Por: Laura Cano. Periodista Pares. El aislamiento preventivo obligatorio decretado desde el pasado 24 de marzo ha dejado ver todas las desigualdades que el sistema que nos rige económica y socialmente ha provocado, afectando, como ya es cotidiano escuchar, unas clases más que otras. Muestra de eso, además de todos los panoramas que han resaltado en los últimos días, como las calles llenas de gente con hambre, trapos rojos izados en varias zonas del país, ayudas que no llegan, pero sí llega la represión y los abusos policiales como respuesta a las solicitudes de la gente, se le suma algo no menor: en Colombia el 36,6% de los hogares están en déficit habitacional. Así, como una paradoja del #QuédateEnCasa, famoso en tiempos de Covid-19, el DANE informó este jueves sobre la situación registrada en el 2018 de las condiciones de vivienda de los casi 50 millones de personas que habitan en Colombia, de este total, 18.2 millones no cuentan con vivienda digna, esto determinado por factores cuantitativos y cualitativos. Viviendas sin condiciones de habitabilidad Por una parte, se evaluaron factores de la estructura de vivienda, pues según lo analizado 1.378.829 hogares, el 9.8% de los 14.060.645 que hay en el país, tienen problemáticas cuantitativas; están construidos con tejas, plásticos o madera, además presentan situaciones de hacinamiento no mitigables, determinadas por contextos en donde en una vivienda se hospedan más de cuatro familias o más de tres personas por habitación, e igualmente porque en estos espacios también se realizan otras actividades, por ejemplo, culinarias, es decir, en una misma zona se duerme y se cocina. Por otro lado, 3.765.616 que representa el 26.8% están en déficit de vivienda cualitativo, el cual se establece en los hogares donde no hay condiciones adecuadas de habitabilidad; no han sido instalados servicios públicos, alcantarillado o en su estructura hay dificultades, sin embargo, en estos casos las viviendas pueden ser objeto de ajustes o intervenciones para mejoras. Igualmente, según este informe 19.000 familias viven en cambuches, carpas o debajo de puentes. Así, en Vichada (94.5%), San Andrés, Providencia y Santa Catalina (92,8%) y Chocó (91,2%) se vive esta realidad de manera más dramática, pues en estos departamentos se presentan las cifras más altas de personas viviendo en situaciones indignas de habitabilidad. En contraste, Bogotá registró el menor porcentaje con el 14,1%, seguida por los departamentos de Quindío (20,2%), Risaralda (23,5%) y Valle del Cauca (24,5%), que, aunque es donde hay menores registros, no dejan de ser cifras altas. A esto se agrega que de las 18.236.098 personas están en déficit habitacional, 9.117.308 son mujeres y 9.118.790 son hombres, por su parte 1.057.693, que representa el 58% del total, es población migrante de Venezuela. Sin casa hablar de aislamiento es un sinsentido En un país donde uno de sus mayores problemas históricamente ha sido el acceso a la tierra para habitarla, es contradictorio jactarse virtualmente de que, si una parte de la población está en casa el resto deba hacer lo mismo. Presidente, ¿ha tenido usted presente este contexto?, contexto que, si bien está plasmado en las cifras anteriores, también resalta en el día a día; donde solo en Bogotá para el 2018 había 9.538 personas en condición de habitabilidad en calle, según cifras del DANE e Integración social. Cuando en el paisaje de muchos municipios y barrios sobresalen las casas hechas con “lo que se puede”. Presidente, sus decretos deben repensar esta realidad y mínimamente tenerlas en cuenta. Estas personas están en vulnerabilidad de contagio, ahora lo vemos, pero también han pedido atención y acciones desde antes de la pandemia. Hace tan solo unos días, una población del barrio Bella Flor en Ciudad Bolívar que puede que esté o no en los datos nombrados, fue desalojada de donde estaban intentando hacer caso al llamado de quedarse en casa, eso sí, no dentro de los cánones que parecen estar salvaguardando mucho ahora las entidades distritales, que como acción mandó al Esmad para destruir las ‘invasiones’ en las que estaban estas personas, y asimismo para reprimirlas y llenarlas de miedo. ¿Así, en esas condiciones tan precarias se piensa combatir institucionalmente el virus y las problemáticas sociales en estas poblaciones? Muy pertinente en estos momentos una de las frases más icónicas de la película La Vendedora de Rosas (1998) de Víctor Gaviria: “¿pa’ qué zapatos, si no hay casa?”, ahora la pregunta es ¿Pa’ que cuarentena, si no hay casa?

Por: Redacción Pares Los expertos en derechos humanos de la ONU han expresado su profunda preocupación por la multiplicación de los asesinatos por parte de policías y otros actos de violencia en el contexto de las medidas de emergencia de COVID-19. «Estamos alarmados por el aumento de los informes de asesinatos y otras instancias de uso excesivo de la fuerza dirigida a personas particulares que viven en situaciones vulnerables», dijeron los Relatores Especiales. «Las personas en situaciones vulnerables como las personas que viven en la pobreza y las personas que viven en barrios marginales, personas sin hogar, minorías, personas detenidas, mujeres y niños víctimas de violencia doméstica, migrantes y refugiados, mujeres trans y todos los que defienden sus derechos, ya son afectado desproporcionadamente por el virus. Las políticas de no visitas en hogares de ancianos y cuidado en el hogar exacerban el riesgo de violencia, maltrato, abuso y negligencia de las personas mayores y otras personas que viven en instituciones «. «Todas estas personas que a menudo se ven afectadas de manera desproporcionada por el virus, debido a sus precarias condiciones de existencia, no deberían ser víctimas más debido a las medidas del estado de emergencia». Los gobiernos deben proteger a la población Los expertos recordaron a los gobiernos y organismos encargados de hacer cumplir la ley que la prohibición contra la privación arbitraria de la vida, la tortura y otros malos tratos, es absoluta y no se puede suspender en todo momento. «Incluso durante los estados de emergencia, el uso de la fuerza sigue guiado por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución. Exigen que se evite el uso de la fuerza y ​​las armas de fuego, y que se agoten todos los medios no violentos posibles. antes de recurrir a los violentos «. Las autoridades, recordaron los expertos, sólo deberían usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario. La fuerza letal solo debe usarse para proteger contra un riesgo inminente para la vida e incluso entonces, siempre se deben tomar precauciones razonables para evitar la pérdida de vidas. «Romper el toque de queda, o cualquier restricción a la libertad de movimiento, no puede justificar el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía; bajo ninguna circunstancia debe conducir al uso de la fuerza letal». Los expertos insisten en que se deben tomar más precauciones para proteger el derecho a la vida y la dignidad en vista del hecho de que muchas personas no tienen un hogar en el que permanecer confinadas, o viven en condiciones densas y promiscuas, y no tienen los medios para para mantener a sus familias bajo aislamiento. «No puede quedarse en casa si no tiene una. No puede permanecer confinado si no tiene lo que necesita para alimentar a su familia», señalaron los expertos en derechos humanos. «¿Cómo se ‘distancia físicamente’ en un barrio marginal urbano? ¿Cómo se come o bebe cuando se trabaja diariamente y necesita salir todos los días para ganar el dinero para hacerlo?» Además, dada la gran cantidad de infecciones reportadas por COVID-19 entre los agentes de policía, las interacciones policiales pueden representar una fuente adicional de riesgo de infección para las poblaciones que ya se encuentran en situaciones vulnerables que no deben ser ignoradas en el despliegue y uso de la autoridad policial». Los expertos pidieron a los gobiernos que diseñen medidas específicas para mitigar los efectos desproporcionados que las medidas de emergencia pueden tener en grupos en situaciones vulnerables. «Es importante que los organismos encargados de hacer cumplir la ley tengan en cuenta el contexto local, las necesidades y las vulnerabilidades de grupos particulares de personas, y sean cautelosos al recurrir al uso de la fuerza para asegurarse de que sea necesario y proporcionado», dijeron. «Para millones de personas, las medidas de emergencia pueden ser una amenaza más directa para su vida, sustento y dignidad que incluso el virus en sí. Hay otras formas de controlar que utilizando primero la fuerza».

