactuar con estos usuarios”. Poco después de la finalización del contrato anterior se dio vía a uno nuevo el 30 de abril de 2019 al 15 de diciembre del mismo año por $2.698 millones. Este regía con el mismo objeto de realizar actividades relacionadas con estrategias digitales para posicionar al Presidente. Además, en el medio de comunicación también se aseveró que durante enero del presente año y el 29 de febrero había uno más por $780 millones el cual estaba relacionado con tareas de comunicación. Llama la atención que en los contratos se incluyen costos por “proyectos especiales”, los cuales se ven reflejados en desplazamientos nacionales e internacionales, al parecer del equipo digital y los que superan los $40 millones. Igualmente, se informó que: “los cuatro contratos que se suscribieron con la Presidencia suman más de $8.000 mil millones, los cuales, según logró conocer Semana Noticias, se realizaron por prestación de servicios.” Dinero para la paz a posicionar al Presidente Una millonada. $3.350.000.000 fue la cifra que se destinó para, como lo indica el contrato, servicios de estrategia digital, en la que se incluye, entre otras cosas, el posicionamiento on-line del presidente y la presidencia. Éste comenzó a regir desde el pasado 01 de mayo e iría hasta 15 de diciembre de 2020, siendo Hassan Nassar, jefe de comunicaciones de la Casa de Nariño, quien supervisará el contrato. Pero, ha surgido una duda ¿de dónde está saliendo este dinero?, cuestionamiento no menor dada la coyuntura y las exigencias que se le están haciendo al Gobierno para que atienda de manera efectiva las problemáticas que ha agudizado el COVID-19. Situaciones en las que se incluyen las precarias condiciones en las que están los 24 Espacios Territoriales en donde 2.893 firmantes de paz que se encuentran llevando a cabo su proceso de reincorporación, que como se indicó recientemente en el portal de Pares, tan solo en el ETCR Heiler Mosquera de Puerto Asís, Putumayo, no hay hospitales en condiciones para atender la pandemia que aqueja a todo el territorio nacional. Mientras que en el ETCR Martín Villa, ubicado en el municipio de Arauquita, Arauca, se expresa que los proyectos productivos de los excombatientes se están viendo afectados por la actual emergencia sanitaria y que la situación es crítica porque la población no cuenta con ningún recurso para suplir sus necesidades básicas. Acá algunos que se encuentran en el ETCR, se les ha solucionado el tema de los víveres, pero para quienes no residen dentro del ETCR ha sido muy difícil porque no están recibiendo ni suministro de víveres ni la asignación mensual. Esto necesita unas acciones de urgencia. Hemos hecho peticiones y hasta el momento no han dado trámite. Bajo este panorama, que no solo está afectando a los Espacios nombrados anteriormente, sino que se está generalizando en los otros 22, es necesario resaltar que el dinero con el que se realizó el contrato con Du Brands S.A.S salió del del Fondo de Programas Especiales para la Paz, el cual de acuerdo con la Ley 368 de 1997 y el artículo 2.2.2.1.1 del Decreto 1081 de 2015, compilatorio del Decreto Reglamentario 2429 de 1997, tiene como objeto “la financiación de programas de paz encaminados a fomentar la reincorporación a la vida civil de grupos alzados en armas, que demuestren su voluntad de incorporarse a la vida civil mediante su desmovilización y la dejación de armas.” A pesar de esta claridad, de las necesidades apenas notorias en los ETCR y de las personas reincorporadas, además de los incumplimientos en los que el Gobierno actual ha resaltado con el Proceso de Paz, el Presidente decide direccionar el dinero dispuesto para dar garantías a quienes dejaron las armas y le apostaron a la paz, a posicionar su imagen en plena emergencia social, sanitaria y económica. Presidente, ¿esas son sus prioridades? ¿Esas son sus formas de ‘fortalecer la democracia’? Otros gastos de la presidencia Hacer un repaso por otras acciones que se han hecho desde el Gobierno antes y durante el virus en el país es necesario. Esto porque muchas de las problemáticas sociales que se han mostrado más cercanas con el virus, son el resultado del sistema económico desigual que nos rige, las políticas sin diferenciación que se implementan y unas dinámicas de corrupción y detrimento de los recursos públicos que han estado presentes de forma trasversal en la crisis que hoy nos está tocando en todas las flaquezas que tenemos como país. Hace tan solo una semana, cuando desde la bancada de oposición del Congreso se hacía la propuesta del Mínimo para la Vida, lo que funcionaría como un recurso económico para garantizar condiciones adecuadas para que las poblaciones más vulnerables puedan pasar con dignidad la cuarentena, el senador Wilson Arias hizo pública la denuncia sobre la compra de 23 camionetas por $9.600 millones de pesos, lo que representaría cerca de 96.000 mercados de $100.000 para familias de cuatro personas. A eso agregándose la compra que se había hecho días antes de 10 tanquetas para el ESMAD, lo cual significó otros $7.900 millones. La compra de estas camionetas fue autorizada por el Departamento Administrativo de la Presidencia y Jefatura de Protección Presidencial a través de recursos destinados desde el Ministerio de Hacienda y como petición de la Policía Nacional para el esquema de seguridad del presidente, de miembros de la vicepresidencia y algunos consejeros. Asimismo, se advirtió que cada una de estas camioneras estarían en un costo cercano a los $391 millones, las cuales estarían llegando a lo largo del próximo semestre. Aunque desde las vocerías del Gobierno se ha salido a decir que estos dos últimos hechos solo respondían a unas dinámicas de contratación y compra de años anteriores, cabe señalar que desde muchos sectores se ha hecho la invitación al redireccionamiento de recursos para atender la situación que se ha agudizado con el COVID-19. Sin embargo, pareciera que ésta, como otras peticiones que se han hecho, han caído en oídos sordos; en el mismo dirigente que hace tan solo unos meses decidió utilizar el avión presidencial para transportar los invitados a la celebración del cumpleaños de su hija. Esto mientras la historia sigue repitiéndose: zonas con un olvido estatal histórico, gente exigiendo que no la dejen morir hambre, escenarios de violencia agudizándose, y ahora un virus que de nuevo deja a los mismo de siempre sometidos a las políticas de alguien que pone como prioridad figurar en medios, redes sociales y en dar garantías principalmente a su seguridad y a la de su gabinete.

Por: Lina Macías. Coordinadora de Proyecto Mecanismos de Protección y Seguridad Pares. Este domingo 3 de mayo, el Instituto Nacional de Salud y el Instituto Departamental de Salud de Nariño publicaron el último reporte del COVID-19 para el departamento, el cual revela unos datos preocupantes frente al alcance que ha tenido esta pandemia principalmente en tres municipios: Pasto con 26 casos de contagio, Tumaco con 60 y sólo en Ipiales 95 casos. Hay un total de 199 casos confirmados a nivel departamental, contando los municipios de Cumbal, Contadero, La Unión, Cumbitara, Túquerres y Cuasup que oscilan entre 1 y 10 casos. La gran conclusión que se puede inferir de estas cifras es que más del 50% de los casos confirmados se encuentran en Ipiales, municipio fronterizo con la República del Ecuador, que actualmente se posiciona como uno de los tres principales países de Latinoamérica con el mayor número de contagios y decesos por COVID19, después de Brasil y Perú, que ya suman 24.675 casos confirmados, 883 muertes. Esta situación pone en alto riesgo no sólo a los habitantes de este municipio sino a la población migrante venezolana, colombiana e incluso ecuatoriana que se desplaza continuamente de un lado a otro de la frontera por múltiples razones, ya sea para buscar su sustento, comercializar productos o buscar refugio, exponiéndose a atravesar algún punto de los llamados pasos irregulares o ilegales que conectan a los dos países en sus 600 kilómetros de frontera. Tres factores que explican la situación en Ipiales Las preguntas que surgen son: ¿Qué está sucediendo? ¿Cuáles son las razones por las cuales a pesar de que el gobierno local cerró las fronteras a partir del 17 de marzo del presente año en vez de bajar el número de contagios, por el contrario viene en aumento? ¿Qué responden las autoridades locales y como se adelantan acciones para enfrentarlo? ¿Cuál es la circunstancia que se ha identificado como el origen de esta situación? En las investigaciones adelantadas por la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, con sus enlaces locales y algunas entrevistas con funcionarios, funcionarias y autoridades territoriales, se han identificado tres factores centrales que inciden en la situación actual del municipio y, en parte, explican dicho fenómeno, hipótesis que cobran fuerza dentro de la sociedad nariñense: 1. Coordinación nacional-local frente al COVID-19: Tanto el gobierno local de Ipiales y como la gobernación de Nariño hoy día enfrentan con poco acompañamiento del gobierno nacional el COVID-19, el cual aún no comprende que este municipio requiere un especial tratamiento para la aplicación de medidas de emergencia, ya que la estrecha dinámica social de intercambio y dependencia económica que existe entre municipios de frontera como Ipiales, Tumaco, Cuasup en Colombia y Carchi, Sucumbíos y Esmeraldas en el Ecuador no se detiene de un momento a otro. Para ponerlo en marcha se requiere en lo inmediato, el incremento sustancial del control policial, militar y migratorio en los pasos irregulares de la frontera y en el corto plazo, un plan de choque para articular medidas de protección con los gobiernos nacional y local fronterizo del Ecuador, acciones urgentes para proveer bienes y servicios básicos así como un ejercicio permanente de pedagogización sobre los protocolos y los impactos de la pandemia en la protección de la vida de los ciudadanos. Esta situación se refleja en la enorme dificultad que ha surgido para manejar los pasos irregulares entre Colombia y Ecuador, donde ni el aumento de pie de Fuerza Militar ha podido controlar la movilidad de personas o la propagación de contagios. 2. Corredores humanitarios y seguimiento a protocolos de bioseguridad: La implementación de los corredores humanitarios desde principios de abril entre Colombia – Venezuela y las negociaciones que se vienen adelantando para desarrollar próximamente un corredor entre Ecuador – Colombia – Venezuela para trasladar población venezolana que voluntariamente desea regresar a su país, es un proceso que si bien las autoridades locales han venido adelantando con toda la disposición y responsabilidad. No obstante, esta es una actividad que requiere del control y apoyo estructural del Gobierno Nacional, el cual debe garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y el traslado en condiciones dignas para esta población. Existe la percepción de que este proceso se ha recargado a los gobiernos locales y que de no manejarse rigurosamente, puede convertirse en el vehículo para la propagación del COVID-19 en el municipio y, de paso, en el resto del país. 3. Migrantes venezolanos, xenofobia y coronavirus: El creciente aumento de la discriminación y xenofobia hacia la población migrante venezolana durante los últimos dos meses viene en aumento, debido a un rumor infundado entre la comunidad de Ipiales que el aumento de casos de contagio se debe a la presencia de esta población, situación que ha generado agresiones, desalojos, instigación para el retorno y abandono de la protección municipal, aún sin tener pruebas oficiales de contagio. Las autoridades y profesionales del departamento han expresado con gran preocupación que de no realizar un adecuado seguimiento en salud y ayuda humanitaria mínima a esta población, las familias y los distintos grupos migrantes podrían entrar en situación de habitante de calle, aumentando exponencialmente el contagio del virus dentro del municipio. Coordinación nacional-local frente al COVID-19 En entrevista con el personero municipal de Ipiales, Manuel Revelo, una de las percepciones que tienen sobre cuáles son las razones que explican el aumento de contagios, es que gran parte del crecimiento de esta cifra se debe a la dificultad de crear cultura ciudadana frente al cuidado y la autoprotección de los habitantes de Ipiales y los municipios fronterizos: “Hay que entender que un municipio de Ipiales la gente vive del intercambio de productos con el Ecuador y muchas personas colombianas estuvieron el fin de semana anterior al cierre de frontera en unas fiestas o feriado del vecino país; asimismo mucha población ecuatoriana debido al alza de 4000 mil pesos del dólar estuvo en esos días en Ipiales comprando productos esenciales obviamente sin tener la más mínima protección de bioseguridad. A esta situación, se suma la dificultad de controlar el cruce de manera irregular de puntos ilegales de paso de frontera por cruce de colombianos que viven en el Ecuador hacia Colombia y viceversa, explican el aumento exponencial de casos de contagio”. Sobre el tema de cierre de fronteras, le preguntamos qué tanta responsabilidad encontraba en la ampliación del contagio por la demora del cierre de frontera por parte de las autoridades locales y el débil acompañamiento nacional a esta gestión inicial. Sobre esto afirma: “El problema de cierre de fronteras a mi parecer tiene dos fases: la primera es cuando se decreta la medida por decreto presidencial, disposición que se cumple de manera inmediata, es decir, se cierra el único paso fronterizo oficial que es el puente de Rumichaca. Pero, no hubo una planeación o no se dimensionó la posibilidad de un cruce irregular en zona de frontera, en una frontera tan amplia, como la que tiene Ipiales con más de 100 kilómetros de frontera y con otros municipios como lo es Cumbal, Cuaspud Carlosama o como lo es hasta el propio municipio de Tumaco. Entonces, continúa explicando el funcionario, el que no se haya realizado un análisis de la posibilidad que había que cuando se cerrará la frontera con Ecuador se iba a intensificar la problemática de los pasos irregulares, sí generó una mayor posibilidad de contagio en el municipio. Si bien se han reforzado las medidas, el acompañamiento del ejército y pie de fuerza de la policía en las fronteras, en esencia no generan el impacto que debería tener porque todos los días se observa una apertura nueva para hacer el cruce irregular de estos pasos fronterizos. Rosita Guevara, diputada de la asamblea departamental de Nariño, expresó que el cierre de la frontera en gran parte se debió a la insistencia que realizó el gobierno de Nariño con el acompañamiento de las instituciones públicas, gremios económicos, organizaciones sociales para hacer un frente común a la pandemia, insistiendo al gobierno sobre el cierre y que se diera un trato especial al departamento. En ese sentido, señala Guevara, si no se apoya y se fortalece la gestión del gobierno departamental, se corría el peligro de que el contagio se expandiera hasta ciudades como Popayán y Cali, cuyos gobernantes han expresado públicamente que es en Nariño donde se le está permitiendo el paso a los ecuatorianos que vienen a salvar su vida, solicitando incluso un cerco “epidemiológico en diversos puntos de Ipiales. Si bien la diputada expresa que es totalmente entendible que familias y comunidades busquen refugio en cualquier departamento de