Por: Redacción Pares La Madre Tierra claramente nos pide que actuemos. La naturaleza sufre. Los incendios en Australia, los mayores registros de calor terrestre y la peor invasión de langostas en Kenia. Ahora nos enfrentamos a COVID -19, una pandemia sanitaria mundial con una fuerte relación con la salud de nuestro ecosistema. El cambio climático, los cambios provocados por el hombre en la naturaleza, así como los crímenes que perturban la biodiversidad, como la deforestación, el cambio de uso del suelo, la producción agrícola y ganadera intensiva o el creciente comercio ilegal de vida silvestre, pueden aumentar el contacto y la transmisión de enfermedades infecciosas de animales a humanos (enfermedades zoonóticas). De acuerdo con PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), una nueva enfermedad infecciosa emerge en los humanos cada cuatro meses. De estas enfermedades, el 75% provienen de animales. Esto muestra las estrechas relaciones entre la salud humana, animal y ambiental. El impacto visible y positivo del virus, ya sea a través de la mejora de la calidad del aire o la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, no es más que temporal, ya que se debe a la trágica desaceleración económica y la angustia humana. La importancia de la biodiversidad para los humanos El brote de coronavirus representa un riesgo enorme para la salud pública y la economía mundial, pero también para la diversidad biológica. Sin embargo, la biodiversidad puede ser parte de la solución, ya que una diversidad de especies dificulta la propagación rápida de los patógenos. Igualmente, cada vez es más evidente su impacto en la salud humana. Los cambios en la biodiversidad afectan al funcionamiento de los ecosistemas y pueden ocasionar alteraciones importantes de los bienes y servicios que estos proporcionan. Los vínculos específicos entre la salud y la biodiversidad incluyen posibles impactos en la nutrición, la investigación sanitaria y la medicina tradicional, la generación de nuevas enfermedades infecciosas y cambios significativos en la distribución de plantas, patógenos, animales e incluso asentamientos humanos, algo que puede ser alentado debido al cambio climático. A pesar de los esfuerzos actuales, la biodiversidad se está deteriorando en todo el mundo a un ritmo sin precedentes en la historia humana. Se estima que alrededor de un millón de especies animales y vegetales se encuentran actualmente en peligro de extinción. Con este panorama general y el escenario del coronavirus, nuestra prioridad inmediata es evitar la propagación de COVID-19, pero a largo plazo, es importante abordar la pérdida de hábitat y biodiversidad.

Por: Carlos Castelblanco Pinedo – Redacción Pares. «A mí me parece que hay que reabrir la economía de manera segura para que la población no aumente su contagio. Esa condición implica espaciar el transporte público, tener tres jornadas de trabajo en fábricas y oficinas o para que la gente no se aglomere, ni en el transporte, ni en el sitio de trabajo.« Pares habló con Salomón Kalmanovitz Krauter, economista y analista. Es considerado uno de los más agudos observadores de la realidad socioeconómica del país. Estudió en University of New hampshire, Durham, N.H., (1963-1967) y en la New School for Social Research, Nueva York (1967-1970). Fue investigador visitante en el Institute for Development Studies, University of Sussex, Inglaterra, donde trabajó sobre teoría del desarrollo económico (1979-1980). Fue profesor de Economía en la Universidad Nacional de Colombia (1970-1998) y decano de la Facultad de Ciencias Económicas (1990-1993). Pares: Este martes Fedesarrollo dio a conocer un informe donde habla que la contracción de la economía colombiana para el próximo semestre puede llegar a ser de -7.9% ¿Cómo analiza usted esa proyección en este contexto de emergencia nacional? Salomón Kalmanovitz Krauter: Ellos tienen buenos cálculos, pero no sé si suponen que se van a levantar parcialmente las medidas restrictivas. Otro estudio decía que la economía está operando en un 60% de capacidad, o sea que se ha perdido un 5, 4% del PIB solamente por un mes de medidas de confinamiento; si se prolonga por otros 15 días, entonces serían otros 2, 3% del PIB. Entonces, estos sí me parecen datos más o menos acertados pero hay una gran incertidumbre de cuánto tiempo va a estar restringida la actividad económica. Yo creo que con los trabajadores que salen del sector de la construcción e industria posiblemente ya pasemos del 60% de ocupación al 70, o 75% de ocupación, pero si eso se echa para atrás entonces no sabemos. Por eso es que hay una gran incertidumbre y es prematuro hacer extrapolaciones. Esta situación puede dar lugar a retrocesos muy fuertes, entonces no sabemos realmente el alcance global y el nacional tampoco, no sabemos si la apertura que están haciendo ahora la echen para atrás y nuevamente tengamos una afectación del 40% de la actividad económica. Hay una incertidumbre muy grande sobre el impacto de la economía global, pues ya sabemos cómo está de afectada Europa, no sabemos a qué punto se afecta Estados Unidos. Si se afecta mucho la economía Estados Unidos vamos a seguir nosotros también en una carrera hacia abajo que no podemos calcular en este momento, y Estados Unidos está muy mal. Pares: ¿Cuál es el papel para Colombia que juega en estos momentos el Fondo Monetario Internacional -FMI? S.K.K: El préstamo que solicitó Colombia es de 11.000 millones de dólares y es de libre destinación, a diferencia de otros créditos que están condicionados a no utilizarse. Es decir, esa plata está ahí para que sirva de garantía de balanza a pagos. Generalmente prestan la plata y sirve de garantía pero no es para usarla, este préstamo sí se puede usar y es el 4% del PIB. Es importante porque el presupuesto de salud que tenemos actualmente es 3% del PIB, o sea que si se destina todo a salud sería una buena cifra, se duplicaría el esfuerzo que se tiene que hacer para combatir la pandemia. Hasta ahora estamos relativamente bien porque la curva no se ha empinado demasiado, el sistema de salud no ha colapsado como por ejemplo en Guayaquil o en muchas ciudades de Estados Unidos. Aquí todavía no nos ha pasado eso, entonces me pareció adecuada la política del Fondo Monetario. Pares: ¿Cuál es su diagnóstico sobre el manejo que el Gobierno Nacional ha hecho sobre el tema de los fondos privados de pensiones? S.K.K: Ha ejercido un rol de regulador y de defensa del afiliado al Fondo de Pensiones que me parece que está muy desvalido. En los estudios hechos por un analista de la Universidad Nacional se muestra que los rendimientos de los fondos han sido muy mediocres para el afiliado, digamos el rendimiento del fondo ha sido muy bajito. En este momento hay gente que, a la hora de jubilarse ganaba $6.000.000 y recibe una pensión de $1.700.000, o sea como el 30% de lo que estaba ganando en su último salario, lo que es un bajonazo violento y pues eso tiene a mucha gente muy desesperada con la alternativa que escogió para pensionarse. Colpensiones sufre de algo completamente opuesto, es decir, es un sistema muy subsidiado y es costoso para el Estado; el Estado tiene que dedicarle cuatro puntos anuales del PIB al déficit que presenta Colpensiones, pero la gente sale mucho mejor pensionada y está mucho más tranquila. Sale con el 70% del último salario. Sin embargo, los rendimientos que tiene el ahorro que está haciendo a lo largo de su vida útil no es suficiente, y el gobierno no ha metido en cintura a los fondos privados para que verdaderamente vigilen cuánto se están ganando sus propietarios y cuánto le están dando a los afiliados. Yo nunca he podido saber cuál es el patrimonio de los dueños de los fondos. Con lo que decían que se ganaban los afiliados, ellos sostenían que tenían el 8% del rendimiento anual promedio durante 25 años. Una profesora de la Universidad Nacional demostró que no era cierto, pero no hay cuentas claras. La primera tarea que tendría que hacer el Gobierno es supervisar qué ttan transparentes han sido los fondos privados de pensiones ¿cuánto están ganando ellos ? ¿cuánto le están proporcionando a las personas que empiezan a jubilarse dentro de sus fondos? Pares. Es decir, ¿Hay que proteger a Colpensiones? S.K.K: Yo diría que hay que llegar a un término medio. Que la gente no salga con el 70% sino con el 50%, y que el subsidio que aporta el Estado sea un poco menor, que no le salga tan costoso. Además, hay que revisar cuánto verdaderamente soporta un sistema, en el caso de los fondos privados. Ellos están haciendo inversiones en bolsa y en títulos de renta fija. Las personas deberían recibir una pensión para que reciba como pensión por lo menos el 50% de lo que ha ganado en su última porción de vida. Pares: Hay una gran preocupación mundial, y por supuesto también es una preocupación para Colombia, que es el tema del desplome del precio del petróleo ¿Qué consecuencias puede llegar a tener esa realidad económica tan dramáticaen estos meses que vienen ? S.K.K: Vamos a tener unas exportaciones totales de alrededor de 25 o 30 millones, cuando estábamos acostumbrados a tener 60 millones, entonces eso va a ser un totazo muy grande sobre nuestra capacidad para importar, desde alimentos hasta bienes de capital y bienes intermedios que utiliza la industria. Además, hay una devaluación muy fuerte. Pasamos de un dólar a 3.300 pesos a hoy que está a 4.000 pesos, y quién sabe hasta cuanto más llegue. Pero, eso quizás nos obligue a volver a sustituir importaciones a reindustrializarnos, a utilizar las divisas con mayor cuidado, a promover la producción agropecuaria, a tratar de auto abastecernos de alimentos, de otras materias primas. La idea es tratar de hacer todo lo que podemos hacer nosotros por nuestros propios medios y por el contrario, venimos perdidos por estar colgados a la lotería de las materias primas. Entonces, este es un momento como de sinceramiento con nuestras reales posibilidades y de recurrir a nuestro potencial y a nuestra fuerza de trabajo y a nuestros recursos naturales. Pares: Para los gobiernos del mundo se presenta hoy un dilema en sus políticas públicas frente a esta pandemia: la economía o la vida ¿Cómo lo analiza usted? S.K.K: A mí me parece que hay que reabrir la economía de manera segura para que la población no aumente su contagio. Esa condición implica espaciar el transporte público, tener tres jornadas de trabajo en fábricas y oficinas o dos para que la gente no se aglomere, ni en el transporte, ni en el sitio de trabajo. Tendremos que acostumbrarnos a usar estos elementos de protección: máscaras, guantes, caretas de vidrio y muchas de las tareas donde sea necesario tener cerca otras personas, y sobre todo, tener un sistema de pruebas mucho más universal que el que tenemos hasta el momento. Todo ese esfuerzo requiere recursos que no tenemos, entonces toca tomar medidas heroicas para superar esta crisis, como recurrir a préstamos forzosos, a mayores impuestos para enfrentar todos los costos que tienen que ver con la pandemia. Yo diría eso que hay que tratar de tener el mayor número de actividad productiva posible sin afectar la salud pública.

