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Por: John Correa Colombia está presenciando un giro sin precedentes en su política energética. El presidente Gustavo Petro ha tomado una bandera que ningún otro mandatario se había atrevido a levantar con tanta fuerza: transformar el sistema eléctrico desde sus bases. Y no lo está haciendo desde los pasillos técnicos, sino desde el escenario político más visible: el Consejo de Ministros transmitido en vivo para todo el país.¿Estamos frente a una verdadera transición energética o ante un intento de ruptura con el modelo eléctrico vigente desde hace más de tres décadas? En el último consejo de ministros, Petro fue claro: el actual sistema eléctrico es injusto, regresivo y feudal. Acusó a las grandes generadoras hidroeléctricas de enriquecerse con tarifas que afectan tanto a hogares como a empresas productivas. En su narrativa, no se trata solo de una crisis tarifaria, sino de un modelo que perpetúa desigualdades.Tras semanas de intentar negociar una fórmula tarifaria transitoria con las generadoras —sin éxito—, el gobierno anunció la expedición de un decreto para estabilizar tarifas. Una decisión que promete enfrentar el poder del mercado energético centralizado. Como parte del nuevo enfoque, el presidente lanzó el programa “Colombia Solar”, con el que busca llevar paneles solares a los techos de familias en estratos 1, 2 y 3. La propuesta rompe con la lógica tradicional de subsidios a las empresas y pone los recursos directamente en manos de los usuarios.La energía ya no será solo un servicio, sino también una forma de propiedad y autonomía. Una apuesta arriesgada, pero necesaria si se quiere avanzar hacia una transición justa y descentralizada. Este viraje político viene acompañado de una revolución regulatoria. La CREG aprobó la resolución 101 072 de 2025, que habilita legalmente la creación de Comunidades Energéticas en el país. ¿Qué cambia con esta norma? ·      Más de 500.000 familias podrán autogenerar, usar y vender su energía. ·      Se abre paso a la agregación virtual, permitiendo unir usuarios desde diferentes lugares. ·      Se proyecta la instalación de 1 GW nuevo en fuentes renovables. ·      Y lo más importante: la energía se democratiza. Esto no es menor. La participación ciudadana en el sistema eléctrico ha sido casi inexistente. Ahora, barrios subnormales y zonas excluidas podrán convertirse en productores de energía limpia, con apoyo estatal directo. La transición energética no se limita al sector eléctrico. Petro también volvió a insistir en su propuesta de revivir la red ferroviaria nacional, ahora con miras a electrificarla. Aunque el arranque será con locomotoras diésel, la meta es clara: trenes limpios y transporte público eléctrico que reduzca tarifas y emisiones. Todo esto suena bien, pero plantea desafíos enormes. ¿Tiene el Estado la capacidad técnica para implementar y escalar estos proyectos? ¿Se resolverán las deudas con empresas del sector para evitar un colapso operativo? ¿Qué rol jugarán las alcaldías, que deben liderar las comunidades energéticas? La transición no será solo tecnológica, será profundamente política y territorial. Por primera vez, Colombia discute su modelo energético desde el poder, con propuestas estructurales que buscan devolverle la energía a la gente. No sabemos aún si esta apuesta de Petro marcará el inicio de una nueva era o un choque de trenes con los intereses establecidos. Pero algo es seguro: Colombia ya no es espectadora de la transición energética global. Ahora quiere ser protagonista.La revolución energética no se verá solo en las plantas o en las redes, sino en los techos de los barrios populares y en las asambleas de vecinos que decidirán cómo generar su propia energía.Y eso, más que una transición, es una transformación.

Por: Redacción Pares Cualquier plata puede absorver el glifosato a través de sus tejidos. Así las destruye. Por lo general se aplica a monocultivos. Su acción tiene que ver con limpiar el terreno, así le da vía libre al crecimiento de cultivos controlados. El problema es su nivel de devastación en el organismo de los humanos. Según Luis Ferreirim, responsable de Greanpeace España, “El glifosato es un arma de destrucción masiva, que no solo afecta a la biodiversidad del agua y del suelo, sino también a la salud de las personas”.   Petro, como senador y candidato a la presidencia, siempre se opuso a la aspersión áerea con glifosato para erradicar plantaciones de coca. En marzo del 2024 el ministerio de justicia expuso en un informe la necesidad de suspender el decreto 380 de 2021, que permite la fumigación con glifosato a cultivos ilícitos. Una de las razones por las que se tomó esta decisión fue por los efectos nocivos contra el medio ambiente y las personas. El gobierno Petro había sido tajante: el glifosato no se adaptaba al tono con el que combatiría a las drogas.   Según lo denunció el concejal de la Alianza Verde, Julian Sastoque, este gobierno habría firmado un documento en donde se regresaría a la fumigación con este herbicida. Así lo escribió a través de su cuenta en la red social X: “ El Gobierno de Gustavo Petro incumple otra promesa y ordenó retomar el uso de glifosato para erradicar cultivos ilícitos.  El exministro de Defensa, Iván Velásquez, dio la orden de retomar la aspersión. Antinarcóticos adelanta proceso de contratación por $7.700 millones”   Inmediatamente campesinos de varias regiones del país, como el Catatumbo, expresaron su preocupación por lo que parecería ser una reculada importante del gobierno y un efecto de la presión que está ejerciendo Estados Unidos para detener lo que parece no tener solución: la expansión de los cultivos de coca. En el Catatumbo, por ejemplo, hay unos compromisos que se adquirieron en el acuerdo de paz con las FARC. Eso aún no se ha cumplido. Los cultivadores no quieren que envenen sus organismos o sus tierras sino que están buscando más inversión social. Lo que afirman en el Catatumbo es que, bastante tienen con lo que se viene presentando desde el pasado 16 de enero, cuando el ELN arrancó una ofensiva contra el Frente 33 de las FARC y que ha dejado 70 mil víctimas, como para agregarle un nuevo factor de preocupación, la fumigación con glifosato.   Se espera que el gobierno no ceda ante las exigencias del gobierno Trump y encuentre otro tipo de alternativa para frenar el crecimiento de la coca.

