Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Sobre Covid19: El trato que le han dado las autoridades a esta pandemia con relación a las comunidades históricamente marginalizadas ha sido un cierre de fronteras. Es decir, materializa el aumento de prácticas de exclusión y, definitivamente, ha dado mayor fuerza al discurso de ‘las vidas matables’; ese discurso de que hay algunas vidas que son desechables y no importan tanto como otras, señaló Juli Salamanca, directora de comunicaciones de la Red Comunitaria Trans. El caso del barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá, sirve de ejemplo para enmarcar el efecto en bucle que ha desatado el virus en términos de las violencias dadas por las brechas sociales. El hambre se toma las calles en manifestaciones. Quienes viven del día a día, quienes han sido reducidos a la clandestinidad; están sufriendo efectos económicos severos para sobrevivir a la cuarentena obligatoria. «Jodidos, rejodidos” Adicionalmente, a nivel distrital y nacional se han lanzado la pelota para atender el caso de los desalojos que, en gran medida, están afectando a la población venezolana que reside en la capital colombiana. Cabe señalar que, según cifras de Migración Colombia, de los 1.771.237 venezolanos y venezolanas que residen en suelo colombiano; 352.431 están en Bogotá. (cifras a corte de diciembre de 2019). Por otra parte, según Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); cerca del 60% de la población venezolana en Bogotá vive en estrato 1 y 2. Por su parte, según la alcaldesa Claudia López; la inmensa mayoría de personas que viven en la calle es población venezolana. A pesar de eso, la alcaldesa ha dicho, en entrevista con RCN Televisión, que nosotros no podemos desviar inversión que se necesita urgente en capacidad hospitalaria para atender a población migrante. Esa siempre ha sido una obligación del Gobierno no cumplida. Ahora bien, el presidente Iván Duque señaló, en entrevista a Radio Nacional de Colombia, que es inviable que se cubran los arriendos. No se puede hacer populismo diciendo: venga, protejamos a unos vulnerables para tirarnos a otros vulnerables. En otras palabras, en tiempos de pandemia, se empieza a develar una priorización de clase. De esta forma, las poblaciones más vulnerables han sido arrojadas el peor estilo del poema de Eduardo Galeano, ‘Los nadies’; “los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos.” La ley está quedando en el papel A pesar de que el presidente Iván Duque, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señalaron que se prohibía el desalojo de vivienda durante la emergencia del COVID-19, empezando desde abril; la realidad parece obedecer más a este dicho popular: del dicho al hecho hay mucho trecho. Para Juli Salamanca, los desalojos que se han presentado en el barrio en el barrio Santa Fe, y que se han agudizado el 31 de marzo y el 1 de abril, ponen en evidencia la ausencia de un plan de contingencia y de choque por parte de las autoridades. Aunque las autoridades hayan emitido la orden que impide a los paga-diarios sacar a las personas de sus habitaciones, esto no se está llevando a cabo. Es decir, la ley está quedando en el papel. Por otra parte, explica Juli, la exclusión de estas comunidades no es algo nuevo, no es algo que se haya presentado por la llegada del coronavirus. Lo que hizo el coronavirus fue visibilizar la situación de olvido y abandono que están sufriendo estas comunidades hace mucho por parte del Estado. “Las personas que están siendo víctimas de estos desalojos son familias migrantes, familias venezolanas, mujeres trans trabajadoras sexuales, familias empobrecidas; que las están siendo sacadas de sus piezas, por no tener con qué pagar lo del día. No hay una todavía una ruta clara donde esté incluido un plan de contingencia, que incluya verdaderamente estas comunidades”, señala Juli. Un ejemplo de ello tiene que ver con el desalojo de las familias Embera Katío (40 adultos y 20 niños) que habitan el barrio Santa Fe. Familias compuestas por niños, niñas y adultos mayores; que fueron expuestos a múltiples riesgos. Nuevamente, no hay claridad con las rutas de acceso, ni sobre en el decreto que prohíbe los desalojos. La ley está quedando en el papel por cuenta de la inasistencia de las instituciones a los territorios en los que suceden este tipo de hechos victimizantes. Información tan cruda como la realidad La población Embera Katío, tras su desalojo, fue trasladada a la fundación Hogar Salud Mariana, para que pasen la cuarentena. Con esta acción del distrito, Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá, salió a decir que No permitiremos el desalojo de ninguna familia vulnerable en Bogotá. No solo porque así lo establece el decreto distrital y nacional, sino porque nuestra responsabilidad como seres humanos en este periodo tan difícil en materia económica y de sanidad es cuidar de los más débiles y vulnerables. Sin embargo, tanto los anuncios del gobierno como los de la alcaldía no vislumbran un panorama en el que ninguna familia sea desalojada. Nacen muchas dudas debido a que, de acuerdo con el mismo Luis Ernesto, hay más de mil familias en el barrio Santa Fe con riesgo de desalojo. La incertidumbre se acrecienta luego de que el mismo Duque señalara que es inviable que el Estado cubra los arriendos. En dicha entrevista con Radio Nacional de Colombia dijo: (…) a veces hay gente que habla con mucha ligereza y no se toman el tiempo de mirar la información cruda, la información real, y resulta que en Colombia casi que el 90% de los arriendos están en los estratos 1,2, y 3 y, las personas que arriendan es esos estratos no son ricachones (…) muchas personas que tienen un arriendo de un local o un apartamentico, les representa más del 40% del ingreso. ¿Qué pasará entonces con el decreto que estipularía que se prohíben los desalojos durante la emergencia económica y dos meses adicionales? Además, de acuerdo por el Ministro de Vivienda, “Congelamos el precio de los arrendamientos en Colombia, de manera que se suspende el reajuste anual de los cánones, así como la causación de los intereses moratorios o las penalidades por incumplimiento (así los contratos lo estipulen), desde el mes de abril hasta dos meses después de finalizada la emergencia”. ¿Qué vendrá con las nuevas declaraciones de Duque, si no se llega a ningún acuerdo de pago? Se atrincheran con su propia solidaridad Para Juli Salamanca, hay es un manejo con mucha fuerza mediática, con mucho ruido en redes sociales, pero sin acciones concretas. Por ejemplo, la alcaldesa Claudia López aporta mucha tranquilidad en sus discursos cuando dice que ninguna familia se le dejará en la calle y sin con comida. Pero falta ver una realidad, pues en el barrio Santa Fe es la solidaridad de la gente; la que ha dado qué comer y dónde dormir a las compañeras y a las comunidades que han sido históricamente marginalizadas. Esto evidencia que a punta de donaciones privadas no se va a poder dar una solución real a este problema. Por otra parte, una de las preocupaciones que esboza la Red Comunitaria Trans, es que las instituciones distritales no están entrando al barrio Santa Fe. Hecho que está dejando a la deriva a la comunidad. En este sentido, quienes están sintiendo el rigor de esta realidad son justamente las comunidades que históricamente han sido marginalizadas, excluidas y olvidadas por el Estado. Nos preocupa mucho que el discurso xenofóbico está incrementando y los tratos discriminatorios contra personas trans, habitantes de calle y usuarios de droga están siendo más violentos, sin ningún tipo de atención, sentencia Juli. A la deriva La comunidad del barrio Santa Fe es testigo de cómo las dificultades se recrudecen en la época de pandemia. De hecho, Juli ha advertido que en el barrio las medidas que se han tomado de desalojo y los hechos de violación de Derechos Humanos; develan una exacerbación de discursos como la xenofobia, aporofobia, el racismo, tratos de discriminación. Esto se debe, entre otras cosas, por una visión históricamente estigmatizante, criminalizante y llena de prejuicios hacia el barrio santa fe y hacia las personas que lo habitan. De acuerdo con Juli, “La policía ha jugado un papel no como un ente que está para proteger a la ciudadanía, sino como un ente opresor. Un ente que en los últimos días de cuarentena se han evidenciado diferentes casos en los cuales han abusado de su autoridad”. En el barrio Santa Fe, por ejemplo, la semana pasado dos mujeres trans fueron apuñaleadas sin que ninguna institución hiciera presencia para atender la situación. El coronavirus no es solo el que está matando personas en este momento; sino lo está haciendo la violencia”.