Por: Redacción Pares El Programa Mundial de Alimentos -PMA, de la ONU advirtió este martes que si el mundo no se prepara actúa de inmediato frente a la pandemia del coronavirus y sus efectos económicos, sobre todo en los países más pobres, podrían enfrentar múltiples hambrunas de proporciones bíblicas en unos pocos meses. Así lo indicó este martes David Beasley, Director Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Estamos al borde de una pandemia alimentaria, señaló el alto funcionario desde Nueva York. El número de personas que sufren hambre aguda podría doblarse este año hasta alcanzar los 265 millones debido a la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus, ha alertado el Programa Mundial de Alimentos. 135 millones de personas experimentaron esta inseguridad alimentaria extrema en 55 países en 2019. En mis conversaciones con los líderes mundiales en los últimos meses, antes de que el coronavirus se convirtiera en un problema, decía que en 2020 enfrentaríamos por varias razones la peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial, señaló Beasley. Con COVID-19, indicó el experto, no solo estamos enfrentando una pandemia mundial de salud sino también una catástrofe humanitaria global. Millones de civiles que viven en naciones afectadas por conflictos, incluidas muchas mujeres y niños, se enfrentan a ser empujados al borde del hambre, con el espectro de la hambruna como una posibilidad muy real y peligrosa. Esto suena realmente impactante, pero déjenme darles las cifras: 821 millones de personas se acuestan con hambre todas las noches en todo el mundo, con hambre crónica y, como lo muestra el nuevo Informe global sobre crisis alimentarias 2020 publicado hoy, hay otros 135 millones de personas enfrentando niveles de inseguridad alimentaria altos. Eso significa que 135 millones de personas en la tierra se acercan al borde de la inanición. Pero un análisis del Programa Mundial de Alimentos, a raíz del coronavirus, muestra ahora que otros 130 millones de personas podrían ser empujadas al borde de la inanición para fines de 2020. Eso suma en total 265 millones de personas. El director de la organización mundial hizo un llamado para que los bienes humanitarios y el comercio continúen fluyendo a través de las fronteras, porque son el sustento de los sistemas alimentarios mundiales y de la economía mundial. Las acciones que tomemos, explicó Beasley, determinarán nuestro éxito o fracaso en la construcción de sistemas alimentarios sostenibles como la base de sociedades estables y pacíficas. La verdad es que no tenemos tiempo de nuestro lado, así que actuemos sabiamente y actuemos rápido. Creo que, con nuestra experiencia y asociaciones, podemos reunir a los equipos y los programas necesarios para asegurarnos de que la pandemia de la COVID-19 no se convierta en una catástrofe humanitaria y de crisis alimentaria El panorama en América Latina La pandemia del coronavirus está impactando en las economías de América Latina y el Caribe a través de factores externos e internos cuyo efecto conjunto conducirá a la peor contracción que la región ha sufrido desde 1914 y 1930. Según las últimas estimaciones de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, se prevé una contracción regional promedio del 5,3% para 2020 por encima del 5% que se registró durante la Gran Depresión en 1930 y el 4,9% que se anotó en 1914. Ya desde antes de la pandemia, América Latina y el Caribe acumulaba casi siete años de bajo crecimiento, con un promedio de un aumento del 0,4% del PIB entre 2014 y 2019. Las proyecciones también anticipan un importante deterioro de los indicadores laborales en 2020. La tasa de desempleo se ubicaría en torno a 11,5%, un aumento de 3,4 puntos porcentuales respecto al nivel de 2019, que era del 8,1%. De esta forma, el número de desempleados de la región llegaría a 37,7 millones. Asimismo, la elevada participación de las pequeñas y medianas empresas en la creación del empleo, que representan más del 50% del empleo formal, aumenta los impactos negativos, pues este sector ha sido duramente afectado por la crisis, mientras que la desigualdad de género se acentuará con medidas como el cierre de las escuelas, el aislamiento social y el aumento de personas enfermas, pues aumentará la sobrecarga de trabajo no remunerado de las mujeres. Por otro lado, la caída de 5,3% del PIB y el aumento del desempleo tendrán un efecto negativo directo sobre los ingresos de los hogares y su posibilidad de contar con recursos suficientes para satisfacer las necesidades básicas. En ese contexto, la tasa de pobreza en la región aumentaría en un 4,4% durante 2020 al pasar de 30,3% a 34,7%, lo que significa que 29 millones de personas quedarían en situación de pobreza. Por su parte, la pobreza extrema crecería en 2,5% pasando del 11,0% al 13,5%, lo que representa un ascenso de 16 millones de personas. La crisis que sufre la región este año 2020, con una caída del PIB de -5,3%, será la peor en toda su historia. Para encontrar una contracción de magnitud comparable hace falta retroceder hasta la Gran Depresión de 1930 (-5%) o más aún hasta 1914 (-4,9%). Se prevé un fuerte aumento del desempleo con efectos muy negativos en pobreza y desigualdad, dijo Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la CEPAL.

Por: Puentes Ciudadanos Declaración abril 2020 Los miembros colombianos de Puentes Ciudadanos Colombia Venezuela (PCCV), ante el avance de la pandemia que pone en riesgo a venezolanos y colombianos y las recientes decisiones del gobierno de Estados Unidos, que escalan las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, llamamos la atención sobre lo siguiente: La formulación de cargos contra Nicolás Maduro y funcionarios de gobiernos chavistas en una corte de Nueva York, acompañada de recompensas para sus capturas, así como el despliegue militar aéreo y naval por parte del gobierno de los Estados Unidos, dificultan los intentos de apertura humanitaria que se estaban llevando a cabo entre Colombia y Venezuela y complican la atención de millones de personas en la zona fronteriza. Las medidas adoptadas por los gobiernos nacionales (Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela) para el manejo de la pandemia, así como su dependencia de empleos informales y la falta de vivienda permanente, convirtió a los migrantes en infractores de las normas de confinamiento, lo que disparó la persecución policial y judicial y multiplicó las expulsiones. El bajo registro de la enfermedad en Venezuela estimuló procesos de retorno, con gran cantidad de familias y personas en las carreteras que se van agolpando en zonas de entrada, ante la falta de preparación en ambos países para el retorno migratorio masivo a Venezuela. Las condiciones actuales de peligro de contaminación y desempleo, junto a la creciente imagen de que los mayores infractores de las normas de confinamiento obligatorio son los venezolanos, han recrudecido la xenofobia en Colombia y abierto la puerta a nuevos criterios para definir el acceso a los derechos de ciudadanos y extranjeros. La comunidad binacional en la frontera está a la deriva y sumida en una profunda crisis de supervivencia, que reclama una respuesta inmediata por parte de los dos países y sus pueblos hermanos. En consecuencia Exhortamos al establecimiento de canales de comunicación entre las autoridades nacionales y territoriales de los dos países para un mejor diagnóstico de la pandemia, que permita ofrecer una respuesta binacional e integral a la emergencia de salud pública en la frontera. Recomendamos a los gobiernos de Colombia y Venezuela y a las autoridades locales de ambos países facilitar la movilidad de los organismos de carácter humanitario, organizaciones de la sociedad civil e iglesias, que vienen prestando asistencia sanitaria y abastecimiento de medicamentos y alimentos. Instamos a Migración Colombia a establecer, en coordinación con ACNUR, la Cancillería y las autoridades departamentales y locales, albergues o centros de atención inmediata para la población migrante, así como avanzar en su regularización mediante un registro único y permanente que dé cuenta tanto de su condición sociodemográfica como de opciones de inserción social y laboral. Recordamos la importancia de la implementación del Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes 2020 (RMRP), que requiere de mayor visibilidad y mayor seguimiento. Pedimos la reactivación del comercio binacional con base en la Declaración de Principios de 2010 y el Decreto 869 de 2016, que facilitan el diálogo y la cooperación. Recordamos que el cierre de los pasos fronterizos formales profundiza la presencia y accionar de grupos violentos y criminales dedicados al contrabando, el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, la explotación sexual y el reclutamiento de menores, los cuales regulan de manera ilícita los flujos entre los dos países. Apoyamos a los gobiernos nacionales y a los gobernantes de frontera en la ejecución de acciones para la apertura de los puentes y pasos legales para disminuir así la capacidad de la delincuencia y el agravamiento de las condiciones de vida en esa zona. Llamamos a impulsar el estudio y la comprensión de las condiciones de la discriminación y la xenofobia como base para una campaña pedagógica nacional, departamental y local que las combata. Reiteramos la demanda de restablecimiento de relaciones consulares entre Colombia y Venezuela como una contribución al manejo integral y humanitario de la grave crisis de salud pública que se enfrenta, sin distingo de nacionalidad. PCCV mantiene su apuesta plural y diversa en favor de una diplomacia ciudadana binacional y regional para apoyar los diálogos y acuerdos entre los distintos sectores sociales y políticos, y en favor de una salida política, pacífica y democrática en Venezuela, decidida por los venezolanos. En cumplimiento de estos objetivos, PCCV ha realizado varios diálogos y foros ciudadanos colombo-venezolanos en los que propone y trata de ambientar alternativas viables, urgentes y necesarias, y organizó un concierto de la orquesta binacional como un acto simbólico de reconocimiento de la riqueza cultural, la unidad binacional y el rechazo a la xenofobia. Gerardo Ardila, Centro de Estudios Sociales, Universidad Nacional de Colombia. Ariel Ávila, PARES. Kristina Birke Daniels, FESCOL. Luis Eduardo Celis, PARES. Pilar Gaitán, La Paz Querida. María Teresa Garcés, La Paz Querida. Mauricio García, Servicio Jesuita a Refugiados, en Colombia. Daniel García-Peña, Universidad Nacional de Colombia. Laura Gil, Centro de Opinión La Línea del Medio. Ramón Jimeno, Colombia. Silvia Leal, Servicio Jesuita a Refugiados, en Colombia. Martha Márquez, Instituto Pensar, Universidad Javeriana. Carlos Mejía, Oxfam Colombia. Carmenza Muñoz, CINEP. Armando Novoa, Exmagistrado del Consejo Nacional Electoral de Colombia. Hugo Ramírez, Semillero de Investigación, Universidad del Rosario. Socorro Ramírez, Universidad Nacional de Colombia. Ronal Rodríguez, Observatorio de Venezuela, Universidad del Rosario. German Umaña, Universidad Nacional de Colombia. León Valencia, PARES. 20 de abril de 2020