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Los territorios más apartados históricamente por el abandono del Estado y las vicisitudes de la guerra en Colombia están en riesgo inminente de perder las radios comunitarias. Pareciera una aseveración exagerada, pero ante las dificultades que ha supuesto el Covid-19, las emisoras comunitarias han señalado que su ejercicio en los distintos municipios peligra. Aunque esto no sea una novedad, por cuenta de los embates de la violencia, lo cierto es que —si el Gobierno Nacional no toma cartas en el asunto— las emisoras que durante décadas han acompañado al campesinado, a las comunidades afro, indígenas; podrían cerrar. Los paisajes los compone la gente Al noroeste del departamento del Valle del Cauca, limitando con Chocó, en todo lo alto de la Cordillera Occidental, se elevó hace 22 años la antena de la Emisora Comunitaria El Cairo Stéreo 88.6. Justamente, esta radio ha acompañado a las comunidades del municipio de El Cairo, compuesto por los corregimientos de Bellavista, La Guarida, Albán, San José y Playa Rica. Sin embargo, Conrado Narváez, director de la emisora, señala que con palmaditas en la espalda no se cubren los gastos de funcionamiento de las emisoras. Don Conrado, quien detiene su narrativa para tomar aire, continúa diciendo «Hombre, a mí me daría mucha tristeza tener que cerrar la radio, somos muchas emisoras que estamos en la misma tónica por la asfixia económica. Fíjese, para el sector rural las emisoras comunitarias son fundamentales, son su principal medio de comunicación. Pero cuando empezamos a ver que los anunciantes se nos retiraron fue que dijimos ¡mierda, esto se nos complicó! Nosotros somos emisoras que vivimos del día a día, ¿de dónde vamos a tener reservas para decir que aguantamos y no salimos del aire? Cabe señalar, precisa Don Conrado, que esta situación del virus que ha generado que los anunciadores, que pautan, se nos han ido retirando, con toda razón, debido que sus negocios los tuvieron que cerrar, no tiene ingresos y, de esta forma, no tienen posibilidad de mantener la pauta. De esta forma, él me explica que la relación de la comunidad y viceversa implica varios órdenes. Don Conrado señala que el escenario configura una verdadera tragedia. Nosotras, las emisoras comunitarias somos la voz que acompaña a la gente que no tiene acceso a los medios de comunicación comerciales y la comunidad constituye nuestra razón de ser. La Radio Comunitaria no puede desaparecer.” Conrado me explica que lo que se transmite ahí es la vida de las personas, que la comunidad compone el paisaje, son ellos, los personajes, quienes dan sentido. Esto nunca se va a encontrar en una emisora comercial, me insiste. S.O.S al Gobierno Nacional La radio comunitaria lanza hoy un SOS al Gobierno Nacional, para que dada la importancia y el trascendental papel que están desarrollando nuestras emisoras, se les tienda una mano, no regalándoles nada, sino simplemente asignándoles pauta oficial pagada, entre otras cosas, haciendo cumplir lo contemplado en el Documento CONPES 3506 de 2008. De tal manera que los presupuestos para efectos publicitarios que manejan los ministerios, institutos descentralizados, gobernaciones departamentales y administraciones municipales; no se queden solamente en las arcas de la radio comercial de las grandes ciudades, señala Don Conrado. Resulta que la emisora de Don Conrado, por la su ubicación, no solo cubre a El Cairo, sino que logra cubrir ocho municipios más. De esta forma, no está solo en riesgo lo que hemos hecho con la comunidad por estas dos décadas, sino por el papel que estamos jugando en estos momentos. Por medio de las emisoras comunitarias se están llevando todas las disposiciones en materia preventiva y restrictiva en el marco del virus. También, se transmite la información proveniente de las administraciones municipales, temas como los de familias en acción, subsidios del adulto mayor; todo va por aquí, señala Don Conrado. De hecho, Don Conrado cuenta que ya hay emisoras comunitarias colegas que han tenido que recortar tiempo de emisión al aire para ahorrar energía. Una radiografía Nacional Para conocer más sobre la situación que atraviesan los medios comunitarios en el marco de esta pandemia, Pares habló con Mauricio Beltrán, Director Ejecutivo de la Federación de Medios Comunitarios de Colombia (FEDEMEDIOS). En primera instancia Beltrán recalca que no existe conciencia de la fuerza de penetración que tienen los medios comunitarios. Estamos hablando de que las emisoras comunitarias que hacen parte de FEDEMEDIOS —413 radios— tienen una cobertura de más de 8 millones de personas a nivel nacional” Las Emisoras Comunitarias en la pandemia Mauricio cuenta que cuando se inicia el periodo de aislamiento, las radios comunitarias —que son medios locales, operadas por la comunidad organizada a través de alguna entidad sin ánimo de lucro—; han tratado de mantener las programaciones. Esas programaciones, a grandes rasgos, cumplen cuatro funciones: la musical, la función informativa (de corte local), programación de servicio social (reuniones de Juntas de Acción Comunal, por ejemplo) y una radio que está al servicio de los problemas de la comunidad (inundaciones, sequías, deslizamientos de tierra. Frente al coronavirus, las radios comunitarias están cumpliendo una función de acompañamiento, cuenta Mauricio, pues contribuyen instruir a la comunidad sobre medias que va adoptando el Gobierno Nacional, el tema logístico de los mercados, etc. “Incluso, desde las emisoras comunitarias hay un programa a nivel nacional que se llama El Antivirus, de emisión diaria sobre seguridad alimentaria, los temas de violencia al interior de los hogares y apoyo al campesinado referente a las normas que van saliendo. Los mismos gobiernos van a perder una herramienta muy útil en este momento sobre el tema de medidas en el Covid19”, precisa. Otro ejemplo. La emisora de la Universidad del Tolima, a través de la emisora de Rioblanco, les envía mensajes a los y las jóvenes para que conozcan qué sucederá con las clases. Es decir, la radio comunitaria es una herramienta mediadora entre las instituciones educativas y la comunidad. Sin embargo, insiste Mauricio, con esta contingencia eso no va a volver a pasar porque con un eventual cierre se cortarán canales de comunicación para los y las jóvenes de los distintos municipios. Territorios desatendidos Según MinTic, para 2019, la penetración del internet en área rural no pasa del 18%, es decir, un 82% de población rural no tienen internet. Esas dificultades limitan el acceso a información confiable, que, en muchos casos, es entregada por las emisoras comunitarias. Es una paradoja, las familias campesinas que quedarán sin sus radios comunitarias son las que nos están alimentando., explica Beltrán. Sin embargo, estas contingencias no son una novedad para las radios comunitarias. «Cuando llegan los grupos armados las radios no pueden hacer noticias, no prestan servicios, ni hacen campañas; la radio pone música. En su momento, cuando nos asesinaron a un colega, Luis Carlos Cervantes en el Bajo Cauca, algún funcionario público dijo “tan raro si ese muchacho sólo ponía música. Lo que no se advierte ahí es que la radio comunitaria tuvo que quedarse callada en muchas ocasiones y poniendo música, incluso, la radio comunitaria jugaba un papel de cohesionador social.” La función del comunicador comunitario va mucho más allá de producir noticia: es un actor de cohesión social en los territorios. Resulta importante reivindicar la figura del comunicador comunitario, ese que lo despierta en las mañanas y acompaña durante toda la jornada a los sectores rurales. Falta de pauta y radios a la deriva La principal fuente de financiación de las radios comunitarias es el comercio local. Ante esta contingencia, queda cerrada esa puerta. Esto porque la gran industria de la publicidad en Colombia, en la torta general para el año 2017 —hasta donde hay registro—; la participación nuestra estuvo por el 0.01%. No estamos en la torta publicitaria. Ahora bien, la otra fuente de financiación son los gobiernos locales, pero quedamos dependiendo de la voluntad política. Hay casos exitosos como la gobernación