Por: Natalia Aguilar Salas. Colaboradora Pares. La Sierra Nevada se enfrenta otra vez a peligrosos incendios que amenazan con destruir la flora y fauna, nuevos desplazamientos de población indígena y campesina. Casi todos los años se presenta este fenómeno que no parece ser de prioridad para los dirigentes del país. Si se avecinan fenómenos ambientales que reconocemos todos los años ¿Por qué no se realiza la prevención necesaria para que estos no se conviertan en una tragedia natural? Los incendios forestales se presentan usualmente a principio de año, y es natural que ocurran. A finales de febrero se presentaron varios focos de incendio en Colombia. Hay tres puntos importantes que se deben reconocer para entender el origen de los incendios: una de las primeras causales de ellos pueden ser los factores antropogénicos, es decir el impacto humano sobre el medio ambiente y los ecosistemas. Otra causa de los incendios forestales se puede producir de manera natural, debido a las condiciones ambientales y climáticas. Por ejemplo, la sequedad de los ecosistemas como el bosque seco tropical propician las condiciones para que se generen y propaguen incendios. Sin embargo hay que reconocer un tercer punto que es el cambio climático y las altas temperaturas producen el aumente la intensidad de los incendios al igual que su duración, como lo vivió hace pocos meses Australia. Aunque la propagación de los incendios se genere de manera natural esto no significa que no se deba intervenir, al contrario, es necesario reconocer los ciclos en los cuales los ecosistemas son más propensos a incendios forestales. También es necesario reconocer que los cambios drásticos en el ambiente se han generado principalmente a causa del calentamiento global, y la responsabilidad recae en cada individuo y su manera de aprovechar los recursos, al igual que las compañías extractivas y productivas que en muchos casos no cumplen con las políticas ambientales necesarias para la protección de los ecosistemas, fauna y flora. Regiones afectadas Estos incendios también afectan de manera drástica la calidad del aire. Medellín, Cúcuta y Bogotá han sufrido este fenómeno, también el departamento del Atlántico y Venezuela, donde se han visto densas capas de humo que afectan no solamente al medio ambiente sino también a los ciudadanos y habitantes de las regiones, incluso durante la cuarentena no se ha visto una disminución realmente drástica a pesar de que se ha reducido la huella de carbono. El 28 de marzo la Asociación de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia, la reserva natural de sol de Minca y la Red Internacional de Amigos por el Ambiente, entre otras fundaciones y organizaciones, firmaron una petición en la que exigen la acción inmediata de las autoridades territoriales y ambientales, además del envío de helicópteros especializados, para la protección integral del territorio, el derecho a la vida y el ambiente sano de las comunidades que lo habitan. Desde el 20 de Marzo se han presentado graves incendios forestales en la Sierra nevada, desde el sector de la Tigrera hasta el corregimiento de la Minca, también se han generado incendios en Santa Marta y en Valledupar, de los cuales todavía no se conoce el alcance. Las únicas entidades que han brindado apoyo durante esta emergencia fueron los bomberos, gestión de riesgo y el grupo COBASA. Por otra parte el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, comunicó que los incendios forestales amenazan aproximadamente 500 hectáreas de la vereda cominos de Tacamal al norte de Valledupar, pero que ya se encuentran trabajando la Unidad nacional de gestión de riesgo, al igual que los bomberos para hacer labores de control y mitigación de los incendios, junto con el apoyo de un avión cisterna que diariamente realiza descargas de agua en las zonas afectadas. Esta no es la única región que se ha visto amenazada. En el municipio de Macanal y Santamaría, en el departamento de Boyacá, también se han presentado incendios que pusieron en riesgo por cinco días la estabilidad de la reserva natural Guanaque, pero ya lograron ser controladas a pesar de estar en una zona de difícil acceso. Según el diario El Heraldo, desde el 16 de diciembre hasta el 2 de marzo se han presentado 769 incendios a nivel nacional, los cuales han devastado aproximadamente 25.715 hectáreas, algunas de los departamentos afectados son Cundinamarca, Córdoba, Magdalena, Vichada, Cesar y Bolívar. Respuesta del Gobierno Nacional Frente a esta emergencia, el Gobierno presentó la campaña “Artemisa” el 28 de abril de 2019, la cual pretende cumplir con cuatro puntos clave que mencionó el Presidente en su discurso: “El primero, parar lo que yo he denominado esa hemorragia deforestadora que se ha visto en los últimos años,dos, que nosotros recuperemos nuestra selva tropical húmeda, nuestros bosques y tres, que nosotros judicialicemos a los que están detrás de esa cultura deforestadora, pero también hay un elemento importante, la pedagogía y la conciencia colectiva” . Parece que la hemorragia deforestadora no tiene en cuenta a las grandes empresas que trabajan de manera legal pero con una flexibilidad inmensa por parte del Gobierno para que hagan lo que les plazca con los recursos no renovables. Esta estrategia tiene problemas que amenazan el bienestar de la población campesina e indígena en las zonas: Primero la operación al ser de carácter militar no consta realmente de medidas integrales y pedagógica, se enfoca más en la criminalización y penalización, por ejemplo en la Serranía de la macarena fueron judicializados 20 campesinos y no se tuvo en cuenta que muchos de ellos no habitan en zonas protegidas, por otra parte en algunos operativos han denunciado que se detienen niños, se queman cosechas y se dañan las pertenencias de las comunidades, ¿Esto es pedagogía y conciencia colectiva? Es claro que las acciones del gobierno deben buscar enseñar realmente a las comunidades a través de talleres educativos y no solamente militarizar las zonas y utilizar la fuerza bruta, por otra parte los llamado por parte de los diferentes departamentos para que se brinde atención cuando surgen los incendios forestales deben tener mayor incidencia a nivel gubernamental, y no solamente actuar una vez el incendio se propague. Por esa razón, las estrategias de prevención de mano de especialistas serían de mayor utilidad ante este fenómeno natural. Finalmente, el calentamiento global es inevitablemente y se ha convertido en uno de los problemas más grandes de la humanidad que requiere no solamente de políticas gubernamentales y de menos flexibilidad con las macro empresas invasoras, extractivas y productivas, también requiere de una conciencia individual y colectiva que se enfoque en un consumo más responsable de los recursos, ahora más que nunca bajó la situación tan grave que está viviendo el mundo.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Esta semana, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Burgos, anunció que tras el Consejo de seguridad realizado por la situación sanitaria que hay en el país por la propagación del COVID-19, algunos municipios del departamento serán militarizados. Esto, por el alto porcentaje de infracciones que se han registrado por no acatar el #QuédateEnCasa, ordenado por el Gobierno Nacional con el decreto de aislamiento preventivo obligatorio. A Soacha, Facatativá, Madrid, Mosquera, Girardot, Zipaquirá, Funza, Cajicá y Fusagasugá llegarán miembros del Ejército Nacional coordinados por el comandante de la XIII Brigada, Óscar Rey. Además, habrá una mayor presencia de patrullaje de la Policía desde el próximo 01 de abril, sin estipularse por cuánto tiempo se implementará esta medida. Uno de los argumentos presentados por el Gobernador, es que la presencia de más patrullas en Soacha logró disminuir el alto porcentaje de personas movilizándose en Transmilenio en este punto, donde durante la semana pasada se pasó de 40.000 a 16.000. Militarización: la medida que desconoce la historia Aunque la medida del aislamiento preventivo obligatorio es necesaria, también es cierto que esta se ha implementado dejando de lado las realidades de muchas personas; por ejemplo, quienes viven del trabajo diario, los que no tienen capacidad económica para solventar gastos básicos, las personas habitantes de calle, los privados de la libertad, los migrantes y quienes en estas circunstancias siendo trabajadores no se les garantiza medidas mínimas como la continuidad de un contrato o la posibilidad de acceder a prestaciones sociales y a entidades promotoras de salud. La consecuencia de esto es que, aunque la medida está planteada, muchas personas han tenido que salir de sus hogares para buscar soluciones a estas desatenciones. Y aunque mucho se ha debatido en los últimos días sobre estas poblaciones, las soluciones siguen dándose por vías que no están basadas en la raíz de las problemáticas. Si bien la militarización puede bajar el número de comparendos que se imponen por no permanecer en casa, podría también desatar dos principales problemáticas; por un lado, aumentar el número de personas que manifiestan no tener cómo hacerle frente a la cuarentena en cuestiones económicas, y por otra parte, una violación de derechos humanos por parte de estos organismos sin la posibilidad de que haya un ente que haga veeduría. Soacha ha sido una zona donde históricamente se han presentado abusos ejercidos por parte de la Fuerza Pública. Entre 2002 y 2010 por medio de ejecuciones extrajudiciales se asesinaron cerca de 1.211 jóvenes de departamentos como Antioquia, Meta, Norte de Santander, Cesar, Santander y Cundinamarca, más precisamente, Soacha. Estos asesinatos fueron responsabilidad de miembros del Ejército Nacional, quienes luego de cometer los homicidios, donde hacían pasar a los jóvenes como bajas de grupos guerrilleros, reclamaban incentivos económicos y lucrativos. Por estos hechos aún no han sido investigados todos los involucrados, tanto material como intelectualmente. En el caso de Soacha en el año 2017 fueron condenados 21 militares a penas entre 37 y 52 años de prisión, donde se relacionó al coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón, exjefe de operaciones de la Brigada 15 en Norte de Santander, por delitos de concierto para delinquir, desaparición forzada y homicidio agravado. Además, en los últimos años en este municipio se ha alertado por casos de reclutamiento a menores por parte de organizaciones criminales como Los Paisas, además de una alta presencia de grupos criminales de diversa índole, donde una de las principales actividades de disputa es el tráfico de drogas. Hechos que no son denunciados, pues la comunidad ha manifestado la desconfianza que hay con la Policía por dos contextos específicos; primero, por una posible complicidad de miembros de esta Institución con las estructuras criminales; y segundo, por un abuso de la fuerza que la Policía ejerce con parte de los habitantes de Soacha. Con este contexto y dada la medida de