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Este martes Reporteros Sin Fronteras (RSF) presentó su más reciente informe sobre la situación de libertad de prensa en 180 países y territorios. En el que se evalúa cómo la pandemia del Covid-19 ha recrudecido los escenarios de censura, esto en países como China e Irán, donde decidieron utilizar dispositivos de censura masivos, provocando consecuencias más profundas en cuanto a la propagación del virus y decisiones de acción para su prevención. Esto entrelazado con problemáticas sociales, políticas y económicas que han agudizado este panorama. Según este informe existen cinco crisis, además de la de la pandemia, que afectarían gravemente los próximos años del ejercicio periodístico: “geopolítica (agresividad de los modelos autoritarios), tecnológica (falta de garantías), democrática (polarización, políticas de represión), de confianza (desapego, e incluso odio, hacia los medios de comunicación) y económica (empobrecimiento del periodismo de calidad)”. Escenarios de riesgo Así, uno de los escenarios de riesgo se refiere a los regímenes dictatoriales y autoritarios que estarían ejerciendo presiones dentro de sus territorios para restringir la información y asimismo a quienes trabajan desde sectores opuestos a los de sus ideologías, esto llevando a que se esté fortaleciendo la persecución violenta hacia periodistas que reportan las situaciones más agitadas en algunos países como corrupción, crimen organizado, narcotráfico o cualquier otro tema en contraposición a los intereses del gobierno en turno. Esto ha provocado que solo durante este año, en los 180 países en los que trabaja la organización, se registre un colaborador y diez periodistas muertos; siendo Irak, Siria y México las zonas donde más y recientemente se han presentado hechos. Por su parte, en los últimos años la organización ha registrado 228 periodistas, 116 ciudadanos periodistas y 14 colaboradores encarcelados. “Esto ha contribuido a que se pase de las palabras a los actos más graves, y que cada vez suceda con más frecuencia. Por ello, en algunos países existe un grado de temor sin precedentes. Altos dirigentes políticos y sus seguidores continúan nutriendo abiertamente el odio a la prensa”. ¿Cómo está Latinoamérica? El documento de Reporteros Sin Fronteras presenta un panorama poco alentador para América Latina, que prácticamente se podría resumir en que cada vez es más complejo y hostil hacer periodismo en esta región, aunque esta zona ocupa el segundo lugar en los continentes donde menos hay censura, siendo Europa el primero. A pesar de este puesto, con el cambio de presidentes en varios puntos del continente, se han agitado las problemáticas políticas y esto ha promovido escenarios de protesta que al final del año pasado fueron trasversales en países como Chile, Colombia, Ecuador, Argentina, Haití y Bolivia, donde a pesar de los reclamos, los gobiernos autoritarios seguían fortaleciéndose e imponiendo sus políticas. Tal es el caso de Brasil con Jair Bolsonaro y de Estados Unidos con Donald Trump, donde han resaltado los modelos que dan vía libre a la continua violación de derechos humanos. Nombrando estos casos precisos sin desconocer que este escenario se ha estado replicando en otros países de la región, y de ahí la agitada de los movimientos sociales finalizando 2019. Esto ha promovido hostigamientos a periodistas que no simpatizan con los dirigentes políticos, donde hay persecución, detenciones arbitrarias, cortes de conexión de internet, infiltraciones telefónicas, despidos masivos, bloqueo de redes sociales, asesinatos, secuestros y amenazas contra periodistas, que a su vez se enfrentan a la negación al acceso a la justicia, lo que termina en casos impunes y sin determinar responsables. Todo esto propiciado por elites en las que se centra el poder y los intereses de los medios masivos, los cuales terminan respondiendo a las dinámicas impuestas por quienes llevan la batuta económica y política. Uno de los países donde más violencia se registró en el 2019 fue México, en donde hubo diez (10) asesinatos, mientras que en este año ya hay un caso denunciado el pasado 30 de marzo. A partir del informe se afirma que México “sigue siendo el país más peligroso del continente para la prensa. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha logrado frenar la espiral de violencia contra los periodistas ni poner fin a la impunidad en que permanecen los crímenes cometidos contra ellos”. Aunque se nombra que en este país centroamericano persiste la complicidad de políticos y fuerza pública, es necesario nombrar que uno de los grupos que más representa una amenaza para los periodistas que se dedican a la información política, económica y policial, es el cártel de Los Zetas, quienes desde 1999 cometen actos violentos para imponer su ley, gozando, además, de completa impunidad. En este orden, según lo más recientemente informado por Reporteros Sin Fronteras, los países latinoamericanos que más cometen actos que atentan contra la libertad de prensa son: Bolivia (114), Guatemala (116), Nicaragua (117), Colombia (130), México (143), Venezuela (147), Honduras (148) y Cuba (171). Colombia en picada Reporteros Sin Fronteras informó que en Colombia la situación ha empeorado para los periodistas desde el 2018, año en el que se posesionó Iván Duque en la presidencia, ocupando en este año el puesto 130, de los 180 países, y quedando entre los territorios más peligrosos para el ejercicio periodístico. Esto propiciado, a partir de lo que analizado por RSF, por las investigaciones que se iniciaron una vez elegido Iván Duque por sus posibles fraudes electorales, corrupción y violaciones a los derechos humanos, campañas de intimidación y acoso, así como operaciones de espionaje. Esto nada alejado de la realidad, pues casi un año después de elegido Iván Duque se conoció de nuevo, un grave caso de interceptaciones ilegales de comunicaciones a políticos y periodistas, las cuales apuntan a ser responsabilidad de altos mandos de servidores del Estado, entre ellos Nicacio Martínez, general (r) del Ejercito. Esto también relacionado con amenazas que empezaron a circular y que poco después en nombre de las llamadas Águilas Negras llegarían a varios periodistas del país. Más adelante, en febrero del 2020, se conoció lo que se denominó la ‘Bodeguita uribista’, la cual operaba también bajo las ordenes de funcionarios cercanos al gabinete de Duque; Claudia Bustamante y Víctor Muñoz. Esta ‘bodeguita’ sería un grupo dedicado a crear y divulgar campañas de desprestigio contra medios de comunicación, periodistas y políticos de oposición, promoviendo intereses uribistas. Poco después se destaparía la llamada ‘Ñeñepolítica’ en cabeza de Julián Martínez y Gonzalo Guillén, quienes darían evidencias y pistas para entender lo que sería una compra de votos ordenada por Álvaro Uribe Vélez para el actual presidente. Esto además demostraría posibles nexos de Iván Duque con José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández, un finquero del Cesar, que a su vez tenía implicaciones importantes con narcotraficantes y criminales de la zona como Marquitos Figueroa, con quien habría planeado el asesinato del hijo de un comerciante de Barranquilla. Luego de esto las amenazas no se harían esperar. Al día de hoy ambos periodistas y sus abogados han sido perseguidos y hostigados por diversos medios, casos que se han llevado a instancias judiciales, pero donde no ha pasado mayor cosa, incluso se siguen reclamando medidas de protección por los entes competentes. Po otra parte, es necesario mencionar que la seguridad de los periodistas en los territorios más afectados por el conflicto armado ha sido y sigue siendo una de las alertas más frecuentes frente a la protección del ejercicio periodístico, en donde se han presentado secuestros y asesinatos como el modus operandi más frecuente para impartir miedo y censura. Como hecho cercano, a través de Pares se informó sobre la situación del periodista Eder Narváez, director del medio de comunicación independiente NP Noticias en la subregión del Bajo Cauca Antioqueño, quien el pasado 12 de abril fue víctima de amenazas de muerte al parecer por un combatiente del grupo armado ´Caparros´ o ´Caparrapos´. Cabe señalar que según lo informado por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), solo en 2018 se habían registrado 85 amenazas contra periodistas, una de las cifras más altas en los últimos años, precedida por el año 2017 en donde hubo 129 casos. Además, en el 2015 el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) presentó un documento en el que se señala que entre diciembre de 1977 y agosto de 2015, 153 periodistas han sido asesinados. Con este panorama urge proteger la prensa independiente, sobre todo en tiempos en los que la democracia tambalea. Urge defender el periodismo que conoce los territorios y le apuesta a la construcción de relatos no hegemónicos, el periodismo que defiende la vida y la democratización de la información como principios básicos. El que responde a los intereses de la gente por encima de los políticos y económicos. Urge defenderlo, aunque en estos tiempos eso parezca una tarea de alto riesgo.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Pocos días pasaron luego de que se decretara el aislamiento preventivo obligatorio el 25 de marzo, para que las denuncias de arbitrariedades de la policía contra las y los ciudadanos comenzaran a ser conocidas. En este punto es necesario aclarar que según el Decreto 457, con el que se implementa esta medida, hay 34 excepciones para las restricciones de movilidad, en las que se incluyen trabajadores relacionados con bienes de primera necesidad, personal del sector de la salud, trabajadores de entidades bancarias, transportadores, entre otros. También se debe puntualizar que aunque se pueden impartir sanciones, que incluso podrían generar de cuatro a ocho años de prisión, según el artículo 368 del Código Penal, y multas contempladas en el Decreto 780 de 2016, no es permitido llevar a las personas a Centros de Traslado por Protección (CTP), a menos que se cumpla con alguno de los motivos establecidos en el artículo 155 del Código de Policía y Convivencia: “Por deambular en lugares públicos en estado de indefensión o bajo los efectos del consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas, cuando la persona esté involucrada en riñas o presente comportamientos agresivos, cuando la persona esté en peligro de ser agredida y el traslado sea el único medio disponible para evitar el riesgo a la vida, cuando no haya una persona allegada que asuma la protección de la persona o cuando no sea posible trasladar a la persona a su domicilio”. Cuestionamientos al actuar de la Policía Un día después del inicio de la cuarentena se denunció a través de Twitter del primer abuso policial. Se trató de un hombre que, al momento de sacar a su perro, uno de los permisos que concede la medida de aislamiento, fue capturado por aproximadamente siete policías quienes lo tenían en el piso y luego de abusos y malos tratos a él y su esposa (quien puso la denuncia por medio de la red social), fue trasladado a un CAI. Según reporta, durante el camino golpeado por los agentes. María Camila, quien dio a conocer el caso, también afirmó que él fue obligado a firmar un acta de buen trato. El 27 de marzo un nuevo hecho se registró en el Portal del Tunal. Se trató de una mujer que indignada cuestionaba a los policías que se encontraban en este punto, pues al parecer le estarían poniendo un comparendo, aun cuando ella argumentaba que trabajaba en un hospital y además tenía los documentos que soportaban esta afirmación. La mujer a pesar de esto fue esposada. Ese mismo día una médica del hospital Simón Bolívar denunció que también se le impuso un comparendo por ir en su vehículo. Dos días atrás se conoció otro abuso a personal de la salud, cuando a un funcionario de Coopidrogas lo capturaron y además le rompieron el carnét y la carta con la que el trabajador argumentaba porqué debía salir a trabajar. El 30 de marzo una nueva denuncia fue conocida, esta vez se trató de una mujer, que al igual que en el caso anterior estaba sacando a su mascota, cuando policías la detuvieron cerca al barrio Bosa Laureles. Tras esto la subieron a un bus de la Institución y como lo dio a conocer en entrevista en Caracol Radio, “en el camino me piden dinero para dejarme libre y me dicen que -también les podía dar otra cosa-”. La quisieron llevar a un CTP, pero dadas las irregularidades del caso no permitieron el ingreso de la mujer a este establecimiento, por lo que en ese momento la dejaron libre. Más adelante un bus de la Policía la retuvo de nuevo, y como lo comentó en el medio de comunicación: “(…) después de que bajan a todos los muchachos que iban en el bus, uno de los policías se me acerca y me dice que le entregue todo lo que tenga, luego me hizo quitar la ropa. Yo tenía 100.000 pesos en los senos, me los quitó y me dice que -tenía los senos muy lindos-, yo estaba tan asustada que tuve que vomitar”. La mujer denunció a miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá que operan en los cuadrantes del CAI de Bosa Laureles y en las instalaciones de la Estación Séptima de Policía de la localidad de Bosa por violencia sexual, robo y extorsión. Desnudamiento en vía pública El 04 de abril Temblores ONG denunció que en el CAI de Lourdes siendo la 1:40 p.m., policías desnudaron a una persona en vía pública y le dispararon chorros de agua. La organización aclaró que “los desnudamientos en vía pública son tratos crueles, humillantes y degradantes que constituyen una forma de tortura. En ninguna circunstancia pueden se justificados con un robo o con una necesidad fisiológica”. Como los casos anteriores, según la ONG, al martes 14 de abril se habrían registrado por lo menos 22 hechos de abusos de fuerza y autoridad por parte de la Policía Nacional en todo el país. Esto entendiendo que los abusos se dan tanto por desconocimiento de los miembros de esta institución que ponen comparendos pasando por encima de las excepciones que se plantean en el Decreto 457, pero también por abusos que terminan en maltrato en los procedimientos de retención, comprendiendo, a su vez, que muchos hechos no son dados a conocer, por amenazas y hostigamientos por parte de agentes de la Policía. A esto se le agrega que las investigaciones cuando se dan en estos hechos son lentas, incluso muchas quedan archivadas por falta de pruebas o porque se brindan beneficios judiciales a los Policías o se encubren sus acciones. Esto no es nuevo, pero sí es necesario advertir que bajo las condiciones que da el aislamiento preventivo obligatorio no se pueden legitimar los abusos de la Policía y peor aún cuando en estos tiempos es más difícil contar con entes que hagan veeduría de estas acciones