Por: Juan Camilo Rodríguez Guerra. Investigador Pares. Reconocer a la naturaleza como víctima del conflicto es avanzar hacia una sociedad ecológica que se asuma como parte del sistema biológico en el que se desenvuelve. Hoy se conmemora el día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Se eligió el 9 de abril porque fue el día, hace 72 años, en el que fue asesinado Jorge Eliécer Gaitán, uno de los caudillos más importantes en la historia política de Colombia. Nuestro conflicto armado ha sido uno de los más duraderos y complejos en el mundo. Esto se debe a las abundantes rentas que producen las economías ilegales a los grupos en confrontación. La minería ilegal, el cultivo y procesamiento para la producción de cocaína, el despojo y acumulación de tierras, la deforestación, todas se relacionan por una cosa: la afectación permanente o a largo plazo del medio ambiente. Es urgente priorizar la restauración de los ecosistemas afectados por la guerra y dar pasos hacia una reparación integral del territorio y las comunidades que los habitan. El medio ambiente, una víctima silenciosa del conflicto En 2019 el Comité Internacional de la Cruz Roja se pronunció al respecto, asegurando que el medio ambiente es una víctima silenciosa de los conflictos armados y que, entre 1946 y 2010, los conflictos fueron el principal factor que permitió predecir la disminución de especies silvestres. En Colombia la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP aseguró que “con ocasión del conflicto armado colombiano se adelantaron múltiples acciones, que, de manera intencional, accidental o negligente, ocasionaron daños y alteraciones sobre los ciclos naturales de los ecosistemas, con efectos temporales o permanentes”. Además de ello, aseguró estar comprometida con el reconocimiento del ambiente como víctima silenciosa del conflicto y con la búsqueda de mecanismos para su reparación efectiva, propendiendo por garantizar la no repetición. Muchos mecanismos de reparación se tornan ineficientes si no se abordan desde una perspectiva ambiental. Es un dilema actual que la restitución de tierras se plantea primordialmente a partir de la devolución de la tierra, a pesar de que su vocación y sus usos han sido permanentemente alterados. Donde antes se producían cultivos de pancoger no se pueden producir ahora porque en muchos casos se privilegiaron los monocultivos y el exceso de agroquímicos durante el conflicto armado. Los ríos de Colombia como sujetos de derechos Con los ríos ocurre algo similar. Según un estudio de 2019, Colombia es el tercer país que más contamina al medio ambiente con mercurio, esto debido a la minería ilegal (que se da tanto artesanal como criminalmente). En Segovia (Antioquia), el municipio más afectado, se prevé que el 70% de la población está contaminada en diferentes grados por el mercurio. La relación de las comunidades con los ríos también cambió a raíz del conflicto armado. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, más de 1.080 cuerpos fueron recuperados de por lo menos 190 ríos colombianos, una práctica común para cometer desapariciones forzadas. Esto impactó permanentemente en la cosmovisión de comunidades negras, campesinas e indígenas, que no volvieron a ver sus ríos con los mismos ojos. La Corte Constitucional ha avanzado mediante jurisprudencia contra las afectaciones a ríos. Si bien la decisión no ha dejado de ser polémica, todo indica que no hay forma de reversarla. Me refiero al reconocimiento de los ríos como sujetos de derecho. La Sentencia T-622 de 2016 fue la primera en hacerlo, otorgándole esta figura al río Atrato. En 2019 se sumaron el río Cauca, los ríos Combeima, Coello y Cocora en Ibagué, el río Magdalena y el río Quindío. Esta ha sido una medida que le ha permitido a la rama judicial obligar al Estado a conservar, mantener y restaurar los cuerpos de agua. Hoy, en el día nacional de las víctimas del conflicto armado, se insta al Estado a reconocer al medio ambiente como una víctima sujeta a reparación. Bien sea por los servicios ecosistémicos que provee o por el respeto que el ser humano le debe —ya que hace parte de este—, la actividad humana no puede ir en detrimento permanente de la naturaleza. De ser así, no solo serán las pandemias las que nos hagan quedar en casa.

Por: Daniel Abello, Asistente de investigación. Línea de Conflicto, Paz y Posconflicto Pares. A lo largo del presente año, la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, ha realizado un monitoreo de la situación de la frontera en materia de seguridad y derechos humanos. Es un panorama preocupante al cual debemos ahora adicionar la crisis pandémica del COVID-19 o comúnmente conocido como coronavirus. Esta situación afecta tanto a actores armados como a la sociedad civil. Tanto así que el pasado 30 de marzo el ELN declaró una tregua de un mes, respondiendo a la contingencia del COVID-19, entregando incluso a tres secuestrados en el territorio del Cauca. Igualmente, el gobernador del Norte de Santander, Silvano Serrano, adoptó medidas para aumentar la capacidad del departamento fortaleciendo el sistema de salud, proporcionando ambulancias y camas extra en los diferentes hospitales y ESES del departamento. Sin embargo, la realidad que se vive en el territorio tiende a superar dichas medidas: lo que para la población urbana la cuarentena significa seguridad y reducción en índices de criminalidad, para las poblaciones rurales se traduce en una amenaza latente permanecer en un solo sitio a merced de los actores criminales. Para entender cómo se desarrolla este fenómeno, la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, habló con una lideresa del territorio de Norte de Santander quién solicitó que su nombre permanezca en el anonimato por seguridad. Ella nos relató cómo viven los líderes, lideresas sociales y sus comunidades esta situación en la región. Pares: Desde la labor que usted desempeña en su organización y otros escenarios de incidencia ¿qué medidas se han tomado para hacer frente a la pandemia del COVID19, tanto en su municipio como en el departamento? Lideresa Social: En Tibú las medidas que se están tomado es tratar de evitar que el virus entre. En ese sentido se han puesto puntos de desinfección, paran los carros, paran las personas, tratando que no entre el virus, revisando las personas que vienen de afuera y su procedencia. Está la cuarentena también para todo el mundo. Las empresas están paradas. Los puntos de desinfección que se implementaron son en La Llana, otro punto en El Tablazo, Campo 2, Llano grande, en la cuatro, en el kilómetro 19 yendo para La Gabarra, hay uno en Vetas Central, y otro en La Gabarra, entre otros. Con puntos de control es como se ha tratado de organizar la entrada de la vía de Campo 2 y Campo 3, el que controla el flujo de las trochas procedentes de frontera, se cerraron las veredas como San Isidro. Pares: Es decir, ¿qué se cerró de manera hermética la región? Lideresa Social: Sí, pero hay una serie de reglas. Lo que es alimentos se dejan entrar, con su debido permiso, el gremio de transportadores de los diferentes corregimientos le hace una certificación; el horario está restringido de 6 de la mañana a 6 de la tarde, no entran parrilleros en moto, no pueden andar con niños y los adultos mayores en sus casas. Algunos acatan la medida, pero con otros hemos tenido inconvenientes. Hay gente que es muy necia, desconocen la situación. Los que vienen de Cúcuta se regresan, no se permite su ingreso. Se le exige a la población el uso de guantes, elementos de desinfección, tapa bocas. Pares: Para usted, ¿cómo ha afectado la crisis del COVID19 en la implementación de las medidas y estrategias para la seguridad de los líderes y lideresas sociales en el Catatumbo? Lideresa Social: Pues esa parte es preocupante. Primero, nos estamos exponiendo; no es de desconocer que esta es una zona roja, y operan varios grupos. Uno se expone a un peligro inminente, no sé, qué consecuencias tengamos los líderes en este punto, porque siempre hay gente que amenaza, que llega a pasar por encima de uno, siempre es preocupante. Aquí en el municipio de Tibú hay una cantidad de líderes que están amenazados, entre esos estoy yo, sin embargo, el riesgo ahorita no es tanto en uno, sino que uno se enfoca más en controlar la pandemia que hay, pero si es muy preocupante el tema. Pares: ¿Para usted la prevención que tan importante es desde el punto de vista de la pandemia como de la protección de la vida? Lideresa Social: En este momento, el tema es controlar la pandemia, intentar que no entre en el territorio, ojalá que podamos hacerlo, y llegar a un punto clave de prevención. Ahí hay dos cosas: dejamos que el virus nos mate, o nos exponemos a que los líderes que estamos amenazados los actores armados también nos maten, pero en este caso prevalece es la vida de las personas en las comunidades. Pares: En esta doble crisis, ¿qué papel han jugado instituciones como la Defensoría del Pueblo, la UNP, la Fiscalía, la Alcaldía, la Personería? Lideresa Social: En ese tema sí voy a ser muy clara, y lo voy a hablar específicamente de Campo 2: presencia del Estado no ha habido, ni Policía, ni Ejército. Por parte de la alcaldía tampoco se ha hecho presente. La alcaldía por parte del casco urbano del corregimiento, no se ha hecho todavía presente, ellos han tratado de organizar un tema con una asociación de acá, ASOJUNTAS, pero esta organización es más que todo veredal, los presidentes de las juntas del pueblo no están afiliadas a esta asociación, entonces en ese caso la alcaldía como que esta solamente con una organización, dejando a la zona urbana y a las otras zonas veredales también sin un apoyo para la comunidad. Pares: Desde su posición, ¿Cuál es el impacto que tiene la contingencia del Covid-19, a la implementación del acuerdo de paz, en aspectos como erradicación, sustitución de cultivos, entre otros? Lideresa Social: En ese sentido, todo se ha paralizado. Unos días atrás, una semana, el Ejército estaba por ahí como erradicando, pero las comunidades intervinieron y no dejaron, pues hay que entender que esta zona, lo único que tiene es la palma, la zona minera y la zona coquera, no hay más ingresos para la zona, y la mayoría de la gente se mantiene es de eso, este tema es bastante complicado desde los puntos de control. Hasta el momento los mismos cocaleros han estado paralizados, uno ve que de pronto uno conoce la gente del pueblo, o de las otras comunidades, que uno ve que todos han estado quietos. También en el tema del PNIS, ha estado quieto, no se han pronunciado las autoridades, por ejemplo, la comunidad del Caño Indio, también los han dejado abandonados, en los proyectos productivos, solo dieron la primer ayuda de 1’800.000, pero de resto no lo hay. Pares: Si usted pudiera recomendar a los entes territoriales algunas medidas, ¿qué les diría? Lideresa Social: Como lideresa social del Catatumbo, en la zona del municipio de Tibú, digo que se necesita mucha ayuda humanitaria, aquí hay mucha gente que puede morir de hambre, hay pequeños corregimientos, que subsisten de las pocas economías de la región, y si esto sigue así, la situación se va a volver peor, la gente no la va a matar el virus, sino el hambre. Esto puede salirse de control, y es para hacer un llamado a los entes territoriales, a los organismos internacionales para que garanticen y ayuden para seguridad alimentaria de la población del municipio. Porque el tema palmero y el tema cocalero está paralizado, entonces llega a un punto la gente que no tiene de donde agarrar recursos, si el gobierno municipal no reacciona y no se pone la mano en el corazón, la comunidad se va a salir de control. A manera de conclusión, es fundamental resaltar que la situación del territorio de Norte de Santander cambió debido a la pandemia del COVID19, impactando tanto las economías legales como las ilegales, paralizando todo ingreso de dinero a la región, lo cual causa una disminución de la renta de la población. Si bien el Gobernador declaró que están reforzando la capacidad del departamento para atender la crisis, lo que se constata es que las poblaciones rurales como las de Tibú están desamparadas, sin embargo, las comunidades, líderes, y lideresas sociales no se han quedado sosegados, actuarán para prevenir el contagio y preservar la vida de las comunidades. ——————- Desde la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, hacemos un llamado a la gobernación de Norte de Santander y a los demás organismos nacionales, para que cumplan con sus funciones de garantizar la vida de la población del Catatumbo.