Por: Iván Gallo - Coordinador de Comunicaciones El 24 de marzo de 1948 hubo en la plaza de Santa María de Bogotá una corrida de toros.  El último de los animales resultó ser bastante tímido, manso, cada vez que el torero lo invitaba con su capote a embestirlo el toro se volteaba y miraba las graderías atestadas de un público impaciente que con espuma en la boca pedía sangre. El matador enfiló su espada y se la clavó justo en la parte de atrás de la cabeza. Mal herido, el toro tambaleaba con la boca abierta pero se resistía a caer. De un momento a otro la arena comenzó a llenarse de gente armada de navajas y palos, se acercaron al toro y allí mismo ante el asombro del torero lo despedazaron vivo. Este hecho no era más que una premonición del estallido de violencia que sacudiría al país dos semanas después. El 9 de abril de ese mismo año Jorge Eliecer Gaitán había amanecido pletórico de alegría. En la madrugada de ese día había acabado con éxito su defensa al teniente Cortés. El juicio fue escuchado por todo el país a través de la radio nacional. En esa época los juicios se escuchaban con la misma emoción y euforia que hoy en día puede verse un partido de fútbol. El alegato de Gaitán había confirmado que sólo Laureano Gómez podía ser su rival en el arte de la oratoria. A las cuatro de la mañana se dio el veredicto absolviendo al militar. El líder del partido liberal había sido sacado en hombros del estrado. Esta victoria le garantizaba a Gaitán el apoyo incondicional del ejército. Unos meses atrás había demostrado su impresionante influencia en las masas con las espectaculares marchas del silencio y de las antorchas. El hecho de que el conservador Mariano Ospina Pérez estuviera en el poder se lo debía a la desorganización del partido liberal. En las elecciones de 1946 el liberalismo decidió tener dos candidatos, Gabriel Turbay y Jorge Eliecer Gaitán. Entre ambos recaudaron más de 800 mil votos lo que constituía el 58 por ciento de la población votante. Ospina Pérez apenas había obtenido el 42 por ciento, pero a pesar de ser minoría el partido conservador había vuelto a la presidencia por culpa del suicido que habían cometido los liberales. Dos años después Gaitán había consolidado su imagen de líder absoluto del pueblo. Ahora el sería el candidato único del liberalismo.  Lo más seguro es que el pueblo lo elegiría presidente de la república en las elecciones de 1950. Había llegado la hora de que los menos favorecidos fueran escuchados, la oligarquía tenía los días contados. Al mediodía estaba en su despacho, rodeado de su círculo más íntimo. El doctor Plinio Mendoza Neira propuso un almuerzo para celebrar la victoria . Bajaron por el ascensor. El portero del lugar contó días después que toda esa semana había visto a un individuo bajito, como de un metro sesenta, mal vestido, con mirada de fanático apostarse cada mediodía en la entrada del edificio “Yo no dije nada porque como al doctor Gaitán venía a visitarlo gente de todo tipo… de la más normal a la más rara”. El hombre estaba allí, fiel a su cita y cuando vio que las puertas del ascensor se abrían y de él salía el líder con sus compañeros de lucha, salió del edificio y lo espero afuera. Los testigos afirman que una vez en la calle el doctor Mendoza Neira le pidió que se adelantaran unos metros para hablar de un asunto pendiente, una vez hicieron esto el hombre volvió a aparecer, pálido, con la mira destilando fuego, Gaitán alcanzó a verlo, intentó retroceder pero ya era tarde. El hombre disparó tres veces antes de caer, una vez en el piso lo remató con otro balazo. El tiempo pareció detenerse. Incrédulos sus compañeros se agacharon y miraron al Jefe el cabello le caía de manera desordenada por la frente y un hilito de sangre le salía por la boca, tenía los ojos abiertos y se le pusieron completamente blancos. Si se acercaban a él podían escuchar unos gemidos muy débiles. Pararon un taxi, lo metieron allí. Cuentan los que estaban en el  Gato Negro el café que quedaba justo al frente del edificio,que una vez se fueron para el hospital los transeúntes que pasaban por el lugar donde se realizó el atentado se agachaban a empapar sus pañuelos de la sangre del líder inmolado “Después se arrodillaban a rezar por la salud del Jefe, mientras lo hacían chupaban los pañuelos empapados de sangre”. Era la 1:05 de la tarde. 30 minutos después El Jefe estaba oficialmente muerto. Muchos de los espontáneos que destrozaron al toro en la Plaza de Santa María. fueron los que acorralaron en una droguería del centro bogotano a Juan Roa Sierra, quien ayudado por dos agentes de policía trataba de resguardarse infructuosamente de una horda que minutos después derribaría la puerta y terminarían sacándolo a la calle acabando con su vida a punta de patadas, navajazos y golpes con piedras, cajas de embolar o pedazos de madera. Cuentan los testigos que poco después de dispararle a Gaitán uno de los hombres que acompañaban a Roa Sierra lo señalaron para que el pueblo, enceguecido por la ira se encargara de lincharlo y así no pudiera hablar, no pudiera confesar quien había ordenado el magnicidio. La noticia de la muerte de Gaitán se extendió por toda la ciudad. Los policías completamente amotinados repartieron fusiles al pueblo. Este sin ningún tipo de organización saqueaban ferreterías, talleres, estaciones de gasolina, buscando cualquier objeto contundente que pudiera servir como arma. Bajaron de los barrios, desfilaron por toda la carrera séptima como un río humano, llegaron a la plaza, arrastrando el cadáver destruido de Roa Sierra y poniéndolo en toda la entrada, avisándole al gobierno que con el pueblo no se juega. Fidel Castro era un estudiante de derecho que estaba en Bogotá convocado a una reunión de estudiantes latinoamericanos. En sus declaraciones dice que nadie organizó la revuelta, esta fue espontánea, brotó del fondo del corazón de los gaitanistas indignados al ver como habían acribillado a su líder y que esta desorganización fue precisamente lo que terminó en pocas horas con la revuelta. Destruyeron el tranvía, entraron al diario conservador El siglo y quemaron su imprenta, el incendio se extendía por Bogotá y amenazaba con carcomérselo todo. Ospina Perez y su esposa Berta esperaban resignados a que la turba entrara al palacio y los linchara. Todo eso estuvo a punto de suceder si el pueblo no hubiera caído en la tentación de saquear los estancos. A las cinco de la tarde mientras un aguacero azotaba a la capital del país, la multitud estaba completamente borracha y había olvidado su ambición de tomarse el poder. En el palacio presidencial Darío Echandía, el liberal más fuerte después de Gaitán, transaba con el gobierno conservador la paz, una paz de mentiras, infame, una paz que protegía a los asesinos, que le apostaba a la impunidad. El estallido se aplacó en Bogotá, pero fue imposible convencer a los campesinos liberales de los Santanderes, del Tolima, del Cauca, que había que olvidar que Jorge Eliecer Gaitán, el líder del pueblo había sido asesinado. Acorralados por la represión conservadora los campesinos se armaron formando lo que después se conocería como guerrillas liberales. La violencia en Colombia entraba en su segunda fase, una etapa que todavía no hemos terminado.