de Boyacá, Magdalena, por ejemplo, pero no es la regla”. Mundos posibles Pares: ¿Qué propone FEDEMEDIOS? M.B: MinTic debería detener los procesos legales contra las radios comunitarias, debería pararlos un semestre que contribuya a que las radios estén tranquilas de esos procesos que les competen. Hay procesos que son absurdos, por ejemplo, porque el modulador de frecuencia estaba apagado o porque tienen un problema en el transmisor que requieren asesorías técnicas muy grandes y que con la cuarentena no se puede llevar un ingeniero hasta las emisoras. No hay una sola sanción a las radios comunitarias por hacer llamados a la violencia o por vínculos con el narcotráfico. Otro ejemplo de ese absurdo tiene que ver con la imposición de sanciones porque las radios comunitarias no tenían estudio sobre qué tanto las ondas afectaban la salud humana y resulta que, según la Organización Panamericana de la Salud -OPS, las ondas de radio empiezan a afectar después de 1000 Vatios; aún cuando la radio comunitaria más potente de Colombia llega a los 900 vatios y el 90% tiene cerca de 200 y 250 vatios. Esta discusión duró ocho (8) años en el que cerraron y multaron varias radios comunitarias. Pares: Hoy en día ¿está garantizada la conectividad para las Emisoras Comunitarias? y sobre ese asunto ¿qué le piden al Gobierno Nacional? M.B: Colombia se ufana de tener una de las mejores redes de fibra óptica y se habla de que más del 90% de los municipios cuenta con dicha fibra. Pues bien, las radios comunitarias hemos luchado para que contemos con internet. Con un hilo de la fibra que llegue a las radios permite que estas tengan una mejor red para poder producir e intercambiar contenidos directamente con el gobierno central. Estar enterados de lo que está pasando, poder llevar información de los decretos, que adultos mayores que aun no saben que pueden reclaman bonos solidarios lo sepan y lo hagan. Por otro lado, las radios comunitarias podrían— a través de microondas o wifi—; llevar internet a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal y con eso, daríamos un paso gigantesco para ir rompiendo la brecha digital. Nadie pudo estudiar, ni nadie garantizó un trabajo en línea a través de una conexión de Vive Digital. Pedimos una parte de ese internet que, además, es una obligación de esas empresas internacionales que crearon esa red de fibra óptica tienen obligaciones de llevar internet a las zonas más apartadas, pero no les interesa. Nosotros que sabemos cómo y tenemos cómo quedamos rezagados. Hemos hablado con la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Sylvia Constaín, quien ha señalado que es muy interesante pero no hay un solo paso porque desafortunadamente el ministerio solo piensa en negocio y nuestra apuesta es social. Nosotros buscamos la fuerza social que le permitiría a las comunidades que sus jóvenes no se vieran obligados por conectividad a salir del campo, tuviesen acceso a mejor información, a trámites en línea… toda ese ‘proceso de economía naranja’ de la que habla el presidente sería cierto. Pero no ha sido posible. Finalmente, pedimos es que nos incluyan como empresas distribuidoras de servicios de telecomunicaciones, ese sería un paso fundamental, que nos permitiría dar el salto cualitativo que requerimos hace tanto tiempo para dejar de estar a expensas de ese mercado perverso de la publicidad política.

Por: Isaac Morales Pérez. Coordinador de la línea de seguridad urbana y crimen organizado, Pares. Hablar de convivencia en tiempos de coronavirus implica repensar muchos elementos que la componen: desde sus categorías jurídicas hasta sus finalidades. El Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana define la convivencia como la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con los bienes, y con el ambiente, en el marco del ordenamiento legal; sus categorías jurídicas son la seguridad, la tranquilidad, el ambiente y la salud pública, esta última como la responsabilidad del Estado en función de las condiciones de bienestar y calidad de vida. Ahora bien, el aislamiento preventivo obligatorio nos ha puesto en unos escenarios que no fueron considerados al momento de concebir el código o a los que quienes estudian estos temas no se habían enfrentado. Seguridad y convivencia siempre van de la mano y tienen una correlación innegable; pero hablar de estos términos hoy nos ha obligado a pensar mucho más allá de la simple presencia de policías y militares en los municipios o ciudades para hacer cumplir las órdenes presidenciales y locales para mantenernos en casa. Derechos y libertades en tiempos de pandemia Garantizar derechos y libertades es una de esas finalidades de la convivencia, sin embargo hay varios derechos constitucionales y humanos que chocan con la realidad. Muchas personas se han visto afectadas en su derecho al trabajo o a un nivel de vida adecuado que les asegure un ingreso y al mismo tiempo su bienestar y el de sus familias, pero un gran porcentaje de la población colombiana trabaja en la informalidad y su nivel de vida mínimamente adecuado depende del día a día y de la actividad laboral que ejercen diariamente: obreros, personal de servicios generales, peluqueros, chaceros, trabajadoras sexuales, bicitaxistas y así muchos oficios que se han visto afectados por el encierro. Son ellos quienes sufren mucho más en un aislamiento sin garantías mínimas para sobrevivir, con ingresos cada vez más reducidos y en casos más extremos, donde son nulos.. Un dilema que se centra entre morir de hambre o morir infectado por el virus, un resultado obvio de los altos niveles de desigualdad que afecta a Colombia y muchos países de América Latina. Es por esta razón que vemos gente en las calles, bloqueando avenidas, colgando trapos rojos en sus ventanas y levantando su voz porque no pueden comer ni una sola vez en el día y porque no reciben ni un solo peso para subsistir. A esta dramática realidad hay que sumarle la especulación y el aumento de precios en las tiendas y supermercados, y las facturas y los compromisos de pago siguen llegando. Esto afecta directamente, por supuesto, la convivencia en muchos entornos. Esta es una convivencia basada en órdenes de aislamiento pero sin garantías mínimas para su subsistencia. Violencia intrafamiliar Otro escenario que no ha tenido la relevancia debida se vive, no en las calles ni en las plazas públicas, sino en el interior de muchos hogares. En un video reciente para PARES lo advertí: la violencia intrafamiliar y de género se dispararía en esta época de coronavirus. Mujeres, niños y niñas se confinan con sus agresores. Sólo en Bogotá las llamadas a la línea púrpura se han triplicado; pero no se tiene un registro confiable sobre el desenlace de cada uno de los casos ¿Se llegaría acaso a un proceso investigativo o a tomar acciones concretas sobre los agresores? ¿Se hizo alguna amonestación? En definitiva, no se sabe y es en este punto donde nos preguntamos: ¿Existen herramientas precisas para atender este tipo de violencias? ¿Está preparado el aparato de justicia, las Comisarías de Familia, las Inspecciones de Policía para tratar íntegramente estas expresiones fantasmas de violencia? Sin embargo, esta situación genera otro problema mayor. En Bogotá la entrega del Subsidio Solidario está condicionado a que en los hogares no haya manifestaciones de violencia intrafamiliar, entonces algunas mujeres se enfrentarán a otro dilema: denunciar y no recibir apoyos de la alcaldía o no denunciar y recibir el apoyo, pero conviviendo con su agresor. Si algo dejará esta pandemia serán nuevas formas de entender fenómenos sociales y la necesidad de ampliar las nociones de convivencia y seguridad ciudadana abordándolas desde la esencia de los conflictos humanos, no solo basados en indicadores y tasas, que no dejarán de ser importantes, pero sí en un enfoque más holístico de la realidad.