Por: Francisco Daza Vargas. Investigador Pares. Los escenarios de riesgo a los cuales se expone la población privada de la libertad en los centros penitenciarios y carcelarios colombianos no están determinados exclusivamente por la llegada del COVID-19 a Colombia. Quince casos del nuevo Coronavirus fueron descubiertos en las últimas horas en la cárcel de Villavicencio, donde dos internos murieron en días pasados por la enfermedad y otro más permanece hospitalizado, informaron las autoridades. «Tenemos 15 nuevos casos positivos en nuestro departamento, concretamente en la cárcel de Villavicencio. Ya nos hemos comunicado con el director general del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), con el director de la cárcel y ya se están tomando todas las medidas necesarias de estos pacientes, que hoy están aislados», reveló Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del departamento del Meta. El estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario se declaró, por primera vez, por medio de la sentencia T-153 de 1998 exponiendo la manera como se vulneraban sistemáticamente los derechos fundamentales de la población privada de la libertad en aquel entonces. Posteriormente, se emitirían otras dos sentencias la T-388 de 2013 y la T-762 de 2015, que reafirmaban la urgencia de reestructurar la política criminal en aras de promover el acceso y goce efectivo de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad en el marco de su efectiva resocialización. Sobre la contingencia carcelaria actual que ha representado la llegada del COVID-19 a Colombia, Marcela Gutiérrez Quevedo*, directora del Centro de Investigación en Política Criminal de la Universidad Externado de Colombia, profundiza con PARES, la manera como el estado de cosas inconstitucional se conjugó con actual pandemia mundial extendiendo aún más la crisis carcelaria colombiana. Salud En primera instancia, Gutiérrez señala que, la atención en salud de la población privada de la libertad se encuentra determinada por el déficit de personal médico y de infraestructura en los centros penitenciarios a cargo del INPEC. Asimismo, señala que existe una limitación en políticas de prevención y suministro de medicamentos que hace que la llegada del COVID-19 a los centros penitenciarios del país no sea una novedad, ya que anteriormente, se han presentado otro tipo de epidemias en estos establecimientos, paperas y tuberculosis son algunas de ellas: “La llegada del COVID-19 es grave, pero yo diría que esto es un ‘continuum’ que viene de muchos años de abandono y omisiones, uno más en la lista. Ya hay internos que tienen tutelas ganadas, pero no se les ha materializado el derecho, a esto se suma que las medidas de prevención como la limitación de visitas y de ingreso de alimentos amplía la vulneración del derecho a la salud vulnerando a su vez el derecho a la vida digna” afirma Gutiérrez. Otros factores como la sobrepoblación y el consecuente hacinamiento, se entremezclan con la precariedad de los servicios públicos de los centros penitenciarios lo que representa un escenario de riesgo que incide, de manera directa sobre el propósito resocializador que deberían cumplir estos espacios. Medidas del Gobierno Durante su conversación con PARES, Marcela Gutiérrez explicó que las directrices tomadas por parte del INPEC surgen a partir de la presión que han hecho históricamente la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil, la academia, entre otros, sobre la necesidad de tomar medidas alternativas de privación de la libertad y la priorización y garantía de los mínimos vitales (agua potable, kits antibacteriales, entre otros) para la prevención en salud de la población al interior de los centros penitenciarios. Asimismo, que las labores administrativas con relación a las visitas domiciliarias y la vigilancia electrónica deben promover de forma complementaria que las resoluciones judiciales sean mucho más ágiles para que haya una descongestión de los centros penitenciarios del país. A esto añade que, la medida de traslados entre los centros penitenciarios, que se tomó a partir de los motines del pasado mes de marzo, pueden ser contraproducente debido a que se pueden hacer de manera arbitraria, afectando no solo los lazos familiares de la población privada de la libertad sino a su vez la redención de la pena en curso ya que el sistema de información no garantiza que se haga el seguimiento a dicho proceso. En este sentido, lo más importante son las medidas legislativas que el gobierno pueda tomar ya que deben mantener una coherencia con la política criminal evitando a toda costa el populismo punitivo que busca aumentar los tiempos de la pena, lo que finalmente no da respuesta a la crisis carcelaria reciente. Motines Sobre los motines del 21 de marzo, Gutiérrez expone que, institucionalmente, siempre se han asociado dichas prácticas con intentos de fuga, lo cual, tiende a minimizar la crisis carcelaria a desordenes generados por parte de la población privada de la libertad: Uno conoce los patios, las rejas, por ejemplo en La Modelo, uno no sabe cómo llegaron hasta la cancha ya que allí hay mucha seguridad; lo cierto es que la Corte Constitucional ha evidenciado la violación sistemática de derechos fundamentales y por lo mismo se dan protestas, la gente no está contenta, por más de que cometan delitos, inocentes y culpables hay allá. El problema no se puede reducir a lo que sucedió ese día, el problema viene, de lo que conocemos en criminología, como la subcultura carcelaria, en la que participan múltiples actores y una de las partes es la población privada de la libertad. A esto añade que existe una dinámica social al interior de los centros penitenciarios en la que se da una imposición de poder en la que prima el rechazo hacia el otro. Asimismo, que los motines son la consecuencia de múltiples prácticas de exclusión, odio y negligencia de los actores encargados de administrar el sistema penitenciario: “desde el origen de la cárcel la cárcel está en crisis” afirma. En este sentido, aclara que, sobre los eventos del pasado mes, aún se desconoce realmente lo que sucedió, ya que sorprende que no se haya hablado del estado de cosas inconstitucional, de la protesta y de la indignidad carcelaria: No se puede desconocer que la guardia carcelaria se encuentra también en una posición difícil, no hay mayor apoyo o capacitación para el desarrollo de su labor de vigilancia, no está relacionado al tema de armamento, sino a los procesos de convivencia. Las declaraciones institucionales sobre los motines mas recientes son desafortunadas e indiferentes al estado de cosas inconstitucional actual, son la aceptación de un statu quo, en el que se hace referencia a los retos, pero nunca a los avances. Recomendaciones frente a la pandemia del COVID-19 Desde la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil, se enfatiza sobre la necesidad de tomar medidas alternativas como la prisión domiciliaria, la vigilancia electrónica, entre otras, en las que se haga una priorización de la población privada de la libertad que se encuentra en extrema vulnerabilidad: adultos mayores, mujeres gestantes y lactantes, discapacitados y población con enfermedades terminales. De igual manera que estas medidas se complementen con la adecuación de los servicios públicos al interior de los centros penitenciarios priorizando el agua potable, kits de limpieza, entre otros ya que “los cuidados básicos del mundo extramural no pueden suspenderse al interior de estos establecimientos” concluye Gutiérrez. Las medidas sugeridas por dicha comisión van acordes a lo propuesto por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que recomiendan: 1. Adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva con el fin de identificar aquellos que pueden ser sustituidos por medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19. 2. Evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario, o libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén prontas a cumplir condenas. 3. Adecuar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad particularmente en lo que respecta a alimentación, salud, saneamiento y medidas de cuarentena para impedir el contagio intramuros del COVID-19. Garantizar en particular que todas las unidades cuenten con atención médica y proveer especial atención a las poblaciones en particular situación de vulnerabilidad, incluidas las personas mayores. 4. Establecer protocolos para la garantía de la seguridad y el orden en las unidades de privación de la libertad, en particular para prevenir actos de violencia relacionados con la pandemia y respetando los estándares interamericanos en la materia. (Organización de Estados Americanos, 2020) La directriz de excarcelación que se iba a emitir por parte del gobierno nacional llegará de manera tardía lo que agrava aún más la crisis carcelaria que ya cuenta con sus dos primeras víctimas mortales como consecuencia del COVID-19 en el centro penitenciario y carcelario de Villavicencio. A esto se suma que se sigan presentando múltiples protestas en diferentes centros penitenciarios del país lo que da cuenta de que la crisis carcelaria va más allá del escenario de riesgo de contagio que representa la pandemia actual. *Marcela Gutiérrez Quevedo lidera actualmente un proyecto de tertulia literaria en la cárcel La Modelo y otro de enfoques diferencial con población indígena detenida y guardias penitenciarios analizando cuales son los alcances del pluralismo jurídico en Colombia.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Esta semana, por medio de mensajes de WhatsApp fueron amenazados líderes y lideresas en el departamento de Córdoba, de acuerdo con la denuncia hecha por la Fundación Social Cordobexia. Detrás de las amenazas estaría el Clan del Golfo. De acuerdo con el comunicado de la denuncia hecho por la Fundación, “mediante la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, le fue enviado un mensaje de texto a la lideresa social y defensora de Derechos Humanos, Águeda Quiñónez Rodríguez. En el mensaje de texto, al parecer enviado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, declaran objetivo militar a los líderes sociales: Andrés Chica, Leoncio Mendoza, Liney Paternina, Gustavo Copete, Juan Fernandez y Concepcion Julio. Los señalan de ser lideres sociales camuflados de guerrilleros y milicianos haciendo inteligencia». Por otra parte, hicieron un llamado a los alcaldes de los lugares en dónde viven los líderes y lideresas que fueron amenazados para que se tomen medidas preventivas. Dichas acciones que, según la fundación, deben estar encaminadas por la puesta en marcha de la denominada Ruta de Protección. De esta forma, Andrés Chica—líder amenazado—; solicita al Ministerio del Interior como encargado perse del Programa de Prevención y Protección para Líderes Sociales y Defensores. De igual forma, la Fundación Social Cordobexia extendió el llamado a “a la Policía Nacional y a los organismos de investigación e inteligencia para que apliquen las medidas preventivas urgentes en preservación de la vida, integridad, libertad y seguridad de los citados en el mensaje de texto” Panorama en contra de líderes y lideresas De acuerdo con las cifras de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, desde la firma del Acuerdo de Paz el 24 de noviembre de 2016, han sido asesinados 370 líderes y lideresas. 20 de estos casos han sido perpetrados en el departamento de Córdoba. El municipio más victimizado es San José de Uré, en donde han sido asesinados siete (7) líderes y lideresas. A su vez, de los 31 asesinatos ocurridos en los tres meses y medio del año 2020; dos (2) se registraron en tierras cordobesas. De acuerdo con las cifras de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, desde la firma del Acuerdo de Paz el 24 de noviembre de 2016, han sido asesinados 370 líderes y lideresas. 20 de estos casos han sido perpetrados en el departamento de Córdoba. Mapa: Pares. Amenazas: un panorama del 2020 De acuerdo con el más reciente análisis de la Línea de Seguridad Urbana y Crimen Organizado de Pares, además de las amenazas por WhatsApp, desde el 23 de marzo Pares ha tenido acceso a información que indica que el Clan del Golfo ha puesto en circulación en el departamento instando un toque de queda. Nudo de Paramillo, escenario de hechos victimizantes Ahora bien, cabe recordar que la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, advirtió por medio del informe Más sombras que luces— la situación del sur de Córdoba, que, junto a las subregiones de Bajo Cauca, Norte y Nordeste Antioqueño componen la gran región del Nudo de Paramillo. Esta región se ha convertido en un clúster de mercados ilegales, aprovechadas por las estructuras armadas y élites ilegales en tanto que allí encuentran las materias primas de mercados ilegales, como la coca o el oro; también se da el procesamiento y desde allí son comercializadas hacia el interior y fuera del país, puesto que conectan con Medellín, con la costa Caribe y con el Urabá. El Nudo de Paramillo se ha convertido en un clúster de mercados ilegales, aprovechadas por las estructuras armadas y élites ilegales en tanto que allí encuentran las materias primas de mercados ilegales, como la coca o el oro. Mapa: Pares. Llama la atención —según investigaciones realizadas por Pares— que para el caso de San José de Uré hacen presencia el Clan del Golfo, los Caparrapos y grupos postfarc provenientes de los Frentes 5, 18 y 58. Asimismo, otro actor en la disputa por el territorio y que, incide en la dinámica de seguridad, tiene que ver con los carteles mexicanos; esta situación debido que resulta estratégica la región del Nudo de Paramillo en tanto que permite es un corredor que permite conectar las rutas del narcotráfico y el delito con la Costa Caribe y el Urabá. Por un lado, el informe señala que luego de tres años vuelve la violencia, pues desde el Bajo Cauca se ha trasladado la disputa entre Los Caparrapos y el Clan del Golfo, siendo este último el actor dominante. En esta disputa también se ha involucrado el grupo postfarc conformado por exintegrantes de los Frentes 36 y 18. Por otro lado, es importante señalar que desde finales de 2018 la guerra entre el Clan del Golfo y Los Caparrapos en el Bajo Cauca se trasladó hacia sur de Córdoba. Los Caparrapos en alianza con los Pachelly y los grupos postfarc se convencieron de que podrían seguir ganando terreno al Clan del Golfo y pasaron de Tarazá a San José de Uré. La situación en Córdoba, como en otras regiones del país, es de zozobra y miedo. Se exigen garantías para que los liderazgos sociales sigan su camino y las comunidades dejen de estar expuestas al olvido y a la muerte.