Por: Max Yuri Gil Ramírez, Director de Instituto de Estudios Políticos Universidad de Antioquia Según el informe final de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, en Colombia el número de víctimas del conflicto armado se acerca a los diez millones de personas, esto es, el 20% de la población. Ocho millones, el 80%, eran civiles mayoritariamente población campesina, a quienes los grupos armados, legales e ilegales, les irrespetaron su condición de civiles y, en muchas de las modalidades de violencia, se convirtieron en el objetivo militar primordial en la confrontación. En este sentido, el informe de la CEV identifica cinco modalidades de victimización y establece que, en términos de personas afectadas por las acciones de los grupos armados, se tienen números cercanos a los 8.000.000 millones de víctimas de desplazamiento forzado, 450.000 víctimas de homicidio, 121.000 desapariciones forzadas, 50.000 secuestros, 17.000 víctimas de reclutamiento forzado y, al menos, 33.000 víctimas de violencias sexuales. Estas cifras poseen un alto subregistro y, además, se deben actualizar pues el informe de la Comisión fue presentado ya hace tres años. Esto configura una de las peores tragedias humanitarias del planeta.   Las víctimas de Colombia, de todos los grupos armados y de todas las formas de victimización, requieren una reparación integral que permita que, como sociedad, remediemos el enorme daño infligido a millones de personas, y esta es una responsabilidad que compete de manera directa y principal al Estado colombiano, en sus diferentes componentes y en sus diversas expresiones territoriales, reconociendo que puede apelar a otros sectores de la sociedad para que coadyuven es esa labor. Por eso, hoy se debe reiterar que el Estado debe asumir sin dilaciones la responsabilidad de liderar esta labor, y que esto también debe ser competencia de las administraciones departamentales y municipales, quienes tienen de la misma manera el deber de desarrollar políticas territoriales de reparación integral, propiciando mecanismos de consulta y participación efectiva, asumiendo de manera complementaria acciones para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición, y erradicando cualquier acción institucional de revisionismo o negacionismo de la memoria histórica.   La sociedad colombiana como un todo también debe asumir su responsabilidad y contribuir a la reparación integral a las víctimas. Esto implica luchar contra las narrativas y acciones revictimizantes sobre determinados tipos de víctimas, la justificación y legitimación de ciertos grupos de responsables de las violencias, la negación de los hechos, el desprecio y la falta de solidaridad. Violencias crónicas, masivas y sistemáticas como las que ha vivido y sigue viviendo la sociedad colombiana son posibles no solo por la acción de los grupos armados de todo tipo, sino también por el apoyo, la complicidad y la indiferencia de sectores importantes de la población. Por eso, para cerrar definitivamente este doloroso periodo de violencia en el país, se requiere que la sociedad colombiana asuma una ruptura ética con la legitimación y/o aceptación de la violencia como algo normal, e incluso en muchas ocasiones, como algo banal o justificado.   Lamentablemente, ha quedado claro que el conflicto armado interno que ha vivido Colombia desde mediados de la década de los sesenta del siglo pasado no terminó con el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las Farc en 2016. Este conflicto ha cambiado, se ha reconfigurado, hay permanencias y transformaciones, pero no terminó, y por eso hoy en día hay 12 territorios del país donde, según la Defensoría del Pueblo, hay emergencias humanitarias por enfrentamientos armados. Aunque parezca idealista, se debe exigir a los actores armados el respeto absoluto por la población civil y el acatamiento pleno a la normatividad humanitaria.   Hoy 9 de abril, la sociedad colombiana tiene la oportunidad de asumir que la mejor manera de conmemorar y honrar a las víctimas es persistir en la vía negociada para poner fin a las violencias, parar las dinámicas de victimización y centrar los esfuerzos en la atención y reparación integral a las víctimas. Perseverar en la construcción de escenarios de paz, diversos, territoriales, poblacionales, permitirá la reconstrucción de la sociedad colombiana tan afectada por la violencia. Además, lanzar un rotundo ¡Basta Ya!, para contrarrestar los cantos de sirena que nuevamente se agitan en el país invitando a la fiesta sangrienta de la guerra, que como se ve, solo ha dejado millones de víctimas y desolación.

Por: Centro de Pensamiento para la Transición Energética Justa, la Gobernanza y la Paz. El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre Colombia Solar , estrategia que busca masificar la instalación de paneles solares en viviendas de estratos 1, 2 y 3, representa unos pasos titánicos en la Transición Energética descentralizada y justa del país. Esta iniciativa plantea sustituir el modelo de subsidios directos por uno basado en el autoconsumo solar. Sin embargo, no podemos permitir que la emoción frente a este panorama nos haga perder de vista los problemas estructurales del sector, que entre otras cosas siguen sin resolverse. Durante el Consejo de Ministros del 7 de abril, el mandatario fue enfático en que “Esta es la solución de fondo a las tarifas”, una frase contundente y ambiciosa que resuena con fuerza en un contexto, especialmente el Caribe colombiano, en el que se habla de apagones, especulación con el gas, y una crisis de generación preocupante. Pero, detrás de esa propuesta solar brillante, persisten sombras que el gobierno no ha logrado disipar. La más urgente de ellas es la deuda de la opción tarifaria, que ya supera los 5 billones de pesos, una cifra bastante roja y preocupante para el sector. Pero, ¿Qué es eso de la opción tarifaria? Pues no es más que una estrategia que se implementó durante la pandemia para evitar aumentos abruptos en las facturas y permitiendo diferir pagos a futuro; hoy, ese futuro nos alcanzó, y las empresas comercializadoras de energía —particularmente Air-e y Afinia en la costa Caribe— claman por una solución concreta; de no recibir respuesta, su sostenibilidad financiera se verá comprometida y no es descabellado hablar de solicitudes formales de intervención por parte del Estado.   La paradoja es escandalosa: mientras se propone que comunidades enteras generen y vendan su propia energía a través de figuras como las Casas del sol del pueblo  —modelo de Comunidades Energéticas que beneficiaría a más de 500.000 familias—, las compañías responsables de garantizar la continuidad del servicio colapsan financieramente por deudas impagas y pérdidas operativas causadas, entre otras razones, por el robo de energía. Por otro lado, en este panorama que pinta Petro no solo ataca el calor a media noche, sino también preguntas como ¿de qué forma se integrará esta generación de energía al sistema eléctrico nacional de forma efectiva y sostenible? Desde una perspectiva técnica, la incorporación masiva de energía fotovoltaica exige una infraestructura moderna, una regulación robusta y operadores con capacidad de gestión en tiempo real. Ninguna de estas condiciones está plenamente garantizada hoy. A esto se suma un problema financiero monumental: la deuda por la opción tarifaria, que ya supera los 5 billones de pesos; y mientras no se atienda seguirá creciendo. ¿De qué sirve instalar miles de techos solares si las redes de distribución que deben recibir esa energía están al borde del colapso financiero? La Transición Energética no puede construirse sobre empresas al borde de la quiebra, ni sobre un sistema tarifario que genera incentivos perversos y desincentiva la inversión en infraestructura, mejor dicho, la TEJ está poniendo sus cimientos sobre ruinas.                                               Y todo esto ocurre mientras el operador del sistema, XM, advierte sobre un déficit de energía firme para 2024–2025, y el gobierno denuncia especulación en los precios del gas importado. La situación energética del país no solo es compleja, está agonizando. Frente a este panorama, Colombia Solar  no puede ser la única respuesta. Es una pieza valiosa, sí, pero dentro de un rompecabezas mucho mayor. El gobierno debe asumir con seriedad la resolución de la deuda de opción tarifaria, fortalecer la Superintendencia de Servicios Públicos para controlar abusos reales o supuestos, y garantizar que las empresas que sostienen el sistema hoy no caigan mañana, porque sin red de respaldo, ni el sol alcanza.