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. ¿De nuevo el Gobierno protegiendo el sector privado? Esa es una de las preguntas que deja el Decreto 558 implementado recientemente por Iván Duque ante la emergencia económica, social y ecológica que se vive en el país con la propagación del Covid-19. El documento, que sale amparado por el artículo 47 de la Ley Estatutaria 137 de 1994 que faculta al Gobierno para que, en virtud de la declaración del Estado de Emergencia, pueda dictar decretos con fuerza de ley, da los lineamientos de cómo funcionará el Sistema General de Pensiones durante la pandemia. Otra de las preguntas que deja este Decreto es ¿podría esta medida darle vía libre a la Reforma Pensional contra la que muchos salieron a las calles en el marco del Paro Nacional? Lo cierto es que el documento plantea, por una parte, la disminución temporal en la cotización a los fondos de pensiones, pues durante los períodos de abril y mayo el pago será del 3% del ingreso base de cotización. Esto, según lo expresado en el Decreto, para disminuir las cargas económicas de empleadores, con el fin de que estos puedan concentrar sus esfuerzos económicos en mantener las nóminas de trabajadores y continuar con el pago de los salarios. En ese sentido, la medida disminuiría la carga a los trabajadores independientes, ante las restricciones de ingreso que genera la medida del aislamiento obligatorio, permitiéndoles contar con el aseguramiento de los riesgos derivados de la invalidez y sobrevivencia que ofrece el Sistema General de Pensiones. Sin embargo, y ante un primer panorama que parece favorecer a las y los trabajadores, al igual que a los empleadores, los cuestionamientos van en saber si bajo esta premisa la responsabilidad de los fondos de pensiones privados ahora la debe asumir Colpensiones. Este cuestionamiento aparece luego que en uno de los apartados del Decreto se informa que “Las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías deberán trasladar a Colpensiones, en un plazo no mayor a cuatro (4) meses, los recursos o activos del Fondo Especial de Retiro Programado y la información correspondiente a los pensionados que a la fecha de expedición de este decreto presenten una descapitalización en sus cuentas”. Fondos privados y recurso público ¿cuál es la prioridad? Se dice que las medidas son para proteger a los pensionados que hacen uso de la modalidad de retiro programado, el cual se basa en un ahorro que aumenta a través de intereses, que luego se usa para pagar mensualmente la pensión (este pago no puede ser menor a un salario mínimo legal vigente). Sin embargo, la que parece ser la preocupación del Gobierno es que los fondos privados, por la actual crisis, no ‘puedan’ solventar las responsabilidades que tenían con quienes están afiliados a entidades como Porvenir, Colfondos, Protección, y Skandia, incluso cuando en los dueños de estos resaltan nombre como: Luis Carlos Sarmiento Angulo y el Grupo Empresarial Antioqueño. Así, tras “una posible descapitalización de las cuentas individuales de ahorro pensional que soportan el pago de sus mesadas, en los años 2020 y 2021 se permitirá a las administradoras de fondos de pensiones acceder al mecanismo de conmutación pensional de que trata la ley 550 de 1999″. Si bien, en las afirmaciones oficiales se plantea que se está velando por la protección de las y los pensionados y de quienes están próximos a hacerlo, lo que representa casi 20.000 personas cerca a jubilarse, tras esto hay más cuestionamientos de los expuestos en los anteriores párrafos. Por ejemplo, la senadora Angélica Lozano expresó a través de su cuenta de Twitter que: “Con el Decreto los afiliados a los fondos privados les reconocen las semanas, pero nada de aportes, es decir, las AFP se les pagan comisiones de administración de dinero que no entran en la cuenta de los afiliados”. Además, afirmó que, “cerca de la mitad de los retiros programados de vejez ya estaban desfinanciados antes de la pandemia”. Por otra parte, la representante a la Cámara, Ángela María Robledo twitteó: “Si los Fondos de Pensiones no pueden responder por los pagos de pensionadas y pensionados que están en retiro programado, entonces que se acaben y se fortalezca Colpensiones. Además de ser incapaces de responder por sus afiliados, le pasan la responsabilidad al Estado”. ¿A dónde se fueron las ganancias de los fondos privados? Según lo informado por la Revista Dinero en febrero de este año, en el 2019 los fondos obligatorios de pensiones registraron las ganancias más altas en los últimos 25 años, con un total de $39,7 billones. Asimismo, estos fondos crecieron en la cantidad de afiliados que tenían en el 2018, donde en relación con el año pasado, hubo un crecimiento de 5.8%, completando 16.5 millones de afiliados. Según lo citado en la publicación, Santiago Montenegro, Presidente de Asofondos afirmó que “Estamos creciendo tres veces más que lo que ha crecido en afiliados la entidad pública en igual periodo”. De estos afiliados se registra que el 82% en entidades como Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia están en edades cercanas a los 44 años, además que un porcentaje similar cotizan entre uno (1) y dos (2) salarios mínimos, y que solo el 7.6 paga pensiones con base a más de cuatro (4) salarios mínimos.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares La nueva jornada de protestas que presenció Bogotá en el marco de la contingencia del Covid-19 desde la noche del 15 de abril y que se extendió durante la madrugada de este jueves, trajo consigo una serie de denuncias por parte de la comunidad. Represión del ESMAD con gases lacrimógenos y aturdidoras afectaron a niños, niñas y adultos mayores en barrios como Potosí, Caracolí a Arborizadora Alta, en la localidad de Ciudad Bolívar. En distintos videos grabados por la misma comunidad afectada se evidencia cómo el ESMAD reprimió las manifestaciones pacíficas con gases lacrimógenos y aturdidoras. De hecho, habitantes de los barrios de Ciudad Bolívar señalaron que desde el helicóptero de la policía que sobrevoló los techos de las casas a medianoche, fue de donde se habrían lanzado los gases contra las casas. Las manifestaciones están infiltradas: Alcaldía Mayor En rueda de prensa, la Alcaldesa Mayor, Claudia López, respondió de manera contundente que las manifestaciones que se han desarrollado durante estos días en la capital de la República están infiltradas por ‘politiqueros’ que quieren beneficiarse para ser intermediarios de las entregas de mercados. “Lo que quieren los políticos es que ellos entreguen sus listados, es decir algunos ediles y concejales que están en eso, listas de la gente ‘necesitada’ que en realidad son sus amigos, sus hermanos, sus tías y sus clientelas y que nosotros les entreguemos mercados a esos listados. No nos vamos a dejar presionar de ninguno”, señaló de manera tajante la mandataria. «El ESMAD impidió un robo» “El incidente de anoche no fue por gente humilde protestando, fue por una banda que quería atracar una tienda de una señora que tiene una un ‘minimercado’. (…) Se organizó una banda y la policía intervino para evitar el robo. El ESMAD no interviene en la protesta, esas la tratamos con gestores de convivencia. (…) Anoche evitamos un atraco y el ESMAD tuvo que intervenir. Sobre el helicóptero no tiene nada que ver con los problemas, es el procedimiento de la Policía, pero no es que estemos vigilando a nadie”, dijo en rueda de prensa la alcaldesa. Comunicado emitido por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Abril 16 de 2020. Algunos sectores políticos reaccionaron ante las afirmaciones de la alcaldesa. Este fue el caso de David Racero, representante a la Cámara por Bogotá, quien señaló que la mandataria debe decir con nombre propio -y denunciar ante la Fiscalía General de la Nación-, cuáles son ediles y Concejales que están detrás de las asonadas, con la intención de «pasar listados» para que se beneficien sus amigos, familias y clientelas. Si eso es cierto, es infame.