Por: Redacción Pares La pandemia del coronavirus (COVID-19) impacta a las economías de América Latina y el Caribe a través de factores externos e internos cuyo efecto conjunto conducirá a la peor contracción que la región ha sufrido desde 1914 y 1930. Según las últimas estimaciones, se prevé una contracción regional promedio de -5,3% para 2020, informó hoy la CEPAL durante el lanzamiento de un nuevo informe. La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, presentó este martes 21 de abril el Informe especial COVID-19 N⁰ 2, titulado Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación, sobre el seguimiento de los efectos económicos y sociales de la actual crisis derivada del impacto del coronavirus en la región (cuya primera entrega se efectuó el 3 de abril pasado). En una conferencia de prensa virtual transmitida en vivo desde la sede central del organismo regional de las Naciones Unidas en Santiago de Chile, Bárcena dio a conocer también las nuevas proyecciones de crecimiento para cada uno de los países miembros de la Comisión. Según el informe, desde antes de la pandemia, América Latina y el Caribe ya acumulaba casi siete años de bajo crecimiento, con un promedio de 0,4% entre 2014 y 2019. La crisis que sufre la región este año 2020, con una caída del PIB de -5,3%, será la peor en toda su historia. Para encontrar una contracción de magnitud comparable hace falta retroceder hasta la Gran Depresión de 1930 (-5%) o más aún hasta 1914 (-4,9%). El COVID-19 en América Latina El documento plantea también que la crisis del coronavirus se ha transmitido a América Latina y el Caribe a través de cinco canales: una reducción del comercio internacional, la caída de los precios de los productos primarios, la intensificación de la aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales, una menor demanda de servicios turísticos y una reducción de las remesas. “Los efectos del COVID-19 generarán la recesión más grande que ha sufrido la región desde 1914 y 1930. Se prevé un fuerte aumento del desempleo con efectos negativos en pobreza y desigualdad”, declaró Alicia Bárcena en su presentación. “Los países de la región han anunciado medidas importantes, las que deben ser reforzadas mediante la ampliación del espacio fiscal. Es urgente acceder a recursos financieros con base en un apoyo flexible de los organismos financieros multilaterales, acompañado de líneas de crédito a bajo costo, alivios del servicio de la deuda y eventuales condonaciones. Además, se requiere repensar el modelo de inserción de la región y las alternativas de reactivación a la luz de los cambios estructurales que ocurrirán en la globalización y el mundo post COVID-19”, agregó la alta funcionaria de las Naciones Unidas. En el detalle de sus proyecciones, el organismo prevé que América del Sur se contraiga -5,2% debido a que varios países de esta zona se verán muy afectados por la caída de la actividad de China, que es un importante mercado para sus exportaciones. En tanto, en América Central la caída sería de -2,3%, afectada por la caída en el turismo y la reducción de la actividad de Estados Unidos, su principal socio comercial y fuente de remesas; mientras que el Caribe se contraería en -2,5%, debido a la reducción de la demanda de servicios turísticos. La interrupción de las cadenas de valor producida por la pandemia impactará con mayor intensidad en las economías brasileña y mexicana, que poseen los sectores manufactureros más grandes de la región. En tanto, el valor de las exportaciones de la región caería cerca de 15%. Los mayores impactos se darían en los países de América del Sur, que se especializan en la exportación de bienes primarios y, por lo tanto, son más vulnerables a la disminución de sus precios. Por su parte, el valor de las exportaciones de Centroamérica, el Caribe y México sufrirá el impacto de la desaceleración de la economía de los Estados Unidos. México además se verá golpeado por la caída del precio del petróleo. Las proyecciones también anticipan un importante deterioro de los indicadores laborales en 2020. La tasa de desempleo se ubicaría en torno a 11,5%, un aumento de 3,4 puntos porcentuales respecto al nivel de 2019 (8,1%). De esta forma, el número de desempleados de la región llegaría a 37,7 millones. Asimismo, la elevada participación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en la creación del empleo (más del 50% del empleo formal) aumenta los impactos negativos, pues este sector ha sido duramente afectado por la crisis, mientras que la desigualdad de género se acentuará con medidas como el cierre de las escuelas, el aislamiento social y el aumento de personas enfermas, pues aumentará la sobrecarga de trabajo no remunerado de las mujeres. Por otro lado, la caída de -5,3% del PIB y el aumento del desempleo tendrían un efecto negativo directo sobre los ingresos de los hogares y su posibilidad de contar con recursos suficientes para satisfacer las necesidades básicas. En ese contexto, la tasa de pobreza en la región aumentaría en 4,4 puntos porcentuales durante 2020 al pasar de 30,3% a 34,7%, lo que significa un incremento de 29 millones de personas en situación de pobreza. Por su parte, la pobreza extrema crecería en 2,5 puntos porcentuales pasando de 11,0% a 13,5%, lo que representa un incremento de 16 millones de personas. “Los líderes del G-20 deben apoyar que las organizaciones multilaterales presten a tasas de interés favorables y alivien de la deuda de los países altamente endeudados, aplazándola o condonándola. De lo contrario, los pagos serán imposibles y se comprometerá el espacio fiscal. Se requieren medidas excepcionales para enfrentar una crisis sin precedentes. No habrá progreso sin cooperación y solidaridad internacionales”, recalcó Alicia Bárcena. Más allá de la pandemia La crisis productiva traerá cambios que persistirán más allá de la pandemia sanitaria, explica el reporte. Se necesitará mayor resiliencia en las redes de producción diversificando proveedores en términos de países y empresas, privilegiando ubicaciones más cercanas a los mercados finales de consumo (nearshoring) y relocalizando procesos productivos y tecnológicos estratégicos (reshoring). Las empresas ya están adecuando su funcionamiento interno a las medidas de distanciamiento social, acelerando la tendencia a la automatización y digitalización, y se aprecia una agudización en la fragilidad del multilateralismo. La CEPAL agrega que no se revertirá la globalización, pero sí habrá una economía mundial más regionalizada en torno a tres polos: Europa, América del Norte y Asia oriental. “Hay que prepararse para el mundo post COVID-19. Debemos pensar el futuro de la región en la nueva geografía económica ante la elevada dependencia de manufacturas importadas”, indicó Bárcena. “Se requieren políticas industriales que permitan a la región fortalecer sus capacidades productivas y generar nuevas capacidades en sectores estratégicos”, agregó. “Para incidir en la nueva economía mundial, la región debe avanzar hacia una mayor integración regional tanto en lo productivo, comercial y tecnológico. La coordinación de nuestros países en materia macroeconómica y productiva es crucial para negociar las condiciones de la nueva normalidad, particularmente en una dimensión urgente en la actual crisis y en el mediano plazo: la del financiamiento para un nuevo estilo de desarrollo con igualdad y sostenibilidad ambiental”, enfatizó la máxima autoridad de la CEPAL.

Por: Redacción Pares El Secretario General de las Naciones Unidas advirtió que la pandemia del coronavirus no solo es solo una crisis económica y social, sino que también representa una crisis humana que corre el peligro de convertirse en una crisis de derechos humanos. Lo avisaba António Guterres en un video que acompaña a la publicación de un informe que destaca cómo los derechos humanos pueden y deben guiar la respuesta y la recuperación del COVID-19. «Hemos visto cómo el virus no discrimina, pero sus impactos sí lo hacen – al exponer profundas debilidades en la prestación de servicios públicos y desigualdades estructurales que impiden el acceso a los mismos. Debemos asegurarnos de que se aborden adecuadamente en la respuesta». Guterres señaló que, en el actual contexto de crisis, donde crecen el nacionalismo, el populismo y el autoritarismo, algunos países pueden utilizarlo como excusa para adoptar medidas represivas con fines no relacionados con la pandemia. «Esto es inaceptable», subrayó el Secretario General quien destacó que nos encontramos en un momento en el que los «Gobiernos deben ser transparentes, receptivos y responsables», sin olvidar que «el espacio cívico y la libertad de prensa son fundamentales» y que las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado «tienen que desempeñar funciones esenciales». «Y en todo lo que hagamos, no lo olvidemos nunca: La amenaza es el virus, no las personas… la mejor respuesta es la que responde proporcionalmente a las amenazas inmediatas, protegiendo al mismo tiempo los derechos humanos y el estado de derecho». Acceso universal a la atención sanitaria Proteger la vida de las personas es una prioridad. La prioridad es salvar vidas, y para ello, el acceso universal a la atención sanitaria es imperativo. Pero la crisis sanitaria ha desencadenado una crisis económica y social que está golpeando duramente a los individuos, familias y comunidades. Este impacto proviene de la propia enfermedad, pero también de las medidas necesarias para combatirla que se enfrentan a factores subyacentes como las desigualdades y la debilidad de los sistemas de protección. Muchos países han adoptado, dentro de los recursos disponibles, medidas fiscales, financieras y económicas para mitigar los efectos negativos de COVID-19 en sus poblaciones. Entre los ejemplos se incluyen: El suministro de reservas de agua a los barrios marginales La Suspensión de los desalojos de viviendas por impago de alquileres durante la crisis Mantener los empleos y los salarios mediante medidas económicas específicas, en algunos casos similares a la obtención de ingresos universales, y apoyar a los empleadores y las empresas Ofrecer o ampliar las licencias por enfermedad pagadas a los trabajadores o de las prestaciones por desempleo Asegurar un refugio de emergencia para las personas sin hogar. Ampliar las respuestas a la violencia en el hogar para las víctimas de abusos. Proporcionar atención infantil a los trabajadores de servicios esenciales

