Por: Redacción Pares La estrategia colombiana y norteamericana contra Maduro se basa en el principio de que por allí sale la mayor cantidad de droga que se produce en Colombia. Sin embargo, al revisar los datos del propio gobierno de los Estados Unidos las cosas no cuadran. Los datos de CCDB de los EE.UU muestran que los flujos de cocaína a través de Venezuela han disminuido desde su pico en 2017. Según los datos de CCDB, la cantidad de cocaína que fluye a través de Venezuela cayó un 13 por ciento de 2017 a 2018, y parecía continuar disminuyendo ligeramente hasta mediados -2019. Según este último informe de Pares, El tráfico de cocaína de Colombia hacia el mundo, queda claro que el gran problema del tráfico de cocaína está en el Pacífico colombiano, lugar donde actualmente se vive la ola de violencia más grande del país, cerca de una veintena de organizaciones criminales y grupos armados ilegales se disputan metro a metro el control territorial de esta región. Tres noticias sobre la ruta de la cocaína En los últimos días se han presentado tres noticias importantes sobre la dinámica del mercado del narcotráfico en Colombia. La primera, se dio a principios del mes de marzo: en un documento, la Casa Blanca manifestó que los cultivos de hoja de coca en Colombia habían pasado de 208 mil hectáreas en 2018 a 212 mil hectáreas en 2019. Así las cosas, a pesar de todos los esfuerzos del gobierno Duque, la cifra no disminuyó. La segunda noticia se conoció en las últimos días: básicamente, la dirigencia del oficialismo venezolano fue acusada de narco terrorismo y se ofreció precio por su cabeza desde Washington. El tercer hecho, fue la decisión del gobierno de los Estados Unidos de movilizar una fuerza naval militar en el Caribe, cerca de las aguas venezolanas. Encuentre todos los datos y cifras en el siguiente informe: Encuentre aquí el informe completo

Por: Paola Andrea Perdomo. Investigadora Nacional Pares. Mientras el COVID-19 paraliza ciudades y economías, las acciones bélicas y la violencia contra la población civil por parte de los actores armados en Colombia continua. En lo corrido del 12 de marzo, cuando fue declarada la emergencia sanitaria, al día de hoy, ha habido un total de 31 acciones bélicas y 35 hechos de violencia contra la población civil, 16 y 22 de los cuales han ocurrido pasados casi 15 días de la implementación de las medidas de cuarentena en todo el país. Estos se han concentrado principalmente en departamentos como Norte de Santander, Cauca y Putumayo y Meta. Y aunque no se trata de una escalada de la violencia durante la pandemia, no existe un cese completo de estas actividades, lo cual no es un asunto menor. Sumado a la incertidumbre que genera el estado de alarma por la pandemia, la población en estas zonas del país sigue en constante temor y vulnerabilidad. Por ahora, continúan los asesinatos selectivos y atentados contra líderes sociales y personas en proceso de reincorporación, las amenazas, los secuestros y los enfrentamientos armados, entre otros. En los 25 días que lleva la emergencia sanitaria, han sido asesinados 6 excombatientes en proceso de reincorporación (Chocó, Putumayo, Meta, Caquetá y Tolima) y seis (6) líderes sociales (Bolívar, Putumayo, Cauca): dos (2) líderes indígenas, una lideresa y tres (3) líderes sindicales. El último de ellos, Hamilton Gasca, fue asesinado en la vereda La Consolata, en Piamonte (Cauca), a la madrugada del sábado 4 de abril junto a sus dos hijos menores de edad, su esposa se encuentra desaparecida. Además se han reportado confinamientos y hostigamientos en Chocó, Nariño y Cauca. Ayer, 5 de abril, La Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del Departamento del Chocó y la Asociación Orewa, en conjunto con las autoridades de los pueblos Embera Dobida, Katío, Chamí y Guna Dule, denunciaron enfrentamientos entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el Resguardo Pichicora Chicué Punto Alegre-Rio Chicué en Bojayá, Chocó, desde la mañana del 3 de abril. “Como medida de contención de la pandemia Covid-19 en la cual la población Embera se disponía a cumplir en su resguardo este llamado nacional y que la situación forzosa por la cual atraviesan, los obligó a abandonar sus hogares y refugiarse en medio de la densidad de la selva. Muchas familias continúan allí dentro del fuego cruzado…” Comunicado del 5 de abril de Fedeorewa y la Asociación Orewa. https://www.facebook.com/minga.indigena/videos/2546582675658135/?__tn__=%2CdC-y.g- Comunidades amenazadas Las comunidades de estos territorios temen que haya un afianzamiento militar de los actores armados ilegales o por parte de la fuerza pública, a través del aumento de la militarización en estos territorios y en el acrecentamiento de objetivos a dar de baja, a propósito del control a las medidas de aislamiento. Por un lado, los grupos armados ilegales, como el ELN, Clan del Golfo y grupos armados PostFarc se han pronunciado sobre la emergencia sanitaria y las medidas de cuarentena, haciendo un llamado intimidante a respetarlas, anunciando así a través de panfletos: Toques de queda obligatorios, a excepción de situaciones de emergencias de salud o funerales. “Las personas que sean sorprendidas divagando por las calles, las vías o en cualquier otro lugar donde pueda ser contagiado nos veremos en la obligación de darle su merecido castigo./ las personas que sean portadores del virus COVID 19, y no se hayan auto aislado y anden propagando dicha enfermedad, tendrán su castigo revolucionario” Frente de guerra Jaime Toño Obando del Ejército de Liberación Nacional. “No queremos que ninguna persona entre y salga de los lugares donde se encuentran ya que queremos evitar que esta pandemia COVID-19 o coronavirus se extienda ni llegue a nuestros municipios y veredas […] Habrá toque de queda obligatorio en todo el departamento. Todo que esté deambulando en las calles no responderemos por sus vidas. Solo podrán transitar los profesionales de la salud…” Bloque Córdoba de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Cierre de todo tipo de establecimientos, a excepción de graneros o lugares de abastecimiento de alimentos y droguerías. “Cierre total de peluquerías, billares, cantinas estancos,, ferreterías, ventas de celulares y electrodomésticos, almacenes, ventas ambulantes, insumo agrícolas. Los restaurantes y ventas de comida solo se le permitirá venta a domicilio. Las estaciones de servicio o bombas de gasolina, solo podrán distribuir combustible de 6am hasta las 12 de medio día, durante los días lunes, miércoles y sábados.” Frente 33 Mariscal Sucre (Grupo armado PostFarc). Advertencias a entidades bancarias y prestamistas gota a gota para que detengan el cobro de pagos a la comunidad. “Entidades bancarias abstenerse de cobrar cuotas bancarias. Prestamistas o gota gotas parar sus cobros hasta el día 30 marzo con fines que las personas que subsisten del diario vivir puedan hacer sus compras para cualquier cuarentena” Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa del Ejército de Liberación Nacional. Amenazas por desobediencia a las medidas de aislamiento. “El no hacer caso al llamado con la intención de salvar muchas vidas, las suyas serán las que rendirán cuentas ante ELN evitemos una calamidad tan grande…” Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa del Ejército de Liberación Nacional. “Evitemos males a nuestros seres queridos por las buenas o por las malas” Bloque Córdoba de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. “Hacemos un llamado para advertir y concientizar de que no estamos preparados por si el virus llegase a esta zona, por lo cual nos vemos obligados, personas que se encuentren por fuera de sus casas a partir del horario anunciado anteriormente serán objetivo militar”. Frente Oliver Sinisterra (Grupo armado PostFarc). El papel de la Fuerza Pública Por otro lado, la Fuerza Pública también es una fuente de temor para muchas comunidades. Sucede así en zonas de concentración de cultivos de coca, como en el municipio de Sardinata (Norte de Santander) con un total de 5,487.34 hectáreas de cultivos de coca, donde las familias que se acogieron al proceso de sustitución voluntaria, en el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), temen que esta sea la oportunidad del gobierno para avanzar en las actividades de erradicación forzada iniciadas el 11 de marzo, un día antes de la declaración de la emergencia sanitaria por el Covid-19 decretada por el gobierno. A mediados del mes de marzo organizaciones sociales del Catatumbo alertaron de las acciones de protesta que tuvieron que adelantar campesinos en el municipio de Sardinata, pasando por alto la medida de evitar aglomeraciones, a causa de la presencia de Fuerza Pública que adelantaba acciones de erradicación forzada en el territorio. Durante esta operación, el 26 de marzo, el Ejército Nacional de Colombia disparó contra Alejandro Carvajal dejándolo sin vida. Se trataba de un joven campesino de 20 años de edad de la vereda Santa Teresita, corregimiento La Victoria (Sardinata), quien se encontraba apoyando el asentamiento que había sido instalado por varios campesinos para oponerse a la erradicación forzada que adelantaban los militares. El hecho que el Ejército, a través de un comunicado oficial, denominó “incidente ocasionado, al parecer, por un integrante de la unidad militar [en el que] muere un habitante de la región”, es hoy materia de investigación por homicidio culposo. Según ASCAMCAT y COCCAM, este ocurrió luego que el Ejército amenazara con abrir fuego a las personas que se encontraran en los asentamientos campesinos y se opusieran a la erradicación forzada que se desarrollaba desde el pasado 11 de marzo. En el marco de este complejo escenario las comunidades siguen a la espera de un gesto humanitario por parte de todos los grupos armados. Organizaciones sociales, ONGs nacionales e internacionales, sectores políticos, entre otros, han hecho un llamado al cese de estas actividades. Las organizaciones ANZORC, MOVICE, ONU, MAPP-OEA, movimiento civil Defendamos la Paz, Corporación Jurídica Yira Castro, entre muchas otras, han manifestado su repudio ante la persistencia de los hechos de violencia y han hecho un llamado a cesar todo tipo de acciones contra la población civil, la infraestructura y el medio ambiente, permitiendo así a las comunidades y autoridades concentrarse en las acciones frente a los desafíos y amenazas que supone el COVID-19. En este sentido, el anuncio del 30 de marzo del ELN en el que declara un cese unilateral activo, entre el primero de abril y hasta el 30 del mismo mes, es un gesto frente a la crisis generada por la pandemia que ha sido muy bien recibido entre comunidades, sociedad civil y la comunidad internacional. Representa además la oportunidad para seguir avanzando en el camino de retomar el Diálogo de Paz entre esta guerrilla y el gobierno nacional, sobre todo después que este último nombrara de nuevo a Gerardo Bermúdez, mas conocido como “Francisco Galán”, y Carlos Velandia o “Felipe Torres”, exmiembros del ELN, como gestores de paz. Algunos otros grupos armados ilegales han hecho circular comunicados, de los que no es confirmada su oficialidad, en los que manifiestan su disposición a cesar acciones para no acrecentar la crisis humanitaria, tal como lo ha hecho el Ejército Popular de Liberación (EPL), mejor conocidos como Pelusos, quien ha señalado estar dispuestos a suspender la confrontación armada que sostiene hace ya tres años con el ELN, en el marco de la expansión a zonas de antiguo control de las extintas FARC-EP y el control de las principales rutas de transporte de insumos para el procesamiento de la pasta de coca y clorhidrato de cocaína en la subregión del Catatumbo. En este sentido, de manera urgente e inmediata Presidente, las comunidades siguen a la espera que el gobierno atienda sus obligaciones y deberes de protección y garantía de derechos de las comunidades que se encuentran en medio de esta confrontación armada, a través de respuestas y medidas que no configuren un mayor riesgo para la población civil y en las que se busque una salida dialogada al conflicto.