en las calles. Ante el hambre, represión Desde la noche del 14 de abril las calles volvieron a ser el escenario de pronunciación de la gente ante el hambre y la ausencia de respuestas en los barrios de las periferias de Bogotá, durante las medidas que se han tomado en el marco de la emergencia sanitaria que ha provocado la propagación del Covid-19. Uno de estos puntos fue la localidad de Ciudad Bolívar, en donde en varios de sus sectores se registraron cacerolazos. Al día siguiente éstos continuaron solicitando prontas soluciones, y bajo el legítimo derecho a la protesta social, decidieron bloquear varias calles de esta zona de la ciudad. Estos hechos se presentaron en barrios como Brisas, Los Alpes, Potosí, Canadá, Arabia, Arborizadora Alta, El Recuerdo, Candelaria la Nueva (al frente de la Alcaldía Local), Caracolí, El Paraíso, Nuevo Milenio, Alto de la Cruz, entre otros. El llamado en ese momento era claro y lo sigue siendo; la gente necesita comer y el hambre no da espera. Sin embargo, en horas de la noche y tras casi 24 horas de protestas, llegaron las respuestas institucionales, y no fueron justamente las que se estaban esperando. A estos barrios lo que llegó fue la presencia del ESMAD y de la Policía, quienes, a través del miedo, correrías en las angostas calles de estos barrios, humillación y violencia, respondieron a la parada política y organizada de las gentes de estas zonas, quienes reclamaban por sus causas justas, y quienes viven esta situación ahora, con la propagación del Covid-19, como resultado de un olvido estatal y distrital en el que han estado las periferias. Gases en los tejados de las casas; personas ahogadas, entre ellas niños y ancianos; intentos desesperados por grabar lo que sucedía en las calles; helicópteros sobrevolando la localidad 19 de Bogotá hasta la madrugada del 16 de abril, golpes, denuncias y por su puesto arbitrariedades, todo por parte de la Policía Nacional junto al ESMAD, fue lo que se vivió esa noche. https://twitter.com/BabiloniaMauro/status/1250660986203394048?s=20 No obstante, la afirmación al otro día por parte de la Alcaldía es que la presencia de los uniformados había sido por un intento de saqueo, que de ser cierto entraría en cuestionamiento si la presencia del ESMAD y la represión que este escuadrón supone, era realmente necesario ante un hecho como el que planteó la alcaldesa. Asimismo, después diría que estas manifestaciones estaban ‘orquestadas’ por políticos de oposición. Alcaldesa, la organización barrial ha sido histórica, desconocerla es deslegitimarla, es pasar por encima de lo que se le está exigiendo y por los procesos que se adelantan en las periferias para el fortalecimiento del tejido social. Herir e intimidar: soluciones para el hambre “Tipo 7 p.m. subió al sector de Brisas un camión y tres patrullas de policías a dispersar los bloqueos pacíficos que se venían realizando. A las 7:45 p.m. llegó el ESMAD. En ese momento yo pasé por la parte de atrás de donde se estaban parqueando; ya que por ahí hay una subida directa a donde iba. Yo iba con una amiga, cuando un policía sacó su arma de dotación, preguntándonos qué hacíamos y para dónde íbamos. Le dije que no estábamos haciendo nada, que íbamos para la casa. Lo que él nos respondió fue: – que sea para la casa porque si lo veo arriba lo reviento- “, contó Andrés López, líder comunitario del barrio Brisas. Como lo cuenta Andrés, el uso de las armas de fuego fue uno de los actos que resaltó esa noche y las que siguieron en el marco de las protestas contra el hambre de la cuarentena en Ciudad Bolívar. Uno de estos casos y de los más graves que dejaron los abusos policiales, se registró el 16 de abril, mientras en el barrio El Recuerdo la comunidad esperaba las ayudas del Distrito. “Todo fue por un supuesto camión que llegó con ayudas. En medio del hambre, las familias salieron a recibir las ayudas, de repente el camión se devolvió, lo cual despertó la furia de la gente. Hubo un forcejeo con la policía, que hacía presencia en la zona”, se afirmó a través del medio de comunicación alternativo El Parche Crítico. En este hecho los policías le dispararon a Danny Darío Carvajal Castellanos de 23 años, quien luego de ver cómo uno de los agentes agredía con una pistola eléctrica a su hermana, quien está en estado de embarazo, respondió a los policías y estos le dispararon con arma de fuego en dos ocasiones; una en su estómago y otra en su mano. En el hecho los policías se fueron, mientras que los vecinos fueron quienes trasladaron a Danny hasta el Hospital de Meissen, donde permanece hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos con pronóstico reservado. Cabe señalar, que además del delito que cometió este policía, que aún no se ha hecho público quién es, aunque la Institución reconoció la responsabilidad del uniformado, también él y los demás uniformados que allí estaban incurrieron en el delito de omisión de socorro, establecido en el artículo 131 del Código Penal. Horas después del hecho el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, se pronunció diciendo que: “Condeno la actuación del policía que admitió haber usado su arma de dotación en las circunstancias conocidas. En un Estado Social de Derecho ningún miembro de las fuerzas armadas puede hacer un uso desproporcionado de la fuerza. En este caso, claramente, se vulneró este principio fundamental. La investigación deberá adelantarse con celeridad y de cara a la ciudadanía”, además afirmó que a Danny Darío Carvajal y a su familia se le estaba brindando acompañamiento jurídico a lo largo de las investigaciones. Pero, a diferencia de las afirmaciones anteriores, el 18 de abril la madre del joven desmintió las declaraciones de Luis Ernesto Gómez, pues en un video cuenta que hasta ese momento solo había recibido las ayudas del alcalde de la localidad, quien le había dado $60.000, además de algunos implementos de salud y aseo. Igualmente, se han denunciado amenazas por parte de policías contra la familia de Danny Carvajal. Estos hechos no han cesado en la localidad, en las últimas horas se recibieron denuncias desde el barrio Brisas, en donde vecinos del sector fueron víctimas del uso de armas de fuego por parte de la Policía, esto como forma de intimidación y sin ningún organismo de control que vele para que quienes están en la calle manifestándose gocen de garantías que protejan la vida de los habitantes de estos barrios, quienes además de estos hechos han tenido que aguantar la persecución en las calles, incluso cuando se sale por las razones permitidas durante la cuarentena. Sin casa, pero con miedo El 15 de abril en el sector Bella Flor, en Ciudad Bolívar la rabia ante el hambre también se hizo sentir. En esta zona las vías se cerraron pidiendo presencia de entidades distritales que respondieran por el olvido en esta zona durante el periodo de cuarentena. En este punto las respuestas fueron más rápidas, pues solo horas después de iniciados los bloqueos el ESMAD llegó. Allí no solo se afectó a la gente con gases y aturdidoras, también se destruyeron los ‘hogares provisionales’ o de ‘invasión’ en los que varias familias estaban intentando hacer caso al #QuédateEnCasa. Con esto es necesario señalar que 18 millones de personas no tienen condiciones dignas de habitabilidad. Además, que las invasiones y las problemáticas que han desatado los llamados tierreros en varios puntos de las periferias han sido alertados desde años atrás y sin embargo sigue siendo una situación constante en los barrios de las localidades del sur de Bogotá. Hoy, a un día de cumplirse una semana en manifestaciones, las protestas continúan en varias zonas de Ciudad Bolívar. El llamado sigue siendo a la Alcaldía porque el hambre es motivo suficiente para organizarse y pronunciarse, claro, el interés es político, pero si se entiende que todas y todos somos sujetos políticos.

Por: Natalia Aguilar Salas. Colaboradora Pares. “El personal de la salud que está muriendo, no es por coronavirus, sino por desprotección”. Este es el lema que señalaron médicos y médicas, así como personal de la salud tras conocerse que 169 profesionales de la salud han sido diagnosticados con COVID-19, lo que representan el 4,25 % de todos los contagios en el país, según el INS. Este lunes, tres sindicatos de trabajadores se unieron para alzar su voz de inconformidad frente a la situación de los trabajadores de la salud en medio de la crisis sanitaria que afronta el país, la Confederación General del Trabajo CGT, la Confederación de Trabajadores de Colombia, y la Central Unitaria de Trabajadores CUT, de Colombia convocaron a un plantón en todos los hospitales de Colombia a las 7 de la mañana este martes 21 de abril. La Confederación General del Trabajo de Colombia CGT, denunció por redes sociales que los trabajadores de la salud están realizando su labor en condiciones paupérrimas, afirman que las jornadas son esclavizantes, no cuentan con estabilidad laboral debido a que muchos de los contratos se realizan por prestación de servicios, los pagos no se realizan a tiempo y no cuentan con las medidas de bioseguridad necesarias. En Tadó, Chocó varios trabajadores denunciaron que llevan 14 meses sin recibir pagos, y exigen el pago de estos, además de seis primas vacacionales, las cesantías de los contratados entre 2014 y 2016, los viáticos por traslados de pacientes entre 2013 a 2016, dotaciones desde 2013 a 2020, prima navideña y retroactivos de 2015. En Bucaramanga, Santander, también solicitaron que el gobierno garantice la dotación de los elementos de protección personal. En Bogotá también solicitaron que doten al personal de salud con los elementos de bioseguridad necesarios, ya que varias personas del personal se han tenido que proteger con bolsas de plástico. Por su parte, la Federación Médica Colombiana afirmó que “Los médicos fallecidos no son héroes, sino mártires, esas muertes eran prevenibles… el personal de la salud que está muriendo, no es por coronavirus, sino por desprotección” , también es necesario mencionar el porcentaje de trabajadores de la salud que trabajan por prestación de servicios, 28% son médicos generales, 32% son especialistas, 38,7% son cirujanos, 25% son auxiliares de enfermería, 14% son administrativos, y 47% no quiso dar información, según datos de la Defensoría del Pueblo. Asimismo, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia afirmó que el principal motivo para convocar al plantón es exigir las condiciones dignas para los trabajadores del sector salud durante la emergencia del Covid-19. La CGT afirmó que “los aplausos están bien, pero, más que eso nuestro personal de salud merece trabajo digno”. En la mañana de este martes el personal médico del hospital de Kennedy protestó en las afueras del centro debido a la falta de implementos y equipos con la bioseguridad necesaria. También se pronunciaron en contra de los contratos por prestación de servicios y en contra de la ley 100. Hasta el momento 169 profesionales de la salud se han visto contagiados por el Covid-19, esto representa un 4.25% de los contagios en toda la población, informó el tiempo.En los carteles que portaba el personal de salud se leían mensajes como “ El gobierno debe asumir la prestación de los servicios de salud”, “No ley 100”, “Claro que le tenemos miedo al virus, pero más miedo le tenemos al desamparo del gobierno”, “Rechazamos el decreto 538 emitido por el gobierno”, entre otros. Estos tres sindicatos también se han pronunciado en contra de la negligencia del Gobierno, al no dotar con las medidas y equipos necesarios para los profesionales de la salud, y han reiterado su apoyo a la Federación Médica Colombiana, la cual hizo un comunicado junto con el Colegio Médico Colombiano y la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas , en donde anunciaron el 16 de abril que se retiran de la mesa de diálogo con el gobierno, debido a la falta de acción oportuna en cumplir lo acordado en una reunión realizada el 13 de abril con el ministerio de salud. Frente a estos sucesos es entendible que el personal y profesionales de la salud teman por sus vidas y las de sus familias, muchos han tildado estas manifestaciones de irresponsables y cínicas, sin embargo estas son las personas que arriesgan sus vidas todos los días por el bienestar de toda la población colombiana. Es indignante que gane más dinero un influencer cuando las personas que protegen las vidas de sus comunidades y de la sociedad colombiana deban trabajar con las uñas y ni siquiera reciben sus pagos en el momento oportuno, y aún están a la espera del equipo médico y de bioseguridad necesario para no morir. ¿Cuánto tiempo más deben esperar para que se reconozca lo valiosa que es esta labor? con aplausos y publicidad para el gobierno no se salvan vidas, y mucho menos se alimentan las familias de estos trabajadores, se necesita acción oportuna que abarque a todas las ciudades, departamentos y municipios, sobre todo aquellos que han sido abandonados históricamente por el gobierno colombiano.