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. En el pasado fin de semana se registró la muerte de dos médicos: Carlos Nieto de la Clínica Colombia y William Gutiérrez del Policlínico del Olaya, ambos centros de salud ubicados en la capital del país. Además del fallecimiento de Joaquín Satizábal, conductor de ambulancia del Hospital El Rosario de Ginebra, Valle del Cauca. ¿Cuál es la situación de estos recursos y de garantías laborales en este sector? Dada esta situación, la Clínica Colombia se pronunció el sábado 11 de abril resaltando, entre otras cosas, la importancia de los equipos de servicios médicos y la del personal de salud. Por su parte, días antes del fallecimiento de William Gutiérrez, el Policlínico del Olaya presentó un comunicado en donde se hacía referencia a que los casos positivos que habían sido detectados en trabajadores de este establecimiento no tenían relación con la atención a pacientes, quitando responsabilidad a la ARL por enfermedad laboral y desconociendo el panorama al que se enfrentan quienes desde su profesión le hacen frente al virus. Lo cierto es que en ambos comunicados se nombraba la relevancia del uso de implementos de protección. Ante esto es necesario preguntarse: Tras el panorama anterior y el reiterativo llamado a cuidarse, varias organizaciones del personal de salud han solicitado que con los discursos oficiales no solo se haga la invitación a los aplausos como muestra de agradecimiento, sino también, y más importante, a la dotación de implementos de protección para todas las personas que permiten el adecuado funcionamiento de los hospitales; guardas de seguridad, personal de aseo, enfermeras, médicos, cocineras, personal de mantenimiento y demás administrativos. Faltan implementos de protección Por esto la Federación Médica ha insistido en denunciar lo que está pasando con quienes están trabajando en los hospitales y clínicas del país. Esta organización recientemente realizó una encuesta a expertos de diversos campos del sector de la salud. Luego de esta se informó que de 797 médicos encuestados solo el 4.65% de los de medicina general cuenta con tapabocas N95, mientras que quienes están en urgencias confirmaron que el 0.5% contaban con este implemento. Asimismo, se aseveró que un 5.64% de anestesiólogos cuenta con este instrumento de protección, y por su parte de 545 profesionales de medicina intensiva e interna consultados solo 77 pueden hacer uso de este utensilio. Adicional, según lo hallado por el Colegio Médico de Bogotá la falta de mascaras N95 es de 87.7%, la de gafas de protección es de 77%, la de escudos faciales es del 90% y la de trajes de bioseguridad es de 92.7%. Deterioro de garantías laborales afecta al sector salud La movilización social y el reclamo por justas causas no han sido ajenas a las y los trabajadores de la salud, quienes por años han venido reclamando insistentemente por la democratización de los servicios y el respeto a la salud como derecho fundamental. Esto motivado por varios hechos, principalmente por la Ley 100, que, entre otras cosas, derivó en la intermediación de entidades promotoras de salud (EPS) en la administración de los recursos destinados por el Estado y los aportes de los contribuyentes, lo que ha deteriorado la atención y el acceso a servicios, y ha fortalecido la corrupción y lucro de entidades privadas. Esta realidad ha generado una baja en los recursos que son invertidos directamente a la salud, pues el dinero se queda en el circulo que la privatización genera, favoreciendo empresas y afectado los servicios de salud como bien común y derecho fundamental. Este control de los recursos por parte de terceros ha supuesto a su vez falencias en las garantías laborales de quienes trabajan en este sector. Por esto el debate ha sido llevado a escenarios legislativos y también a las calles, donde se ha denunciado el deterioro en el que está el sistema de salud y que ante la llegada del Covid-19 al país, representaba una de las mayores problemáticas, pues no se podría dar abasto con una alta demanda de pacientes, tanto de manera estructural y en cuanto a personal. Ya se había advertido sobre la crisis Estos reclamos trasversales al contexto con o sin virus, tuvieron espacio durante el Paro Nacional iniciado el pasado 21 de noviembre, donde desde el sector de la salud se alertó cómo a través del Plan Nacional De Desarrollo se adoptarían medidas que conducirían a la inviabilidad de 900 hospitales públicos del país, que atienden alrededor de 23 millones de personas en zonas rurales. Además, se fortalecerían las EPS con más recursos a través de incentivos. Agregándosele como denuncia la precarización laboral a la que han sido sometidos los trabajadores de la salud, que desde ese momento se denunciaba que el 80% trabajan bajo formas indignas, ilegales o por subcontratación, lo que ha estado provocando retraso en los sueldos desde hace casi siete meses. Esto, además agudizando las preocupaciones del personal de salud, que no solo están en alerta por la vulnerabilidad de contagio, sino de inestabilidad económica, pues ante las pocas garantías de protección social y el riesgo de dar positivo en COVID-19, no se tenía claridad en cuanto a quién debía asumir los gastos de la incapacidad, o si por el contrario por el tipo de contratación no se recibían pagos. Esta situación también afecta a los estudiantes que están como internos o residentes en centros hospitalarios, pues además de los pocos implementos de protección, no se cuenta con la información suficiente para determinar si ante un posible contagio el responsable de los gastos es la ARL, la universidad o el hospital. Un decreto sin garantías Con todas estas trabas, faltas de información y trampas contractuales se implementó a través del Decreto 538 del 12 de abril de 2020 la obligación de trabajadores de la salud a estar disponibles para enfrentar el covid-19: “Durante el término la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión la del Coronavirus COVID-19, todo el talento humano en salud en ejercicio o formación, estará preparado y disponible y podrá ser llamado a prestar sus servicios, reforzar y apoyar a los prestadores de salud del país. El acatamiento a este llamado se presentará si hay escasez de personal médico y sanitario”. “(…) Entiéndase por talento humano en salud en formación, los estudiantes del área la salud de programas de educación superior, que estén cursando el último año de su pregrado y quienes estén realizando especialización u otra formación de posgrado, y aquellos quienes estén cursando el último periodo académico de programas educación para el trabajo y desarrollo humano”. A pesar que se establecen excepciones a mujeres en estado de embarazo, a padres o madres cabeza con hijos menores de edad, cuidadores de adultos mayores o personas en condiciones de discapacidad, a padres o madres con hijos menores de un mismo núcleo familiar donde ambos ejerzan alguna profesión del sector salud, a los mayores de 70 años y a quienes tengan una enfermedad de alto riesgo para el contagio de Covid-19. Falta dar claridad de quiénes van a responder por las garantías laborales tan necesarias y de implementos a las y los trabajadores, porque aunque se nombra a las ARL para las dotaciones, es necesario establecer una veeduría rigurosa y herramientas que permitan proteger a quienes laboran en este sector, porque si algo nos ha demostrado la emergencia sanitaria es que pasar del papel a acciones reales cuesta mucho, sobre todo cuando de garantías sociales se trata, esto mientras se siguen perdiendo vidas y mientras se siguen reclamando respuestas a problemas que el Covid-19 nos ha hecho ver más de cerca.