Por: Redacción Pares Este fin de semana la Contraloría General de la Nación prendió las alertas que tienen que ver con situaciones de sobrecostos, que se están corrigiendo, en Acacías y Puerto Gaitán (Meta), Sincelejo y Coveñas (Sucre), Chía, Guaduas y Tabio (Cundinamarca), y Guaitarilla (Nariño). Además, advirtió que el ejercicio de control preventivo a toda la contratación suscrita con motivo de la emergencia sanitaria por el COVID-19, proseguirá de manera indefinida, indicó el organismo. Esta semana se divulgarán más resultados del programa “Transparencia para la Emergencia”, que adelantan conjuntamente la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía. “El ejercicio preventivo ha surtido efectos y los propios gobiernos territoriales están optando por ajustar sus contratos, ante la solidez de nuestras alertas”, dice el Contralor Carlos Felipe Córdoba. El ente de control señaló que en Acacías (Meta), se suscribió un acta modificatoria del contrato y se redujo su monto, con lo que ya no se comprarán 1.472 kits (con sobrecosto) sino 5.000 (al valor de mercado). Asimismo, en Guaitarilla (Nariño), se compraron pañales para adultos mayores a $38.500, cuando en el mercado valen $2.294. Se aclaró que el valor del pañal no era unitario sino por bolsa de 16 unidades pasando de un presunto sobrecosto de 1665% a 6%. El siguiente es el detalle de las situaciones de sobrecostos que encontró la CGR en 8 municipios del país y las acciones que tomaron sus respectivos alcaldes ante las alertas que recibieron por parte de la Contraloría General de la República: ACACÍAS – META Contrato de compraventa 207 del 25 de marzo de 2020 Plazo: 20 días. Monto inicial: $1.125 millones Objeto: “Adquisición de mercados básicos para personas en condición de vulnerabilidad en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus Covid-19”. Contratista: Cesar Alonso Ladino Daza Contratante: Alcaldía municipal Forma de pago: Anticipo del 40% y dos pagos parciales del 30%. Origen del seguimiento: Denuncia de un medio de comunicación local. Alerta de la CGR: Posible sobrecosto del 29% en precios de los alimentos. Kits que se podrían comprar con el monto del posible sobrecosto: 1.472. Solución: Las partes (municipio y contratista) suscriben un acta modificatoria y reducen el monto del contrato a $904’525.000, incluido IVA, para la entrega de 5.000 mercados. Monto de la reducción: $220’475.000 PUERTO GAITÁN – META CONTRATO: id. 20-12-10643357-9758464 Plazo: 15 días. Monto: $ 1.000.000.000 Objeto: “Adquisición de mercados básicos para personas en condición de vulnerabilidad en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus Covid-19”. Contratista: SOGA de Colombia SAS. Contratante: Municipio. Alerta CGR: Presuntos sobrecostos iniciales del 26% en los kits para comunidades indígenas y en los kits convencionales, y una vez ajustados en el acta modificatoria se redujeron los presuntos sobrecostos al 18% y 20%, respectivamente. Solución parcial: Con las modificaciones el costo por kit se redujo de $319.000 a $316.000, pero sigue existiendo un posible sobrecosto. Se redujo el precio en 15 de los 21 ítems que conforman cada kit. SINCELEJO – SUCRE CONTRATO: Id: 003-2020 Plazo: 30 días MONTO: $1.769’489.095 Objeto: “Suministro de kit de alimentos no perecederos con destino a la población vulnerable del municipio de Sincelejo…” Contratista: “Surtivíveres Comercializadora y Distribuidora S.A.S. Contratante: Alcaldía de Sincelejo. Forma de pago: 50% anticipo y el resto finalizado a satisfacción del objeto contractual. Alerta: Presuntos sobrecostos del 27% iniciales, una vez firmado el OTROSI se realizó un reajuste en el valor del transporte por kit, pero no se evidenció reducción en los precios de los ítems del kit, quedando el presunto sobrecosto 18%. Solución: El valor del contrato se redujo es $273 millones. SINCELEJO – SUCRE CONTRATO: Id: 004-2020 Plazo: 30 días MONTO: $1.769’489.095 Objeto: “Suministro de kit de alimentos no perecederos con destino a la población vulnerable del municipio de Sincelejo…” Contratista: “ABASTOS Y FRUVER. Contratante: Alcaldía de Sincelejo. Forma de pago: 50% anticipo y el resto finalizado a satisfacción del objeto contractual. Alerta: Presuntos sobrecostos del 27% iniciales, una vez firmado el OTROSI se realizó un reajuste en el valor del transporte por kit, pero no se evidenció reducción en los precios de los ítems del kit, quedando el presunto sobrecosto 18%. Solución: El valor del contrato se redujo es $273 millones. COVEÑAS – SUCRE Contrato CP-COV-001-2020 Plazo: 7 días. Monto: $1.206.000.000. Objeto: “Suministro de ayuda alimentaria humanitaria y no alimentaria en el marco de la situación de la calamidad pública declarada mediante el Decreto 045 del 20 de marzo de 2020. Contratista: Fundación Servicios y Consultorías Caribe – FUNCARSERVICIOS. Contratante: Alcaldía municipal. Forma de pago: 100% finalizado a satisfacción. Alerta: La propia administración advirtió que, evaluados los montos globales económicos, se encontró que algunos ítems estaban por encima de los valores de mercado y otros por debajo de acuerdo al presupuesto aprobado. Solución: Por el mismo valor ya no serían suministrados 6.000 kits de alimentación, sino 6.550. GUAITARILLA-NARIÑO CONTRATO: CD-UM 2020000258 Monto: $19.250.000 Objeto: “Suministro de insumos para mitigación y atención a los adultos mayores, en cumplimiento de la orden obligatoria de aislamiento…” Contratista: Nova Suministros SAS. Contratante: Alcaldía de Guaitarilla. Alerta: Presunto sobrecosto del 1.665%. El valor unitario del pañal para adulto mayor fue fijado en $38.500. Solución parcial: Mediante el modificatorio se aclaró que el valor del pañal no era unitario sino por bolsa de 16 unidades pasando de un presunto sobrecosto de 1665% a 6%. GUADUAS – CUNDINAMARCA Contrato: Id: 20-12-10652868-9767412 Monto: $250.000.000 Objeto: “Suministro de víveres y mercado de plaza para el Hogar de Bienestar…” Contratista: Fundación PM2 Contratante: Alcaldía de Guaduas. Alerta: Presuntos sobrecostos del 336% en el mercado de plaza y del 393% en víveres. Solución parcial: Después de la firma de un otrosí el presunto sobrecosto estimado se redujo al 67%. TABIO – CUNDINAMARCA Contrato: 202000078 Monto: $72.917.060 Objeto: “Suministro de ayudas nutricionales para la población vulnerable y afectada con la declaratoria de la emergencia sanitaria…”. Contratista: Talento Comercializadora SAS. Contratante: Alcaldía. Alerta: Sobrecosto estimado del 27,5% en el valor de la ayuda nutricional. Solución: Los precios fueron ajustados, pero persistiría un sobrecosto del 17,4%. CHÍA – CUNDINAMARCA Contrato: 001-2020 Plazo: 8 días Monto: $172.978.741 Objeto: “Adquisición de elementos para evitar la transmisión y propagación del Covid-19 en el municipio de Chía. Contratista: Fundación Juventud y Vida. Contratante: Alcalde municipal. Forma de pago: La totalidad tras la entrega a satisfacción. Alerta de la CGR: Luego de dos “otrosí” modificatorios se produjeron presuntos sobrecostos del 69,6% y 52,3% Solución: El contrato está en revisión para ajuste.

Por: León Valencia, director – Pares Claro que sería mejor que el presidente Iván Duque y la alcaldesa Claudia López se coordinaran y se pusieran de acuerdo para lidiar con la grave crisis sanitaria, social y económica generada por el covid 19. También que hubiese plena sintonía con todos los gobernadores y alcaldes. Una sola voz en el Estado, en momentos de confusión y de incertidumbre, ayudaría mucho a mitigar los efectos de la pandemia y a conjurar la angustia ciudadana. Pero eso no ha sido posible, ni será posible en el inmediato futuro porque los mandatarios se mueven en escenarios diferentes, porque hay ideas distintas de cómo enfrentar la pandemia y hay diferentes maneras de atender las presiones de la ciudadanía y de los grupos de interés del país. Al empezar esta semana tendremos una manifestación clara de esas distintas visiones. El presidente Duque ha decidido abrir las puertas para que los trabajadores de la construcción y de la manufactura regresen a sus labores, con algunas precauciones. En cambio, Claudia López postula que se debe hacer una reactivación de la economía “gradual, secuencial y segura” porque ni la movilidad, ni el sistema de salud están preparados para lidiar, en condiciones de seguridad, con más de cuatrocientas cincuenta mil personas que saldrán a trabajar. Dice que el riesgo de contagio aumentará de manera exponencial. Claudia gobierna a Bogotá que es el lugar más afectado por la pandemia y siente mucho más cercana la presión ciudadana, de hecho, fue donde primero se presentaron brotes de protesta ciudadana y llamados angustiosos por el hambre. La ciudad capital tiene un poco más del cuarenta por ciento de los contagiados y de los muertos. Así que Claudia López decidió, desde el principio, rodearse de un gran grupo de expertos, de científicos, y priorizar las recomendaciones de estos expertos sobre las demás voces y presiones. De la mano de ellos y mirando lo que estaba ocurriendo en el mundo, en especial lo que acontecía en Europa y Estados Unidos donde la demora en tomar decisiones estaba causando estragos, decidió adelantarse al Presidente y ensayar una rigurosa cuarentena durante un largo fin de semana. Decidió también brindar plena transparencia en la información: “me encargaré de que los ciudadanos tengan la misma información que recibo yo sobre la pandemia” dijo la mandataria. En un tablero, mostrando cifras, mapas y gráficos se puso en la tarea de explicar día a día lo que estaba ocurriendo en la expansión del virus y se atrevió a lanzar hipótesis sobre las consecuencias de no tomar medidas drásticas de confinamiento y cuidado. Claudia López, en la disyuntiva entre proteger la vida y la salud o proteger la economía, decidió priorizar la vida y la salud sin descuidar la producción y la economía, en cambio Duque ha puesto al mismo nivel los dos factores. Esto, que parece una discusión bizantina, tiene consecuencias muy claras a la hora de tomar decisiones. Duque decidió ser más receptivo a las presiones empresariales. Por último, para nadie es un secreto que Claudia López tiene una mayor independencia frente a las estructuras políticas tradicionales, lo mismo ocurre con los mandatarios de la mayoría de las grandes ciudades del país que fueron favorecidos por el voto de opinión en las pasadas elecciones y que han jugado un papel clave en la gestión de la crisis y han jalonado al Gobierno Nacional a tomar decisiones de confinamiento y cuidado. Ahora bien, el que tiene mayor poder de decisión es el presidente Iván Duque. De hecho, utilizó las facultades para declarar el Estado de Emergencia y desde entonces y hasta el 17 de abril, ha tomado 271 medidas a través de 32 decretos ordinarios, 79 decretos legislativos, 41 circulares, 2 boletines, 9 directivas ministeriales, 1 directiva presidencial y 55 resoluciones. Del total de medidas expedidas por el gobierno, 114 están dirigidas a la población en general y van desde el aislamiento obligatorio, el cierre de aeropuertos y terminales, hasta lineamientos para el trabajo a partir de TICs y para manejo de áreas comunes en propiedades horizontales. Unas 95 están destinadas a poblaciones específicas, de las cuales 38 están dirigidas a la población vulnerable (niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, grupos étnicos, población carcelaria y personas en situación de pobreza); 47 han sido dirigidas a empresarios y 54 medidas han sido expedidas para entidades públicas, de las cuales, 11 están destinadas a los entes territoriales. Esta profusa y variada cantidad de decisiones ha tenido ocasión en medio del cierre del Congreso y de la ausencia de las Cortes, lo que ha dejado al país sin el control político y jurídico que deberían tener todas estas medidas. Claudia López, según lo ha manifestado, es perfectamente consciente de la preponderancia legal y política de las medidas presidenciales, pero también es consciente de la trascendencia de su liderazgo y de su comunicación con la ciudadanía. Lo cierto es que la Alcaldesa, hasta el momento, aventaja en los registros de opinión al Presidente, y esta es su arma para seguir dándole cuerda a sus ideas y decisiones que tienen un impacto en la ciudad y en el país.

