Por: Redacción Pares A través de un comunicado dado a conocer en la tarde de este jueves, alrededor de 30 organizaciones de la sociedad civil y más de 80 líderes de opinión, declararon que este conflicto armado hay que superarlo. En un contexto de amenaza por una pandemia que no distingue filiación política, clase, etnia ni género, lamentamos, dice la comunicación, la reciente decisión del ELN de dar por terminada la tregua que comenzó a inicios de abril. La conexión y sensibilidad que mostró esta guerrilla ante la crisis mundial por el Covid 19 y la repercusión positiva a poblaciones históricamente vulnerables con su declaratoria de cese al fuego, se ha visto desdibujada por la reciente declaratoria del Comando Central (COCE) de no extender el cese al fuego. La tregua representó un acto político importante en momentos de crisis de salubridad del país y del mundo por el COVID 19. Cinco planteamientos para lograr una salida política Tenemos la convicción de que este conflicto armado solo se superará en una mesa de diálogos y negociaciones con la más amplia participación social y ciudadana, indican los firmantes del comunicado. En ese sentido, el documento plantea cinco escenarios para lograr el objetivo de una paz concertada. Primero, que mantenerse en cese unilateral no debe estar supeditado a la respuesta formal de la administración del Presidente Iván Duque. Las razones del cese unilateral al fuego fueron y deben ser exclusivamente humanitarias: buscar reducir el impacto y la propagación del virus. En segundo lugar, el cese al fuego del ELN abrió una ventana de oportunidad para continuar los diálogos con la insurgencia y para seguir buscando la anhelada paz completa. Y tercero, el ELN debe pensar en los impactos colaterales que puede arrojar una hipotética situación de confrontación total en sus zonas de presencia. Solo pensemos en la situación que pueden tener territorios como Chocó, Cauca, Bajo Cauca, Arauca o Catatumbo, en los cuales no solamente las personas viven al fragor de las interacciones armadas y el impacto humanitario que esto genera, de la misma forma, van a verse afectados por una posible mayor propagación del virus, el cual se puede ver agravado por las precarias condiciones estructurales que tiene el Estado en estas regiones. Por lo tanto, señala la misiva, nos preocupa que podamos tener muchos pobladores y sus procesos organizativos afectados por la guerra y a la vez confinados o impedidos para acceder a los servicios básicos y en especial de salud para poder mitigar esta emergencia. Por eso hacemos un llamado a la comandancia del ELN y a sus frentes de guerra a revalorar su postura y justificación sobre la finalidad del cese al fuego unilateral, debido que difícilmente podremos dimensionar los impactos que pueden tener las dinámicas descritas atrás en las organizaciones sociales y las comunidades donde esta insurgencia tiene presencia. Descargue aquí el comunicado completo BOG106. CALI (COLOMBIA), 20/06/2017.- Fotografía

Por: Jairo Alexander Castaño, investigador regional. Oficina Regional Pares-Pacífico. En el Norte del Cauca se encuentran de frente dos visiones del desarrollo económico: por un lado, la de los grandes capitalistas agroindustriales representada principalmente en Pro-Caña, Asocaña y la Cámara de Comercio del Cauca; y por el otro lado, las familias de pequeños productores agropecuarios indígenas, afros y blanco-mestizos representados por organizaciones como la ACIN, Fensuagro y ACONC. En las últimas semanas, se vienen presentado una serie de hechos violentos en la región que involucran al sector azucarero, las comunidades campesinas negras y principalmente el movimiento indígena en ejercicio de liberación de la tierra. En un reciente comunicado la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) hizo la siguiente denuncia: “Siendo las 9:30 am la comunidad en ejercicio de pastoreo encontró 30 vacas envenenadas por personal de la seguridad privada del ingenio INCAUCA, de las cuales hasta la fecha han muerto 16, por un valor cuantificable de aproximadamente $40´000.000; causándose una gran pérdida en el sustento y la seguridad alimentaria de las familias. Hecho que fue debidamente denunciado ante las autoridades competentes con el fin de realizar la investigación pertinente y den con los responsables de los hechos” Buen Vivir y el proceso de Liberación de la Madre Tierra El pueblo indígena Nasa es mundialmente reconocido por llevar a cabo una lucha en la defensa de otros modelos de economía, sociedad y vida. Se trata de la perspectiva del buen vivir, o en palabras de las y los propios Nasa de la “vida sabrosa y armoniosa”, la cual se opone a la lógica del extractivismo y el productivismo capitalista. El principal conflicto en esta región del país es la lucha de clases por la tierra: especialmente frente a latifundistas cañeros, ganaderos, madereros y cafeteros que concentran las tierras más productivas del Cauca y que no permiten su liberación por parte de los indígenas Nasa. Foto: CRIC El “Buen vivir” se plantea en un contexto en el que históricamente han existido grandes inversiones del capital agro-exportador y por lo menos otras tres categorías de auto-identidad campesina de los agricultores familiares con sus propias territorialidades. Como era de esperar, el principal conflicto en esta región del país es la lucha de clases por la tierra: especialmente frente a latifundistas cañeros, ganaderos, madereros y cafeteros que concentran las tierras más productivas del Cauca y que no permiten su liberación por parte de los indígenas Nasa. La liberación, es un ritual cultural Nasa que lleva el acto de recuperar la tierra más allá del factor productivo y lo pone en el terreno de la ontología política: se trata de liberar la tierra en el sentido de la super-explotación, el uso de agro tóxicos, la sobre explotación de recursos hídricos, entre otras prácticas predatorias. La liberación se realiza mediante la ocupación de predios para realizar rituales de cura (dejar descansar la tierra) y de siembra de comida. Racismo de los terratenientes y empresarios regionales Esta ontología y praxis política produce efectos desequilibrantes entre los empresarios y terratenientes nortecaucanos que no pueden entender por qué muchas de las tierras “invadidas” por los indígenas son utilizadas para sembrar cultivos de auto-consumo, criar pequeños animales y, en muchos casos, “dejarla enmontar” sin ponerla a producir intensivamente. Es la clásica visión productivista del desarrollo económico que tilda de “irracional” una importante estrategia de conservación y recuperación ambiental de los agricultores familiares como lo es la tradicional práctica de dejar “enmontar” la tierra o dejarla en barbecho/descanso (según las categorías oficiales del Dane). Tal es el caso de las élites terratenientes e industriales que en su sector más oligárquico se niegan a negociar con el Estado las tierras en conflicto con indígenas “liberadores de Uma Kiwe” y prefieren dejarlas improductivas porque a decir de ellos: “no se le vende ni un centímetro de tierra a los indios del Cauca”. Un ejemplo de lo anterior es el caso de la dueña de la hacienda “La Emperatriz” ubicada en el municipio de Caloto, o el del empresario Ardila Lülle, el mayor industrial cañero en Colombia y dueño de la hacienda Miraflores en el municipio de Corinto. Ambos tienen tierras en proceso de liberación por parte de los indígenas Nasa que exigen del Estado la titulación de estos predios de ocupación ancestral y como parte de acuerdos previos incumplidos (como el acuerdo de reparación por la masacre del Nilo). Es importante abrir las distintas perspectivas del desarrollo económico rural desde las distintas lógicas o estilos de la agricultura familiar, lo que permite enfocarse estratégicamente en los agricultores Nasa y fortalecerlos en el sentido de su autonomía en la producción e inserción en distintos mercados y por su mayor capacidad de conquistar la “vida sabrosa”. Foto: Christian Ríos Estas élites cuentan con el apoyo irrestricto de la mayor bancada en el Congreso Nacional, el ultraconservador partido Centro Democrático dirigido por un expresidente latifundista con múltiples investigaciones. Igualmente, en el terreno ideológico, cuentan con el trabajo de algunos columnistas de opinión en Cali que representan claramente los intereses de la extrema derecha racista caucana y del Valle. La economía indígena: los “artistas de la agricultura” En estos territorios indígenas la mayoría de familias obtiene sus medios de vida principalmente –aunque no exclusivamente- de la producción agropecuaria en pequeñas parcelas de tierra (cada vez más pequeñas por la presión demográfica), utilizando para ello su fuerza de trabajo familiar. Desde el punto de vista clásico sobre la economía campesina, para los Nasa, la agricultura familiar no capitalista es el componente estratégico en la generación de los equilibrios necesarios que garantizan la reproducción familiar (con un fuerte peso del auto-consumo) y de la unidad productiva o la finca (El Tul Nasa); y por otro lado, la reproducción de la comunidad y de la “madre tierra” (o “Uma Kiwe” en idioma Nasa Yuwe). Es muy importante destacar aquí que los Nasa son reconocidos agricultores que han contribuido enormemente a la preservación de semillas tradicionales y por ende a la lucha por conquistar mayores niveles de soberanía alimentaria. En un reciente informe sobre la situación alimentaria de los pueblos indígenas de Colombia elaborado por la FAO (2014) y el antiguo Departamento de la Prosperidad Social (DPS), se señala que los indígenas Nasa han recuperado distintas variedades de semillas de tubérculos, frutales, verduras, plantas y hiervas, y se muestra una extensa lista que incluye amaranto, arracacha, quinua (blanca, negra, azul y roja), chachafruto, guama, gulupa, pomarrosa, ciruela, distintas variedades de yuca, plátano, ullucos, papas, habichuelas, arvejas, maíz, 22 tipos de frijol, entre otras variedades más. Esta impresionante recuperación se debe en buena medida al hecho que los agricultores familiares “mediante procesos locales de intercambio comunitario han logrado recuperar diferentes variedades nativas originarias de los ecosistemas americanos”, inclusive han recuperado variedades de plantas y árboles que habían sido descritas por los Cronistas de Indias y que estaban desaparecidas. Es muy importante destacar que los Nasa son reconocidos agricultores que han contribuido enormemente a la preservación de semillas tradicionales y por ende a la lucha por conquistar mayores niveles de soberanía alimentaria. Foto: Christian Ríos. La capacidad de conservación