militarización presentada por el gobernador, Nicolás García Burgos, Pares habló con el Heiner Gaitán Parra, concejal de Soacha por el partido Colombia Humana, quien durante este tiempo ha presionado para que se den respuestas ante la carencia de una ruta de acción frente al COVID-19 que atienda a toda la población del municipio. A su vez ha denunciado abusos de empresas como Power Services, contratista de servicios generales en los 23 colegios públicos de Soacha, que ha hecho que cerca de 150 mujeres que prestan los servicios de aseo en estos establecimientos hayan tenido que firmar licencias no remuneradas. Asimismo, que durante este tiempo se hayan presentado irregularidades para el acceso de alimentación de los niños a través del PAE, y que, por otro lado, los 30.000 mercados que donó la Gobernación hayan sido entregados por miembros administrativos sin hacer públicos los mecanismos de entrega y la forma en la que la población podría acceder a estos. Pares: ¿Cuáles son las principales falencias que no atiende el plan de contingencia en Soacha? Esto teniendo en cuenta que el municipio ha sido reiteradamente señalado como uno de los puntos de alto flujo de personas en las calles. Heiner Gaitán: Lo principal por señalar es que el 80% de la población en Soacha está entre los estratos 0 y 2. En su mayoría hacen parte de la economía informal, el rebusque y del día a día sin poca ayuda social, lo que ha agudizado una serie de condiciones en el municipio. Así, al tercer o cuarto día de cuarentena sin ganar lo del diario se empiezan a registrar escenarios de demanda por parte de la población por alimentos o por medidas sociales que garanticen mínimos vitales. Uno de los elementos para resaltar es que estamos mal contados por el DANE y eso hace que tengamos poco dinero destinado para Soacha. A esto se le suma que el tema de servicios públicos no llega a toda la población y además, que por la cercanía con Bogotá el 13% de la mano de obra de la capital se concentra en este municipio, por eso el alto flujo de personas en el transporte público. Por otra parte, el alcalde Juan Carlos Saldarriaga ha sido efectivo en cuanto a las restricciones en el espacio público, pero de alguna forma las medidas para permitir que la gente tenga condiciones dignas en la cuarentena han sido insuficientes. Asimismo, hemos denunciados irregularidades. La situación aquí está tenaz. Yo como funcionario recibo entre 20 llamadas diarias, mensajes por muchas plataformas de gente solicitando apoyo. A tal punto que la Alcaldía reconoce que no tiene una base de datos para poder entregar ayudas. Hasta ayer se lanzó la plataforma. Ante esto la gente se ve en la obligación de salir a rebuscársela. Pares: ¿Qué significados puede traer para un municipio como Soacha, que ha sido atravesado por el conflicto armado y por varias problemáticas sociales, la militarización del territorio? H.G: Aquí hay unos antecedentes en lo que significa una militarización del municipio y lo que preocupa es que esta medida da ciertas facultades a la Fuerza Públicas, pero sin ningún tipo de veeduría o control. Incluso, cerca al municipio, en Bosa, se denunció hace poco un abuso de una mujer en un CAI por parte de policías. En estos casos, en los que se les da atribuciones a policías y militares, se permite que se potencien los escenarios de violación de derechos humanos, e igualmente se advierte de las secuelas que esto puede traer a la comunidad al sentir tanto poder por parte de los organismos de control. Uno entiende que se necesitan medidas para garantizar la cuarenta, pero eso no implica que los dispositivos de fuerza y control sean los que tengan que hacerlo. Aquí se está priorizando más lo restrictivo que las medidas para que las clases populares solventen la crisis. Esta excepcionalidad de emergencia sanitaria pone a las fuerzas públicas en un papel casi similar que, en las dictaduras, es decir, a la gente que esté en la calle le pueden pegar, sancionar y ejercer un uso excesivo de fuerza. En este contexto los dispositivos de poder y vigilancia están muy marcados y estos, además, tienen unos antecedentes en el municipio donde la población no espera mayor protección de parte de ellos. Es preocupante que se militarice sin ningún tipo de acompañamiento y veeduría que pueda monitorear las acciones de parte de los militares y la policía. Pares: ¿Ante la falta de medidas que protejan a la población que no tiene cómo solventar la cuarentena ha habido alguna respuesta institucional por parte de los organismos de Soacha? H.G: Lo que dice la alcaldía es que por el momento la gente tiene solo que inscribirse en la plataforma , ahí se ubica si en efecto hay alguna necesidad para proceder, sin embargo, esa base de datos hasta ahora se está gestionando y fue gracias a la presión que se hizo a través de redes sociales. Pares: ¿Desde su rol de concejal del municipio se puede fomentar algún tipo de veeduría para militarización que habrá en Soacha? H.G: La gran incógnita es esa: ¿cómo hacer veeduría? Los encargados son los de la Personería, pero ellos están rebasados con otras situaciones sociales que esta crisis sanitaria está agudizando en Soacha, y los líderes, que son otro sector que promueven estas acciones, están gestionando recursos para la comunidad para atender la situación o por otro lado están amenazados.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Hoy se cumplen 101 días en los que el Congreso no ha sesionado. Si bien, el inicio de esta labor estaba planeado para el pasado 16 de marzo, esto no tuvo su orden normal, pues la emergencia sanitaria que se vive en el país también afectaba la modalidad en las que se dan las discusiones en el Capitolio. La gran duda era cómo se iban a llevar al debate público las medidas que ha venido decretando Iván Duque para responder a las diferentes situaciones que ha desatado la propagación del Covid-19, no solo las de salubridad, sino también las problemáticas sociales que se han mostrado más vigentes en este tiempo. Ante esto el Gobierno Nacional activó un plan de contingencia para los servidores y contratistas del Estado a través del Decreto 491 del 2020, el cual por medio del artículo 12 da vía libre para que: “(…) todas las ramas del Poder Público puedan realizar sesiones no presenciales cuando por cualquier medio sus miembros puedan deliberar y decidir”. Así desde el pasado 28 de marzo el Congreso está de alguna forma habilitado para realizar las sesiones virtuales y así hacer control de lo que desde el poder Ejecutivo se ha estado decidiendo. Sin embargo, dado el panorama actual han salido dos escenarios: por un lado, la preocupación por una posible inconstitucionalidad en esta medida, y por otra parte, la urgencia de ejercer veeduría política por parte del Congreso al presidente Iván Duque. ¿El limbo entre lo constitucional e inconstitucional? Este debate lo abrieron varios excongresistas y congresistas quienes ponen como argumento que la Ley Quinta de 1992, la cual dinamiza el funcionamiento del Congreso, no contempla la posibilidad de sesiones virtuales, y que al ser una ley orgánica sólo puede ser reformada cuando haya un consenso mayoritario absoluto por los organismos del Congreso, es decir, en este contexto las decisiones que pueden llegar a ser tomadas podrían carecer de legalidad posteriormente. Asimismo, el senador Jorge Robledo se ha referido al tema a través de sus redes sociales, donde ha dicho que “es un abuso de Iván Duque haber tomado esa decisión”. Igualmente, hace referencia pudieron exceptuar a los congresistas de las medidas del aislamiento preventivo obligatorio para que estos pudieran legislar con normalidad. “Hacer esto por medios virtuales es una farsa. Si aprueban las leyes que aprueban estando presentes los de la oposición vigilando, ¿se imaginan la Casa de Nariño manejando el Congreso como se le da la gana?”. Por otra parte, Rodrigo Uprimny, investigador de Dejusticia, hizo referencia en El Espectador: “Que el artículo 140 de la Constitución autoriza al Congreso a reunirse en otros lugares en caso de perturbación del orden público. Así, lo del coronavirus puede interpretarse como una perturbación del orden público, y los espacios virtuales como lugares a los que se asiste. De esa forma existe entonces una autorización constitucional y legal para que el Congreso decida y sesione virtualmente”. A esto se le suma otra de las preocupaciones que han hecho públicas algunos representantes a la Cámara como, el presidente de este organismo, Carlos Cuenca y el primer vicepresidente, Óscar Villamizar (Centro Democrático), quienes advirtieron que aunque están de acuerdo con la virtualización de las sesiones, no saben qué medidas se van a tomar para decidir un canal comunicativo que les permita tener una buena dinámica de las sesiones, además de condiciones adecuadas técnicamente y en cuanto a seguridad informática. La urgencia es el control político al poder Ejecutivo Hasta el jueves 26 de marzo el Gobierno Nacional había tomado 144 medidas a través de decretos, resoluciones y circulares dada la situación sanitaria, social y económica relacionada con el COVID-19, todas estas han sido implementadas sin pasar por la veeduría y control del Congreso, a pesar de que estas medidas están determinando lo que será de los colombianos dado el aislamiento preventivo obligatorio. “Es necesario que el Congreso ejerza el control político y que juegue un papel de liderazgo en representación de sus electores y de las regiones, que le aporten al presidente y al ejecutivo, y a su vez que también vigilen y limiten sus decisiones”, afirmó León Valencia, director de Pares. Desde el 16 de marzo no se hacen las sesiones que estaban programadas durante este año, esto no solo representa un abandono durante este periodo de discusiones alrededor del Coronavirus, sino también de proyectos de ley que no han podido ser discutidos y que representan la misma importancia de cara a las problemáticas sociales que se están agudizando con la pandemia que se vive. La senadora Sandra Ramírez del partido Farc afirmó a través de Twitter que: “Un Estado sin un Congreso activo se parece más a una dictadura. En estos momentos es necesario que comencemos a sesionar para hacer control político a todas las medidas tomadas por el Gobierno frente al Covid-19”. Hasta el momento lo cierto es que la decisión final está en manos de los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes; Lidio García y Carlos Alberto Cuenca, quienes aunque se han pronunciado al respecto no han dado una respuesta que permita comenzar ya a evaluar las medidas que se han tomado y a ponerle atención a otros temas que no son ajenos a la realidad nacional: asesinato a lideres sociales, falta de fortalecimiento al sistema de salud, problemáticas educativas, crisis carcelaria y desatención a poblaciones que hoy piden garantías de vida digna. “La tentación del Presidente de tomar decisiones de gran alcance utilizando sus facultades extraordinarias puede derivar en arbitrariedades”, concluyó León Valencia.