Por: Jairo Alexánder Castaño. Investigador regional. Oficina Pares Pacífico La desigual distribución de la tierra es un factor histórico y estructural que marca las realidades rurales de Colombia, América Latina y el Caribe (ALC) en el presente. Al parecer, será en las economías campesinas podremos encontrar respuestas a los retos en producción de alimentos y reactivación económica que deja en evidencia la crisis por la pandemia. Tal y como lo explicó el analista económico Salomón Kalmanovitz en entrevista realizada por Pares: La idea es tratar de hacer todo lo que podemos hacer nosotros por nuestros propios medios y por el contrario, venimos perdidos por estar colgados a la lotería de las materias primas. Entonces, este es un momento como de sinceramiento con nuestras reales posibilidades y de recurrir a nuestro potencial y a nuestra fuerza de trabajo y a nuestros recursos naturales. De acuerdo con el último informe realizado por OXFAM (2016) sobre la distribución de la tierra en el mundo, la región ha empeorado en sus indicadores y arroja un coeficiente de Gini de 0,76; superando ampliamente otras regiones del planeta como Asia (0,55), África (0,56) y Europa (0,57). En la sub-región suramericana el coeficiente se eleva fuertemente a un promedio de 0,85, siendo Paraguay (0,93), Chile (0,91), Colombia (0,88) Venezuela (0,88) y Brasil (0,77), los cinco países con la mayor desigualdad en la distribución de la tierra según este indicador (2016, p. 22). En el caso específicamente colombiano, el aspecto más preocupante de la radiografía de la desigualdad es la extrema concentración y la bipolaridad/dualidad estructural en el reparto de la tierra. Colombia: el caso más dramático de la región De acuerdo con los resultados del Censo Agropecuario 2014, las explotaciones de más de 500 hectáreas, las cuales representan únicamente el 0,4% de todas las explotaciones agropecuarias, concentran el 67,6% de la tierra productiva. En el otro polo, el 81% de las fincas de la agricultura familiar y de pequeños productores en extensiones iguales o menores a 10 hectáreas (aunque el promedio general del tamaño de estas fincas es de 2 hectáreas), ocupan únicamente el 4,92% de los suelos productivos, lo que ubica a Colombia como el caso más dramático de desigualdad en la región. Con respecto al régimen o las distintas formas de tenencia de la tierra que fueron informadas en el censo del Dane, preocupa el hecho que el 42,7% de las explotaciones de más de 2000 hectáreas respondieron no saber el tipo de tenencia. Es decir, aproximadamente 17,3 millones de hectáreas se encuentran en una incertidumbre jurídica al no ser posible identificar su forma de tenencia, lo cual encubre en el fondo los procesos de despojo y apropiación violenta e ilegal de tierra y, por supuesto, una enorme evasión fiscal por parte de la gran propiedad. Radiografía de la explotación de la tierra en Colombia Si bien los datos sobre la distribución de la tierra en Colombia permiten identificar la extrema concentración y la desigualdad como una característica estructural que afecta de manera negativa la agricultura familiar en el país, también es importante tener en cuenta los resultados del Censo Agropecuario en términos de las características estructurales del uso de la tierra y cuál es la situación de la agricultura familiar campesina e indígena a este respecto. Los datos oficiales del Dane presentados en el informe de resultados del Censo agropecuario muestran que en total se censaron 111,5 millones de hectáreas, de las cuales el 38,6% (43 millones de hectáreas) tienen uso agropecuario, el 56,7% (63 millones de hectáreas) se mantiene con superficie de bosques naturales y el 4,7% (5,2 millones de hectáreas) se distribuye en áreas con usos no agropecuarias como vías, mobiliario urbano, infraestructura, y especialmente las explotaciones mineras, que ocupan el 1,8% del territorio nacional (2,1 millones de hectáreas). Siguiendo con los resultados sobre el uso de la tierra, el censo muestra que de las 43 millones de hectáreas con vocación agropecuaria, el 80% (34,4 millones) se dedican a la ganadería, mientras que únicamente el 20% (8,5 millones de hectáreas) se dedican a la agricultura. De acuerdo con lo anterior, de las 22 millones de hectáreas cultivables que se estiman como potencial para la agricultura, únicamente se estaría utilizando el 38,6% del suelo con vocación agrícola; en contraposición, la actividad ganadera, cuyo potencial estimado es de 15 millones de hectáreas, duplica su uso potencial y presenta un desfase del 229%. Una vaca tiene más tierra que un campesino OXFAM calcula otro indicador muy interesante a partir de las cifras del uso del suelo en la ganadería y muestra que una vaca en Colombia dispone en promedio de 1,6 hectáreas, mientras que aproximadamente 1 millón de unidades de agricultura familiar campesina e indígena poseen menos de ese promedio de tierra (p. 23), de ahí la triste y célebre frase en Colombia una vaca tiene más tierra que un campesino. Profundizando un poco más en el tema del uso de la tierra para entender cuál es el contexto de la agricultura familiar campesina e indígena a partir de los resultados del Censo Agropecuario 2014, es crítico el panorama de crecimiento de los monocultivos agroindustriales y el decrecimiento de la producción diversificada de alimentos. Este panorama inquieta porque como lo muestran diversas investigaciones y desarrollos de política pública (en países como Brasil, Uruguay, Holanda), la producción de comida saludable y de forma sustentable es uno de los ejes centrales de los 17 objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas planteados en su agenda de acciones al año 2030. En Colombia, de acuerdo con los datos del Censo sobre el uso agrícola del suelo, actualmente 3 millones de hectáreas (35,4% del total) se dedican a monocultivos agroindustriales entre los que sobresalen el café, la palma africana y la caña para producción de azúcar y biodiesel. En términos de la superficie cultivada, los datos muestran otra tendencia preocupante y es que los cultivos permanentes destinados principalmente a la agro-exportación se han expandido hasta ocupar el 75% de la superficie total cultivada, mientras que los cultivos transitorios destinados principalmente a la alimentación ocupan solamente el 16% de la superficie total cultivada (en el año 1960 ocupaban el 56%). Estos datos nos muestran la profundización del modelo de desarrollo neoliberal en Colombia y la subordinación del sector agrícola a la explotación de la “ventaja comparativa” en el contexto de la división internacional del trabajo y el mercado de commodities, lo que aumenta la vulnerabilidad de agricultores y consumidores por la volatilidad de los precios de los mercados internacionales de alimentos. Los grupos étnicos y la agricultura familiar En el Censo se consideran territorios de grupos étnicos a las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas, negras, raizales del archipiélago de San Andrés y providencia y comunidades de palenqueros; estos territorios étnicos ocupan el 35,7% de la superficie total censada, es decir 39,9 millones de hectáreas. En Colombia, los pueblos y comunidades indígenas ocupan la mayor parte de la territorialidad étnica nacional con un 84,2%, le siguen las comunidades negras ubicadas principalmente en los municipios del andén pacífico y el departamento del Chocó, ocupando el 15,7%; y el 0,01% es territorio Raizal y de comunidades de Palenqueros. Es importante destacar aquí que la mayor parte de estos territorios no poseen vocación agropecuaria, se trata de extensas áreas de conservación ambiental que se encuentran cubiertas en bosques (90,8% equivalentes a 36,2 millones de hectáreas). Y aunque los pueblos y comunidades tradicionales históricamente habitan y protegen estos territorios, y por ende contribuyen a la mitigación del cambio climático y la protección de la biodiversidad, en la actualidad, buena parte de ellos se encuentran fuertemente amenazados por mafias violentas de la explotación ilegal maderera, de cultivos de coca, ganadera, minera, entre otras. Debido a que en los territorios de grupos étnicos la mayor parte de la tierra está cubierta por bosques (87,2%), únicamente el 9,9% (3,9 millones de hectáreas) de estos territorios tiene uso agropecuario, en el caso indígena, estos porcentajes son del 89,3% de cobertura en bosques (los mayores conservacionistas del país) y 8,2% en uso agropecuario. Llama la atención –y causa desconcierto entre los empresarios agroindustriales- que en los territorios indígenas un cuarto del área con uso agrícola se destina a dejar descansar/enbarbechar la tierra (Dane, 2014B, p. 12). Es importante destacar que el Cauca es el departamento donde se concentra el mayor porcentaje de productores agropecuarios indígenas del país con el 23,5%. En términos del auto-consumo y el destino de la producción, el 75,3% de las Unidades de Producción Agropecuaria Indígenas (UPAI) declaro tener lote para autoconsumo y el 42,7% destina su producción a este fin (DANE, 2014B, p. 26). Sostenibilidad de la economía campesina/indígena La sostenibilidad de la agricultura familiar identifica en el autoconsumo un elemento estratégico de la reproducción de la unidad doméstica, en ese sentido, los territorios de grupos étnicos tienen una fortaleza estructural observada en el alto porcentaje que declaró tener lote y producción destinada para cultivos de autoconsumo. No obstante, es primordial considerar aspectos estratégicos como las relaciones con el mercado y la forma como se dan esas relaciones (cadenas de comercialización largas o cortas). En ese sentido, el Censo muestra que en los territorios indígenas son importantes las formas de intercambio en el mercado como el trueque (7,2%), las cadenas cortas de comercialización representadas en las ventas en la plaza de mercado local (10,7%) y la venta a cooperativa (9,1%).