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Contrario a lo que imaginaba el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, las imágenes no son de una bandera tricolor en las casas; sino que se izan trapos rojos solicitando ayuda humanitaria en el marco del COVID-19. Si bien esta iniciativa nació en el municipio de Soacha, hoy por hoy, en distintas ciudades de Colombia; los trapos rojos se convirtieron en el símbolo de lucha por la dignidad de las clases históricamente olvidadas por el Estado colombiano. Soacha es un caso representativo del trapo rojo para denunciar la crisis humanitaria, es claro que hay distintos lugares donde la situación es muy compleja. Sin embargo, varios colectivos y asociaciones barriales le han manifestado a Pares que las mismas dinámicas de confinamiento han dificultado la tarea de atención y denuncia en distintos sectores de las ciudades, municipios, veredas en los que se están izando trapos rojos. Estelas de duda Los trapos rojos han ido siendo adoptados por las comunidades más empobrecidas en distintas ciudades, municipios, veredas del país, esto, mientras no paran los escándalos y confusiones que ha dejado el denominado ‘ingreso solidario’ que, según el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Luis Alberto Rodríguez, quien anunció que 1,3 millones de giros han sido realizados. Sin embargo, las fallas de la plataforma www.ingresosolidario.dnp.gov.co mantienen en vilo a las más de 3 millones de personas que el programa espera beneficiar. Esto tras la polémica que se desató el pasado 8 de abril cuando miles de colombianos en las redes sociales denunciaron que casi cualquier numero y usuario registraba como beneficiario. Esta estela de duda sobre la plataforma y el beneficio real que pueda traer para las comunidades más vulnerables aún no ha sido disipada por el Gobierno Nacional. Las jugadas erráticas del Gobierno Duque Por otra parte, tal como lo ha señalado Estaban Salazar, investigador nacional de Pares, además de las irregularidades del fondo Ingreso Solidario, se suma la advertencia sobre el riesgo presupuesto público que ya lo había alertado la Contraloría quien advirtió que la suma en peligro era de 80 mil millones de pesos. Asimismo, el investigador señala las denuncias sobre sobrecostos en mercados que algunas las alcaldías y gobernaciones han entregado. Para el investigador, las acciones de Duque han incurrido, entre otras cosas, en centralizar las medidas en el Gobierno Nacional para ganar protagonismo, desconociendo la autonomía de alcaldes y gobernadores como la de las comunidades en sus territorios. Por otra parte, según el investigador se modificaron los mecanismos del presupuesto general, creando una serie de fondos dentro de los cuales la sociedad civil desconoce, a nivel técnico cuáles serán sus resultados, entre esos lo que viene pasando con el Fondo Ingreso solidario”. Finalmente, el Gobierno Duque flexibilizó los mecanismos de contratación para alcaldes y gobernadores en aras, supuestamente, de mejorar la eficiencia. Pero, para la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, es claro que entre 2008 y 2019 se ha identificado que existen unos clanes que, si antes robaban sin ningún control, ahora el riesgo es doble”. Soacha, un caso que clama dignidad Soacha al ser el primer lugar en implementar los trapos rojos muestra que, a pesar de las protestas en las casas, las medidas aún están alejadas de las múltiples realidades que enfrentan las poblaciones. De hecho, como lo señala Viviana, estas medidas deben considerar que estamos hablando de recicladores, madres cabeza de hogar, mujeres que trabajan en servicios generales, mano de obrera, trabajadora. De esta forma, los trapos rojos exigen, de una vez por todas, que las autoridades entiendan que la cuarentena no es igual para todos y todas. Viviana Castrillón, lideresa de Soacha, cuenta que la cosa es más compleja de lo que advierten las redes de la alcaldía del municipio que colinda con la capital. De acuerdo con Viviana, uno de los aspectos que no han considerado tiene que ver con que muchas de las ayudas humanitaria no logran llegar a los lugares más recónditos de Soacha, como es el caso de la Comuna 4, a la que pertenece la lideresa. Otro aspecto que señala la lideresa tiene que ver con que las ayudas están siendo transportados en vehículos, generando que en “las zonas que no cuentan con entrada vehicular se queden sin ayudas y la gente está con hambre”, agrega Viviana. Uno de los casos, según Adriana, lo está sufriendo el barrio Terranova al cual no han llegado ayudas y la población vulnerable está a la deriva. Los recicladores necesitan atención Una población que más preocupación genera, de acuerdo con Adriana, tiene que ver con los adultos mayores que trabajan como recicladores. Una población que “no tiene condiciones dignas en términos de salud y alimentación, hay población en desnutrición”, señala Viviana. De hecho, personas como don Manuel, quien no cuanta que con la ayuda que ha ofrecido el Gobierno Nacional ponen de tajo el desconocimiento de lo que pasa en los territorios. Don Manuel, “en este momento no ha podido acceder al solidario que ofreció el Gobierno debido a que, entre otras cosas, necesita de un celular (que no tiene) para acceder al código, además, en dado caso, no tendría dinero con qué desplazarse hasta donde podría recoger el ingreso”. Don Manuel no ha podido acceder al solidario que ofreció el Gobierno debido a que, entre otras cosas, necesita de un celular (que no tiene) para acceder al código, además, en dado caso, no tendría dinero con qué desplazarse hasta donde podría recoger el ingreso. Foto: Cortesía. Asimismo, Viviana cuanta que las personas del sector son víctimas de cadenas falsas sobre la llegada de supuestos mercados que “hace que las personas se amontonen y esperen por más de tres (3) horas sin que nada llegue”. Además, la lideresa denuncia que hay sectores sin agua, como lo es el caso del barrio Villa Mercedes. Así las cosas, en los sectores más apartados en donde no han llegado ayudas humanitarias, la misma comunidad es la que se ha encargado de hacer redes comunitarias para tratar de solventar la situación. Sin embargo, insta la lideresa, hay que hacer presión para que atienda esta delicada situación, pues no son suficientes las garantías frente a un panorama indigno. Un eco nacional Otro ejemplo de este clamor popular por la atención inmediata, que se traduzca en acciones tangibles, ya ha tenido eco en ciudades como Medellín. Paralelamente, mientras el alcalde de Medellín Daniel Quintero entrega balances positivos de la ciudad frente a la contingencia del virus, en sectores como Altos de la Virgen —en la comuna 13—, cientos de familias por medio de trapos rojos y cacerolazos exigen atención humanitaria. Asimismo, en Bogotá ha registrado esta escena como el caso de la localidad de Ciudad Bolívar en la que cientos de hogares han puesto trapos rojos para llamar la atención del distrito.