Por: Carlos Castelblanco Pinedo – Redacción Pares «Debemos aprovechar este momento tan caótico y tan distinto para reflexionar muy profundamente ¿quiénes se merecen gobernar nuestros destinos? Si el modelo de país y de mundo que estamos construyendo es el modelo que nos sirve, si ese es el modelo en el que queremos vivir o si definitivamente a través de nuestras decisiones podemos transformar de manera muy positiva el planeta. Yo creo que es una reflexión que le toca hacer obligatoriamente a las nuevas generaciones.» Pares habló con María José Pizarro, Representante a la Cámara por Bogotá, integrante de la Comisión Sexta Constitucional, Segunda Vicepresidenta de la Cámara de Representantes y Copresidenta de la Comisión de Paz. Pares: ¿Cuál es su análisis del decreto 444 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional frente a esta situación y qué críticas puntuales ha hecho sobre el tema de la destinación de los recursos? María José Pizarro: Hemos trazado unas críticas donde creíamos que debe ponerse un especial énfasis y atención a lo que sucede, además en estos momentos donde el Congreso, al no estar sesionando, pues tampoco hay control político a las decisiones que está tomando el gobierno. Nosotros hemos hablado de seis puntos que consideramos importantes. Vemos con buenos ojos la creación del fondo, pero es importante que alertemos sobre la posibilidad de que éste sea usado para desfinanciar a los entes territoriales. Desfinanciar no es el propósito pero sí es un posible resultado si no se toman en cuenta las consideraciones, es decir, el gobierno debe garantizar que los recursos lleguen a las alcaldías con destinación a los programas de atención social y en salud en el marco de la emergencia y no a privados, cuyos intereses pueden estar definitivamente lejos del propósito del decreto. Por otro lado el fondo ha sido creado con una cuenta sin personería jurídica del Ministerio de Hacienda, es decir que su manejo queda sujeto al criterio del ministro Carrasquilla. Esto nos preocupa, porque él tiene unos antecedentes graves que nosotros ya denunciamos en relación con su función ministerial en el pasado, por ejemplo los bonos de agua. Aunque hay discrecionalidad, también hay criterios de gasto y no son los de Carrasquilla. Se debe revisar el artículo cuarto, que dice específicamente que son recursos de gasto para el sector central, para la burocracia necesaria para gastarla, para apoyar la liquidez del sector financiero , para adquirir capital, o deuda de los privados, públicos o mixtos, que desarrollen actividades de interés nacional. Hay que revisar eso muy bien. El tercer punto que nos preocupa es precisamente que el 80% de los recursos del FONPET se toma para este fondo. Recordemos que estos son los fondos de pensiones de las entidades territoriales y que serían pagaderos en los próximos 10 años. En el pasado ya hay experiencias como la ley 100 de lo que puede ocurrir con los fondos que son tomados de esta manera es decir, jamás retornaron una vez superada la crisis. Pares: ¿No hay forma de garantizar el retorno de recursos a dicho fondo? M.J.P: En el decreto no se establece ningún mecanismo que aclare cómo el Gobierno Nacional en el futuro va a retornar estos fondos que fueron tomados prestados; luego en el articulado del decreto hay un punto que nos preocupa de manera especial y es el que permite el uso de los recursos para dar liquidez transitoria al sector financiero. En nuestro criterio esto quiere decir que se le dará crédito o préstamo sin especificación a las entidades bancarias que así lo soliciten, y sin especificar los términos para su retribución, es decir nos preocupa que la crisis sea usada para usar recursos públicos y salvar a los bancos. Por otro lado, y como quinto elemento de análisis, el fondo también permite el uso de recursos para apalancar operaciones de privados en las bolsas de capital. Según el decreto, la idea es que a través del fondo se compren acciones de empresas privadas públicas y mixtas para mantener su funcionamiento en aquellas que son de interés nacional. Nosotros nos preguntamos si esto quiere decir que los recursos pueden ser usados para compras de acciones en la bolsa. Entonces la pregunta sería si este es un fondo para atención de emergencias o un fondo para estabilizar financieramente. Finalmente, el decreto faculta al Ministerio de Hacienda para proveer a quién él decida con tasas de interés subsidiadas. Esto le da muchísimo poder para que quede sujeto a unos pocos y sobre todo en medio de esta crisis en la que se requiere dar liquidez a miles de hogares de escasos recursos, muchos de los cuales ni siquiera cuentan con cuentas de ahorro. Se especifican qué subsidios se le darán a las familias, pero nadie tiene claro cómo poder acceder a estos recursos que se deberían estar priorizando a las personas y a los sectores más vulnerables. Básicamente la alerta grande que sacamos es si definitivamente ese decreto es para financiar el gasto de la emergencia por el coronavirus y sus impactos sociales y no se convierta en una vaca lechera de la que pueda hacer uso del sector financiero. Pares: ¿Qué papel debe desempeñar el Congreso frente a esta situación que usted señala? M.J.P: El problema real que tenemos también como congresistas en el marco de esta crisis es que al no poder sesionar de forma presencial, tenemos que propender para que las sesiones virtuales que deben hacerse brinden todas las garantías constitucionales para que las votaciones se puedan dar con total transparencia y lo mismo las discusiones. En este momento lo que estamos viviendo es la incapacidad de poder articularnos, de poder presentar las alertas, de hacerlas públicas, más allá de lo que podamos hacer a través de las redes sociales y los medios de comunicación. La preocupación que tenemos hoy desde el Congreso de la República y desde la oposición es si realmente se están brindando las garantías para que podamos ejercer nuestra función de control político. Obviamente hay que hacer una crítica de manera muy constructiva, de manera muy propositiva, de ayudar a aliviar la crisis y siempre que hagamos una denuncia la acompañamos de una propuesta. Pero no se puede limitar el control político y dejar abierta la puerta abierta a que el Gobierno haga lo que considere oportuno según su visión de país, sin tener en cuenta otras posiciones y otros mecanismos que podrían ayudarle al mismo Gobierno a solventar de manera más integral la crisis que estamos viviendo. Pares: Por otra parte, continúan la violencia y los crímenes contra líderes sociales y excombatientes. La semana pasada usted lideró una sesión virtual de la Comisión de paz del Congreso para analizar este asunto tan dramático. ¿Cuál fue el resultado? M.J.P: Definitivamente el Gobierno no ha tenido ninguna voluntad para implementar los mecanismos que ya se contemplaban en el marco de los acuerdos, no hay ninguna voluntad política y se han tomado unas decisiones sin tener en cuenta la participación efectiva de las comunidades ni tampoco las dinámicas territoriales. Hay unas causas que vulneran el ejercicio de los líderes sociales, pero también hay una estigmatización por parte de los gobiernos locales, de los funcionarios públicos ,de la fuerza pública a la labor que realizan los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, por lo tanto tampoco hay una protección efectiva, ni un blindaje social a la labor que realizan estos líderes sociales. En el marco de esta crisis lo vamos a ver de manera muy clara: ¿Cuál es precisamente la labor de denuncia que realizaban los líderes sociales? Por ejemplo quedó muy claro que una de las causas relacionadas por las cuales están asesinando a las personas en los territorios es el acompañamiento y apoyo a la implementación de los acuerdos, de las personas que ejercen participación política de territorios con alta conflictividad. Pero hay un punto que es la agenda de corrupción, es decir las organizaciones o los líderes sociales que hacen veeduría a la inversión o a la ejecución de los recursos públicos, ellos son personas que están siendo asesinadas hoy en los territorios y su labor, ahora en el marco de lo que estamos viviendo, puede ser absolutamente fundamental. Tampoco se ha avanzado en la sustitución de cultivos y lo que quiero decir con esto es que no se puede pretender solucionar en cuatro días algo a lo cual el gobierno no le ha prestado la atención suficiente. Lo que sí sabemos es que si desde el primer momento se hubiesen tomado las medidas, hubiesen actuado de manera diligente hoy no tendríamos la situación que estamos viviendo. Nosotros no podemos permitir que por causa de la pandemia que estamos viviendo se desatiendan completamente las comunidades que van a quedar a merced de los actores violentos, como ya lo están. Pares: ¿Qué papel considera usted que debe desempeñar la bancada de oposición en el Congreso de la República en estos momentos? M.J.P: Nosotros hoy nos preguntamos si efectivamente el Gobierno que tenemos es legítimo. Hay toda una serie de denuncias alrededor de la ‘Ñeñe Política’ de lo que sucedió con Aída Merlano, que hoy se nos olvida. Las denuncias apuntan a que es un Gobierno corrupto y por lo tanto nuestra función debe ser de poder evidenciar y dejar claro ante la ciudadanía que tenemos, no solamente una enfermedad endémica de corrupción en nuestro país, sino que en el marco de gobiernos como éste y de situaciones como la que estamos viviendo esto puede presentarse de manera dramática. Y quienes se ven perjudicados son los ciudadanos. Debemos seguir presentando las denuncias, pero también debemos tener en cuenta que la prioridad número uno en el marco de esta emergencia es la ciudadanía. Nuestro discurso tiene que llegar por lo menos al sector al que nosotros le hablamos de manera más directa, nuestros votantes y las personas que creen en una forma diferente de hacer política. Pero independientemente de eso, nosotros tenemos que actuar y es algo en lo que yo me he empeñado muchísimo, en mantener cohesionada la bancada de oposición, en poder mandar unos mensajes conjuntos, en que podamos actuar de manera coordinada. Hoy es evidente que hay una crisis de gobernabilidad y el Presidente terminó tomando las medidas casi que en reacción a las medidas que estaban tomando los mandatarios locales, y precisamente por eso saca decretos como los que saca, intentando quitarles competencia para ganar un protagonismo que no tiene, porque no tiene el liderazgo suficiente para convocar alrededor de sí a la ciudadanía y a los gobiernos locales. Además, es momento para que el Congreso también muestre grandeza. Yo creo que aquí se tiene que actuar de manera muy inteligente de cara al 2022 y ojalá nosotros logremos cambiarle el rumbo al país y la ciudadanía aproveche para hacer reflexiones que como país no hemos hecho. Pares: ¿Hay una lucha de protagonismo por mostrar quién puede darle manejo a esta emergencia tan complicada entre mandatarios locales y líderes políticos, por ejemplo en el caso de Bogotá? M.J.P: Por un lado Claudia López está actuando de manera diligente en el marco de atender la crisis que está viviendo la ciudad, es decir atender a la ciudadanía bogotana, y Gustavo Petro está asumiendo una postura de análisis, de propuestas y en algunos momentos respaldo necesario al Gobierno Nacional. Quisiera creer que eso se desarrolla de esa manera, porque si es así estamos hablando es de la grandeza de los gobernantes que tenemos, de la grandeza de quienes están destinados a dirigir el destino de este país, bien sea hoy como Claudia que está hoy al frente de la alcaldía, o Gustavo si en algún momento llegara a estar en la Presidencia de la República. Yo espero que éste también sea un espacio para que los liderazgos políticos nacionales actúen con grandeza y generosidad, que por primera vez y esto es un llamado también a la oposición política y a quienes han estado históricamente en la oposición política, a que pongan por delante el país y no solamente sus intereses personales. Este es un momento realmente para crecer como país, para crecer como oposición, para plantearse como alternativa, para entender que tenemos distintas visiones. Nosotros podemos convocar a los