Colombia, la realidad es que aún no se cuenta con los instrumentos necesarios para afrontar una crisis de esa magnitud. Por otra parte, Revelo señala que la presencia institucional nacional y el ejercicio de consolidar estrategias de bioseguridad a nivel local, lo siguiente: “La presencial institucional que conozco principalmente de las autoridades municipales y departamentales, a través diferentes mesas municipales de trabajo para atender el tema del COVID-19. Pero hay que tener un dato en cuenta: en el departamento de Nariño y principalmente en Ipiales desde el año 2016 hasta el 2020 hicieron tránsito de frontera hacia Ecuador y otros países más de 1.600 mil personas venezolanas. Si te pones a ponderar esa cifra de personas y piensas que estas mismas personas que hicieron el tránsito por Rumichaca se devuelvan hacia Colombia de manera irregular por la frontera, claramente genera una alarma y una crisis por parte de la administración puesto que existiría una imposibilidad para brindar los elementos mínimos para que estas personas puedan estar en Ipiales. Por parte del Gobierno Nacional sí hubo acercamientos del viceministro de defensa para verificar la situación. En ese momento la decisión fue aumentar el pie de fuerza en zona de frontera, pero algo si es claro es que el mayor problema es la permeabilidad de la frontera. La frontera es muy porosa para tener el control efectivo por parte de las autoridades. Es muy difícil de controlar. Tendrías que desplegar más de 10 batallones, indica Revela. Se conoce de distintos llamados a los parlamentarios del Departamento de Nariño, para que en ejercicio de su función de control político, reclamen del gobierno nacional la implementación de las medidas aludidas; sin embargo, hasta el momento, no se conoce acción significativa alguna de estos funcionarios. Una muestra de la difícil empresa que es controlar este virus en la frontera fue el contagio de 18 soldados del Grupo de Caballería Mecanizado Número 3 ‘General José María Cabal’ en la labor de vigilar los 37 senderos ilegales que las autoridades han detectado en zona rural de Ipiales, Nariño. Si bien se realizó rápidamente el debido aislamiento, es claro que el control de la propagación necesita mayores esfuerzos. Corredores humanitarios y protocolos de bioseguridad Los corredores humanitarios son un proceso que se viene adelantando la alcaldía local junto a la gobernación desde principios de abril, en coordinación con Migración Colombia y la oficina de migración de Venezuela donde el objetivo es trasladar población venezolana que exprese la voluntad de retornar a su país y las autoridades locales brindan las condiciones mínimas para llevar a cabo este proceso. Sobre este proceso, Revelo nos cuenta: “Desde Ipiales se han remitido o se ha brindado ayuda humanitaria para que las personas migrantes de nacionalidad venezolana a través de un corredor humanitario lleguen a su país, entendiendo que cuando se hizo el cierre de frontera, algunos de ellos vivían principalmente de la economía informal que se da entre Colombia y Ecuador y al no poder continuar esta actividad, su condición de vida cambia y por ende se intensifica su situación de vulnerabilidad. A esto se suma los comportamientos de xenofobia del vecino país a esta población, por lo cual ellos toman la decisión de volver a su país Venezuela, manifestando también muchos de ellos habrían dejado a padres, hermanos y abuelos, quienes actualmente son los más afectados por el virus y esto generó la voluntad de volver a su país para cuidar de ellos”. Para evitar que este retorno se dé en condiciones críticas como la de caminar familias enteras por todo el territorio nacional y evitar los contagios, se adelanta este trayecto con el acompañamiento del Ejército y la Policía Nacional con unos protocolos de debido aislamiento preventivo en albergues en la mayoría de los casos, luego la ocupación de buses y un monitoreo telefónico con las autoridades locales y migración, y su posterior llegada a algunas de las fronteras con el vecino país: Cúcuta o Arauca. Se han realizado hasta el momento dos corredores de la siguiente manera: El destino no lo informan cuando migración ya ha verificado el lugar de recepción de los migrantes, generalmente el mismo día del viaje, enfatiza Revelo. La personería ha participado en dos viajes: el primero (abril 8) con dos buses con destino a Arauca (oscila entre 70 u 80 personas trasladadas) y el segundo (23 abril) de 6 buses hacia Cúcuta (228 personas). La autoridad municipal le informa el destino a la persona voluntaria, para que acepte o no llegar a ese punto fronterizo. Si dado caso no acepta, debe reubicarse a un albergue. Como se observa en las anteriores declaraciones, este proceso lo ha asumido principalmente las autoridades locales y departamentales, pero requiere de un mayor control por parte de Migración Colombia y acompañamiento de las entidades de salud correspondientes, no solo desde la salida de este corredor sino durante todo el proceso, principalmente en el punto de llegada. Si estos controles de aislamiento se cumplen a cabalidad y como lo ha expresado el gobernador de Nariño en diferentes escenarios, es clave contar con urgencia pruebas rápidas para hacer diagnósticos. Atender estas preocupaciones será clave a la hora de emprender otra experiencia de este orden: según nuestras fuentes locales, actualmente se adelanta un corredor humanitario Ecuador-Colombia-Venezuela, el cual se encuentra en negociaciones y se espera la firma de las autoridades ecuatorianas para su implementación. Como se mencionó, Ecuador presenta una de las tasas más altas de contagio y si no se lleva un control riguroso de los protocolos de bioseguridad de las instituciones nacionales, nos enfrentaríamos a una amplia exposición de contagio interna. Migrantes Venezolanos, xenofobia y coronavirus Para finalizar, uno de los más graves impactos que ha generado el aumento de contagio en el municipio de Ipiales, ha sido el creciente aumento de conductas xenofóbicas hacia la población migrante venezolana. La personería municipal expresó que no existe ni un solo caso confirmado de infección del COVID-19 proveniente de esta población, sin embargo, al interior del municipio se refuerza esta idea que son estos migrantes los responsables de la elevación del contagio al interior del municipio. Por el contrario, se ha sabido por la Policía Nacional que las personas que han sido sorprendidas en los pasos irregulares son personas ecuatorianas y connacionales colombianos e incluso chilenos, no solo población venezolana. Fuentes territoriales expresan que se han creado grupos de WhatsApp incentivando el odio hacia la población migrante, desalojos de familias dentro del municipio y se sospecha, aún sin claras investigaciones, posibles agresiones y asesinatos a venezolanos en condición de calle. Ejemplo de este último, fue el asesinato de una menor de 16 años debido a que un hombre colombiano disparó indiscriminadamente a un cambuche de 14 venezolanos, dos más resultaron heridos, se encontraban cerca de la terminal de transporte de la ciudad de Ipiales. La policía dice que este grupo tenía vínculos con microtráfico, pero se sabe que estas personas estaban allí porque no lograron acceder a un cupo en el albergue esa noche. A este panorama se suma que la administración local de Ipiales no ha querido activar la mesa de población migrante y refugiada, desentendiendo los compromisos que se tienen con este sector. La Personería y la Defensoría ha enviado varios requerimientos oficiales para activarla y apenas hace unos días dieron a lugar una reunión, pero se desconoce la apropiación de las recomendaciones hechas para avanzar a la atención y protección de esta población. También se conoce que la Policía sale en las noches a informar con bocinas en camiones que se van a hacer los traslados, los inscriben en listas un día antes del viaje y los suben al bus. Se supone que este no es el protocolo: debe realizarse un censo de la población, identificar quienes están con interés del tránsito una semana antes del viaje, desarrollar su periodo de aislamiento y luego incorporarlos a este corredor hacía Venezuela. Una situación dramática La situación de frontera es bastante grave e Ipiales se convierte poco a poco en una bomba de tiempo tanto para el departamento de Nariño como para el resto del país. Es urgente que el gobierno nacional atienda las demandas del departamento para incrementar el pie de fuerza, establecer el cordón humanitario con bioseguridad y un plan de sostenibilidad socioeconómica para las familias que dependen del comercio interfronterizo. El COVID-19 no solo ha alterado la vida de los habitantes del municipio sino que ha develado la profunda problemática de vulneración de los derechos de las personas migrantes y la aparición de conductas xenófobas hacia estas comunidades. El Estado colombiano pese a que hace tres o cuatro años viene atendiendo este fenómeno, no ha logrado consolidar una política pública de migración clara que responda con medidas estructurales y establezca los criterios esenciales para proveer la atención en condiciones de dignidad. Es fundamental que los gobiernos locales consoliden sus estrategias y planes para la protección y seguridad de los habitantes del municipio de manera articulada, pero sobre todo con una fuerte presencia de las instituciones públicas del nivel nacional donde se ofrezcan los instrumentos y garantías necesarias para desarrollar esta compleja labor y es clave que la sociedad colombiana haga un llamado al gobierno nacional para que cumpla a cabalidad sus compromisos según el derecho internacional y sobre todo, que entienda que el sur del país requiere de los más urgentes esfuerzos para combatir una pandemia que no da espera.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Ocho (8) días han transcurrido desde que la opinión pública conociera el decreto 601 que expidió el presidente Iván Duque en el que el Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, y las personas autorizadas por él, deberán verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil. Tras esta semana, el ELN ha registrado la entrega de 31 guerrilleros, todos ellos en el departamento del Cauca. El mismo departamento que por estas semanas es el epicentro de la violencia homicida en contra de líderes y lideresas. De acuerdo con la información más reciente, el pasado domingo 3 de mayo en el corregimiento de San Juan de Micay, en una vereda conocida como Los Cedros, se llevó a cabo un operativo de la Fuerza de Despliegue Rápido No 4 que habría generado la entrega voluntaria de ‘alias Esteban (cabecilla de seguridad de alias Palermo), alias El Mocho (cabecilla de milicias) y alias ‘el Flaco (jefe político de la estructura y cabecilla de milicias con injerencia en Argelia y El Plateado, Cauca). La primera entrega se dio el pasado miércoles 29 de abril cuando 13 hombres y cinco (5) mujeres del Frente José María Becerra del ELN se entregaran para acogerse a la desmovilización. El hecho ocurrió en San juan de Micay, al igual que el 3 de mayo, la entrega se dio después de que Fuerza de Despliegue Rápido No 4 llevara a cabo una operación. Cabe recordar, que en esta zona de López de Micay ha sido en las últimas semanas un escenario de violencia letal. El 22 de abril fueron asesinados Jesús Albeiro Riascos y Andrés Sabino, integrantes del Consejo Comunitario Afro Renacer del Micay en el Tambo (Cauca). La esperanza de paz, un anhelo de las comunidades La incertidumbre sobre el devenir de las acciones que adelante el ELN o de la revisión que haga el Gobierno Nacional, en cabeza de Ceballos, es dificil de disipar. Lo cierto es que hay 136 municipios en los que hace presencia esta guerrilla y en donde las comunidades esperan que este actor armado tenga un papel proponderante en esa voluntad de paz. Vale la pena señalar que el ELN se expandió en 35 municipios más. De hecho, el pasado 30 de abril se cumplió el mes de cese al fuego unilateral decretado por el ELN. En dicho comunicado por medio del cual dio la noticia, la guerrilla se refirió al gobierno para que retomara los diálogos con la Delegación de Diálogo presente en La Habana, para concertar un cese al fuego bilateral y temporal. El Defensor del Pueblo, Carlos Negret, señaló que este no es el momento de cerrar las puertas ni de romper los puentes, por el contrario es el momento de la esperanza de la humanidad. Colombia se merece la paz y no la guerra. Toma mayor interés, debido a que a pesar del cese al fuego, de acuerdo con la alerta temprana N. 018-20, se registraron —entre el 23 de marzo y el 27 de abril—; 72 hechos bélicos distribuidos en 23 departamentos, para un total de 128 municipios. Hechos que implican a diferentes Grupos Armados Organizados que actúan en la región. La Defensoría del Pueblo también señaló que, en el marco del cese al fuego, el ELN habría librado combates contra diferentes grupos armados con interposición de población civil, principalmente en el departamento del Chocó -particularmente en el municipio de Bojayá, el sur del departamento del Cauca, el Sur de Bolívar y Norte de Santander. Pablo Beltrán, quien fuera jefe de la Delegación de Diálogos del ELN cuando estaba la mesa de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, dijo que ELN no tendrá una ‘actitud’ de ataque sino de defensiva. Por otro lado declaró que nuestra dirección le hizo una propuesta al Gobierno, para que aprovecháramos el cese para retomar los diálogos, pero vimos altos mandos militares que siguen en operaciones ofensivas y nosotros tenemos que tomar acciones de defensa. Cabe recordar que el pasado 18 de enero, el presidente Iván Duque, decidió levantar la mesa de negociaciones con el ELN y reactivar las órdenes de captura y las circulares rojas de Interpol contra los delegados de la guerrilla. Mesa que tuvo lugar en el gobierno Santos en 2017 en Quito (Ecuador) y que fue traslada a La Habana (Cuba) en 2018. Cauca, un departamento donde no descansa la violencia Por otra parte, la Defensoría hizo un especial llamado sobre el siguiente repertorio de violencia de los GAO, ya que según la entidad, departamentos como Cauca, Nariño, Bolívar, Valle del Cauca, Guaviare, entre otros, han hecho públicos sus mensajes, principalmente, mediante la circulación de comunicados y panfletos entre los cuales es común el respaldo al aislamiento con imposición de regulaciones y normas de conducta, así como amenazas de homicidio, agresión, desplazamiento forzado y restricciones a la movilidad, bajo el argumento de prevenir la propagación del contagio. De hecho, en la última Alerta Temprana, la Defensoría señaló que en periodo comprendido entre el 23 de marzo y el 27 de abril fueron asesinadas 10 personas. Dos (2) en el departamento de Nariño, uno (1) en el departamento de Arauca y en el caso del municipio caucano se reportaron siete (7). Ahora bien, frente al seguimiento que le ha hecho Pares al caso del departamento del Cauca, entre el 22 de abril y el 1 mayo han sido asesinadas nueve personas. El más reciente asesinato fue el pasado viernes 1 de mayo cuando hombres armados asesinaron al líder comunal Uenseslao Guerrero en zona rural de Mercaderes. Guerrero fue presidente de la JAC de la vereda Curacas de Mercaderes. El pasado 29 de abril, se registró la masacre en la vereda El Vado, corregimiento de Mojarras, zona rural del municipio de Mercaderes, al sur del Cauca. Ese día fueron asesinados el líder comunal Álvaro Narváez Daza, su esposa María Delia Daza Rodríguez, Cristian Narváez Daza su hijo y su nieta Jenny Katherine López Narváez de 15 años. El pasado 25 de abril Este viernes, las autoridades del Cauca confirmaron el asesinato del líder social Floro Samboní Gómez, de 56 años, agricultor y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Loma Larga Bajo, del corregimiento de Llacuanas El crimen ocurrió en el municipio de Almaguer. Finalmente, el pasado 22 de abril fueron asesinados el líder social Hugo de Jesús Giraldo, en Santander de Quilichao (Cauca); Jesús Albeiro Riascos y Andrés Sabino, integrantes del Consejo Comunitario Afro Renacer del Micay en el Tambo (Cauca). Tres dificultades de un proceso de paz Según Luis Eduardo Celis, analista y experto en temas de conflicto y paz, hay tres grandes dificultades a superar para un proceso de paz exitoso: un gobierno que tenga una oferta de negociación que pueda incluir al ELN, una dinámica de participación social, política y ciudadana que se involucre a fondo en la solución de este conflicto, con energía y propuestas y un ELN que se decida, con firmeza, por el camino negociado para salir de un proyecto de resistencia armada que no trae nada bueno para las comunidades donde permanece ni para el país, que debe seguir trabajando por transformaciones en una acción social y política sin violencia. «Este grupo se podría sintonizar y ganar respaldo en la sociedad, desafortunadamente eso no lo ve y se mantiene en su proyecto de fuerza y resistencia lo cual lo aleja de una sociedad con la que podría trabajar por un proceso de paz, no ahora, pero sí con un gobierno interesado en resolver este conflicto armado, con transformaciones que son necesarias en los 120 municipios donde permanecen y extensivos a una Colombia que requiere nuevos acuerdos y derroteros de acción social y política», sentencia el experto. «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»