Por: León Valencia Llegó Carlos Lehder al país cuando nadie lo esperaba, cuando muy pocos se acordaban de él. Llegó después de pagar 33 años en una cárcel de Estados Unidos, y es otro fantasma que se aparece en este país de fantasmas. Vino porque no fue un mafioso cualquiera, porque tiene en su corazón y en su memoria la marca política, y entonces vino con un libro bajo el brazo, a conceder entrevistas, a contar historias, vino con traje elegante, con estilo, un poco a la europea, como hacen los políticos con algún roce.   El 23 de diciembre, en vísperas de la pasada Navidad, llegó también Fabio Ochoa Vásquez. Había pagado 23 años en otra cárcel de Estados Unidos, y fue recibido en el aeropuerto El Dorado por una nube de periodistas a quienes les dijo que en Medellín lo esperaba con amor su familia, sus hermanos mayores Jorge Luís y Juan David, jefes a nivel de Pablo Escobar del Cartel de Medellín; no había pasado un mes cuando se lo vio en un exclusivo club hípico del Oriente antioqueño montando el legendario caballo Galán del Rancho, tricampeón mundial. Con una camiseta rosada, tipo polo, un bluyín azul y un sombrero blanco, presentaba su nueva imagen ante la sociedad paisa admiradora como nadie de los caballistas. Muy pronto, quizás, empezará a contar las historias que sus hermanos no han contado, porque siempre ha sido, entre ellos, el más díscolo.   Pero el final de 2024 no escatimó sorpresas. Otro revuelo fue la llegada a librerías del libro de Gilberto Rodríguez Orejuela, Memorias secretas del jefe del cartel de Cali . En las primeras páginas dice: “Me defino lo que he sido: un rebelde por convicción, un negociante por vocación y un narcotraficante por ambición, me siento orgulloso de las dos primeras y avergonzado ante ustedes de la tercera”. Con ese alarde político arranca un relato que atraviesa la vida pública colombiana.   Para agitar aun más las aguas de la relación entre mafias y política, en los últimos meses se adelanta el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y soborno a testigos en el que comparecen, sin rubor, jefes paramilitares como Pablo Hernán Sierra, y que acusan a Uribe de haber abrigado en su finca Guacharacas un grupo paramilitar y haber orientado la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia.   Ya Salvatore Mancuso había adquirido la condición de gestor de paz y contaba en un lado y en otro sus relaciones con líderes del país, y en una pausada y bien pensada carta al expresidente Uribe le dice: “Seamos claros, ya todo lo que se debía decir al respecto a su vínculo con el paramilitarismo en Colombia se ha dicho y si no se ha dicho del todo, lo que se ha dicho ha sido más que suficiente para corroborar que durante los años en los cuales usted fue gobernador de Antioquia y en su primer mandato presidencial, hubo connivencia, cooperación y un proyecto contrainsurgente compartido entre las instituciones que usted lideraba y las AUC”.   La política está en el ADN de la mafia colombiana. Al principio se lanzaron directamente al ruedo y Pablo Escobar se convirtió en representante a la Cámara por Antioquia y Carlos Lehder conformó el Movimiento Latino Nacional, con el cual también llegó al Congreso de la República; pero, después, los narcotraficantes se dieron cuenta de que los políticos colombianos, o buena parte de ellos, tenían un acendrado espíritu mafioso y entonces decidieron que resultaba mejor controlar la política poniendo sus votos y su dinero en manos de ellos, en una campaña tras otra, subrepticiamente, sin escándalo, hasta que la prensa y la academia –y al final la justicia– descubrieron el fenómeno y apareció ante los ojos del país el ‘proceso 8.000’   y, luego,  La parapolítica, el mayor asalto a la democracia en Colombia .   Esta trágica ecuación de la vida colombiana –los mafiosos con un ambicioso espíritu político se correlacionan con políticos de un exaltado espíritu mafioso– está bien descrita en el libro sobre los 20 años de la parapolítica reseñado como el gran asalto a la democracia, de Editorial Planeta, que tuve el honor de dirigir el pasado año; se darán cuenta hasta dónde fueron capaces de llegar los políticos colombianos: 89 parlamentarios fueron condenados por parapolítica y 39 más pasaron por los tribunales, algo nunca visto en el mundo. También lo fueron numerosos políticos locales: gobernadores, alcaldes, diputados, concejales.   Pero los políticos no esperaban que los mafiosos fueran un verdadero gafe. Pensaron que se retirarían silenciosos a disfrutar de sus fortunas una vez escaparan de la muerte o se liberaran de las cárceles, pero no, ellos no están hechos para eso: ellos no abandonan ni por un momento su espíritu político y, una vez salen de las cárceles, o desde las mismas cárceles, saltan a dañarles la diversión a los políticos con espíritu mafioso con los cuales compartieron sus graves andanzas.