Por: Redacción Pares Expertos y expertas de derechos humanos de la ONU urgieron hoy a los Estados a evitar extralimitar medidas de seguridad en sus respuestas al brote de coronavirus y les recordaron que los poderes extraordinarios en situaciones de emergencia no deben ser utilizados para anular el disenso. “Si bien reconocemos la severidad de la actual crisis de salud y que el uso de los poderes extraordinarios en situaciones de emergencia está permitido por la ley internacional en respuesta a amenazas significativas, urgentemente recordamos a los Estados que cualquier respuesta de emergencia al coronavirus debe ser proporcionada, necesaria y no discriminatoria,” dijeron los expertos y las expertas. Su llamado hace eco del reciente llamado de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos de poner los #DerechosHumanos en el centro de la respuesta ante #BroteDeCoronavirus. Las declaraciones de estados de emergencia, ya sean por razones de seguridad o de salud, tienen claras guías en el derecho internacional, dijeron los expertos y las expertas. “El uso de poderes extraordinarios en situaciones de emergencia debe ser declarado públicamente y debería ser notificado a los órganos de tratado correspondientes cuando derechos fundamentales, que incluyen el movimiento, la vida en familia y la asamblea, se vean significativamente limitados.” No puede haber una acción represiva “Más aún, las declaraciones de emergencia basadas en el brote de Covid-19 no deberían ser usadas como base para atacar grupos particulares, minorías o individuos. No debería funcionar como acción represiva bajo la apariencia de proteger la salud ni debería ser utilizado para silenciar el trabajo de quienes defienden derechos humanos. “Las restricciones definidas para responder al virus deben estar motivadas por objetivos legítimos de salud pública y no deberían ser utilizadas solamente para anular el disenso.” Algunos Estados e instituciones de seguridad podrían encontrar atractivo el uso de los poderes extraordinarios en situaciones de emergencia pues ofrece atajos, dijeron los expertos y las expertas. “Para prevenir que dichos poderes excesivos se incrusten en los sistemas legales y políticos, las restricciones deberían ser adaptados a la medida y deberían ser lo menos intrusivas posibles al tiempo que protejan la salud pública.” Finalmente, en países donde el virus vaya en declive, las autoridades deben buscar regresar a la normalidad y evitar el uso excesivo de los poderes en situaciones de emergencia para regular indefinidamente la vida cotidiana, dijeron. “Alentamos a los Estados a permanecer firmes en mantener un enfoque de derechos humanos para regular esta pandemia, para favorecer el surgimiento de sociedades sanas, con base en el Estado de Derecho y protecciones de derechos humanos,” dijeron los expertos y las expertas de la ONU.

Por: Carlos Castelblanco Pinedo – Redacción Pares «En esta crisis tan grande las mujeres se están volviendo las prestadoras, no solamente de salud, sino de educación. Hay muchos niños que se están quedando por fuera de la educación porque no tienen internet, no tienen forma de acceder, entonces ¿quiénes están asumiendo ese rol? las mujeres ¿quién les está pagando por eso? nadie, no lo está reconociendo nadie. De esto va a salir algo muy importante y es que ese trabajo inmenso que han hecho las mujeres, que es el del cuidado y esa es una lucha de más de 40 años de las mujeres que ahora y en el futuro tendrá que ser muy valorada.» Pares habló con Cecilia López Montaño, economista de la Universidad de Los Andes y actualmente Presidenta de la Fundación Centro Internacional de Pensamiento Económico y Social -CISOE. Senadora de la República 2006-2010, Embajadora en Países Bajos, ministra de Medio Ambiente, de Agricultura, directora de Planeación Nacional. Columnista de Portafolio, El Tiempo, El Heraldo, y otros medios. Ha sido consultora en organizaciones de desarrollo internacional como UNICEF, PNUD, IPPF, El Banco Mundial, BID y Cepal. Pares: ¿Cuál es su concepto sobre un dilema en el que esta situación de pandemia mundial nos ha puesto a todos, especialmente a los líderes y a los gobiernos: la vida o la economía? Cecilia López Montaño: Aquí hay una manera de resolver ese dilema, pero implica replantear lo que han sido los principios de la política económica que ha dominado las últimas décadas, sobre todo en América Latina. En este momento lo más importante es la gente y la gente en términos de salud. Ya sabemos que lo único que tenemos disponible es el aislamiento pero eso tiene unas implicaciones económicas. Sin embargo, si a la gente se le garantiza lo necesario para vivir, la crisis económica no es tan profunda porque las personas van a demandar bienes básicos que van a reactivar ciertos sectores de la economía. Claro, otros sectores se van a paralizar ¿quién tiene que asumir eso? lo tiene que asumir el Estado, es decir, aquí la única posibilidad de que la gente reciba ingresos y que esos ingresos dinamicen algunos sectores de la economía y la gente no se muera de hambre es que el Estado en cada país se endeude hasta el alma, porque es el Estado el que tiene la posibilidad de recuperar después esos recursos a través de impuestos. Pero si la idea que están vendiendo los economistas neoliberales, que son los que manejan entre otras cosas la política económica en este país, es que hay que proteger a la industria, nadie garantiza que eso le va a llegar a la gente, y si no le llega la gente nadie va a demandar ni siquiera los recursos básicos para sobrevivir. Así, ni se reactiva una parte de la economía, ni se le preserva el derecho a la vida a la población. Pares: Hay economistas y analistas que han dicho que hay que proteger, blindar en estos momentos al sistema bancario para poder proteger al aparato productivo de la Nación ¿es así? C.L.M: Mire, la plata que tienen los bancos es la plata de la gente, es decir, si se quiebra el sistema bancario se pierde la plata de la gente. Pero eso no quiere decir que no se actúe y no se reconozca que el sistema bancario también ha abusado en algunos momentos y cobra por servicios que no tenía que cobrar. Pero una cosa es que el Estado no regule eso y otra cosa es que no se reconozca que la plata de los bancos es la plata de las personas. Cuando se protege y se impide que los bancos se quiebren, en el fondo se está protegiendo la plata de todos. Una quiebra del sistema financiero es una quiebra del dinero de las personas. Pares: ¿Qué papel pueden desempeñar el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en esta crisis mundial? C.L.M: En este momento su función debe ser la de ayudar prestándole plata a los gobiernos. Hoy, el único que tiene la capacidad de resolver este problema de darles los ingresos básicos a la gente en los países sin los Estados, los gobiernos, entonces los organismos internacionales deben financiarlos a ellos. Los gobiernos son los únicos que tienen los mecanismos para poderle pagar al Fondo Monetario o a todos los otros mecanismos que usan para financiarse a través de impuestos, y vendrá después de esto un replanteamiento del sistema impositivo, sobre todo en países como Colombia donde el precio de los impuestos sobre el PIB es muy bajo, aún antes de esta crisis. En Colombia las personas ricas y las empresas muy ricas, como lo ha demostrado el analista Luis Jorge Garay, no pagan impuestos y además el Gobierno les da subsidios. Por ejemplo ¿cómo es posible que en esta crisis esos sectores a los cuales el gobierno y la ley de financiamiento le entrega un punto casi del PIB en subsidios, no han dicho que por favor se olviden de eso para financiar al gobierno? ¿Dónde está la generosidad de las grandes empresas de este país?. Entonces los gobiernos tendrán que endeudarse con los organismos internacionales porque son ellos los que tienen que suministrar los recursos para que la gente reciba ingresos. Si se reactiva el sector de productos básicos y esas industrias tienen la manera de producir, habrá otras que por lo menos el Estado tendrá que financiar y ayudar para que la gente pueda seguir teniendo esos ingresos. Pares: ¿Cómo ve el panorama económico en unos meses? C.L.M: Aquí todo el mundo se va a empobrecer, todos, hasta los más ricos. Lo importante es que un sector muy amplio de la población, que puede ser fácilmente el 30 y 40% de la población, no sufra de física hambre. Inclusive, la gente que tenía órdenes de prestación de servicios, a muchos de ellos trabajadores del Gobierno, no se les renovarán los contratos y es un riesgo muy alto que no tengan los recursos básico para sobrevivir; además, habrá empresas que no van a resistir. Ese va a ser el costo que nos va a tocar pagar a todos. ¿Cuánto de eso se recupera? es muy difícil de prever, pero surgirán cosas nuevas. Por ejemplo, el mundo no ha hecho sino subestimar el cuidado que las mujeres prestan gratuitamente. Si hoy tuviéramos un sector del cuidado que tuviera y se reconociera como productivo, que hubiera entrenado gente para ayudar al sector salud, todo el techo no le estaría cayendo a ese sector. Tenga la seguridad que el cuidado va a ser una nueva actividad que genere bienestar, pero que también va a generar empleo y va a generar una dinámica