Por: Walter Aldana. Colaborador Pares. Germán Vargas Lleras cuenta con un patrimonio de $ 2.697.766.000 millones, según el diario el Colombiano de Medellín, en noticia emitida el 29 de Junio de 2016. Amén de ser nieto de un ex presidente colombiano y haber, seguramente, aumentado sus recursos económicos hasta hoy año 2020. Pedro Pérez tiene como patrimonio $83.000.000 millones de pesos representados en un apartamento que compró con un crédito del Fondo Nacional del Ahorro, del cual debe aún $30.000.000 millones; aunque ya lo ha pagado suficientemente al sector financiero pero los intereses leoninos de la banca ahogan las esperanzas e ilusiones de esta clase media, que le toca pagar $160.000 mil pesos del servicio privatizado con la CEO de energía y $96.000 del servicio de agua, internet, telefonía celular y fija de al menos $250.000 mil, además de los $120.000 pesos de la administración del edificio en el que vive, sin contar aún con los gastos en educación, salud y alimentación. Desde luego, la inversión de dinero en recreación, entre otras por la pandemia es de cero. Salario mínimo por horas, flexibilizar los horarios de trabajo, eliminar transitoriamente las primas de junio y diciembre, de forma transitoria suspender las cesantías y los intereses de cesantías, eso quieren. Para las nuevas contrataciones hay que flexibilizar los costos de despido, dice Vargas Lleras que “estas propuestas son delicadas e impopulares, pero necesarias si se quiere evitar una masacre laboral” y finaliza con “para salir lo mejor librados de esta crisis, todos debemos aportar cuando llega la quincena y no hay cómo pagarla, una parte es mejor que nada”. Es decir, asumir colectivamente las pérdidas y evadiendo el Delfín, la realidad de que cuando fue la época de las vacas gordas, no socializaron las ganancias en el país más desigual del mundo. Como diría el escritor y caricaturista Mexicano Riuss “qué diferente sería la teología si los sacerdotes ganarán el salario mínimo.” Comprendo que el coscorronero ex vicepresidente y jefe del partido Cambio Radical, proponga una nueva reforma laboral desde su tranquila situación financiera, que es lejos de lo que en aquél pasado 2016 declaró, cuando fue débil candidato presidencial. Todos debemos aportar: es cierto, siempre lo hemos hecho. Nuestra fuerza de trabajo, frente al salario, nuestra precaria atención en salud porque privatizaron el sistema, la tristeza del poco porcentaje de ingreso a educación superior porque hace años tienen congelados los presupuestos de la universidad pública y no controlan los precios de las privadas, su reforma laboral tercerizó la contratación y suprimió el pago de los festivos, etc. Reforma laboral, afectación a las y los obreros y empleados, mientras tanto buscan cómo generarle aceptación a la inyección de dineros para Avianca, empresa hoy extranjera que dice haber pagado en Colombia $800 millones del IVA, creyéndonos ignorantes, pues este impuesto sale de los usuarios. NO se le olvide Dr. Lleras que “cada uno habla de la fiesta de acuerdo como le vaya en ella”.

Por: Jaime Palma. Investigador de la Línea de Seguridad Urbana y Crimen organizado. El pasado 30 de abril se cumplió el plazo para que las entidades territoriales hicieran entrega de sus planes de desarrollo departamentales, municipales y distritales para su respectivo debate en concejos y asambleas. Tales documentos han sido objeto de ajustes significativos en las metas programadas, aunque la magnitud de las modificaciones varía en función de las visiones de desarrollo de los alcaldes y gobernadores y de las capacidades presupuestales y financieras de las entidades. De cualquier forma, todos parecen converger en la necesidad de un mayor fortalecimiento del sector salud para lidiar con los efectos de la pandemia. Surtida la fase de debate, se conocerán los impactos definitivos en los presupuestos territoriales. En materia de seguridad, la emergencia sanitaria también ha traído consigo una serie de transformaciones en su esencia y en el ejercicio de planificación que habrán de ser observadas dentro de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC). Sin embargo, en cumplimiento de artículo 205 de la ley 1801 de 2016, la aprobación de los Planes por parte de los Comités Territoriales de Orden Público no podrá superar los primeros seis meses del primer año de gobierno. La emergencia no justifica ampliación de plazos. Seguridad y convivencia en tiempos de pandemia Las visiones de la seguridad y convivencia ciudadana cambiaron radicalmente para este cuatrienio y la cuarentena ha permitido vislumbrar ciertos desafíos, pero también oportunidades. Al no existir soluciones mágicas y unívocas para la salida, la voluntad política de las entidades territoriales tendrá que seguir estando alineada con objetivos y capacidades supramunicipales. Al tiempo, los próximos cuatro años requieren que la planeación de política pública territorial de seguridad y convivencia permita un catálogo más amplio de capacidades en términos de seguridad humana, se dirija a obtener mayor integralidad en la oferta territorial de seguridad, justicia, y convivencia, y preste especial atención a dinámicas territoriales urbanas transformadas por la necesidad de control del contagio. La Covid-19 ha permitido evidenciar que la seguridad de las ciudades sobrepasa la simple necesidad de respuesta y control del delito, e incluye muchas otras consideraciones que sobrepasan la simple respuesta policiva. Las siguientes pueden contribuir a vincular las metas de los Planes de Desarrollo, con acciones dentro de los PISCC: 1. Capacidad de los sistemas de salud para la gestión efectiva de la pandemia, y la garantía de salud y sanidad de grandes poblaciones urbanas. 2. Seguridad alimentaria para grandes poblaciones urbanas de la cual se puedan también beneficiar los más pobres. 3. Los comparendos son insuficientes si lo que se busca es el acatamiento voluntario del aislamiento y demás restricciones. Para ello, las administraciones deben garantizar tanto el alimento para las poblaciones más vulnerables, como transformaciones en los aparatos productivos locales que permitan a un mayor número de personas trabajar desde casa y cumplir con las exigencias de bioseguridad en el caso de las personas que no puedan hacerlo. 4. Poco pueden informar los delitos de alto impacto a la acción pública de seguridad durante emergencias sanitarias, cuando no se tienen en cuenta otros indicadores y acciones frente a conceptos y dinámicas como ‘saqueos’, ‘usura’, ‘acaparamiento’ o ‘violación de medidas sanitarias’. 5. La higiene mental de las poblaciones urbanas contribuye a soportar el aislamiento por mayores periodos de tiempo, evitando que se incrementen prácticas como la violencia intrafamiliar, violencias basadas en género y violencia entre pares. 6. Es indispensable mayor control sobre el ciberdelito, así como mayor disponibilidad y acceso a redes y servicios de comunicación. 7. El control efectivo de la movilidad sobre las fronteras municipales, al interior de los municipios y sobre las vías intermunicipales es necesario para evitar la propagación del contagio. Por otro lado, las cifras presentaron una clara reducción en los delitos de alto impacto en la mayoría de las ciudades. Pero la violencia homicida y el asesinato selectivo no mengua en poblaciones donde el crimen organizado y narcotraficantes mantienen disputas por el control de las rentas ilegales, por lo que los PISCC deberán incluir acciones concretas en materia de protección a excombatientes y líderes y lideresas sociales. En relación con lo anterior, es de esperarse que los aislamientos y otras prácticas de control social sean impuestos por organizaciones que controlan ciertos espacios urbanos donde no logra llegar, o es limitada, la acción pública. Garantizar allí la seguridad alimentaria cumpliendo en los tiempos acordados con las ayudas, no solo tiene el efecto positivo de poder sobrellevar por mayores periodos de tiempo los encierros, sino también es una oportunidad para generar confianza en la política pública local y arrebatar el control que ejerce en tales lugares la ilegalidad. Asimismo, se espera un efecto rebote en los delitos de alto impacto conforme los actores ilegales reacomoden su operatividad en el marco de aislamientos intermitentes y las restricciones que se impongan. Por lo anterior, se deberá seguir buscando la reducción de los indicadores tradicionales de seguridad y convivencia. Conforme se vayan relajando los controles que permitan un mayor número de personas en calle, los hurtos volverán a incrementarse, y la delincuencia común contará con un escenario propicio para llevar a cabo sus actividades ilegales sobre amplios espacios urbanos, más solitarios, que redundarán en el incremento de zonas de miedo e impunidad. Por otro lado, la georreferenciación de las prácticas de saqueos o los intentos de, permitirán alertar anticipadamente sobre los cambios en las dinámicas del hurto a comercio. En consecuencia, la demanda de pie de fuerza policial, estructuralmente insuficiente en el país, para el control de las calles tenderá a incrementarse. En este aspecto, será necesario que los Planes integren disposiciones de la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana (PMCSC) como la creación de programas de gestores de convivencia (y su fortalecimiento en las ciudades que ya los tienen) y la creación de policías cívicas locales para evitar el escalamiento de violencias relacionadas con la convivencia. Al tiempo, este tipo de programas pueden aportar en la creación de oportunidades laborales en los municipios, aunque se requerirán de modificaciones legales de los Fondos Territoriales de Seguridad y Convivencia (FONSET), que permitan incrementar las partidas presupuestales para contratación. Otra tendencia evidente es el incremento de las denuncias de violencia intrafamiliar, como de situaciones que afectan la convivencia. Al respecto, las metas de las entidades territoriales de creación y fortalecimiento con personal a equipamientos municipales como Centros Transitorios de Protección, Casas de Justicia y Comisarías de Familia deben seguir siendo una prioridad, y deberán demandar mayores partidas de los rubros de justicia y FONSET. Otra opción es para el caso de Bogotá, reducir el presupuesto en seguridad, mientras se incrementa el presupuesto de convivencia y justicia, con el propósito de contar con mayor número de inspectores de policía que aporten durante los controles que se requieran para la la reactivación económica. Las cárceles en crisis No menos importante es la crisis estructural de las cárceles que se ha hecho más evidente con la pandemia. El panorama frente a esta situación no es alentador y no es infundada la sospecha del fracaso del Gobierno Nacional en la contención de la propagación del virus en los centros de reclusión. Por lo pronto, es de esperarse que los PISCC logren dirigir los objetos de los convenios interadministrativos de las entidades territoriales con el INPEC, a la compra de materiales de bioseguridad y prevención del contagio, aunque se requerirán de mayores recursos para disponer de lugares transitorios para los internos que no sean beneficiados con el decreto de descongestión mientras dure la pandemia. Por su parte, el gobierno central tiene la responsabilidad y oportunidad de promover una reforma a la justicia que se permita repensar la esencia del conjunto del sistema penitenciario. Finalmente, una de las metas que se traza la PMCSC se relaciona con el mejoramiento del recaudo por concepto de comparendos del Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Tales recursos, que alimentan las cuentas territoriales de multas, que tienen también destinación específica para la seguridad y convivencia, podrán contribuir a la gestión durante la crisis. Sin embargo, el recaudo de estos dineros no será muy efectivo en un futuro cercano mediado por la crisis económica. Impactos en el proceso de formulación de los PISCC Por otro lado, aunque no habrá lugar a ajuste a los términos de entrega de los PISCC, sí ha ocurrido en la práctica impactos negativos en el proceso de formulación. Desde el inicio de los simulacros, un gran número de administraciones han concentrado sus esfuerzos en la entrega de ayudas humanitarias para lograr cumplir el aislamiento, así como en el despliegue logístico para hacer cumplir el conjunto de las restricciones. Tales acciones han desbordado las capacidades institucionales de las administraciones y han modificado las etapas de elaboración de los planes. A lo anterior, se suman las restricciones para realizar reuniones, que terminaron por cancelar la mayor parte de los talleres de diagnóstico PISCC en los que la participación ciudadana era fundamental. En respuesta a esta dificultad, algunas administraciones, como en Villavicencio, han optado por implementar instrumentos virtuales que le han permitido levantar la información requerida. Frente a la participación ciudadana, por medio de la Consejería Presidencial para la Regiones, el Gobierno Nacional asumió una posición pragmática, permitiéndole a las entidades territoriales omitir el proceso de participación y socialización de los PISCC. Sin embargo, saltarse tales procesos puede resultar contraproducente en el largo plazo, pues tales ejercicios permiten obtener información significativa sobre potencialidades territoriales de comunas y barrios para aportar en la gestión de la seguridad y la pandemia. Es necesario proyectar cambios en las demandas de seguridad y convivencia en escalas más locales en el