Por: Natalia Aguilar Salas. Colaboradora Pares. La gente continúa en las calles. Y la Alcaldía de Bogotá, al igual que el Gobierno Nacional no han logrado ponerse de acuerdo y no han actuado de manera inmediata para ayudar a aquellos que no tienen un techo o siquiera la posibilidad de movilizarse a sus ciudades o pueblos natales. Este es el caso de las comunidades indígenas Embera (Katío y Chami) en Bogotá. Desde el comienzo de la cuarentena obligatoria se han visibilizado las profundas fallas estructurales, el déficit presupuestal del gobierno, la indiferencia de la población, y por supuesto la dramática situación de aquellos que son desalojados de los “paga diario”, a pesar de que los desalojos quedaron prohibidos, estos siguen ocurriendo. El 2 de abril se visibilizó el grave desalojo de ocho (8) familias de indígenas Embera en el barrio Santafé, en total fueron desalojadas 32 personas, de las cuales 22 son niños, informó el tiempo. Para esta comunidad la situación se complica aún más, ya que la mayoría de ellos viven de las artesanías que venden a diario, esto impidió que cumplieran con la cuota de $30.000 que pedía el dueño del “paga diario” , y debido a la situación de cuarentena es imposible que logren vender sus artesanías. Una comunidad vulnerable en épocas de pandemia Aunque la alcaldía manifestó que ninguna de estas comunidades se quedaría sin techo, y ofrecieron el “Hogar Salud Mariana” para que los indígenas Embera desalojados tuvieran refugio, sin embargo se acogió solamente a un grupo de 60 indígenas, los cuales recibirán comida y techo hasta el término de la cuarentena. Esta estrategia es de gran ayuda para esas 60 personas, no obstante no es suficiente. El 7 de abril se evidenció la grave situación de vulnerabilidad que enfrentan los indígenas Embera, ya que aproximadamente 300 indígenas no tuvieron opción más que pasar la noche en el parque tercer milenio, bajo condiciones deplorables, entre ellos se encuentran adultos mayores y niños menores de edad. Como si no fuera suficiente la doble condición de vulnerabilidad que viven en el diario vivir, por el hecho de pertenecer a comunidades indígenas y por ser víctimas del desplazamiento forzado. ¿Ahora también deben aguantar la incertidumbre en medio de una pandemia?. Según la Universidad del Rosario, el 7 de Junio de 1989 la Organización internacional del trabajo (OIT) aprobó el convenio 107 de 1957, el cual se enfoca en la protección de los pueblos indígenas, se fundamenta en dos principios: El derecho a la igualdad de derechos entre los pueblos y el resto de la población y en el respeto por su cultura e instituciones. Además de esto, en la Constitución Política de 1991 se reconoce el carácter multiétnico y pluricultural de Colombia, con lo cual se abrió la posibilidad de reconocimiento y participación de los pueblos indígenas en en el país. Sin embargo, hasta el 2001 se amplió la capacidad de curules para los pueblos indígenas y afro, las cuales se distribuyeron así: Dos para las comunidades negras, una para las comunidades indígenas, una para las minorías políticas y una para los colombianos residentes en el exterior. Un conflicto que parece eterno Sin embargo, en este país las leyes suelen parecer más promesas que leyes, ya que la protección, reconocimiento e interacción con los pueblos y comunidades indígenas por parte del gobierno y sus instituciones, parece exotizarlos, y utilizar sus atuendos, hacer parte de sus ritos sin siquiera comprenderlos con el fin de publicitar campañas políticas que decepcionan. No se realizan cambios contundentes para resguardar a estas comunidades y pueblos, para reconocer que no todas las cosmovisiones deben ser dictadas por el Ministerio de Educación y que el conocimiento ancestral no debe ser subestimado. Además, hay que resaltar la falta de garantías para aquellos que protegen sus territorios de grupos armados, empresas extractivas y sombríos personajes que buscan derramar más sangre. De 352 casos de líderes sociales asesinados desde la firma del acuerdo de paz hasta el 13 de marzo, 61 pertenecían a comunidades indígenas. ¿Dónde están las propuestas para cobijar a las poblaciones vulnerables durante la crisis? Después de cuatro semanas del inicio de la cuarentena, Andrés Ávila, presidente de la SAE decidió entregar 65 inmuebles a nivel nacional para el manejo de la crisis, pero el uso de estos hasta el momento solamente será para mujeres víctimas de violencia y en condición de vulnerabilidad. Aunque esta iniciativa por fin cobró vuelo, no abarca a toda la población flotante en Bogotá y a nivel nacional. Entonces le llegó la hora al Gobierno, ¿Realmente se preocupan por toda la población? o solo por la población blanca, clase media-alta, con cierto nivel de educación. ¿Y el resto del país? ¿solo lo utilizan para mostrarse incluyentes en sus campañas políticas?. Esta crisis está sacando a la luz lo que no hemos querido ver y lo que han ocultado por siglos ¿Cuánto tiempo más aguantan los secretos no tan secretos de Colombia?