« ¿Quién responde por el pueblo? Una de las voces que protestaron fue la de Christian Robayo Arias, edil de la localidad, quien se refirió a esta situación y solicitó a las autoridades de control para que verifiquen el tipo de procedimiento que se están utilizando por parte del ESMAD frente a la protesta por alimentos, atención en salud y apoyo solidario para sobrevivir en esta cuarentena. Hay fuerza desmedida utilizada contra la ciudadanía. Esto entre los barrios Potosí, Caracolí y Arborizadora Alta, señaló. Desde Potosí ciudadanos grabaron cómo sobrevolaba el helicóptero de la policía desde la media noche. Hubo ESMAD, gases, aturdidoras, bala, represión, fueron los reclamos de habitantes de Ciudad Bolívar. Asimismo, en el barrio de Arborizadora Alta un habitante del sector denuncia a través de un video publicado en redes sociales, cómo los gases que son lanzados por el ESMAD entran a través de los techos de las viviendas afectando a niños, niñas y adultos mayores. Desde Brisas del Voladora en Ciudad Bolívar, voces como las de Andrés —líder comunitario del Barrio los Alpes— precisaron que la comunidad se encontraba realizando un plantón pacífico para pedirle a la Alcaldía y organismos de control para que asistan la emergencia social que hay en Ciudad Bolívar. El líder también remarcó que el proceder de la fuerza publica se resumió en amedrentar a la comunidad, a pesar de la presencia de niños, niñas y mujeres embarazadas en el plantón. Comunicado emitido por las comunidades de la localidad de Ciudad Bolívar, a raíz de los últimos sucesos. Jueves 16 de abril. A pesar de las afirmaciones de las autoridades distritales, las comunidades siguen protestando. Esto ocurre el día de hoy, jueves a mediodía, en el barrio Potosí. ¿Este tipo de manifestaciones están siendo infiltradas por políticos clientelistas? Sin conocer las pruebas que señalan las autoridades distritales, lo cierto es que niños y niñas de la comunidad salen de sus casa a exigir garantías para la cuarentena. En este momento, y durante horas de la mañana, manifestantes se encuentran frente de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar con la consigna de que son una comunidad que solicita garantías a las autoridades para que estas garanticen condiciones dignas para la cuarentena. Sectores de Ciudad Bolívar han solicitado que en la localidad se decrete la emergencia social y la calamidad pública con lo cual esperan, entre otras cosas, que se ayude a las familias más vulnerables con una veeduría y control social por parte de organizaciones sociales, líderes y Juntas de Acción Comunal y así atender de manera inmediata los problemas de salud, alimentos y económico que lo requieran. Frente a las ayudas Según información de la Alcaldía Mayor, existe dificultad, por un lado, por la forma en que se estipularon los Bonos Solidarios por parte del Gobierno Nacional ya que hay un procesos de bases de datos que atrasa el proceso de entrega de dinero. Esta es la razón por la que la alcaldesa Claudia López señala que hay más de 80.000 giros y el retraso de una semana en su desembolso. Esta situación, entre otras cosas, según la Alcaldía, generó que no tuviesen más opción que comprar mercados. “El problema de la compra de mercados, en esta coyuntura, según la Alcaldía, es que todas las alcaldías han comprado y eso infla los precios, no cederemos a comprar al triple del precio”, explicó López. Según la mandataria, desde mañana viernes 17 de abril hasta el lunes 20 se verán reflejados esos 80.000 giros de los ingresos solidarios. Nosotros preferimos la transferencia monetaria. Con eso conseguir entregar los 350 mil a lo que se comprometió la alcaldía para la primera fecha de cuarentena obligatoria y el 27, 500 mil beneficiados. Asimismo, precisó que a los 100 barrios más pobres de Bogotá que tienen el riesgo de haber quedado por fuera del SISBÉN, le serán entregados los mercados directamente con acompañamiento de Cruz Roja, con la Policía y la Defensa Civil. 120 mil mercados. “Hay entregas programadas por polígonos, listas de personas por SISBÉN o se hace entrega focalizado por barrio más pobre de Bogotá, manzana a manzana en donde se hacen las entregas”, sentenció la alcaldesa.

Por: Redacción Pares Los congresistas Iván Cepeda y Roy Barreras presentaron una intervención ante la Corte Constitucional, con el fin de que module el Decreto 417 de 2020, por medio del cual el presidente Iván Duque declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, a raíz de la crisis de salud pública provocada por la pandemia del Covid-19. Advierten que la mayoría de las medidas decretadas se dirigen a aliviar los impactos económicos de los sectores financieros y empresariales, relegando inexplicablemente el fortalecimiento del sector salud y medidas de asistencia que aseguren la canasta básica familiar a las poblaciones más vulnerables. Para los senadores es imprescindible que, en el marco de constitucionalidad, la Corte refuerce con claridad la obligación que tiene el Gobierno Nacional de atender al sector salud y sectores más vulnerables, y no solo consagrar la atención de la emergencia al sector financiero y a las grandes empresas. Para tal fin, piden que los recursos recaudados dentro de la emergencia se destinen al fortalecimiento del sistema de salud en condiciones de acceso, oportunidad y eficiencia. Los senadores señalan que el Gobierno debe determinar con exactitud el destino de los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), que se obtendrán de los entes territoriales a través del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y del Fondo de Pensiones Territoriales (Fonpet). Advierten que se debe evitar que se utilicen en medidas innecesarias o que favorezcan a sectores distintos a los más vulnerables en esta crisis. Esta medida se desarrolla en el Decreto 444, que ha recibido críticas de distintos sectores políticos. «Confío en que la Corte Constitucional modulará las medidas contenidas en el decreto que establece el estado de excepción. Por ello, solicitamos ampliar todos los programas sociales para que se pueda llegar, en un futuro próximo, a una renta básica para las poblaciones que no se benefician de estos programas. También pedimos que las autoridades locales tengan las herramientas necesarias y recursos económicos adicionales para atender la crisis en los departamentos y municipios», señaló el senador Cepeda a través de la página informativa del Congreso de la República. Por su parte, el senador del Partido de la U, Roy Barreras, enfatizó en que la revisión del decreto en contexto con los decretos subsiguientes demuestra que la priorización ha sido para reformas económicas de corto y mediano plazo, pero hoy casi un mes después, al sector salud no le han llegado recursos de la emergencia, cuando el confinamiento solo se justifica para que los gobiernos ganen tiempo en la adecuación de sus sistemas hospitalarios. El Decreto 417 es constitucional si cumple el objetivo de atender la emergencia sanitaria. Finalmente, los congresistas solicitan a la Corte Constitucional que, durante el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno, se garantice la prestación continua de servicios públicos a todos los sectores de la población, como garantía para la protección de derechos fundamentales.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. “La rabia se organiza porque falta pa’ comer y para la vida misma, de sobra lo sabemos que el camino es difícil, pero lo más difícil es morir en déficit. Nacimos debiendo algo y morimos debiendo todo, y si la lucha es codo a codo venceremos de algún modo”. Canción: Dueño de mi hambre – Zetre Los barrios siempre resistiendo las injusticias del sistema que los ha querido invisibilizar, que incluso ni siquiera, a muchos de ellos, los registra en sus cifras oficiales. En las periferias de la capital, donde ha llegado mucha de la población desplazada que el conflicto armado dejó, también han llegado todos los problemas que nos han tocado como país: acceso a la educación, a salud, a vivienda, a servicios públicos, a vías de acceso y transporte, a seguridad y en general a condiciones dignas. Por eso algunos barrios se han levantado y seguramente lo seguirán haciendo, porque como una radiografía de lo anterior, el Covid-19 también tocó las periferias, y no solo en lo que a salubridad se refiere, las está tocando quizá de una de las formas que más rabia produce: con hambre. Primero: los trapos rojos Desde el inicio de la cuarentena los trapos rojos fueron los que se izaron en las viviendas de muchos, demostrando que el decreto del aislamiento preventivo obligatorio estaba olvidando las realidades de los sectores populares, esos que desde el martes 14 de abril en la noche se tomaron las calles y con cacerola en mano