contexto de la reactivación económica progresiva y la estrategia nacional de salida de la cuarentena; y generar mayor cercanía entre las autoridades territoriales y comunidad para acciones y respuestas conjuntas, que contribuirían a propiciar el acatamiento voluntario de normas durante posibles aislamiento durante los años siguientes. Por todo lo anterior, es necesario que, de omitirse procesos participativos, se incluyan, diversifiquen y consoliden estrategias de diálogo por medio de proyectos locales dirigidos a equipar de la tecnología necesaria (acceso a internet, dispositivos y desarrollo de aplicaciones) que permitan el intercambio de información entre las autoridades territoriales y líderes barriales, comunales, y frentes locales de seguridad. La necesidad de distanciamiento físico debe incentivar la apropiación de las tecnologías de la información y comunicación para lograr mayor cohesión entre las entidades territoriales y las poblaciones que administran. Por tanto, los diagnósticos que aporten las estaciones de policía y organismos territoriales de seguridad, en términos de estadística delictiva-contravencional y de las situaciones que afectan la convivencia, deberán ser enriquecidos por la administración con una prospectiva que valore las transformaciones y los impactos que en la seguridad y convivencia ha traído consigo la pandemia. A partir de estos, y al tiempo que en los concejos municipales se van debatiendo las metas de seguridad y convivencia de los Planes de Desarrollo, se deberían ya estar ejecutando reuniones (preferiblemente virtuales) de planeación financiara y operativa con las carteras territoriales que tienen responsabilidades en seguridad. Falencias previas Adicional a los impactos en la formulación, es necesario que las entidades territoriales contemplen las falencias identificadas por el Departamento Nacional de Planeación durante la sistematización y análisis de los PISCC 2016 – 2019. En tal ejercicio, en el que logró la revisión de por lo menos 779 documentos municipales, 31 departamentales y 31 de ciudades capitales, se evidencian cuatro tipos de dificultades. En primer lugar, aunque la mayoría de los PISCC cumplen con la sección de diagnósticos y formulación estratégica, no todos integran las secciones planeación operativa e implementación. Por ejemplo, tan solo el 29% de los documentos de las capitales departamentales incluyeron la sección operativa, y en el conjunto de los Planes analizados la sección de planeación presupuestal e implementación fue incluida en un rango entre el 40% y 61% del total de documentos. La segunda se refiere a la limitada identificación y focalización de delitos y contravenciones más críticos. Mientras el 50% de los Planes municipales analizados la incluyen, tan solo lo hicieron el 42% de las capitales departamentales y el 32% en el caso de los departamentos. De igual forma, falta mayor trabajo a la hora de analizar causas, determinantes y factores de riesgo, así como en la priorización de problemáticas a atender. No obstante, la gran mayoría de documentos incluyó el análisis estadístico en la sección del diagnóstico. En tercer lugar, los departamentos, sus capitales, y la mayoría de los municipios logran incluir un objetivo general y la respectiva formulación metas indicadores, cerca del 80% de los documentos falla en conectar las estrategias con objetivos específicos. La última falencia corresponde a que cerca del 50% de los PISCC no incluyen estrategias de seguimiento, y en más del 53% de los casos tampoco se evidencia metodología de evaluación. Las arquitecturas institucionales Por medio del Decreto 418 el Gobierno Nacional vio necesario enfatizar en la jerarquía de la cadena de mando sobre el control del orden público, pero la respuesta local en diferentes ciudades ha liderado tanto la gestión de la emergencia sanitaria, como la implementación de acciones de seguridad y convivencia y lo continuará haciendo. Por lo anterior, el papel de los secretarios de gobierno o interior de los departamentos, municipios y distritos es fundamental para articular y coordinar los esfuerzos entre todos los niveles de jurisdicción, pero también para lograr armonizar en los PISCC metas conjuntas entre las diferentes carteras territoriales con responsabilidad en la seguridad y convivencia. El liderazgo de los alcaldes y gobernadores y la evaluación de sus acciones en la gestión de la pandemia se soportará en la capacidad técnica de este tipo de secretarios. A su vez, las secretarías, direcciones y consejerías de seguridad y convivencia, han adquirido mayores responsabilidades; al tradicional ejercicio de implementación y articulación de acciones para reducir los indicadores de seguridad y convivencia se ha sumado, entre otras, la implementación de las medidas extraordinarias del gobierno nacional de cara limitar y controlar la movilidad. La respuesta de seguridad ciudadana para las personas que atienden la pandemia y para aquellas que retoman progresivamente sus actividades económicas; y la ejecución de acciones que permitan evitar el incremento de situaciones que afectan la convivencia en el marco del aislamiento. La situación puede ser mucho más crítica en las entidades territoriales donde no se cuenta con secretarías de seguridad, pues las direcciones, consejerías y demás dependencias territoriales han tenido que asumir las responsabilidades mencionadas. En estos lugares, los PISCC deberán contemplar proyectos que le permitan a técnicos y asesores encargados de la seguridad y convivencia mejorar sus capacidades de analítica de datos, volcando a las direcciones y consejerías al estudio efectivo de los impactos de política pública. En algunas entidades territoriales, al imposibilitarse la creación de secretarías por las restricciones presupuestales que se deriven de la crisis, será más importante que el personal dispuesto para estos temas, hagan de las direcciones y consejerías verdaderos observatorios de seguridad y convivencia. En este punto, también es necesario observar que el Ministerio del Interior seguirá prestando apoyo técnico a este tipo de secretarías, pero no dispondrá recursos para su configuración ni sostenimiento. Un impacto positivo de la pandemia ha sido que la gestión de la emergencia ha abierto mayores espacios para la planeación en perspectiva de las dinámicas propias que dan vida a las conurbaciones y a los intercambios entre municipios cercanos. En tal lógica, los alcaldes han tenido que coordinar el control de los desplazamientos intermunicipales. Con ello, se abre también una oportunidad para articular y coordinar esfuerzos en seguridad y convivencia. En consecuencia, la cooperación supramunicipal de las áreas metropolitanas formalizadas y no formalizadas debe ser real y permitir compartir información y capacidades para gestionar los contagios y cercos epidemiológicos, pero también para tramitar los retos compartidos de seguridad. Los recursos para seguridad y convivencia La emergencia sanitaria terminará afectando también los recursos para seguridad y convivencia. Un análisis publicado en El Colombiano, destaca la posibilidad de que algunas entidades territoriales con mayor capacidad de endeudamiento, como Medellín, puedan, de hecho, incrementar los recursos para seguridad y justicia del periodo 2020 – 2023, pero la tendencia general será que muchas otras tendrán que hacer frente a mayores restricciones presupuestales. En tal lógica, puede esperarse que los mandatarios opten por sacrificar metas de desarrollo para fortalecer la cartera territorial de seguridad y convivencia, después de incrementar la inversión en salud. Los retrasos en las obras públicas, y el aplazamiento de metas de infraestructura afectarán el recaudo del FONSET. De igual forma, el horizonte de una crisis económica para las ciudades que no cuenten con la capacidad de recurrir a mayores opciones de crédito no solo afecta de forma genérica los ingresos territoriales, sino también la posibilidad de implementar acciones subsidiarias, como la creación de contribuciones voluntarias sobre el predial, que permitan fortalecer el rubro del FONSET. Desde el Gobierno Nacional se ha enfatizado en la imposibilidad de trasladar los recursos del FONSET a otras cuentas para la atención de la emergencia sanitaria, como de crear con estos recursos infraestructuras subsidiarias que permitan aislar detenidos en estaciones de policía, URIS y cárceles. De esta forma, los recursos, siguen estando regidos por el artículo 122 de la Ley 418 de 1997, lo que permite solicitar aprobación de los Comité Territoriales de Orden Público para aquellos proyectos que se consideren eficaces y que encontrándose en el marco de la destinación específica de ley puedan contribuir a la atención de la emergencia. En otras palabras, se permite la compra de elementos de bioseguridad y otras dotaciones para la fuerza pública en cumplimiento de funciones que permitan la preservación de la seguridad y convivencia. Por último, las inversiones del FONSECON tendrán mayor efectividad en los últimos dos años de gobierno, no solo por los tiempos de propios de construcción de los proyectos aprobados, sino también porque las infraestructuras construidas, como los Centros de Integración Ciudadana, no podrán usarse cabalmente mientras se mantengan las restricciones para evitar aglomeraciones. De igual forma, las posibilidades que ofrezcan los centros “Sacúdete” se verán limitadas mientras se mantenga la obligación de aislamiento de niños, niñas y adolescentes. Adicionalmente, ya se han dispuesto de recursos del FONSECON para la gestión de la pandemia. En el acta 004 del comité evaluador de FONSECON del 6 de abril, se observa la disponibilidad de recursos por COP$80.607.064.236 para la ejecución de recursos durante la vigencia 2020, y se incluyen cuatro proyectos por valor de COP$30.497.540.000 (COP$25.000.000.000 a gestionar con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público). Tales proyectos corresponden a la compra de elementos de prevención y protección para cada miembro de la guardia indígena; el alquiler de carpas para centros de convivencia solidaria para población vulnerable en 7 ciudades, cuya operación corre por cuenta del ente territorial; la cofinanciación de 3 puestos de socorro y 3 hospitales móviles con el ejército nacional; y la compra de 115.00 mercados durante la implementación de la medida de aislamiento preventivo obligatorio. Planes Integrales de Convivencia y Seguridad Ciudadana La planeación financiera y operativa de los PISCC no podrá desligarse de la estrategia de salida de la cuarentena, en el escenario positivo de lograrse la masificación de la vacuna para mediados de 2021. Es decir, las entidades territoriales tendrán que asumir la necesidad de implementar aislamientos intermitentes, sectorializados, o parcializados durante las vigencias 2020 -2021 y, en consecuencia, disponer de los dispositivos territoriales de seguridad, convivencia y justicia para poner en marcha medidas de restricción a la movilidad urbana e intermunicipal. Asimismo, los dos próximos años estarán mediados por transformaciones en las dinámicas de la seguridad y convivencia impuestas por la pandemia; mientras ha sido posible visibilizar algunas de ellas durante la cuarentena (como las que se describen en el primer apartado), muchas otras aún son desconocidas y requerirán de adaptaciones inmediatas, efectivas y recursivas por parte de los entes territoriales. Con base en las conocidas, es posible afirmar que ciertos departamentos, distritos, y municipios tiendan a implementar mayores medidas para gestionar con prontitud, un creciente número de temas relacionados con la convivencia, sin obviar los problemas propios de delincuencia y contravenciones de cada municipio y departamento. A la pandemia se suma la crisis económica que impondrá mayores limitaciones sobre los ya escasos recursos para la seguridad y convivencia de las ciudades. Esto último abre la puerta para perfeccionar y configurar escenarios supramunicipales para la gestión de la seguridad y convivencia en la que todos los niveles jurisdiccionales tendrán que aportar. Por tanto, los PISCC no pueden dejar de incluir proyectos que fomenten la asociatividad de municipios para lograr objetivos comunes de seguridad y convivencia, como la disposición y fortalecimiento de equipamientos municipales. Adicionalmente, tanto los Planes de Desarrollo como los PISCC deberán articular los diferentes proyectos que pueden impactar positivamente la seguridad, con el trabajo que se desarrolla desde las RAPE en ejes estratégico como seguridad alimentaria, sustentabilidad de ecosistemas y manejo de riesgos, e infraestructura. Las transformaciones en las arquitecturas institucionales pueden impulsar también la adopción perspectivas más amplias de la seguridad por parte de los Comités Territoriales de Orden Público, para que el FONSET no se destine en su totalidad a la compra de elementos para los organismos territoriales de seguridad, sino también a la implementación de proyectos para gestionar problemas crecientes de convivencia. Asimismo, la crisis obliga a que bajo el liderazgo de secretarías, direcciones y consejerías de seguridad se incluyan en los PISCC metas conjuntas que pueden implementarse con los presupuestos de otras dependencias y políticas territoriales, pero que terminan contribuyendo a impactar positivamente los indicadores de seguridad y de gestión de la pandemia. Diálogos y participaciones Es decir, el diálogo entre las carteras territoriales debe ser mucho más cercano en lo que queda de la fase de formulación. Sumado a esto, los entes territoriales deben intentar dar mayor desarrollo a un concepto de seguridad que permita incluir, pese a las restricciones materiales, mayores áreas de trabajo, más allá del simple control del delito. La PMCSC sugiere que la oferta territorial de seguridad incluya programas y se articulen esfuerzos, en algunas áreas, que no se relacionan con el concepto tradicional de seguridad, y que pueden facilitar la materialización de las visiones de seguridad de los gobiernos locales alternativos. En ese sentido, es fundamental la inclusión en los PISCC de proyectos vinculados con otras dimensiones como la salud mental, la educación, poblaciones con mayor riesgo, ciberseguridad, e intervenciones urbanísticas y apropiación de espacio público contribuirán a la atención de la emergencia como al escenario de seguridad pospandemia. Finalmente, el panorama de implementación para 2022 – 2023 parece ser más positivo en cuanto a recursos, lo que facilitará cumplir para entonces con metas relacionadas con intervenciones urbanísticas y compras tecnológicas no inmediatas para los organismos de seguridad. De cualquier manera, el escenario pospandemia exige que desde ya las alcaldías y gobernaciones fortalezcan la capacidad de gestión de recursos para la seguridad y convivencia por medio de la gestión de créditos y vinculación con iniciativas internacionales. De igual forma, se debe buscar la participación de la iniciativa privada, que han demando de la implementación de mayores acciones desde el inicio de la cuarentena para la protección de sus bienes. Con el propósito de que el FONSET no termine dirigiéndose exclusivamente a la compra de guantes y tapabocas, las donaciones de privados a la seguridad podrán contribuir a la compra de las dotaciones de bioseguridad para la fuerza pública, y, de ser posible, a la materialización de otros proyectos del PISCC.