sectores más amplios del país, es decir no quedar en un nicho, marginales, sino lograr hablarle al país y esa es la talla de los gobernantes que necesitamos y es la talla que necesitamos de quienes se plantean su vida política como alternativa. Pares: En estos momentos ¿se siente más cerca de Claudia López o de Gustavo Petro? M.J.P: Yo acompaño a Gustavo en el modelo de país que él propone, yo siento que él ha sido, y eso sí lo resalto y lo resaltaré siempre, el único que se ha pensado el país más allá de intentar encontrar posturas. A veces el problema del centro, en mi criterio, es que intenta acercar la postura de la derecha con la postura de la izquierda, entonces en ese intentar acercar esas posturas sencillamente terminan un poco atados a la derecha o a la izquierda intentando que ambos sectores estén tranquilos, como arañar de ambos sectores. Considero que lo que se necesita es proponer un modelo completamente nuevo, proponer soluciones para Colombia, pensarse el país, reflexionar en torno al país que queremos construir y creo que quien lo ha hecho más y quien ha realmente sido mucho más propositivo en ese sentido, más visionario, más estadista definitivamente es Gustavo Petro. Pero definitivamente Petro solo no va a llegar y tiene que ser más amplio en la forma en la que se muestra al país. Quisiera ver un Gustavo menos confrontador y realmente muchísimo más estadista, pero definitivamente para poder lograr eso se requiere construir una segunda línea, se requiere construir toda una serie de liderazgos que sean capaces de acompañar. Se tiene que lograr acercar a distintos sectores de la sociedad, incluidos aquellos que no nos oyen porque obviamente ha habido un trabajo muy acertado por parte de varias personas y es encasillarnos en el mamertismo, en el comunismo, el castrochavismo toda una serie de posturas que ni siquiera responden al país que se propone. Se requiere avanzar en la talla de nuestros gobernantes y yo creo que definitivamente que a todos nos falta camino por recorrer. Pares: Hace 30 años ocurrió un hecho histórico que fue la finalización del proceso de paz con el M-19, y ese proceso fue liderado por Carlos Pizarro, su padre. ¿Cómo analiza hoy, 30 años después, ese hecho para el país? ¿Qué importancia tiene? M.J.P: En términos de país vamos a decirlo así: yo siento que el M-19 le entregó a Colombia, una propuest política liderada por mi padre. Pero ahí debemos ser lo suficientemente grandes para reconocer que había todo un grupo humano que se había pensado el país de una manera muy particular, y siento que ellos fueron visionarios en la posibilidad de hablarle a una gran masa poblacional, de transgredir las fronteras de la izquierda con un diálogo en términos en un discurso nacional, un pensamiento político madurado, de unas charlas muy profundas. Un mérito del M-19 fue no haberse quedado en el estrecho grupo del movimiento guerrillero sino haberse pensado el país muchísimo más allá. Yo creo que en eso el M-19 le propuso una forma de hacer política diferente al país. Por otro lado, fueron capaces de recuperar el discurso nacional y entregarle referentes diferentes. Hoy el país tiene referentes de paz precisamente a partir de las movilización de los movimientos guerrilleros en Colombia del M-19 y de otros, pero el líder más emblemático fue mi padre y yo creo que mi padre hoy, como muchos otros, es referentes para la paz y le estaba hablando a una ciudadanía de todos los colores. Por eso 30 años después todavía está ese pensamiento y esas propuestas y esa figura en la memoria colectiva del país, sin que genere resistencia. Tú puedes hablar con personas muy diversos sectores sociales, incluidos los militares, que tienen una recordación positiva de mi padre y por lo tanto tienen ahí un referente de paz, una paz que fue posible. El 26 de abril se cumplen 30 años de su asesinato, es decir no solamente fue la firma de los acuerdos de paz sino que en términos personales la paz fue triste y fue dolorosa, en el sentido de que en ese momento perdí al ser más importante de mi vida, entonces también entendí que la paz era dolorosa, que se podía hacer una guerra en medio de la paz. Es decir que la tragedia colombiana es que la paz y la guerra conviven de manera dramática, que esa conversación que proponía el M-19, es una conversación inconclusa. Pares: ¿Estaba orgullosa de su padre en esos momentos? M.J.P: Sí, sentía un orgullo inmenso. Todavía lo siento porque cuando miro la talla de políticos, como decía, la grandeza, la dimensión de los políticos que tenemos hoy, yo creo que personas como mi padre le hacen una falta terrible al país, porque eran personas que no solamente le hablaban a un estrecho grupo sino que le hablaban a la sociedad colombiana. Este grupo generaba empatía, despertaba emociones. El político no solamente debe ser absolutamente riguroso en su construcción ideológica, en sus propuestas, en su análisis del país, sino que además tiene que ser capaz de enamorar a la mayoría. Eso también hace parte del trabajo de los políticos, gente que sea capaz de convocar a sectores amplios, que sea capaz de un discurso mucho más afectuoso, mucho más tangible, no el de la eterna confrontación. Y esa es la talla de políticos que necesitamos y que le hacen falta al país. Considero que la oposición se acostumbró a estar peleando y no sabe cómo pensarse en términos desde el gobierno. Los otros, los sectores tradicionales construyeron un modelo de Estado a su propio beneficio y su propio interés. El problema fue que quedó un grupo por fuera y eso no depende de tintes políticos, depende de cuál es nuestra capacidad de sintonizarnos con el país. Yo creo que ese será el reto que tendremos en los próximos años, y ojalá nosotros como generación tengamos la capacidad de forjar liderazgo en el seno del pueblo.

Por: Natalia Aguilar Salas. Colaboradora Pares. “Primero lo primero, salud y educación”. En noviembre y diciembre de 2019 se oían arengas en las calles y las plazas del país en las que la población no exigía por más presupuesto para el bolillo ni para la guerra, sobre todo en un país tan desigual, no, lo que se exigía en las movilizaciones sociales eran los derechos básicos para una vida digna. Pero lo que no esperaban los gobiernos a nivel mundial es que el 2020 requerirá más que nunca demostrar las inversiones y el funcionamiento del sistema de salud, su infraestructura y personal técnico y médico. El presupuesto para el sector salud en Colombia el año pasado se fijó en 32.2 billones de pesos, y de estos, 10.9 mil millones de pesos fueron asignados para el Instituto Nacional de Salud. Mientras que, una de las cifras más altas del presupuesto nacional fue destinada para el Escuadrón Móvil Antidisturbios o Esmad, el cual cuenta con 490 mil millones de pesos anuales. Vestir a un miembro de este escuadrón con los implementos adecuados cuesta aproximadamente 3.605.000 pesos. En los últimos días se ha evidenciado un crecimiento drástico de casos de Covid-19 en el país, y aunque se ha hablado del equipamiento necesario para que 22 laboratorios empiecen a desarrollar las pruebas necesarias para el diagnóstico del virus, es necesario reconocer que aunque es un paso necesario, no es la única iniciativa que debe tomar el Gobierno Nacional. El país cuenta hoy con 5.300 camas de UCI disponibles, de las cuales solamente el 20% están libres, y solamente entre el 10 y 15% cuentan con las medidas necesarias para el aislamiento adecuado, esto significa que el número de camas disponibles en las unidades de cuidados intensivos es de 750 camas. Una cuestión de prioridades Según el programa mundial de alimentos de las ONU, el costo aproximado de un kit, que incluye equipos de oxigenación por membrana corpórea y ventiladores no invasivos, los cuales de utilizan en pacientes en estado crítico cuesta aproximadamente en 500 dólares, es decir 2´000´000 millones de pesos. Esto en comparación con el gasto en uniformes, armamento y transporte de miembros del Esmad, no parece una cifra alarmante. La corrupción y los robos sistemáticos que afectan directamente al sistema de salud y a la población han quebrantado este pilar esencial. Mientras esto ocurría, en un día el gasto aproximado en el funcionamiento de los diferentes escuadrones del Esmad puede ser de 1.340 millones. Por ejemplo, los lanzadores de proyectil cuestan 118.000 dólares, y los lanzadores de gas de calibre de 40 milímetros tienen un costo de 639 dólares por unidad. La salud pública en el PND Hace un año, el analista económico José Roberto Acosta hacía la siguiente advertencia en la columna de opinión La salud pública en el Plan de Desarrollo, publicada por Pares: Sobre el delicado y crucial tema de salud pública, en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND) propuesto por el Gobierno Nacional, se habla de cobertura con calidad, subsidio a la oferta, mayor participación territorial, mejor gobierno corporativo, sostenibilidad y pago de deuda pendiente. Declaraciones bien orientadas, pero que en el articulado tienden a desdibujarse tal y como detallo a continuación: Se propone en el artículo 55 que cualquier operación de compra y venta de acciones de una EPS (Entidad Promotora de Salud) que represente más del 10% de la propiedad, deberá contar con la autorización de la Superintendencia de Salud, sin embargo, debería involucrarse también la autorización previa de la Superintendencia de Sociedades, que ha sido más activa en casos como el de Medimás EPS. Y lo más importante, que el vendedor de las acciones tenga un certificado de paz y salvo para que no se repita el caso de Cafesalud EPS, que solo vendió el activo intangible, es decir los pacientes, pero se quedó con el pasivo o deudas. Esto a la larga perjudica a hospitales y clínicas, trabajadores y proveedores que quedan en el limbo después de estas operaciones que lavan malos manejos por cuenta de un “comprador de buena fe”. En el artículo 127 se le carga a la nación el pago de los servicios y tecnologías en salud no financiadas; son los famosos recobros que tanto dolor de cabeza han generado pero que, sin titubeos, se deberían empezar a tarifar con precio de referencia a partir del “Precio Medio por Evento Nacional (PMEN)”, mas un margen o desviación hacia arriba que permita ponerle límite al desbordado desorden en la contratación directa de las EPS con las IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud). Esto constituye el mayor hueco por donde se filtra la corrupción con los recursos públicos destinados a la salud de los colombianos. Cada procedimiento quirúrgico o tratamiento está costeado y codificado a nivel nacional en el PMEN, por ello, no puede seguir pasando que una apendicectomía en una ciudad colombiana cueste más del doble que lo que cobran en Europa, Tokyo o Nueva York. Se le debe poner límite a la sobrefacturación de servicios, en especial a los recobros, y usar el PMEN como referencia. Esta una propuesta concreta que debería incluirse en el PND. Además, otorgar solo un 2% a la red hospitalaria pública, es una forma de marchitar la oferta en aquellas regiones de alta dispersión rural en la que el sector privado no atiende por ser poco rentable, afectando la tan anunciada equidad y necesidad de inclusión de las zonas que nunca han tenido un control por parte del Estado. En el artículo 138 del PND se ponen a contribuir a los “no pobres” mediante un aporte que va desde 1% al 15%, más un microseguro. Aunque en gracia de discusión se podría aceptar que todos debemos aportar para mantener la universalidad en la prestación del servicio de salud y mejoras en su calidad, también es cierto que esos aportes no pueden atentar contra el ingreso mínimo vital de los “no pobres”, término problemático incluido en el PND por algunos “tecnócratas” para poder meterle mano a los precarios ingresos de esa “clase media cercana a la línea de pobreza”. Entonces ¿Dónde queda la guerra contra la elusión y evasión de aportes de los de mayor ingreso? se preguntaba Acosta. Pues bueno, al parecer hoy los trabajadores de la salud y todo el sistema tendrá que hacer un esfuerzo monumental en medio de una pandemia y una crisis social tan profundas para salir adelante. Era una cuestión de prioridades.