Por: Esteban Salazar Giraldo. Investigador Nacional PARES Leticia se encuentra al borde de la crisis humanitaria. De acuerdo con una carta del 20 de abril, se conoció la renuncia masiva del personal de salud del E.S.E. Hospital San Rafael, el único ente de salud que estaba prestando los servicios de atención por el Covid-19. Las razones de la renuncia del personal de salud están condensadas en la falta de garantías y elementos de protección para atender a pacientes que lleguen infectados. De acuerdo con las cifras oficiales, en Amazonas existen cuatro (4) personas que se encuentran contagiados y, según fuentes de Pares, uno de estos casos se habría dado dentro del personal médico del municipio de Leticia. Sin embargo, esto podría ser un subregistro, pues los resultados de las pruebas se están demorando de 5 a 10 días. La misiva es un solo una parte del abandono histórico en el que ha vivido el Amazonas por parte del Estado colombiano. Con una población de 47.978 personas, este departamento se configura como el más grande a nivel de extensión territorial -109.665km2-, y solo cuenta con dos municipios: Puerto Nariño y Leticia, lo que dificulta la gobernabilidad. Más territorio que Estado. Crisis hospitalaria Aunque su mayor riqueza es la biodiversidad y demografía pluricultural, de lo cual todo colombiano se enorgullece, la realidad de este departamento es más compleja. De acuerdo con datos oficiales, entre Leticia y Puerto Nariño se cuentan apenas 10 centros de atención de salud, de los cuales, solo hay un hospital -E.S.E. San Rafael- y una clínica -Leticia-. El hospital que es de tercer nivel, es decir, puede atender casos complejos de salud pero no cuenta con los elementos y garantías para que el personal atienda a posibles enfermos por Covid-19. Tampoco cuenta siquiera con una Unidad de Cuidados Intensivos -UCI-. Sin duda alguna, este departamento se encuentra tan desconectado del país que, por ejemplo, según la Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible, además de contar con unas Necesidades Básicas Insatisfechas -NBI- por encima del 77%, todo el departamento hace parte de las Zonas No Interconectadas (ZNI) de energía del país. Aunado a lo anterior, este departamento comparte la mayor proporción fronteriza con Brasil. Leticia y Tabatinga son municipios o entes territoriales siameses, lo que agrava la situación, pues, como bien se ha conocido, el país vecino no le ha dado un manejo coordinado a la crisis del Covid-19. En Tabatinga, según cifras oficiales, hay 11 casos confirmados y uno de estos falleció. De hecho, el municipio fronterizo no cuenta con mayores garantías que Leticia. Al otro lado de la frontera, con 62.346 habitantes, Tabatinga cuenta con apenas dos centros de salud: la Unidad de Primeros Auxilios -UPA- y el Hospital militar. Insuficientes para toda la población que deben atender. Por otro lado, cabe recordar que esta frontera es una conurbación, es decir, un mismo casco urbano dividido por un semicaudal -quebrada contaminada-, que tiene como control para pasar de un territorio a otro un policía acostado. Hasta el momento, ni el prefeito -alcalde- de Tabatinga ni el alcalde de Leticia se han puesto de acuerdo para manejar la crisis de manera coordinada. Dicho de otra manera, además del abandono del propio Estado, Leticia hace parte de una frontera altamente porosa y permeada. ¿Contratos ‘fantasmas’ en Leticia? Otro factor grave, se encuentra relacionado con las recientes denuncias que están saliendo a la luz pública debido a presuntos “contratos fantasmas” y órdenes de compra en el municipio de Leticia, así como por parte de la gobernación, en donde los gobernantes se estarían aprovechando del estado de emergencia y la reducción de vigilancia por parte de los órganos de control para apropiarse de recursos públicos. De acuerdo con entrevistas realizadas por Pares en Leticia, la situación se torna grave por la crisis humanitaria que se empieza a materializar ante una propagación del virus descontrolada y una desatención médica. Mientras tanto, los entes territoriales estarían más preocupados por la contratación, que por establecer políticas coordinadas con Tabatinga y por exigirle al gobierno nacional ayudas inmediatas.

Por: Redacción Pares Así lo advierten este lunes 20 de abril, y mediante un comunicado público, un grupo de docentes e investigadores en los ámbitos del derecho penal, la criminología y la política criminal en diversas instituciones de educación superior del país, advierten la gravedad de la emergencia carcelaria y los derechos humanos que se encuentran amenazados en las cárceles de Colombia. En la cárcel de Villavicencio, donde la semana pasada se conoció el primer caso de un interno contagiado por coronavirus, se confirman actualmente 23 contagios: tres personas muertas y el alcalde de la ciudad exige pruebas masivas para controlar el problema. Autoridades penitenciarias confirmaron este sábado los dos primeros casos de coronavirus en la cárcel «La Picota» de Bogotá. Se trata de dos reclusos que llegaron al centro reclusorio el pasado 1 de abril, procedentes de la cárcel de Villavicencio. El grupo de expertos exige al Gobierno Nacional que derogue todas las barreras que impiden el acceso efectivo a la reclusión domiciliaria y se garanticen de forma real y efectiva la salud y la vida tanto de la población carcelaria como de los trabajadores del sector penitenciario. Además advierten que el Gobierno, en uso de esas mismas potestades constitucionales, adopte protocolos y medidas urgentes, reales y serias, concertados con todas las partes involucradas (en especial reclusos y personal penitenciario) encaminados a introducir herramientas que –de verdad– sirvan para garantizar la vida de quienes deban permanecer en reclusión, incluidos todos sus custodios. Cabe recordar que el pasado 21 de marzo, presos de varios centros del país protagonizaron protestas, disturbios y motines. Exigían condiciones más favorables para ellos, que garantizaran que los lugares que los albergan se convertirían en foco de contagio. En la cárcel Modelo de Bogotá 23 reclusos habrían sido asesinados en los disturbios. La ministra Margarita Cabello y el director del Inpec, general Norberto Mujica, aseguraron que se trató de un intento de fuga. La Fiscalía creó un equipo especial para investigar el episodio Las cárceles son un riesgo a la vida Además, los expertos señalan las condiciones de reclusión que no pueden ser menos alarmantes y advierten que el confinamiento y el hacinamiento convierten a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa del coronavirus COVID-19, que puede poner en riesgo la salud y la vida de todas las personas que interactúan en dicho entorno, debido a la absoluta imposibilidad de implantar –en las actuales condiciones– las medidas esenciales para prevención del contagio en la mayoría de los casos. Encuentre aquí el comunicado Las principales problemáticas de las cárceles Como la Fundación Paz y Reconciliación lo había advertido en el artículo ALARMA POR DRAMÁTICA SITUACIÓN SANITARIA EN LAS CÁRCELES, son conocidos los testimonios sobre la mala calidad del agua que abastece a estos centros, los espacios reducidos en los que pasan las noches, y los castigos a los cuales son sometidos en un contexto en el que prima la ley del más fuerte. Esto por supuesto representa múltiples trabas para el propósito de resocialización. Si bien es cierto, los centros penitenciarios y carcelarios restringen a las personas privadas de la libertad de ciertos derechos sobre la base de los efectos jurídicos que representa dicha privación, otros derechos como la vida, la dignidad, integridad personal, salud, vida íntima, alimentación, trabajo, educación, familia, entre otros, son constantemente vulnerados. Las principales problemáticas de los centros penitenciarios y carcelarios son las siguientes: · El derecho a la dignidad humana se ve vulnerado ante el gran número de personas privadas de la libertad que comparten espacios reducidos para alojarse. El que tengan que dormir en pasillos y otros espacios diferentes a las celdas (que de por si no dan abasto y presentan problemas de higiene, superficie mínima, calefacción, ventilación, entre otros) supone un escenario de riesgo para esta población · El hacinamiento deteriora la infraestructura de celdas, baños y áreas comunes siendo algunas inutilizables lo que conlleva a que se generen condiciones insalubres y limitaciones en los servicios públicos de estos espacios. · Los servicios de salud son deficientes, muchas veces por falta de personal especializado en los centros penitenciarios y carcelarios. Esto supone un escenario de riesgo para la propagación de enfermedades y la tardía y limitada atención a los quebrantos de salud de la población privada de la libertad · Las limitaciones de infraestructura y el consecuente hacinamiento representan grandes obstáculos para el propósito resocializador de los centros penitenciarios y carcelarios. Los niveles de desocupación ante estos limitantes contribuyen a que este proceso se vea afectado de manera permanente. Un sistema que no funciona, que es demorado y que además al interior de la cárcel no cuenta con el número de camas necesarias, no cuenta con unos espacios completamente desinfectados. Con una pandemia , como la que hay ahora, no van a tener la cantidad de camillas, ni de médicos que le puedan poner atención a una población que se encuentra en altos niveles de hacinamiento. En este sentido, es visible que el estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario parte de los problemas estructurales y de vulneración de derechos de la población de libertad, lo cuál deja en el aire serias preocupaciones sobre el manejo que están dando las autoridades encargadas de la administración de esos espacios en el marco de la coyuntura actual por causa de la llega del COVID-19 a Colombia.