Por: Iván Gallo - Coordinador de Comunicaciones Se cumplen 77 años del Bogotazo y aún no encontramos una explicación concreta de lo que sucedió ese día. Lo que dejan textos irrefutables como la investigación de Arturo Alape, es que el Partido Liberal pactó, de espaldas al pueblo, con el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez. Los detalles de esta traición se las contaremos a continuación. Este es un retrato de lo que pasó horas después de que asesinaran a Jorge Eliécer Gaitán en plena carrera séptima de Bogotá.   La comisión liberal, encabezada por Darío Echandía, heredero natural del líder inmolado, entró a Palacio a las nueve de la noche. En la calle las balas del Ejército, el whisky y un torrencial aguacero, habían apaciguado la revolución. En una que otro barrio se escuchaban esporádicas balaceras; solo eran los intentos desesperados de los francotiradores, completamente incomunicados, apostados en las azoteas de los edificios que aún creían que los cuerpos de Laureano Gómez y Ospina Pérez colgaban de los postes de la luz de la avenida Séptima, tal y como lo había dicho desde la radio nacional un enardecido y ciego Jorge Zalamea Borda.   Mariano Ospina Pérez, fumando un cigarrillo tras otro, estaba en una de las salas de palacio esperando la comisión liberal.  Al llegar ésta, el Presidente se levantó y los saludó cordialmente, tal y  como lo obligaba su educación adquirida en los mejores colegios de Europa. Los invitó a sentarse, la comisión aceptó, un mayordomo elegante les ofreció  canapés y licores. Todos muy finos, importados, no podía ser de otra forma. No había por qué apresurarse, ellos estaban a salvo, el Ejército había vuelto a controlar las calles. Lo de afuera era solo el arrebato de un pueblo ignorante, el mismo pueblo que ponía los muertos. Afuera los liberales intentaba desesperadamente buscar un líder que los organizara. No entendían muy bien por qué la plana mayor del liberalismo, entera, estaba en Palacio. En estos momentos lo ideal hubiera sido que Echandía  entrara solo a hablar con el Presidente y que Lleras Restrepo junto a Luis Cano se quedaran en la calle, informando a la masa, evitando que el Ejército traidor matara a una persona más. Mientras la traición se fraguaba, los centros de salud y hospitales se llenaban de heridos y de cadáveres. Hernando Téllez, el genial y olvidado escritor caleño, contó que en las urgencias de un hospital vio a un hombre de unos 45 años con el pecho abierto, se le veía la carne por dentro y la sangre manaba de él. El hombre miró a Tellez y le dijo: “Mire señor, esta sangre es bendita…el machetazo me lo pegó un cura” y es que los sacerdotes cumplieron una labor fundamental el nueve de abril, no solo desde el punto de vista espiritual sino militar. Usando un panóptico como el del campanario del Colegio San Bartolomé, dispararon contra el pueblo. La iglesia volvía a ponerse del lado de los poderosos, dándole la espalda otra vez a los más necesitados. En la Clínica Central, cientos de fanáticos intentaban sacar el cuerpo del caudillo asesinado para ponerlo al lado del de Juan Roa Sierra. Ya no se luchaba por nada, había empezado el pillaje, el saqueo, las violaciones, los asesinatos por placer. En Palacio, Lleras Restrepo veía desde la ventana como un fulgor teñía de rojo la oscuridad de la noche. Eran los incendios que se extendían por todo el centro. Al no haber accedido al poder el pueblo simplemente se vengó. Ahora vendría una guerra de sesenta y cinco años a la cual somos adictos. La traición de Echandía y sus secuaces al haber aceptado el Ministerio de Gobierno y haberse contentado con  la renuncia del canciller, el odiado Laureano Gómez, eran detalles que formaban parte del complot. El pueblo no es tonto, el pueblo lo supo desde un comienzo. Los horrores de la noche habían hecho que el alba del diez de abril fuera más pálida de lo habitual. Los rumores en la calle y en la radio eran confusos. Unos decían que el doctor Eduardo Santos había abandonado su lujoso apartamento en Nueva York y venía directamente a ejercer el poder, otros hablaban de que la comisión liberal se encontraba retenida en Palacio. La verdad era que a esa hora Echandía, Cano y Lleras desayunaban bocadillos veleños que era el único alimento que se encontró esa mañana del sábado diez de abril en las destruidas calles bogotanas. Después de que acabaron tres cajas dejaron las oficinas de  El Tiempo  donde habían ido después de salir de Palacio y se fueron a dormir lejos de sentir cualquier tipo de resentimiento, al contrario, estaban felices porque la amenaza gaitanista había desaparecido para siempre. El sepulturero del cementerio central también estaba contento. Nunca había tenido tanto trabajo. Los muertos se apilaban en el jardín principal. Nadie contó los muertos que hubo ese viernes, algunos dicen que la cifra sobrepasó los tres mil. Entre esa macabra montaña solo uno estaba desnudo. Su cara estaba completamente desfigurada por los golpes y al parecer no le había quedado un solo hueso sano en el cuerpo. Era el cadáver de Juan Roa Sierra. El joven rosacrusista y simpatizante de los nazis quien a veces se creía la reencarnación de Gonzalo Jiménez de Quesada y otras tardes estaba convencido de ser Francisco de Paula Santander, había comprado un revólver días antes del magnicidio con la plata que le había recogido su madre para que tomara un curso de choferismo y así tener como vivir. En sus veintiséis años de vida no había hecho nada productivo y eso lo mortificaba. Decía que él estaba para cosas más grandes que manejarle el automóvil lujoso a algún ricacho de esos. De carácter introspectivo Roa Sierra era el menor de doce hermanos en una familia donde más de uno había sido internado en los pabellones del manicomio de Sibaté. No es descabellado pensar que no hubo complot. De pronto el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán fue la iniciativa de un solo hombre, un fanático que sufriendo un ataque de egocentrismo haya querido pasar a la historia al menos como el asesino de un hombre famoso. Es probable que ningún estamento del gobierno se haya acercado a ofrecerle dinero a Roa, pero también llega a ser cierto que una forma de matar que tienen los dueños de los medios de comunicación es la incitación constante a la violencia. Desde el senado y desde su periódico  El Siglo  el canciller Laureano Gómez en sus largos e hipnóticos discursos hablaba de fraude, de impedir que la chusma y los ateos se tomaran palacio. Monseñor Builes desde el púlpito se atrevió a decir que: “No era pecado matar liberales”. Sí, probablemente la iniciativa fue de un sicópata que asistía a las conferencias del Doctor Gaitán y que se desilusionó cuando al pedirle trabajo el caudillo le dijo que no podía ayudarlo porque, a diferencia de otros políticos,  él, clientelista no era. No fue su iniciativa pero la radio y diarios como  El Siglo  le incubaron la idea del magnicidio. En ese sentido fue un crimen perfecto. Bogotá desde ese día se convirtió en un monstruo inmenso, cargado de violencia, de edificios feos, de conurbación exacerbada. La energía descargada hace sesenta y siete años por un pueblo que espontáneamente, sin preparación alguna, quiso hacer la revolución, todavía se siente en toda la avenida Séptima. También las implicaciones de la cobardía de la comisión liberal que ingresó a Palacio en la noche del nueve de abril se han dejado sentir en estas seis décadas y media de conflicto. Las revoluciones no se pueden reprimir, el país necesitaba en ese momento un cambio de poder, el hombre encargado de esto era Gaitán, al ser asesinado esa responsabilidad fue asumida por el pueblo y el partido liberal le dio la espalda. La represión a los policías, militares, gente del común y políticos que se amotinaron ese día se hizo sentir durante años. Fueron degradados, olvidados, presos y asesinados todos los que indignados y resueltos marcharon hasta el palacio presidencial exigiendo la renuncia del Ospina Pérez y su régimen represor. El no haber sabido leer ese momento histórico constituyó un precio muy grande, un precio que todavía estamos pagando. El gobierno de Gustavo Petro intentó hacer la paz con nueve grupos a la vez. No se pudo. A la falta de un plan consistente Petro tuvo que sumar los palos en la rueda que le han puesto los enemigos a la paz, los que llevan 77 años, de manera ininiterrumpida, traicionando al pueblo colombiano.