Por: Redacción Pares Este breve discurso conocido como la «Oración por la Paz» fue entonado en la histórica Plaza de Bolívar de Bogotá por Jorge Eliécer Gaitán el 7 de febrero de de 1948 en la Manifestación del Silencio. A continuación el discurso completo: “Excelentísimo señor Presidente de la República, doctor Mariano Ospina Pérez: Bajo el peso de una honda emoción me dirijo a vuestra excelencia sabiendo que interpreto el querer y la voluntad de esta inmensa multitud, que cobija su ardiente corazón, lacerado por tanta injusticia, bajo este silencio clamoroso, para pedir que haya piedad y tranquilidad para la patria. En todo el día de hoy, excelentísimo señor, la capital de Colombia ha presenciado un espectáculo que no tiene precedentes en su historia. Gentes que llegaron de todo el país, de todas las latitudes –los llanos ardientes y las frías altiplanicies, como las de esta capital– han venido a congregarse en esta plaza, cuna de nuestra libertad y de nuestra historia, para expresar su irrevocable decisión de defender sus derechos. Dos horas hace que ellos desembocan en esta plaza y no hay sin embargo un solo grito, porque en el fondo de sus corazones se agolpa la emoción; pero como en las tempestades violentas la fuerza subterránea es mucho más poderosa y ésta sabe que tiene el poder de imponer la paz cuando los obligados a imponerla no la imponen. Señor Presidente: Aquí no hay aplausos sino millares de banderas negras que se agitan. Excelentísimo señor: Sois un hombre de universidad y por lo tanto os debe llamar la atención este hecho sin precedentes en la historia de Colombia. Señor Presidente: Aquí están presentes todos los hombres que han desfilado y demuestran una fuerza y un poderío no igualados y sin embargo, no hay un solo grito. Aquí hay una contradicción a las leyes de la psicología popular. Un pueblo que es capaz de contrariar las leyes de la psicología colectiva es un pueblo que os demuestra que tiene un espíritu de disciplina capaz de superar todos los obstáculos. Ningún partido en el mundo ha dado una demostración como ésta. Pero si esta manifestación sucede es porque hay algo grave y no por triviales razones. Y esto obliga a los hombres universitarios a escucharla y oírla. Somos la mejor fuerza de paz en Colombia. Somos los sustentáculos de la paz en Colombia, y mientras en las veredas y en los municipios fuerzas minoritarias se lanzan al ataque, aquí están las grandes mayorías obedeciendo una consigna. Pero estas masas que así se reprimen también obedecerían la voz de mando que les dijera: Ejerced la legítima defensa. Dos horas ha gastado esta gente entrando a esta plaza para colmarla. El comercio ha cerrado sus puertas y le debemos gratitud por este noble gesto.Porque somos fuertes somos serenos. Esta es la significación más exacta de que con nosotros no puede abusarse. Hay un partido de orden capaz de realizar estas manifestaciones para evitar que la sangre se derrame y para que las leyes se cumplan, porque son la expresión de la conciencia colectiva. Yo quisiera que todo el país contemplara este espectáculo. No me he engañado cuando he dicho mi concepto sobre la conciencia popular, ampliamente ratificada en esta manifestación, donde los aplausos desaparecen y sólo se oye el rumor emocionado de los millares de banderas negras que aquí se han traído para recordar a nuestros hombres tan villanamente asesinados. Señor Presidente: serenamente, tranquilamente, con la emoción que atraviesa el espíritu de los hombres que llenan esta plaza, con esa emoción profunda os pedimos que ejerzáis vuestro mandato, el mismo que os ha dado el pueblo, en favor de la tranquilidad pública. Todo depende de vos; sabemos que quienes anegan en sangre este país cesarían en su pérfida ciega. Esos espíritus de mal corazón cesarían al simple imperio de vuestra voluntad.Amamos hondamente a esta patria nuestra y no queremos que nuestra nave victoriosa navegue sobre ríos de sangre.Señor Presidente: No os reclamamos tesis económicas o políticas. Apenas os pedimos que nuestra patria no siga por caminos que nos avergüenzan ante propios y extraños. ¡Os pedimos tesis de piedad y de civilización! Señor Presidente: Os pedimos cosa sencilla para la cual están de más los discursos. Os pedimos que cese la persecución de las autoridades y así os lo pide esta inmensa muchedumbre. Pedimos pequeña cosa y gran cosa: que las luchas políticas se desarrollen por cauces de constitucionalidad. Os pedimos que no creáis que nuestra tranquilidad, esta impresionante tranquilidad, es cobardía. Nosotros, señor Presidente, no somos cobardes: somos descendientes de los bravos que aniquilaron las tiranías en este suelo sagrado. Pero somos capaces, señor Presidente, de sacrificar nuestras vidas para salvar la tranquilidad y la paz y la libertad de Colombia. Impedid, señor Presidente, la violencia. Sólo os pedimos la defensa de la vida humana, que es lo menos que puede pedir un pueblo. En vez de esta ola de barbarie, podéis aprovechar nuestra capacidad laborante para beneficio del progreso de Colombia. Señor Presidente: Esta enlutada muchedumbre, estas banderas negras, este silencio de masas, este grito mudo de corazones, os pide una cosa muy sencilla: que nos tratéis a nosotros, a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestros hijos y a nuestros bienes, como querríais que os tratasen a vos, a vuestra madre, a vuestra esposa, a vuestros hijos, a vuestros bienes. Os decimos, excelentísimo señor Presidente:Bienaventurados los que no ocultan la crueldad de su corazón, los que entienden que las palabras de concordia y de paz no deben servir para ocultar los sentimientos de rencor y exterminio. Malaventurados los que en el gobierno ocultan tras la bondad de las palabras la impiedad contra los hombres de su pueblo, porque ellos serán señalados con el dedo de la ignominia en las páginas de la historia”.

Por: Vanessa Useche. Enlace regional Norte del Cauca. Pares. Frente a la actual situación que debe enfrentar el sector cafetero con el inicio de la cosecha de café en el Cauca y en otros departamentos del país, Dignidad Cafetera del Cauca y Dignidad Agropecuaria Nacional, mediante carta abierta al gobernador del Cauca Elías Larrahondo, el Comité Departamental de Cafeteros y la Secretaría de Salud del Cauca, plantearon su preocupación acerca de las medidas que el Gobierno Nacional ha decretado frente al Covid-19, puesto que no contemplan una ruta de acción específica para cientos de personas que requiere la cosecha cafetera. A nivel departamental, se necesitan recolectores para 95.600 hectáreas de café arábigo de las variedades Castillo, Colombia, Caturra, Típica, Borbón y Tabí, según los datos del Comité de Cafeteros del Cauca. Compartimos el criterio general de que lo primero en las actuales circunstancias es preservar la salud de las personas, manifiestan. Sin embargo, no es de poca importancia la preservación de la economía regional, especialmente la que representa para el Cauca la producción cafetera que involucra a 95 mil familias en el departamento. En los próximos meses se tendría previsto recolectar una cosecha que a precios de hoy se tasaría en un billón de pesos, según estimaciones oficiales cuya producción para este año se calcula en poco más de cien millones de kilos de café pergamino seco. A pesar de que esta especie de bonanza no ha llegado al productor, pues aún no empieza la cosecha, queda la preocupación de cómo recogerla en medio de la emergencia nacional que vivimos. La Fundación Paz y Reconciliación -Pares, habló con Alonso Osorio, líder de Dignidad Cafetera del Cauca y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Dignidad Agropecuaria Colombiana, para hablar sobre el contexto de la producción cafetera en el departamento del Cauca, los retos que enfrenta este sector frente al Covid-19 y las medidas que se esperan coordinar para la cosecha de café entre abril y junio. Pares: En primer lugar, nos gustaría que nos cuente por favor sobre el contexto de la producción del café en el Cauca y el trabajo que lidera Dignidad Cafetera. Alonso Osorio: Es importante primero examinar que el Cauca ha aumentado en los últimos diez años exponencialmente su producción de café. Mientras que el tradicional eje cafetero ha ido mermando la producción, el Cauca la ha ido aumentando. Lo mismo le ha sucedido a Huila y lo mismo le ha sucedido a Nariño. Desde mi punto de vista, eso se debe, más que a una decisión política del gobierno central por recuperar estas regiones o darles un respiro económico, a que estas regiones tienen dos características: tierras más baratas que en el eje cafetero y mano de obra más barata. Eso se hace para poder mantener un negocio que a nivel internacional cada día tiene costos crecientes y ganancias decrecientes. Es decir, se necesita un producto más barato para competir en el mercado internacional. Todo el mundo sabe que por lo menos el 90% del café se exporta. Pero esa competitividad a nivel internacional se ha hecho, no sobre la base de subsidios estatales, de política para el agro, sino sobre la base del empobrecimiento de los productores. Dicho esto, ¿cómo es que ha crecido esa caficultura? En el año 2010 ya había crecido mucho la caficultura del Cauca y había unas 65.000 familias vinculadas a la producción del café en el departamento. Hoy tenemos cerca de 95.000, nos acercamos a las 100.000. Igualmente, la vinculación de familias sube aparejada con el aumento de hectáreas. En Dignidad Cafetera y Agropecuaria, acabamos de enviar una carta abierta, preocupados por la pandemia y la cosecha, porque eso mueve mucha gente de otras regiones. Hicimos las cuentas y a precios de hoy, la cosecha cafetera en el Cauca este año podría pasar los 100 millones de kilos, eso significa unos 8 millones de arrobas de café pergamino seco. Cada arroba de café requiere más o menos un jornal en la siembra, fertilización, recolección y secado, lo que quiere decir que el café puede generar unos 8 millones de jornales al año, solo en el departamento del Cauca. Estoy hablando de jornales (no estoy hablando de empleos) en 32 municipios de los 43 del Cauca. Si se mantuvieran los precios, podría significar 1 billón de pesos, que podría valer esa cosecha para este año en el departamento. Pares: La Federación Nacional de Cafeteros solicitó al gobierno nacional y departamental medidas específicas para el sector cafetero frente al Covid-19. Desde su punto de vista y la postura de Dignidad Cafetera ¿cómo afecta esta situación al sector cafetero? ¿qué propuestas se tienen para implementar medidas? Alonso Osorio: Viendo el decreto expedido por el gobierno nacional sobre las medidas sanitarias y demás, lo que vemos con preocupación es que no hay una propuesta concreta. Bien es sabido que todos los departamentos que tienen café, tienen que traer mano de obra de otros departamentos para poder recolectar la cosecha. La mayoría de la gente viene a coger café desde otros sitios y la mayoría son personas que por su misma ocupación están menos informados que el resto. De manera que si llegan a coger café y no hay unas medidas de parte de las autoridades con recursos del gobierno nacional y en cabeza del gobernador con todas las entidades correspondientes, lo