Por: Redacción Pares Cerca del 90 por ciento de los recursos de crédito destinados para garantizar la producción agraria y la sostenibilidad alimentaria durante esta época de pandemia, se están concentrando en manos de beneficiarios que los están utilizando en actividades no productivas. Así lo evidenció la Contraloría General de la República, a través de su delegada para el sector agropecuario, al examinar detalladamente el comportamiento de las colocaciones hechas por Finagro dentro de la Línea de Crédito Colombia Agro Produce. Finagro es uno de los mayores colocadores de crédito oficial en el país y del 1 de enero al 31 de marzo de 2020, sus colocaciones en total superan los $6,1 billones, de los cuales $4,8 billones (el 78%) han sido para los grandes beneficiarios, que son personas con activos superiores a los 5.000 salarios mínimos mensuales. Los medianos productores han recibido $710 mil millones (12%), mientras que los pequeños, incluidos en esta franja aquellos cuyos activos no superan los 280 salarios mínimos, han recibido $630.000 millones (10%), suma considerada pequeña dentro de ese universo. Productores agropecuarios son los menos beneficiados En cuanto a la línea especial de crédito (LEC) Colombia Agro Produce, lanzada en respuesta a la emergencia, grandes agroindustriales y comercializadores se quedan con la mayor parte de los recursos colocados. En un análisis sobre el tema, el equipo de trabajo de la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario encontró que de los $226.000 millones colocados hasta el 8 de abril, $213.566 millones han ido a grandes comercializadores y agroindustriales, $8.300 millones para medianos, y sólo $4.200 millones para pequeños productores. El informe detalla que de los $226 mil millones, $196.133 millones se colocaron por rubros de comercialización y/o transformación, costos operativos y anticipos. “(Los recursos) se colocan -explica el documento- sin controlar la afectación por la emergencia y su destinación, de tal manera que no surte efecto lo dispuesto por la CNCA (Comisión Nacional de Crédito Agropecuario) y la Circular 11 de Finagro, que estableció que los grandes clientes no pueden acceder a la línea para comercialización”. “A la fecha la línea no les está llegando a los productores agropecuarios, sino a grandes agroindustriales, comercializadores y prestadores de servicios”; explican los investigadores de la CGR. De acuerdo con la normatividad de emergencia, esta línea de crédito debería estar focalizada en actividades de producción de alimentos o en factores que impacten o protejan el empleo. Más reparos Otro elemento del desequilibrio relacionado con la destinación de estos recursos se refleja en el hecho de que Bogotá concentra el 35.6% de las colocaciones de emergencia, mientras que sólo el 24% de municipios han tenido acceso al crédito. Y un reparo de fondo hecho por la Contraloría es que la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario no contempló como requisito la demostración de la afectación de los solicitantes del crédito y Finagro partió de la base de que todo el país se encuentra afectado, y bajo esa premisa general, no focalizó los recursos a los pequeños productores.

Por: Natalia Aguilar Salas. Sergio Saavedra. Laura Cano y Carlos Castelblanco. Periodistas Pares Hoy más que nunca, en medio de la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19, la democracia necesita de un control político por parte del órgano legislativo. Una veeduría crítica y responsable que evalúe y discuta las medidas extraordinarias de un Gobierno Nacional que en manos de la rama Ejecutiva y en cabeza del Presidente, ha expedido en las últimas semanas decenas de decretos y normas que requieren de análisis y vigilancia por parte de la otras dos ramas del poder público. El pasado 18 de marzo, el Presidente Iván Duque y los ministros del Interior, Alicia Arango, y Defensa, Carlos Holmes Trujillo, firmaron el Decreto 418 por el cual se dictan medidas transitorias para expedir normas en materia de orden público, en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Desde el 16 de marzo no se realizaban las sesiones que estaban programadas durante este año. Sin embargo, por primera vez en la historia del Congreso de la República, el pasado lunes 13 de abril la plenaria del Senado sesionó virtualmente para asumir el control político de los decretos promulgados en la emergencia sanitaria por el Coronavirus y que tiene al país en una crisis social y humanitaria. Fueron muchos los conceptos y críticas en torno a las medidas del Gobierno para enfrentar el coronavirus, pero los congresistas coincidieron en estar unidos para salir lo mejor librados de la pandemia. “Es necesario que el Congreso ejerza el control político y que juegue un papel de liderazgo en representación de sus electores y de las regiones, que le aporten al Presidente y al Ejecutivo, y a su vez que también vigilen y limiten sus decisiones”, afirmó León Valencia, director de Pares. La bancada de la oposición Durante muchos años, definir la oposición en Colombia era una tarea fácil. En lo fundamental, explica Ariel Ávila, subdirector de Pares, había un pequeño espectro de izquierda en el Congreso de la República, siempre era arrollado por la coalición de gobierno, está última casi siempre era superior al 80%. Fernando Cepeda, un exministro del Interior, decía que el partido más grande en el Congreso era el partido de gobierno, sin importar quien fuera el presidente, rápidamente adquiría mayorías. Pero las cosas cambian y al igual que en una buena parte de occidente, las viejas costumbres de la democracia están haciendo agua. Hoy hay un grupo muy importante de parlamentarios que se han configurado como la oposición al Gobierno Nacional en el Congreso de la República. Y hasta ahora este grupo de congresistas han logrado tener un impacto mediático importante. Y en materia de oposición técnica, es decir, aquella que se refiere a una evaluación, seguimiento y contrastación de información oficial y propuestas del Ejecutivo, han hecho un trabajo crítico. En la primera sesión virtual transmitida en vivo por el Canal Congreso, Canal YouTube Congreso Colombia, página Web y redes sociales del Senado, el senador del Polo democrático Alternativo, Iván Cepeda, propuso con el respaldo de 27 congresistas que un billón de pesos del presupuesto nacional asignado al sector de defensa, con el cual se podrían adquirir armas y equipos, que no son esenciales, en este momento se destinen al sector de salud. Este es el año donde los bancos no deben ganar un peso afirmó el senador del partido de la U, Armando Benedetti, quien dijo que sin los bancos podemos salir de la crisis, al señalar que el Congreso le ha dado muchas prebendas al sistema financiero. Agregó que ante la crisis se debería estatizar a los bancos. Según el senador de la Alianza Verde, Juan Luis Castro, el Ministro de Hacienda dijo que salir de la pandemia al país le costará unos 60 billones en cuatro años, pues curiosamente esta cifra se parece mucho a los 64 billones en excepciones que el Gobierno Duque les daría a las mismas empresas, pero durante los mismos cuatro años. El hallazgo es del Senador Wilson Arias, quien encontró que con todo y ajustes, esa es la plata que se llevarán al bolsillo las empresas más ricas de Colombia. ¿Por qué Duque y Carrasquilla no derogan estas excepciones? señaló Castro. Con ello ya tendrían todo el financiamiento de las medidas sociales contra la pandemia, en lugar de ir a pedir 11 mil millones de doblares al FMI e incrementar la deuda pública que por cierto, en este 2020 nos costará 29 billones solo en intereses. Por su parte, el senador Gustavo Petro sorprendió con su presencia en la sesión después de una cirugía donde le detectaron cáncer y expresó que la pandemia no se combate con el mercado, la plata se la consignaron a las EPS. La política social la hacemos al alrededor a los bancos,” destacando que se debe cambiar la concepción de la política económica y de la salud, “para salvar la mayor cantidad de vidas posibles. El vicepresidente de la corporación, Alexander López, senador del Polo Democrático Alternativo, dijo que el Congreso debe estar al frente controlando y atendiendo la tragedia en el país y señaló: Estamos lejos de establecer el problema como va. Se refirió al problema carcelario y dijo que los centros de reclusión no tienen protección. Pares habló con un grupo de parlamentarios y parlamentarias de la bancada de la oposición que expresaron su punto de vista y sus expectativas frente a la responsabilidad histórica del Congreso en estos momentos tan difíciles para la sociedad colombiana. «Es fundamental restablecer el equilibrio de poderes» María José Pizarro. Segunda Vicepresidenta de la Cámara de Representantes de Colombia. Coalición Decentes. Pares: ¿Cómo ha sido legislar vía web en el Congreso y cuáles son los retos que han afrontado? Maria José Pizarro: Hemos hecho todo lo posible para poder legislar y vamos a estar atentos para ver qué decisión o qué pronunciamiento tienen las Cortes en relación con la legalidad de estas sesiones virtuales, puesto que las sesiones virtuales no hacen parte del reglamento que establece la ley quinta del Congreso de la República. Vamos a esperar al pronunciamiento, que debería ser a más tardar el 20 de abril. En la primera sesión plenaria obviamente se presentaron todo tipo de dificultades. Por un lado la votación duró más o menos unos 53 minutos, que sobrepasa el tiempo establecido para las votaciones que es de 30 minutos, al mismo tiempo había deficiencias en la señal y la imposibilidad de poder adelantar votaciones que tienen, según lo manda la ley 5ta, unos parámetros establecidos. Además, hay un tema de identidad. En todo momento se tiene que saber que la persona que vota es efectivamente la persona que está participando, en una sesión presencial es muy fácil porque tú pones la huella o se hace un llamado a lista y puedes decidir y la gente ve tu cara, hay un reconocimiento facial y un reconocimiento a tus huellas, que en este caso virtual al no tener una herramienta idónea que permita eso, pues las votaciones son imposibles, entonces pues solamente se permite la deliberación. Entre otras cosas, he venido realizando mi tarea como parlamentaria, pero obviamente no se ha podido realizar una de las funciones que tiene el Congreso que es legislar y realizar un control político eficiente. Las proposiciones se leen, se aprueban, pero no hay posibilidad de votar las propuestas, es decir que es casi imposible trasladar propuestas votadas del Congreso a la Presidencia de la República en el marco de la pandemia. Es solamente una deliberación. Pares: ¿En qué temas se está enfocando la Comisión Sexta? M.J.P: Las sesiones eran de debate de control político podríamos decirlo así, aunque informal, no tienen ese carácter legal en el que distintos ministerios acudieron a las citaciones y presentan sus balances de lo que han venido implementando en el marco de la emergencia. Tenemos dudas frente a la entrega del Plan de Alimentación Escolar PAE, si efectivamente la entrega podría ser uno de esos agujeros negros por donde se cuelan los recursos públicos y son acopiados de manera criminal por parte de terceros. Creo que realmente va a ser muy difícil que el Congreso pueda cumplir con rigor lo que establece la Constitución, es decir, este es el tercer poder de nuestro país, es el poder legislativo y tiene unas funciones constitucionales, eso se le llama equilibrio de poderes, y en estos momentos no puede legislar, realizar control político, realizar mociones de censura y por lo tanto pues obviamente el equilibrio de poderes que garantiza que nuestro país pues pueda ser una democracia o debería ser una democracia. Nosotros hemos tenido una democracia formal pero no una democracia integral, para que sea integral deberíamos tener muchísima más diversidad de votos en el Congreso y no unas mayorías aplastantes que sencillamente defienden los intereses del Gobierno y ante las cuales la oposición simplemente puede alzar su voto de protesta, pero no ve materializada ninguna de sus propuestas. En este caso la bancada de oposición ha presentado más o menos unas 40 propuestas desde que inició esta crisis, de las cuales nosotros estamos seguros solamente se ha acogido por mucho el 2%, el resto siguen en la bandeja de entrada del correo electrónico del Presidente de la República, no hay respuestas, no hay un análisis, nadie nos dice por qué ni siquiera son tenidas en cuenta estas propuestas y eso sí nos parece crítico, porque la oposición representa hoy un porcentaje muy grande de la población colombiana. «El Congreso debe ser un vocero de la sociedad» Jorge Eduardo Londoño. Senador de la República, Partido Alianza Verde Pares: ¿Cuáles son los principales desafíos del Congreso en estos momentos de emergencia nacional? Jorge Eduardo Londoño: Esta pandemia va a deconstruir relatos como el de la centralización, el de nuestro sistema de salud, el de la fragilidad del agro. Por eso el reto del Congreso es ejercer un control político; no hay tiempo para construir