y recuperación de las semillas expresa el alto nivel de destrezas para la agricultura que han desarrollado tradicionalmente los Nasa en la larga duración y que los convierte en verdaderos “artistas de la agricultura. No obstante, en la actualidad, la agricultura familiar en Colombia y el mundo enfrenta un contexto desfavorable por los límites que impone la legislación sobre el uso de semillas y los derechos de propiedad; en ese sentido. Es importante destacar que los procesos de conservación y recuperación de las variedades de semillas hacen parte de una estrategia fundamental para la permanencia de sociedades agrarias y pueblos indígenas y configura una de sus principales reivindicaciones políticas actuales, tal como fue expresado en los encuentros regionales con la FAO. Otro ejemplo que muestra las destacadas habilidades de los Nasa como “artistas de la agricultura” es el de la recuperación y cría de animales y especies menores criollas como gallinas, curís, conejos, ovejos, chivos y cerdos. En la mayoría de resguardos del Norte del Cauca son reconocidas las variedades de gallina criolla recuperadas y mantenidas en un sistema agroecológico que le aporta un alto valor nutricional y proteico a la dieta de las personas y permite una alimentación saludable, barata y sobre todo deliciosa; tanto en el día a día, como en las asambleas comunitarias y rituales, las fiestas familiares o cualquier tipo de evento que por su naturaleza incluya un almuerzo (por ejemplo talleres, capacitaciones, eventos deportivos, etc.). Los Nasa no solamente se destacan por ser excelentes agricultores y criadores de especies menores, también han dado pasos agigantados hacia la industrialización y comercialización de productos como el pescado, el café, los lácteos y algunos frutales como las moras, maracuyá y más recientemente la gulupa. Foto: CRIC. En los tres resguardos que componen el municipio de Toribío (Toribío, Tacueyó y San Francisco) son muy famosos los sancochos de gallina (¡ojalá vieja porque da el mejor caldo!) con el famoso plátano guineo de la vereda Vichiquí. En los resguardos también es muy famoso el mote de maíz con cerdo o gallina y frijol cacha, y de postre se consigue un delicioso dulce y/o colada de mexicano. En Jambaló, es muy famoso el caso de la variedad de “cochinos” (cerdos) criollos de porte mediano criados en condiciones agroecológicas para el consumo humano; en San Lorenzo de Caldono se caza y consume la carne de guatín que abunda en los montes, y se ha logrado recuperar las poblaciones de venados y sus ecosistemas (en las partes más altas de los resguardos se conserva el oso andino y felinos como el puma). Los avances en industrialización y comercialización Los Nasa no solamente se destacan por ser excelentes agricultores y criadores de especies menores, también han dado pasos agigantados hacia la industrialización y comercialización de productos como el pescado, el café, los lácteos y algunos frutales como las moras, maracuyá y más recientemente la gulupa. Con respecto a este último cultivo, en la actualidad se presenta una posibilidad interesante de abrir canales de comercialización estable en un contexto de alta asociatividad de los productores y una eficiente asistencia técnica. En una entrevista reciente en el portal Pacifista, el líder de la asociación de cultivadores de fruta en Toribío (Asofrut) comentaba sobre las grandes posibilidades de abrir mercados con la gulupa: “Uno mira la participación de la gulupa en el mercado internacional y, para la demanda que tiene, no estamos produciendo nada aún en Colombia. Hay exportadores que nos piden 20.000 kilos semanales y nosotros apenas podemos sacar 2.000”. Asegura que incluso han tenido que decirle ‘no’ a otras exportadoras porque no dan abasto. Lo más interesante es que el proyecto cuenta con un aspecto estratégico para la agricultura: el desarrollo de instituciones de asistencia técnica dirigidas a la agricultura familiar, Daniel Rico, economista e investigador de los programas nacionales de sustitución de cultivos comenta sobre Toribío: “Si todos los municipios tuvieran Umatas tan sólidas como la de Toribio la realidad rural de Colombia sería otra, yo he visitado más de 120 proyectos agrícolas [de sustitución] y es el primero que encuentro que se basa en fortalecer a la Umata, la alcaldía y las comunidades, dejando una institucionalidad robusta después del proyecto”. El café es un caso especial en los resguardos del Cauca porque históricamente ha sido el principal monocultivo para la generación de ingresos en las familias. Igualmente, en los últimos años se registra un aumento de la demanda estimulada por los cambios en la oferta productora de café a nivel nacional, y por las nuevas tendencias de consumo en las que la producción orgánica, sustentable y el comercio justo, son muy valorados, lo que abre oportunidades de mercado para los pequeños productores indígenas y sus familias. Con el apoyo de la Federación Nacional de Cafeteros, las alcaldías (a través de las oficinas de asistencia técnica UMATA), los cabildos y asociaciones, y por iniciativa propia, varios productores y sus familias han experimentado procesos de reconversión del sistema productivo de cultivo intensivo de café (herencia de la revolución verde), hacia un modelo orgánico diversificado y en asocio de cultivos. Esto les ha permitido vender el grano a un mayor precio e incluso competir y ganar en muchas ocasiones el premio a la “mejor tasa” del país, un importante concurso en el que se premia la calidad del café y que es organizado por la Federación de Cafeteros. El desarrollo rural con enfoque diferencial Los anteriores ejemplos nos muestran la importancia de abrir las distintas perspectivas del desarrollo económico rural desde las distintas lógicas o estilos de la agricultura familiar, lo que permite enfocarse estratégicamente en los agricultores Nasa y fortalecerlos en el sentido de su autonomía en la producción e inserción en distintos mercados y por su mayor capacidad de conquistar la “vida sabrosa”. Fortalecer los agricultores familiares Nasa quiere decir abrir espacios para las propuestas de otra economía posible que en escenarios pandémicos cobran vital importancia. Foto: CRIC. Aunque no se presentan aquí datos sobre la eficiencia económica de la agricultura Nasa, vale la pena tener en cuenta los trabajos de Jaime Forero y su equipo (2013) sobre la eficiencia y productividad de la pequeña producción agropecuaria como un ejemplo de que en Colombia la agricultura familiar tiene grandes posibilidades para jalonar el desarrollo económico. El contexto global de pandemia por Covid-19 exige grandes transformaciones para encarar los retos de la alimentación ante un panorama de “hambrunas de proporciones bíblicas”. En Colombia los procesos de liberación buscan corregir la alta desigualdad en la distribución de la tierra, igualmente, buscan reposicionar la importancia de la producción de comida frente a un modelo en el que la re-primarización y el favorecimiento del sector agroexportador de commodities se impone legal e ilegalmente, afectando directamente el desarrollo de la agricultura familiar y de paso poniendo en riesgo la sostenibilidad ambiental de varias regiones. En este contexto, la perspectiva del Buen Vivir Nasa cobra una relevancia monumental frente a la gran agricultura capitalista como alternativa de vida y no solamente de desarrollo económico de una sociedad.

Por: Redacción Pares La Procuraduría General de la Nación abrió investigación al gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, y al secretario de Salud del departamento, Carlos Tirso Murillo Hurta, por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato por $130 millones con la Fundación Prosperidad e Innovación para el Chocó, e inició otro proceso disciplinario al secretario por supuestos sobrecostos en un convenio por más de $1.700 millones de pesos, que tenía un objeto similar al que dio lugar a la suspensión provisional del mandatario departamental. En comunicación dirigida a la gobernación, el Ministerio Público advirtió sobre la inconveniencia del Contrato No. 0126 de 2020, dirigido a la realización de estrategias de información para la promoción y prevención de la pandemia por covid-19, y solicitó suspender su ejecución y canalizar los recursos para garantizar los derechos fundamentales a la salud y la vida de las personas que pudieran resultar contagiadas. Advirtió que el documento contractual es el segundo en el que la gobernación del Chocó invierte millonarias partidas en campañas publicitarias y capacitaciones para la prevención del covid-19, “en momentos en que la ejecución de recursos públicos debe centrase en la consecución de insumos médicos y de bioseguridad que permitan atender de manera oportuna a los pacientes infectados por el virus”. Investigación al secretario de Salud En otro proceso disciplinario, la Procuraduría abrió investigación al secretario de Salud, Carlos Tirso Murillo Hurta, por presuntas irregularidades en el contrato No. 1141 de 2019, por valor de $1.735.775.000, que tenía por objeto la prestación de servicios a través de una jornada de salud para la promoción y prevención, gestión del riesgo y de la salud pública. El órgano de control busca determinar la existencia de un presunto sobrecosto en el valor del contrato, que fue firmado con la Fundación Etnodesarrollo Social, y que además tenía un objeto similar al 0198 de 2020, por más de $2.000 millones con la Fundación Chocó Saludable, por que se solicitó la suspensión provisional del mandatario por tres meses, para evitar que suscribiera otros negocios jurídicos similares. Frente a estos contratos llamó la atención de la Procuraduría que la señora Belly Karen Mosquera García figure como representante legal de las dos firmas contratistas. El ente de control también investiga un supuesto desconocimiento de los principios de contratación estatal, por la presunta suscripción con una persona de naturaleza privada de un negocio jurídico para la realización de actividades que pudieron haberse ejecutado aunando esfuerzos con las Empresas Sociales del Estado del departamento. Asimismo, un supuesto detrimento al patrimonio, teniendo en cuenta que el personal necesario para la ejecución pudo encontrarse en las EPS o haber sido contratado directamente por la Secretaría de Salud del Departamento, para realizar un programa que hace parte de sus actividades misionales. La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia conductas presuntamente irregulares, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió y el posible perjuicio causado a la administración pública.