económica: demanda de bienes que ayuden al cuidado, y así como han surgido otros sectores que no se habían reconocido antes y pueden generar una nueva dinámica. Sin embargo, el mundo no se va a acabar. Lo que se va acabar es el modelo económico, esa idea de que el Estado no es lo importante, que lo importante es el sector privado. El sector privado que pueda responder por la demanda de recursos no tiene cómo recuperarlos después, en cambio los Estados y los gobiernos sí tienen como recuperarlos después con impuestos a toda la población, porque eso sí, a todos nos va a tocar ayudar después de la crisis a reponer el hueco fiscal que se va a crear. Entonces ¿qué va a pasar después? En estos procesos hay empresas que mueren pero surgen otras. Las industrias básicas van a surgir, como le está pasando ahora a la cadena de producción de alimentos, a los que venden medicamentos, a los que producen los equipos médicos que se necesitan, es decir, aquí hay una demanda. Será otro mundo muy difícil de definir en el cual unos perdieron, pero surgirán otras nuevas oportunidades. Pares: Usted sostiene que esta emergencia mundial del COVID-19 es la prueba ácida de la privatización de la salud en Colombia ¿Cómo es ese asunto? C.L.M: Totalmente. Creo, y Estados Unidos va hacer la prueba principal porque es el modelo que compramos, que haber privatizado la salud fue un error craso, gigantesco. Los alcaldes han mostrado en todo el país, en Bogotá, en todas las ciudades, inclusive alcaldes que nunca pensamos que iban a reaccionar, están cogiendo las clínicas que dejó la crisis, por ejemplo de Saludcoop, abandonadas, y las están usando y las están dotando. Esto prueba que las EPS, el modelo de privatizar la salud fracasó, fue un error monumental. Gran parte del drama que vive Colombia hoy es que no tiene las camas necesarias ni para hospitalización normal, ni para cuidados intensivos. Llevamos desde el 1993 con este sistema de salud y ya era hora de que este sistema tuviera las camas necesarias, y mire el desastre. Obviamente esta pandemia ha desbordado a todo el mundo, pero lo que se dice en el mundo y lo que se ha demostrado, es que los sistemas públicos de salud están respondiendo mejor en medio de toda esta avalancha, están respondiendo mejor a la crisis que los sistemas privados y en el caso de Colombia es patético. Hoy en día el Gobierno ya no tiene forma de tener los equipos que se necesitan: primero porque era una salud en donde primaba lo que le importaba a las EPS y no a los pacientes. En este momento hay un déficit de producción de equipos básicos y Colombia no tiene, por ejemplo, ni las camas de cuidados intensivos que se requieren, ni los ventiladores para atender casos críticos. Este es un sistema de salud que lleva más de 20 años, al que se le ha metido mucha plata, pero que ha sido una plata que se han robado. Me parece que lo que está sucediendo en este momento es la prueba de que este país no puede seguir con la salud privatizada. Aquí lo que está en crisis es este modelo neoliberal que se inspiró en el consenso de Washington, y como todos podemos ver, está haciendo agua por todas partes.

Por: Catalina Miranda Aguirre*. Especial para Pares. El mes pasado, la Iniciativa Global Contra el Delito Organizado publicó un análisis que estudia el impacto de la pandemia en el delito organizado. Esta organización estableció cuatro desafíos emergentes: (1) limitación de actividades delictivas organizadas que se demorarán en reconstituirse, (2) creación de una ventana de oportunidad para ampliar actividades delictivas de algunos grupos delincuenciales, (3) riesgos delincuenciales asociados a la salud, especialmente por aquellos grupos ilícitos con experiencia en este sector, y (4) el crecimiento de estafas, fraudes, desinformación y otros delitos informáticos/cibernéticos. En la era del “confinamiento mundial” y la revolución digital, el incremento en los ciberdelitos podría tener dos causales: la primera es la adaptación (y migración) de entidades comerciales y financieras al comercio digital. En Colombia, por ejemplo, aplicaciones como Rappi, UberEats y Domicilios.com han aumentado significativamente su demanda, además de número de restaurantes (sean emprendimientos pequeños o grandes cadenas), supermercados, tiendas de tecnología, entre otras, inscritos en su sistema. De acuerdo con Simón Borrero, cofundador de Rappi: “durante la primera semana vimos un aumento del doble y hasta el triple en los domicilios de farmacias y supermercados”. Así mismo, los bancos están incrementando su soporte en sistemas digitales para realizar cualquier tipo de transacción a través de aplicaciones o canales electrónicos. Este escenario aumentará la cantidad de usuarios en red usando información financiera privada (como números de tarjetas de crédito y sus respectivos códigos de verificación), ampliando el universo de vulnerabilidades ante posibles ataques digitales en forma de programas maliciosos (malwares), capaces de secuestrar información sensible a través de páginas web falsas o alteradas (hijackers), grabando los dígitos y caracteres de cuentas con dinero (keyloggers), aumentando la publicidad invasiva en la navegación de internet (adware), entre otros. Cuidado con la ciberdelincuencia A lo anterior se suma una mayor cuantía en el tiempo de ocio de los individuos, lo cual incrementará la búsqueda de formas de distracción (como películas o juegos) en sitios ilegítimos, o con bajos o nulos sistemas de seguridad informática. Además, el ocio en ciberdelincuentes que buscan ganar a cuesta de esta crisis, está empezando a tener un impacto. La INTERPOL ya ha emitido una alerta por la pérdida de aproximadamente 44 millones de dólares por la compra de suministros médicos ofrecidos en cuentas falsas. Asimismo, el aumento de servicios ilícitos en la Dark Web tenderá a aumentar por la relación entre el ocio y la masificación del uso de internet a causa del confinamiento. Esto repercutirá en la oferta de pornografía infantil, explotación sexual o el suministro de sustancias psicoactivas de uso ilícito, afectando a poblaciones tradicionalmente vulnerables y, posiblemente, a un nuevo grupo de individuos que buscarán la forma de ganar ingresos tras la gran recesión económica y la oleada de despidos que se avecina. Los niños, niñas y jóvenes son población de especial interés en este asunto. El hecho de que las nuevas generaciones hayan nacido en medio de la revolución digital con el “chip” de la tecnología inmerso en su ADN, los hace mucho más vulnerables. Existen muchas razones por las cuales esta población se encuentra más expuesta: el que las escuelas y las universidades estén dando clases virtuales, si bien es una herramienta para no detener la educación, también incrementa exponencialmente el uso del computador y del internet (por lo menos en espacios con facilidad en la conectividad y con la infraestructura básica para proveer este servicio). Nuestra infancia y adolescencia estará más expuesta a recibir información de individuos malintencionados que buscarían engañarlos con fines de explotación sexual, cibermatoneo o extorsión, considerando también que, en muchos de los casos, los agresores de esta población se encuentran en casa. Esto podría favorecer el incremento de su aprovechamiento ilícito con fines económicos. Adicionalmente, pensando en países con una alta población migrante (del Medio Oriente o el Magreb), esta situación podría, inclusive, incrementar las posibilidades de reclutamiento para grupos terroristas o grupos de delincuencia organizada transnacional. Como en su momento lo registró la AFP, en Francia: «dos tercios de las personas que se han autorradicalizado a través de internet no estaban fichadas por los servicios de inteligencia, y los casos prosperan como champiñones, afectando cada vez más a las mujeres». Muchas son las amenazas “secundarias” a la seguridad derivadas de una pandemia, por ello, las autoridades competentes en esta materia, así como la academia y los expertos en estos asuntos, debemos trabajar para observar las mutaciones de la delincuencia organizada en este complejo escenario. Cinco estrategias para mitigar este impacto La primera invitación es crear escenarios posibles y probables, y empezar a pensar en soluciones para prevenir o mitigar el impacto de, por ejemplo, el incremento de los delitos informático/cibernéticos. También para alertar a la ciudadanía y a todos los sectores de la sociedad, sobre las posibles vulnerabilidades que tendremos que afrontar colectivamente. Con el fin de contribuir con propuestas para la protección conjunta y el autocuidado ante el posible aumento de ataques cibernéticos, estas son algunas propuestas, varias recopiladas por el Concejo de Europa: 1. El Gobierno Nacional y las autoridades destinadas para prevenir, combatir y judicializar delitos cibernéticos, deben implementar políticas diferenciadoras que se concentren en población de mayor riesgo, especialmente niños, niñas y adolescentes. 2. De la misma manera, se debe incrementar la capacidad de investigación judicial cibernética y la interoperabilidad con homólogos en otros países; los ciberdelitos no reconocen fronteras. 3. Para fortalecer la toma de decisión basada en evidencia, deben buscarse mecanismos de fomento de la denuncia como el portal ¡ADenunciar! 4. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de evitar la instalación de virus maliciosos que perjudiquen el funcionamiento de nuestros computadores o celulares, o que roben información sensible. Para esto, debemos evitar: descargar archivos provenientes de páginas sospechosas, abrir correos no deseados (spam), ver películas o juegos en internet de sitios poco legítimas, compartir información sensible y personal por medios virtuales, entre otros. 5. También es nuestra responsabilidad verificar la veracidad y las fuentes de cadenas de información que podrían aumentar el pánico en una época crítica para la humanidad. Manténgase informado, pero cerciórese que la información recibida es de instituciones del Estado, organizaciones confiables, o medios de comunicación reconocidos. —————– *Catalina Miranda Aguirre es Internacionalista con énfasis en Historia de la Universidad del Rosario. Cuenta con experiencia en asuntos de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana, y análisis político-internacional.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares En menos de veinticuatro horas se conoció, por un lado, la masacre en Piamonte Cauca en el que el líder social Hamilton Gasca y sus dos hijos Robert (11 años) y Kevin (15años); fueron asesinados. Por otro lado, el asesinato del firmante de paz Carlos Alberto Castillo, en el departamento de Tolima. Entre las horas de la noche y la madrugada de este sábado 4 de abril, hombres armados llegaron hasta la vivienda de Hamilton en la vereda La Consolata, en Piamonte (Cauca), y abrieron fuego en contra de la vivienda. Las versiones apuntan a que la esposa de Hamilton y otro hijo habrían podido escapar, pero de ellos no se ha podido determinar su paradero. En la mañana de este 3 de abril, Carlos Alberto Castillo se encontraba en su lugar de residencia, en la vereda del Berlín del municipio de Ataco —entre Planadas y Río Blanco—; fue abordado por hombres armados quienes lo asesinaron. El partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común señaló: “Los enemigos de la paz son quienes jalan el gatillo, los que dan la orden y también quienes miran indiferentes este exterminio. Sí, Iván Duque, es con usted”. Un asesinato tras otro Estos hechos ocurrieron justo unas horas después de que Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, denunciara que en corrido de 2020 han sido asesinados 13 líderes y lideresas y 20 personas en proceso de reincorporación. Asimismo, la situación de violencia selectiva contra líderes y lideresas continúa siendo crítica. De hecho, desde la Misión de Verificación de la ONU señalaron que había 13 asesinatos; lo cierto es que hace falta que se confirmen 43 asesinatos para saber si corresponder a liderazgos sociales en lo que va corrido de este año. Según cifras de Pares, en 2020, a nivel territorial han sido asesinados firmantes de paz de la siguiente manera: (2) Antioquia, (3) Caquetá, (1) Cauca, (2) Chocó, (1) Cundinamarca, (3) Huila, (3) Meta, (2) Putumayo, (1) Sucre, (2) Tolima y (2) Valle del Cauca. Sobre líderes y lideresas: (3) Antioquia, (1) Bolívar, (2) Caquetá, (8) Cauca, (1) Cesar, (2) Chocó, (3) Córdoba, (2) Huila, (2) Norte de Santander, (5) Putumayo, (1) Santander. Por su parte, la ONG DeJusticia — Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad— este 3 de abril logró que fallaran una tutela “a favor de la protección de líderes y lideresas sociales en Colombia y del derecho a defender derechos humanos en Colombia”. De acuerdo con Dejusticia, el juzgado 45 Civil del Circuito de Bogotá amparó los derechos fundamentales de varios líderes sociales y ordenó al Gobierno Nacional proteger sus derechos aún en medio de la pandemia. El Estado debe garantizar que las defensoras y los defensores realicen libremente sus actividades; protegiéndolos cuando son objeto de amenazas. Asimismo, el Gobierno Nacional debe adoptar medidas de seguridad colectivas, reconocer y promover la labor comunitaria y garantizar la no impunidad para que no exista miedo en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y se pueda seguir desarrollando. Tras los asesinatos líderes, lideresas y firmantes de paz De acuerdo con Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, hay tres cosas para analizar: “Por un lado, los asesinatos en medio de la pandemia, lo que indica es que los líderes están desprotegidos, entre otras cosas, porque debido al virus no tienen esquemas de seguridad; quedando a merced de los criminales. Sobre esa realidad, de líderes y lideresas encerrados en casas sin sus condiciones de seguridad, no hubo estrategia de seguridad que respondiera a estos escenarios que se preveían”, señala Ávila. “Lo segundo, es que esta situación de violencia selectiva ha quedado sepultada por la pandemia. Los asesinatos de líderes y lideresas, temas como Ñeñepolítica, temas que no le convienen al gobierno y, eso será así por un buen tiempo; mientras se siguen cometiendo asesinatos de manera muy silenciosa”, sentencia Ávila Lo tercero, es que esa estrategia de silenciar lo que está sucediendo, sumado a que, por la cuarentena bajen los indicadores de seguridad; será un discurso político del cual se intentarán aprovechar, señala el analista político. Fortalecimiento de Estructuras Armadas Ilegales Para Diego Alejandro Restrepo, coordinador de la Línea de Conflicto Paz y Posconflicto de Pares, se requiere una presión para la implementación del Acuerdo de Paz, ante la falta de voluntad política del Gobierno Nacional, y un cambio en el enfoque de seguridad pues este resulta ser: anacrónico, implementado en el marco de un contexto de guerra y no tiene en cuenta las particularidades del crimen organizado. Frente a al recrudecimiento de la violencia en contra de la población en proceso de reincorporación, según el investigador, tiene que con que en las zonas en que están adelantándose los procesos de reincorporación están siendo sujeto de disputa de grupos armados ilegales por las economías ilegales; principalmente toda la cadena de producción de clorhidrato de cocaína, también el tema de minería ilegal. Para Restrepo, en Colombia, hay dos panoramas: El primer panorama, tiene que ver con que existe un fortalecimiento de estructuras ilegales. “Un ejemplo de ello tiene que ver la disputa que han tranzado el ELN con los Pelusos, en el Catatumbo. Asimismo, por la presencia de un actor como las disidencias de Farc, del frente 33. También está el caso del Clan del Golfo en la subregión del Bajo Cauca Antioqueño, lo que ha desatado un gran impacto en Ituango, una de las zonas más golpeadas para esta población.” De acuerdo con Restrepo, estos fortalecimientos ponen en riesgo a los líderes y lideresas que adelantan ejercicios de defensa del territorio, del medio ambiente, sustitución de cultivos de uso ilícito, defensa Derechos Humanos. A su vez, la victimización es para la población en proceso de reincorporación. Por ejemplo, aquellos que estén promoviendo mecanismos de implementación del Acuerdo de Paz, sentencia el investigador. Para Restrepo, el segundo panorama tiene que ver con que “esta proliferación de la violencia debe ser analizada a partir de una serie de políticas de seguridad que ha implementado este gobierno. En particular, hay que hacer señalar que el Gobierno Nacional ha hecho del enfoque represivo y militarista; la apuesta de seguridad. Es decir, la militarización de los territorios que, por ejemplo, en el Pacífico Nariñense ha derivado en violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública. Falta de voluntad política y una política anacrónica Así las cosas, esta situación de violencia selectiva se acrecienta debido a la falta de voluntad política del gobierno Nacional para atender la difícil situación de derechos humanos, señala el investigador. Por ejemplo, hay un incumplimiento de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, pactada en el punto 3 del Acuerdo de Paz. Además, se duplicaron instancias como lo fue el caso del Plan de Acción Oportuna (PAO), esta política de gobierno lo que ha generado es una serie de dificultades, ya que —entre otras cosas— excluye a la sociedad civil de la participación de ese PAO y deteriora legitimidad de las instituciones de Estado”, concluye Restrepo. «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»