leyes y por eso en los Estados de Excepción se le da al Ejecutivo, eso sí, dentro de los parámetros de los derechos humanos y la institucionalidad. El Congreso debe hacer un análisis muy serio de todos esos decretos que ha expedido el Gobierno porque no son pocos, y debe ser un vocero de la sociedad: de sus angustias, de sus esperanzas, pero sobre todo para buscar una solución urgente para tanta gente que en este momento no tiene trabajo, no tiene alimentación y albergan desesperanza. La Comisión Quinta que revisa temas ambientales, agropecuarios, mineros y energéticos va a trabajar para sustentar las soluciones a esta pandemia en dos sectores: el sector de la salud y el sector campesino. Por eso, hay que tener una mirada crítica frente a la agro. Por ejemplo el Gobierno Nacional debería tener la capacidad hoy de adquirir los artículos y alimentos producidos por los campesinos. A futuro hay que llevar a cabo una ruptura y construir una nueva institucionalidad, hay muchas falencias y hay que remediarlas. «Debemos mirar que el dinero llegue a donde debe ser» Aída Avella. Presidenta de la Unión Patriótica y Senadora de Colombia en la bancada Decentes. Pares: Con el contexto que ha planteado el Covid-19 para todos los sectores de la vida nacional ¿cuáles son los retos de sesionar virtualmente? Aída Avella: Primero la implementación se hizo tarde, antes hubiéramos podido hacer las sesiones virtuales. Pero como en estos temas estamos aprendiendo todos no teníamos experiencia y tocó hacer muchas cosas para que el Congreso pudiera sesionar virtualmente. No es fácil sesionar con 108 personas que son las del Senado. Comenzamos a sesionar la semana pasada y fue una experiencia buena, tuvimos la sorpresa que se conectaron todos desde diferentes partes con algunas cuestiones de intermitencia de personas que están en determinadas zonas. La otra sorpresa es que por primera vez en la sesión participaron la mayoría de los senadores con muy pocas excepciones. Entonces son sesiones que se extienden desde las 3, 4 de la tarde hasta media noche. Además, ha habido una metodología que también ayuda a tratar temas específicos. Ya hemos tenido a los ministros de Salud y Hacienda para tratar temas de ambas carteras. Habla el ministro que asiste, luego los parlamentarios. Ojalá las etapas de la pandemia pasen efectivamente y podamos sesionar de manera presencial, que es lo ideal. Sin embargo, hasta el momento creo que se ha hecho muy organizado. Otra cosa que sorprende es que las sesiones de plenaria y de comisiones se hacen con anticipación, es decir, nos conectamos una hora o media hora antes para ponernos de acuerdo con todo. Por otra parte, entendemos que cada uno tienen sus dificultades en casa; madres que están con sus hijos pequeños, que haya problemas de conexión, o que por ejemplo en la pantalla se crucen otras personas, porque es casi como la integración de la familia en el trabajo, pero sabemos que este tipo de herramientas nos abren caminos para intercambiar con otras poblaciones que pueden trabajar y trabajan con nosotros. Pares: En su Comisión puntualmente, ¿cuáles son los principales dos desafíos? A.A: En la Comisión Cuarta trabajamos muy de la mano con la tercera para temas como el Plan de Desarrollo, presupuesto y demás. Entonces ahí nos toca mirar cómo efectivamente se están administrando los dineros para que lleguen a donde deben llegar, por ejemplo, a los hospitales o, por el contrario, ¿por qué no han llegado? ¿Por qué la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) no está aplicando el artículo 237 del Plan de Desarrollo del año pasado? En el que se dice que los dineros debían girarse directamente a los hospitales. En este caso el problema es que las EPS en este momento están recibiendo la plata y se está quedando ahí y en las IPS. También debemos velar por que los dineros que van para las regiones lleguen allá, que no se quede en las gobernaciones o con algún intermediario. Adicionalmente se debe garantizar que los entes de control sirvan. Las superintendencias financieras deben actuar o entonces ¿para qué creamos esos organismos si no funcionan? Me parece que a veces esos entes funcionan como pequeñas corbatas que tenemos dentro de la administración. «A todos los hermanos indígenas va mi voz de aliento» Feliciano Valencia. Senador de la República 2018-2022. Comisión II. MAIS Pares: ¿Cuál cree que serían los dos grandes desafíos y qué acciones está adelantando desde la Comisión a la que usted pertenece? Feliciano Valencia: Por un lado, articularnos como movimiento político MAIS a la bancada alternativa que se ha organizado en el Congreso, independientes y alternativos. Desde allí venimos haciendo todo un ejercicio de trabajo conjunto y de articulación con regiones mediante la realización de audiencias públicas. Por el otro lado, las denuncias de los casos que suceden en los territorios, por ejemplo, están los asesinatos de líderes y lideresas sociales, de la población indígena y étnica. Asimismo, la vulneración de derechos fundamentales como la consulta previa, que la pretenden hacer virtual. Por ejemplo, radicamos oficio ante el Ministerio de Interior y el de Salud para que se verifique la situación de salubridad de la comunidad indígena de Peñas Blancas en el Bajo Atrato Chocoano. Con estas acciones, hacer un llamado al Gobierno Nacional para que se atiendan este tipo de realidades. Finalmente, estamos haciendo una agenda de carácter intercontinental, en términos de articularnos con otros procesos, que, incluye a otros parlamentarios del continente americano para tejer solidaridad respecto a la situación que nosotros estamos haciendo durante este tiempo. A todos los hermanos y hermanas de los pueblos indígenas que habitan todos los sectores, históricamente marginados y golpeados, va mi voz de aliento mi solidaridad y mi decisión radical para defenderlos y representarlos de mejor manera en el Congreso de la República. Que se cuide la vida, porque mientras haya vida, hay esperanza y podemos seguir luchado por la vida digna. Pares: ¿Qué retos implica sesionar de manera virtual en el marco de la cuarentena obligatoria? F.V: El reto principal de estas sesiones virtuales es poder acceder de mejor manera a las intervenciones, toda vez, que tengo muchas dificultades con el internet acá en la región donde yo vivo en el departamento del Cauca. Es muy débil la señal, lo que ha ocasionado que a veces en sesiones de plenaria casi no me escuchan mis compañeros. Esto me imposibilita hacer mejor las presentaciones y estamos tratando de superarlas. Sin embargo, ese vacío de no poder intervenir de manera plena lo vengo supliendo con videos que yo voy subiendo a las redes sociales, casi diariamente con comunicados y cartas. Con ello busco continuar haciendo planteamientos de los temas que tenemos que debatir con respecto a la Comisión Segunda a la que pertenezco y a las plenarias de Senado. Sin embargo, no es lo mismo que en el recinto porque allí había más garantías para poder hacer los ‘buenos debates’. Es decir, la plataforma por la que podemos hacer las sesiones aún no cuenta con las garantías completas para procesos como radicar constancias y leerlas como pasaba en el recinto. Asimismo, como para preparar la proposición y leerla. Esta situación ha generado que las constancias e intervenciones se hayan venido postergando. es decir, sí se recogen, pero no hay como hacerlas evidentes como en el caso presencial. Ojalá que cuando llegue el momento de las sesiones de control político se pueda garantizar la participación plena. «Hay que evaluar nuestros sistemas alimentarios» Pablo Catatumbo, Comisión Quinta del Partido FARC. Pares: ¿Cuál cree que serían los dos grandes desafíos y qué acciones está adelantando desde la Comisión a la que usted pertenece? Pablo Catatumbo: Pues bien, para contestarle antes quiero mencionar un elemento: en mi caso, hago parte de la Comisión quinta del Senado en la que se tratan asuntos rurales, ambientales y mineros. Ya definido el alcance de la Comisión, quiero referirme a un tema en particular: el Sistema Alimentario de nuestro país. De tiempo atrás se ha advertido que mantener el sistema alimentario que tenemos es un riesgo en el tiempo. La coyuntura de la expansión de la pandemia nos da la razón. Me explico: según el Censo Nacional Agropecuario 2014 de las 42.1 millones de hectáreas para uso agropecuario, 34.4 millones se dedican para la ganadería y solo 8,6 millones para agricultura, de las cuales 5,3 millones son cultivos permanentes y solo 1,2 millones son transitorios que corresponden a la producción campesina y comunitaria que hoy abastece el 78 por ciento de los alimentos que hoy llegan a la mesa de los colombianos. Hoy por hoy, el país se abastece de la producción campesina. Valga la oportunidad para hacerle un reconocimiento a su trabajo. Ahora bien, siguiendo con el tema, quiero mencionar otro riesgo: las importaciones de alimentos superan las exportaciones. Entre los años 2000 y 2015 las exportaciones de alimentos crecieron en un 4.8% mientras que las importaciones lo hicieron en un 107%, lo que representa 4.2 toneladas exportadas y 11,4 millones de toneladas importadas. A la fecha las importaciones de alimentos se estiman en 14 millones de toneladas. La situación que acabo de mencionar y lo que hoy está viviendo el país y el planeta en general, nos debe llevar a una reflexión como especie. Evaluar nuestros sistemas alimentarios y generar perspectivas de cambio en las que se garantice la soberanía y seguridad alimentaria y, con ello, mejorar las condiciones de vida de los campesinos y campesinas. En este punto quiero insistir en la necesidad de implementar la Reforma Rural Integral para avanzar en corregir este problema. En lo particular, estamos haciendo un ejercicio de seguimiento juicios a las medidas del gobierno respecto al mundo rural colombiano en especial en lo relacionado al campesinado. Para mencionar algunos casos que deben generar alertas: La Contraloría General de la República ha hecho los siguientes hallazgos en los créditos de emergencia anunciadas por el gobierno en la coyuntura de la expansión de la pandemia: 1. El 90% de estos recursos no se han destinado para actividades productivas o para garantizar la producción agropecuaria y el abastecimiento de alimentos. 2. El 78% de los recursos correspondientes a 4,8 billones han sido entregados a grandes productores, a personas con activos superiores a 5.000 salarios mínimos. Los medianos han recibido 710 mil millones correspondiente al 12% y a los pequeños solo se les ha entregado 630 mil millones equivalente al 10%. Estas cifras son la fotografía de cómo piensa y actúa en gobierno, beneficio para los grandes productores, mientras que a los campesinos y campesinas del país se los deja a su suerte. Esto debe cambiar. Haremos control político serio que permita corregir este tipo de injusticias. «Se necesitan cambios en las políticas sociales» Victoria Sandino. Senadora de la República por la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Pares: En su Comisión puntualmente, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan en estos momentos? Victoria Sandino: Los problemas de la crisis son, ante todo, de orden social. Son los temas de la Comisión Séptima, por eso hemos realizado juiciosamente una serie de sesiones informales donde hemos contado con la presencia del Ministro de Salud y Protección Social, de Agricultura, de Vivienda, el director del Departamento Nacional de Planeación, la directora del Instituto Nacional de Salud, entre otros. Desafortunadamente hemos notado varios asuntos que nos preocupan: la insistencia del Gobierno en mantener el actual sistema de salud con una intermediación de las EPS que hace ineficiente y poco oportuno el sistema; la falta de agilidad en atender la pandemia; el hecho de que la crisis se haya convertido en ocasión de importar 14 millones de toneladas de alimento que bien podríamos suplir con la producción interna, es decir, con el impulso de las economías campesinas, familiares y comunitarias; la fragmentación de la acción del Estado pues cada Ministerio parece actuar por su tema, no se concretan acciones integrales; entre muchas otras cosas. Por ejemplo, el problema del hambre. Hemos visto los trapos rojos en las ventanas de las casas, sabemos que hay hambre, que no hay condiciones dignas para el confinamiento. Cuando preguntamos por esto, sucesivamente unos a otros «se tiran la pelota» diciendo que no es su función. Como congresistas, debemos hacer control político a que las acciones del gobierno den cuenta de estos problemas de forma integral, no a través de subsidios focalizados que, no solo son insuficientes, sino que dejan a una buena parte de la población desprotegida, sino con soluciones para toda la población Colombiana. Además, que estas soluciones llevan a replantear la necesidad del cambio en las políticas sociales y el modelo económico, que sean a largo plazo. Por el contrario, encontramos a un gobierno a la defensiva, a congresistas que gastan sus intervenciones en «echarles flores» y en respuestas represivas para el hambre.