Por: Redacción Pares A medida que se conocen más detalles del asesinato y tortura de Sara Millerey González Borja más crece la perplejidad, la certeza de que vivimos en un mundo salvaje. Esto ocurrió en Bello, municipio cercano a Medellín. Un grupo de hombres abordó a Sara, la empezaron a torturar, le partieron los brazos, las piernas y luego la tiraron a la quebrada La García. Esperaban que se ahogara. Su único pecado era ser una mujer trans. No conforme con esto el grupo de salvajes empezaron a grabar a Sara intentando salvar su vida mientras era arrastrada por la corriente, mientras se ahogaba. El video alcanzó a ser subido a redes sociales. El viernes 4 de abril encontraron a la mujer dos vecinos que la alcanzaron a rescatar viva pero finalmente murió el pasado domingo 6 de abril. Tenía 32 años.   En Medellín y en toda Colombia hay indignación. El gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón anunció una recompensa de cincuenta millones de pesos para dar con los agresores. A Sara le alcanzaron a preguntar en el hospital donde luchó por su vida, quienes estaban detrás de la agresión pero ella guardó silencio. En las últimas dos semanas se han presentado en Antioquia tres asesinatos a personas LGBTIQ+. En Antioquia se han registrado, en lo que lleva del año, 24 asesinatos hasta el cierre de marzo según el observatorio Caribe Afirmativo.   La mayoría de estos crímenes se han registrado en Antioquia. Llamó la atención que el secretario de seguridad de Bello, en un comunicado, no hablara de Sara como de una mujer, lo que puso en el tapete la homofobia imperante en la sociedad colombiana. La alcaldesa de esa ciudad si se expresó sobre lo ocurrido: No podemos permitir que la transfobia siga cobrando vidas en silencio. Como Alcaldía, como ciudad, tenemos una deuda con la comunidad Lgbtiq+ y hoy, con el corazón en la mano, les digo que no podemos guardar silencio. Vamos a exigir justicia por Sara y una ciudad donde todas las vidas sean dignas y respetadas”.   Ha llamado la atención la violencia con la que se han hecho estos asesinatos. La semana pasada mataron a una persona LGBTIQ+ llamado Hugo Alexander Ramírez Cardona a quien mataron dentro de su vivienda en el barrio Belén al suroccidente de Medellín. La muerte se dio por múltiples heridas con arma blanca.   Como ha sucedido históricamente desde que existimos, la fundación Paz y Reconciliación rechaza cualquier tipo de violencia contra las personas LGBTIQ+.

Por: Diego Alejandro Pedraza, Investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad El caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ha dado un nuevo giro con la reciente condena proferida en contra del exsubdirector de la entidad Sneyder Pinilla, quien deberá pagar 5 años y 8 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación. Con la condena contra Sneyder Pinilla, el caso cobra su segunda implicación judicial, recordando que, en diciembre de 2024, había sido enviada a la cárcel Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones y quien hasta el día de hoy sigue a la espera de la condena por su presunta participación en el entramado que desfalcó la UNGRD. El caso presenta un nuevo desarrollo, pero siguen sin conocerse todos los nombres, responsables y participantes identificables en el entramado que configuró el caso de corrupción que involucró al gobierno del presidente Gustavo Petro. Cronología de una condena La condena en contra de Pinilla se enmarca dentro de lo que en PARES f ue formulado en el artículo del 31 de enero , en donde se indicó que el caso, más que avanzar hacia niveles superiores de responsabilidad, está concentrándose en los denominados “eslabones débiles”, es decir, funcionarios de niveles jerárquicos inferiores que han sido judicializados, varios de ellos condenados, y que han entregado información sobre la estructura del entramado y sobre otros actores que aún no han sido procesados judicialmente. En este contexto se sitúa el caso de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, quien suscribió un preacuerdo con la Fiscalía que fue aprobado el 4 de abril por la jueza 10 Penal Especializada de Bogotá, lo cual derivó en una condena a 5 años y 8 meses de prisión. En el marco del acuerdo, Pinilla accedió a beneficios judiciales derivados de su colaboración, que incluyeron una rebaja del 45 % de la pena y una reducción adicional por el tipo de información aportada, junto con la devolución de 618 millones de pesos relacionados con su participación en los hechos investigados en el caso de la UNGRD. Sin embargo, la pregunta que reposa hoy en el radar de la opinión pública es ¿cuál es la calidad de la información entregada por Sneyder? Porque al final eso representa el insumo central en el esclarecimiento de los hechos asociados al proceso. Según Pinilla, esa información involucra actores del establecimiento político, y es por esa razón que ha manifestado en varias oportunidades la existencia de riesgos para su integridad personal después de su confesión. No se ha establecido todavía a qué actores señaló Sneyder; lo que se conoce es que su testimonio plantea la necesidad de atención por parte de la Corte Suprema de Justicia, dado que, según investigaciones periodísticas de Noticias Caracol , Sneyder fue quien transportó los 4 mil millones de pesos que salieron de la Unidad de Gestión de Riesgo, destinados al pago de sobornos a congresistas, específicamente a los entonces presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle. Dineros que fueron transportados por medio de maletas negras, entre las lujosas suites del Hotel Tequendama y las residencias de Iván Name en Bogotá (situación por la cual se encuentra privada de la libertad Sandra Ortiz) y la de Andrés Calle en la ciudad de Montería. Situación que terminó conociendo la opinión pública por cuenta de los chats extraídos del celular de Pinilla. “Los eslabones débiles” que ponen en entredicho a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia Al final, son los denominados “eslabones débiles” los que están siendo procesados y los que están aportando información, porque si algo ha caracterizado este caso es la ineficacia operativa, la demora procesal y la limitada acción por parte de la Corte Suprema de Justicia en las investigaciones contra aforados, así como de la Fiscalía en los procesos contra los no aforados. En este proceso judicial, las personas con cargos jerárquicos menores han rendido declaraciones en las que se ha hecho mención directa a exministros como Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, a funcionarios como Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia, y a un número significativo de congresistas. Sin embargo, las acciones judiciales se han concentrado en funcionarios de niveles inferiores que, según las declaraciones recopiladas, habrían actuado bajo instrucciones de cargos superiores. La Corte Suprema, en el caso de los aforados, ha realizado hasta ahora inspecciones en las oficinas de los congresistas Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Manrique, quienes, en el momento en que se conoció el caso, integraban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Y de esa misma manera han actuado contra Iván Name y Andrés Calle, quienes operaron desde su magistratura de presidentes del Congreso para “torcer” los votos o las discusiones que beneficiaran en si al gobierno nacional. Una justicia lenta, que no opera y que pareciera