hicieron un llamado de atención contundente al Gobierno Nacional y a las entidades distritales, pues como lo afirmó Jeimy Galindo, habitante del barrio Antonio José de Sucre de la localidad de Usme: el Gobierno dice que está dando ayudas pero acá no ha llegado nada. Necesitamos que nos colaboren. Esta petición está siendo transversal en la mayoría de los barrios que integran las localidades de Usme, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Bosa y Suba, donde la calle volvió a ser el escenario de pronunciación, pues varios de los habitantes de estos puntos de la ciudad viven del día a día y la cuarentena ha significado, entre otras cosas, dejar de comer. Diana Castro, edil de Kennedy aseveró: “El Gobierno no puede pretender dejarlos encerrados en su casa hasta que se mueran de hambre. Aquí lo que se ha dicho textualmente por parte de la comunidad es que -prefieren morir de Coronavirus, que de hambre-”. El hambre es más rápida que las ayudas oficiales Las irregularidades en la entrega de las ayudas destinadas para población vulnerable han sido alertadas desde varios días atrás; por un lado, los mercados al parecer están siendo utilizados como botín político en algunas zonas del país; por otra parte, el sistema del Ingreso Solidario y el filtro que se ha utilizado ha dejado más preguntas que certezas en familias donde se cumplen con todos los “requisitos” pero aun así no ha llegado nada. A esto se le agrega un control de recursos que todavía no cuenta con todas las claridades para determinar que la veeduría sea real y efectiva. El resultado de esto es la gente en las calles con digna rabia, pues hay necesidades básicas que no pueden esperar a que las entidades estatales y distritales se pongan de acuerdo para ver cómo simpatizan más ante cámaras con discursos, mientras se aguanta hambre y ésta aumenta sin recibir respuestas concretas. Estos son los casos precisos de los barrios Los Alpes, El Paraíso, Arborizadora Alta, Alto de la Cruz de Ciudad Bolívar; Brazuelos, Antonio José de Sucre, Villa Israel, Villa Anita, San Luis, La Lira de Usme; Diana Turbay, La Resurrección de Rafael Uribe Uribe; y de las zonas de la avenida Las Américas con carrera 68 en Kennedy y de la avenida Ciudad de Cali con avenida Suba, además de varios puntos de Bosa, donde la discusión no es cuál barrio es más pobre que el otro, es que la gente está protestando y lo mínimo que se puede hacer es ponerles atención y presionar para que sus voces lleguen a donde quieren llegar. Los reclamos hoy se repiten en las localidades del sur y seguramente lo seguirán haciendo en los próximos días. El hambre convoca, incluso con el decreto de aislamiento obligatorio encima y con un pico y género implementado. Las vías se cerraron, la gente de nuevo se encontró y la manifestación en espacio público en tiempos de Coronavirus dejan un mensaje que no genera muchas dudas: en los barrios el hambre ronda por las cuadras, posiblemente más que el virus. Hoy salimos decididos a protestar hasta que llegue una entidad y nos ponga cuidado. Hay mucha gente que necesita comer. Sí, hay personas que les ha llegado el bono solidario, pero el bono no dura tres meses. Sin embargo, hay cantidad de abuelitos, familias numerosas que no les han dado ni una ayuda, por eso salimos a las calles diciendo -necesitamos ayuda- contó Adriana Muñoz, presidenta de la JAC del barrio Villa Israel.

Por: Catalina Miranda Aguirre. Especial para Pares. El desarrollo de mecanismos de integración entre los países de América Latina no es nuevo, inclusive, antecede la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) que, para los años 50, se consolidaba como uno de los hitos fundacionales de lo que hoy en día conocemos como la Unión Europea (UE). Latinoamérica cuenta con una multiplicidad de mecanismos subregionales, regionales, intrarregionales e internacionales que podrían ser clasificados de la siguiente manera: · Aquellos que promueven acuerdos entre sus integrantes desde un nivel subregional en materia política (UNASUR, CELAC), económica y comercial (ALBA, CARICOM, MERCOSUR, SICA), cultural (CLACSO, FLACSO), jurídico (CIDH), e incluso modelos que facilitan la integración aduanera y la facilidad de movilización entre sus conciudadanos (CAN); · instituciones hemisféricas en las que participan los países del norte, tal es el caso de la OEA y el BID, · las múltiples oficinas de la Organización de las Naciones Unidas que operan en cada uno de los países de la región desde sus diversas misionalidades (PNUD, UNODC, FAO, etc.), y · las demás organizaciones que buscan aumentar la cooperación intrarregional con países específicos de América Latina (APEC, OTAN, OCDE) Esta variedad de actores en los que convergen las naciones americanas con aliados estratégicos de su propio vecindario, o de regiones foráneas, hace un llamado a que la academia desarrolle observatorios donde se analice el impacto real de las decisiones que emanan de cada uno de estos mecanismos para: i) evaluar el costo/beneficio de la destinación de personal capacitado para participar activamente en estas organizaciones, ii) medir la incidencia de estas instancias en una efectiva integración que mejore la calidad de vida de las sociedades americanas, iii) fomentar la toma de decisiones expeditas frente a amenazas colectivas que demandan un tratamiento transnacional; tal es el caso de una pandemia. Este último aspecto será el centro de atención del presente análisis, el cual busca presentar una sintética aproximación al impacto de las decisiones de la Organización de Estados Americanos (como institución política) frente a la Organización Panamericana de la Salud (como institución técnica) para atender de manera efectiva y mancomunada la emergencia sanitaria producida por el rápido contagio del Covid-19, específicamente en América Latina. OEA: ¿más allá de declaraciones de buenas intenciones? Sin el ánimo de desconocer la importancia de esta organización en el desarrollo de acuerdos entre los países del continente americano, la capacidad real de esta institución para llegar a resoluciones eficientes en periodos de crisis es discutible. En particular, desde el inicio de la pandemia en el continente americano, solo hasta el 3 de abril la OEA empezó a emitir comunicados de prensa relacionados con el COVID-19. Hasta la fecha, se encuentran disponibles cuatro comunicados que abordan muy someramente la necesidad de proteger a las comunidades indígenas en cumplimiento de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la disposición de una Guía Práctica de Respuestas Inclusivas y con Enfoque de Derechos ante el COVID-19 en las Américas, el acceso al Mecanismo de Negociación Conjunta para comprar insumos y dispositivos médicos en atención a la emergencia sanitaria, y las respuestas colectivas de entidades multilaterales para combatir la pandemia. Esta última iniciativa (con fecha del 3 de abril) es, tal vez, la más importante. Casi tres meses después del primer contagio conocido en el continente americano, 13 organizaciones con presencia en la región coordinarán sus esfuerzos a través del Grupo de Trabajo Conjunto de las Cumbres para responder colectivamente a todos los requerimientos necesarios a esta crisis, atendiendo a las particularidades de los países latinoamericanos, entre muchas otras, los frágiles sistemas de salud de varios de sus miembros. Otro aspecto importante es el notorio ausentismo de Luis Almagro. Sus declaraciones en esta materia han sido escasas y tardías. Una de las decisiones más cuestionadas en medio de su administración, es la celebración presencial de la Asamblea General Extraordinaria de la OEA el pasado 20 de marzo. En esta cumbre, Almagro fue reelegido como Secretario General de esta organización. Sin embargo, y de acuerdo con información suministrada por Caracol Radio, 12 días más tarde se conoció que una empleada de servicios de limpieza dio positivo en un test del COVID-19. OPS: lo técnico sobre lo político Las organizaciones parte del Grupo de Trabajo Conjunto de las Cumbre reconocieron los esfuerzos de la Organización Panamericana de la Salud para coordinar las respuestas nacionales y regionales, así como mantener los canales de información en tiempo