que yo veo es que puede regarse la pandemia por todos los municipios del Cauca. La gente llegará con poca protección, con poca instrucción; las costumbres no se cambian de un día para otro. Pensamos que debe haber un plan de contingencia donde el gobernador se ponga a la cabeza. Ese plan debe consistir más o menos en lo siguiente: empezar por dar una especie de salvoconducto en los distintos departamentos de origen para aquellos recolectores, andariegos o cosecheros que se van a desplazar (en este caso al Cauca), para que se puedan mover, porque si no los dejan mover no pueden cosechar el café. Yo creo que un municipio como Piendamó, en un fin de semana en plena cosecha (que ya está empezando), puede albergar 8.000 o 10.000 personas foráneas. Debe haber controles, nuevos médicos, nuevas enfermeras, encuestadores, carpas especiales, al menos un examen básico gratuito al recolector cafetero, que ojalá se le dé un pote de alcohol, que le den instrucciones de por qué lavarse las manos, por qué está el asilamiento preventivo, etc. Hay fincas que tienen que albergar 70 u 80 hombres y mujeres, y los meten en un solo cuartel. Eso tiene que manejarse con recursos económicos y material didáctico donde a la gente y a esos cafeteros les den la instrucción, por el bien de ese recolector, el de su familia y el de toda la familia cafetera. A nivel nacional la situación es igual porque las medidas del gobierno nacional no mencionan de manera específica ese tema, ni hay una disposición especial para los cafeteros. Podrá haber otros cultivos, pero ninguno en este momento específico es tan extensivo en mano de obra como el café. Yo me atrevo a decir que en este momento en el Cauca ya está empezando a llegar gente. No hay todavía un plan de contingencia de verdad con la gente, con una infraestructura que permita atender eso. Entonces, creo que en Nariño tampoco, ni en el Tolima, ni en la parte del Huila donde hay cosecha, ni en la parte del Quindío. Por lo menos, a nivel nacional, no hay medidas especiales y es muy preocupante. Si bien el gobierno nacional ha sido llamado por la Federación Nacional de Cafeteros a tomar medidas específicas para que la cosecha de café pueda llevarse a cabo exitosamente y de manera controlada bajo las condiciones actuales que presenta la pandemia del Covid-19, el gobierno departamental del Cauca tendrá un papel fundamental en el establecimiento de una ruta concreta para el sector cafetero que debe trazarse en los próximos días. Pares: Más allá de los retos que esta coyuntura representa para el gobierno nacional, departamental y para las familias cafeteras ¿Cómo resalta que este es un escenario propicio para hacer una reflexión amplia sobre la seguridad y la soberanía alimentaria en Colombia? Alonso Osorio: Hoy, que nos ha tocado aislarnos y estar confinados en nuestras viviendas, tenemos la sensación de ir al supermercado y encontrar los estantes medio vacíos. Creo que eso debería llevarnos a reflexionar sobre algo que Dignidad Agropecuaria lleva diciendo hace mucho tiempo: qué podría sucederle a Colombia si en algún momento dado por una pandemia como la que estamos sufriendo o por una guerra, argumentando diferentes razones, un país como Estados Unidos, Argentina u otros que nos venden comida, decidieran no vendernos más. Qué diríamos si esos países dejaran de vendernos 14 millones de toneladas de alimentos que nos venden al año. En 1990 Colombia no necesitaba importar nada de comida, hasta que llegó César Gaviria con la apertura económica. Hoy, con los Tratados de Libre Comercio, hemos perdido buena parte de nuestra seguridad y nuestra soberanía alimentaria. Yo creo que esa es una reflexión que tiene que hacer el país, seguirla haciendo, porque nosotros hemos llamado la atención con cifras concretas sobre el tema al gobierno nacional en el sentido de que tiene que revisar los Tratados de Libre Comercio. Lo que ha sucedido es que mucha gente ha quebrado por falta de políticas del agro, créditos insuficientes, inoportunos y costosos, fertilizantes que no tienen control porque los precios suben y suben. Esta situación nos debe dar campanazos de alerta, que le dan la razón a Dignidad Agropecuaria cuando hemos dicho que no se debe traer del extranjero lo que podemos producir los colombianos.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Tras la rueda de prensa al medio de día de este 8 de abril, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dio a conocer que habrá restricción en la capital para que las mujeres puedan circular los días pares y hombres en días impares para realizar las actividades de adquisición de bienes de primera necesidad: alimentos, bebidas y aseo. Y para ir a bancos. Según la mandataria, las personas trans podrán circular según su identidad de género. Para la Red Comunitaria Trans, con esta medida las vidas de las personas trans están en peligro si están en manos de los policías. Señora alcaldesa no juegue con nuestras vidas. Paralelamente, a la polémica que ha suscitado la decisión de la alcaldesa, se formulan preguntas como; ¿la Personería y Defensoría van a estar vigilantes y serán garantía ante posibles abusos policiales contra personas no binarias? Pares habló con la Red Comunitaria Trans cuya reacción frente a dicha medida fue de alarma: no permitamos que este borrador avance. Vamos a gritar en redes #LaPoliciaNoMeCuida. Haciendo un fuerte llamado a la administración para que atienda experiencias negativas como las de Perú y Panamá. Perú, una alerta para Colombia Pares habló con Ana María Vidal, abogada especialista en derechos humanos y género, y una de las abogadas litigantes del caso Azul Rojas Marín ante la Corte Interamericana, quien señaló —entre otras cosas— que si bien los abusos de la Policía se venían presentando antes del denominado “pico y placa”; la experiencia arrojó que con dicha medida la violencia contra las personas trans se potenciaron. Un ejemplo de ello en Perú tuvo que ver con la Policía de Bellavista, Callao, quienes violentaron física y psicológicamente a tres mujeres trans por supuestamente haber violado la medida del “pico y placa”. De hecho, uno de los policías obligó a las mujeres trans a decir en voz alta “quiero ser un hombre”. Esto mientras eran obligadas a hacer ‘sentadillas’ y eran atemorizadas por los uniformados. Organizaciones internacionales y nacionales de sociedad civil en Perú hicieron un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se pronunciara sobre las graves violaciones a los derechos de las personas trans en Perú. En dicha comunicación expresaron que dentro de un contexto de emergencia debido a la pandemia generada por el coronavirus, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas peruanas están violentando los derechos humanos a la integridad, a la identidad de género y a la dignidad de las personas trans. Por otra parte, precisaron que conforme al artículo 27° de la Convención Americana de Derechos Humanos, en situaciones de emergencia los Estados partes pueden restringir determinados derechos; sin embargo, ni el derecho a la vida, a la integridad personal o al nombre (identidad) pueden ser suspendidos durante los estados de emergencia. El problema en países conservadores De acuerdo con Vidal: El problema en Perú, al igual que en Colombia, es que es un país conservador y con mucha homolesbotransfobia. Además, también al igual que Colombia, con una historia de represión por parte de la policía y los militares que viene desde las épocas del conflicto armado. Entonces, si tienes una situación de emergencia como la actual, la represión por parte de la Fuerza Pública se potencia (ojo que ellxs también están en una situación de estrés grandísima y ya han tenido bajas por Covid19). Por otra parte, alertó para el caso colombiano que el problema de fondo es la represión de la fuerza pública en estos contextos que se potencia siempre con las personas en mayores condiciones de vulnerabilidad. El papel de la Corte Interamericana De acuerdo con Vidal, el pasado lunes 6 de abril el Estado peruano fue sentenciado ante la Corte Interamericana por la tortura que sufrió una persona LGTBI hace 12 años en una comisaría, y que tuvo como motivación el prejuicio de los policías contra las personas LGTBI. Vidal insiste que continúan los abusos, por ejemplo, la detención de una mujer lesbiana de expresión de género masculina los días en que solo salían mujeres, por ejemplo. Perú aún no entiende muchas expresiones e identidades de género no binarias. Pero es una obligación que las entienda. Llamado a la Alcaldía La Red Comunitaria Trans ha hecho un llamado para que la Alcaldía Mayor de Bogotá tenga presente experiencias de discriminación en países como Perú y Panamá. Experiencias de aumento de discriminación y violencia en contra de personas trans a partir de medidas como la denominada #PicoYGénero. Asimismo, Juli Salamanca, directora de comunicaciones de la Red Comunitaria Trans, señala que, desde la Red la preocupación tiene que ver con que para nadie es un secreto que no hay rutas claras para denunciar la violencia policial que ha existido durante años en Bogotá. La polémica determinación de la alcaldesa hizo parte de las nuevas medidas e inversiones de apoyo a quienes más lo necesitan en Bogotá, dada la extensión hasta el 27 de Abril. Sin embargo, la Red Comunitaria Trans ha señalado que la separación por sexo en tiempos de #COVID19 pone en peligro nuestra vida y seguridad. La violencia y la transfobia se dispararán, la Policía Nacional aún no entiende que las mujeres trans somos mujeres y que los hombres trans son hombres. Exigen que se cumpla el discurso de campaña Asimismo, la Red Comunitaria Trans le recordó a Claudia López su discurso en campaña. En campaña parecía tener muy claro que las mujeres trans hemos sido históricamente excluidas y violentadas por la policía, pero hoy, en el poder, parece que lo olvidó. Ahora quiere dejar en manos de la Policía Nacional a las personas trans. Disputas locales, alcances nacionales Vidal insiste en que las denuncias de abusos hacia las personas trans ya estaban desde antes de la medida. Con esta medida, lo que se ha pasado en Perú es que se den más situaciones vejatorias. Ahora si vemos el vaso medio lleno, esto también ha servido para que por primera vez un Presidente de la República (que fue quien anunció la medida en Perú) diga que su gobierno era un gobierno inclusivo, que no iba a permitirse situaciones de homofobia y se iba a respetar los «sentimientos» de las personas, también de las personas trans (le faltó afinar conceptos, sí, mencionar transfobia y no homofobia, pero es un gran avance)”. Esto entendido en lo conservador del país peruano, explica Vidal. Sobre lo procedimental de la medida, Vidal cuenta que tras los hechos de violencia que se generó en contra de las personas trans, “salió el Ministro del Interior del Perú y públicamente dijo que se iba a respetar la apariencia de la persona, no se iba a pedir documento nacional de identidad (DNI) y «si está con apariencia de mujer, es mujer, si está con de hombre es hombre). Esto en Perú es inédito, no olvidemos que el ministro del interior que tiene a cargo la policía es un policía en retiro, y tenía fama de conservador.