Por: Natalia Aguilar Salas. Colaboradora Pares. En el Marco del aislamiento obligatorio o cuarentena, se han evidenciado nuevas formas de comportamiento social e institucional y también han salido a la luz las profundas desigualdades que existen en Colombia. Para entender un poco más sobre los fenómenos que están surgiendo en el país, Pares habló con Lina Gaitán Mateus, socióloga de la Universidad Nacional e investigadora de la Fundación Paz y reconciliación -Pares. Pares: ¿Qué opina del concepto de cuarentena/ aislamiento obligatorio y el reiterado lema que nos repiten todo el tiempo: “Quédate en casa”? Lina Gaitán Mateus: Mientras que el concepto de cuarentena parte de preceptos médicos y da la sensación al imaginario de ser un periodo de tiempo en el que el cuidado individual ayuda a su vez para un cuidado colectivo como una forma de prevención, el concepto de aislamiento obligatorio implica formas mucho más represivas de llevar a cabo una etapa de cuidado. Están hablando de una autoridad, están imponiendo unas condiciones que además presuponen que tú estás en la capacidad de aislarse como el reiterado Quédate en casa. El hecho de que los medios y personas famosas sean quienes lo están repitiendo tanto tiempo, muestra unos supuestos de que todas las personas estamos bajo las mismas condiciones, asume que tú puedes estar en tu hogar, asume que tienes un hogar, asume que estás en la capacidad de mantenerte encerrada en él. Se están dejando a un lado todas las diferenciaciones de clase etáreas, de género, todas las diferenciaciones por el territorio que tú ocupas, todas las diferenciaciones incluso de raza y ancestralidades y origen étnico, porque tenemos que recordar que en Colombia una parte de la población son pueblos ancestrales y muchas de sus tradiciones incluso están muy arraigadas en el continuo relacionamiento social. Entonces, en una casa no vas a encontrar solamente una familia nuclear sino que puede que hayan muchas familias y este supuesto parte de la idea de que tú en tu casa vas a estar con unas pocas personas y eso va a reducir el contacto para evitar una propagación, entonces definitivamente esa frase de Quédate en casa ASUME que todas las personas estamos en un mismo rasero y niega las multiplicidades y las diferencias sociales. Pares: Los casos de violencia intrafamiliar y hacia las mujeres han aumentado, al igual que los asesinatos, ¿Cómo ve las medidas que ha tomado el Gobierno? ¿Qué otras medidas serían efectivas para prevenir y detectar estos casos? L.G.M: Las medidas que se han tomado para atender los casos de violencia intrafamiliar y de género, a mi parecer, son sumamente ineficientes. Es importante que se esté hablando continuamente de este problema y de estas situaciones y que se les busque una visibilización, pero lo que está haciendo el Gobierno no alcanza porque se ha dado cuenta hace mucho tiempo que desborda la capacidad que tiene. Hay un decreto en el que ellos exigen que las Comisarías de Familia estén abiertas 24 horas para hacer la atención y asesoría de este tipo de casos, pero en las Comisarías solamente en la normalidad, en un escenario normal, trabajan dos personas. En qué condiciones tienen que atender esas dos personas todas las denuncias que les deben llegar y asumen que esas dos personas tienen los medios para brindar atención y apoyo a quienes somos agredidas por este tipo de violencia. Igualmente a las líneas oficiales, como la línea de la Policía o la línea púrpura han sido ineficientes; han colapsado por la cantidad de personas que las buscan y parten del supuesto de que todas las mujeres tienen acceso a un teléfono, tienen acceso fácil estás estas formas de información y pueden llegar rápidamente a lo que están proponiendo. Ignoran a todas las mujeres que viven en la ruralidad, a las mujeres que viven en la periferia de la ciudad, a las mujeres en condición extrema de pobreza, a las mujeres a las que la violencia no es física sino es un control total, entonces no pueden acceder a redes a medios para hacer ese tipo de contacto y obviamente ignora a mujeres que se salen de la heteronormatividad, entonces ignora todas las identidades sexuales no binarias, como las mujeres trans. En Perú están utilizando call centers para que puedan atender todas las llamadas de emergencia por casos de violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar. Esa sería una buena solución y una buena propuesta a la situación que se está viviendo actualmente. En este momento son clave las redes de apoyo y las redes de cuidado que entre mujeres mismas tejemos y que otras organizaciones, o iniciativas, o asociaciones sociales están proponiendo, como lo es la aplicación ellas de la red de mujeres, o las sugerencias e incluso las alternativas y las propuestas que parten de las propias comunidades, como esta iniciativa de pedir maquillaje para que des un aviso de que estás viviendo con tu agresor y que estás en una situación de alto riesgo. Si bien es responsabilidad del Gobierno, quiero hacer énfasis en esto: nosotros no podemos desligar de esa responsabilidad al Gobierno pues es el que tiene que reconocer esas formas creativas que han surgido y apoyarlas y permitir que se amplíen para que se amplíen también esas formas de cuidado que tenemos entre nosotras y para que podamos realmente atacar un problema que afecta a una franja bastante específica. Pero no es un problema exclusivo de esta cuarentena, sino que se ha venido dando y se ha exacerbado por la convivencia obligatoria por las preocupaciones económicas, además de toda una serie de supuestos y formas de ser y de relacionarnos que han estado muy incrustadas en nuestra sociedad. Pares: Se ha evidenciado a través de redes sociales que la Policía de Bogotá, por ejemplo, a unos sectores de la capital llevan clases de rumba o de zumba, música, entretenimiento, etc, y a otros sectores, por ejemplo en el sur de la ciudad, reprimen a la población con ESMAD ¿Qué opina de este comportamiento de la Policía? L.G.M: El cuerpo de Policía es una de las instituciones que está para mantener las formas de poder y de gobierno que tradicionalmente se han implementado en nuestra sociedad, entonces muchas veces los policías son la cara de lo que piensa la clase política gobernante o las personas que están en la capacidad de tomar decisiones que afectan a toda la población. Si bien es cierto que sus formas en sí son sumamente violentas y sumamente represivas y toda la historia de la movilización y protesta social nos lo demuestra, siento que ellos simplemente son la representación de cómo nos ven a la población quienes están en las posiciones de poder y que son el resultado final de un verdadero adoctrinamiento y de una educación en la que se responsabiliza a las personas pobres vulnerables y diferentes de los problemas y las condiciones de exclusión que viven. Por otro lado se sigue premiando a las personas que están en situaciones de privilegio y en posiciones de privilegio, y se reproducen mecanismos para que no se den estas reflexiones. En algunos barrios no se ven trapos rojos y la Policía ofrece alguna alternativa de entretenimiento, así, ellos son un instrumento para profundizar esas desigualdades y para encubrirlas, para silenciar todas las formas de protesta y de movilización, así como los intentos de cambio y la exigencia legítima derechos fundamentales. Pares: ¿Cuál cree que es el comportamiento social que más se ha evidenciado debido a la cuarentena? L.M.G: En esta cuarentena se han evidenciado muchos de los peores aspectos de nuestra sociedad. No solo el clasismo, porque como mencionaba, asume que todas las personas estamos en una posición económica que nos permite quedarnos en un tiempo prolongado en nuestros hogares y que tenemos los recursos suficientes para tener un colchón de respaldo, sino también el racismo. También se han mostrado formas muy agresivas de sanción social ante diferencias cuando ves por las redes sociales y los videos de las personas que hacen reclamos desde sus ventanas a quién está trabajando fuera, sin antes cuestionarse si esa persona tiene qué comer. No sólo es de clase, también puede llegar a ser racismo si estas personas son venezolanas o es una persona que vive fuera de las ciudades. También hay un profundo odio y negación de esas poblaciones vulnerables y susceptibles que siempre se han querido negar que existen en Colombia. Se niega que hay violencia intrafamiliar, se niega que hay violencia contra las mujeres en los hogares, y las respuestas estatales y mediáticas asumen que tú estás en unas condiciones para responder a esas agresiones. Siento que ha sido una combinación de múltiples fenómenos que en últimas llevan a la supresión de un otro o una otra, que no se quiere admitir que socialmente existen, no se quiere admitir que hay poblaciones vulnerables, no se quiere admitir la magnitud de la pobreza que hay en el país y que en este momento está afectando a una franja poblacional bastante amplia. Pares: ¿Considera que se está romantizando la cuarentena? L.G.M: Sí, la cuarentena se está romantizando porque parte del supuesto de que tú tienes un hogar, de que tú puedes estar con seres queridos o personas cercanas, que tienes comida, servicios básicos, que estás en la capacidad de hacer llevadero este periodo de tiempo en un lugar fijo, cuando en Colombia la población en condición de calle es grande , cuando en Colombia la desigualdad económica ha hecho que la informalidad ocupe más del 50% de las formas de empleo que hay en el país y que sustentan a muchas familias. En Colombia muchísimas personas no son propietarias del lugar donde habitan, entonces tienen que enfrentarse a las preocupaciones económicas de los servicios del arriendo y la comida y cuando así como hay personas que se preocupan por cómo van a pagar los servicios y el arriendo, muchas personas también viven y dependen de ese arriendo. Entonces el Quédate en casa asume que la única preocupación o ansiedad que te genera este tiempo es el encierro, pero ignora todas las preocupaciones económicas, ignora las preocupaciones laborales de las personas a las que probablemente les cancelen contratos o se le reduzcan los ingresos. También hay preocupaciones de supervivencia para las mujeres y las personas que viven con sus agresores, las familias donde hay un agresor que no sólo maltrata la mujer sino los hijos, las familias donde hay una persona enferma que requiere de tratamientos continuos y en este momento no puede acceder a ellos, ignora también incluso el acceso a servicios básicos o pues que en este momento se toman como básicos como la telefonía y el internet. Muchos de nosotros en este momento estamos trabajando desde la casa, ¿qué pasa si en un momento no nos pagan y no tenemos cómo seguir sustentando el pago al internet? La cuarentena niega esas diferenciaciones, asume que todos podemos permanecer aquí y asume que todos estamos teniendo una experiencia de la cuarentena, entonces niega las experiencias trans, niega las experiencias indígenas,y las experiencias campesinas donde estas personas que siguen trabajando para sustentar el funcionamiento de las ciudades y asume que las medidas que se están tomando son equitativas y responden a todas las necesidades.