real. En este tipo de crisis, un día de tardanza en tomar decisiones para informar a la población con agilidad, puede significar la vida de cientos de personas. La primera nota de prensa de la OPS es del 27 de enero. En esta, su Directora, Carissa Etienne, fue enfática al insistir que todos los países americanos debían estar preparados para: “detectar tempranamente, aislar y cuidar a pacientes infectados con el nuevo coronavirus, ante la posibilidad de recibir viajeros provenientes de países donde hay transmisión del virus”. Desde ese momento, los canales de comunicación se han ido sofisticando. Hasta la fecha, la página oficial de la OPS cuenta con varias herramientas estadísticas sobre el estado del virus en América, incluyendo un mapa interactivo en el que se referencia (con especificidad territorial de cada país), el número de contagios confirmados y las muertes causadas por el nuevo coronavirus. Asimismo, concentra guías y documentos técnicos elaborados en el marco de la OMS y por comunidades científicas que, alrededor del mundo, intercambian información en tiempo real sobre los avances y nuevos descubrimientos útiles para evitar el contagio, reducir los síntomas, y disminuir el incremento en la tasa de mortalidad causada por la saturación de los sistemas sanitarios. Esta instancia también ha dispuesto herramientas comunicativas para explicar didácticamente las estrategias para mitigar el contagio, tales como: videos, infografías, cartillas, guías para niño, y una línea en WhatsApp para recibir información de interés general sobre el estado de la pandemia. Ahora bien, contar con instituciones internacionales compuestas por comunidades científicas que trabajen por resolver una emergencia tan apremiante como lo es una pandemia, es fundamental e indispensable. Sin embargo, muchos son los riesgos que se corren si no existen consensos políticos para llegar a decisiones colectivas en todos los gobiernos. Colombia, por ejemplo, puede tomar medidas similares a las del gobierno chino en materia de aislamiento obligatorio con el ánimo de reducir el contagio y evitar una crisis en el sistema de salud que conduzca a situaciones similares a la italiana. Sin embargo, si las decisiones de países con los que tenemos fronteras vivas (especialmente Ecuador, Venezuela y Brasil) son diferentes, todo esfuerzo que se haga desde lo nacional parecerá insuficiente. En este contexto, la comunicación bilateral y los acuerdos regionales son de suma importancia. Esto podrá evitar que, una vez controlada la situación en un país, otra nación no represente un riesgo, menos en zonas de frontera que coinciden con bajos niveles de desarrollo y presencia integral del Estado, además de débiles, por no decir nulos, sistemas de prestación de salud. Si bien la reacción de la OEA fue tardía, su rol en esta crisis sigue siendo necesario. Las respuestas en salud deben estar a cargo de la OPS/OMS (pues son ellos quien tiene el know-how en esta materia), pero la Organización de los Estados Americanos tiene líneas específicas en desarrollo humano, integral y social que podrán incluir soluciones a las precarias condiciones laborales del personal médico que diariamente atiende esta crisis (condiciones contractuales injustas, falta de provisión de implementos de bioseguridad básicos para atender enfermos, entro otros), soluciones conjuntas para evitar la captación de insumos y servicios médicos necesarios por parte de redes de delito organizado internacional, hasta recomendaciones tempranas para evitar delitos y fraudes cibernéticos que, para esta época, están al alza. En conclusión, ambas organizaciones están llamadas a trabajar de forma mancomunada para que la experticia científica incida en las decisiones políticas que deben tomarse de manera inmediata con el fin de reducir todo tipo de riesgos asociados a esta pandemia, desde la muerte de miles de personas, hasta los agravantes a la crisis económica que ya empiezan a afectar sustancialmente a todos los países del mundo.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad. Pares. El día 13 de abril de 2020 el periodista Eder Narváez, director del medio de comunicación independiente NP Noticias en la subregión del Bajo Cauca Antioqueño fue víctima de amenazas al parecer por un combatiente del grupo armado ´Caparros´ o ´Caparrapos´ como se les conoce en el territorio. Al parecer la causa de la denuncia fue un artículo publicado en NP Noticias el 12 de abril, en el que el periodista da cuenta del asesinato de dos hombres en el barrio Loma Fresca del municipio de Caucasia. NP Noticias es uno de los medios de mayor relevancia en la subregión, nació en el año 2013 y su función periodística ha permitido el acceso a información veraz y contrastada a la comunidad del Bajo Cauca en distintos ámbitos, uno de ellos la grave situación de seguridad que se vive desde hace ya tres años. Cabe recordar que el Bajo Cauca vive una guerra si cuartel entre los Caparrapos y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) por el control territorial de la subregión y el manejo de las economías ilegales que los alimentan, como lo son la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal. Tal ha sido el impacto que el Gobierno Nacional se vio obligado a militarizar distintas cascos urbanos y caseríos como una medida de choque ante el accionar delictivo sin control de ambos grupos que ha alcanzado niveles alarmantes de letalidad. El año 2018 se cerró con 396 homicidios entre la zona rural y urbana, mientras que para el 2019 se presentaron 371 homicidios, una disminución de apenas el 6,31 %. Narváez ya puso en conocimiento de la Fiscalía esta situación y a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)[1], pero no se han aplicado medidas contundentes para proteger su integridad ante el riesgo inminente que puede conllevar esta amenaza. Así las cosas, el periodista lleva confinado tres días en su casa sin garantías para continuar su labor, especialmente en el marco de crisis sanitaria que envuelve al país a causa del COVID-19. Pares insta a las autoridades, a la alcaldía municipal de Caucasia en cabeza del alcalde encargado Felix Olmedo, a la comandancia del Ejército, de la Policía y a la Fiscalía a poner especial atención a este caso que afecta gravemente la libertad de prensa, y a tomar una acción efectiva frente a las amenazas que reciben sus líderes sociales y periodistas, los cuales son una parte fundamental de la democracia local. [1] https://flip.org.co/index.php/es/informacion/pronunciamientos/item/2498-periodista-del-bajo-cauca-antioqueno-se-encuentra-en-una-situacion-de-riesgo-inminente

Por: Natalia Aguilar Salas. Colaboradora Pares. Los médicos y trabajadores colombianos del sector salud se están encargando de una de las labores más difíciles y de las que conlleva un mayor riesgo: todos los días exponen su salud física y emocional para tomar las pruebas necesarias, transportar pacientes y hacerse cargo de aquellos que son portadores del Covid-19. Esta labor se dificulta aún más cuando no tienen las garantías suficientes para su protección , empezando por los equipos necesarios de bioseguridad. Protestas de los médicos El lunes 13 de abril personal médico del hospital de Kennedy realizó una protesta en sus instalaciones ya que no tienen las garantías necesarias para ejercer su labor. Esto debido a la subcontratación o tercerización de los servicios médicos; es decir, transferir las actividades a empresas especializadas por medio de un contrato, sin embargo esto puede generar varios riesgos que generan problemas a largo plazo. Por ejemplo, se puede elegir una empresa proveedora de servicios que eventualmente termina dañando la imagen del contratista debido a su mal funcionamiento, también se corre el riesgo de que el beneficio de la tercerización no sea tan alto como se espera y al final el contratista se de cuenta que es preferible realizar la actividad sin necesidad de subcontratación, y en tercer lugar esta estrategia conlleva a la pérdida de puestos de trabajo, ya que se “transfieren” a la empresa subcontratada. En el sector salud la subcontratación ha probado ser fatal, especialmente con las Ips y las Eps, las cuales se han visto involucradas en escándalos