Por: Natalia Aguilar Salas. Colaboradora Pares. En estas últimas semanas el país se ha visto conmocionado por la situación extrema de pobreza y vulnerabilidad que afrontan varios departamentos, ciudades y poblaciones específicas. Es un hecho que ya no se puede ocultar en medio del delicado momento que afrontan los países a nivel mundial, además de esto se ha reflejado la avaricia de muchos tratando de aprovechar la coyuntura para sacar provecho de las formas más escabrosas. La pobreza multidimensional se refleja de la siguiente forma en el país, el 19,6% de la población se encuentra dentro de este indicador, los municipios más afectados son Guainía con 65%, Guajira con 51,4%, Chocó con 45,1%, Norte de Santander con 31,5% y Caquetá con 28,7%. Por otra parte Transparency International, una ONG dedicada a investigar la percepción sobre la corrupción a nivel mundial, donde 0 representa los países con niveles más altos de corrupción y 100 los países con mayores niveles de transparencia le otorgó a Colombia durante el 2019 un puntaje de 37/100, y un rango de 96 sobre el total de 180 países; lo cual deja muy mal posicionado al país. Sin embargo esto no es algo sorprendente, sobre todo cuando no dejan de presentarse noticias que corroboran la falta de control y la cantidad de personas inescrupulosas que no dudan de beneficiarse por medio de artimañas corruptas. Los casos que más han sorprendido durante el aislamiento obligatorio o cuarentena, son los casos de irregularidades en la entrega y costos de mercados para beneficiar a las comunidades y poblaciones más afectadas y con mayores niveles de vulnerabilidad, al igual que los casos por irregularidades en contratación. Los mercados en el Atlántico Uno de los casos más llamativos se presentó en el departamento del Atlántico, donde se adjudicó un contrato por 19’319.479.750 a la empresa Trading group international S.A.S, para la entrega de 420.000 mercados, destinados para las familias que más lo necesitan, sobre todo en municipios como Soledad y Malambo. Sin embargo hay una peculiaridad en los documentos entregados por la gobernación de Atlántico a cargo de Elsa Noguera, ya que aparecen dos tipos de mercado: El tipo 1 que cuenta con un valor de 45.627 pesos y de los cuales se entregarán 125.000, los mercados tipo 2 tienen un valor de 46.156 pesos y se entregarán 295.000. El problema es que no se aclara el costo de cada uno de los productos y tampoco la marca, además de esto los mercados se entregaron con propaganda política del Alcalde de la ciudad Jaime Pumarejo, en la cual también se sugiere hacer “durar” los productos por lo menos por 15 días. Lo que tiene a los gobernantes del departamento en el ojo del huracán es que muchos consideran que es una puerta para el sobrecosto de productos, al igual que una oportunidad para que se presenten aún más casos de corrupción. Noguera aseguró en la emisora la Fm, que no existen ningún tipo de sobrecostos, y que ya se han entregado más de 330.000 ayudas alimentarias y más de 2.000 toneladas de alimentos repartidos en los 22 municipios, 33 corregimientos y 15 veredas del departamento. Aunque la gobernadora trate de aclarar que no existen sobrecostos, la indignación de las personas se vio reflejada en las redes sociales cuando la imagen de los mercados en el Atlántico y los mercados en Magdalena se dieron a conocer, sobre todo cuando se pretende que estos sostengan la alimentación y necesidades diarias de familias que se componen de más de cuatro o cinco personas. Latas de atún a 19 mil pesos en Arauca Otro caso que ha levantado sospechas de sobrecostos y corrupción, son las latas de atún con un precio de 19.000 pesos y bolsas de leche a 13.000 pesos, esto sucedió en el Departamento de Arauca, donde en las listas entregadas por el gobernador Facundo Castillo se entregaban dos latas de atún, cada mercado tenía un costo de 149.531 pesos, para una inversión total de 4.999.868.047 pesos, informó pulzo. Castillo argumentó que no se trató de un caso de sobrecostos sino de “Carencia de información adecuada”, también explicó que por la imposibilidad de incluir latas de 370 gramos, se incluyeron cinco latas de 160 gramos, en cuanto a las bolsas de leche el gobernador argumentó que se debían incluir en el mercado 400 gramos de leche, lo cual se convirtió en dos bolsas de 200 gramos, estas explicaciones según Castillo explican los altos precios de los productos, sin embargo no se supone que las entidades deben regirse por un control estricto, entonces ¿por qué no aclarar la cantidad de los productos en los respectivos anexos? Cundinamarca es otro departamento donde se han presentado denuncias de irregularidades, específicamente en el municipio de La Palma y Guaduas. Noticias Caracol informó que en La Palma se estaban cobrando 500 gramos de espaguetti a 3.287 pesos, cuando el precio en un supermercado de Bogotá cuesta 2.600 pesos, lo cual genera una diferencia de 687 pesos. Por otra parte el gobernador de Cundinamarca Nicolás García envió una carta a la Contraloría para solicitar vigilancia preventiva, debido a la denuncia que afirma que en Guaduas se dio un sobrecosto de 310 millones de pesos en un contrato con la compañía PM2 para la compra de alimentos. El gobernador hizo explícita su preocupación y la necesidad por parte de entes de control para estar alerta frente a las irregularidades que se puedan presentar, ya que el manejo de los recursos públicos se ve en riesgo si esto continúa sucediendo, por otra parte la asamblea de Cundinamarca aprobó la entrega de 100 millones de pesos para cada uno de los 102 municipios, informó el tiempo. Finalmente, la Procuraduría está investigando ocho (8) departamentos: Meta, Atlántico, Cesar, Arauca, Norte de Santander, Cundinamarca y San Andrés, por irregularidades en la entrega y costos de mercados solidarios, frente a esto queda claro que aunque estemos afrontando una pandemia mundial nunca antes vista, la individualidad y la indolencia no desaparecen del panorama, el cual se torna cada vez más preocupante, sobre todo en un país donde parece que reinan la desigualdad, la corrupción y la deshumanización de las poblaciones en situaciones precarias, es inadmisible que se presenten tantos casos de irregularidades cuando ahora más que nunca se debe cumplir con las funciones básicas de las entidades e instituciones gubernamentales.

Por: Redacción Pares La Defensoría del Pueblo informó este lunes que apoya al Ministerio de Justicia para que expida con prontitud el Decreto que permita detenciones domiciliarias con mayor favorabilidad que en el código procesal vigente, con mayor cobertura, sin criterios reduccionistas estrangulantes, para salvar la vida de miles de privados de libertad y de los guardianes servidores públicos de los establecimientos penitenciarios. El hecho más reciente atendido por la Defensoría del Pueblo ocurrió en Villavicencio, en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario (EPC) de ese municipio, en donde se reportaron tres (3) personas contagiadas por el COVID-19, entre ellas dos (2) fallecidas. En el marco de la emergencia nacional derivada del COVID-19, la Defensoría del Pueblo ha venido haciendo seguimiento a la situación de las personas privadas de la libertad al interior de los distintos centros de reclusión del país. En ese sentido, el pasado 23 de marzo la Entidad convocó al Gobierno Nacional para que la Emergencia Carcelaria sea el inicio para superar el Estado de Cosas Inconstitucionales al interior de los establecimientos penitenciarios y así como apoyó las medidas excepcionales de política criminal, consideró que no son suficientes y deben aprovecharse con visión, no de transitoriedad, sino de permanencia. Además, se pidió que las medidas tengan en cuenta a quienes están detenidos en las Unidades de Reacción Inmediata, URI, y en las Estaciones de Policía donde el Estado de Cosas Inconstitucionales es peor que en los establecimientos carcelarios.