Por: Marta Ruiz* En la quinta semana de cuarentena, he vuelto a leer la autobiografía de mi autor preferido, Stephan Zweig. Su título es de una pertinencia abrumadora: El mundo de ayer. Zweig era, en su treintena, un humanista y pacifista burgués, consciente del esplendor que se vivía en la Viena de principios del siglo XX. Aunque se escuchaban rumores de catástrofe (estas casi nunca llegan sin avisar), estaba imbuido en proyectos literarios de largo alcance. Aquellos parloteos sobre una posible guerra no parecían serios. No en la Europa de ese momento. “Todo se tendía llano y claro ante mi vista en ese trigésimo segundo año de mi vida. El mundo se brindaba hermoso y sensato como una fruta sabrosa en ese verano radiante. Y yo lo quería por su presente y más aún por su porvenir. Pero he aquí que el 29 de junio de 1914 sonó aquel disparo en Sarajevo, que en un solo segundo destruyó en mil pedazos el mundo de la seguridad y de la razón creadora en que nos habíamos educado y en que habíamos vivido, y que era nuestra patria, como si se hubiera tratado de un cántaro de barro”. Hago asociación libre. Me remito a uno de los libros de Yuval Noah Harari, Homo Deus, donde el influyente ensayista nos convence de que la sociedad actual le ha ganado la batalla al hambre, la guerra y la peste. En el horizonte del ser humano se vislumbra, por primera vez en centurias, el bienestar, la longevidad y hasta la inmortalidad. Pero he aquí que, como diría Zweig, en diciembre de 2019, en Wuhan, China, empezó la más grande pandemia de este siglo y muchas de las cosas que dábamos por seguras, estallaron en mil pedazos, como un cántaro de barro. De vez en cuando es bueno recordar que estamos hechos de barro. Así sea de la arena cósmica que produjo el Big Bang. Por lo cual es lógico que el COVID-19 nos profundice cierta ambigüedad existencial. El mundo de ayer está desapareciendo ante nuestros ojos y no sabemos si el que viene será más o menos humano, más o menos democrático, más o menos feliz. Eso produce incertidumbre, al mismo tiempo que humildad. Es un momento de transición global. Solo he experimentado algo similar en cuatro momentos anteriores: cuando vi arder el Palacio de Justicia en noviembre 1985 y tuve la sensación de que estábamos entrando en una época de barbarie. Cuando cayó el muro de Berlín a principios de los 90 y no sabía si el mundo después del socialismo sería mejor o peor para los pobres del mundo. Cuando se rompieron los diálogos de El Caguán en 2002, mientras nos ahogábamos en un baño de sangre. Y ahora. No es una simple gripa. Nos ha costado meses entenderlo. No es un asunto solo de médicos y de curvas, vacunas, antivirales o inmunidades de rebaño. Las economías sufrirán la peor recesión de la historia y, en un sistema neoliberal como el que predomina en el mundo, las crisis las carga la clase trabajadora. Probablemente la geopolítica sufra un vuelco insospechado. La influencia de China crece en el mundo al ritmo del coronavirus, mientras es una incógnita como saldrán Estados Unidos y Europa de este asunto. El impacto político y cultural, en todos los lugares de la tierra, será profundo y de largo plazo. Quizá esta no sea más que la puerta de entrada a un mundo que tendrá que convivir con virus desconocidos una y otra vez. Como aquel disparo en Sarajevo que resultó ser el portal de una etapa de guerras cuyas consecuencias resuenan hasta nuestros días. Es probable que más tarde que temprano, la pandemia se aplaque. Aun así, no sabemos la magnitud del daño que dejará a su paso, ni el precio que tendremos que pagar por su control. Precio que se tasará en valores preciados: vidas, empleos, democracia, y por supuesto, el placer inconmensurable del contacto humano. Madonna se equivoca mientras toma un baño La pandemia les echa sal a las heridas más profundas de nuestras sociedades, que están atadas unas a otras, inexorablemente, por la globalización. La más enconada de ellas: la desigualdad. En eso Madonna se equivocó de cabo a rabo, desnuda, desde su bañera, cuando dijo a sus fanáticos que este virus era un gran igualador social. Ataca a cualquiera, no hay que ser Madonna para saberlo. El problema es con qué capacidades cuenta cada país, grupo o persona, para enfrentarlo. Está claro que los países que mejor están lidiando con la pandemia son los que más pruebas han logrado hacer y más condiciones tienen de pagar el paro generalizado. El virus sí discrimina en cuestiones de color y nacionalidad. En Chicago, por ejemplo, el mayor porcentaje de muertes por COVID-19 está en la población afroamericana, que es una minoría allí. En Nueva York, los mayores afectados son los latinos. Sabemos que los barrios de las afueras de París empiezan a arder de inconformidad, y en general, en las periferias de las ciudades cualquier chispa puede causar un incendio si el cierre de la economía se prolonga. Claro que también entiende de género. Aunque las mujeres mueran menos que los hombres por coronavirus, ellas, en casi todos los países del mundo, están sufriendo un brutal incremento de la violencia doméstica, derivada del confinamiento. Colombia no es la excepción a estas discriminaciones. En esta sociedad estratificada, con ciudades segregadas espacialmente por clases sociales, la mayor parte de las muertes, según la alcaldesa Claudia López, están en los barrios donde viven personas de estratos bajos: Engativá, Bosa, Kennedy. La plataforma de datos de la alcaldía muestra como los hospitales del sur y occidente de la ciudad están saturados en sus unidades de cuidados intensivos. No así las clínicas privadas más exclusivas del Norte. Que mueran más personas pobres que de clases altas no tiene que ver necesariamente con los servicios de salud, sino con la calidad de vida que traen a cuestas, sus preexistencias, el hacinamiento en el que habitan, la imposibilidad de recluirse so pena de enfrentarse al hambre y la ausencia de los mínimos vitales. Somos una de las sociedades más desiguales del mundo. Una que apenas empieza afrontar los desastres que le ha dejado una larga guerra. Una herida sobre otra, al punto que ya no sabe cuál es la que más duele. La pandemia deja al desnudo el problema del empleo “basura” que existe en Colombia. Los contratos con casi nula seguridad social son mas numerosos de lo que nos imaginábamos. El más trágico ejemplo es el de los médicos y enfermeras, hoy aplaudidos como héroes, cuyo trabajo por órdenes de prestación de servicios proviene de una mercantilización de la salud. Esta se ha concebido desde hace tiempo como un negocio, y no como un derecho fundamental, como quedó consagrado en la Constitución. El espolio sistemático del sector salud nos está pasando una amarga factura de cobro. En los últimos 20 años se han desfondado en medio de la corrupción varias EPS, los hospitales fueron saqueados, y las redes públicas usadas como bolsas clientelistas. La inequidad, alimentada por una corrupción galopante, es un bocado de cardenal para el virus. La desigualdad entre regiones es evidente. Bogotá tiene el mayor número de casos de infectados. Pero tiene los recursos y la gobernanza para afrontarlos. Ya vimos como se vive la pandemia en Chocó y Amazonas. En Guajira y Cúcuta. En una cárcel en Villavicencio o en un pueblo de Putumayo. No Madonna. Este no es un igualador. Se comporta similar a la guerra y el hambre: se va de frente contra los más pobres, los que no tienen poder ni influencia, los que son considerados prescindibles por el mercado y por las sociedades profundamente instrumentales e individualistas: los viejos, los inmigrantes, los presos, etc. Las víctimas, empobrecidas otra vez No he visto reportes sobre cómo les va a las víctimas del conflicto con la pandemia. Pero puedo asegurar que muchas de ellas están pasando hambre. Hacinadas en la ciudad, hacen parte de esa gran masa de rebuscadores. Quienes están en el campo, se quedaron esperando la implementación vigorosa de los Programas de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial, PDET. Si estos se hubieran implementado a tiempo, serían una oportunidad para las familias rurales más golpeadas por el conflicto armado interno. Ellas podrían brindarles a las ciudades la seguridad alimentaria que necesitan. Muchas de las víctimas son de hecho campesinas y campesinos, y este debe ser un momento para tomar conciencia sobre su papel, que lleva a cuestas el fardo de la desigualdad, el de la corrupción y el de políticas públicas que han favorecido a un puñado de miembros de las élites. Claro que el gobierno y las alcaldías han hecho un esfuerzo en lo social, transfiriendo recursos y postergando deudas. Pero hay que decirlo, muy por debajo de lo que han logrado otros países de condiciones similares. Mientras en Colombia se ha invertido aproximadamente 1,7% del PIB en mitigar los efectos de la pandemia, en Perú se ha invertido el 12%, en Chile el 4,7% y en Argentina el 5.6%. El argumento de los economistas más ortodoxos es que Colombia tiene la deuda externa muy alta y por eso su margen de maniobra es inferior al de otras naciones. Sin embargo, otros expertos han señalado que la única alternativa del gobierno no es la deuda: todavía le quedan las reservas internacionales o las emisiones del Banco de la República. Conocedores de los temas sociales como José Antonio Ocampo, miembro del Consejo Asesor de la Comisión de la Verdad, consideran que retrocederemos décadas en materia de combate a la pobreza. En muchos países la pandemia ha sido la oportunidad para plantear el debate sobre la renta básica universal. Me sorprende que en Colombia aún no se hable de ello, o se mire como locos a quienes lo hacen. Es una conversación pertinente porque ante un desempleo masivo, una precariedad del rebusque y una desigualdad tan avasallante, hay que superar el modelo de focalización de subsidios y apostar por otros encaminados a dignificar a mayores sectores de la población pobre. La confianza como virtud democrática También estamos viviendo una paradoja en materia política y de democracia. Los Estados, que habían quedado reducidos a su mínima expresión durante el ya largo reinado de las políticas neoliberales, ha vuelto a la palestra. Está claro que, en esta, como en todas las crisis, es el Estado el que finalmente se lleva la mano al bolsillo para salvar el embrollo. Sin duda, el papel del Estado como regulador será un tema candente en los próximos años. La “resurrección” del Estado, trae consigo grandes interrogantes sobre la política y la democracia. Estas crisis son demasiado serias como para ponerlas en manos de megalómanos, fanáticos o inexpertos. Hay quienes creen que los países con capitalismos de Estado, como China o Vietnam lo han hecho mejor, porque son sistemas con baja democracia y alto control social. O que la disciplina de las sociedades asiáticas o nórdicas contribuyen a un mejor manejo no solo de la pandemia sino de sus consecuencias sociales y políticas. Sin embargo, me parece importante cruzar otra variable: la confianza en las instituciones. No dejo de pensar que Alemania ha tenido un comportamiento peculiar, basado en el liderazgo sereno de la señora Merkel, quien, por lo demás, ante la sospecha de estar contaminada con el virus, guardó el aislamiento obligatorio. Christiean Drosten, el virólogo que la asesora, le dijo a The Guardian que la Merkel entendió que está trabajando para la ciudadanía y no para los políticos. Y se basa en datos y evidencia científica. La paradoja consiste en que volver los ojos al Estado también conlleva el riesgo de darle más poderes sobre la vida de la gente y eso es algo que, por supuesto, no es atractivo en países con bajos estándares en materia de derechos humanos, que combinan altísimos índices de corrupción. O en lugares donde los para-estados mafiosos son ya parte de la “nueva normalidad”. La confianza se torna crítica porque en casi todos los países del mundo los presidentes han actuado bajo estados de excepción que les dan super poderes. Son momentos en los que la división de poderes, la transparencia de los gobiernos, y el acceso a la información son claves. Más allá, se espera que estos líderes impulsen acuerdos globales, que permitan imaginar el futuro colectivo, y no escuchen los cantos de sirena del autoritarismo. En Colombia los niveles de coordinación entre el gobierno central y los gobernadores y alcaldes, que están jugando papeles muy activos, es bastante tecnocrático. No parece haber un diálogo político vigoroso, que es lo que se espera en un momento donde la palabra “reconstrucción” empieza a usarse con bastante frecuencia. Los que nos gobiernan deben pensar en acuerdos amplios y audaces. La crisis no atañe solo a los empresarios y políticos. Es un asunto principalmente de los ciudadanos. La pandemia llega en un momento de transición muy difícil, en el que la capacidad del Estado para ejercer soberanía en el territorio ha llegado a su límite de incompetencia. La implementación del acuerdo de paz es demasiado precaria. Frente a este cuadro de comorbilidad (para usar el lenguaje de moda), el grupo de mayor riesgo social son las víctimas del conflicto armado. El otro aspecto crítico en tiempo de coronavirus es el de las emociones políticas. En una entrevista reciente Marta Nussbaum le atribuía a Adam Smith la sentencia de que la simpatía por el otro termina cuando la crisis llega a nuestros hogares. Es difícil especular sobre la cultura política. Pero este parece un momento más distópico que utópico. Efectivamente, puede reforzar el individualismo, el asco social, el sálvese quien pueda. También puede ocurrir lo contrario y que se refuerce el autocuidado y el amor al prójimo. De hecho, algunos marxistas apuestan que este podría ser el último suspiro del capitalismo salvaje. Si nos espera la ruina o la emancipación depende de las decisiones políticas y éticas que tomemos. No sabemos si la pandemia acrecentará el miedo colectivo y el instinto de supervivencia, o si por el contrario activará la humildad y la solidaridad. Si surgirá una nueva conciencia global, o si terminará por sumirnos en un mundo digital, auto-referencial, sin piel. Lo que sí puedo apostar es que el desenlace emocional afectará profundamente el comportamiento ciudadano; y este a su vez tendrá gran incidencia en el tipo de gobiernos que elegiremos en cada país. La política del coronavirus apenas comienza. La vida por encima de todo Por primera vez en mucho tiempo los políticos se toman en serio a los científicos, más allá de la foto de campaña. El coronavirus nos deja ver, descarnadamente, lo que es el atraso científico en un mundo donde los datos y la inteligencia artificial tienen gran poder de predicción. Debe ser muy difícil tomar decisiones serias en medio de una precariedad de información como la que, en mi opinión, tenemos en Colombia. Ese es el primer problema: no conocer el fenómeno en su real magnitud. El hecho de que la ciudad de Bogotá esté poniendo datos en tiempo real en la internet es un avance muy importante. Pero los datos, las cifras, la geo-referenciación, son solo una parte de la historia. La otra parte no la conocemos. Y es muy importante. Tenemos y debemos saber quiénes son los que están muriendo. En qué condiciones vivían. Cuál es el mapa social de la pandemia. Donde y como se disemina. Que factores lo hacen más virulento. Es difícil, pero conocer lo que ya pasó es lo único que permitirá adelantarse y prever lo que pasará en los próximos meses. Sólo así se evitarán nuevas muertes. La verdad es exactamente eso: una comprensión de cómo se comporta cierto sistema o proceso, al punto de poder prever como seguirá comportándose. O cómo intervenir en él para transformarlo. Sobre el coronavirus sabemos aún muy poco. Con lo poco que se sabe, podemos hacer algunas cosas para frenarlo, como encerrarnos en la casa por un tiempo indefinido. Pero siempre hay que hacer más. Es la primera vez, desde que tengo memoria, que en Colombia la vida está por encima de otros intereses, sean políticos, económicos o militares. Estos días he tratado de recordar en que país nos convertimos cuando el Palacio de Justicia ardía en llamas, con toda una generación de ilustres magistrados adentro, y de guerrilleros dispuestos a inmolarse. Que clase de sociedad era la que aplaudió el fin de un intento de paz de El Caguán, que dejaba en el infierno a centenares de secuestrados, y que llevaría a la muerte a miles de civiles, soldados y guerrilleros. ¿No se nos ocurrió que ni la economía, ni la política, ni la estrategia militar justificaban tantas vidas sacrificadas? ¿Por qué no se intentó lo impensable para frenar el desangre? Aplanar la curva: se puede Aún estamos a tiempo. La verdad que nos dejará el coronavirus es que la vida es lo más importante. Que no queremos morir, ni que nadie muera. Que las muertes por guerras, por enfermedades y por hambre, son evitables. Dependen de las decisiones políticas que toman las sociedades. En Colombia, aún hoy, mueren más personas por la violencia, que por el COVID-19. Durante estas semanas, el conflicto armado se ha reproducido a mayor velocidad que la pandemia. Cada noche, mientras el presidente habla en la televisión, grupos de sicarios estrechan el cerco sobre las poblaciones que siguen bajo la dictadura de sus armas. No me cabe duda de que como en Italia y México, las mafias colombianas serán las primeras en adaptarse y sacar provecho de la “nueva normalidad”. Cuando hablo de mafias me refiero a un amplio espectro que va de una sofisticada apariencia de legalidad a la total ilegalidad. En las regiones donde estas operan a sus anchas, el paga-diario otorga préstamos fáciles, al 20%, y mañana cobrarán con sangre esas deudas. Temo que ante una masiva caída del trabajo y el rebusque, muchas manos se vayan a coger coca o a engrosar las filas de estas estructuras criminales. Que la crisis económica abra los canales de una gran operación de lavado de activos. Y que estas mafias, boyantes, con el dólar por las nubes, sigan financiando a los grupos armados y las campañas políticas y así, de manera circular, sigamos en el pasado. El ELN abrió una pequeña ventana de esperanza con un cese del fuego de un mes que está a punto de vencer. Es un grave error cerrarla ahora. En este momento, cuando ya ningún esfuerzo parece exagerado en favor de la vida, la tarea mayor debería ser frenar la curva ascendente del conflicto armado. No es fácil, pero ya sabemos que tampoco es imposible. *Magistrada de la Comisión de la Verdad. Periodista con una experiencia de más de quince años cubriendo el conflicto armado interno, tanto en prensa como en televisión. Su trabajo ha profundizado en el análisis de temas de desarrollo rural, las dinámicas de la guerra, la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información.