por sobrecostos, falsificación de documentos y por supuesto corrupción. En el hospital de Kennedy los profesionales de la salud afirmaron que no cuentan con los equipos especiales que cumplan con las medidas de bioseguridad para asegurar su bienestar, además de esto afirman que antes de la pandemia se ha presentado un atraso en el pago de sus sueldos, no cuentan con ARL, y tanto ellos como los conductores, paramédicos, auxiliares y demás trabajadores en el hospital están trabajando con las uñas para colaborar durante esta grave situación, a pesar de esto afirmaron que seguirán prestando sus servicios, informó la Fm. Durante la protesta le solicitaron garantías al gobierno para que se cumplan con las medidas necesarias de protección, además buscan una respuesta oportuna debido a la falta de garantías laborales, y le pidieron al gobierno una respuesta oportuna sobre cada uno de los requerimientos, también afirmaron que el 70% de los casos de los trabajadores en el hospital se usa la modalidad de subcontratación. ¿Qué dice la Procuraduría? Frente a esta situación, el Procurador General, Fernando Carrillo, se pronunció a través de su cuenta de Twitter y recomendó al Gobierno Nacional posibilitar mecanismos que generen giro directo de salarios, prestaciones y aportes de la seguridad social al personal de clínicas y hospitales. Por otro lado parece que el Gobierno no encuentra otra solución más que crear decretos y más decretos. El 12 de abril decidió emitir el decreto 538, el cual llama a servicio a todo el personal de salud disponible, y propone solo cinco (5) excepciones a la regla, además de esto afirmaron que las universidades en su autonomía podrán graduar de manera anticipada a los estudiantes de pregrado y posgrado en áreas clínicas para que ayuden al control de esta emergencia. Por su parte, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, el Colegio Médico Colombiano, la Federación Médica Colombiana y la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos, emitieron un comunicado conjunto en el cual expresan su preocupación por varias de las medidas que ha tomado el Gobierno. Uno de los argumentos que esgrimen es el desconocimiento de los derechos fundamentales del talento humano en salud, como lo son la vida digna y la integridad personal, ya que al demandar que el servicio se preste de manera obligatoria, ya que desconocen que el compromiso de atención es absoluto por parte de los médicos Médicos abandonados a su suerte En el comunicado sugieren cuatro niveles de atención para afrontar la emergencia: el nivel A, atención a paciente no Covid, nivel B, paciente sospechoso y aquellos con diagnóstico confirmado, nivel C, pacientes con Covid positivo que requieren hospitalización, y nivel D, pacientes que requieren atención en UCI. También resaltan la importancia de contar con los equipos médicos de bioseguridad necesarios, resaltan que “Es importante mencionar que este llamado se hará solo en caso de que la crisis lleve a falta de personal de salud y que será previamente entrenado, y contará con la dotación de bioseguridad que sea necesaria” . Los niveles de preocupación aumentan teniendo en cuenta la muerte de dos médicos durante el fin de semana. Si ellos no cuentan con la protección adecuada corren un gran riesgo de contagio. Cada vez se alzan más voces en contra del artículo 9 del decreto 538, los médicos se sienten “abandonados a su suerte” y como “carne de cañón”, ya que según Leonardo Sánchez, director ejecutivo de la Sociedad Colombiana de Médicos, el 80% del personal médico no cuenta con máscaras N-95, y solo uno de cada diez, tiene acceso a escudos faciales, sucede lo mismo con los trajes de seguridad. En ese sentido, los médicos rurales se encuentran también en grave peligro, ya que muchos de ellos no cuentan con la capacitación y medidas de bioseguridad necesarias, además de estos muchos habitan en zonas de extrema pobreza donde encontrar la cantidad necesaria de pruebas para el diagnóstico se torna casi imposible. Así es el caso en el departamento del Chocó. Según cifras del DANE hay una población de 534.826 y donde sólamente se encuentran disponibles seis (6) hospitales y una clínica. Si el Gobierno no trata de atender lo más rápidamente posible a los departamentos donde los recursos y el sistema de salud son paupérrimos, probablemente el panorama se va a tornar desesperanzador y con tasas de morbilidad muy altas. Finalmente la labor del personal de salud es supremamente valiosa, pero no se pueden aprovechar de sus capacidades y de su disposición solamente para publicitar y romantizar sus labores en el manejo de esta crisis, es necesario que más que crear decretos que muchas veces se quedan en letras y poca acción, el Gobierno provea los equipos de bioseguridad necesarios, al igual que las garantías laborales que se merece el pueblo colombiano al ejercer sus trabajos.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Con el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 y el 537 del 12 de abril se declaró estado de emergencia económica, social y ecológica en el país, ordenándose, en función de la primera medida, la realización de audiencias públicas electrónicas o virtuales en los procesos de contratación estatal, actuaciones contractuales sancionatorias y compras públicas, esto también permitiendo a gobernadores y a alcaldes contratación directa durante la pandemia. “Para la Fundación Paz y Reconciliación es claro que dentro de 2008 y 2019 se han identificado que existen unos clanes que si antes robaban sin ningún control, ahora el riesgo es doble”, enfatizó Esteban Salazar, investigador nacional de Pares. Ante esto, la corrupción que no para en el país y las más recientes alertas sobre posibles irregularidades que se están presentando en la entrega de mercados y recursos dispuestos para la población que más afecta el aislamiento preventivo obligatorio, la vicepresidenta decidió abanderarse del “escuadrón dedicado a cazar corruptos”, incluso cuando este ente poco tiene que ver con el control de recursos, y cuando el Poder Ejecutivo también merece un especial seguimiento durante esta emergencia sanitaria. A pesar de esto Ramírez indicó que se trabajaría junto con la Secretaría de Transparencia, Fiscalía General, Contraloría, Procuraduría y Colombia Compra Eficiente para, como lo indicó, “poner freno y castigo a robos y sobrecostos o abusos en recursos para la contratación directa autorizada en medio del Covid-19”. Respuesta de los organismos de control Sin embargo, el pronunciamiento fue rápidamente respondido por quienes encabezan los organismos de control del país; el Fiscal General Francisco Barbosa, el Procurador General Fernando Carrillo y el Contralor Felipe Córdoba, quienes emitieron un comunicado conjunto, aclarando que el trabajo fiscalizador durante la propagación del Covid-19 había iniciado desde la implementación de los decretos que les dan facultades a algunos funcionarios públicos para el manejo directo de recursos y contratación durante la eventualidad que se vive. Además, enfatizaron en que: como entes autónomos e independientes, no somos parte de ningún equipo élite liderado por la Vicepresidencia de la República relativo a la persecución de corruptos. Este grupo ya existe, se enmarca en nuestras competencias y es integrado por funcionarios de las tres entidades. Asimismo, los tres funcionarios aclararon que los seguimientos que se han adelantado a quienes han utilizado la situación para sacar provecho económico maquillando facturas, presentando productos con sobrecostos y utilizando la coyuntura como botín político, serán públicos en los próximos días. Con esto es momento de presionar para que la veeduría sea real y eficiente, y no se quede en discursos o en manos de quién puede utilizar esto para desviar la atención de donde deben estar los ojos puestos. La corrupción ha sido uno de los males que llevado a que hoy miles de personas sean a quienes deban llevar la carga de la pobreza y de la mala distribución de recursos, agravando la situación que la pandemia ha dejado. Que ahora no sea esa misma clase, en su mayoría política, la que nos termin dejando como alguna vez Galeano lo dijo en ‘Los Nadies’: “jodidos, rejo.»