Por: Walter Aldana. Especial para Pares. La clase media no es ni pobre ni rica, es decir ni recibe subsidios del gobierno, ni tiene la plata suficiente para abordar los gastos del mantenimiento en esta emergencia del Covid-19 sin ingresos; he ahí nuestra tragedia. Es en medio de todo privilegiado respecto a otros sin techo y condiciones básicas, es un conglomerado de habitantes de Colombia que mayoritariamente con su voto, han ayudado a elegir a quienes nos tienen hoy casi en imposibilidad de responder al virus. Las mujeres y hombres de la clase media tenemos tarjeta débito, de crédito, deudas de vivienda, del vehículo, de pronto de un viaje ya hecho o por hacer, esa clase media colombiana vivimos al debe, y no me vengan con el cuento de: “ahorre”, y voy a explicar por qué. Del millón de reconectados para el servicio de agua, por lo menos doscientos mil pertenecen a la categoría de clase media. En la gobernación y la alcaldía de Popayán aún no ha contratado a los profesionales 2020 con la vergonzante figura de (orden de prestación de servicios), gracias a la flexibilidad laboral del modelo económico imperante. A los exponentes de este sector de la sociedad (vergonzantes muchos de ellos), nos llaman a diario otros pertenecientes a nuestra misma capa de la población desde los call center, oficinas de cobro telefónico, audio-torturadores, no sólo a exigir el pago de las cuotas atrasadas, sino en el colmo de la violación al derecho a la intimidad con la pregunta de ¿cuándo le pagan? ¿por qué no paga? etc. Y la mayoría de esta clase media esperando un contrato para cancelar deudas y sostener a su familia, es llamada por el gobierno para que “aporte” su formación y capacidad profesional en brigadas de apoyo, se arriesgue a contaminarse con el virus y no obtenga emulación económica con que sufragar los gastos de casa. Esos trabajadores de la salud que hoy los grandes medios de comunicación llaman “HÉROES”, pero que se les paga pírricos salarios con el sistema de contratación, no se les da dotación, ni infraestructura, hacen parte también de la clase media, con hijos, padres, abuelos, en peligro de contagio; los hombres y mujeres de nuestra fuerza pública igualmente, así como quienes hacen parte de los organismos de socorro (cruz roja, bomberos y defensa civil). Entonces y en resumidas cuentas, no vengan con sus discursos de doble moral judío cristianos de que; “todos somos responsables”, con el esfuerzo de todos salimos de esta”, pregunto ¿Salimos para lo mismo? Claro que conocemos nuestros deberes y los estamos cumpliendo, pero la responsabilidad de la crisis no es de todos, la izquierda no ha gobernado este país. Y, al salir de la pandemia los bancos volverán a ganar 9 billones de pesos, Fenalco impondrá (a la clase media) acuerdos colectivos para bajar salarios “temporalmente”, y después de conseguir un contrato de tres o cuatro meses seguiremos sin capacidad de ahorro, porque estaremos pagando las deudas atrasadas. No es el problema de este gobierno (aunque este es el más débil de cuantos hemos tenido), es como diría Álvaro Gómez Hurtado: la crisis del régimen. Es el secuestro de la rama legislativa y judicial por parte del ejecutivo a punta de prebendas (contratos y puestos), es la de partidos políticos que se conforman con instalar 180 vallas para recordarnos que debemos bañarnos las manos, qué pobreza de alternativas. Dónde está el presidente que nos dio la ley cien y privatizó el servicio de salud (que se la regaló a los ricos), y los otros que hicieron reiteradas reformas laborales y tributarias que fueron con el paso del tiempo empobreciendo a esta clase media. De esta saldremos, la crisis la superaremos; y pos pandemia, los industriales, comerciantes y banqueros tendrán que ganar un poco menos, en las calles y en las urnas. Las y los colombianos, haremos que prime lo humano sobre el capital, también existe plusvalía en la solidaridad con el mundo que nos rodea. walteraldana2@gmail.com // 31 de marzo 2020

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares La violencia contra los y las firmantes de paz no cesa ni en época de aislamiento social. Un integrante del ETCR Heiler Mosquera, en el departamento de Putumayo, Juan Carlos Castillo o Luis—como era conocido por sus compañeros allá en La Carmelita— fue encontrado asesinado cerca del resguardo Kwisna Cxhab, en inmediaciones a la vereda de Alto Lorenzo. El hecho se confirmó este lunes 30 de marzo, pero el asesinato habría ocurrido hace varios días. Además del crimen, este caso revela un intento de desaparición. Con el crimen de Luis, son cuatro casos de firmantes del Acuerdo de Paz que han sido asesinados en las últimas dos semanas. El asesinato e intento de desaparición de Juan Carlos Juan Carlos, o Luis como era llamado, fue encontrado enterrado y con impactos de bala de acuerdo con la información que entregada por la Red de Derechos Humanos del Putumayo. Adicionalmente, han señalado que a pesar de haberse confirmado su muerte el 30 de marzo, el asesinato habría ocurrido días atrás y, además, pudo haber sido perpetrado en una vereda conocida como Santa Rosa. El caso de Juan Carlos configura un intento de desaparición al haber sido trasladado desde la vereda Santa Rosa hasta la vereda de Alto Lorenzo; sobre esta situación se exige a las autoridades competentes que tengan en cuenta lo ocurrido con el cuerpo para ahondar en la investigación sobre quiénes fueron los responsables del crimen. Asimismo, la Red de Derechos Humanos del Putumayo instó a las entidades de orden municipal, departamental y nacional a acelerar mecanismos reales y construidos desde las bases sociales para la supervivencia y estabilidad de los habitantes en general, basados en los protocolos de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, ya que son el único mecanismo real que permite materializar escenarios de paz y convivencia al interior de las comunidades campesinas. Con el crimen de Juan Carlos, son cuatro casos de firmantes del Acuerdo de Paz que han sido asesinados en las últimas dos semanas, de acuerdo con Javier Alejandro Jiménez, investigador nacional de la Fundación Paz y Reconciliación. De esta forma, San Vicente del Caguán, La Macarena y ahora Puertos Asís han sido los escenarios de la violencia selectiva que enfrenta la comunidad en proceso de reincorporación. Una zona altamente victimizada Resulta importante señalar que en el corregimiento de La Carmelita, a 45 minutos del río Putumayo, corredor Puerto Vega-Teteyé, zona donde está ubicado el ETCR Heiler Mosquera, ha sido un escenario que ha presenciado un recrudecimiento de la violencia estas últimas semanas. Cabe recordar que el pasado 20 de marzo fue asesinado el líder campesino Marco Rivadeneira quien, entre otras cosas, lideraba procesos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en esta región. Asimismo, en dicho corredor fue asesinado Yordan Tovar, un joven integrante del Sindicato de Trabajadores Campesinos del Putumayo. Por otra parte, el sector de Puerto Vega-Teteyé ha sido escenario de episodios de protesta campesina por la erradicación forzada que se está llevando a cabo en el municipio de Puerto Guzmán. Este territorio ha vivido una constante tensión generada por la explotación de hidrocarburos, el mantenimiento de cultivos ilícitos y el narcotráfico, situación que ha dejado como consecuencia una gran afectación al medio ambiente, un alto porcentaje de necesidades básicas insatisfechas y recrudecimiento de la violencia selectiva. El sector de Puerto Vega-Teteyé ha sido escenario de episodios de protesta campesina por la erradicación forzada que se está llevando a cabo en el municipio de Puerto Guzmán. Foto: Pares. Es necesario recordar, que, según datos de Pares, en el departamento putumayense operan grupos armados denominados como ‘La Constru’, ‘La Mafia’ y las disidencias del Frente 32 Columna Móvil Teófilo Forero); (Mando: Alias “Wilder”); (Línea: Gentil Duarte e Iván Mordisco); en los municipios de San Miguel, Puerto Asís, Puerto Guzmán y Puerto Caicedo. Asimismo, hace presencia el Frente 48; (Mando: Pedro Oberman Goyes Cortés y Alias «Sinaloa”); en los municipios de Orito, San Miguel y Puerto Asís. Las comunidades de zona rural de Puerto Asís, Puerto Leguízamo y Puerto Guzmán se han convertido en epicentros del accionar de grupos armados que en razón de sus repertorios de violencia han conllevado a una ola asesinatos, desplazamientos y confinamiento. Las amenazas y los cadáveres encontrados en zonas rurales, la disputa entre grupos armados, las economías ilegales alertan de la dramática situación de Derechos Humanos que atraviesa Putumayo. Foto: Pares. De hecho, la Oficina de la Nacionales Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), para 2019, advirtió que en Putumayo había cerca de 1.600 personas en estado de confinamiento y aproximadamente 400 familias desplazadas. Panfletos y xenofobia Según la Comisión Interclesial de Justicia y Paz, el pasado 29 de marzo, fueron asesinadas tres personas de nacionalidad venezolana. De acuerdo con la Comisión, la mujer y los dos hombres víctimas de la masacre fueron encontrados en la comunidad Brisas del Hon Kong, en el municipio de Puerto Asís, Putumayo. Asimismo, la Comisión ha alertado sobre la ausencia de investigación eficaz frente a las amenazas, los panfletos, el control social y los asesinatos. Según dicha alerta, en la zona de la masacre opera la estructura armada denominada “La Mafia”, en el mismo lugar donde circulan los panfletos en los que se amenaza de muerte a la población venezolana. Para el caso de Putumayo, según Migración Colombia, habrían cerca de 3.500 venezolanos en tierras putumayenses. Saludos a la bandera De esta forma, tal como lo ha venido advirtiendo Pares, tras el Consejo de Seguridad que se llevó a cabo el pasado 30 de enero en Puerto Asís, presidido por Carlos Holmes Trujillo —ministro de Defensa—; las condiciones de violencia en el departamento de Putumayo no han mejorado. Además de los sucesos mencionados, se registró, entre otras cosas, una masacre el pasado 13 de febrero y los efectos que causó el paro armado en términos de restricción de movilidad en Puertos Asís, durante el periodo del 14 al 16 de febrero. De acuerdo con Javier Alejandro Jiménez, desde Pares se han formulado tres hipótesis que intentan dar cuenta del asesinato de