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Si algo ha resaltado en estos tiempos en los que la cuarentena ha dejado ver más de cerca las desigualdades y en donde las respuestas institucionales han tardado, dejando una situación crítica en los sectores más vulnerables, es que en definitiva son las acciones que vienen guiadas desde la solidaridad y la entrega al pueblo las que pueden mitigar los impactos sociales que el Covid-19 ha acentuado. Esto lo han entendido y puesto en practica varios grupos de barras de algunos equipos de fútbol en Colombia, quienes ya venían trabajando por su gente antes, pero que ante la emergencia sanitaria se han organizado más para repartir ayudas en varias zonas de algunas ciudades, en donde el sistema desigual que nos rige ha dejado a una clase pasando las consecuencias más difíciles, pero teniendo de su lado las organizaciones que siguen buscando el bien común. Este ha sido el caso de integrantes de las hinchadas de La Guardia Albi-Roja Sur (Santa Fe), Los Comandos Azules (Millonarios), Los del Sur (Atlético Nacional), Frente Radical (Deportivo Cali), Barón Rojo (América) y Rexistencia Norte (Deportivo Independiente Medellín), quienes con el mismo aguante que alientan a sus equipos, salieron a las calles para esta vez dar el apoyo a la gente de los barrios populares, a quienes han hecho que el fútbol sea del pueblo y quienes ahora están exigiendo que por encima de los intereses económicos se ponga atención y se tomen medidas para proteger cada hogar del país, promoviendo que haya una renta básica que garantice que este tiempo se pase teniendo con fin colectivo la vida digna en cada territorio. En Bogotá Comandos Azules dicen ¡Presente! En este sentido, los Comandos Azules de Millonarios han llegado a casi 19 sectores de Bogotá, además del municipio de Soacha en el que han entregado alrededor de 3000 mercados y 3000 almuerzos a personas y familias de poblaciones vulnerables. La Guardia Albi-Roja Sur se pone la 10 Asimismo, durante las últimas dos semanas La Guardia Albi-Roja Sur (LGARS) ha estado visitando barrios de la localidad de Santa Fe, Bosa y Kennedy, donde han llegado con mercados que han recolectados, además de las dos toneladas de alimento que fue donado en los últimos días por las trabajadoras y trabajadores de Abastos. https://twitter.com/lgars_Oficial/status/1253509606120329217?s=20 “Todo empezó viendo la necesidad de algunos de los integrantes de la barra que viven del día a día. Tuvimos la idea de recolectar algunos alimentos y nos fue muy bien. Por eso concluimos que la idea se podía trasladar para apoyar a otras personas que también la están pasando mal. Creamos unos grupos de trabajo para las tareas y empezamos la gestión colectiva”, contó Camilo Perdomo, integrante de LGARS. https://twitter.com/lgars_Oficial/status/1251645590280245253?s=20 LDS y Resistencia Norte no olvidan a las comunidades De esta manera también han actuado Los del Sur, barra del Atlético Nacional, ha entregado ayudas en 19 puntos de Medellín, en donde se han brindado mercados, implementos de aseo, ayudas económicas y concentrado para animales, llegando así a aproximadamente 1.500 familias desde que inició la emergencia sanitaria. El Barón Rojo y Frente Radical frente a la pandemia Por su parte, en Cali, Barón Rojo y Frente Radical han donado bonos solidarios en 20 barrios de la capital del Valle del Cauca, además, hicieron la entrega de mercados a la gobernadora, Clara Luz Roldán, para que estos fueran llevados a sectores priorizados. https://twitter.com/ClaraLuzRoldan/status/1248082754157371395?s=20 «Las barras siempre han estado ahí, con la gente» “Nosotros aplaudimos todas estas iniciativas. En estos momentos es que debemos darle la mano a la gente que nos necesita”, afirmó Camilo Perdomo, quien además recalcó que el trabajo solidario viene desde antes de la pandemia. https://twitter.com/lgars_Oficial/status/1253786474610294786?s=20 Por ejemplo, La Guardia Albi-Roja Sur anualmente organiza acciones para llevar kits escolares a estudiantes del barrio Caracolí en Ciudad Bolívar. “Estas acciones en las que las barras están en los escenarios sociales han estado siempre, solo que no se ven reflejadas en los grandes medios de comunicación, pero han estado ahí y la gente es la que conoce nuestro trabajo”, agregó. Por otra parte, desde LGARS también se han creado otras formas de recaudo, esto entendiendo que la situación no puede sostenerse por mucho tiempo solo a través de donaciones, teniendo en cuenta la cantidad de personas que están en situaciones de hambre en estos momentos y que, además, muchas de las ayudas que institucionalmente se dice que se están repartiendo no han llegado a los hogares donde aún sigue izado el trapo rojo. “Por ejemplo, se tiene planeado que en los próximos días se realice una subasta de dos prendas que teníamos en nuestro museo de dos jugadores muy importantes del Club que fueron campeones la Copa Sudamericana (2015) y la Copa Suruga Bank (2016); una prenda es un buso que muchas personas ya lo tienen referenciado y la otra es una prenda oficial. Así, la idea es recoger más dinero y poder comprar más alimentos”. Esta barra, quien ha visitado los barrios y ha estado de frente ante las realidades que allí se viven, ha encontrado como una paradoja que, ahora las banderas rojas en Bogotá están en la mayoría de las casas de los sectores populares, pero esta vez no para alentar, sino para decir que hay hambre y que ésta ronda por las cuadras. “En nuestra campaña incluso nos encontramos una de nuestras camisas izadas, en el barrio Bella Flor, eso es muy duro porque es ver una prenda que uno quiere mucho en una situación que no es de alegría. De ahí empezamos a incluir en los principios de nuestro trabajo que – las únicas banderas rojas que queremos ver en Bogotá son las nuestras –“, concluyó Camilo Perdomo.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Las últimas 48 horas han representado una auténtica masacre en Colombia. Este viernes, las autoridades del Cauca confirmaron el asesinato del líder social Floro Samboní Gómez, de 56 años, agricultor y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Loma Larga Bajo, del corregimiento de Llacuanas. El crimen ocurrió en el municipio de Almaguer. El pasado 22 de abril fueron asesinados el líder social Hugo de Jesús Giraldo, en Santander de Quilichao (Cauca); Jesús Albeiro Riascos y Andrés Sabino, integrantes del Consejo Comunitario Afro Renacer del Micay en el Tambo (Cauca). Asimismo, se registró el asesinato Ángel Artemio Nastacuas, el indígena Awá, Tumaco (Nariño). Alejandro Llinás, líder de la vereda Calabazo, fue asesinado este viernes 24 de abril. Fue encontrado en el sector conocido como el Calabazo, en el corregimiento de Bonda en el área rural de Santa Marta. En los últimos meses el líder había alertado de la reactivación paramilitar en esta zona del departamento. El año pasado Llinás estuvo trabajando el en la entrega de un derecho de petición a Parques Nacionales y el Ministerio del Medio Ambiente frente al Plan de Manejo del Parque Tayrona y de la Sierra Nevada. De acuerdo con la comunidad, el asesinato ocurrió en las horas de la mañana de este viernes 24 de abril. Los asesinatos Hugo de Jesús Gildardo López, el líder asesinado en Santander de Quilichao era integrante de la Asociación de Trabajadores Campesino y Pequeños Productores Agrícolas del Municipio de Buenos Aires Cauca -ASTCAP. Además, hacía parte de la Coordinación Social de Marcha Patriótica Cauca y del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano – PUPSOC. Precisamente, este asesinato se da luego de que el pasado domingo 19 de abril fuera asesinado el líder social Mario Chilhueso Cruz quien, de acuerdo con las comunidades, trabajaba junto a Hugo de Jesús. Frente al reciente asesinato del líder social, presuntamente, hombres armados que se movilizaban en motocicleta habrían llegado hasta la residencia de Hugo de Jesús ubicada en la vereda San Antonio donde fue ultimado con arma de fuego. Por otra parte, Jesús Albeiro Riascos y Andrés Sabino fueron asesinados en el marco de una reunión de la organización a la que pertenecían: Afro Renacer con la Guardia Cimarrona en San Juan de Micay. De acuerdo con las versiones de las comunidades, los hechos habrían sido perpetrados por el Grupo Armado PostFarc (GAPF) Frente Carlos Patiño; quienes habrían llegado hasta el lugar de la reunión a asesinar a los dos jóvenes, presuntamente, por ser ‘colaboradores’ del ELN. Según la Red por la Vida y los Derechos Humanos de Cauca, la reunión en la que estaban los jóvenes justamente era sobre la situación de riesgo de los liderazgos sociales en la región. A su vez, que los hombres armados durante horas de la noche del 22 de abril estuvieron generando terror a la comunidad y a las familias de los dos jóvenes asesinados. La Red advierte que la situación en el territorio del Cañón de Micay, corredor de economías ilícitas, es insostenible. Hace una semana se registró el desplazamiento forzado de más de 100 personas. Asimismo, ese mismo 22 de abril, fue asesinado Ángel Artemio en la vereda conocida como El Pulgante en zona rural del municipio de Tumaco. Este asesinato se generó en el marco de unos operativos de erradicación forzada que se estaba siendo llevada a cabo por uniformados del Ejército, de acuerdo con las comunidades de esta región del pacífico nariñense. Asesinatos no dan tregua en Cauca De acuerdo con las investigaciones de la Línea de Conflicto, Paz y Postconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación, en lo que va corrido del 2020 han sido asesinados 48 líderes y lideresas (Datos del Sistema de Información SIPARES) 17 de estos asesinatos han ocurrido desde el primer caso confirmado por COVID-19 en Colombia el pasado 6 de marzo. Cauca que es el epicentro del recrudecimiento de violencia letal en contra de los liderazgos sociales. El departamento registra 13 asesinatos en 2020, nueve (9) de estos casos se han perpetrado desde la llegada del coronavirus al país, mientras que la pandemia no ha cobrado ninguna víctima mortal en el departamento, aunque reporta 24 casos de infección según el Ministerio de Salud. Mapa: Pares. Los municipios caucanos más afectados son El Tambo, Guachené, Santander de Quilichao, Buenos Aires y Piamonte. Asimismo, los perfiles de los liderazgos sociales más victimizados en el departamento del Cauca son líderes indígenas y líderes campesinos. Mapa: Pares. Otros repertorios de violencia no dan tregua De los siete (7) casos que registra el departamento del Cauca, todos durante la pandemia del coronavirus, cuatro (4) de ellos han sido atentados. El más reciente en las últimas horas fue contra del líder afro del Norte del Cauca y representante del Consejo Comunitario Yarumito de Caloto, Alfredo Bonilla Balanta. De acuerdo con las comunidades, el hecho victimizante ocurrió en la vía que comunica al municipio de Caloto con Santander de Quilichao. A estos dos atentados se suman los ocurridos en Medellín el pasado 25 de marzo en contra de Jhon Restrepo, director de la Corporación Casa Diversa. Así como también el del pasado 23 de febrero en Buenaventura en contra de Orlando Castillo, líder social y defensor de