Por: Lina Gaitán Mateus. Investigadora Pares. Se ha venido afirmando que las violencias contra las mujeres se han exacerbado en el periodo de aislamiento que se vive en todo el país desde el pasado 20 de marzo. Sin embargo cabe la pregunta ¿qué tan cierta es esta afirmación? Aunque la violencia intrafamiliar aparece con frecuencia en los medios de comunicación y la opinión pública, PARES presenta datos que demuestran que ésta no es la única forma de agresión que se ejerce contra nosotras durante la pandemia de COVID-19 y cómo ha influido la coyuntura actual en la problemática de las violencias basadas en género y las violencias sexuales. Desde que se inició el periodo de aislamiento obligatorio, la Fiscalía General de la Nación reporta, con corte del 20 de abril, 3.069 denuncias de violencia intrafamiliar en todo el país. Los informes continuos de la Línea Púrpura y el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá muestran cifras cada vez más alarmantes sobre esta problemática. Cifras que preocupan De esta forma, para el día lunes 27 de abril, se contaban un total de 7.041 llamadas recibidas a la Línea Púrpura, además de 5.976 solicitudes de atención por el WhatsApp de la Secretaría de la Mujer. La situación en otras ciudades capitales no dista mucho de la realidad bogotana, pues al día de hoy se registran en Cali 385 llamadas de denuncia por violencia intrafamiliar. Pero, ¿qué está pasando en aquellos lugares y territorios de los que no se tienen reportes pormenorizados? Para conocer las cifras de denuncias por violencia contra la mujer en territorios y regiones es necesario remitirse a la información reportada por instituciones estatales como la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, las cuales, de entrada, presentan el inconveniente de registrar solamente los casos reportados hasta el mes de marzo de este año. Imagen: Pares. Así, las estadísticas de la Policía reportan 6.882 denuncias de violencia intrafamiliar con corte a esa fecha, mientras que Medicina Legal habla de 4.034 casos. Las cifras de ambas instituciones demuestran que los territorios en donde se presenta el mayor número de casos son Bogotá, Antioquia, Santander, Valle del Cauca y Cundinamarca. Al comparar estos datos con los casos presentados durante el mismo periodo de tiempo del año 2019 se encuentran diferencias significativas de aproximadamente 2.000 denuncias como se expone en la siguiente tabla: Fuente: Información sustraída del sistema del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses FORENSIS, y de las estadísticas delictivas de la Policía Nacional. Ahora bien, la interpretación de dicha diferencia debe contemplar no sólo el hecho de que, para este año, los datos aún están en consolidación, por lo que en uno o dos meses la cantidad de denuncias registradas en el pasado mes de marzo pueden aumentar. También se deben considerar las condiciones actuales en las que la persona agredida debe presentar la denuncia: en medio de una convivencia obligada junto a su agresor, sin posibilidad de trasladarse a otro sitio que le garantice seguridad a ella y a personas bajo su cargo a causa de las medidas de prevención contra el COVID-19 y, tal como ha registrado la organización SISMA Mujer, sin la posibilidad de entrar en contacto con otras personas para realizar la denuncia por no tener a su alcance un teléfono celular. Si las cifras reportadas a marzo de este año son menores, es por los escenarios de vulneración de derechos humanos de las mujeres que ha posibilitado la cuarentena. Las violencias de las que no se habla Sin embargo, la violencia intrafamiliar no es la única forma de agresión que se ha registrado durante esta coyuntura contra las mujeres y a continuación se especifican otras violencias que nos han afectado de manera particular: Violencia sexual: La Fiscalía General de la Nación registra a 1.407 denuncias de violencia sexual entre el 20 de marzo y el 20 de abril. Por su parte, Medicina Legal reporta 1.454 casos en el mes de marzo, de los cuales el 73%, 1.063 casos, fueron contra niñas y adolescentes, mientras que la Policía Nacional registra 1.566 casos de los que 889 o el 56% fueron contra mujeres menores de edad. Los lugares con el mayor número de víctimas reportadas son Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar y Santander. La diferencia de mujeres, adultas y menores de edad que denuncian ante una institución u otra, puede relacionarse con los distintos niveles de confianza que se tiene en una institución u otra al iniciar el proceso de denuncia, pues como han registrado medios de comunicación alternativa como Pacifista y Mutante.Org, la Policía Nacional es uno de los agentes que más agresiones de género comete contra las mujeres, particularmente contra las mujeres trans. Feminicidios: ONU Mujeres y la Fiscalía registran 19 casos de feminicidio entre el 20 de marzo y el 23 de abril en Colombia. La organización SISMA Mujer, en el Boletín Especial No. 20: Los derechos humanos de las mujeres no están en cuarentena, afirma que ello implica el reporte de un feminicidio cada 25 horas durante la cuarentena. Uno de los casos más recordados en el país, y que esta misma plataforma reportó, fue el triple feminicidio en Cartagena en donde fueron asesinadas Loliluz, Ellyn y Edenis, integrantes de una misma familia, ocurrido el 26 de marzo. ONU Mujeres y la Fiscalía registran 19 casos de feminicidio entre el 20 de marzo y el 23 de abril en Colombia. La organización SISMA Mujer, en el Boletín Especial No. 20: Los derechos humanos de las mujeres no están en cuarentena, afirma que ello implica el reporte de un feminicidio cada 25 horas durante la cuarentena. Foto: Pares. Otro caso emblemático fue el de la lideresa del cabildo indígena Paniquitá Marlly Fernanda Quina Campo, quien murió estrangulada por su pareja sentimental el 27 de marzo en el municipio de Totoró, Cauca, como denunció el Tejido Mujer de la Çxhab Wala Kiwe. Frente a las denuncias que continuamente circulan en la opinión pública en lo referente a las agresiones y victimizaciones contra líderes, lideresas y los y las defensoras de Derechos Humanos en el país, su caso pasó particularmente desapercibido. A estos hechos se suman aquellos episodios de violencia en los que las agresiones físicas contra las mujeres estuvieron a punto de ocasionarles la muerte, como ocurrió con María Fernanda Girón en el barrio Cedritos de Bogotá el pasado 22 de abril, quien hoy se encuentra viva gracias a la intervención de un vecino que escuchó sus gritos de auxilio. La experiencia de María Fernanda no sólo demuestra que las violencias contra las mujeres superan las barreras de clase, sino que también expone cómo el sistema de justicia es ineficaz e ineficiente ante ellas, pues su agresor quedó en libertad una hora después del hecho. Agresiones contra lideresas y defensoras de DD.HH. Las agresiones contra las lideresas y defensoras de Derechos Humanos no han entrado en cuarentena. En el periodo de aislamiento obligatorio, se reportaron dos asesinatos de lideresas y defensoras de DD.HH., uno de ellos fue el feminicidio de Marlly Fernanda Quina. A ello se suman las amenazas y planes de atentar contra la vida de lideresas y defensoras de DD.HH. de diferentes territorios y organizaciones como por ejemplo la Fundación Cordobexia de Córdoba, la Asociación de Mujeres Desplazadas del Meta (ASOMUDEM), la Red de Derechos Humanos del Putumayo, lideresas sindicales de Soacha, lideresas indígenas de Córdoba, y defensoras de DD.HH de Bolívar. Varias de estas acciones son emprendidas por actores armados ilegales como el Clan del Golfo. Todas las mujeres que se han visto afectadas por estas agresiones, han sido víctimas de ataques por sus actividades en defensa del territorio y de sus comunidades, e incluso en el marco de exigencia de apoyos gubernamentales y mínimos básicos de existencia para sobrevivir a la cuarentena como ocurrió con Carlota Isabel Salinas, lideresa de mujeres asesinada en Bolívar mientras recolectaba alimentos para las personas más vulnerables, y con lideresas de ASOMUDEM quienes han sido perseguidas y señaladas tras denunciar la entrega de productos no aptos para el consumo humano en el municipio de Vista Hermosa, del Meta. Otros grupos poblacionales vulnerables Poblaciones como las mujeres migrantes tienen una mayor exposición a vulneraciones de Derechos Humanos y violencias basadas género, violencia intrafamiliar o agresiones sexuales, dado que la coyuntura refuerza condiciones de vulnerabilidad que, en el escenario de la normalidad, ya les afecta. ONU Mujeres señala con particularidad las agresiones sexuales, la vinculación a redes de explotación sexual o tráfico de personas, y la pérdida de ingresos económicos como violencias que las afectan a ellas. Poblaciones como las mujeres migrantes tienen una mayor exposición a vulneraciones de Derechos Humanos y violencias basadas género, violencia intrafamiliar o agresiones sexuales, dado que la coyuntura refuerza condiciones de vulnerabilidad que, en el escenario de la normalidad, ya les afecta. Foto: Pares. Las mujeres menores de edad también están expuestas a un incremento del trabajo doméstico y de cuidado no pago ante el aumento de las labores de cuidado en medio de la cuarentena y, como evidencian las cifras presentadas por las instituciones estatales, son la población más afectada por la violencia sexual. Ahora bien, la focalización de recursos sanitarios para la atención del COVID-19, expone a todas las mujeres a una limitación al acceso de los derechos sexuales y reproductivos. Como denuncia la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, en medio de la pandemia se está restringiendo el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la cual no es considerada una solicitud médica urgente y se le da un tratamiento de servicio de salud no prioritario con el que se dilatan los tiempos de atención y se restringe el acceso a este derecho6. Finalmente, otro sector que sufre una violencia particular son las mujeres de tercera edad, quienes cuentan con recursos económicos más limitados que sus pares masculinos. Aunque las cifras históricas de afiliaciones a Colpensiones evidencian que hay una mayor cantidad de mujeres pensionadas que hombres, presentando a enero de 2019 un total de 773.350 mujeres frente a 607.627 hombres pensionados, ha de tenerse en cuenta la brecha salarial por género existente en el país, la cual garantiza que la población masculina cuente con mayores recursos al momento de la jubilación o pensión. La reproducción de violencias históricas Los datos presentados durante la pandemia sobre estas violencias no son un fenómeno generado por el encierro y la angustia emocional y psicológica atadas a la crisis económica que se sabe segura para un futuro cercano, sino que representan una tendencia de agresiones que históricamente se han presentado en el país. Ello se demuestra partiendo del análisis de una sola de estas formas de violencia: los feminicidios. El Observatorio Feminicidios Colombia registró para enero y febrero de este año 88 casos de feminicidios en todo el territorio nacional, los cuales se concentraron en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Santander y Atlántico. Durante los mismos meses del año anterior se contabilizaron 90 casos de feminicidios, y el 2019 finalizó con un total de 571 casos de feminicidio, estas cifras establecen que los datos reportados para el 2020 siguen la tendencia registrada para en 2019. Los datos presentados durante la pandemia sobre estas violencias no son un fenómeno generado por el encierro y la angustia emocional y psicológica atadas a la crisis económica que se sabe segura para un futuro cercano, sino que representan una tendencia de agresiones que históricamente se han presentado en el país. Foto: Pares. En el mejor de los casos, se estaría hablando de un mantenimiento de las cifras de violencias basadas en género y violencias sexuales entre el año 2019 y lo que va de 2020, lo cual no es un escenario esperanzador teniendo en cuenta los datos reportados por cada agresión. Así, la pandemia ha confirmado la ya conocida insignia feminista de que lo personal es político, porque la falta de planeación e implementación de planes, programas y proyectos que prevengan las violencias contra las mujeres ha permitido la reproducción de las mismas y ha potenciado formas de relacionamiento, lenguajes y lógicas que atentan contra las mujeres en todos sus espacios de vida.