Por: Francisco Daza Vargas. Investigador Pares. La llegada del COVID-19 a Colombia ha representado la exposición de las falencias estructurales del Estado para atender a las necesidades de la población vulnerable del país. Migrantes venezolanos y venezolanas, miembros de comunidades indígenas asentados en las grandes ciudades, población privada de la libertad, entre otros, son algunos de los grupos poblacionales que se han visto expuestos a escenarios de riesgo de contagio debido a las precarias condiciones en las que se encuentran cotidianamente y por las medidas arbitrarias de desalojo por las cuales se han visto afectados. Este panorama ha generado múltiples oleadas de protesta, siendo la más recordada la de la población privada de la libertad en varios centros penitenciarios y carcelarios del país el pasado 21 de marzo. El asesinato de 23 internos de la cárcel Modelo de Bogotá en este hecho puso la lupa sobre el sistema penitenciario y carcelario colombiano y la vulneración de derechos humanos que se viene reproduciendo en los centros carcelarios a cargo del INPEC desde décadas atrás. Luego de este hecho de mediados de marzo, se declaró la emergencia carcelaria en el país. PARES ya había llamado la atención sobre las condiciones sanitarias en las que se encuentra la población privada de la libertad a causa del abandono de la infraestructura carcelaria y las condiciones de hacinamiento constante. Excarcelación para miles de internos Ante el aumento gradual de casos de personas contagiadas por COVID-19 en el país y el riesgo que representa para la población privada de la libertad un escenario de contagio y propagación del virus en los centros penitenciarios y carcelarios, el Gobierno Nacional anunció en días pasados la excarcelación de miles de internos como medida de prevención para mitigar la propagación del virus en dichos espacios. Con esta medida que se espera sea anunciada bajo decreto, se espera dar salida a aproximadamente 10.000 personas privadas de la libertad otorgando medidas transitorias que brinden el beneficio de detención domiciliaria de esta población. Teniendo en cuenta que son 121.673 las personas privadas de la libertad, esta medida estaría cobijando a un 8,21% de esta población. Esta cifra es reducida si se tiene en cuenta que el hacinamiento, según datos del INPEC, alcanza el 50,65%. ¿Qué busca la directriz? La directriz de excarcelación está dirigida a población en riesgo de contagio al interior de las cárceles del país: personas mayores de 60 años, madres gestantes y lactantes con niños menores de 3 años. Asimismo, la decisión también contempla a aquella población que presente cuadros de salud delicados por enfermedades como VIH, cáncer, trastornos pulmonares, hepatitis C, entre otros. Por otro lado, en el ámbito jurídico, la medida también estaría dirigida a aquella población sentenciada por delitos culposos, a quienes hayan cumplido con las tres quintas partes de su pena y aquella población que tenga una condena de hasta cinco años. Estas medidas de salubridad parecen ir en concordancia con lo expuesto por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Para prevenir graves consecuencias relacionadas con la expansión del COVID-19, las poblaciones de más riesgo, particularmente personas ancianas e individuos con problemas de salud mental y físicos, deben ser considerados inmediatamente para liberación. Además, individuos sentenciados por delitos menores o no violentos, especialmente esos sentenciados por delitos relacionados con drogas o delitos socioeconómicos, deben también considerarse para la liberación inmediata. Libertad temprana, libertad condicional y otros tipos de medidas alternativas, como la vigilancia electrónica, deben instaurarse urgentemente como medida para reducir el riesgo. (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2020, pág. 7). Alcances de la excarcelación A primera vista, la excarcelación resulta una alternativa temporal para la cual se estableció, que no tendrían acceso aquellas personas privadas de la libertad que se encuentren recluidas por crímenes violentos o de lesa humanidad. Sin embargo, parece ser una ventana de oportunidad para que internos condenados por otros delitos soliciten el beneficio al derecho a la igualdad y al principio de favorabilidad, lo cual podría representar que se eleve la demanda por los cupos dispuestos a través de esta medida de contingencia. Aún quedan dudas sobre cómo entraría a operar la medida, ya que la misma demanda un proceso de priorización no solo de población privada de la libertad sino de los centros penitenciarios y carcelarios, ¿Cómo se distribuirán los 10.000 cupos para la excarcelación entre las 132 cárceles bajo la administración del INPEC? En este sentido también se desconoce como entrará en operación la detención domiciliaria de la población excarcelable ya que esto puede representar múltiples traslados a nivel nacional, lo cual también puede ser un escenario de riesgo de contagio para esta y otra población. No se puede dejar de lado que, de la otra orilla de la excarcelación, estarán más de 10.000 personas privadas de la libertad que seguirán estando expuestas al hacinamiento y las grietas del sistema penitenciario y carcelario lo cual representa un riesgo permanente que ahonda aún más la vulneración de derechos humanos de esta población. A grandes rasgos, el panorama no es alentador, entre más tarde la expedición del decreto para la excarcelación de las 10.000 personas privadas de la libertad mayor será el riesgo de contagio al interior de los centros penitenciarios y carcelarios. De igual manera, se entiende que este decreto obedece a la coyuntura actual y la puesta en marcha de esta medida responde de manera temporal a la situación de vulneración de derechos humanos en las cárceles del país. ¿Qué pasará con la política criminal colombiana ante la eventual desaparición del COVID-19? ¿Habrá un cambio estructural en el sistema penitenciario y carcelario más allá de la coyuntura de salud pública actual?. Las medidas temporales de contención del virus deben suponer también una plataforma para reevaluar las condiciones en que se encuentra la población privada de la libertad. Finalmente y para dejar este cuestionamiento a las autoridades: no debería ocurrir, que las medidas correspondientes a superar el estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario colombiano surjan a partir de la contención de un agente exógeno como lo es el COVID-19.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. A partir del inicio del aislamiento preventivo obligatorio implementado por Iván Duque desde el pasado 25 de marzo, varias han sido las denuncias por diversas situaciones que han venido afectando a quienes viven las realidades que no fueron tenidas en cuenta en el plan de contingencia ante la propagación del Covid-19. Una de estas situaciones alertadas han sido los despidos sin justa causa, las licencias no remuneradas y otros tipos de acciones que violan los derechos laborales de quienes hacen parte de varias compañías que atendieron primero a intereses económicos, que al bienestar y protección de los que tienen en pie este sistema: las y los trabajadores. Una de estas empresas sería Power Services, la compañía que presta el servicio de aseo en los 23 colegios públicos de Soacha, que según denuncias que se conocieron a través de redes sociales, habría hecho firmar a sus 162 trabajadores licencias no remuneradas, suspendiéndoles sus contratos, y además siendo reiterativos con los abusos a los empleados, en donde algunos cuentan no contar con una efectiva afiliación al sistema de salud. Estas licencias no remuneradas, según lo informado, empezaron a regir desde el pasado 20 de marzo hasta el próximo 13 de abril, en donde además no garantizaron ninguno de los pagos ordenados legalmente para responder a la protección de los empleados en este contexto de pandemia mundial. Ante esto la respuesta dada por Power Services el pasado 31 de marzo, es que desde el 19 de marzo la Secretaría de Educación del Municipio decidió suspender el contrato #1204 de 2018, el cual está destinado a la prestación del servicio de aseo en los colegios públicos de esta zona; esto desde el 20 de marzo y hasta el 19 de abril. Igualmente, aseguran que durante el tiempo que ha ejercido el contrato este ha sido interrumpido en varias ocasiones y que en los periodos de suspensión la Secretaría no realiza pagos a la compañía. Adicional, afirman que los trabajadores actualmente cuentan con contratos vigentes. A pesar de estas informaciones ningún ente de control de este tipo de escenarios contractuales se ha pronunciado para esclarecer la situación real de las y los empleados de esta empresa. Sin embargo, el concejal de este municipio, Heiner Gaitán, ha hecho varios llamados para que se atienda la situación y se logren establecer medidas que protejan los derechos y las garantías de mínimos vitales durante la cuarentena a quienes se pueden estar viendo afectados con estas acciones y con el silencio administrativo. Las respuestas de Ministerio de Trabajo El anterior es solo un caso. La realidad es que muchas empresas han acudido a la medida de Licencia no remunerada para atender la crisis sanitaria que enfrenta el país. Ante esto, el Ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, informó que adelantará alrededor de 300 investigaciones a compañías que de manera arbitraria tomaron esta decisión con sus empleados. Esto luego de que el Ministerio determinará a través de la circular #27 del 29 de marzo de 2020, que se prohíbe a los empleadores obligar a los trabajadores a tomar licencias no remuneradas, basándose en lo dictado por la Corte Constitucional por medio de la Sentencia 930 del 10 de diciembre de 2010, en la que se plantea que: “En estas situaciones en las cuales la suspensión del trabajo no obedece a causas imputables ni al empleado ni al empleador, sino a las prescripciones del legislador o a circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, o a interpretaciones sobre el alcance del derecho fundamental de asociación sindical, hacer que la