que como siempre, privilegia a los famosos “padres de la democracia” quienes se defienden mientras votan proyectos de ley para los colombianos. Pero la Corte no es la única que queda mal parada en este caso, porque la Fiscalía también se ha caracterizado por ese proceder lento en contra de las altas figuras del gobierno que hoy siguen campantes en la libertad. El exministro Ricardo Bonilla sigue sin responder por las presuntas ordenes que dio en el caso, mientras sus exasesoras, María Alejandra Benavides y Andrea Ramírez buscan desesperadamente preacuerdos con la justicia, exponiendo matrices de colaboración y señalando a congresistas y funcionarios que ordenaron y recibieron los beneficios de los cuantiosos contratos de la UNGRD. Por su parte, Luis Fernando Velasco ha comparecido ante la Corte para rendir declaraciones en calidad de testigo, la última de ellas, la semana pasada, en el marco del proceso relacionado con la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, última congresista mencionada en el contexto del caso relacionado con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En un proceso aparte se encuentra Carlos Ramón González, exfuncionario del gobierno, cuyo paradero se desconoce, aunque la Fiscalía, bajo la dirección de Luz Adriana Camargo, ha informado que sus cuentas se encuentran intervenidas y que se están rastreando sus movimientos. Hasta la fecha han transcurrido 13 meses y medio desde que se hizo público el caso de los carrotanques de La Guajira, y los procedimientos judiciales y las acciones investigativas continúan centradas en los denominados “eslabones débiles” de la estructura implicada. Han sido procesadas personas como Sandra Ortiz y Sneyder Pinilla, y se prevé que otras personas, entre ellas Olmedo López (exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo), los contratistas que presuntamente prestaron el dinero y asesoras vinculadas a Ricardo Bonilla enfrenten procedimientos similares. Mientras tanto, otros actores mencionados en las declaraciones de los implicados no han sido objeto de medidas judiciales y continúan en ejercicio de funciones o con presencia en escenarios institucionales. El país continúa en un estado de indefinición respecto a los hechos relacionados con el entramado de la UNGRD, mientras personas como Iván Name y Andrés Calle mantienen sus fueros legislativos, participan en votaciones de proyectos de ley y continúan ejerciendo influencia en la configuración de escenarios políticos de cara a las elecciones de 2026. La condena de Sneyder establece un precedente en el marco del caso de corrupción que ha involucrado a funcionarios del actual gobierno, en tanto evidencia la aplicación de medidas judiciales sobre algunos actores del caso. Sin embargo, el proceso continúa enfocado en los denominados “eslabones débiles”, sin que hasta el momento se haya documentado una actuación procesal equivalente frente a otros actores señalados en las declaraciones entregadas ante las autoridades.

Por: Juan Manuel Velandia, investigador de la línea de Democracia y Gobernabilidad El gobierno de Gustavo Petro ganó con amplia ventaja la puja en la elección del noveno magistrado del Consejo Nacional Electoral, pues el candidato a quien el oficialismo apoyó e impulsó, Álvaro Echeverry, obtuvo la victoria con 205 votos. (64 votos en Senado y 141 votos en Cámara de Representantes). Este martes 8 de abril de 2025, el Congreso en pleno (Senado y Cámara de Representantes) eligió al nuevo magistrado del Consejo Nacional Electoral, tras la renuncia en diciembre del año pasado, de Cesar Lorduy miembro del Partido Cambio Radical. Lorduy, quien fue cuestionado previamente por PARES, al parecer perfila su candidatura al Congreso de la República, específicamente al Senado. Entre los aspirantes al cargo se encontraban, Álvaro Echeverry Londoño avalado por el Partido Colombia Justa y Libres y Plinio Alarcón Buitrago respaldado por el Partido MIRA. La elección resultó relevante ya que marcó un giro a favor en la investigación que adelanta este organismo, contra la Campaña Petro presidente 2022, que entre otras cosas involucra al gerente de campaña, el hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y al mismo presidente Gustavo Petro.   El nombramiento del nuevo magistrado se convirtió en un movimiento estratégico por parte del Gobierno de Gustavo Petro ya que su llegada al CNE vuelve a poner en equilibrio la votación en caso de que se tome una decisión en la investigación en contra de Gustavo Petro y su campaña. Pues es importante recordar que el grupo que venía impulsando la investigación del presidente de Gustavo Petro contaba con 6 votos: Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), Benjamín Ortiz (Partido Liberal), Maritza Martínez (Partido de la U), Alfonso Campo (Partido Conservador) y Cristian Quiroz (Alianza Verde) y Cesar Lorduy (Cambio Radical). No obstante, con la renuncia de Lorduy este bloque quedó reducido a cinco integrantes frente a un bloque de cuatro magistrados, ya que Echeverry llegaría a formar parte del grupo que han mostrado desacuerdos con las decisiones tomadas en el marco de la investigación: Altus Baquero (Partido Liberal) y Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez (Pacto Histórico) y el recién electo Álvaro Echeverry (Partido Colombia Justa y Libres). Este reacomodamiento en la correlación de fuerzas dentro del CNE es importante ya que sin duda alguna podrían frenar avances claves en las acciones del proceso y volver a inclinar la balanza a favor del Presidente Petro. Ahora bien, la elección de Álvaro Echeverry representó una victoria significativa para el Gobierno, sin embargo, surge una pregunta clave: ¿cómo se logró esta arrasadora elección, si durante meses se ha afirmado que la relación entre el Congreso, especialmente el Senado y el ejecutivo estaba rota? La respuesta es sencilla, el gobierno logró consolidar entre acuerdos y negociaciones el apoyo de los partidos tradicionales. Además los pactos establecidos, en 2022 recobraron fuerza en esta elección, pues Cambio Radical, que retiró a Lorduy, con miras a lanzarlo como candidato al Senado en las elecciones de 2026, decidió no presentar un nuevo aspirante, ya que sus intereses son obtener la presidencia en la última legislatura en Cámara de Representantes, en ese contexto, facilitar el camino para la elección de Echeverry también les permite allanar el terreno para concretar sus propios intereses.   ¿Quién es Álvaro Echeverry? Fuente: Imagen tomada del Ministerio del Interior Es abogado de la Universidad de Manizales, con especialización en Derecho Administrativo en la Universidad de Caldas. Entre 2017 y 2020 fue secretario del Partido de la U, cargo que le facilitó construir una relación cercana con el ministro de hacienda Armando Benedetti y con el embajador de Reino Unido, Roy Barreras. En 2022 tomo gran relevancia dentro del Pacto Histórico ya que fue el encargado de recuperar aproximadamente 500.000 votos en el escrutinio de las elecciones del 2022 al congreso, pues por petición de Gustavo Petro era el coordinador de la estrategia de vigilancia de votos de su campaña. Sus resultados lo catapultaron en ese mismo año como candidato al CNE, postulado por Roy Barreras, sin embargo, no quedo elegido, quedando por detrás de Cesar Lorduy. Antes de su elección como magistrado en 2025, se desempañaba como director de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior.