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Durante la cuarentena han sido varios los problemas sociales que se han agudizado y han sido alertados. Entre estos el olvido y poca atención con las familias indígenas, quienes en reiteradas ocasiones, desde la aplicación de la medida de aislamiento preventivo obligatorio, han hecho el llamado de atención ante la escalada de violencia que se vive en algunos territorios, y por otro lado, tras la ausencia de medidas que permitan acatar la cuarentena en condiciones dignas. Este contexto ha dejado, a partir del último informe de la ONIC, cuatro comunidades directamente afectadas por el virus: los Pastos con tres casos, los Yukpa con dos contagios, los Zenú, quienes han registrado un caso en territorio y uno más en Bogotá,y los Ticuna con un enfermo a causa de coronavirus. A esto se agrega que hay 52 casos por confirmar, cuatro recuperados, un fallecido del pueblo Yanacona y cerca de 535.111 familias indígenas en riesgo de una crisis humanitaria. Esta preocupación también hace parte de la agenda de las comunidades indígenas ubicadas en Risaralda, principalmente en los municipios de Pueblo Rico, Mistrató y Belén de Umbría, donde habitan cerca de 28.000 indígenas, quienes manifiestan que no tienen las garantías para pasar este tiempo de aislamiento, pues hay problemas, principalmente, de inseguridad alimentaria y económicos que agravan otras enfermedades y situaciones presentes en la zona, y a su vez, los deja en una alta vulnerabilidad de contagio de COVID-19. Una alerta a autoridades nacionales y departamentales Estas comunidades han advertido que ante la falta de medidas contundentes y con un enfoque étnico iniciarían un desplazamiento hacia los cascos urbanos de sus municipios, exigiendo que se realicen entregas de implementos de protección, alimentos, agua potable, además de visitas de personal y brigadas de salud. Argumentan que desde hace más de un mes no se realizan estas jornadas y hay graves problemas de fiebre, diarrea, vómito y dolor de cabeza. Situaciones que pueden hacerse más críticas con la emergencia sanitaria que se vive. Por otra parte, a través de Caracol Radio el gobernador mayor del Resguardo Unificado Emberá Chamí, Willington Queragama afirmó: nos dieron 400 tapabocas para el total de indígenas que somos, eso no nos hizo ni cosquillas y es preocupante por ese lado. También estamos muy preocupados por la economía porque la mayoría de jornaleros ya están sin con qué mercar. La Gobernación nos envió una ayuda con unas bolsas de harina y dos tacos de galletas y nada más, es una cosa penosa. De esta forma otro de los reclamos con los que exigen prontitud al Gobierno Nacional y a la administración departamental, es con la entrega de alimentos que respeten los estándares de seguridad y soberanía alimentaria, para así contrarrestar los problemas de salud que se presentan en el territorio. Asimismo, las comunidades aseguran, que como lo han hecho en ocasiones anteriores, también podrían cerrar las vías, esta vez no por la cantidad de gente que circula en sus territorios en medio de la cuarentena decretada, sino por la ausencia de personal administrativo y de salud que propongan soluciones conjuntas para las problemáticas que se viven en esta zona del país. Aunque en la mañana de este miércoles, la Gobernación de Risaralda hizo presencia en el Resguardo Unificado Embera Chamí, los esfuerzos deben responder al total de la población, además atendiendo a las necesidades precisas y urgentes de la comunidad. Cabe señalar que un desplazamiento masivo de estas familias se sumaría a los más de 10.000 hechos que se han presentado en el 2020, además y más precisamente, a los que han sido provocados por las pocas medidas efectivas para atender el COVID-19, situación que ha causado escenarios similares en Belén de los Andaquíes (Caquetá), Cumbitara (Nariño) y Mapiripán (Meta).

Por: Redacción Pares La Organización Internacional del Trabajo advirtió este miércoles que casi la mitad de la población activa mundial, unos 1600 millones de trabajadores que laboran en el sector informal, están en riesgo de perder sus medios de subsistencia debido al constante descenso del número de horas trabajadas a causa del brote del COVID-19. La Organización llegó a esta conclusión tras corregir a la baja su previsión del descenso en el número de horas trabajadas durante el segundo trimestre del año. Esta nueva cifra superaría con creces a la estimada anteriormente. Así, la tercera edición del «Observatorio de la OIT: El COVID-19 y el mundo del trabajo» prevé que la pérdida de horas trabajadas durante el segundo trimestre de 2020, en comparación al último del año pasado, sea del 10,5%, o el equivalente a unos 305 millones de empleos a tiempo completo. La estimación previa pronosticaba un descenso del 6,7%, o el equivalente a 195 millones de empleados a tiempo completo. El cambio en las previsiones se debe a la prolongación y la ampliación de las medidas de confinamiento. La economía informal es la gran perjudicada Pero si hay algún grupo al que la crisis económica provocada por la COVID-19 ha afectado de un modo contundente es el de los 1600 millones de personas que trabajan en el sector informal, casi la mitad de la fuerza de trabajo mundial que asciende a 3300 millones de individuos, sobre un total de 2000 millones a nivel global. «A nivel mundial, el primer mes de la crisis se habría cobrado un 60% de los ingresos de los trabajadores informales. Esto equivale a una caída del 81% en África y las Américas, del 21,6% en Asia y el Pacífico, y del 70% en Europa y Asia Central». Pese a que durante los últimos quince días ha disminuido del 81 al 68% el porcentaje de trabajadores obligados o recomendados a detener su actividad, liderados fundamentalmente por el aumento de actividad en China, más de 436 millones de empresas de todo el mundo se enfrentan a graves riesgos por la interrupción de sus actividades. La mayoría pertenecen a los sectores económicos más afectados por la enfermedad. Así, unos 232 millones, pertenecen al comercio mayorista y minorista, 111 millones a las manufacturas, 51 millones proporcionan servicios de alojamiento y alimentación, y otros 42 millones se dedican al sector inmobiliario u otras actividades comerciales. Medidas urgentes para los más vulnerables El informe insta «a adoptar medidas urgentes, específicas y flexibles» para ayudar a los trabajadores y a las empresas, especialmente las más pequeñas, los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en la economía informal y las demás personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Las medidas para reactivar la economía han de consistir en un alto nivel de creación de empleo que deben contar con el apoyo de políticas e instituciones laborales más robustas, y por sistemas de protección social más amplios y que cuenten con más recursos. Al mismo tiempo, se necesitará «la coordinación internacional de paquetes de medidas de estímulo y de alivio de la deuda». Como menciona el director general de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, la evolución en paralelo de la pandemia y la crisis de empleo provoca que sea más urgente la necesidad de proteger a las capas de población más vulnerables. “Para millones de trabajadores, la ausencia de ingresos equivale a falta de alimentos, de seguridad y de futuro. Millones de empresas en el mundo están al borde del colapso. Carecen de ahorros y de acceso al crédito. Estos son los verdaderos rostros del mundo del trabajo. Si no se les ayuda ahora, sencillamente perecerán», sentenció Ryder.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares En horas de la noche de este 27 de abril se dio a conocer la muerte del niño de tres meses de nacido, Éver Alexander Remigio García, hijo de una pareja de firmantes de paz, en el Hospital Infantil Los Ángeles en Pasto (Nariño) ocurrida el pasado sábado 25 de abril de 2020. El cuerpo del niño fue cremado debido a que se presume que su muerte se debió al Covid-19. A los padres —cuatro días después de la defunción— les fueron entregadas las cenizas de su hijo. Sin embargo, ellos manifiestan no haber recibido respuestas acerca de las causas de la muerte del niño, así como tampoco se les ha practicado a ellos la prueba de contagio. Leidy Irley García Iglesias y Robinson Remigio Leal, padres del menor fallecido, solicitan a la Agencia de Reincorporación y Normalización -ARN, el apoyo y acompañamiento en el traslado, hospedaje y asesoría psicológica y sanitaria correspondientes a esta dramática situación. Cabe señalar que la pareja de excombatientes estaban haciendo su proceso de reincorporación en el ETCR de Pondores, sin embargo, ellos se habían traslado al municipio de Orito, en el departamento del Putumayo. La muerte del menor de tres meses trae consigo una serie de dudas que ni el Hospital, ni las autoridades en estos cuatro días han podido disipar. Pares conoció el proceso que han adelantado Leidy y Robinson pareja firmante del Acuerdo de Paz y padres de Éver. De acuerdo con los padres, el pasado martes 21 de abril el menor enfermó y fue trasladado a la sección de urgencias del puesto de salud del municipio de Puerto Asís. Sin embargo, debido a que el centro de salud no cuenta con una sección de urgencias especializada, el niño fue remitido hasta la ciudad de Pasto. Al día siguiente, el 22 de abril, tras cerca de siete horas de viaje, el niño logra llegar al Hospital Infantil Los Ángeles de Pasto, acompañado de su padre, pues solo podía viajar una persona en la ambulancia. Según la versión a la que tuvo acceso Pares, los médicos le dijeron al padre que el bebé había llegado con un cuadro muy complicado, pero sin darle claridad de qué enfermedad presentaba. Al parecer, a Robinson le dijeron en el hospital que su hijo tenía un virus y que el procedimiento era combatirlo con un antibiótico muy fuerte y que posiblemente podría sufrir un paro cardiorrespiratorio. Según la versión conocida por Pares, en ningún momento hubo claridad de a qué tipo de virus se estaba refiriendo el personal médico. De acuerdo con los padres, el niño no presentaba ninguna enfermedad de nacimiento que pudiese agravar su cuadro clínico. Sin embargo, Ever Alexander falleció a las 11:10 de la mañana en el Hospital Infantil Los Ángeles. Según el acta de defunción el niño murió por Choque Séptico, Estafilococcemia y sospecha de Covid-19. Según la información a la que tuvo acceso Pares, el Hospital se comunicó con el padre del menor en horas de la tarde. Cuando Robinson llegó al centro médico le dieron la noticia sobre la muerte del niño y le informaron que su hijo fue cremado por sospecha de contagio de Covid-19, de acuerdo al procedimiento gubernamental establecido por la pandemia que sufre el país. Por medio del Boletín de Prensa No 152 de 2020, el Ministerio de Salud determinó las orientaciones para la disposición de cadáveres frente a la pandemia de la covid-19: La comunidad debe tener en cuenta que el Ministerio contempla en sus orientaciones para covid-19 que la disposición final del cadáver será