DD. HH. Amenazas Por su parte, se han registrado siete amenazas desde la llegada del Covid19 a Colombia. La más reciente tiene que ver con la sufrida por Rossana Mejía Caicedo y Alfredo Bonilla (quien también fue víctima de atentado), quienes hacen parte de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca. Asimismo, el pasado 8 de abril fue amenazado en el Tambo, el líder campesino Henry Agudelo. Dos se presentaron en Putumayo, uno el 26 de marzo en contra de la lideresa Jani Silva y la otra el 11 de abril en contra de los líderes Yuri Quintero y Wilmar Madroñero y, en contra de la lideresa Yule Anzeta en el municipio de San Miguel. Otras dos se presentaron en Córdoba; una el pasado 13 de abril hecha por el Clan del Golfo a Concepción, Julio, Juan Fernández, Gustavo Copete, Liney Paternina, Leoncio Mendoza y Andrés Chica, líderes y lideresas del departamento. El pasado 18 de abril la líder amenazada fue Yessenia Vergara, integrante de la Red de DD. HH. del Sur de Córdoba. Finalmente, esta semana también fue amenazado el líder social José Marrugo, en el municipio de Sincelejo, Sucre. El líder denunció que hombres habían hecho presencia en inmediaciones a su residencia quienes lo querían asesinar. Uno de cada cinco líderes asesinados es del Cauca Desde la firma del Acuerdo de Paz, 24 de noviembre de 2016 al 23 de abril —según cifras Pares— han sido asesinados 393 líderes y lideresas sociales. El departamento del Cauca es el más victimizado con 88 asesinatos (22% del total nacional), seguido por Antioquia con 55 (14%) y Norte de Santander con 30 (7.7%). De acuerdo con el Coordinador de la Oficina Pacífico de Pares, Juan Manuel Torres Erazo, la situación que atraviesa el Cauca no se puede seguir ocultando; de cada cinco (5) asesinatos de líderes y lideresas en Colombia, uno ocurre en Cauca. De acuerdo con Torres Erazo, la proliferación de los grupos armados en el departamento recrudece la situación. Hacen presencia siete GAPF, hay presencia del ELN, de las AGC Clan del Golfo, ELP, Sinaloa y distintos grupos narcotraficantes aliados con los carteles mexicanos. Estos grupos, explica Torres, están en fases de expansión y de consolidación. Además, estos territorios son de disputa entre grupos armados por el control de la ruta de economías ilegales que está desatando una serie de victimizaciones en contra de las comunidades. Tres territorios bajo fuego El investigador de Pares hace un llamado sobre tres subregiones: 1. La Bota Caucana en donde comienza la cuenca amazónica en el municipio de Piamonte. 2. La ruta del Cañón del Micay que comprende los municipios de Argelia y El Tambo. 3. Región del Naya que conecta el Norte del Cauca con el Pacífico. Según el investigador hay una fuerte confrontación entre el Frente Carlos Patiño y el ELN en los municipios de Argelia y El Tambo. Para el investigador este es uno de los focos principales de la coca en Colombia. Los repertorios de la violencia de los grupos que quieren tomarse el control del territorio han generado un recrudecimiento de la violencia en contra lideres, lideresas sociales, comunidades indígenas, campesinas, afro y de exguerrilleros en proceso de reincorporación. A pesar de las constantes denuncias de las distintas redes de Derechos Humanos y de las alertas temprana de la Defensoría del Pueblo, el Gobierno Nacional no ha atendido la magnitud de la violencia que azota al departamento caucano. “Toda la victimización ocurre en territorios altamente militarizados, pero sin control real y efectivo por parte de las Fuerzas Armadas y en una situación de pandemia que se cruza con la violencia”, sentencia. «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»

Por: Redacción Pares. Con información de Noticias ONU. La Organización Mundial de la Salud presentó este viernes una alianza para buscar y distribuir las herramientas sanitarias de manera universal para la lucha contra el COVID-19, como la vacuna, los métodos de diagnóstico y los tratamientos. El director de la Organización, el doctor Tedros, explicó que desde enero han estado trabajando con miles de investigadores en todo el mundo. Ahora se trata de impulsar estos proyectos y de asegurar que “todo el mundo tenga acceso a todas las herramientas” contra el coronavirus. “El mundo necesita estas herramientas y las necesita rápido. Experiencias pasadas nos han enseñado que incluso cuando existen, no han estado disponibles igualmente para todos. No podemos permitir que eso ocurra”, sostuvo Tedros. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, dijo que la reacción del mundo debe ser solidaria. “El COVID-19 no distingue sin un país es grande o pequeño, rico, de renta media o pobre. De igual manera, la reacción global no debe hacer distinciones”, explicó. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, aseguró que la solidaridad y el multilateralismo son el único camino hacia adelante. “Tenemos que dejar atrás los esfuerzos individuales fragmentados e ir hacia una aproximación colaborativa. La magnitud de la inversión necesaria, los riesgos que conlleva, el miedo de los mercados reguladores son obstáculos reales en la búsqueda de una vacuna. Ninguna compañía privada, Gobierno, o país por sí solo puede sobrepasarlos», aseguró. Los presidentes de Francia, Ruanda, y Sudáfrica también hicieron parte del lanzamiento de la alianza, que se hizo de manera virtual. «Un mundo libre de COVID-19 requiere el esfuerzo de salud pública más masivo en la historia mundial», dijo el Secretario General de la ONU, António Guterres, hablando desde Nueva York. Una colaboración histórica Tedros describió la iniciativa como «una colaboración histórica», ya que reúne el poder combinado de varias organizaciones. La alianza mundial de vacunas, GAVI, se encuentra entre los socios clave que trabajan para acelerar el desarrollo de las herramientas COVID-19. «Necesitamos diseñar y entregar un programa de vacunas para obtener miles de millones de dosis a una velocidad y escala nunca contempladas, y mucho menos logradas: el despliegue de vacunas más rápido en la historia», dijo Seth Berkley, Director Ejecutivo de la alianza. La industria biofarmacéutica también está lista para aportar su conocimiento único a la asociación, así como su experiencia y conocimientos, incluso en la construcción de redes de fabricación y distribución. «Hoy, los científicos del sector público y privado tienen las claves de nuestro objetivo común: el rápido final de la pandemia de COVID-19«, dijo Thomas B. Cueni, director general de la Federación Internacional de Fabricantes de Productos Farmacéuticos.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Hace un mes, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), junto con el Ministerio de Justicia, decretaron el estado de emergencia en los 138 centros penitenciarios del país. Esto luego de que las privadas y privados de la libertad de cárceles como La Picaleña, Jamundí (torres de hombres y mujeres), Pedregal (torres de hombres y mujeres, Cúcuta, La Picota, La Modelo, Cómbita, Palmira y Buen Pastor de Bogotá, decidieran organizarse en una jornada de protesta para solicitar medidas efectivas ante el riesgo de contagio y propagación del Covid-19. Luego de esto, y tras una serie de exigencias por parte de los internos e internas, colectivos de familiares y organizaciones de derechos humanos que no fueron atendidas a tiempo, se informó que el 07 de abril se había registrado la primera muerte a causa de Covid-19 en una persona que estuvo recluida en la Cárcel de Villavicencio hasta el 1 de abril. Poco después las denuncias de los internos se conocerían. En ellas manifestaban que podrían ser más los contagiados en ese establecimiento, pero que las medidas no estaban siendo acogidas, incluso que ni siquiera tenían la posibilidad de hacer uso de tapabocas. La situación era el inicio de todo lo que estaban señalando las organizaciones de derechos humanos, los internos y los familiares, pues como lo advertían, el sistema estructural carcelario no tendría la capacidad de atender una pandemia. Esto teniendo en cuenta la crisis que ha venido siendo avisada por la Corte Constitucional por lo menos desde 1998 a través de la Sentencia-T 153. Agregándosele a esto que la capacidad carcelaria es de 80.763 personas y al momento, según datos del INPEC, hay 120.667. Por su parte, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 546 en el que se adoptan medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria transitorias en el lugar de residencia a personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19, y se adoptan otras medidas para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Sin embargo, a pesar de las medidas implementadas, la crisis carcelaria cada vez se hace más tangible, alertando las graves situaciones en las que puede terminar esto. Situaciones que hoy ya son visibles y es necesario nombrarlas. Preguntas sin respuestas luego de la masacre Por un lado, en la jornada de protesta el 21 de marzo fueron asesinadas en la cárcel La Modelo 23 personas privadas de la libertad y 83 fueron heridas de gravedad. Además, al 25 de marzo a través de Pares se informó que varias familias todavía no habían recibido los cuerpos de sus familiares, mientras que otros esperaban las respuestas por parte INPEC sobre el estado de salud y el paradero de las personas que habían resultado heridas, pero de las cuales ni siquiera se sabía en qué hospital estaban, o si habían sido trasladadas de nuevo a la cárcel. Esas dudas son persistentes, aun cuando ha pasado más de un mes después de los hechos, en el que se ha estado evadiendo las investigaciones pertinentes bajo el argumento de la Fiscalía y de entidades estatales de que lo que hubo ese día fue un intento de fuga masivo. Según lo informado por el Congreso de los Pueblos, luego de que la organización insistiera por respuestas para las y los familiares, se conoció que al 6 de abril no se tenía información de la evolución del estado de salud de cinco internos: En ese sentido, el INPEC habría prohibido a los hospitales dar esta información. Se trataría de Joseph Esneider López; herido en la columna; Cesar Arturo Martínez, quien no estaba en la lista de heridos, pero tenía herida de bala en la pierna izquierda; Diego Armando Novoa; quien presentaba disparo en la parte derecha del estomago y estaba internado en la Clínica Colombia; Eduardo José Pulido; herido en el brazo derecho por una bala, quien fue atendido ocho días después de los hechos y el 02 de abril regresaría a La Modelo aún con el proyectil; Andrés Yesid Zapata, atendido 4 días después y a quien se le amputaron tres dedos. Asimismo, se conoció que a esa fecha Luis David Rivera, quien presentaba fractura en un brazo no había sido atendido, mientras que se conoce que Pedro Wilmer Abreo y Juan Sebastián Prieto estaban heridos, pero sin determinarse cuál era la lesión. A esto se agrega que desde el 21 de marzo y hasta el 04 de abril no se tenía ninguna información de Fredy Mauricio Cárdenas, Robinson Andrés Martínez, Marco Roberto Parra, Luis Hernando Rico y Carlos Alonso Tocancipa, de quienes se ha dicho que están vivos, pero no se ha tenido ningún tipo de comunicación, además de conocerse que no están en los