carga la asuma el trabajador ya sea económicamente mediante el descuento sobre su salario o en trabajo personal con afectación de su derecho al descanso no resulta conforme a la Constitución, ya que para el trabajador el salario y el descanso son derechos fundamentales irrenunciable, en tanto que hacer recaer esta responsabilidad en el empleador no representa una carga excesiva o desproporcionada que implique un rompimiento desmesurado del equilibrio contractual”. De esta forma y teniendo en cuenta el numeral 4 del artículo 51 del Código Sustantivo de Trabajo, esta acción solo puede darse cuando el trabajador lo solicite, de no ser así la práctica se estaría dando de forma ilegal, abusiva e injusta contra el trabajador. Además, según lo estipulado en el documento del Ministerio de Trabajo: “Conforme lo señalado en el artículo 333 de la Constitución Política, la empresa tiene una función social que implica obligaciones, una de ellas, propender por el bienestar de sus trabajadores”. Adicionalmente, Cabrera dio a conocer durante una sesión virtual que adelantaron los integrantes de la Comisión Séptima del Senado con el Ministro de Trabajo, que durante el aislamiento preventivo obligatorio se han recibido alrededor de 800 quejas por violación de derechos laborales, de las cuales el 38% se registraron por suspensión de contratos. “Muchos empleadores le están diciendo a los empleados que firmen, sin que la persona conozca que su derecho es que si no quiere tomar una licencia no remunerada no tiene porqué hacerlo. Así muchas empresas están utilizando esta figura para engañar a los trabajadores. Si la persona firmó bajo amenazas, por ejemplo, de perder el empleo si no lo hacía, se puede poner la denuncia en el Ministerio y si varios trabajadores están en la misma situación, el empleador debe probar que en ningún momento los obligó. En materia laboral la carga probatoria siempre la tiene el empleador” aseveró el abogado Alejandro Henao. El Gobierno Nacional promete protección Igualmente, el Gobierno Nacional a través Decreto 488 del 27 de marzo de 2020 dictó que el Estado dará protección a los trabajadores y sus familias de los riesgos que trae la propagación del Covid-19, por lo que plantean que se estimulará la economía y el empleo para que las personas puedan sostener sus puestos de trabajo e ingresos. Asimismo, se aclara que las medidas que ampara el Ministerio del Trabajo y el Gobierno Nacional para que las empresas tomen con los trabajadores son: permisos remunerados, jornadas flexibles, teletrabajo y el otorgamiento de vacaciones acumuladas, anticipadas y colectivas. También se agrega: “Que el artículo 254 del Código Sustantivo del Trabajo prohíbe a los empleadores efectuar pagos parciales del auxilio de cesantía antes de la terminación del contrato de trabajo, salvo en los casos expresamente autorizados (…) con el fin de permitirles a los empleados disponer de una porción de su ahorro de cesantías para poder aminorar los efectos económicos negativos que la pandemia del Coronavirus tendrá en su vida personal y familiar”. Es necesario aclarar que la legislación laboral no aprueba despidos colectivos dentro de un periodo de seis meses, aclarando que estos son tipificados de esta forma según el número de empleados de la empresa cuando esta tiene entre 10 a 49 trabajadores el porcentaje para ser categorizado así es el 30%, en compañías con 50 a 99 empleados es del 20%, cuando hay de 100 a 199 el porcentaje es el 15%, 9% cuando se trata de empresas con 200 a 499 trabajadores y el 7% cuando es de 500 a 1000. Y si la compañía tiene como una de sus opciones hacer este tipo de despidos debe contar con la autorización del Ministerio de Trabajo. Se esperaría que todas estas medidas sean realmente puestas en acción pues, aunque se han adelantado acciones legislativas para atender varios de los problemas sociales que se han agudizado con el Covid-19, estas han demostrado que pasar del papel a lo concreto es una dificultad que históricamente nos ha costado, afectando siempre a los mismos y con una realidad que hoy por hoy tiene una de las tasas más altas de desempleo: el 12.2%.

Por: Isaac Morales Pérez. Coordinador de la línea de seguridad urbana y crimen organizado, Pares. En rueda de prensa virtual realizada este jueves 2 de abril, la Alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, presentó el balance de seguridad de los primeros 100 días de su gestión. Estuvo acompañada por el Secretario de Seguridad, Hugo Acero, y los comandantes de la Policía Metropolitana y del Ejército. Según el informe presentado, el comportamiento del homicidio tuvo una reducción significativa entre enero y marzo de 2020 si se compara con este mismo periodo del 2019, cayendo de un promedio de 102 a 78 este año. Según este balance, el 52% de los asesinatos se produjeron entre viernes y domingo, el 44,2% en las noches y del total trimestral 236, 20 fueron homicidios de mujeres incrementándose en dos casos con relación al 2019, de los cuales seis (6) se tipificaron como feminicidios. La alcaldesa López señaló además el aumento de las llamadas efectivas a la Línea Púrpura que se duplicaron desde el inicio del simulacro de aislamiento, sin embargo, afirma que no existe una judicialización efectiva que responda a estos requerimientos, asegura que a las mujeres las están agrediendo más pero no se están atendiendo. Delitos de alto impacto En el grueso de los delitos de alto impacto, según el informe, se reporta una disminución considerable: el hurto a personas disminuyó -15%, a celulares el -12%, lesiones comunes el -25%, el hurto a residencias -27%, el hurto de bicicletas cayó un -9%, el hurto de automotores -17% y de motocicletas -23%. Sin embargo, la violencia intrafamiliar aumentó en un 16%, situación que se agrava según la alcaldesa por la falta de operación de las comisarías de familia y los jueces; sostiene que la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales afectan en un 75,4% y 84,2% a las mujeres. Según el informe, la tendencia general de los delitos se muestra a la baja, resalta el hecho de que esta disminución antes de la alerta amarilla, durante la alerta amarilla, durante el simulacro y durante la cuarentena como lo evidencia la siguiente gráfica, sin duda consecuencia de dichas medidas, aunque con una tendencia previa a la baja sostiene la alcaldesa. Además, López señaló el cambio realizado por la administración en el manejo de la seguridad en Transmilenio, uno de los principales focos de hurto en la ciudad. Explicó que dio una reconfiguración en la forma en que se asumen los cuadrantes en las troncales del sistema masivo de transporte. Hizo un llamado a la Policía para crear un comando único de Transmilenio, ya que el modelo de cuadrantes se convertía en una limitante para que las unidades actúen en determinadas estaciones. En ese sentido sostiene la mandataria que se tenía un promedio mensual, en el último trimestre del 2019, de 4.445 hurtos y se redujo a 3.620 en troncales de Transmilenio; llama la atención al gobierno nacional, a la fiscalía y a la policía para consolidar esta estrategia ya que según la alcaldesa ha mostrado resultados efectivos. Identificación de bandas delincuenciales Otro hecho relevante fue la identificación de las principales bandas delincuenciales en varias localidades conectadas al homicidio, hurto y al microtráfico. Según la alcaldesa, los consejos de seguridad realizados en las localidades permitieron recoger información relevante para combatir esta problemática, se recibieron denuncias y se confirmó información que había recopilado la Fiscalía General. También destacó la intervención que se hizo en la localidad de Rafael Uribe Uribe, específicamente en los barrios Diana Turbay, Rincón del Valle, Molinos y Marruecos, donde se dio la captura de la banda “Los Parnaso” dedicados a la extorsión, al microtráfico y además responsables de 11 homicidios. En total se han desarticulado y judicializado 27 bandas en los 100 primeros días. Finalmente, expuso los resultados puntuales con relación a la frontera con el municipio se Soacha y sostuvo que se deben seguir haciendo trabajos conjuntos con la Gobernación de Cundinamarca. Adicionalmente mostró los resultados operacionales de la Policía y de la Brigada 13 del ejército con relación a capturas, incautaciones y otras acciones propias de la fuerza pública. Algunas conclusiones En general, la nueva administración de Bogotá muestra resultados positivos y se ha esforzado por realizar un trabajo coordinado y cooperativo entre las instituciones responsables de la seguridad y la convivencia en la ciudad: Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, Ejército y Administración distrital como gerente de estas acciones. Ahora bien, llama la atención la ausencia del desglose detallado de las incautaciones de sustancias psicoactivas que permitiría tener un panorama más claro de los puntos críticos de la ciudad en los que se concentra el microtráfico. Así como también faltaron datos relacionados con hurtos o saqueos a establecimientos de comercio que en esta temporada de cuarentena suelen intensificarse, como lo ha señalado PARES, durante la última semana en Bogotá se registraron cerca de siete (7) episodios relacionados.