Por: Redacción Pares Este domingo, el Gobierno Nacional a través del ministro de Salud, Fernando Ruiz, lamentó y expresó su pesar por la muerte el sábado de dos de sus colegas que fallecieron en el ejercicio de sus funciones. Se trata del joven médico de 33 años Carlos Fabián Nieto y del doctor William Gutiérrez de 59 años, quienes laboraban, según el ministro, en dos de las instituciones médicas más reputadas de la capital colombiana. Por su parte, Tedros Adhanom Gebreyesus.director de la Organización Mundial de la Salud. también habló sobre el personal sanitario que está sufriendo de manera exacerbada las consecuencias de estar en primera línea del frente de la respuesta al coronavirus. Personal sanitario en riesgo y lecciones para el futuro Tedros también tuvo palabras para el personal sanitario que está sufriendo de manera exacerbada las consecuencias de estar en primera línea del frente de la respuesta al coronavirus. “Estamos particularmente preocupados por la gran cantidad de infecciones reportadas entre los trabajadores de la salud. En algunos países hay informes de más del 10% de los trabajadores de la salud infectados. Esta es una tendencia alarmante”, afirmó antes de señalar que, además, “cuando los trabajadores de la salud están en riesgo, todos estamos en riesgo”. Para el líder de esta agencia de la ONU la gran lección de esta pandemia ha de ser la de observar y aprender las deficiencias de todos los sistemas sanitarios, porque por lo que se ha visto ahora ningún país es inmune. “Países que tienen sistemas sanitarios fuertes han sido sorprendidos por esta pandemia. Esto demuestra que todo sistema tiene deficiencias y que debemos tener la humildad de ver hasta qué punto nuestro sistema está preparado, donde están las deficiencias y cómo podemos mejorarlos en el futuro”, afirmó. Esa lección no debe ser solo para los países en desarrollo, sino también para los países desarrollados, ya que la falta de preparación el sistema público de salud y de todo el sistema de salud se observa en todos los países, insistió. “Este es el motivo por el que la Organización Mundial de la Salud aboga por la sanidad universal, y sistemas sanitarios fuertes, especialmente de la sanidad primaria. Se necesita una fuerte preparación para prevenir los brotes, la mejor opción, y si suceden para diagnosticarlos pronto, responder pronto y detenerlos tan pronto sea posible”, explicó. Las consecuencias de esa falta de preparación es precisamente lo que está sucediendo con el personal médico y con la falta de preparación para las pandemias. “El riesgo de nuestros profesionales de la salud es porque tenemos sistemas débiles. El motivo por el que no detectamos los brotes fácil o rápidamente es porque tenemos sistemas débiles”, concluyó.

Por: Javier Alejandro Jiménez González. Investigador Pares. Las noticias sobre la pandemia misma son la tendencia y no dejan de ser virales en las redes sociales, mientras cuentan con inusitada preocupación el crecimiento de los números de personas contagiadas y muertas por el Coronavirus (COVID-19). Sin embargo, paralelo a esto hay una cifra de muertes que desde hace varios meses continúa aumentando: la de personas que ejercen liderazgo social y la defensa de los derechos humanos, las cuales no han cesado siquiera por efectos de la pandemia ni de las medidas de aislamiento social. En medio de estos tiempos de cuarentena, tal como lo señaló el escritor argentino Martín Caparrós, el mundo se nos ha vuelto plano en el sentido que ahora toda nuestra noción de realidad fuera de nuestras viviendas la vemos por pantallas de teléfonos, TV’s, computadoras e infinidad de dispositivos electrónicos que nos mantienen “conectados” con el mundo exterior. Estos tiempos de excepcionalidad han conllevado a la limitación de algunos derechos como la posibilidad de reunión, el uso de bienes públicos, la movilidad y libre circulación de personas, presuntamente para garantizar el no contagio y la protección de vidas de las personas en mayores condiciones de vulnerabilidad. No obstante, el derecho a la protección de las personas que defienden los derechos humanos y/o ejercen algún tipo de liderazgo social continúa siendo vulnerado, una constante aún en la normalidad del contexto colombiano. Las cifras de la tragedia A la fecha, según el Sistema de Información de la Fundación Paz y Reconciliación – SIPARES, se han presentado alrededor de 370 asesinatos selectivos contra líderes y lideresas sociales desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, de los cuales 10 fueron cometidos después del 6 de marzo. Tal parece que las medidas de estancia obligatoria en las viviendas han hecho que estas personas sean blanco fácil de los violentos, dado que algunas medidas de protección como los esquemas de seguridad cuentan con un funcionamiento limitado y no resultan suficientes para mitigar los riesgos extraordinarios de violencia a los que están abocados líderes y lideresas sociales. Esto sumado a la concentración de la Fuerza Pública en la atención a labores relacionadas con la mitigación del COVID19 y la baja capacidad de las autoridades locales para atender incidentes de seguridad en medio de la emergencia. Desde PARES se ha considerado que una de las dificultades para hacer frente al fenómeno de violencia selectiva se debe, en parte, a los traspiés puestos a las medidas de garantías de seguridad dispuestas por el Acuerdo de Paz, las cuales no se han implementado tales como el Plan Estratégico de Seguridad y Protección de la UNP y el Programa integral de seguridad y protección del Ministerio del Interior. Tampoco se cuenta con la Política Pública Integral de Garantías y Respeto a la Labor de Defensa de los DD.HH, mentada durante la celebración del día nacional de los DDHH en diciembre del año pasado que estaría contenida en un CONPES. Normativas inoperantes Hasta el momento, la punta de lanza del Gobierno de Iván Duque para hacer frente a esta problemática ha sido el Plan de Acción de Oportuna (PAO) y el despliegue de contingentes militares como las Fudra, cuyo enfoque de acción interinstitucional parece girar en torno únicamente a la desarticulación de organizaciones criminales y de actividades ligadas a economías ilegales que afectan a líderes y lideresas sociales, bajo la premisa de la instauración de la legalidad. Mapa 1 Intensidad de asesinatos selectivos desde la firma del Acuerdo de Paz Mapa 2: Asesinatos selectivos desde primer caso COVID19 en Colombia Esto deja por fuera la complejidad del fenómeno de victimización a estas personas, lo cual también engloba explicaciones en razón de género y orientaciones sexuales diversas, pertenencia a poblaciones afro e indígenas y la exigencia de derechos por el territorio, así como a la defensa de derechos de las personas que han sido golpeadas por el conflicto armado interno. Es menester hacer un llamado a las instituciones del Estado y al Gobierno Nacional para que se comprometan no sólo a garantizar la protección de la vida de las personas en ejercicio de la defensa de los derechos humanos, sino también a garantizar el goce de derechos a la verdad, justicia y, especialmente, a la no repetición de hechos violentos. Esto tiene que traspasar el mundo plano del conteo de las muertes y múltiples agresiones contra estas personas, y debe ser una acción concreta de garantía efectiva de goce de derechos más allá de la existencia de un sinfín de normativas inconclusas e inoperantes.