Por: Giorgio Londoño Medina y Diego Hernando Jiménez. Investigadores Pares. De acuerdo con la información registrada por PARES, a 47 días de la declaratoria de emergencia sanitaria se han presentado 173 protestas en 24 departamentos del país, lo que quiere decir que estas acciones han ocurrido a un ritmo promedio de 3,7 por día. En un artículo reciente, Ignacio Ramonet define a la pandemia de COVID-19 como un “hecho social total”; un fenómeno que convulsiona “el conjunto de las relaciones sociales, y conmociona a la totalidad de los actores, de las instituciones y de los valores”. Particularmente, luego de la emisión del Decreto 418, del 18 de marzo, que da facultades al Gobierno Nacional y los gobiernos locales para expedir normas en materia de orden público, y ante el anuncio de varios mandatarios del inicio próximo de las medidas de aislamiento, se registró un aumento en el número de acciones de protesta. De hecho, en el periodo comprendido entre el 18 y el 24 de marzo ocurrieron, al menos, 34 de estas acciones, lo cual corresponde al 19,7 % de todas las que ha sido posible identificar. A su vez, este primer periodo registró un pico crítico el 21 de marzo, fecha en la cual se llevó a cabo un cacerolazo pacífico nacional en varias cárceles del país.Fue durante esta misma jornada cuando fallecieron 23 personas en la cárcel La Picota de Bogotá, luego de que las protestas derivaran en motines y fuertes niveles de represión por parte de la guardia del INPEC. Aumentan las protestas sociales Estas acciones de protesta han tendido a incrementarse con el avance de la cuarentena preventiva obligatoria, que inició formalmente el 24 de marzo. Sin embargo, es importante resaltar que antes de esta fecha varias ciudades vieron la emergencia de una gran cantidad de protestas en las que se denunciaron riesgos e impactos de un aislamiento implementado sin medidas de mitigación drásticas. Luego del 24 de marzo, con la declaratoria de aislamiento preventivo obligatorio para todo el país, han ocurrido 132 protestas que equivalen al 76,3% de todas registradas en las bases de datos de PARES. Foto: Cortesía. En este segundo momento también se registra un incremento en el número de acciones, que llega a su punto máximo entre el 15 y el 17 de abril, fechas en las que se registraron al menos 31 hechos relacionados con reclamaciones de barrios populares de varias ciudades, en los cuales se ha reclamado por la ineficiencia en la entrega de ayudas alimentarias para sobrellevar la cuarentena. En términos de distribución geográfica, por otra parte, las protestas se han presentado en el 75% de los departamentos del país (24), aunque la mayoría han tenido lugar en la capital, donde se ha registrado el 24% (41) de todas las acciones. A su vez, otro 43,3% (75) de los hechos se han concentrado en siete (7) Departamentos: Bolívar (14), Cauca (12), Antioquia (12), Sucre (10), Cesar (10), Magdalena (9) y Norte de Santander (8). Como se verá más adelante, los motivos y agendas que se defienden, dependiendo del contexto, también incluyen demandas como, por ejemplo, frenar operativos de erradicación forzadas en el caso de Norte de Santander o la provisión del servicio de agua en La Guajira. Gráfico 1: Pares. Agendas de movilización Dos grandes agendas o motivos de movilización han impulsado el 72,2% de todas las protestas registradas durante el desarrollo de la pandemia de COVID-19. Por una parte, la “seguridad alimentaria”, categoría dentro de la cual se incluyeron varias acciones de comunidades que solicitan mercados y alimentos, denuncian condiciones de hambre y escasez en sectores populares, demandan celeridad con los procesos de entrega de ayudas humanitarias o denuncian hechos de corrupción, abarcan aproximadamente el 59,5% de las acciones registradas. Es decir, 103 protestas. Sin embargo, por su carácter local, muchas veces este tipo de acciones son difíciles de identificar y, por ende, es muy posible exista un subregistro importante dentro del universo de datos analizados. A pesar de esto, el volumen de acciones es diciente de la importancia del problema social generado por el manejo de la pandemia. Por otra parte, distintas acciones relacionadas con la categoría “salud y seguridad social” han sido registradas en el 12,7% de los hechos analizados, lo cual se traduce en 22 protestas ocurridas principalmente en Antioquia, Bogotá, Cauca, Tolima, Valle del Cauca y Boyacá. Dentro de esta categoría se incluyeron la mayoría de las protestas lideradas por personas privadas de la libertad que demandan soluciones efectivas a la situación de hacinamiento y a la crisis sanitaria que se vive en estos centros. De acuerdo con los datos analizados, tan solo en un 20,23% de los casos registrados se presentaron disturbios o choques con la fuerza pública. En la contracara, las protestas en donde sí se presentaron disturbios, en su mayoría derivaron de aquellas que utilizaron los bloqueos como estrategias de movilización, abarcando el 48,57% de los casos que sí registraron violencia. Aunque no ha sido posible recabar información suficiente, los registros dan cuenta de que parte importante de los enfrentamientos han sido desencadenados por las acciones de la fuerza pública, de cara al despeje de las vías bloqueadas. Las protestas en donde se han presentado disturbios, en su mayoría derivaron de aquellas que utilizaron los bloqueos como estrategias de movilización, abarcando el 48,57% de los casos que sí registraron violencia. Imagen: Pares. Los tipos de movilización En el periodo estudiado se tiene un mayor registro de movilizaciones que acudieron a bloqueos pacíficos de vías, siendo estos el 50% de las estrategias registradas. Por su parte, las concentraciones se ubicaron en el segundo lugar, con un 21%, y, finalmente, los cacerolazos representaron el 18% de las estrategias utilizadas. Entre estas tres (3) estrategias se distribuyó el 90% de todos los hechos. Gráfica 2: Pares. Aunque no ha sido posible recabar información suficiente, los registros dan cuenta de que parte importante de los enfrentamientos han sido desencadenados por las acciones de la fuerza pública, de cara al despeje de las vías bloqueadas. ¿Contra quiénes se dirigen estas movilizaciones? Finalmente, las protestas se han dirigido principalmente en contra del poder ejecutivo. Cerca del 93% de los hechos registrados, equivalen a protestas en contra de alcaldías (67%) o de medidas derivadas de acciones u omisiones del gobierno nacional (26%). A estos dos actores le siguen los hospitales (instituciones públicas descentralizas) y gobernaciones. En la siguiente gráfica se evidencia esta distribución: Gráfica 3: Pares. Grandes interrogantes están abiertos. Tan solo hace unos meses, en el marco del Paro Nacional de 2019, varias regiones del país asistieron a una serie de procesos masivos de movilización (probablemente, los de mayor duración en la historia urbana del país), que develaron la inconformidad, no solo de sectores organizados de la sociedad civil, sino también de ciudadanos de a pie que salieron a las calles a mostrar su inconformidad, apoyados en redes barriales emergentes y relativamente espontaneas. Este proceso ha generado grandes interrogantes y seguramente su continuidad se verá influenciada por el desarrollo de la emergencia sanitaria. Podría pensarse, por ejemplo, que las dinámicas de protesta y movilización “post-pademia” tengan como referente el manejo y consecuencias de la crisis, de igual manera que es posible que la movilización durante la cuarentena se esté viendo influenciada por los aprendizajes sociales del Paro Nacional de 2019.

Por: León Valencia, director – Pares No voy a hablar de la vida que es la pérdida más dolorosa -en el momento en que escribo ya son 250.000 los muertos en el mundo y en Colombia 330- ni de los empleos, ni de la comida para millones de personas. Voy a hablar del grave robo de una ilusión: en el año 2019 se había iniciado un gran cambio político y social en Colombia, la pandemia ha truncado ese alentador proceso de renovación de la democracia. Tres acontecimientos estaban sacudiendo la política en Colombia al iniciar el año 2020: la elección de alcaldes independientes de las estructuras tradicionales y jugados al cambio en las principales ciudades del país; una clamorosa, masiva e imaginativa protesta social que se lanzó a las calles a desafiar al gobierno de Duque; y la transformación del Congreso de la República en un escenario de grandes debates de control político, jalonado por unas bancadas independientes o de oposición que estaban logrando instaurar un parlamentarismo de facto en un país asombrosamente presidencialista. Estos acontecimientos habían producido algo impensable a sólo un año y medio de que el uribismo volviera al poder: ese proyecto político estaba agonizando, Duque tenía no más del veinte por ciento de aceptación en todas las encuestas y un setenta por ciento de rechazo; en las mismas andaba el expresidente Uribe que, acosado por tremendos líos judiciales, lucía disminuido y replegado. El Centro Democrático, partido a la cabeza del gobierno, se deshacía en debates y rencillas internas. El presidente Iván Duque parecía en boxeador que recibía una paliza en una esquina del cuadrilátero, mientras por detrás su entrenador lo insultaba y lo acosaba para que esquivara los golpes y arremetiera de verdad contra su rival. No podía pasar en el Congreso, ni en las Cortes, los proyectos para deshacer el Acuerdo de Paz firmado por su antecesor. Se había visto obligado a abrir una conversación nacional para atender los reclamos de la gente en las calles. Su política internacional hacía agua, especialmente la descabellada idea de encabezar una coalición para derrocar a Nicolás Maduro. Pero llegó el tenebroso huracán de la pandemia y arrasó con estos signos de cambio. El confinamiento deshizo la protesta social callejera y el Comando Nacional de Paro y todas las fuerzas que alentaban la movilización no encontraron una manera distinta canalizar la inconformidad ciudadana, simplemente salieron del escenario público. El Congreso declinó sus funciones y se enzarzó en una discusión, que aún no ha resuelto, sobre la manera de sesionar en tiempos de pandemia. Las Cortes también se silenciaron. Los partidos se replegaron con el argumento de la unidad nacional en medio de la crisis. Entre tanto, Duque aprovechó el momento declarar la emergencia social y económica y legislar a su amaño sin control ninguno produciendo 271 entre decretos, circulares, directivas presidenciales y resoluciones rebosantes de arbitrariedad en no pocos casos. En el escenario político sólo quedaron las voces del presidente y el ejecutivo nacional por un lado; y por el otro, los alcaldes y gobernadores elegidos por voto de opinión haciendo ingentes esfuerzos por representar a esos electores que valientemente salieron a votar por ellos en unos comicios memorables. Lo han hecho bien estos alcaldes encabezados por Claudia López, han desplegado una gran iniciativa para prevenir el contagio y para atender las necesidades más sentidas de la población en medio de la crisis, le han marcado el camino al presidente Duque que con dudas y vacilaciones ha tenido que ceder ante la evidencia. Pero la verdad es que se han visto obligados a dejar a un lado su agenda de transformaciones, para atender las urgencias del momento, es así y no podía ser de otro modo, pero el costo es aplazar el sueño de renovación. En medio de un fenómeno nunca visto -la globalidad artera y veloz de un virus- hay voces optimistas que señalan que todo va a cambiar para mejor. Quisiera compartir esta idea, pero de las crisis no siempre sale un mundo más habitable, muchas veces resulta uno peor. Las cosas no mejoran si no hay fuerzas que se aferran a ese propósito y luchan hasta el final para alcanzar el sueño. Debo decir, no sin tristeza, que las voces críticas, las fuerzas del cambio, han perdido mucho terreno en sólo dos meses y Duque y el uribismo tienen un nuevo aire. El Covid 19 nos está robando el aliento de renovación que nos trajo el año 2019.