los y las firmantes de paz: · “La primera de ellas está ligada a la resistencia de la población en proceso de reincorporación para sumarse a las Estructuras Armadas Ilegales. Ante dicha negativa, son asesinados”. · La segunda esta ligada con temas de venganzas por parte de grupos armados en las zonas en las que los y las firmantes de paz adelanatan su proceso de reincorporación. · La tercera tiene que ver con venganzas de personas debidos a abusos o hechos que haya cometido la extinta guerrilla de las FARC- EP contra la población civil en su momento. Por otra parte, resulta importante insistir que la población en proceso de reincorporación le han manifestado a Pares, con preocupación, la estigmatización a la que han sido expuestos por discursos del Gobierno Nacional o de la institucionalidad sobre su vinculación a las disidencias o a economías ilegales. Asimismo, reiteran que es inaceptable que organismos institucionales o el mismo gobierno señalen que los asesinatos no son en razón a su figura como firmantes de paz. Lo que desvincula el carácter político que tiene esta violencia selectiva. Las apuestas de paz siguen ahí El ETCR Heiler Mosquera, dónde vivía Luis, está ubicado en el municipio de Puerto Asís, vereda la Carmelita, en Puerto Guzmán. Puerto Asís, se encuentra ubicado en la cuenca del río Putumayo, y está compuesto por 162 veredas agrupadas en cinco inspecciones de policía y seis corregimientos, en este territorio se ubican doce cabildos y cinco resguardos indígenas. Esto en marco de la presencia de grupos armados y sus repertorios violencia. ETCR Heiler Mosquera, dónde vivía Luis, está ubicado en el municipio de Puerto Asís, vereda la Carmelita, en Puerto Guzmán. Foto: Pares. Juan Carlos, o Luis, como lo llamaban, hacía parte de la Cooperativa del Pueblo Putumayense (CMPP), quienes adelantan iniciativas productivas al interior del espacio. De acuerdo con información de la ARN que trabaja con la población en proceso de reincorporación, en el departamento putumayense, eran 122 firmantes de paz que habitan el ETCR Heiler Mosquera, a corte del 29 de febrero. Frente a la población que está trabajando en las distintas iniciativas productivas, preocupa las pocas garantías de seguridad con la que cuentan. Según la misma ARN, en dicho territorio se adelantan nueve (9) proyectos productivos que le apuestan a la paz. «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»

Por: Redacción Pares En este período de confinamiento, varias compañías están viendo un aumento exponencial en su actividad. Por ejemplo Rappi ha visto aumentar su actividad en un 40% desde la llegada del coronavirus a Colombia. Una mirada desde su ventana o balcón es suficiente para constatar que las calles son frecuentadas principalmente por domiciliarios. En este contexto, los domiciliarios son las personas que tienen mas interacción con las personas confinadas y, por lo tanto, un vector potencial del virus a hogares de miles de colombianos. Como consecuencia, la protección de esos trabajadores es fundamental para prevenir cualquier propagación del virus, proteger la salud de los domiciliarios y la de los usuarios de las aplicaciones de entrega. El 27 de marzo el Ministerio de Salud publicó recomendaciones muy estrictas indicando que las empresas de domiciliarios deben : – Dotar de mascarilla quirúrgica y guantes desechables a sus trabajadores. – Dotar de overol o bata al domiciliario. – Dotar de bolsas para que el trabajador guarde la ropa de trabajo y posterior lavado. – Desinfectar los vehículos y elementos de seguridad con alcohol y portar un kit que incluya agua jabonosa o gel antibacterial, toallas desechables, tapabocas y bolsas. Se pensaría que estas recomendaciones de sentido común ya fueron aplicadas espontáneamente por esas compañías. En los supermercados, a los empleados se les ha proporcionado durante mucho tiempo máscaras, gel y guantes para maximizar su protección. Sin embargo, los usuarios ven, día tras día, que sus domiciliarios presentan equipos de protección desiguales y heterogéneos. En otras palabras, una señal de que no se les proporciona ninguna forma de equipo de manera organizada. Cuando se les preguntó, varios RappiTenderos confirman que no tienen información de su empleador sobre posibles entregas de equipos. Es decir, las protecciones de las que se benefician algunos domiciliarios se financian por sí mismas, con los medios limitados a su disposición. A pesar de que las recomendaciones indican que el suministro de equipos es responsabilidad de las empresas domiciliarias, la posición de algunas empresas en el sector, como Rappi, es que este tema es responsabilidad de las ARL. El tema se vuelve aún más incomprensible a la luz de comunicaciones previas de Rappi sobre la importación de cientos de millas de geles antibacterianos y máscaras por sus RappiTenderos. Por ahora, por falta de claridad sobre quién tiene la responsabilidad por el costo de equipar a los trabajadores en la línea del frente para entregar comida y bienes de primera necesidad a los colombianos durante el período de confinamiento, se debe temer que el equipo usado por los domiciliarios se encuentra por debajo de todos los estándares necesarios. Las consecuencias de tal situación son graves. La confianza del público solo puede erosionarse ante la falta de protección para los domiciliarios. La contaminación de este último podría aumentar, y como resultado los clientes podrían estar contaminados también. En esta crisis, la responsabilidad social, económica y de salud de las empresas domiciliarias es mucho mayor de lo que ellos imaginan. Esperemos que se den cuenta de esto, o su ARL, lo suficientemente pronto. En la actualidad, esas empresas parecen mas interesadas en reducir sus costos para maximizar su posición económica privilegiada en la situación actual.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad. Pares. El viernes 6 de marzo se confirmó el primer caso en Colombia de alguien proveniente de España enfermo con coronavirus. La organización Mundial de la Salud -OMS, declara el Covid-19 como una pandemia y el presidente Duque entrega el primer alivio para un sector económico. Mientras el Gobierno Nacional, durante las tres primeras semanas de la crisis nacional, priorizó la dinamización de la economía a partir de la banca y la empresa formal, los gobierno locales han priorizado la atención directa a la población más vulnerable. Tomando cartas en el asunto Hasta el jueves 26 de marzo el Gobierno Nacional había tomado 144 medidas a través de actos administrativos (decretos, resoluciones y circulares) con relación a la pandemia mundial. «Salvar la economía o salvar a las personas es el dilema que enfrentan hoy todos los mandatarios del mundo». Después de la declaratoria de la OMS y la caída de todos los mercados y el cierre de la bolsa de valores de Colombia, la tensión crece para el gobierno en cabeza de Iván Duque. El 12 de marzo el Ministerio de Salud expide la resolución 385 mediante la cual declara una emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo. Se prohíben eventos de más de 500 personas, se prohíbe el atraque de barcos de pasajeros y su carga y se adoptan medidas de higiene en espacios públicos. También el 12 de marzo se adopta la segunda medida para sectores económicos en riesgo por la crisis.El Gobierno Nacional dispone una línea de crédito a través de Bancoldex por 250 mil millones para los sectores de aviación y turismo. En el 2019 se habían caído las excenciones al sector de aviación en la reforma tributaria y Avianca reportó en ese mismo año pérdidas por más de $800 millones. El Gobierno Nacional ordena el cierre de al frontera con Venezuela y mantiene abiertas las demás aclarando que cooperará con las naciones vecinas, en especial con Ecuador, para la contención del virus. Asimismo, se anuncia que se restringe el ingreso al país de no nacionales que hayan estado en Europa o Asia en los últimos 14 días. Sin embargo, medios de comunicación denunciaron que para esta fecha los vuelos comerciales seguían llegando provenientes de dichos continentes y nuestro equipo de investigación no logró encontrar un acto administrativo que soportara este anuncio, por lo que no se sabe a ciencia cierta si la medida fue o no implementada antes del cierre total de los aeropuertos. El viernes 13 de marzo se ordena que las entidades financieras que manejen excedentes de liquidez de las entidades estatales mediante contratos de administración delegada de recursos, negocios fiduciarios o patrimonios autónomos, con excepción de aquellas que administren recursos de la seguridad social, deberán ofrecer a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 100% de los excedentes de liquidez que se generen en virtud de dicha administración. Así mismo se aplaza el pago de los impuestos sobre la renta y el patrimonio y el IVA. Asimismo, el Gobierno Nacional decide que los sujetos pasivos de la Contribución Parafiscal para la Promoción del Turismo, tendrán plazo para presentar y pagar las liquidaciones privadas correspondientes al primer trimestre del año 2020, hasta el día 29 de julio de 2020. Comienza la cuarentena Después de la declaración de la cuarentena por parte de diversos alcaldes y gobernadores, el Presidente, en un intento por proteger los sectores económicos formales, decreta que sus órdenes para el manejo del orden público, que es normalmente compartido con autoridades territoriales, prevalecen sobre las demás. Ante el decreto, la mayoría de autoridades municipales y departamentales que habían decretado los toques de queda los mantienen, en desacato al gobierno nacional y con un amplio apoyo de la ciudadanía.Sin acto administrativo que soporte, se amplía la restricción de la entrada al país de no nacionales y no residentes y se ordena el aislamiento preventivo para viajeros de 14 días. «Durante la semana del 16 al 27 de marzo, maestros y directivos estarán preparando planes y metodologías no presenciales de estudio, para ser desarrollados por los estudiantes desde sus casas», indicó Iván Duque. Mediante el decreto 412 el presidente Iván Duque ordena cerrar los pasos marítimos, terrestres y fluviales de frontera con la República de Panamá, República del Ecuador, República del Perú y la República Federativa de Brasil a partir de la 00:00 horas del 17 de marzo de 2020 hasta