patios donde estaban recluidos. Un decreto sin rumbo y contagiados en alza Por otra parte, es necesario señalar que a hoy hay cinco cárceles con registros de contagiados por Covid-19. Se trata de la cárcel de Leticia (un guardia con el virus), Guaduas (una persona privada de la libertad); La Picota (5 internos); Las Heliconias en Florencia (un privado de la libertad); y la cárcel de Villavicencio, donde se han registrado 109 casos, en los que hay 2 reclusos fallecidos y 31 funcionarios, incluyendo el chef de la prisión y el jefe de cocina, asimismo la jefe de enfermería y la auxiliar de enfermería, el único personal de salud que hay en dicho establecimiento. Esta situación sigue alertando, incluso cuando hace diez (10) días se expidió el Decreto 546, el cual propendería por bajar los niveles de hacinamiento los cuales rondan el 55% y son un factor que potencian las posibilidades de contagio y la precarización en la atención médica. Sin embargo, sigue habiendo muchas dudas respecto al documento, que, aunque incluye prioridades por personas mayores a 60 años, madres gestantes, internos con enfermedades que representen mayor vulnerabilidad, privados de la libertad con movilidad reducida, condenados a penas de hasta cinco años y quienes hayan cumplido el 40% de la condena, también plantea alrededor de 70 excepciones que podría implicar que esta medida excluya a la mayoría de privadas y privados de la libertad. A esto se le agrega que a pesar de que los traslados estaban prohibidos desde decretado el estado de emergencia, estos se siguen haciendo y son los que causaron que la pandemia llegara a la cárcel de Guaduas, La Picota y Las Heliconias (Florencia). Ante todo lo anterior, Pares habló con Gloria Silva, abogada penalista, integrante del Equipo Jurídico Pueblos, una organización protectora de los derechos humanos, con trabajo con las y los privados de la libertad. Además, quienes han hecho seguimiento a la situación carcelaria, sobre todo durante la emergencia sanitaria causada por el Covid-19. Pares: Con el panorama actual; un virus que ya se propagó en las cárceles y medidas sanitarias que se siguen reclamando, pero con un decreto de por medio, ¿cómo han visto la gestión del Gobierno ante esta situación? Gloria Silva: Lo primero que tenemos que señalar es que han sido lamentables y tardías las decisiones estatales frente a la pandemia y su contención en el sistema penitenciario y carcelario. Desde antes de que esto sucediera distintas organizaciones y colectivos de derechos humanos, familiares y de privadas y privados de la libertad, se solicitó al Gobierno tomar medidas eficaces porque se evidenciaba que no se habían implementado protocolos serios de contención. Las cárceles estaban y están en situaciones sanitarias bastantes complejas y la guardia penitenciaria y el personal contratista del INPEC ingresaba a los establecimientos sin ni siquiera un tapabocas. Entonces era predecible que de ingresar el virus se iba a generar un genocidio. Por eso, se empezó a insistir al Gobierno Nacional que se adoptaran medidas de excarcelación extraordinarias para deshacinar las prisiones, de tal manera que se pudiera favorecer la población sustrayéndola de ese ambiente de peligro y riesgo especial, y que la gente que quedaba adentro realmente pudiera tener condiciones para el aislamiento que se plantea como medida de protección. Esto no fue implementado a tiempo, a pesar de las denuncias que se venían haciendo y ocurre lo que terminó pasando en la Cárcel de Villavicencio con los internos contagiados que se trasladaron a otras tres cárceles del país. Además, sorprende que el INPEC también emitió una circular en la que prohibía los traslados como medida de prevención y aun así realizaron varios traslados y entre estos, personal de la cárcel de Villavicencio que particularmente fueron llevados a Las Heliconias y a La Picota. Adicionalmente, según denuncias que nos hacen las y los privados de la libertad, así no lo reconozca el INPEC, las personas que tuvieron este contacto con los internos de Villavicencio que luego dieron positivo para el Covid-19 no han sido aisladas tampoco, sino que fueron llevadas a los patios y eso empieza a generar mayor angustia dentro de la población carcelaria. Eso ha llevado a que, además de pedirle al Gobierno que se instale una mesa para replantear el Decreto, se tomen medidas serias para evitar la propagación del virus en estos establecimientos. Pares: ¿El Decreto tal y como está planteado puede generar medidas que en efecto favorezcan a la población carcelaria? G.S: Ese Decreto no va a generar el impacto que se está previendo de deshacinar de manera extraordinaria y rápida las cárceles como medida de protección. Esto porque tiene una lista excesiva de excepciones, incluso, exclusiones que son más rigurosas que las que establece la ley ordinaria. Por ejemplo, en las excepciones se encuentran todos los delitos que la mayor población carcelaria tiene. Por ejemplo, los hurtos, los cuales están muy relacionados con el sistema desigual en el que estamos y en el que no se garantizan los mínimos de vida digna. Además, hay delitos relacionados con el narcotráfico, en los que un buen porcentaje son mujeres que posiblemente estaban en los eslabones más bajos de toda la cadena de producción y comercialización de drogas. Esa es la lamentable realidad del Decreto, la cual que no va a impactar la situación en las prisiones, donde se está empezando a desarrollar una masacre. Pares: Uno de los reclamos que se daban antes del virus era que los jueces no estaban dando abasto con la cantidad de casos que debía resolver el sistema judicial ¿Esto como afecta que las medidas que tomó el Gobierno para la excarcelación sean reamente tomadas con prontitud como se plantea en el documento? G.S: En el Decreto no hay otras medidas administrativas que son necesarias, como el fortalecimiento de la judicatura para poder atender la avalancha de casos que vendrán, que a pesar de que son pocos los que se podrán acoger a la medida, sí habrá una cantidad importante de solicitudes que van a llegar a los jueces de ejecución de penas o de garantías, principalmente. Tampoco se han fortalecido las oficinas jurídicas de los establecimientos de reclusión, eso ha sido denunciado, conocido, y además es que es un hecho notorio que en el departamento jurídico de estos establecimientos hay también un exceso de trabajo que no está completado; no están completadas las hojas de vida de las y los internos, no están actualizadas las redenciones de pena, no hay suficiente personal y se supone que son ellos los que primeros deben tramitar y remitir toda la documentación a los jueces para que puedan conceder las excarcelaciones. A eso se le suma que el personal médico tiene que certificar las condiciones de salud de la población especialmente vulnerable, y también ese personal médico está alcanzado, no es suficiente, no tienen tampoco las condiciones de bioseguridad para atender a la población reclusa. En ninguno de estos escenarios el Gobierno adoptó medidas, ni en este Decreto, ni en ningún otro. Adicionalmente, las y los privados de la libertad no pueden ni siquiera recurrir a las decisiones de los jueces, entonces eso sigue alimentando la vulneración de garantías que son complejas en estos procedimientos, que no serán ni eficaces, ni rápidos como se anuncian por parte del Gobierno. Pares: Como mencionaba e este tiempo se han realizado una serie de traslados que han propagado el virus y han acentuado las posibilidades de contagio. ¿Hay alguna entidad que esté haciendo veeduría para que esto cese y que además haga seguimiento a los traslados que ya se hicieron? G.S: Lamentablemente nadie, porque todo este aislamiento social ha generado también un espacio de mayor segregación de las prisiones, y creemos que no ha habido suficiente atención y coordinación por parte de los órganos de control. Además, las organizaciones de derechos humanos que hacemos trabajo en las cárceles tampoco podemos ingresar para hacer algún tipo de veeduría. Esto ha sido todo un encuentro de factores muy graves y negativos de la necesidad que existe de velar por los derechos de la población reclusa en estos momentos. Pares: Con la situación que se ha registrado; por un lado, exigencias para tomar medidas sanitarias efectivas, y por otra parte, registros de varios contagios, ¿se han tomado ahora sí medidas de protección para las y los internos? G.S: No, lamentablemente no es así. Hemos sabido que en algunos establecimientos como Bellavista en Medellín y La Picota se han tomado algunas medidas, pero que han sido más por iniciativa de los funcionarios de INPEC o por organizaciones de derechos humanos, y no porque haya sido financiada del Gobierno. Uno de los puntos más importantes es que el personal médico no ha sido fortalecido, el hacinamiento es el mismo. Por mucha gente que salga con el Decreto no superará el 3.3% de la población carcelaria, lo que no haría ni cosquillas a la situación general, teniendo en cuenta que en algunos establecimientos el hacinamiento llega casi a 200% Pares: ¿Qué ha pasado con las huelgas de hambre y los otros tipos de protesta que adelantan las y los internos desde distintas cárceles del país? G.S: Esas huelgas de hambre han sido desarrolladas por varios días, donde también ha habido otro tipo de potestas pacificas al interior de los establecimientos, por ejemplo, no dejarse encerrar, dormir por fuera de las celdas, plantones por fuera de los establecimientos como el de ayer en La Picota, cacerolazos o portazos en las cárceles, en general estas demostraciones de inconformidad con una carga simbólica se están dando todos los días al no haber ninguna respuesta. El día este viernes 24 de abril, las familias convocaron a una audiencia pública donde quieren expresar todas estas situaciones, porque ha todos se ha escuchado; se ha escuchado a la Fiscalía, al director del INPEC, académicos, pero a los que no han sido a las y los familiares y a la población reclusa, por eso urge esta iniciativa para convocar al Gobierno y a tras instituciones para mirar alternativas frente a todo esto