Por: Redacción Pares Las reflexiones sobre la guerra de Freud y Einstein son el producto de un intercambio epistolar entre estos dos grandes pensadores del siglo XX. Las cartas escritas en 1932 se publicaron en Europa hasta que el nazismo las prohibió. Para ese entonces Einstein y Freud habían vivido los estragos de la primera guerra mundial y sufrían en carne propia la persecución nazi. Einstein le escribe a Freud invitándolo a discutir sobre los motivos que llevan al hombre a la destrucción a través de las guerras. Freud responde a esa invitación analizando ese aspecto, y entre otras reflexiones, señala la imposibilidad de suprimir las pulsiones de destrucción o de muerte. El máximo logro frente a ellas es poder atenuarlas para que su expresión no sea el aniquilamiento humano. Sigmund Freud nació en 1856 en Freiberg, pueblo de Moravia perteneciente al imperio Austro-Húngaro y murió en 1936 en Londres.Estudió medicina y se especializó en neurología, pero su pasión por develar los secretos del alma humana lo llevó a descubrir el inconsciente y el método para reconocerlo: el psicoanálisis. Al escribir esta carta, siete años antes de morir, Freud ya había descubierto los planteamientos centrales de su teoría. Pares presenta Respuesta de Sigmund Freud a Albert Einstein sobre ¿Por qué la guerra? Disfrútenla. Encuentre aquí el texto

Por: Pares-Pacífico. En Toribío, Cauca, continúa la violencia contra las comunidades, las autoridades indígenas y diferentes ejercicios de defensa territorial. La presencia de grupos armados y del narcotráfico marcan un escenario de conflicto que pone en riesgo los avances de la paz. Sin embargo, hay que destacar la importante labor de defensa de los derechos de las mujeres indígenas realizada por las lideresas del Movimiento de Mujeres Nasa Hilando Pensamiento (MMNHP) en el municipio de Toribío-Cauca. Aunque finalizando el año 2019 la guerra les arrebató a su principal gestora y motivadora, la Neehwe´sx Cristina Bautista, las mujeres Nasa decidieron mantener viva su memoria y legado trabajando en medio de dificultades y amenazas por el reconocimiento y visibilización de las violencias contra la mujer en la cotidianidad, en los espacios privados del hogar y en los escenarios públicos de exigencias de derechos y ejercicios de liderazgo. En el documento de presentación pública del MMNHP de Toribío se señalan los “preocupantes resultados de la salud de las mujeres del territorio afectadas por la violencia sexual, física, económica y psicológica”, como el motivo principal de la conformación del movimiento. Una historia de violencia La larga historia de confrontaciones armadas en este municipio (desde la época colonial) y su posición estratégica como corredor geográfico de varias actividades ilegales, parece opacar la situación de violencia que viven las mujeres (niñas, jóvenes, adultas, mayoras) en contextos más cotidianos como el hogar, la escuela, los caminos veredales, las calles del pueblo. Otro aspecto que no se ha posicionado en la discusión pública es la situación de exclusión que viven en las instituciones étnicas y estatales de toma de decisiones. A esto se suma la persistencia dentro de algunas comunidades y autoridades indígenas de identificar como prácticas culturales propias, algunas prácticas nocivas contra la salud de las mujeres (ablación, matrimonios tempranos arreglados, pelazón, violaciones colectivas, entre otras). El MMNHP en Toribío surge a partir de la necesidad manifiesta de las mujeres y lideresas indígenas de mejorar las capacidades de las mujeres indígenas para protegerse, acompañarse, acceder a la justicia e identificar situaciones de violencia que las afectan dentro de sus comunidades y familias (por formas de violencia social) y en sus territorios (por efectos del conflicto armado). La lucha de la mujer indígena Todo esto en medio de unos niveles de impunidad altos tanto en la justicia ordinaria como en la justicia propia en lo que se refiere a atención de casos de violencias contra las mujeres. El movimiento de mujeres lucha porque en Toribío no se les victimice más ni en lo político ni en lo privado. Tal escenario plantea un reto muy importante al movimiento indígena colombiano y de manera más amplia a los pueblos indígenas de América: cómo equilibrar las relaciones entre hombres y mujeres, manteniendo el principio de la complementariedad de las relaciones y la armonía de las mismas erradicando las violencias contra las mujeres. Es hacia este objetivo más amplio que apunta el trabajo del MMNHP. En tal sentido, la consolidación de la paz territorial pasa por comenzar a construir la paz en la relación entre hombres y mujeres y lograr la erradicación de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres indígenas dentro y fuera de sus territorios.

Por: Redacción Pares La pandemia del coronavirus deja al descubierto el nefasto impacto de las desigualdades en todas las sociedades, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, y de no controlarse creará disparidades aún mayores «en un contexto de gran sufrimiento», afirmó este jueves la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Durante una reunión extraoficial del Consejo de Derechos Humanos donde analizó el impacto del COVID-19, Michelle Bachelet destacó que las deficiencias en el acceso a la atención sanitaria, en los derechos laborales y la protección social, entre otros, en los países en desarrollo se han vuelto repentinamente muy evidentes. A su vez, indicó que el impacto en la población de los países en desarrollo podría ser aún mucho más grande. «Los millones de personas que con escaso acceso a la atención sanitaria y que, por necesidad, viven en condiciones de hacinamiento, con un saneamiento deficiente y sin red de seguridad, sin agua limpia, serán los que más sufran. Es menos probable que puedan protegerse del virus, y menos probable que soporten una fuerte caída de sus ingresos», afirmó. Seguidamente, resaltó la importancia de que todos los países adopten numerosas medidas económicas y sociales que sirvan para mitigar consecuencias de la epidemia y disminuir el aumento de las desigualdades tanto como sea posible. «Todavía no se han dejado sentir todas las repercusiones de la pandemia en las economías mundiales y nacionales. Muchos Estados de todas las regiones, especialmente de Europa, han adoptado medidas sin precedentes para proteger los derechos de los trabajadores y reducir al mínimo el número de personas que quedan sin empleo. Se debería alentar a todos los Estados con recursos suficientes a hacer lo mismo«. También indicó la posibilidad de estudiar la creación de nuevos instrumentos financieros para financiar la solidaridad mundial. Como ejemplo, destacó que la semana pasada el Banco Africano de Desarrollo creó el mayor bono social del mundo: un fondo de 3000 millones de dólares que servirá para ayudar a los gobiernos africanos a ampliar el acceso sanitario y a otros servicios y bienes esenciales. Proteger los derechos civiles y políticos Bachelet también tuvo tiempo para destacar la importancia del respeto a los derechos civiles y políticos durante la crisis al señalar que «una situación de emergencia no representa un cheque en blanco para hacer caso omiso de las obligaciones en materia de derechos humanos». «Las medidas de emergencia deben ser necesarias y proporcionadas para satisfacer esa necesidad. La gente debe estar totalmente informada sobre las medidas de emergencia y se