Por: Redacción Pares Con muchos países de América Latina que reportan ahora transmisión comunitaria de la COVID-19, todavía hay un corto período de tiempo para desacelerar la propagación del virus, reducir el impacto en los sistemas de salud y salvar vidas, afirmó hoy la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, durante una conferencia de prensa. Al 31 de marzo de 2020, tres meses después de que se informara el primer caso de la COVID-19 en China, se reportaron 188.949 casos confirmados en América y 3.561 personas perdieron la vida. Como se ha visto en otras regiones del mundo, se espera que los casos aumenten. «Los países de la Región deben tomar medidas urgentes para preparar los hospitales y centros de salud para lo que viene: una afluencia de pacientes con la COVID-19 que necesitarán espacio hospitalario, camas, profesionales de salud y equipos médicos. Este virus no ha sido ni será detenido por las fronteras trazadas en los mapas”, dijo la doctora Etienne. La Directora de la OPS destacó que los países también deben proteger a su personal de salud como nunca antes. Esto incluye capacitación sobre cómo evitar las infecciones y acceso a suministros adecuados y equipos de protección personal. «Es nuestro deber protegerlos y cuidarlos, ya que estarán en la primera línea de esta batalla», manifestó. También es vital que los países decidan qué medidas de distanciamiento deben ponerse en marcha, cómo y por cuánto tiempo. Esta es la única forma de evitar que los hospitales se vean abrumados por un número demasiado grande de personas enfermas en un período muy corto. Sobre la base de la experiencia de países en otras regiones, la doctora Etienne señaló que «parece razonable planificar estas medidas para que duren dos o tres meses al menos». «Sin evidencia sólida sobre los tratamientos efectivos y sin vacunas disponibles, el distanciamiento social y otras medidas preventivas enérgicas siguen siendo nuestra mejor apuesta para prevenir las consecuencias más graves de la pandemia de COVID-19 en nuestra Región. Este momento exige que haya un liderazgo audaz y compasivo». “No será fácil, y sabemos que le estaremos pidiendo a las personas que se adapten a una situación extraordinaria que está teniendo un impacto en todos los aspectos de su vida. Pero permítanme remarcar que esta pandemia es grave y necesitamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mitigar el impacto de la COVID-19 en nuestra población”, remarcó la doctora Etienne. La Directora de la OPS enfatizó que la solidaridad de la región y la necesidad de los países de trabajar juntos: compartir recursos y experiencias, y tomar decisiones conjuntas que aceleren el acceso a los servicios de salud, promuevan la investigación y la innovación. También subrayó que la OPS seguirá facilitando el intercambio entre países y trabajará intensamente con los Estados Miembros, particularmente aquellos con los sistemas de salud más débiles, para fortalecer la vigilancia y la detección temprana de casos y garantizar la preparación de los servicios de salud. “La solidaridad en nuestra Región nunca ha tenido un significado más profundo que el de hoy. La única forma de salir de esta situación será si todos hacen su parte, a la vez que apoyan a los demás», reflexionó la doctora Etienne.

Por: Jaime Palma. Investigador de la Línea de Seguridad Urbana y Crimen organizado Similar al proceso que ocurre con las células que son infectadas por el SARS-CoV2, la pandemia por la que atravesamos tiene también la capacidad de afectar al ciberespacio y a ciertas prácticas que en este ocurren. Bajo tal lógica, la ciberseguridad se constituye en una especie de sistema inmunológico que, gestionada de la forma más adecuada, puede hacer frente a ciber-amenazas que se han hecho patentes en diferentes tipos de vulnerabilidades registradas durante este periodo de cuarentena. En Colombia ‘las defensas’ se fundamentan en lineamientos nacionales que parten de instrumentos como la Ley 1273 de 2009 que modificó el código penal incluyendo delitos informáticos; el documento CONPES 3701 de 2011 que dispuso de los recursos para implementar una estrategia nacional para contrarrestar las amenazas informáticas en el marco de la ciberseguridad y la ciberdefensa hasta 2015; y la actual Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana. En ella, el ciberespacio se asume como un objeto a asegurar, en tanto que es definido como parte del espacio público cuya “organización, funcionamiento y uso (…), es relevante en la generación de condiciones para la convivencia y la seguridad” (p. 54). La Política, en consecuencia, crea una línea específica que busca la prevención y persecución de ciberdelitos. En esta, se evidencian todavía debilidades como la muy reducida articulación entre instituciones como el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio de Educación y la Policía Nacional para la mitigación de ciberdelitos en contra de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, se plantea tanto la creación de un Comité de expertos contra el ciberdelito a cargo de actualizar líneas claras de respuesta, como la revisión de la totalidad del marco normativo de ciberseguridad. Sin embargo, es necesario reconocer que la tendencia global gira hacia el fortalecimiento de mayores capacidades tecnológicas de los organismos de seguridad para la inspección de la red, en la que los individuos podrían ceder en su derecho a la privacidad a cambio de mayor efectividad de la seguridad y gestión de riesgos. Por su parte, algunas ciudades han fortalecido sus capacidades de vigilancia y control sobre amplias zonas urbanas por medio de drones y centros de monitoreo de seguridad y convivencia. No obstante, los hechos que se han registrado recientemente revelan las fragilidades del país en materia de ciberseguridad. ¿Sociedad de vigilancia o control de la pandemia? Por el momento, cinco tipos de amenazas pueden identificarse en estos tiempos de pandemia. La primera de ellas corresponde, de hecho, a un debate internacional: ¿hasta qué punto es admisible que los gobiernos recopilen datos de los usuarios, como el reporte constante de la ubicación, desde diferentes aplicaciones cuyo objetivo principal es controlar las cuarentenas? En China, Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán estas tecnologías de la información se han implementado con el propósito de limitar el incremento de los casos, cuando se relajan los controles policiales y sanitarios, que resultarán siempre escasos para vigilar a una amplia proporción de la población en aislamiento. Aunque de cierta forma, se pueda justificar tal práctica a fin de evitar la propagación y evitar el colapso de los sistemas de salud, surge la cuestión sobre los efectos colaterales que puedan tener este tipo de medidas que a largo plazo, pueden imponer limitaciones a las libertades civiles. De esta forma, según la última edición de The Economist, con estas aplicaciones se logra obtener datos como el estado de salud, la ubicación y el rastreo de los lugares en los que la persona ha estado. También se puede modelar la información referente a los patrones de contagio de la enfermedad, y se pueden identificar a las personas con las que el infectado ha tenido contacto. El ejemplo en Colombia es CoronApp que cuenta ya con más de 100.000 descargas. Si bien la aplicación en un primer momento buscaba documentar los síntomas de la persona, brindar datos referentes a la propagación del virus en el país y allegar a un mayor número de personas las medidas de prevención a implementar, la reciente actualización del 31 de marzo (versión 1.2.32) puede solicitar permiso para acceder a la siguiente información: Asimismo, las novedades que incluye permiten reportar el estado de salud, poniendo especial énfasis en la fecha en la que se realiza el reporte y exhorta constantemente al usuario a seguir suministrando tal información en días posteriores. Con ello, la App persigue ahora el objetivo de poder informar qué tan cerca se encuentra el virus en la zona del usuario: Tales datos pueden promover prácticas de represión, en tanto que la aplicación estaría en la capacidad de alertar a las autoridades sobre aquellas personas que violen la cuarentena, tanto los que ya se encuentran infectados, como los que no lo están. Si bien bajo el estado de emergencia en el que nos encontramos este tipo de invasión a la privacidad puede justificarse, pues aporta en la evaluación de la efectividad de las medidas implementadas por los gobiernos en escalas más locales, no se puede determinar a ciencia cierta si tal información dirigida a fortalecer las capacidades en la lucha en contra de la Covid-19, se pueda emplear posteriormente como parte de una táctica de contra-terrorismo, o bien como parte de la profundización de una sociedad de la vigilancia en la que cada movimiento es monitoreado, rastreado, guardado y examinado por los gobiernos. Según los expertos en ciberseguridad, desde la década pasada es bien sabido que los gobiernos están accediendo a metadatos para análisis de inteligencia y en ocasiones, solicitan a compañías de telecomunicaciones públicas y privadas que guarden la información por largos periodos de tiempo. Dados los recurrentes escándalos de las denominadas “chuzadas”, los datos que CoronApp recopile deben ser objeto de especial veeduría por parte de analistas, medios de comunicación y sociedad civil en general. Aglomeraciones innecesarias La segunda amenaza hace referencia a las documentadas cadenas de información en redes sociales y en aplicaciones de mensajería instantánea que contienen noticias falsas. Estas situaciones han ocurrido en diferentes ciudades del país, y se han incrementado a partir del inicio de los simulacros de cuarentena desde el pasado 20 de marzo. El resultado no ha sido otro que fomentar las aglomeraciones de la población más vulnerable (incluidos los migrantes), bajo la supuesta entrega