Por: Redacción Pares Hay una serie de preguntas sobre las revelaciones que ha hecho la Revista Semana en las últimas horas sobre interceptaciones ilegales por parte del Ejército Nacional a organizaciones sociales, líderes políticos de la oposición y periodistas. La primera pregunta, y tal vez la más importante, es ¿quién o quiénes dieron la orden, un general o algunos coroneles o hay algo más de fondo? señala Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y reconciliación -Pares. Las preguntas que este hecho generan y que deben ser investigadas y esclarecidos por las autoridades correspondientes lo antes posible, indica Ávila, serían ¿para qué personas o persona iba dirigida esa información? ¿cómo iba a ser utilizada esa información? ¿quiénes eran los enlaces? y ¿cuándo comenzaron esta serie de interceptaciones ilegales? Estas acciones son propias de regímenes autoritarios y ponen en cuestión el derecho a una sociedad libre para ejercer un control democrático, informar y gozar con todas las garantías para el libre ejercicio de la libre expresión en el Colombia. Periodistas en la mira La Fundación para la libertad de Prensa -FLIP, rechazó enfáticamente que en Colombia permanezcan y se agudicen las prácticas de perfilamiento y vigilancia a periodistas por parte de organismos de inteligencia estatal. En ese sentido, la FLIP explica que el perfilamiento y vigilancia de periodistas por parte de organismos de inteligencia militar colombiano se han realizado de manera masiva, incluyendo en algunos casos anotaciones temerarias que etiquetan a los periodistas con grupos al margen de la ley a partir de inferencias basadas en valoraciones sobre el contenido de sus publicaciones. Esta se trata de una peligrosa atribución que el Ejército se está abrogando para evaluar y parametrizar contenidos democráticamente relevantes incitándolos dentro de parámetros de guerra, subraya esta Fundación que . vela por la libertad de prensa en el país. En estos perfiles se incluyen datos privados y de familiares. En ningún caso hay autorización previa y por lo tanto la recolección y análisis de partes sensibles de la información viola los principios de legalidad y finalidad contemplados por la Ley de Inteligencia, subraya la FLIP. Según la publicación realizada por Revista Semana, en las carpetas con información personal en poder del Ejército se encuentran periodistas como María Alejandra Villamizar (Caracol Radio), Juan Forero (The Wall Street Journal), Daniel Coronell (Univisión), Federico Ríos (freelance del New York Times), Óscar Parra (Rutas del Conflicto), Stephen Ferry (independiente), Ginna Morelo (La Liga Contra el Silencio), Yolanda Ruiz (RCN Radio), Ignacio Gómez (Noticias UNO), Lindsay Addario (independiente), Nicholas Casey (New York Times), Jhon Otis (CPJ y NPR). También están los medios de comunicación Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio. La información recogida por el Ejército incluye árboles de contactos, datos de sus familiares, amigos, fuentes o direcciones de domicilio, entre muchos otros. También contempla anotaciones o “conclusiones” que refiere a deducciones realizadas por los analistas militares sobre las orientaciones políticas de los reporteros. Además, en algunos casos, muestra información de georeferenciación, es decir los puntos geográficos visitados por los reporteros durante varios meses, indica la FLIP. Asimismo, la investigación de Semana revelada las últimas horas, detalla que en la información recopilada por las interceptaciones ilegales incluye la interacción que tienen los periodistas en sus redes sociales. Se pueden leer comentarios como: “Juan Forero: Tiene amigo a León Valencia y simpatizante del partido verde. Simpatizante de las FARC”. Se trata de deducciones estigmatizantes y temerarias que ponen en riesgo la seguridad de los periodistas. Investigación de la Procuraduría Por su parte, la Procuraduría General de la Nación asume el proceso disciplinario que adelanta el Comando de las Fuerzas Militares por presuntos seguimientos por parte de miembros del Ejército a periodistas, políticos, ong y sindicalistas, que fueron denunciados por la revista Semana en su más reciente número. Por orden del Procurador General, Fernando Carrillo, se designó un funcionario especial para que evalúe los hechos, que de acuerdo con información entregada a la opinión pública por parte del Ministro de Defensa, habría dado lugar a que fueran retirados del servicio activo 11 oficiales. Este proceso se suma a la indagación que inició en enero el Ministerio Público contra miembros del Ejército Nacional por establecer, por los hechos derivados de la diligencia de allanamiento y registro realizada el 18 de diciembre de 2019 en las instalaciones del Cantón Militar Miguel Antonio Caro – Batallón de Ciberdefensa, en Facatativá – Cundinamarca, en el que la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, en su condición de policía judicial disciplinaria, recolecta información. La Procuraduría inicia la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad, establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se desplegó el comportamiento presuntamente irregular y el perjuicio causado a la administración pública. Es profundamente lesivo para la democracia, para la salud institucional y para el Estado de Derecho en su conjunto, que un gobierno, cooptado por un sector político de ultraderecha contemple el espionaje ilegal como una manera de tomar las riendas de un país que cada día, al parecer, se le sale más de las manos. Naciones Unidas preocupada por esta situación Mediante comunicado dado a conocer este domingo, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ratifica su apoyo y su solidaridad con el trabajo legítimo de defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, miembros de partidos políticos, jueces y otras personas, en Colombia. La Oficina expresa su profunda preocupación por estas denuncias públicas que señalan la existencia de agresiones frente a la labor de defensoras y defensores de derechos humanos, entre otras personas. El viernes 1 de mayo de este año, el Ministro de Defensa anunció el retiro de sus cargos de 11 oficiales al igual que dio a conocer las disposiciones adoptadas por “presunto empleo irregular de las capacidades de inteligencia militar”. Cabe reiterar la recomendación hecha al Estado colombiano por parte de la Alta Comisionada en 2009 de: “tomar medidas específicas para que los sistemas de inteligencia respeten los derechos humanos y estén sujetos a estrictos controles civiles y judiciales, a avanzar en la investigación de los responsables materiales e intelectuales de los delitos cometidos y a implementar un mecanismo efectivo de depuración de archivos con la activa participación de la Procuraduría”.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares* Emilio Archila Peñalosa —Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación— dio a conocer el trabajo que adelanta la Agencia Nacional de Reincorporación con la entrega de 6490 kts presonales de desinfección y 26 kits colectivos de aseo en desinfección en los 24 Espacios territoriales en donde 2.893 firmantes de paz que se encuentran llevando a cabo su proceso de reincorporación. Según cifras de ARN. Sin embargo, las preocupaciones se mantienen por cuenta de la ausencia de medidas para atender una eventual pandemia al interior de los ETCR. Justamente, Pares habló con Fernei Velásquez, presidente del Centro Poblado de Paz Heiler Mosquera ubicado en La Carmelita (Putumayo), para conocer cuál es la situación de la población en proceso de reincorporación frente al virus del covid-19 y, además entender las dinámicas de violencia que siguen presentes en la región. Cabe recordar, que el ETCR Heiler Mosquera, está ubicado en el municipio de Puerto Asís, vereda la Carmelita, en Puerto Guzmán. Puerto Asís, se encuentra ubicado en la cuenca del río Putumayo, y está compuesto por 162 veredas y seis corregimientos. En este territorio se ubican doce cabildos y cinco resguardos indígenas.En el ETCR está la Cooperativa Multiactiva del Pueblo Putumayense (CMPP), la Asociación Liliana Peña y ASOMID dentro del ETCR. La otra Cooperativa -COMUCCON, está ubicada en el municipio de Puerto Guzmán . Sin una red de salud para una emergencia En el caso de Putumayo, de acuerdo con los datos abiertos del Gobierno Nacional —a corte de junio de 2019—, ninguno de los Hospitales maneja nivel de complejidad alto. Es decir, que enfermos con alto grado de complejidad en el cuadro de la urgencia tendrían que ser remitidos hasta Pasto, Nariño. El ETCR Heiler Mosquera, está ubicado en el municipio de Puerto Asís, vereda la Carmelita, en Puerto Guzmán. Puerto Asís, se encuentra ubicado en la cuenca del río Putumayo, y está compuesto por 162 veredas y seis corregimientos. Foto: Pares. Si bien, según los datos del Ministerio de Salud en el departamento putumayense no se han registrado casos positivos de Covid-19; sí preocupa la capacidad de su red hospitalaria. Nuevamente, yendo a los datos abiertos del gobierno, Putumayo no cuenta con hospitales que puedan tratar alta complejidad. De hecho, son ocho centros de salud de procedimientos e intervenciones de baja complejidad: Hospital Fronterizo La Dorada (municipio de San Miguel), Hospital de Orito (municipio de Orito), Pio XII (Municipio Colón), María Angelines (Puerto Leguízamo), José María Hernández (Mocoa), San Gabriel Arcangel (Villagarzón), Alcides Jiménez (Puerto Caicedo) y el Sagrado Corazón de Jesús (Valle del Guamuez). Los unicos de mediana complejidad son el Hospital Local (Puerto Asís) y Hospital José María Hernández (Mocoa). Por ejemplo, el Hospital Infantil Los Ángeles de Pasto debe aclarar la causa de la muerte — el pasado 25 de abril— del niño Éver Alexander Remigio García, hijo de una pareja de firmantes de paz. El bebé de solo tres meses se enfermó en Orito (Putumayo) y junto con su padre tuvo que trasladarse casi siete horas de camino para que lo atendieran en Pasto. Cabe señalar que dentro del acta de defunción del niño aparece la sospecha del Covid-19 como posible causa de muerte. Incertidumbre en el Héiler Mosquera De acuerdo con Fernei, nos preocupa el panorama puesto que, por ejemplo, aquí solo hay un puesto de salud —La Carmelita— con una sola enfermera para el corregimiento. Es así que no hay garantías de salud ni al interior del ETCR, ni en el corredor Puerto Vega-Teteyé, ni en el municipio de Puerto Asís, ni en el departamento. Las personas tienen que ser trasladadas hasta Pasto, por ello insiste en que no hay en el departamento condiciones para atender la llegada del Covid-19. «En este momento dependemos del puesto de salud de Puerto Asís, que tampoco brinda las garantías para atender estos escenarios. Se solicitan acciones de contingencia. Extendemos la solicitud para que haya personal médico en el puesto de salud de La Carmelita. Hemos estado bregando para que nos contraten una enfermera nuestra, que está certificada por la Cruz Roja Internacional. Esa es una solución que vemos para poder contar con la presencia de 24 horas al interior del ETCR.» Durante este tiempo, entre exguerrilleros y comunidad han tomado medidas que buscan prevenir el contagio del Covid-19, porque por vía municipal y departamental no hemos recibido la ayuda que demanda la situación. Nos preocupa el tema de la presencia de médicos o enfermeras porque no contamos con personal para atender una posible emergencia”. Por ejemplo, al no contar con la infraestructura necesaria para mitigar presuntos contagios, ni para atender casos de contagio en el ETCR, ni en el corredor Puerto Vega-Teteyé, ni Campo Alegre-La Hormiga los miembros del ETCR han estado trabajando con las organizaciones de estos corredores para articular acciones que les permita prepararse ante la falta de apoyo. Frente al tema de la ambulancia, Fernei precisa que en La Carmelita hay una ambulancia que está dispuesta al llamado de los corregimientos aledaños, sin embargo, es una gran cantidad de personas que habitan el corredor Puerto Vega-Teteyé y si hay que trasladar gente hasta Pasto, esto será un problema. Lo que ha llegado Hace unos cuatro días, casi un mes después de decretada la emergencia sanitaria en Colombia, recibieron kits personasles por parte de la ARN que consta de tapabocas, un tarro de alcohol antibacterial, gel antibacterial y un jabón. Por parte de la alcaldía recibieron cuatro (4) litros de alcohol antibactirial y 400 tapabocas. Hay que tener en cuenta, que al interior del ETCR hay cinco adultos mayores, cinco mujeres en estado de embarazo y hay cerca de 80 niños y niñas. Estamos recibiendo la asignación mensual, a su vez, estamos recibiendo la alimentación de granos y víveres secos. Alimentación que cubre tanto a adultos como a niños. Fernei insiste que lo que más les preocupa