preferiblemente mediante cremación y solo en el caso en el que no se cuente con instalaciones para este procedimiento, se practicará la inhumación en sepultura o bóveda. Sin respuestas Tras cuatro días de sucedida la muerte del niño, ni a Robinson ni a Leidy se les ha iniciado el protocolo correspondiente para la detección y atención del Covid-19. Según lo da a conocer la Fundación Lazos de Dignidad, lo que habría dicho el Hospital a Robinson es que «eso no era necesario». Robinson considera que si su hijo fue cremado por sospecha de coronavirus, a él y a su esposa se le debe practicar la prueba. Es importante señalar que Pares intentó comunicarse infructuosamente con la Agencia Nacional de Reincorporación -ARN, para conocer qué acciones están adelantando en el acompañamiento y apoyo de la pareja; asimismo por vía telefónica la Fundación intentó hablar con algún miembro del personal médico en el Hospital Infantil Los Ángeles en Pasto (Nariño), sin recibir ninguna respuesta. «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Los trapos rojos del hambre siguen izados, demostrando, entre otras cosas, que las medidas implementadas no han sido suficientes y no han llegado a la totalidad de hogares que requieren que se creen mecanismo que contemplen las distintas necesidades por las que pasan los sectores más vulnerables, tras el decreto de aislamiento preventivo obligatorio a causa del Covid-19. Ante esto, varias organizaciones y sectores han decidido a través del trabajo colectivo generar acciones que permitan llevar diferentes tipos de ayudas a las zonas más afectadas, sin embargo, ha sido advertido en reiteradas ocasiones que este tipo iniciativas no podrán cubrir todos los hogares y que tampoco son sostenibles por mucho tiempo. Asimismo, en una reciente entrevista con Iván Jaramillo, docente e integrante del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, se recalcó, como también lo han hecho otros sectores, en “abrir el debate de sobre la renta básica universal”. Una propuesta de la bancada de la oposición Hoy se dará vía a esa discusión por medio de una propuesta presentada por la bancada de oposición del Congreso que se dio a conocer a través de una rueda de prensa y que será radicada en la Cámara y el Senado. En esta se invita a un gran consenso nacional sobre un Mínimo para la Vida, el cual iría dirigido a todas las personas que están en situación de vulnerabilidad socioeconómica, laboral y de ingresos, priorizando madres cabeza de familia, víctimas del conflicto armado, trabajadores informales, personas con discapacidad sus cuidadoras y cuidadores, personas reincorporadas, y a su vez teniendo en cuenta un enfoque de género y étnico. Este Mínimo para la Vida permitiría dar liquidez en las familias para cubrir necesidades básicas en vía de asegurar la vida digna en cada hogar, en donde se tengan recursos para solventar gastos de alimentación y pagos de servicios públicos domiciliarios. Esto sería implementado durante el tiempo en el que se mantenga la emergencia sanitaria y por lo menos por los tres meses siguientes. Esta medida sería efectuada por medio de un ingreso económico en cada familia de un salario mínimo legal vigente ($877.212), además de un incremento que se determinaría con la cantidad de personas que conforman el hogar, las variables de vulnerabilidad y los enfoques de género y étnico, lo que daría un máximo de $2.200.000 mensuales por hogar, variando a través de las características que sean evaluadas. Este apoyo llegaría a cerca de 11 millones de familias, lo que representa alrededor de 32 millones de personas. Además, implicaría destinar, según el senador Julián Gallo del partido de Farc, casi 19 billones mensuales, los cuales saldrán, ente otras medidas, a través de la unificación de los programas sociales que se están brindando como Adulto Mayor, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario y la devolución del IVA creado por la Reforma Tributaria. ¿De dónde saldrían los recursos? Además de la unificación de las ayudas que se están entregando por parte del Gobierno Nacional, las cuales, para la Representante a la Cámara, María José Pizarro, son dispersas, ineficientes e insuficientes. Por lo tanto, nuestra propuesta lo que permite es unificarlas, reduciendo los costos administrativos, los costos transaccionales y los problemas de corrupción que se han presentado, también se implementarían otras medidas para poder responder económicamente con esta iniciativa. Estas fuentes serían la refinanciación de la deuda pública colombiana, operaciones de financiamiento a favor del Estado y medidas monetarias a través del Banco de la República con los recursos de reservas internacionales o compra de bonos del tesoro. Lo cual, precisó el senador Julián Gallo, representaría “la declaración de una moratoria en el pago de la deuda externa, más un préstamo del Banco de la República, apelando al 10% de las reservas internacionales que tiene Colombia que hoy en día que abarcan 213 billones de pesos. También es posible que el Gobierno apele a la posibilidad que brinda la Constitución para que en el marco de una emergencia de este tipo se puedan imponer nuevos impuestos, y en ese caso estamos hablando de grandes patrimonios de personas naturales y jurídicas. Hay modificar el sistema tributario con impuestos temporales, y colocar una sobretasa, por ejemplo, al impuesto de renta para el sector financiero. Redireccionar los recursos para la guerra Igualmente se aclaró que es necesario redireccionar varios gastos de la Nación, por ejemplo, el de la guerra, el cual abarca cerca de 8 billones de pesos. Adicionalmente, el senador del Polo Democrático, Wilson Arias, aseguró que en medio de esta pandemia “se adquirieron 23 camionetas por 9.600 millones de pesos, lo que representaría cerca de 96.000 mercados de $100.000 para familias de cuatro personas. A eso agregándosele la compra de 10 tanquetas para el ESMAD, lo cual significa otros 7.900 millones que en estos momentos de emergencia no se justifican”. Por otra parte, la senadora Partido Coalición Lista de la Decencia, Aída Avella, enfatizó en que también hay que abrir el debate sobre los aportes y responsabilidades que el sector privado tiene en la coyuntura, pues si bien algunos empleados de entidades públicas deben aportar de sus ingresos el 20%, 15% o 10%, aún no se tiene claridad de cómo se verían implicadas en esta emergencia las grandes empresas privadas y empresarios. “¿Dónde está, por ejemplo, el presidente de Federación Nacional de Cafeteros que gana 105 millones de pesos al mes? ¿Dónde están los altos funcionarios de Ecopetrol con sus salarios de casi 63 millones mensuales? También hay llamar a las cámaras de comercio, donde los altos mandos ganan cerca de 80 millones de pesos, y los de Neiva y Montería 40 millones. Por ejemplo, las cámaras de comercio cogen el registro mercantil y en términos corrientes eso representa casi 1 millón de pesos al año. Hay necesidad de decirles a estos sectores ¿qué están aportando? El llamado deber ser a empresas como Fedegan, Acueducto, Energías Eléctricas, Hidroituango, entre otras”, señaló. A esto se le agrega que esta iniciativa permitiría una dinámica cíclica de los recursos, en la cual las personas más afectadas económica y socialmente por el virus podrían permanecer en sus hogares, pero con la tranquilidad de la seguridad alimentaria y a condiciones de habitabilidad dignas. Asimismo, permitiría que estos recursos reactivaran la economía, generando a su vez nuevos ingresos. De esta forma se mitigarían las consecuencias y desigualdades que la propagación del Covid-19 ha acentuado y además se atendería a los sectores que, hace más de un mes, están esperando respuestas y soluciones efectivas, y a su vez exigiendo que se respeten los derechos fundamentales. Aportes del sector financiero Tras esto, los congresistas aseguraron que los recursos existen y que el Gobierno está en la capacidad de implementar el Mínimo para la Vida, sin necesidad de darle prioridad de liquidez al sector financiero, mientras se sacrifica a las gentes del común a través de los créditos que se les ofrece, los cuales a corto plazo agudizarían la problemática generando deudas mayores en las clases más empobrecidas y en la clase media. “En estos momentos buena parte de los recursos se están yendo a financiar el consumo de crédito en los hogares, eso es una tragedia. El año pasado la economía creció por remesas y crédito del consumo de los hogares, y ahora básicamente por refinanciación de tarjetas de crédito. Esto es muy peligroso para cualquier sociedad”, aseguró Wilson Arias. “(…) Es inadmisible que a los pequeños negocios los llamen para hacer unos préstamos y que éstos tengan intereses. Necesitamos que la clase media tenga realmente un estímulo y ese estímulo tiene que ser un préstamo sin intereses, eso lo hacen muchos países. ¿Por qué en Colombia solo se les llenan los bolsillos a los banqueros? indicó Aída Avella. Adicionalmente, se informó que para poder llevar este Mínimo para la Vida a los hogares que lo exigen se tomarán los registros del Sisbén y el DANE, pero que igualmente se realizarán otras focalizaciones con el contexto de hoy, el que se permita evaluar nuevos factores, como, por ejemplo, las personas que se quedaron sin empleo y las que basan su actividad económica en el trabajo informal. Por otra parte, se hizo la invitación a los sectores, organizaciones y personas con injerencia en las decisiones nacionales para evaluar el documento y así poder instalar una mesa de concertación.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Hace dos años, el 28 de abril de 2018, se presentó un deurrumbe que bloqueó un túnel de desviación del proyecto HidroItuango que afectó al río Cauca, el segundo afluente más importante de Colombia que alimenta el territorio desde la lengua del Buey —en el Macizo Colombiano— hasta llegar al Brazo de Loba cerca del municipio de Pinillos, en Bolívar. Las implicaciones de este proyecto han sido contra del medio ambiente, en contra de los procesos que adelantan familiares en la búsqueda de personas que desaparecieron en el río y contra miles de colombianos que históricamente han subsistido de las economías que se desprenden del afluente. Hoy, las comunidades siguen en esta lucha contra una monumental catástrofe social y la impunidad que la ha cobijado. El río Cauca podría perder el 20% de su caudal y todos los colombianos tendríamos que asumir, no solo este crimen ambiental de proporciones incalculables, sino el inmenso descalabro financiero de un proyecto fallido. En la investigación realizada por la Contraloría General entre el 4 de marzo y el 17 de julio de 2019, se pudo determinar que la gestión de la gerencia y control del proyecto Hidroituango no solo ha incumplido los objetivos que se propuso en materia de resultados físicos y financieros, sino también los principios de eficiencia y eficacia, en este último caso generando una destrucción de valor. En noviembre de 2018, cientos de familias de la región denunciaron que se sienten amenazados por los reclamos que adelantan y que los ejercicios de memoria en busca de los desaparecidos se han visto truncado. Recordemos que —según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica— en los 17 municipios que rodean el río Cauca en Antioquia se han perpetrado alrededor de 110 masacres. Políticos salpicados por Hidroituango La Contraloría, para noviembre de 2019, declaró que hubo manejos irregulares en el proceso del megaproyecto paisa’. Dentro los 34 nombres salpicados por el detrimento patrimonial y a los que se les abrió un proceso de responsabilidad fiscal se encuentran los exgobernadores de Antioquia Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo; Federico José Restrepo, representante