de ayudas para sobrellevar el encierro. En tales casos, han ocurrido también errores de comunicación con la ciudadanía, pues para algunas personas, a pesar de los esfuerzos pedagógicos institucionales de las administraciones locales, no les ha quedado claro que las ayudas han de llegar a sus hogares. Sin embargo, se deben resaltar también los esfuerzos de algunos mandatarios en desmentir este tipo de informaciones. Así mismo, las redes sociales se han convertido en su principal arma para evitar aglomeraciones innecesarias, que pueden incrementar el número de contagios. ¿Pretensiones organizadas? Vinculada a la anterior, la tercera amenaza se relaciona con la posibilidad de que las aglomeraciones, protestas y saqueos que han tenido su génesis en el ciberespacio, se encuentren relacionados con intencionalidades organizadas de generar violencia social contra ciertas poblaciones de mayor riesgo durante esta cuarentena. Mientras las cifras de seguridad evidencian reducciones en indicadores delictivos durante lo corrido del confinamiento y las autoridades de seguridad se encuentran alertas ante la posibilidad de un “rebote” de las cifras conforme se incremente el número de días – que para algunos sectores de la población no significa otra cosa que pasar hambre -, no se puede descartar que todo ello responda al intento de generar innovaciones por parte de la delincuencia organizada. Bajo este supuesto, conviene contemplar la hipótesis según la cual estos encuentros multitudinarios en los que los más afectados son los más vulnerables, respondan a una intencionalidad tanto de propagar el virus, como de instigar la violencia y los saqueos. Por su parte, las afirmaciones del Director de la Policía Nacional, el General Oscar Atehortúa, indican que tal es la conjetura del Centro Cibernético de la Policía que concuerda al identificar el incremento de perfiles falsos, 68 fake news que ocultan, encubren o tergiversan la información oficial, y otras amenazas informáticas1. “Phishing” La cuarentena ha conllevado a que un mayor número de personas recurran a sistemas informáticos que les permitan gestionar remotamente sus dineros y cuentas bancarias. El acceso abusivo a este tipo de sistemas, por medio de mensajes y portales falsos que sustraen información de usuarios y contraseñas se denomina phishing y constituye una cuarta amenaza durante el aislamiento. De esta forma, mientras que el Centro Cibernético reportó el cierre de 195 páginas web con contenido malicioso que pretenden obtener datos de acceso a diversos tipos de sistemas como los bancarios y laborales, la Fiscalía General de la Nación registró 157 denuncias por ciberestafas el fin de semana pasado, frente a las 64 que se presentaron durante el mismo tiempo en 20192. Los momentos de crisis generan escenarios formidables para que los hackers busquen incrementar las ganancias de las ciber-rentas ilegales. De acuerdo con la agencia informativa Reuters, la propagación global del coronavirus ha generado un volumen nunca visto de mensajes de Phishing, en todos los idiomas conocidos por el hombre. No se puede descartar el “Ransomware” Por último, el secuestro de datos por el que posteriormente los ciberdelincuentes exigen un rescate, generalmente en BitCoin (Ransomware), es una amenaza latente en Colombia. Según el informe Tendencias del cibercrimen Colombia 2019 – 2020 de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, la amenaza es subestimada en Colombia, aunque el país recibió el mayor número de este tipo de ataques en Latinoamérica. Los cobros de los ransomware comunes pueden ser del orden de los COP$ 3 millones, y los de mayor complejidad oscilan entre los COP$30 – COP$ 160 millones por rescate4. El mismo documento destaca que esta amenaza no discrimina en el tamaño de las organizaciones y que tiene un alcance con capacidad de sobrepasar controles de seguridad y sistemas de prevención y detección. Un ataque de este tipo sobre organizaciones y empresas que trabajan en la gestión de la pandemia podría incluso propiciar la pérdida de múltiples vidas humanas. De hecho, los teléfonos inteligentes personales también pueden ser víctimas, como ocurrió con un ransomware oculto en una supuesta aplicación de monitoreo del coronavirus denominada CovidLock que bloquea celulares con sistema operativo Android, cambiando la contraseña de acceso al dispositivo y amenazando con robar y enviar la información personal a cambio de un pago de USD$2505. A pesar de todo lo anterior, la pandemia ha logrado poner en el debate público múltiples perspectivas y flaquezas de la seguridad y convivencia ciudadana, que sobrepasan la simple acción policial y exigen respuestas multidimensionales. En tanto que ahora un mayor número de personas deben trabajar desde casa, las redes de comunicación y los servicios del ciberespacio se han convertido de forma menos abstracta en objetos a asegurar, que exigen de respuestas adaptativas e inmediatas por parte de las autoridades en medio de la crisis, se suman a un amplio abanico de preocupaciones, pero que también contribuirían a fortalecer la acción pública en seguridad “cuando todo esto pase”.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. El pasado 31 de marzo el Procurador General, Fernando Carrillo, hizo un llamado al presidente Iván Duque para que atienda la situación que se vive en la frontera entre Colombia y Ecuador ante el riesgo de contagio y propagación del Covid-19 en los departamentos de Putumayo y Nariño. Esto tras el rápido incremento que ha habido en el país vecino, donde hoy se registran 3.163 casos y 120 fallecidos por el virus. Las solicitudes de Carrillo son precisas dadas dos problemáticas que hoy tiene esta zona; por un lado, la insuficiencia en camas de UCI y a esto sumándosele todos los problemas estructurales que tienen al sistema de salud en un olvido estatal en estos puntos del país. Por otra parte, las pocas medidas que se han tomado para controlar y monitorear el flujo de personas en la frontera, especialmente en los casi 37 pasos ilegales que hay en la zona. Así, las peticiones se centran en que desde el Gobierno Nacional se garanticen recursos priorizando la dotación de equipos y contratación de personal médico, al igual que herramientas que permitan detectar el virus en la zona fronteriza y en los departamentos colombianos que limitan con Ecuador. El funcionario pidió habilitar el laboratorio de referencia del Instituto Departamental de Salud de Nariño para que este se convierta en un punto donde se pueda hacer todo el proceso de diagnóstico del Covid-19. Enfatizó en la urgencia de adecuación y fortalecimiento en hospitales de Ipiales, Tumaco, La Unión, Barbacoas y Pasto, además de instalar tres centros de atención médica de campaña en los municipios más cercanos a la frontera, sin dejar de lado centros de abastecimiento de alimentos en Ipiales y Tumaco. Los pasos ilegales, una amenaza de contagio Aunque desde el pasado 17 de marzo el Gobierno Nacional decidió cerrar las fronteras terrestres, marítimas y fluviales del país como medida de contingencia ante la crisis sanitaria que se vive, no se tomaron decisiones que también atendieran las situaciones de los pasos ilegales, entre esos los casi 37 que hay entre Colombia y Ecuador. Esto configura una amenaza latente a las zonas más próximas con el país vecino, pues se está aumentando el riesgo de propagación y contagio donde la capacidad de atención médica no podría suplir un alto número de casos. Por esto, la Procuraduría solicitó garantizar la presencia de la Fuerza Pública tanto de Colombia como de Ecuador y así mismo de funcionarios de Migración Colombia y Policía Judicial ante la ausencia que impera en esta zona de estos organismos. Este llamado también lo hizo Jhon Rojas Cabrera, gobernador de Nariño, quien a su vez reclamó beneficios económicos y tributarios para las personas que viven del comercio informal tanto en los municipios, como a través de los pasos ilegales. El panorama de la pandemia en la frontera Al 01 de abril en Colombia se registraron 1.065 contagiados de Covid-19, 17 muertas y 39 personas recuperadas. Estos casos están mayormente concentrados en Bogotá (472), Valle del Cauca (148) y Antioquia (107). Igualmente, el virus está presente en 23 departamentos, además de la capital del país. En el contexto del tema fronterizo con Ecuador hay dos departamentos que son el foco donde urge atención ante la situación sanitaria y social que está presente en estos puntos: Nariño y Putumayo. En el primer de estos departamentos se registra un total de 6 contagiados; 2 en Pasto, 02 en Cumbal, 01 en Ipiales y otro en Tumaco, en el que se encuentra un bebé de seis meses, quien tuvo que ser trasladado a un hospital de Pasto, pues en donde se encontraba no hay respiradores, ni Unidades de Cuidados Intensivos. Además, en este punto del pacífico nariñense el sistema de salud está colapsado; solo se cuenta con dos hospitales, uno de primer nivel que está en una situación crítica y otro de segundo nivel que está en proceso de liquidación. Todo esto como consecuencia de un municipio donde la corrupción no ha permitido soluciones a los problemas estructurales que afectan el territorio, y que hoy, con la pandemia, se agudizan. Por su parte, Putumayo está entre los nueve departamentos donde no se han registrado caso también están Chocó, Caquetá, Guaviare, Vichada, Arauca, Guainía, Vaupés y Amazonas. Sin embargo, es un foco de contagio por su cercanía con Ecuador y por la falta de medidas efectivas de restricción de ingreso y salida en la frontera. Ante esto, el pasado 22 de marzo Buanerges Rosero, gobernador de Putumayo, envió un documento al presidente Iván Duque señalando que “la capacidad instalada tanto en infraestructura como en talento humano de la Red Pública es insuficiente para atender posibles casos de Coronavirus”. Las peticiones son claras y contextualizadas, ¿las acatará el presidente Iván Duque?