Por: Redacción Pares Se pueden asumir dos lecturas a la hora de analizar lo que significa la desmovilización del Frente Comuneros del Sur. Una es que el enfoque de territorialización de la paz, que busca desescalar el conflicto a partir del establecimiento de pequeños procesos con Grupos Armados Organizados, podría empezar a dar frutos. La otra es que esta es una victoria pírrica, se consiguió a un costo muy alto, porque, lo que significó la paz con el frente Comuneros Sur fue la ruptura total con el ELN.   El Comando Central siempre vio con malos ojos esta negociación y fue una de las excusas que estaba buscando esta guerrilla para levantarse de la mesa. En julio del 2024 se dio la escisión total de esta guerrilla del ELN y empezó a operar con entera libertad. En el municipio de Samaniego se logró establecer una mesa que funcionó con estos tres ejes: la disminución de la violencia, que incluye la construcción de equipos encargados de la eliminación de minas, el retorno de personas desplazadas y la localización de desaparecidos; la transformación territorial, que busca fortalecer la presencia estatal a partir de infraestructura como puestos de salud, escuelas, carreteras, y centros digitales, y finalmente, la reintegración de los combatientes de Comuneros del Sur a la vida civil por medio del diseño de soluciones jurídicas, justicia restaurativa, desmantelamiento de armas, reincorporación a la vida ciudadana y garantías de seguridad para los excombatientes.    Este sabado 5 de abril los miembros de esta guerrilla entregaron 585 unidades de material bélico, como granadas, minas y morteros que fueron destruidos por el grupo de Manejo de Artefactos Explosivos del Ejército. Los últimos acuerdos con el FCS se dio en el barrio San José Obrero de Pasto. Para muchos especialistas la desmovilización de este grupo, que cuenta con más de 100 efectivos, es un paso minúsculo en la búsqueda de la Paz Total. Su máximo comandante es Gabriel Yepes Mejía, que tiene el alias de H.H y se han financiado a través de las siguientes actividades: rentas ilícitas de la minería, la extorsión, el secuestro, el narcotráfico local y transnacional. Yepes Mejía tiene 53 años, afirma haber conocido a Manuel “El Cura” Pérez. Su vida ha sido un trasegar por los frentes elenos. Estuvo en el Magdalena Medio, en el Sur de Bolívar y en el Catatumbo hasta llegar al sur del país.   De las nueve mesas de negociación que estableció el gobierno Petro esta ha sido la primera en dar resultados tan contundentes como significa una desmovilización. En el Valle de Aburrá los números acompañan la gestión del gobierno en la negociación con alias “Douglas” y alias “Tom”, máximos líderes de La Oficina. Mientras tanto la negociación con el Frente 33 de las FARC vive momentos tensos debido a lo que viene ocurriendo en el Catatumbo. Con el ELN y las disidencias al mando de Iván Mordisco, estos diálogos están completamente congelados.

Por: Redacción Pares Una de las declaraciones más esperadas durante el juicio que se le sigue a Alvaro Uribe era la de Carlos Enrique Vélez, alias “Victor”, quien había advertido que fue abordado por una de las partes para que su declaración se ajustara a una de las partes del proceso. Vélez ha cambiado ya sus declaraciones ante la Corte Suprema, una de esas declaraciones se refería a que hubo presión por parte de Iván Cepeda y de sus abogados para dar una versión que hundiera a Uribe. Según el abogado de Uribe, Diego Cadena, “Víctor” le había pedido 60 millones de pesos por cambiar su versión de los hechos, lo que obligó a la defensa del expresidente a decirle que no.   La importancia de la declaración de “Víctor” era muy esperada ya que fue uno de los primeros en este juicio en cambiar de opinión. “Víctor” es uno de los elementos que tiene la Fiscalía para probar que existió un intento de manipular a testigos ya que el exparamilitar afirma que Diego Cadena le ofreció 200 millones de pesos. De esta manera lo relató “Víctor” durante el juicio: “El dragoneante llegó a la celda y me dijo que me buscaba un abogado. Al salir, encontré al señor Diego Cadena. Él me dijo que venía de parte del presidente Álvaro Uribe.  Ahí empezamos a hablar y me ofreció una plata: 200 millones de pesos para desmentir a Pipintá (Pablo Hernán Sierra)”   A la de Vélez se sumaba la declaración que dio la semana pasada Pablo Hernán Sierra quien afirmó que desde la finca de las Guacharacas incluso se habían instalado válvulas de gasolina para sacar el combustible desde ahí de manera ilegal. Además, alias “Pipintá” quien fue comandante del Bloque Nutibara, afirmó que Guacharacas era uno de los centros del paramilitarismo en Antioquia y que ahí funcionaba el Bloque Metro “Para nadie es un secreto. Fue al mando de alias Filo, que tenía 30 hombres y en su momento el jefe inmediato de esos hombres era Luis Villegas, el jefe máximo de esa organización”  Además agregó lo siguiente: “ El expresidente Uribe y a Santiago Uribe, ellos han figurado siempre como los dueños de eso, después vendieron, pero eso fue como para lavarse las manos ahí. Después de todo lo que ocurrió fue que la vendieron” .   Hubo una carta que le pidió Diego Cadena al ex paramilitar Vélez, y que este tuvo que firmar, en ella se pretendía dejar constancia de una supuesta reunión que tuvo con Iván Cepeda buscando hundir a Santiago y Alvaro Uribe Vélez. Es bueno recordar que a Santiago Uribe se le ha acusado e incluso investigado por haber formado un grupo en Yarumal, Antioquia, llamado Los doce apóstoles.   Cadena le habría ofrecido 200 millones de pesos a Vélez, según su versión, y la persona que recibió el dinero fue la hermana del ex paramilitar. La declaración de Vélez era esperada por la defensa de Cepeda y temida por la defensa de Uribe. Se viene el desfile de testigos que tendría material probatorio contra el ex presidente.