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Recientemente la ONU presentó su más reciente informe sobre los efectos que traerá el Covid-19 y las medidas que se han tomado frente a la epidemia, en escenarios económicos y laborales en América Latina. Esto partiendo que este contexto llegó precedido por uno de los momentos más débiles y de crisis financiera, teniendo un crecimiento negativo en la última década del PIB regional, el cual disminuyó del 6% al 0.2%. “El Fondo Monetario Internacional ha reevaluado las perspectivas de crecimiento para 2020 y 2021 y ha declarado que hemos entrado en una recesión, tan grave o peor que en 2009”. “(…) Para encontrar una contracción de magnitud comparable hace falta retroceder hasta la Gran Depresión de 1930 (-5%) o más aún hasta 1914 (-4,9%)”. Esta situación implicaría una subida crítica en el desempleo, lo que terminaría agudizando las problemáticas que ya ha agitado el virus, pues según la Organización alrededor de 37.7 millones (11.5%) de personas se quedarían sin empleo en la región, lo que representa un aumento de 3.4 puntos en relación con el 2019, donde el porcentaje total era del 8.1%. Esto determinado a su vez por los efectos negativos que sufren y sufrirían las pequeñas y medianas empresas, las cuales generan cerca del 50% del empleo formal. Teniendo en cuenta esto, es necesario nombrar que según lo analizado por Fenalco recientemente, alrededor del 24% de las pequeñas y medianas empresas cerrarían, mientras que el 44% decidiría suspender contratos, el 19% daría licencias no remuneradas y el 13% atendería la crisis dando vacaciones a sus empleados. Por otra parte y en relación con lo dicho por la ONU, esta crisis tendrá consecuencias más tangibles sobre los ingresos de los hogares, lo que implicaría en una primera instancia que los recursos no serán suficientes para satisfacer las necesidades básicas, consecuencia que cada vez es más visible en el contexto colombiano, en el que varias familias han tenido que salir a las calles a exigir que se dé vía para la implementación de rentas básicas vitales que permitan, por los menos, combatir el hambre que ha sido la protagonista en las últimas semanas. Aumenta la taza de pobreza En este sentido, la tasa de pobreza regionalmente aumentaría un 4,4% durante 2020, al pasar de 30,3% a 34,7%. Esto representa casi 29 millones de personas que serían las más vulnerables y las que más consecuencias verán a causa del virus, y del sistema económico desigual que rige en la mayoría de los países latinoamericanos. Retomando el documento de la ONU, se añade que los canales que potencializarán la crisis continental será la reducción del comercio internacional, la caída de los precios de los productos primarios, la intensificación de la aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales, una menor demanda de servicios turísticos y una reducción de las remesas. Esto muy relacionado con el debilitamiento que tendrá la actividad de exportaciones a países como China, que significará una reducción cercana al 15%. Ante esto, una de las conclusiones que presenta el informe es que: “Para incidir en la nueva economía mundial, la región debe avanzar hacia una mayor integración regional tanto en lo productivo, comercial y tecnológico. La coordinación de nuestros países en materia macroeconómica y productiva es crucial para negociar las condiciones de la nueva normalidad, particularmente en una dimensión urgente en la actual crisis y en el mediano plazo: la del financiamiento para un nuevo estilo de desarrollo con igualdad”. Aumento del desempleo y la informalidad Atendiendo a lo evaluado por la ONU, organización que prevé que todas las problemáticas que se han intensificado con el Covid-19 seguirán en esa dinámica; haciéndose cada vez más críticas y afectando las clases que históricamente han sufrido las consecuencias del sistema financiero. Se puede poner como ejemplo y vale la pena señalar que actualmente en Colombia 5,6 millones de personas, según lo informado por el DANE en 2019, trabajan informalmente, sin garantías que protejan lo mínimo que se puede defender en estos tiempos: la vida digna. Esas desigualdades, principalmente laborales, acaban entrelazándose con otro tipo de escenarios sociales que dejan a esta población en una vulnerabilidad que terminará agudizándose. Pares habló con Iván Jaramillo, docente e integrante del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, quien analizó algunas de las situaciones que plantea el Informe, y otras que podrían darse con el contexto colombiano. Pares: Con la coyuntura colombiana que ha evidenciado que el hambre puede cobrar más vidas que el propio virus, siendo estas vidas las de personas que en su mayoría vive del trabajo informal, ¿cuál podría ser el escenario futuro que le espera a estas personas? Iván Jaramillo: El Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario hizo un estudio sobre el tema y lanzó como resultado que, de 23 millones de personas vulnerables, 76.3%, es decir 14 millones, están en especial vulnerabilidad con la medida de aislamiento preventivo obligatorio. Medida que como respuesta de contención ante la propagación del Coronavirus es muy buena, pero que desde el punto de vista económico tiene serias complejidades. Y es que si no hay una respuesta idónea del Estado en hacer sustitución de ingresos va a ser muy complejo cumplir esa medida. Por eso se sigue viendo mucha gente en las calles, que a pesar del decreto piden una compensación económica en los hogares vulnerables, que requieren este tipo de medidas. En una segunda parte, en cuanto a la reactivación y la informalidad que será creciente, hay desafíos muy fuertes, incluso desde antes de la pandemia, que llevan al debate sobre la necesidad de incorporar una renta básica universal, que garantice unos mínimos éticos para responder por derechos básicos. Por otra parte, lamentablemente el sistema de protección social carece de lo que se denomina amortiguadores, los cuales, en periodos de crisis o contracción económica hacen que el sistema de seguridad social tenga respuestas cuando ocurren las denominadas suspensiones de los contratos laborales. Pares: Este miércoles la ONU presentó un informe que, entre otras cosas, habla que la tasa de desempleo en América Latina alcanzaría un total cercano a los 37.7 millones de personas. ¿Esta realidad se vería reflejada tal cual en Colombia? O, ¿cómo podría verse reflejado este panorama con las políticas que hay, con el Gobierno que tenemos y en general con las problemáticas que nos tocan más directamente? I.J: Después de la pandemia la OIT ha estimado las cifras tan dramáticas de desempleo a nivel mundial, y ahí el principal problema es que solo uno de cada cinco trabajadores tiene respuesta contra el desempleo, es decir políticas y medidas de protección social ante este panorama. Colombia está inmersa en esa dinámica de una economía mundial globalizada, de esa forma se va a ver afectada por esas problemáticas de aumento dramático del desempleo en un contexto de recesión económica, lo cual ameritará políticas activas de empleabilidad. Estas son complementos que permiten que la gente tenga rutas específicas a cargo de los servicios públicos de empleo para facilitar, con intervención del Estado, la búsqueda de nuevos empleos. Así, necesariamente después de la pandemia va a haber una necesidad de adoptar nuevas lógicas en el sistema del modelo productivo. Pares: También se conoció esta semana un informe de Fenalco en el que se dice que el 24% de pequeñas y medianas empresas cerrarán. En ese sentido y teniendo en cuenta que el documento dice que el 85% de empresas no han accedido a las medidas planteadas por el Gobierno para atender los problemas de liquidez, ¿qué medidas se deben tomar para que estos alivios sean realmente implementados y cumplan con el fin de favorecer a las pymes y a las y los trabajadores? I.J: Hay que aliviar la carga económica de las empresas sobre la nómina tanto tributaria, como de seguridad social. Algo ha intentado hacer el Gobierno, pero sin embargo hay muchas dudas sobre el Decreto que se expidió en elementos en los que no se sabe si serán subsidios o créditos. Asimismo, quisiera que esos alivios estén condicionados a que haya una contraprestación que sería el mantenimiento de la estabilidad de los trabajadores, es decir, que no reciban los alivios y luego procedan con despidos colectivos, sino que esos subsidios y ayudas estén ligadas al condicionamiento de las garantías de la permanencia de las y los trabajadores. Pares: ¿Este panorama acentuaría las desigualdades de género que hay en el ámbito laboral? I.J: Sí. Lo que se ha probado es que con el cierre de colegios, jardines y universidades se genera una carga adicional de cuidado que, con el patrón machista, se canaliza en las mujeres. Al final lo que termina pasando es que hay unas especiales dificultades para ingresar a un empleo, permanecer y para romper el famoso ‘techo de cristal’, que es la posibilidad de progreso en las carreras profesionales de las mujeres en función de lo que se denomina la economía del cuidado. Pares: Este panorama puede dar vía libre a que el teletrabajo sea una forma de empleabilidad cada vez más frecuente en las empresas. ¿Qué hacer para que esto no potencie la precariedad laboral? I.J: El teletrabajo es una forma regulada en por la Ley 1221 de 2008. Si se contempla eso no tiene que potencializar la precarización, porque ahí se plantean unas garantías que se deben cumplir y se debe presionar para que así sea. Por ejemplo, se plantea la verdadera y justa remuneración, se debe inscribir a las y los trabajadores a programas de salud ocupacional para que haya garantía en escenarios de riesgo, y, además, debe haber un reconocimiento y auxilio de conexión. Si es un teletrabajo verdadero y protegido se deben velar por todas las garantías de un trabajo formal. Pares: ¿Esta crisis económica que se viene cómo afecta a la clase media y a la gente más pobre? Además, ¿qué medidas se pueden tomar desde ya para mitigar un poco los efectos de los tiempos venideros en estas oblaciones? I.J: En un periodo de recesión va a ser mucho más difícil conseguir empleo, va a ser mucho más complejo encontrar ingresos productivos, la formalidad laboral será cada vez más difícil de conseguir, entonces mucha más gente recurrirá a la informalidad por la necesidad de conseguir ingresos y en ese sentido las condiciones de trabajo se van a precarizar drásticamente. Por otra parte, hay que dar el debate de la famosa renta básica universal. Definitivamente hay que implementar amortiguadoras sociales para las y los trabajadores, e invertir en un sistema de regulación para otras modalidades de empleo que se ven fortalecidas con este escenario de pandemia.