legal de EMP y miembro de la junta de Hidroituango; Alejandro Antonio Granda, miembro principal de la junta directiva de Hidroituango, Fabio Alonso Salazar Jaramillo, exalcalde de Medellín, el actual gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria; y exgerente de EPM, Juan Esteban Calle. Tal como había advertido Pares, de acuerdo con la Contraloría, la suma del detrimento patrimonial es de cuatro billones setenta y cinco mil seiscientos ochenta millones de pesos 4.075.680.000.000, por los cuales deben responder. Sin embargo, los reflectores apuntan a Sergio Fajardo, Aníbal Gaviria y Juan Esteban Calle quienes llevaron a cabo el denominado “Plan de aceleramiento” para que el proyecto cumpliera la ambiciosa apuesta que se habían planteado como fecha. Dicho plan, entre otras cosas, cambió los diseños originales del proyecto y conllevó a la construcción de un túnel de desviación auxiliar que, debido a la falta de loza de cemento no aguantó, desprendiendo suelo de roca. Resultado del plan de aceleración: derrumbe y una ‘contingencia sin precedentes’. De hecho, de la cifra de dos billones novecientos setenta y un mil cuatrocientos millones de pesos ($2.971.400.000.000) que concierne a las inversiones realizadas no justificadas, que llevaron a que se diera una pérdida o destrucción del valor del proyecto. El billón ciento cuatro mil doscientos ochenta millones de pesos ($1.104.280.000.000) restante, es por concepto de los recursos dejados de percibir por el Estado como consecuencia de la no entrada en operación de la hidroeléctrica en las fechas planeadas originalmente. En 2013, en entrevista con Teleantioquia Fajardo señaló que la aceleración del proyecto era una tremenda inversión la que estamos haciendo, es una responsabilidad política que nosotros asumimos, una inversión social. Vamos a generar riqueza para Medellín, para Antioquia. ‘En Antioquia la más educada’ y en ‘Medellín un lugar para la vida’ que son las expresiones que expresan lo que significa nuestro Plan de Desarrollo en el Proyecto Integral de HidroItuango estamos haciendo un salto gigantesco de la mano de EPM y del IDEA…”. Fajardo, dos años después de lo ocurrido, declaró que será nuevamente candidato presidencial esta vez con miras a 2022. En entrevista con El Tiempo, sobre las críticas que pesan sobre sus hombros por su gestión como gobernador y frente al tema de la Contraloría señaló: Hacen todo lo posible por alejarlo a uno de la contienda política, y una de las formas que utilizan es póngale demandas, por eso por primera vez en la historia de Antioquia un gobernador ha sido demandado por la Contraloría, ¿por qué? pues porque el señor contralor de Antioquia en conjunto con el gobernador tienen la estrategia ‘vamos a fregar a Fajardo. El fantasma de la contratación La Fiscalía General de la Nación a comienzos de 2019 reveló detalles acerca de estas irregularidades que se presentaron en el año 2011, tiempo en el que Fajardo empezaba su periodo como gobernador de Antioquia. La Fiscalía General anunció en ese momento que citaría a indagatoria sobre este mismo asunto de irregularidades en la contratación del proyecto a Álvaro Villegas Moreno, Ana Cristina Moreno Palacios, Hugo Alejandro Mora Tamayo, Juan Felipe Gaviria Gutiérrez, Jesús Arturo Aristizábal, Maximiliano Valderrama Espinosa, Luis Javier Vélez Duque— en calidad de gerente EPM Ituango— y Juan Esteban Calle Restrepo —gerente de EPM E.S.P—. Según lo dio a conocer la entidad, Hidroituango abrió una licitación pública que se configuraba como una convocatoria para empresas internacionales con experiencia en construcción de hidroeléctricas. Para 2010 las cosas transcurrían sin mayores contratiempos, hasta que, sin ningún aviso previo, en marzo del mismo año se suspendió el proceso que posteriormente fue adjudicado de forma directa a EPM E.P.S. Dentro de las seis empresas que estaban participando del proceso de licitación: Consorcio Kepco, empresa encargada de suministrar el 93% de energía en Korea, China Three Gorges Corporation, una de las empresas más grandes del mundo y que, entre otras cosas, construyó la hidroeléctrica más grande del mundo; Three Gorges Dam. A pesar de ello, de acuerdo con la Fiscalía, hubo “una sesión extraordinaria de asamblea de accionistas de EPM ITUANGO, Empresas Públicas de Medellín, con el 99,4% de las acciones, votó favorablemente la proposición de ceder a EPM el contrato para construir, mantener y operar la Hidroeléctrica Ituango, resultado que le permitirá tomar todas las decisiones por un periodo de 50 años. El proceso de contratación culminó el 19 de enero de 2013, EPM Ituango S.A. E.S.P (cedente – contratista) y EPM E.S.P. (cesionario)”. Panteones del olvido En redes sociales, a propósito de los dos años de la contingencia, EPM se ha explayado con información que habla sobre avances en términos de la obra pues su pretensión de suministrar el 17% de la energía del país en 2021. Sin embargo, muy poco se ha hablado de la vinculación formal que le hizo la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP, en el proceso que adelantan el tribunal sobre las personas dadas por desaparecidas en la zona de influencia del proyecto de Hidroituango a EPM y a la empresa Integral S. A., el pasado 10 de marzo de 2020. A raíz de eso, entre el 8 y 9 de octubre de 2019, se realizó la Audiencia de la Jep sobre el caso Hidroituango, en el que se le solicitó a EPM (al igual que a la Fiscalía y a la Gobernación de Antioquia) la entrega de información de los lugares de influencia del proyecto de la hidroeléctrica en relación a la desaparición forzada. Por ejemplo, sobre la exhumación realizada por EPM y la Fiscalía General de la Nación, quienes trasladaron más de 300 cuerpos que, entre otras cosas, ni EPM ni la Fiscalía pudieron determinar si se trataban de víctimas de desaparición forzada. Así las cosas, tuvieron que pasar cinco (5) meses para que la JEP vinculara a EPM de manera formal, por no cumplir con los requerimientos del Tribunal Especial. Esta vinculación formal fue expedida por la Sección de Ausencia de Reconocimiento que le solicitó a EPM entregar toda la información que tenga sobre dichos cuerpos exhumados y trasladados del cementerio del corregimiento de Barbacoas en el municipio de Peque, al norte del departamento, en Orobajo en el municipio de Sabanalarga y La Fortuna en el municipio de Buriticá, ambos al occidente del departamento. Llama la atención que el 5 de marzo de 2018 EPM dijo, entre otras cosas, sobre la exhumación y el traslado de cuerpos: este procedimiento, que no tiene antecendentes en Colombia, se lleva a cabo con los estándares nacionales e internacionales (…) con rigurosidad y de manera coordinada con las familias de las comunidades. Sin embargo, miles son las familias que no saben dónde están sus muertos por cuenta de la desaparición forzada. Cabe recordar que el 29 de agosto de 2018, nueve peticionarios —dos representantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y siete familiares de desaparecidos—le solicitaron a la JEP tomar medidas cautelares anticipadas sobre 17 lugares del país, en los cuales «se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto armado». Justamente, una es la zona de influencia del proyecto Hidroituango. La verdad de las víctimas busca salir a flote Precisamente, la zona en la que se encuentra el proyecto —según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica— en los 17 municipios que rodean el río Cauca en Antioquia hay 2.345 víctimas de desaparición forzada. De los 17 municipios, de acuerdo con el CNMH, en Valdivia se registraron 25 masacres (164 víctimas), 12 en Ituango (71 víctimas) y 10 en Tarazá (81). Sobre los cementerios de los municipios en los que se realizaron exhumaciones, en Peque se registran cuatro masacres (28 víctimas), en Buriticá cuatro masacres (18 víctimas) y en Sabanalarga siete mesacres con (31 víctimas). De hecho, tan solo yendo a las cifras de 2018 y 2019, según el Registro Único de Víctimas -RUV, en el departamento antioqueño se han registrado 24 casos de desaparición forzada, cabe recordar que uno de los repertorios de violencia usado por los grupos armados es desaparecer cuerpos en los ríos. Evolución de las desapariciones y masacres en la zona de influencia de HidroItuango. Mapa elaborado por JEP. Asimismo, en aquella Audiencia Luis Gabriel Salas —geógrafo del Grupo de Análisis de Información de la JEP—; señaló la existencia de fosas comunes en seis municipios de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Hidroituango. Frente a estos hechos, y contrario a las evidencias de las masacres y los casos registrados de desaparición forzada, El Espectador reveló que EPM en un comunicado le dijo a la JEP que las características propias de la zona del embalse del proyecto demuestran que, a lo largo de sus 79 kilómetros, son pocos los lugares donde es probable que permanezcan cuerpos o restos humanos susceptibles de ser inhumados, y que en los lugares donde, por condiciones técnicas y humanas era posible encontrar restos humanos, la Fiscalía General de la Nación ha llevado a cabo su labor, encontrándose agotada la información disponible. De todas formas, la JEP a través del auto 030 de 2020 declaró improcedente la posición de EPM puesto que a la JEP no le ha sido enviado documento alguno de la Fiscalía General de la Nación que certifique, establezca o señale que se han realizado un proceso de búsqueda, prospección, recuperación y exhumación exhaustivo en la zona de influencia del proyecto de Hidroituango (especialmente el área inundada) y/o que no subsisten lugares de inhumación o cuerpos de personas víctimas del conflicto, en especial de desaparición forzada, en dicha área. “Los muertos tienen mucho por decir” Es por ello, que organizaciones como el Movimiento Ríos Vivos continúan bajo la premisa de que Los muertos tienen mucho por decir y continúan exigiendo verdad pues, a dos años de lo ocurrido, señalan que EPM será recordada por inundar a los desaparecidos, por arrasar el Bosque Seco, por arrebatar la vida del río Cauca y por afectar para siempre la estabilidad de la zona. Vale la pena recordar que, a principios de noviembre de 2019, la JEP decretó el sellamiento parcial y temporal del Laboratorio de Osteología Antropológica de la Universidad de Antioquia en busca de la protección de los cuerpos que se encontraban allí y que fueron trasladados desde los cementerios. Aún hay muchas pesquisas sin resolver, por ejemplo, Pares ha venido advirtiendo desde el año pasado que entre los restos que provenían de Orobajo habrían varias cajas contenedoras de cuerpos esqueletizados con el rótulo de ‘DISPERSOS’. Cajas que contienen partes de cuerpos que corresponden a varios individuos, pero sin que exista registro alguno con nivel de certeza, del número de individuos a los cuales pertenecían. El pasado 21 de abril, la JEP rechazó el pedido de aclaración hecho por la Universidad de Antioquia debido a que, de acuerdo con la JEP, este tribunal especial tiene plena competencia para vincular, requerir e incluso imponer medidas cautelares que afecten a terceros. Misma respuesta que le dio a EPM quien habría insinuado que el tribunal no tenía potestad. Pescadores en el olvido Pares habló con Libardo Arias, líder de pescadores en el Bajo Cauca antioqueño quien ha asegurado que no han recibido ninguna ayuda por parte de EPM, ni municipal, ni tampoco departamental. De hecho, de acuerdo con el líder, frente al abandono los pescadores nos hemos visto en la obligación de pasar trabajos para no morir de hambre. Hay 3824 familias afectadas Puerto Valdivia, Cáceres, Caucasia, Nequí, MonteBello, Bagre y Zaragoza; desplazadas de nuestra actividad pesquera. «Hidroituango nos dejó con una mano adelante y la otra atrás”, señala Libardo.