le debe decir cuánto tiempo permanecerán en vigor. El cumplimiento de las medidas de emergencia debe aplicarse de manera justa y humana. Las penas que se impongan deben ser proporcionales al delito cometido y estar establecidas por la ley». Por ello, expresó su preocupación de que en ciertos países se adopten poderes de emergencia ilimitados y no sujetos a revisión, «que usan la epidemia para justificar cambios represivos en la legislación ordinaria», que seguirán vigentes tras la finalización de la emergencia. La crítica no es un delito Igualmente, mostró su inquietud por las restricciones a la libertad de los medios de comunicación y la libertad de expresión, debido a que que las medidas para combatir la «desinformación» sobre el virus pueden aplicarse a cualquier crítica. Bachelet indicó que esto ya ha sucedido en periodistas sancionados por informar sobre la falta de máscaras. «La crítica no es un delito», destacó Del mismo modo, exhortó a todos los Gobiernos a aumentar el acceso a información y estadísticas precisas ya que «la transparencia es primordial y puede salvar vidas en una crisis sanitaria». Asimismo, instó a detener a los bloqueos totales de internet y de las telecomunicaciones. Respuesta a la pandemia La Alta Comisionada destacó que la única forma eficaz de luchar contra la epidemia es contar con la confianza de las personas. Para lograrlo propuso dos vías: la respuesta inmediata a la epidemia y la preparación de la recuperación. Con relación a la respuesta inmediata expuso una serie de actuaciones de relevancia inmediata para elaborar políticas efectivas y humanas. Los planes nacionales deben tratar de mitigar los efectos de la epidemia en las mujeres y en los grupos vulnerables «como las personas que se encuentran en lugares de detención y otras instituciones, incluidas las instituciones psiquiátricas y los orfanatos; las personas con discapacidades; los pueblos indígenas y las minorías; los migrantes, los refugiados y los desplazados internos; las personas en zonas de conflicto; y, en particular, las personas de edad, especialmente las que viven solas o en instituciones». Todos los países deben adoptar medidas de amplio alcance para absorber las repercusiones económicas y sociales de la epidemia y reducir al mínimo el crecimiento de las desigualdades. Priorizar la protección de los trabajadores sanitarios y su adecuada remuneración. El 70% de los trabajadores de la salud en el mundo son mujeres.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. En los territorios más afectados por la violencia en Colombia el confinamiento es algo que nunca ha dejado de estar. El miedo, la angustia y los reclamos para que paren las amenazas contra la vida y la tranquilidad en las regiones, tampoco. Hoy ese confinamiento y las intimidaciones no solo se dan por el virus, sino también por las acciones bélicas y los hechos de violencia contra la población civil que no han cesado. Uno de estos territorios en donde la guerra no para, incluso cuando el país está en medio de una cuarentena decretada desde el pasado 25 de marzo, es el Chocó, uno de los departamentos denominados priorizados para el posconflicto que siguen aún inmersos en escenarios de violencia. Allí, desde el pasado 28 de marzo se está alertando de los constantes enfrentamientos entre las AGC/Clan del Golfo y el ELN, situación que en las últimas horas han obligado a desplazarse a 37 familias de la comunidad Embera, ubicadas en el resguardo Pichicora Chicué Punto Alegre en Bojayá. Tras la presencia de hombres fuertemente armados la comunidad se desplazó desde la comunidad de Guayabal hacia la comunidad de Peñita. Foto ONIC. Una comunidad amenazada Anterior a esto la Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del departamento del Chocó y la Asociación Orewa en conjunto con las autoridades de los pueblos Embera Dobida, Katio, Chami y Guna Dule comunicaron la situación que se vivía en este punto del país, la cual en la noche del 03 de abril las disputas entre los grupos armados habían generado la explosión de diez (10) granadas fragmentarias en la comunidad de Nueva Jerusalén. Estos enfrentamientos que han sido constantes desde el sábado 28 de marzo, además de la prohibición de las AGC y el ELN a la población de esta comunidad de trasladarse a otros puntos de la zona, provocaron que muchos de los indígenas asentados en este resguardo quedaran en medio de los enfrentamientos exponiendo las vidas y la tranquilidad de estas familias indígenas. Fedeorewa informó a través de un comunicado que: “(…) los botes de la comunidad fueron inmovilizados por miembros de estos grupos. Algunos habitantes tienen la posibilidad de hacer largas caminatas llevando a sus hijos pequeños en brazos, ancianos enfermos y niños por las montañas”. Es necesario mencionar que en el territorio Pichicora Chicué Punto Alegre, Río Chicué, Fedeorewa y la Asociación Orewa tienen la jurisdicción de las comunidades del territorio, en las que hay 106 familias en la primera, y 124 en la segunda, lo que representa 506 y 612 personas, nombradas respectivamente. ¿Qué está pasando en Bojayá? El Chocó es uno de los departamentos con mayor actividad de grupos armados ilegales, incluso, cuando mucho de sus municipios fueron dejados por los frentes de la antigua guerrilla de las Farc, estos fueron copados rápidamente por otras estructuras, entre otras cosas, porque este punto del país es de los más estratégicos para el tráfico de cocaína hacia la costa Pacífica, la zona por donde sale el mayor porcentaje de esta droga marítimamente hacia el exterior, contexto que ha potencializado la violencia en este territorio. Con este escenario la disputa armada abierta que deja en medio a la población es recurrente, pues se ha configurado como una de las muestras de terror más frecuentes para disputarse el control del territorio. En zonas como Bojayá esto ha sido común, tanto históricamente, como en antecedentes más recientes. Hace tan solo unos meses, el pasado 31 de diciembre, en Pogué, uno de los caseríos del municipio, alrededor de 300 miembros de las AGC incursionaron en este territorio, acción que además de amenazar la vida de quienes allí habitan, confinaron cerca de 121 familias. La ausencia y la falta de respuestas por parte del Estado resaltaron por días, incluso cuando allí operan tropas del Ejército, de la Policía y la Fuerza Conjunta Titán. Esta acción, al igual que la que se ha registrado en los últimos días en el resguardo Pichicora Chicué Punto Alegre, son el resultado de los constantes llamados sin respuestas que no solo se han hecho desde la comunidad, sino también de organismos como la Defensoría del Pueblo. Ellos el pasado 09 de abril de 2019 a través de la alerta temprana 017-19 informaron el riesgo en el que se encontraban comunidades indígenas y afrocolombianas de este territorio por la presencia del frente Resistencia Cimarrón del ELN y las AGC, además del confinamiento por la siembra de minas antipersonales, el reclutamiento forzado de menores, el desplazamiento forzado, las amenazas a los liderazgos de la región y el bloqueo de la señal telefónica para evitar comunicaciones. Esto ha estado anunciando el recrudecimiento de la guerra que se vive en este municipio, que hoy son la radiografía del miedo con el que muchas comunidades deben abandonar sus hogares u otras permanecer en sus territorios como escudos humanos ante el fuego cruzado que desata la guerra que no ha cesado en Bojayá.