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares La más reciente determinación del Gobierno Nacional señala que la cuarentena obligatoria no se terminará el próximo 27 de abril, sino que se extenderá, momentáneamente, hasta el 11 de mayo. Muchos sectores están reclamando garantías dignas para mantenerse bajo la medida nacional, uno de estos sectores es la población en proceso de reincorporación. El Gobierno Nacional no ha garantizado la vida De acuerdo con Emilio Archila Peñalosa —Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación— se están adelantando acciones para atender a las más de 13.000 exguerrilleros que se encuentran adelantando su proceso de reincorporación. Sin embargo, surgen preguntas sobre las condiciones en las que se encuentran los y las firmantes de paz pues el Gobierno Nacional no ha podido garantizarles la vida, incluso en tiempo de cuarentena. De hecho, según cifras del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC, desde el 24 de febrero —fecha en que el riesgo para Colombia de COVID 19 ascendió a moderado— han sido asesinadas nueve (9) personas en proceso de reincorporación, de ellas cuatro (4) desde la expedición del decreto de emergencia sanitaria, el pasado 22 de marzo. Durante el 2020, han sido asesinados 22 exguerrilleros y desde la firma del Acuerdo de Paz (24 de noviembre de 2016) a la fecha; han asesinado a 195 firmantes de la paz. ETCR en cuarentena Según datos de la Agencia Nacional de Reincorporación (ARN), son 2.893 personas que se encuentran en los 24 denominados ETCR a nivel nacional. Cabe recordar que esta población entró en cuarentena la última semana del mes de marzo; acatando la normativa nacional y las departamentales. Asimismo, ha atendido a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Salud. Sus actividades, en el marco de la reincorporación se ha transformado de múltiples maneras debido a que, entre otras cosas, las dinámicas de sus iniciativas productivas se han visto afectadas, su incidencia política en los Planes de Desarrollo se ha visto ralentizadas y hay restricción de las visitas por parte de Cooperación Internacional —actor clave en este proceso—; ha limitado acciones. Martín Villa, Arauca Sorleni Patricia Torres, enlace del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), le dio a conocer a Pares las necesidades de primer orden que expresa la comunidad del Espacio de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Martín villa, ubicado en el municipio de Arauquita, corregimiento Puerto Jordán, vereda Filipinas (Arauca). Asimismo, sobre las medidas que está tomando la población en proceso de reincorporación en el marco de las contingencias que ha generado el Covid-19. Cabe recordar que este ETCR está compuesto por 267 adultos y 93 niños y niñas. Una de las grandes preocupaciones tiene que ver con que el mes de marzo no hubo desembolso para los excombatientes de nacionalidad venezolana, así como lo correspondiente al mes de abril. “Esta situación se está tornando critica porque esta población no cuenta con ningún recurso para suplir sus necesidades básicas. Acá algunos que se encuentran en el ETCR, se les ha solucionado el tema de los víveres, pero para quienes no residen dentro del ETCR ha sido muy difícil porque no están recibiendo ni suministro de víveres ni la asignación mensual. Esto necesita unas acciones de urgencia, hemos hecho peticiones y hasta el momento no han dado trámite”. El que no está en el ETCR no recibe ayudas Asimismo, la población en proceso de reincorporación externa al ETCR, independiente de su nacionalidad, no estarían recibiendo ningún tipo de ayuda para la contingencia. Esta población se encuentra en las cabeceras municipales y en las veredas del departamento de Arauca; principalmente residen en los municipios de Saravena y el casco urbano de Arauquita, según explica Sorleni. Ha sido difícil, hemos estado tratado de gestionar por medio de la Gobernación y la Alcaldía; pero hasta el momento no ha sido posible solucionar nada. Es importante tener en cuenta a esta población porque tienen unas necesidades específicas”, indica. Sin infraestructura para la contingencia médica El ETCR Martín Villa no cuenta actualmente con un lugar específico para atender una emergencia de salud. Es urgente la construcción de un lugar o se dispongan de unas carpas como medida preventiva para mitigar el impacto de un posible virus al interior del ETCR. Sobre eso, también se deben tener en cuenta las elevadas temperaturas del municipio en el que está ubicado el ETCR. Esto para que se valore qué adecuación sería más pertinente. Sobre el centro de salud del ETCR, expresan que no cuentan con máscaras de oxígeno, ni para para el equipo médico, ni para la comunidad. El equipo médico no cuenta con vestuarios adecuados de protección en caso de una emergencia. En el departamento adecuaron una ambulancia para el caso de algún enfermo del Covid-19. La ambulancia está ubicada en el municipio de Fortul, en un caso de emergencia tendrían que solicitarla, porque la que se encuentra en el ETCR no se puede usar “Nosotros seguimos contribuyendo para que esta pandemia no solo no llegue al ETCR, sino que no afecte a las comunidades del departamento araucano. Para ello, señala Sorleni, es fundamental —tanto excombatiente como de la comunidad—; reflexionen sobre la necesidad de contribuir en estas medidas de seguridad para evitar el contagio. Sobre todo, a la población mayor que es la más vulnerable a este virus”, puntualiza. La luz: una urgencia en el Martín Villa Sobre el tema de luz, el año pasado estuvimos haciendo un proceso para la adecuación de una de las plantas de energía que hay acá en el ETCR. Este proceso se hizo con ARN, con la llegada de los implementos a mano de obra la puso la población excombatiente. Esta obra finalizó en el mes de enero del presente año. Sin embargo, la parte de la conexión para que quede con luz todo el ETCR le corresponde a ARN, pero hasta el día de hoy no ha habido gestión”. Cuando se va la luz solo un área del ETCR queda con energía y el resto del ETCR, que es la mayoría, queda sin servicio de luz. Lo que nos ha dicho la ARN es que están gestionando con la empresa encargada de la energía en el departamento de Arauca que es ENELAR. De acuerdo con la información que nos dan, es que esta empresa presenta cobros muy altos por las conexiones que se requieren. Este es un tema de urgencia, ya que hasta el 31 de diciembre la población excombatiente estuvo trabajando en la adecuación. La gente estuvo trabajando para cumplir con lo que se acordó y ya vamos finalizando el cuarto mes de 2020 y no se ha procedido con la conexión. A su vez, continúa Sorleni, “alertamos en el caso de que el virus llegue al ETCR porque la energía se va a necesitar las 24 horas, para lo que tiene que ver por ejemplo de mantener oxígenos conectado y demás. Asimismo, para los proyectos productivos que adelantan la comunidad, como lo es el caso especial del proyecto piscícola. Es más, porque esta intermitencia de la energía ya ha dañado electrodomésticos que son necesarios en el día a día”. Atención a la población en condición de discapacidad Han contado hasta el momento con abastecimiento de víveres frescos para 93 niños durante 15 días. Dicha alimentación de los niños consta de leches, yogures, compotas, frutas y verduras. Por su parte, lo que tiene que ver con víveres secos están proyectados para un mes con lo cual se espera cubrir a 267 personas. “En cuanto al programa que estábamos adelantando con el ICBF de modalidad propia intercultural, acá hay 80 niños y niñas beneficiarias, tanto del espacio como de la comunidad aledaña. Por la cuarentena se recibieron los alimentos de la mitad del mes de marzo y del mes de abril. Este programa nos ha servido ya que a través de él hemos podido solucionar algunas necesidades de los niños y niñas. El ICBF ha estado al tanto del programa vía internet con las compañeras responsables”, precisa Sorleni Medidas externas A nivel externo se han generado un punto de desinfección en un sitio conocido como ‘La Virgen’. Allí, de forma manual, por medio de una fumigadora se hace aspersión para desinfectar. Esta fumigadora beneficia a siete veredas del distrito de Filipinas. Por otra parte, Sorleni relata que en la entrada del ETCR hay dispuestos dos lavamanos para todas las personas que ingresen. De igual forma, cuando se ha hecho la entrega de víveres se ha procedido con la desinfección tanto de carros y motos como está establecido. Por otra parte, por medio de la alcaldía municipal se realizó una jornada de desinfección con amonio cuaternario. El carro recorrió el ETCR para hacer la jornada de desinfección en todas las zonas que recorrió. A su vez, hubo otra jornada de desinfección realizada por la ESE de Moreno y Clavijo —una empresa del Estado a nivel departamental. Por parte de ARN, se han hecho jornadas de desinfección a lugares comunitarios como baños, lavaderos, aulas y, específicamente, a lugares donde haya flujo de gente que ha tenido que movilizarse a comprar o a suplir necesidades de primer orden, explica Soreny. Asimismo, la ARN, entregó 267 kits de desinfección exguerrilleros y 93 para niños. Este trae un jabón líquido, gel desinfectante y un alcohol. ——————- «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»

Por: Redacción Pares En el cementerio central de Neiva habría 300 cuerpos de personas no identificadas por hechos relacionados con el conflicto armado. La Sección de Ausencia de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz vinculó a la gobernación del Huila, a la Alcaldía y a la Diócesis de Neiva al trámite de adopción de medidas cautelares sobre el Cementerio Central de esa ciudad. La decisión fue tomada de manera unánime por la Sección en sesión virtual del pasado 16 de abril. La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP adelanta el trámite con ocasión de una comunicación enviada a la JEP el 15 de octubre de 2019, por el Jefe de la Oficina de Paz y Derechos Humanos del municipio de Neiva, en la cual pone en conocimiento de la Jurisdicción la existencia de más de 300 cuerpos de personas no identificadas en el Cementerio Central de Neiva cuya inhumación corresponde “con las épocas recientes más álgidas del conflicto armado». El 4 de diciembre de 2019, la JEP emitió el auto AT-094 mediante el cual se inició el trámite de estudio de medidas cautelares para asegurar la protección y conservación de los cuerpos de personas no identificadas inhumadas en el Cementerio Central de Neiva. A su vez, el 29 de enero de 2020, la Sección decidió asignar la sustanciación de este asunto a la Sala Dual conformada por los magistrados Alejandro Ramelli Arteaga y Gustavo Salazar Arbeláez. El objeto de la medida cautelar es lograr la protección de los cuerpos ubicados en el cementerio con el fin de asegurar su posterior identificación y entrega. Con base en la información recaudada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento hasta la fecha, se pudo establecer la existencia de un proyecto de ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad, que implicaría el traslado del Cementerio Central. Dado que la administración del camposanto está en cabeza de la Diócesis de Neiva, y que en virtud de la normatividad vigente la Alcaldía de la ciudad y la Gobernación del departamento tienen obligaciones de control y supervisión sobre los lugares de inhumación de personas no identificadas, la JEP los vinculó al trámite y se les requiere para que informen sobre el cumplimiento de sus obligaciones con respecto al Cementerio. ¿Cuántas personas desaparecidas hay en Colombia? El universo de personas desaparecidas en Colombia aún es desconocido. Las instituciones que han tenido la tarea de llevar registros sobre este hecho manejan datos estadísticos distintos, los cuales responden a sus funciones o mandatos. A esto se suman los subregistros producto del miedo (por amenazas u otras formas de revictimización) que dificultan que familiares realicen el proceso de denuncia. Sin embargo, una de las fuentes de información que la UBPD considera más incluyentes es la del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, que tiene los siguientes registros: desaparición forzada: 83.036 casos; secuestro: 38.357, de los cuales 333 fueron registrados como personas desaparecidas; reclutamiento de menores: 17.895, de los cuales 154 están reportados como personas desaparecidas. No obstante, el universo podría superar las 120.000 personas. Tal cantidad de colombianas y colombianos dados por desaparecidos en el contexto del conflicto armado sería equivalente a si fueran desaparecidos todos los habitantes de Rionegro (128.000) en Antioquía o todos los habitantes de la ciudad de Ipiales (123.000) en Nariño.