Por: Redacción Pares Tras concluir una Actuación Especial de control fiscal, la Contraloría General de la República de la República determinó la ocurrencia de un presunto daño fiscal por $5.364 millones, por el uso improductivo de los recursos que invirtió la Policía Nacional, a través del Fondo Rotatorio de la entidad, en la construcción de un proyecto de 51 casas fiscales en el municipio de San Luis (Tolima). Las casas no fueron terminadas y no cuentan con condiciones de habitabilidad. Debilidades en las etapas de planeación y ejecución de la segunda etapa del proyecto denominado “Ciudadela Policial CENOP”, ocasionaron la desfinanciación de la obra y el abandono de la misma, por no existir recursos para finalizarla. Las viviendas inconclusas estaban destinadas a familiares de los Comandos Junglas, encargados de operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado. Parte del posible detrimento patrimonial encontrado en este caso corresponde a lo invertido en obra ($5.132 millones) y el resto a la interventoría ($231 millones). Los contratos de obra y de interventoría fueron suscritos en diciembre de 2012, el primero con la firma Socar Ingeniería Ltda. y el segundo con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Un hecho llamativo para la Contraloría es que para la construcción de las 51 viviendas se dio un plazo de ejecución de apenas 3 días, por cuanto el acta de inicio es del 27 de diciembre 2012 y el plazo de ejecución del contrato era hasta el 31 de diciembre de 2012, deficiencia de planeación que llevó a realizar cuatro prórrogas. La obra está abandonada hace aproximadamente 4 años y, según el organismo de control, no se evidencia gestión alguna para su terminación y el cumplimiento de los fines para los cuales se hizo esta millonaria inversión. Tanto en la etapa de planeación como en la de ejecución, ocasionaron la desfinanciación de la obra y al no existir recursos para terminarla, vino consigo el abandono de la misma. Antecedentes encontrados por la Contraloría La Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad adelantó esta Actuación Especial de control fiscal sobre los recursos invertidos por el Fondo Rotatorio de la Policía, para la construcción del proyecto “Ciudadela Policial – CENOP”, en el municipio de San Luis (Tolima). Fue así como efectuó una revisión desde el punto de vista técnico, jurídico y financiero a los contratos celebrados desde el momento de su planeación (vigencias 2010 – 2011) y ejecución (2011-2015) hasta la fecha, concluyendo -como se indicó antes- que existió un daño fiscal en la Fase II por valor de $5.364 millones. Verificando los antecedentes de la obra, se determinó que inicialmente la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional, estableció la necesidad de 51 viviendas que conformarían la segunda etapa del proyecto “Ciudadela Policial CENOP en San Luis, Tolima”. Para este efecto, la Policía Nacional y el Fondo Rotatorio de la Policía –FORPO, gestionaron y destinaron un total de $7.000 millones: $6.697 millones para obra y $302 millones para interventoría. Para lo anterior se celebraron en el mes de diciembre de 2012 dos contratos: el de obra con la firma Socar Ingeniería Ltda. y el de interventoría con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, respectivamente. El acta de inicio tiene fecha 27 de diciembre 2012 y el plazo de ejecución del contrato era hasta el 31 de diciembre (3 días). Por esta deficiencia de planeación se debieron realizar cuatro prorrogas, así: El 31 de diciembre de 2012 por seis (6) meses, hasta el 30 de junio de 2013. El 28 de junio de 2013 por cuatro (4) meses, hasta 28 de octubre de 2013. El 31 de diciembre de 2013, hasta el 30 de mayo de 2014. El 30 de mayo de 2014, hasta el 28 de agosto de 2014. Estas prórrogas en tiempo no modificaron la forma de pago. Por lo tanto, no existe relación entre las prórrogas otorgadas, la forma de pago pactada y los recursos presupuestales apropiados, lo que condujo a que la Reserva Presupuestal expirara, quedando desfinanciada la obra.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Las regiones más afectadas por el conflicto armado siguen registrando hechos victimizantes, aun cuando en todo el territorio nacional rige desde el pasado 25 de marzo el decreto de aislamiento preventivo obligatorio, el cual, según el más reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), «es un factor adicional que configura una múltiple afectación para poblaciones vulnerables ya afectadas». Esta situación ha sido alertada a través de varios hechos en los que se han registrado asesinatos a líderes y lideresas sociales, a personas en proceso de reincorporación, reclutamiento a menores, amenazas, enfrentamientos entre grupos armados ilegales, masacres y desplazamientos forzados. Acerca de estos últimos hechos, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), informó que en el primer trimestre del año más de 10.000 personas fueron desplazadas y cerca de 7.300 están confinadas. Cauca: asesinatos, desplazamiento y miedo Cabe señalar que tan solo en la última semana en el Cauca se registró el asesinato de los líderes Hugo de Jesús Giraldo López en Santander De Quilichao, Floro Samboní Gómez en Almaguer, además de Jesús Albeiro Riascos y Sabino Ángulo, quienes estaban en medio de una asamblea en la vereda de Agua Clarita (San Juan del Micay). Igualmente, en la mañana del 26 de abril fueron encontrados en el Cañón del Micay los cuerpos de dos campesinos que habitaban las veredas que colindan con el Consejo Comunitario AfroRenacer del Micay. Esto ha generado que ante el miedo las comunidades deban abandonar sus territorios, tal como se informó el pasado 22 abril a través del comunicado de la Red Por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca: “Todos estos hechos generaron un mayor desplazamiento de más de 100 personas, entre líderes, sus familias y comunidades que hoy se encuentran huyendo de la muerte”. Asimismo, el Equipo de Derechos Humanos del Proceso de Comunidades Negras (PCN), alertó que “El 24 de abril, aterrados por el asesinato, se desplazaron forzadamente alrededor de 80 personas de las veredas Agua Clarita, Nayita, y Zabaletas. Las personas que abandonaron las veredas fueron interceptadas por el grupo armado autodenominado ‘Carlos Patiño’, el cual montó un retén ilegal a la altura de la vereda Agua Clarita e impidieron el desplazamiento de las personas, informando que en la ‘lista para asesinar’ había solo 30 personas más y que el resto podía regresar a sus casas, pero que si se desplazaban no podían retornar a sus territorios”. El desplazamiento no conoce cuarentenas A partir del documento de OCHA se conoce que el desplazamiento está presentando mayores índices en cuatro departamentos, en los cuales la principal razón son las situaciones relacionadas con hechos accionados por grupos armados ilegales, quienes, señala el Informe, “están utilizando las medidas preventivas del COVID-19 como mecanismo de control social en las poblaciones vulnerables, afectadas en emergencias por desplazamientos y confinamientos”. Estas zonas son Nariño, en donde en los primeros tres meses del año se han registrado 998 hechos de desplazamiento, siendo los municipios de Roberto Payán y Francisco Pizarro, los puntos donde este tipo de violencia ha dejado más afectados. Situación similar hay en Norte de Santander, siendo Sardinata el lugar con más casos, registrando 231 hechos, mientras que en la zona fronteriza con Táchira hay 386 personas desplazadas. Esto se repite, como se nombró anteriormente, en el Cauca, departamento en donde solo en Argelia ha habido 593 acciones que terminaron en desplazamientos forzados. A esto se le agrega que en el Chocó alrededor de 3.623 personas permanecen confinadas en las zonas de Alto Baudó (3.083) y Bajo Baudó (540), mientras que cerca de 2.055 han tenido que salir de sus territorios por los ataques armados que se han presentado entre las AGC y el ELN desde el pasado 03 de abril, dejando en medio a la población, en la que hay comunidades indígenas del Resguardo Pichicora Chicué Punto Alegre-Río Chicué. Adicionalmente, la propagación del Covid-19 ha repercutido en este sentido en dos escenarios. Por una parte, en el caso del Caquetá también ha generado desplazamientos, los cuales rondan los 56 casos en Belén de los Andaquíes. Hechos similares se han presentado en Cumbitara, Nariño, en donde un menor contagiado fue amenazado y obligado a abandonar su territorio junto con su familia. Mientras que en Mapiripán, Meta, cerca de 15 familias de la comunidad indígena Jiw, tuvieron que confinarse en medio de las montañas del municipio al no encontrar protocolos y medidas que en efecto previnieran el riesgo de contagio. El olvido estatal Por otro lado, según el Informe, las restricciones de movilidad dadas con el decreto de aislamiento preventivo obligatorio, implementado desde el 25 de marzo, ha generado que con la suspensión de actividades y misiones de muchas organizaciones defensoras de derechos humanos se agudicen los escenarios de violencia, sin poder hacer veeduría y acciones de mitigación de riesgos. Es necesario nombrar que la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) también informa que entre enero y marzo más de 19.500 personas se han visto afectadas por eventos asociados a desastres naturales, y más de 100 han sido víctimas de minas antipersonal y otros artefactos explosivos no convencionales. Este contexto ha fortalecido el olvido estatal en zonas donde se siguen sumando nombres a la larga lista de líderes y lideresas sociales, campesinos, indígenas, afrocolombianos, excombatientes, y población en general asesinada y afectada por los diversos hechos que la violencia trae per se. Contexto que merece acciones con urgencia, tanto dentro de la emergencia sanitaria, pero también dentro de la historia que nunca nos ha dejado, incluso cuando algunos sectores se empeñan en el negacionismo: la del conflicto armado y social del país.