Por. Ximena Sierra Pérez – Enlace Territorial Bajo Cauca. Pares. Las extorsiones, un delito que ha azotado por años a esta región antioqueña, hoy, en medio de esta coyuntura, se convierte en un fenómeno que genera un mayor riesgo para los distintos sectores de la comunidad. Además de verse afectados por el cierre de sus locales, el cese de sus actividades económicas y productivas y la disminución en sus ingresos debido a la pandemia, deben afrontar el temor de no tener para el pago que mes a mes se ven obligados a realizar a alguno de los grupos ilegales que hacen presencia en la zona. La ausencia de este pago se puede convertir en una sentencia de muerte para ellos. Por la gravedad del tema y el temor que genera, las fuentes entrevistadas pidieron ser presentadas como anónimas. Un panorama de las extorsiones en Bajo Cauca En los últimos años, la región del Bajo Cauca, se ha convertido en el epicentro de múltiples violencias: el enfrentamiento de grupos criminales por las rentas ilícitas y el control del territorio han puesto en vilo a las comunidades de los seis municipios de la región. Las extorsiones por uno o por varios grupos a diferentes sectores de la población, han ocasionado el cierre de locales, el desplazamiento de personas y el asesinato de varios ciudadanos, que al negarse a pagarlas o al denunciar ser víctimas de estas, han perdido sus vidas. Uno de los asesinatos que más generó repudio en la comunidad de Caucasia fue el de un trabajador de la ferretería La Hacienda el 18 de mayo de 2019. El hombre tenía 31 años de edad y dejó dos niñas huérfanas. Al parecer los hechos estaban relacionados con retaliaciones por la captura de una mujer, que en días anteriores intentó cobrar extorsiones en ese local. La extorsión en esta parte del país se da desde hace más de 30 años, lo que ha variado con el tiempo es el grupo ilegal que realiza la extorsión y el modus operandi que utilizan. “…toda organización armada ilegal, subsiste de las rentas ilícitas y nosotros subsistimos del cobro de impuestos, pero el Clan del Golfo es la organización que más EXTORSIONA y SECUESTRA, les quitan el ganado a los campesinos y les roban sus pertenencias, comida y ropas de vestir, sin impórtales que dejen sin nada a gente trabajadora” Bloque Virgilio Peralta Arenas. Extorsiones desde 70 mil pesos Los cobros pueden ir de los $70.000 a los $300.000 pesos o valores superiores. El monto de la extorsión determinada por estos grupos armados depende de los bienes y ganancias que los comerciantes, ganaderos y mineros generan. Estas estructuras criminales tienen personal que se encarga de brindar la información de los locales y en muchos casos hacen seguimiento a los dueños, administradores y empleados de los negocios. “Estoy pagando hace alrededor de 30 años, pero antes se pagaba era con mercados, motos, celulares entre otras cosas. En este momento se paga una cuota mensual que se negocia a inicio de año y depende del bando porque en ocasiones llegan varios grupos, ellos piden un valor y uno busca negociar, actualmente pagamos 150 mil pesos cada mes y en ocasiones se llevan mercancía” (Comerciante de El Bagre) En el Bajo Cauca Antioqueño, el último pago realizado a los diferentes grupos criminales: Caparros, Clan del Golfo y ELN, se dio en el mes de febrero en Caucasia, capital de esta región. Los comerciantes del municipio fueron informados del cese definitivo de las extorsiones. Esta información no se ha dado en los cinco municipios restantes. Las comunidades esperan que los grupos armados entiendan que ellos tienen sus locales cerrados y que en el momento no tienen cómo pagarles. Fuerza Pública vs Extorsiones Desde agosto de 2018, la Policía Nacional no registra datos sobre el delito de extorsión en su página de Observatorio, lo cual dificulta el seguimiento a este tema en todo el país y las estrategias reales para su intervención. La ausencia de datos exactos y estadísticas sobre este delito, se suma que, en Bajo Cauca Antioqueño, no existe un investigador y un fiscal GAULA, lo que retrasa los procesos y afecta la eficacia y la eficiencia en el manejo de los pocos casos que son denunciados. El Gaula del Ejercito Nacional asegura que “En esta subregión del Bajo Cauca hay extorsiones, pero no hay balances generales, porque es difícil tener datos exactos porque las personas no denuncian, pasan meses sin que recibamos denuncias de este hecho y los pagos se siguen haciendo” Efectivamente, algunos de los comerciantes entrevistados señalaron que no denuncian por temor a represalias por parte de los extorsionistas: “Nunca lo hice ni lo haría, con esa gente no se juega, no les importa nada y termina uno con la muerte de algún trabajador” (Comerciante Caucasia) “Nada, para qué, eso es muy peligroso, eso es como convivir con el Coronavirus, una pandemia de nunca acabar” (Comerciante de Nechí). Adicionalmente se trata de un asunto de desconfianza hacia la institucionalidad. Cabe recordar que en 2019 el comandante de policía de Caucasia fue cambiado por investigaciones de presuntos nexos con grupos ilegales que extorsionaban al comercio en la capital del Bajo Cauca “Desde el comandante de Policía de Caucasia hasta los subalternos fueron cambiados por nuevos uniformados, debido a quejas constantes de parte de la comunidad. Así lo afirmó el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, quien aseguró que, incluso, estos policías estarían recibiendo dinero de las bandas de microtráfico. Pero, la afirmación más grave que entregó el mandatario departamental fue que los mismos policías estarían cometiendo extorsiones en la zona” (Diario El Tiempo, 02 de abril de 2019). Urge que desde el Gobierno Nacional se tomen acciones frente a las extorsiones que se realizan en esta sub región del país. La sociedad civil no puede ser objeto de amenazas por el no pago de extorsiones a grupos criminales, mientras atraviesan uno de los momentos más difíciles para sus economías. Además, la Fuerza Pública debe garantizar que la extorsión no se convierta en un problema que genere mayor vulneración de derechos en la población civil. Para ello es necesario empezar a llevar un registro serio sobre estos casos en todo el país y crear estrategias concretas frente a la intervención de este delito.