es la iluminación, ya que cuentan solo con la mitad de las lámparas en servicio, las otras están dañadas. Esto nos preocupa porque hemos notado presencia de personas extrañas alrededor del ETCR, muchas veces tomando fotos y grabando videos. Le propusimos a la Policía y al Ejército un alumbrado externo pero aún no hemos no nos han dado respuesta. La violencia, epidemia desatendida en el departamento Ahora bien, la violencia en contra de los y las firmantes de paz no ha cesado en época de Coronavirus. Cabe recordar que un integrante del ETCR Heiler Mosquera, en el departamento de Putumayo, Juan Carlos Castillo o Luis—como era conocido por sus compañeros allá en La Carmelita— fue encontrado asesinado cerca del resguardo Kwisna Cxhab, en inmediaciones a la vereda de Alto Lorenzo. El hecho se confirmó este lunes 30 de marzo, pero el asesinato ocurrió el 28 de marzo. Juan Carlos, o Luis, como lo llamaban, hacía parte de la Cooperativa del Pueblo Putumayense (CMPP), quienes adelantan iniciativas productivas al interior del espacio. De acuerdo con información de la ARN que trabaja con la población en proceso de reincorporación, en el departamento putumayense, son 121 firmantes de paz que habitan el ETCR Heiler Mosquera. A esta población que trabaja en iniciativas productivas, le preocupa las pocas garantías de seguridad con la que cuentan. De hecho, según cifras del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC, desde el 24 de febrero —fecha en que el riesgo para Colombia de Covid-19 ascendió a moderado— han sido asesinadas nueve (9) personas en proceso de reincorporación, de ellas cuatro (4) desde la expedición del decreto de emergencia sanitaria, el pasado 22 de marzo. Durante el 2020, han sido asesinados 22 exguerrilleros y desde la firma del Acuerdo de Paz (24 de noviembre de 2016) a la fecha han asesinado a 195 firmantes de la paz. La violencia en contra de los y las firmantes de paz no ha cesado en época de Coronavirus. Cabe recordar que un integrante del ETCR Heiler Mosquera, en el departamento de Putumayo, Juan Carlos Castillo o Luis—como era conocido por sus compañeros allá en La Carmelita— fue encontrado asesinado cerca del resguardo Kwisna Cxhab, en inmediaciones a la vereda de Alto Lorenzo. Foto: Pares. Por ejemplo, el pasado 20 de marzo fue asesinado el reconocido líder campesino Marco Rivadeneira quien lideraba procesos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en esta región. Asimismo, El 22 de abril en el barrio Villa Rosa, centro urbano de Puerto Asís y junto a la residencia de la lideresa Jani Silva, individuos en una moto realizaron tres disparos. El pasado 26 de marzo se reveló un plan de atentado contra la lideresa Por otra parte, resulta importante insistir que la población en proceso de reincorporación le han manifestado a Pares, con preocupación, la estigmatización a la que han sido expuestos por discursos del Gobierno Nacional o de la institucionalidad sobre su vinculación a las disidencias o a economías ilegales. ————————————————- *La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea

Por: Laura Cano. Periodista Pares. En el marco de la Emergencia económica, social y ecológica decretada con la propagación del COVID-19, desde el Gobierno Nacional se han venido tomando una serie de medidas a través de decretos, circulares y resoluciones, en vía de atender las diversas situaciones y problemáticas que se han acentuado con la presencia del virus. Una de estas medidas, y que por lo menos desde la semana pasada ha estado en la lupa, es la que permite la distribución de los recursos del programa de la Línea Especial de Crédito (LEC) de ‘Colombia Agro Produce’, desde el cual se destinarían cerca de 213.000 millones de pesos a través de créditos que se le otorgarían, en principio, a pequeños, medianos y grandes productores que ejerzan actividades rurales, servicios de apoyo para la producción agropecuaria, siembra de cultivos de ciclo corto, sostenimiento de cultivos perennes y de producción, comercialización y transformación de la producción agropecuaria. ¿Qué ha pasado con esos créditos? Desde la Contraloría General de la Nación se estuvo alertando sobre posibles irregularidades que se estarían presentando en la entrega de estos créditos, pues según lo planteado por la entidad, los criterios establecidos por el Fondo para Financiamiento el Sector Agropecuario (Finagro) no estaban permitiendo que esta medida estuviera llegando a los pequeños agricultores, argumentando que de este dinero $152 mil millones se entregó a los grandes productores agropecuarios; 93 mil millones a medianos y 20 mil millones a pequeños. Ante esto, la Fiscalía General decidió investigar a Finagro, al Departamento Nacional de Planeación e igualmente al ministro de agricultura, Rodolfo Enrique Zea, tras lo que podría ser un mal manejo y distribución de estos dineros, además de haber podido brindar beneficios, fuera de los intereses del programa, a empresarios y empresas. Por esto también se modificaron algunos lineamientos del programa, uno de estos fue que entre los beneficiarios de los créditos ya no estarían los grandes productores. Cabe señalar, como lo indicó Daniela Gómez Rivas, coordinadora de la línea de democracia de Pares que: dependiendo del tamaño de la empresa, a estos préstamos se les subsidia la tasa de interés. Para las grandes empresas el subsidio es muy bajo; para los campesinos, pequeñas y medianas empresas, el subsidio es grande. Cada crédito permite solamente subsidiar la tasa de interés hasta $250 millones, y si se pide más que eso el beneficio solo aplica hasta ese monto y ahí para adelante las tasas de interés son normales. Además, dentro de las medidas implementadas también se contó con el respaldo del Fondo Nacional de Garantías (FNG), el cual permite que el 70% de la deuda esté protegida por parte del Gobierno, lo que lleva a que, si el productor que solicitó el préstamo no puede solventarlo, el Estado pasará a cubrir esa deuda en ese porcentaje. Muchas preguntas para Finagro Por otra parte, en medio de las claridades que solicitó la Contraloría a Dairo Estrada, presidente de Finagro, a quien también se le sugirió renunciar a su cargo, se presentó el informe sobre cómo habían sido entregados los créditos. Allí se aclaró que, con corte al 29 de abril, 2.689 pequeños productores realizaron operaciones y lograron obtener un monto de crédito por $23.603 millones, mientras que los medianos productores realizaron 804 operaciones, obteniendo un valor de crédito de $105.123 millones y los grandes productores realizaron 65 operaciones para registrar un valor de $132.646 millones de pesos, disponiendo así de $261.372 millones de pesos. Sin embargo, cerca de diez de las grandes empresas decidieron, tras las alertas presentadas, regresar el dinero. Ante este contexto, Daniela Gómez plantea que hay tres escenarios que se deben analizar para poder tener claridad de la discusión que se ha abierto alrededor de Finagro y los subsidios entregados. Soluciones ordinarias, para problemas extraordinarios Si bien la investigación y el debate giran en torno al monto de los recursos que fueron entregados, hay una variante que es necesaria tenerla en cuenta, y es que, si bien la mayor cantidad de dinero de los préstamos fue otorgada a grandes productores, el mayor número de créditos se concentran en campesinos, pequeños y medianos productores. Esto respondería a una lógica económica y de mercado, que como explica Daniela Gómez, un campesino no pide créditos por $3.000 millones, sino de $30 millones, 20 o 10. En cambio, una empresa como Mac Pollo, que fue la que recibió el crédito más alto: de $10.000 millones de pesos, necesita en efecto montos así de altos. Por eso es que se dan esas dinámicas en la entrega de créditos. Por otra parte, este auxilio fue una modificación que se realizó a la línea Especial de Crédito, la cual ha venido implementando Finagro desde años atrás y en la que anualmente las cifras de distribución entre campesinos, grandes, medianos y pequeños productores, es similar a la que se presenta hoy. Lo que hizo el Gobierno ante la emergencia sanitaria, fue incluir un incremento al subsidio de los intereses y del porcentaje de garantías. En este sentido una de las principales problemáticas ante este panorama es que, como lo afirmó Daniela Gómez, se están usando soluciones ordinarias para problemas extraordinarios. Esto manteniendo las mismas políticas que ya estaban creadas en el LEC, haciendo algunos cambios, pero sin evaluar a fondo los retos que implica la actual coyuntura causada por el COVID-19, en relación con las afectaciones que traerá esto al agro colombiano de manera diferenciada en los distintos productores y trabajadores. Se deben focalizar los créditos “Realmente dentro del agro van a haber sectores que se verán muy afectados por la crisis y otros que van a aumentar su demanda, por ejemplo, las arroceras, las productoras de maíz, las azucareras. Ante esto estamos implementando una solución ordinaria; no hay focalización en los sectores que están más afectados, más allá de que si es grande, mediana o pequeña empresa, porque si algo también es cierto, es que para el bienestar social del país es muy grave que se quiebren sectores grandes de los cuales dependen los empleos y los ingresos de muchas familias. Entregar créditos a la agroindustria no está mal, eso se tiene que hacer, pero se debe focalizar”, explicó Daniela Gómez. Las empresas en donde más se concentró la entrega de dinero destinado para los créditos de Finagro son del gremio avícola, de harina de maíz y de alimento para animales, donde además se usa como insumo de producción el maíz duro amarillo, del que cual días antes que se aprobará la medida se decidió suspender los aranceles hasta el 30 de junio, tanto de este producto como del sorgo y soya, esto como lo explicaba el Gobierno, por el incremento de la tasa de cambio que está rondando los $4.000. Por ley está prohibido que el Gobierno subsidie o impulse la importación, porque por lo que se tiene que velar es por el fortalecimiento del mercado propio, no por el extranjero, insistió la investigadora de Pares. Darle créditos a empresas con solvencia económica, podría ser un indicio de que las empresas estarían pidiendo esos préstamos diciendo que es para operación, pero podría ser también que lo soliciten para la compra de grandes cantidades de estas materias primas sin aranceles, para almacenar, aumentar producción y luego importar mucho más barato, eso incentivaría la importación de productos sobre los que nosotros producimos. A eso hay que aclarar que nosotros sólo producimos el 5% del maíz que consumimos, el 95% es importado. Así, podría ser que haya intereses, pero también puede ser que se haya dado como un incentivo natural dentro de la emergencia, dijo Gómez. El dinero va a comercializar y transformar productos De las veinte 20 empresas que recibieron los créditos más altos, hay solo tres que realmente producen dentro del sector del agro, el resto transforma y comercializa los productos resultantes de esas materias primas. De esta forma, dentro de ‘Colombia Agro Produce’ los créditos se quedan en empresas como Harina Pan, las moliendas de arroz, tiendas de café o empresas de transporte público, afectando la producción per se, la cual determina que los otros sectores puedan funcionar correctamente. “Si no hay quién recoja el café, por ejemplo, esas transformadoras de café ¿a quién le van a comprar café? ¿Para qué se necesita tener dinero para transformar si los productores no van a tener cosecha? De esta forma, lo grave en este punto es que los créditos terminen en apoyos a la producción y no en la producción en sí misma”, agregó. Ante este panorama, uno de los puntos que concluye Gómez Rivas es que aunque las decisiones que se tomaron son legales, no quiere decir que sean correctas. Esto partiendo de que, como se han hecho el llamado desde muchos sectores, el Gobierno en esta coyuntura debe priorizar sus esfuerzos, entendiendo que hay focos donde las acciones urgen más y éstas deben ser diferenciadas teniendo en cuenta los escenarios sociales, ambientales y económicos de las poblaciones. Lo que anunció el Contralor son problemas estructurales que cruzan todo lo que está pasando. Por ejemplo, la bancarización en el sector campesino es muy baja. En las zonas rurales más dispersas no hay entidades bancarias, entonces, ¿qué hacen para solicitar un crédito? Si tampoco están bancarizados, no tienen acceso a internet o a señal. ¿Cómo en estas circunstancias se pide que se pueda acceder a estos préstamos? Así que, aunque hay legalidad en las medidas, el Gobierno debe fortalecerlas enfocadas a las economías campesinas y a las pequeñas y medianas empresas, atendiendo a su vez a todas estas circunstancias”, concluyó Daniela Gómez Rivas.