Por: Natalia Aguilar Salas. Colaboradora Pares. Durante la cuarentena muchos hogares se han refugiado en la música, las películas, los libros y creaciones de los artistas, sin embargo parece que el Gobierno Nacional no tiene el mismo interés que los ciudadanos en este sector. La Economía naranja es uno de los pilares predicados por el presidente Iván Duque, sin embargo el decreto 516 de 2020 firmado el 4 de abril refleja la poca preocupación por parte del gobierno hacia el sector creativo, lo cual pone en cuestión: ¿Economía naranja para quién? Pares habló con Alberto “Albatros” González, escritor, guionista, dramaturgo, realizador audiovisual y tallerista. Ganador del premio Emmy 2015, por “Arrepentidos- El infierno de Montoya” en la categoría Non english language US primetime program con Natgeo. Pares: ¿Qué opina del decreto 516 expedido por el Gobierno nacional en el marco de esta emergencia por el COVID-19? Alberto González: Lo primero que habría que tener en cuenta es que los canales de televisión desde que se expidió la ley 182 de 1995 han tratado, de muchas maneras, de reducir esos porcentajes y realmente nunca han podido hacerlo y después de casi 35 años encontraron una oportunidad para hacerlo. Digo una oportunidad porque este decreto que expide el Gobierno no está orientado a proteger los derechos de los trabajadores de los medios audiovisuales, está orientado a proteger a los canales de televisión y resulta que los canales de televisión son unos entes mucho más estructurados y mejor protegidos y cuidados que los mismos empleados y trabajadores del sector audiovisual. El decreto 516 tiene una contradicción y voy a citar un argumento que ellos esgrimen citando al Fondo Monetario Internacional: Estamos en una situación sin precedentes en la que una pandemia mundial se ha convertido en una crisis económica y financiera, dada la interrupción repentina de la actividad económica el producto mundial se contraerá en el 2020, los países miembros ya han tomado medidas extraordinarias para salvar vidas y salvaguardar la actividad económica pero es necesario hacer más, se debe dar prioridad al apoyo fiscal focalizado para los hogares y las empresas vulnerables a fin de acelerar y afianzar la recuperación del 2021. Dicen “los hogares y las empresas”, por supuesto, pero aquí al decreto se centra en las empresas, no en los hogares, no en los trabajadores, porque para el sector audiovisual es contraproducente ese decreto. El decreto reduce los porcentajes de pantalla. En este momento es lógico que nadie va a producir. El distanciamiento social nos obliga a que nadie vaya a producir. Sin embargo, el decreto no está orientado a reducir las horas de producción sino de programación, y ahí hay un tema que yo creo que los abogados del gobierno tomaron de una manera capciosa, porque podrían haber simplemente expedido un decreto en el que le dijeran a los canales que no estaban obligados a producir en tales porcentajes, pero cuando se reduce la cuota de pantalla les están dando permiso para que no programen productos nacionales. Cuando no hay producción nacional se puede programar producto nacional. Si los canales están obligados a cumplir con la cuota, pues van a tener que programar cosas que tienen. Hay muchísima televisión de muy buena calidad que está en los archivos de los canales, de hecho muchos suelen hacer repeticiones. Resulta que esas repeticiones por ley, por ejemplo, para los actores, o para los directores, y a partir de este año para los escritores que se llegó este año un acuerdo con los canales, por cada producción que se emita, así sea repetida, nosotros empezamos a recibir regalías, no son gran cosa pero son importantes. Si con este decreto los canales se toman la libertad de no programar esas producciones, porque les sale más barato comprar una lata que pagar las regalías o no quieren pasar los productos, los que salimos mal librados de esa norma somos los escritores, los actores, los productores, la gente que puede recibir un beneficio por regalías de ese tipo de productos programados. Pares: ¿Entonces ese decreto favorece a los más favorecidos, es decir a los canales? A.G: Evidentemente la ley está favoreciendo a los canales y no está teniendo en cuenta que hay un montón de trabajadores que podrían beneficiarse de esas horas de pantalla, de esos porcentajes de pantalla, les está quitando esa posibilidad de recibir una retribución económica, ya no por el trabajo que se pudiera hacer sino por el trabajo hecho anteriormente. Eso por un lado, por el otro, es riesgoso en un país donde los decretos temporales se vuelven permanentes, como el famoso 2 por mil, que luego se elevó al 4 por mil, y como tantos otros, que se plantean como temporales y luego quedan permanentes. Entonces es un riesgo que al final de este período, que hoy se extendió ya hasta el 27 de abril, la cosa se quede de esa manera, y luego revertir un decreto presidencial, pues nos va a exigir hacer un montón de cosas, porque yo personalmente no creo que el presidente, cuando termine esto, vaya y saque el decreto 517 para revertir este, entonces después nos va a tocar ir a pelear. Por eso creo que hoy se han alzado tantas voces en redes sociales y a través de medios públicos quejándose de esto porque si no lo hacemos ahora igual nos va tocar hacerlo después. Pares: ¿Qué opina de la medida que se tomó en relación con la famosa Economía naranja? A.G: Lo que voy a decir es muy personal. Un decreto como estos es una contradicción misma con la economía naranja. Es un decreto que favorece a los canales de televisión, a los dueños de los canales pero deja por fuera una fuerza laboral. En una sola producción están trabajando entre 200 a 400 personas por lo menos. Un 70% de producción para horario Prime Time, hablamos de unas 10 producciones al año, serían entre 2.000 y 4.000 personas que el gobierno está dejando por fuera. Esa es la economía naranja, esa gente que vitaliza un sector. Entonces, que un decreto de éstos esté dejando por fuera y no esté teniendo en cuenta esa fuerza laboral, pues eso no es una economía naranja, porque está dejando por fuera la gente que mueve a esa industria. Entonces yo sí creo que el discurso de este señor de la economía naranja, era un bluff de campaña, el tipo de cosas que cualquier político promete y luego no cumple. Reitero que estoy hablando a título personal, no estoy hablando por un gremio. Hace un par de semanas, incluso en medio de esta situación, el Presidente firmó unos decretos que favorecen la inversión extranjera en el país, con unas retribuciones beneficiosas para el sector, supongo entonces que habrá otras visiones, otras personas, productores de cine, por ejemplo, que pueden decir que de alguna manera sí ha ayudado a la industria, porque ha convocado la inversión extranjera en el país. Sin embargo, ese decreto lo estuvieron esperando durante meses y lo vino a firmar en medio de una pandemia, cuando la gente no puede salir a trabajar, no lo firmó antes cuando todavía había la posibilidad de que empresas extranjeras vinieran a invertir en el país, entonces posiblemente haya gente que crea que sí, pero yo personalmente creo que este señor frente al tema de las industrias creativas se ha quedado en meras promesas de campaña.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Perú, Bolivia y Colombia se han configurado como los países que mayor producción de cocaína han concentrado concentrado en la región, presentando un aumento continuo en los últimos tres años. Lo anterior, representa un panorama contrario a los argumentos del gobierno de Iván Duque, donde se afirmaba que esto se había dado por “la mano blanda del gobierno Santos y del Acuerdo de Paz”. La realidad es que, según lo analizado por el más reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, El tráfico de cocaína de Colombia hacia el mundo, y a pesar de los discursos del Presidente por generar una fuerte estrategia para la erradicación, los datos muestran que en el 2019 se presentaron las cifras más altas de cultivos de hoja de coca: 212.000 hectáreas, precedidas por las 208.000 que se registraron en el 2018, el primer año completo del periodo de Iván Duque. De esta manera se han generado tres escenarios precisos: el alza del dólar que permite que a los campesinos se les pague mejor, el auge del mercado del oro y la coca que potencian las economías ilegales y el aumento de la demanda de droga a nivel mundial. A su vez, este fortalecimiento en las dinámicas de producción y venta de cocaína ha generado problemáticas en los territorios donde se concentran los cultivos y por donde hay mayor flujo de salida de droga hacia otros países, especialmente a Estados Unidos. Lo hallado en el documento muestra que estas son zonas son principalmente el pacífico nariñense, el bajo Putumayo, el Catatumbo y la región del Bajo Cauca antioqueño. Territorios en los que esta situación ha recrudecido la violencia y la presencia de grupos armados ilegales, incluso cuando muchas de estas zonas fueron dejadas por la antigua guerrilla de las Farc, pero que por la desatención estatal fueron copadas por otras estructuras en los últimos años luego de la firma del Acuerdo de Paz dada en noviembre del 2016. De estas regiones solo por el Pacífico colombiano sale alrededor del 70% de la droga, del 85% que se trafica por mar, sólo el 30% se movió por el mar Caribe. Así, el 15% del total fue enviado por vías aéreas, en donde sí hubo una actividad importante en la frontera colombo venezolana. Sin embargo, la información de la Base de Datos Antidrogas Consolidada Interagencial (CCDB, por su sigla en inglés) de los EE. UU. muestran que los flujos de cocaína a través de Venezuela han disminuido desde su pico en 2017. Según los datos de CCDB, la cantidad de cocaína que fluye a través de Venezuela cayó un 13 por ciento de 2017 a 2018, y parecía continuar disminuyendo ligeramente hasta mediados -2019. Asimismo, en el Informe se afirma que, tras la decisión del gobierno de los Estados Unidos de movilizar una fuerza naval militar en el Caribe, cerca de las aguas venezolanas” La estrategia colombiana y norteamericana contra Maduro se basa en el principio de que por allí sale a mayor cantidad de droga que se produce en Colombia. Sin embargo, al revisar los datos del propio gobierno de los Estados Unidos las cosas no cuadran”. El negocio que ha puesto en disputa el Pacífico En esta zona del país históricamente ha habido una mutación en quién lleva la batuta de las dinámicas del narcotráfico. Esto en zonas como Buenaventura, donde según datos del observatorio de drogas de Colombia, hay 987,23 hectáreas de coca, tres laboratorios de clorhidrato de cocaína y cinco infraestructuras de producción primaria. Además, de ser uno de los puntos geográficamente estratégicos para la industria que se mueve por mar. Hasta el 2000 el mercado del narcotráfico en este punto estuvo en cabeza del Cartel de Cali y el Cartel del Norte del Valle, quienes trasportaban la droga hacia Centro América y luego traían el dinero correspondiente a la actividad a Colombia. Luego en el territorio aparecieron los ‘Culimochos’, un grupo de pescadores provenientes principalmente del pacífico Nariñense, quienes trasportaban la droga en lanchas rápidas y barcos pesqueros. Ellos trabajaban para el desaparecido narcotraficante Wilber Varela alias ‘Jabón’, jefe del cartel del Norte del Valle y posteriormente de ‘Los Comba’, creadores de Los Rastrojos. Ahora todo es distinto porque los narcos colombianos ya no tienen el control sobre el negocio, pues fueron desplazados por los carteles mexicanos. Ya no hay grandes capos reconocidos como en las décadas de los 80 y 90. Los jefes locales han tomado una postura de mayor reserva, dejando a los mandos medios y bajos como los responsables de toda la criminalidad asociada al narcotráfico. También, en el transporte se han vinculado personas de los países de tránsito de Centro América como panameños, costarricenses y nicaragüenses, además de los mencionados emisarios mexicanos. Sin embargo, en este punto operan estructuras que dinamizan las órdenes de que vienen desde Centro América directamente al territorio colombiano. Una de estas son las AGC/Clan del Golfo, quienes controlan el 80% de la zona urbana Buenaventura a través del narcotráfico trasnacional con el Clan Bustamante y del microtráfico a cargo de la banda subcontratada ‘La Local’, quienes a su vez son los responsables de la seguridad privada de los miembros del Clan Bustamante y de realizar extorsiones a comerciantes y empresarios del territorio. Allí también opera el Clan de los Estupiñán Montaño, un grupo de narcotraficantes asociados con el Cartel de Sinaloa y los Grupos Armados PostFarc (GAPF), dirigido desde Centro América por Jair Estupiñán Montaño, alias ‘Pecueca’, exguerrillero del Frente 30 de la antigua guerrilla Farc. Además del ELN, quienes son uno de los grupos con mayor control en los cultivos de hoja de coca y laboratorios de producción de esta droga, que tiene alianza con los GAPF: Columna Móvil Jaime Martínez, La Fuerza Unida del Pacífico y Los Defensores del Pacífico en la ciudad, mientras que en los ríos Naya y Yurumanguí son enemigos en disputa. Según el informe de la Fundación Paz y Reconciliación: Todas se dedican al envío de droga hasta Centro América a través de lanchas rápidas, por lo cual ejercen de manera constante robos de embarcaciones y motores 200 en adelante, a los transportadores que se mueven por esa región. Adicional, en municipios como Tumaco, que para el 2018 registraba 16.046 hectáreas de coca cultivadas, ha habido constantes incumplimientos del Estado en lo que le correspondía en la implementación de lo pactado en el Acuerdo de Paz. Una de estas faltas es la no realización de los pagos mensuales a las familias inscritas en el PNIS, además el afianzamiento de programas guiados a la erradicación forzada y el abuso de la Fuerza Pública en estas zonas. La presencia de grupos armados ilegales como ‘Los Contadores’, una de las bandas narcotraficantes más fuertes del país que cuenta con casi 200 integrantes, liderada por alias ‘Contador’ capturado el pasado mes de febrero. También del Frente Oliver Sinisterra y las Guerrillas Unidas del Pacifico, estructuras que han sido el apoyo armado del Cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Hablamos con el subdirector de Pares, Ariel Ávila, uno de los autores del informe El tráfico de cocaína de Colombia hacia el mundo, quien además dio algunos conceptos del contexto en el que sale este documento. Pares: En los últimos años ha habido un incremento en el porcentaje de cocaína que sale de Colombia ¿la pandemia que atraviesa varios países, entre esos Colombia y Estados Unidos, afecta o fortalece las dinámicas de este negocio? Ariel Ávila: Nadie sabe qué va a pasar en el mercado de la droga con el tema del Coronavirus. Hay algunos hechos que son referentes a un marco de análisis. Primer hecho, el precio del dólar subió y en teoría eso llevaría a que los cultivos se incentiven porque pagan mejor la pasta base a los campesinos. Segundo, si Estados Unidos llega a declarar cuarentenas muy fuertes se va a bajar el consumo de droga y eso haría caer los precios, por tanto, eso sería una posibilidad de que se desincentiven algunos cultivos de coca en la medida que se baja la demanda; la ley de la oferta y la demanda. Pero nadie sabe en qué porcentaje eso puedo pasar, cuánto inventario hay por parte de los dealers en Estados Unidos. Pares: ¿Específicamente en el Pacífico colombiano qué ha pasado con la implementación del PNIS? A.A: El problema que tenemos es que allá se está gestando la nueva ola de violencia que hay en toda Colombia después de Proceso de Paz. Allí tenemos una reconfiguración criminal, donde hay presencia de organizaciones criminales; una veintena de ellos, metro a metro. La implementación no se ha cumplido, ni el PNIS. Además, donde el Estado lo hubiera querido cumplir no hubiera podido. Es decir, la presencia de organizaciones es tan fuerte que difícilmente cualquier proceso de sustitución hubiese dado alguna de posibilidad. Pares: Desde el Gobierno Nacional y de entidades internacionales, ¿qué se ha adelantado para atender el flujo de droga que sale por la costa pacífica nariñense y caucana? A.A: En el tema del flujo de drogas lo que se ha hecho es la política normal de guerra contra las drogas; erradicación, incautaciones, operativos en el Pacífico, hace poco encontraron toneladas de droga en toda esta zona. Es la misma política, eso no ha variado hasta el momento. Pares: ¿Cómo se podrían interpretar las decisiones de Trump frente a Venezuela, teniendo en cuenta el panorama que se plantea en el informe donde se dice que la salida de droga por este país bajó sustancialmente desde el 2017? A.A: Las decisiones del presidente Trump hacia Venezuela tiene muchas posibilidades de interpretación; elecciones en Estados Unidos, el tema de poder de Rusia y China. Pero lo único claro es que la lógica de militarizar el Caribe por el tema del tráfico de drogas es que los propios datos del Estado norteamericano no dicen eso. Lo que se dice es que de todo el número de eventos de tráfico de drogas que se da de forma marítima el 70% es por el Pacífico y el 30% por el Caribe, es decir si hubiera que militarizar algo es el Pacífico y no el Caribe.

Por: Juan Camilo Rodríguez Guerra. Investigador Pares. El fin de semana pasado tres exguerrilleros en proceso de reincorporación fueron amenazados de muerte en Frontino, Antioquia. Este municipio del occidente del departamento sufre la confrontación entre el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional, grupos que se disputan el control de las rentas por el negocio del narcotráfico. Los tres exguerrilleros tendrán que desplazarse forzadamente junto a sus familias luego de que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -también conocidas como Clan del Golfo- los amenazaran en el marco de la confrontación. Las amenazas ocurrieron en un Nuevo Punto de Reagrupamiento (NPR). que congrega a alrededor de 30 exguerrilleros y algunas de sus familias. Allí se han consolidado varios proyectos productivos que se encuentran en funcionamiento y que se articulan armónicamente a los proyectos de comunidades indígenas y campesinas con las que conviven en el corregimiento La Blanquita. Ahora, la mayor preocupación es que por causa de la estigmatización de estructuras armadas, el grupo de exguerrilleros tenga que abandonar todo el trabajo realizado, una situación que ya se vivió en el municipio de Ituango (Antioquia) hace exactamente dos meses. Para evitar que esto ocurra, es urgente que el Gobierno Nacional, en coordinación con la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Frontino, garantice condiciones de seguridad en la vereda Murrí, donde se encuentra el NPR. Por ahora, las 14 personas tuvieron que ser trasladadas al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en Dabeiba, Antioquia. Una lucha por el territorio La confrontación entre Clan del Golfo y ELN se agudizó a raíz de la desmovilización de las FARC-EP, que hacían presencia en Frontino mediante el Frente 34. La escasa presencia institucional permitió que el ELN se expandiera a zonas rurales del municipio que, a su vez, fueron vistas como una oportunidad para el Clan del Golfo, que ya contaba con una presencia consolidada en zonas urbanas y rurales. La lucha por el dominio de ciertas zonas ha generado graves afectaciones a las comunidades presentes en el territorio. Se han reportado reclutamientos forzados, instalación de minas antipersona, confinamientos, así como desplazamientos forzados. El 10 de marzo de este año, dos menores de edad indígenas fueron asesinados por dos minas antipersona presuntamente instalada por el ELN. Un mes atrás, 28 integrantes de dos resguardos indígenas tuvieron que desplazarse por los incesantes combates, que usan a las comunidades como escudo y luego son amenazadas por pertenecer a uno y otro bando. La situación es insostenible y se exigen garantías para que el proceso de reincorporación siga su camino y las comunidades dejen de estar expuestas al olvido y a la muerte.