Por: Natalia Aguilar Salas y Línea de democracia y Gobernabilidad. Pares. Las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional para hacer frente a la pandemia también tienen un impacto directo en los trabajadores y trabajadoras del país que se han visto afectados por la emergencia nacional. Los confinamientos y las interrupciones de los negocios que estos provocan, las restricciones de viaje, los cierres de escuelas y otras medidas de contención han tenido repercusiones repentinas y drásticas en los trabajadores y las empresas. En investigación realizada por Pares, estas son las principales medidas gubernamentales con el fin de proteger a los trabajadores del país. Decretos para proteger al trabajador Mediante el decreto 488 del 27 de marzo de 2020 se determinó que los trabajadores o independientes cotizantes categoría A y B, es decir, quienes ganen entre un salario mínimo y $3.551.212, que hayan hecho aportes a una Caja de Compensación Familiar durante un (1) año, continuo o discontinuo, en el transcurso de los últimos cinco (5) años, recibirán una transferencia económica para cubrir los gastos de acuerdo con las necesidades y prioridades de consumo de cada beneficiario, por un valor de dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes, divididos en tres (3) mensualidades iguales que se pagarán mientras dure la emergencia y, en todo caso, máximo por tres meses. Estos recursos deben ser asumidos por los Fondos de Compensación con recursos apalancados del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante- FOSFEC. Para acceder al alivio, los beneficiarios deben diligenciar de manera electrónica el formulario único de postulación al Mecanismo de Protección al Cesante y para aquellos beneficiarios que no puedan hacerlo por este medio, lo podrán descargar en la página web de la respectiva Caja de Compensación Familiar, el cual deben diligenciar, firmar y remitir a la Caja respectiva, conforme lo dispuso la Superintendencia de Subsidio Familiar. Adicionalmente se estableció que aquellos trabajadores que vieran reducidos sus ingresos a causa de la crisis, podrían compensarlo con el retiro de cesantías por un monto que permita compensar la reducción, previa certificación del empleador o demostración de la disminución de ingresos de ser independiente. Este programa es financiado por el Gobierno Nacional, a partir de giros que realiza el Ministerio del Trabajo a las Cajas de Compensación Familiar. Frente al mecanismo de protección al cesante, al establecerse un rango de salario amplio de los beneficiarios, el mecanismo protege no solo a desempleados de estratos bajos sino también de estratos medios. Hasta el momento no se tiene información sobre el número de personas que han solicitado el acceso a este. Retiro de cesantías En cuanto al retiro parcial de cesantías para los trabajadores que vean reducidos sus ingresos, lo cual podría ocurrir en eventos como licencia no remunerada, suspensión del contrato de trabajo o disminución de salario por mutuo acuerdo, los fondos informaron que 5.810 personas ya habían solicitado este beneficio a 3 abril, 6 días después de haberse lanzado la medida, por $5.629 millones. El Fondo Protección había recibido a 3 de abril 3.108 solicitudes de retiro de cesantías por disminución de ingresos. De estas, 88% (2.735) se tramitaron con éxito por los canales virtuales y solo el 22% (373) fue rechazado, la gran mayoría por no tener el soporte de la certificación del empleador, el cual representa un requisito fundamental para acceder al beneficio de contingencia económica. Porvenir, a su vez, informó haber otorgado el beneficio a 2.605 afiliados por valor de $2.523 millones. Colfondos recibió apenas 81 solicitudes y Skandia 1646. Aunque es una medida cuya implementación parece aparentemente resultar exitosa, existe la posibilidad de que sirva como incentivo a los empleadores para la reducción de salarios de forma permanente, como para la suspensión de contratos y expedición de licencias no remuneradas, incluso si no se están viendo afectados por la crisis. Según la Organización Internacional del Trabajo OIT, un plan de continuidad de la actividad económica, elaborado con la plena participación de los trabajadores, ayudará a identificar los riesgos que pueden afectar a una empresa u organización específica en tiempos de crisis y a concebir estrategias para reducir su impacto. «Hacer acuerdos para proteger los empleos» Este primero de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores, sin embargo la situación que se vive en el país augura altas tasas de desempleo, al igual que una precarización en el sistema de pensiones y muchos ciudadanos tienen temor de perder sus trabajos. Para resolver algunas dudas sobre los temas laborales, Pares habló a Clara Niño, abogada egresada de la Universidad Católica de Colombia, especialista en derecho laboral en la seguridad social de la Universidad Sergio Arboleda. Durante el año 2009 fue nombrada como juez laboral del circuito de Bogotá y trabajó tres años como abogada externa de Colpensiones. Pares: ¿Cómo se pueden ver afectados los derechos laborales durante esta pandemia? Clara Niño: En esta pandemia la parte laboral afecta tanto al empleador como al trabajador ¿Por qué afecta al empleador? porque si yo tengo un negocio, sea de cualquier clase, y no tengo ningún ingreso cómo voy a hacer yo para pagarle a mis trabajadores. Pero también uno se tiene que poner de lado del trabajador: tengo que suplir todos los gastos de mi familia y todas las obligaciones que tenemos. Yo creo que esta pandemia afecta tanto al empleador como al trabajador en cuanto a asuntos netamente laborales. Ahora el Gobierno debería tratar de ayudar pero no han implementado los mecanismos suficientes para esto. Aquí hay varios aspectos legales, pero digamos que yo no estoy de acuerdo con algunos. Por ejemplo está la suspensión de los contratos. Eso está estipulado legalmente en nuestro actual Código del Trabajo en el artículo 51, en este artículo pues habla de la suspensión de contratos en el numeral primero habla por “una fuerza mayor”, es evidente que uno como persona se da cuenta de lo que está pasando ahorita es de fuerza mayor porque pues no es culpa ni del Estado, ni del empleador y el trabajador, son circunstancias, entonces sí hay una fuerza mayor. Sin embargo, qué consecuencias legales y jurídicas conlleva la suspensión del contrato: cuando a una persona le suspenden el contrato lo único que el empleador tiene que pagar es salud y pensión , no paga subsidio de transporte, no paga ARL, no paga salarios y no paga prestaciones sociales, solamente salud y pensión y se hace la suspensión del contrato, ¿hasta cuándo? es un hecho futuro incierto. Hay personas y especialistas en todo esto que dicen que esto se acaba en septiembre, otros dicen que diciembre, otros dicen que el otro año, igual no se sabe. Hay otro aspecto importante, supongamos que esta pandemia se acabe de mañana pero una empresa no va a comenzar desde pasado mañana a ser lo que era antes porque ya la gente no tiene dinero para comprarle lo que venda , o la generación de la empresa también se va a demorar y depende de la actividad que desarrollen. Entonces la suspensión del contrato no le beneficia en nada ni al empleador ni al trabajador, porque el trabajador tampoco puede buscar trabajo en otro lado porque usted está afiliado con la otra empresa. Pares: ¿Cómo se podría proteger a los trabajadores en especial aquellos que están en el sector salud y qué tipos de garantías debería proponer el gobierno? C.N: Lo primero es que la salud de nuestro país siempre ha estado mal. Los profesionales como los médicos enfermeras y todos los que se encargan de esta área de la salud no les pagan o les pagan muy mal. La otra circunstancia es que a los médicos no les hacen un contrato laboral normalmente, les hacen un contrato de prestación de servicios, entonces los médicos no reciben prestaciones sociales sino que tienen que hacer sus cotizaciones como independientes. Todo esto conlleva a que no tienen un incentivo económico para hacer todo ese esfuerzo que deben hacer. El Estado debería otorgarles a ellos unas garantías laborales especiales y esas son unas prestaciones sociales, como las tiene cualquier tipo de trabajador que tengan aportes directamente a la seguridad social y unos incentivos. Pares: ¿Usted qué piensa sobre el decreto 558 que sacó este año el Gobierno que establece medidas para que Colpensiones asuma las pensiones de fondos privados? C.N: El decreto tiene varias interpretaciones. A mí me parece que lo que quiso fue solventar y darles dinero a los fondos privados que ya no van a poder seguir con todos los pagos que venían haciendo porque es algo temporal entendí yo, y dice claramente a las personas que están pensionadas por el régimen privado del retiro programado, habla textualmente “tentativamente el retiro programado solamente para ese tipo de pensión” lo que van a hacer es que Colpensiones les va a girar pero su pensión va a seguir siendo de fondos privados. Lo que pasa es que los fondos privados tienden a desaparecer, cuando a mí me preguntan qué es más beneficioso un fondo privado o Colpensiones, el régimen de prima media o el régimen de ahorro individual, para mí es mejor el de prima media que es el administrado por Colpensiones porque siempre va a tener el apoyo económico económico del Estado y eso es la parte estatal que ellos siempre van a tener. Un cambio en un fondo privado no tienen el apoyo del Gobierno. Por ejemplo, hace años aquí existía el Instituto de los Seguros Sociales que era apoyado por el Estado y todo el mundo decía que se iba acabar y ahora qué vamos a hacer y sí efectivamente se acabó, pero lo que hicieron fue cambiarle el nombre, ya no se llama Seguro Social se llama Colpensiones, pero siempre va a tener el apoyo económico del Estado; es decir que uno como cotizante cotiza y sabe que cuando cumpla los requisitos se va a pensionar y le van a reconocer la pensión, pero, por ejemplo, si el fondo privado entra en quiebra ¿quién va a seguir respondiendo, qué va a pasar con mi dinero? Ese decreto lo que quiso fue simplemente suplir, mientras está la pandemia, para que efectivamente Colpensiones sea el encargado, el Estado sea el encargado, de pagar esa pensión de esa persona que ya estaba disfrutando la pensión pero se trata claramente como dice el decreto de personas que ya están pensionadas.

Por: Redacción Pares La pandemia de COVID-19 es una emergencia sanitaria inmediata. Las medidas para hacer frente a la pandemia también tienen un impacto directo en los mercados, la oferta: producción de bienes y prestación de servicios, la demanda: consumo e inversión y el mundo del trabajo. Los confinamientos y las interrupciones de los negocios que estos provocan, las restricciones de viaje, los cierres de colegios y otras medidas de contención han tenido repercusiones repentinas y drásticas en los trabajadores y las empresas, según la Organización Internacional del Trabajo -OIT. A menudo, los primeros en perder sus empleos son aquellos cuyo empleo ya era precario, como, por ejemplo, vendedores, meseros, personal de cocina y encargados del aseo doméstico. En un mundo en el que sólo una de cada cinco personas tiene derecho a recibir prestación de desempleo, los despidos suponen una catástrofe para millones de familias. Los trabajadores informales, que representan alrededor del 61 por ciento de la fuerza de trabajo mundial, son particularmente vulnerables durante una pandemia.Los trabajadores del sector informal de la economía ya se enfrentan a mayores riesgos de seguridad y salud en el trabajo y carecen de protección suficiente. Al trabajar en ausencia de protecciones como la licencia por enfermedad o las prestaciones de desempleo, los trabajadores pueden verse obligados a elegir entre la salud y los ingresos, lo que supone un riesgo tanto para su salud como para la salud de los demás, así como para su bienestar económico. Salarios y protección social Además del desempleo y el subempleo, la crisis también repercutirá en las condiciones de trabajo, los salarios y el acceso a la protección social, con efectos particularmente negativos en grupos específicos que son más vulnerables a los resultados adversos del mercado de trabajo. Las epidemias pueden tener también un impacto económico desproporcionado en ciertos segmentos de la población, lo que puede empeorar la desigualdad que afecta principalmente a algunos grupos de trabajadores como: -Las personas con problemas de salud subyacentes. -Los jóvenes, que ya se enfrentan a tasas más elevadas de desempleo y subempleo. -Las personas de edad, que pueden correr un mayor riesgo de desarrollar problemas de salud graves y también pueden sufrir vulnerabilidades económicas. -Las mujeres, que están sobrerrepresentadas en ocupaciones en la primera línea de la lucha contra la pandemia y que soportan una carga desproporcionada en las responsabilidades de cuidado, en caso de cierre de colegios o sistemas de atención. -Los trabajadores sin protección social, en particular los trabajadores por cuenta propia, los ocasionales y los que llevan a cabo una labor esporádica en plataformas digitales, que no tienen derecho a bajas laborales remuneradas o por enfermedad. -Los trabajadores migrantes, que pueden no tener acceso a sus lugares de trabajo en los países de destino ni pueden regresar con sus familias. Miedo a perder el empleo Según la OIT, en las situaciones de emergencia, las personas pueden reaccionar al estrés de diferentes maneras. Los cambios psicológicos pueden incluir un aumento de la ansiedad, un estado de ánimo bajo, una baja motivación y pensamientos depresivos. Durante un brote como el de COVID-19, toda la población está sometida a niveles de estrés elevados que pueden tener efectos graves en la salud mental, especialmente en los casos en que se impone el aislamiento obligatorio en el hogar. Los trabajadores pueden verse afectados por los peligros psicosociales derivados de la incertidumbre presente y futura de la situación laboral o de los cambios en los procesos y disposiciones laborales. Muchos de estos trabajadores están en trabajos que, de por sí, ya conllevan niveles relativamente altos de estrés. Durante un brote, a menudo se les exige que trabajen en turnos más largos y consecutivos que la típica semana laboral de 40 horas. El aumento de la carga de trabajo y la reducción de los períodos de descanso pueden afectar también a otros trabajadores, como los que participan en la producción de bienes esenciales, en el reparto y el transporte o los que velan por la seguridad y la protección de la población. La Declaración del Centenario de la OIT, adoptada en junio de 2019, declaró que las condiciones de trabajo seguras y saludables son fundamentales para el trabajo decente. Esto es aún más significativo hoy en día, ya que garantizar la seguridad y la salud en el trabajo es indispensable en el manejo de la pandemia y la capacidad de reanudar el trabajo.