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Ya se cumple la tercera semana de aislamiento preventivo obligatorio en el país después de conocerse el primer contagio el 05 de marzo. A hoy, según datos del Ministerio de Salud, se registran 1.579 casos, 46 muertes y 88 recuperados. Estas cifras y el tiempo que se cumple en cuarenta han llevado a varias conclusiones tanto de carácter sanitario como social, político y económico. Por un lado, la pandemia ha resaltado que en Colombia nos aquejan problemas que no son portada en los medios todos los días, pero que están tan vigentes y agitados que hoy con el virus nos piden que volteemos la mirada con urgencia. Por un lado, una crisis carcelaria que con los años ha dejado un hacinamiento que ronda un 53% y que tras el asesinato a 23 privados de la libertad y una constante exigencia para que se implementen medidas concretas para el tratamiento del Covid-19, las respuestas y acciones institucionales solo han generado más dudas que certezas. A esto se le agrega la ausencia de un plan de contingencia que atienda las situaciones con la población migrante, con los trabajadores informales, las trabajadoras sexuales, los habitantes de calle, los desempleados y en general, los sectores que se ven más vulnerables con la pandemia. Sin dejar de lado, las poblaciones de los territorios más afectados por la presencia de grupos armados ilegales, donde hoy el confinamiento se da tanto por el virus, como por la violencia que se recrudece y que amenaza los liderazgos y a quienes le han apostado a la paz. A esto se le suma la prioridad a lo económico, en lo que han caído algunos empresarios y dirigentes políticos. Por otra parte, está la actual situación del sistema de salud que desde muchos sectores se ha alertado de la necesidad de contrarrestar el número de contagios, pues con escenarios como los de España, Italia, Estados Unidos o, el más cercano, el de Ecuador, Colombia no tendría la capacidad estructural de dar atender la emergencia. Pruebas vs número de contagios Sin embargo, dadas las medidas de contingencia se ha hablado de una disminución del crecimiento de afectados por el virus. Según lo informado por la Revista Semana el 04 de abril: Si no se hubiera hecho la cuarentena y la tasa se hubiese mantenido, el número de infectados al cierre de esta edición sería del orden de 22.211 personas. Con el encierro de la población, la tasa de crecimiento de infectados bajó del 47 al 13 por ciento diario. Eso explica que el viernes pasado el total de infectados en el país llegó a ser de 1.267 y no los más de 22.000 que hubieran podido ser. Es decir, 17 veces menos de lo que hubiera sido sin cuarentena. Según el Instituto Nacional de Salud (INS) al 02 de abril se habían realizado alrededor 20.000 pruebas para diagnosticar Covid-19, es decir, cerca de 400 pruebas por cada millón de habitantes. Agregado a esto también afirmaron que se cuenta con 40 laboratorios capacitados, entre los que se encuentran los de universidades públicas y privadas, además de organizaciones de salud privadas, en donde se podrían realizar cerca de 15.000 pruebas diarias. Asimismo, el Gobierno anunció el 25 de marzo la compra de 700.000 test de primer filtro que funcionarían para agilizar la entrega de resultados. Estos provendrían del laboratorio Abott a partir del 13 de abril. Sin embargo, estas estrategias han estado atravesadas por varias dificultades. Por una parte, es necesario enfatizar en la urgencia de que estas pruebas y laboratorios, además, de las camas de UCI y los respiradores, estén adecuados en todos los territorios, no solo en las ciudades y en los departamentos más centrales. Llama la atención que, en zonas como el Chocó, donde no se han registrados contagios, solo haya 24 camas de UCI, que estas sean del sector privado y que además ya estén en uso. En este departamento urge una atención priorizada por sus indicadores de mortalidad, morbilidad, socioeconómicos, demográficos, de factores de riesgo y determinantes de salud, donde además no existe un hospital de tercer nivel, para los cerca de 516 mil habitantes. Solo se cuenta con un hospital de segundo nivel, seis hospitales de primer nivel y seis clínicas particulares que ofrecen tres unidades de cuidados intensivos. Con este contexto, ¿en realidad no habrá ningún caso de contagio? O, por el contrario, ¿lo que no hay son recursos para poder determinarlo? Adicional a esto, otro de los contextos que rodea la discusión del total de contagiados registrados a hoy son los problemas técnicos que informó el INS de una máquina de extracción de ácido nucleico, lo que representó una notable baja en los casos registrados entre el 26 y 27 de marzo, pues el 25 de ese mes se habían realizado 838 pruebas y detectado 92 nuevos pacientes con Covid-19 y al día siguiente se pasó a 452 pruebas y 21 casos positivos nuevos. Una reducción de casi el 50%. Esta máquina que puede diagnosticar 100 pruebas en una hora y quince minutos estaba demandando mayor trabajo de los virólogos y dado esto hay un retraso de casi una semana con los resultados, a pesar de que el equipo fue reparado el 28 de marzo. Demora en la entrega de resultados Igualmente, este fin de semana desde varios puntos del país se hicieron llamados de atención ante la demora en la entrega de resultados. Dos de estos hechos se registraron en Bolívar y Caldas, donde se informó que se habrían enviado alrededor de 300 pruebas en cada departamento entre el 25 de marzo y el 05 de abril, de las cuales no se tenían resultados, lo que afectaría directamente la toma de decisiones para tratar posibles casos, prevenir su propagación y establecer medidas en las regiones. Por otra parte, el INS también ha denunciado que las pruebas que se vienen realizando están siendo manipuladas de manera inadecuada, a su vez los rótulos no están siendo diligenciados correctamente y hay errores en los protocolos establecidos para el traslado de estas, por ejemplo, no se está respetando la cadena de refrigeración que las pruebas requieren. Con este panorama cerca de un 80% de las pruebas que llegan al Instituto no cumplen los requerimientos para poder ser estudiados de manera efectiva. Ante este panorama, el Procurador General, Fernando Carrillo, dijo en entrevista con el diario El Heraldo: En Colombia, hasta el día de hoy, hemos hecho muy pocas pruebas diagnósticas y no podemos dejar que siga pasando el tiempo sin tener los números reales porque para tomar decisiones de Estado se necesitan cifras y el ministro de Salud está manejando datos de hace una semana y eso es complicadísimo. No sabemos con certeza si los datos de hoy son cifras reales, seguramente hay muchos más contagios porque hemos hecho muy pocas pruebas. Ante esto es necesario reclamar respuestas oficiales a preguntas como: ¿Qué efectividad pueden llegar a tener medidas como el llamado aislamiento inteligente cuando es probable que en la cifra total de contagios falten casos por contar y contextos por tener en cuenta? ¿A quién le vamos a reclamar una cifra real cuando hasta el INS ha reportado las irregularidades en los procesos de diagnóstico?

Por: Natalia Aguilar Salas. Colaboradora Pares. Este lunes 6 de abril, la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia dio a conocer varios avances frente a la pandemia del COVID-19 que se han llevado a cabo en sus instalaciones. El principal avance que presentó el trabajo de los investigadores fue el cultivo del Sars-CoV-2 o Coronavirus en un laboratorio de la universidad. Después de dos semanas, los investigadores lograron hacer el aislamiento del Sars-cov-2. El logro consiste en cultivar el virus en un tubo de ensayo en un laboratorio mediante temperatura ultrabaja para evitar mutaciones. Esto significa que podrían tener la capacidad de inhibir la replicación del virus con el fin de establecer nuevas terapias para aplicar durante la pandemia. Es decir, pueden testear la efectividad de los medicamentos para tratar de encontrar una cura contra el COVID-19. Protocolos de limpieza contra el virus El segundo avance es el desarrollo de protocolos para poder eliminar el virus de los equipos que se están utilizando en la atención a los pacientes, de la ropa que usa el personal de salud durante la atención, y ya teniendo el virus en el laboratorio, se puede utilizar para mejorar los protocolos y bloquear la transmisión de este. Estos logros abren muchas puertas para la investigación ya que permiten evaluar sustancias, descontaminar material quirúrgico, al igual que la investigación básica. Quienes asumieron la vocería del equipo de expertos fueron Jhon Jairo Arboleda Céspedes, rector de la universidad, María Teresa Rugeles, Carlos Alberto Palacio y Carlos Mario Guisao quienes hacen parte del equipo de investigadores del grupo de Inmunovirología de la Facultad de Medicina. Al tener conocimiento de la cepa original, ahora lo pueden comparar con el que se encuentra en Medellín, y eso permite una investigación básica de la velocidad de cambio del virus, velocidad de mutación y el tiempo que está tomando la población viral para multiplicarse o duplicarse. Otro logro importante del desarrollo es lo que pueden lograr desde el diagnóstico de los reactivos, es decir, el hecho de tener el virus en el laboratorio permite evidenciar qué reactivos son los más adecuados para tratarlo. Existen cuatro niveles de seguridad biológica, y los laboratorios comunes trabajan con seguridad 2, mientras que el laboratorio de la UdeA es de nivel 3 y se clasifica como BCL3. Hace tres años importaron trajes de seguridad de la universidad de Texas y los recursos los han tomado de otros proyectos que venían en marcha, ya que no han tenido ningún tipo de financiamiento para adelantar proyectos en relación con el Covid-19. Se debe aclarar que el Instituto Nacional de Salud creó una secuencia por medio del RNA o núcleo del virus, la cual es una manera de extracción para duplicar las secuencias,es decir las características especiales que componen el virus. Sin embargo, a partir de este método no se pueden hacer las evaluaciones y experimentos que si se pueden realizar con el método utilizado por los investigadores de la UdeA. Colombia necesita mayor presupuesto para ciencia y tecnología, sin embargo con rigor e inteligencia los investigadores de la universidad de Antioquia están dando un paso adelante para guiar a los científicos, investigadores y académicos colombianos. Finalmente, el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación se tornan cada vez más importantes y necesarios, sobre todo en situaciones de alto riesgo, donde el actuar de manera temprana puede salvar millones de vidas y evitar una catástrofe sanitaria.