el 30 de mayo de 2020. Asimismo, continuar el cierre de los pasos terrestres y fluviales de frontera autorizados con la República Bolivariana de Venezuela, ordenado mediante el Decreto 402 del 13 de marzo de 2020, hasta el 30 de mayo de 2020.Dispone también que el tránsito aéreo no se verá afectado por las medidas adoptadas en el presente decreto. Este cierre de fronteras restringió la entrada y salida del país de todos los ciudadanos nacionales y extranjeros. En el puente de Rumichaca quedan atrapados nacionales que no pueden entrar al país, incluso camiones con bienes de primera necesidad. El 20 de marzo por fin se da el tan esperado cierre de aeropuertos para vuelos internacionales. La medida es adoptada por un mes. Sólo se permitirá desembarque con fines ingreso de pasajeros o conexión en territorio colombiano, en caso de emergencia humanitaria, caso fortuito o fuerza mayor, autorización la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil y Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, en el marco de sus competencias. ¿Qué pasa con los recursos públicos? Para garantizar el adecuado suministro de liquidez al mercado, el Banco aumentó el cupo de repos contra deuda privada de $5 a $8 billones, a plazos entre 7 y 30 días. El cupo de la subasta de repos contra deuda pública permanece en $12 billones, que ha demostrado ser amplio para los requerimientos observados. El cupo total de liquidez será entonces de $20 billones, y se podrá recomponer entre el asignado a la subasta de repos contra deuda privada y aquella de repos contra deuda pública, según las necesidades que refleje el mercado. Los recursos para el sistema de salud se distribuyen a partir de los pagos a las EPS y la ley de punto final espera saldar las deudas del Estado con estas entidades prestadoras de Salud. A hoy es complejo saber cuánto de los recursos asignados terminarán efectivamente en las IPS (hospitales) para la atención de enfermos por Covid-19. El 18 de marzo sale el decreto que da prioridad a las solicitudes de despido de las empresas por parte del Ministerio de Trabajo. Este decreto causó alarma entre la opinión pública, puesto que una de las consecuencias esperadas de la pandemia es el despido masivo de trabajadores y este decreto los podría acelerar. El gobierno negó que el decreto significara que iba a permitir dichos despidos. El jueves 19 de marzo se abren líneas de crédito para el agro que permitan mantener el suministro de alimentos en medio de la crisis. Se trata de la disposición de líneas especiales de crédito por un billón de pesos, con las tasas más bajas del mercado, permitiendo mantener la productividad en el campo y superar la coyuntura del Covid-19. La nueva línea de crédito, que cuenta con el liderazgo de Finagro y del Banco Agrario, tiene importantes beneficios para el sector, pues tendrá una tasa de interés de DTF -1%. Asimismo, el Jefe de Estado recalcó que el Gobierno Nacional está trabajando de manera coordinada con las centrales de abasto para mantener el abastecimiento de alimentos en todo el país. Se centralizan recursos de entidades territoriales para la atención de la crisis a través de la creación del FOME (Fondo de Mitigación de Emergencias). Se ponen en marcha las primeras medidas para dar alivio económico a los más vulnerables: devolución del IVA para los más pobres, giros a través de familias en acción, jóvenes en acción y colombia mayor y entrega por parte del ICBF de 1.7 millones de canastas nutricionales. Aunque la medidas fueron anunciadas el 18 de marzo no se tomaron sino hasta el 22 de marzo. Se establece que el IVA será devuelto antes del 20 de junio. Este mismo día se anuncia la apertura de 22 laboratorios para la detección del virus, incentivados diversas universidades del país. Hasta el 26 de marzo el Gobierno Nacional había tomado 144 medidas a través de actos administrativos (decretos, resoluciones y circulares) con relación a la pandemía mundial. «Salvar la economía o salvar a las personas es el dilema que enfrentan hoy todos los mandatarios del mundo», en esta línea de tiempo le contamos las medidas más relevantes del Gobierno Nacional frente al Covid-19 para que pueda situarlo en el espectro del dilema mundial. ¿Salvarán a las personas o priorizarán la economía? Contratación estatal y medidas de alivio El día 20 de marzo se modificaron las condiciones para la contratación estatal. Mediante decreto con fuerza de ley se permite la contratación directa en todos los casos para enfrentar la crisis, se establece en qué condiciones se debe implementar el plan marco de precios, se permite adicionar sin limites recursos a los contratos en desarrollo que puedan ayudar a contener la pandemia, entre otros. Ese mismo día, se acoge el acto administrativo que suspende el incremento en las tarifas de agua y alcantarillado y ordena la reconección de dicho servicio a los usuarios que lo tenían suspendido por falta de pago durante de la emergencia. Esto no significa que no deban pagar lo adeudado o lo consumido durante la emergencia. Se centralizan recursos de entidades territoriales para la atención de la crisis a través de la creación del FOME (Fondo de Nitigación de Emergencias). Los dineros saldrán del Fonpet, que correponde al ahorro pensional de los entes territoriales, y el FAE, que corresponde a recursos provenientes de regalías para la estabilización fiscal. De otro lado, el 22 de marzo, mediante decreto se autoriza a alcaldes y gobernadores gastar en la crisis los recursos de destinación especifica transferidos por la nación para la ejecución de programas de primera necesidad, como el PAE, que en este momento está suspendido. Línea de tiempo medidas del Gobierno Nacional

Por: Hugo Eduardo Ramírez Arcos. Semillero de Migraciones y Fronteras.Universidad del Rosario. Especial para Pares. Foto principal: Diario La Opinión. “Qué tal papi lo que le pasó a los muñequitos esos por estar tirándoselas de vivos y tal, por estar cobrando cincuenta mil pesos por las trochas para pasar la gente y ya les habían advertido que no siguieran con esa mamaguevada, y mire los agarraron y mire lo que les pasó. Por ganarse cincuenta mil pesos por persona que estaban pasando por las trochas. Échemele bolas papi, ¿si pilla? Esto va en serio papi por que ya militarizaron esa mierda y mire lo que pasó a esos muñecos por no hacer caso”. Ocurrió este fin de semana y así quedó registrada en material audiovisual el testimonio de la última masacre de las trochas en la frontera colombo-venezolana. Es común que el hospital Erasmo Meoz de Cúcuta reciba casi a diario muertos no identificados, con señales de tortura y violencia extrema, provenientes de las trochas La situación se ha vuelto tan recurrente que incluso el diario regional –La Opinión, ya tiene una sección dedicada a Muertos en trochas. Otros cadáveres no corren con la misma ‘suerte’ y en medio de la ruptura de relaciones entre los países se descomponen en las zonas más borrosas de la frontera o pasan a ser parte de las estadísticas del gobierno venezolano. Las trochas entre Colombia y Venezuela no nacen con las crisis fronteriza ni desaparecieron en los periodos de mayor integración. Estos corredores humanos hacen parte del paisaje fronterizo en el que miles de familias ganan su sustento en medio de las reglas y condiciones que les imponen los grupos armados, quienes a la manera de Estados paralelos fungen control sobre estos espacios, administran los flujos, controlan el paso de productos e incluso “tributan” sobre los transeúntes con una precisión y control cotidiano que cualquier gobierno envidiaría. Nota: Por contener imágenes de extremada crueldad, Pares se abstiene de publicar el material audiovisual que se presenta narrado en este reportaje. Ser ‘trochero’ Hace solo un par de meses en un lavadero de ropa ‘Carolina’ hablaba del orgullo de ser trochera. Su novio, sus hermanos y su papá lo son. Su abuelo sacó adelante a la familia cruzando todo tipo de mercancías de un lado al otro, incluso tenia su propio paso, en ese tiempo cuando era posible, sin pedirle permisos a “esa gente”. Mientras lavaba una camisa percudida hablaba de la obediencia, de las “patas duras”, del aguante como unas de las características más valoradas del oficio. Para ella la llegada de los venezolanos, o más bien el paso de ser clientes a competencia después del 2015 hizo todo más complejo. No sólo aumentó la oferta, sino a su vez, frente a mayores flujos e intereses legales e ilegales las normas de la trocha se volvieron más difusas e incluso contradictorias. Para hacerse una idea de las dimensiones, las cifras oficiales registran por las vías formales un promedio de 40 mil a 50 mil movimientos pendulares diarios en este paso fronterizo, sin documentar esas movilidades humanas que escapan por completo a la mirada del Estado. Contraria a la idea general de que hoy todos los productos salen de Colombia hacia Venezuela, en la mayoría de sus viajes “Carolina” trae botellas de ron desde Venezuela que luego son reenvasadas y vendidas en las discotecas de Cúcuta. Intervención humanitaria en la Parada. Foto: Cortesía Fundación Horizontes de Juventud. Desde el 24 de marzo la frontera entre Colombia y Venezuela en el sector de La Parada en el municipio de Villa del Rosario permanece militarizada en función del cierre decretado como medida sanitaria frente al Covid-19. En pleno cierre, los condominios residenciales de “Los Mangos” y “Santa María”, entre muchos otros vecinos de la zona, denunciaron en varias ocasiones por las redes sociales la actividad de las trochas (que se pueden ver desde las ventanas de sus casas) así como intentos de algunos migrantes por entrar en sus conjuntos residenciales. El miedo a la enfermedad se sumaba al miedo que les despiertan los migrantes, y entre los habitantes de Villa del Rosario se aplauden las medidas represivas frente a los migrantes y las potenciales (e imaginarias) amenazas que representan. Ver a los “carrucheros” fuera de su lugar original al lado del puente, caminando de un lado al otro en medio de una búsqueda desesperada de clientes, generaba indignación entre quienes estaban acostumbrados a los demarcados límites que en apariencia todos respetaban. La situación en La Parada no es nada fácil. Miles de personas no sólo se encuentran en un limbo territorial, sino que a su vez no tienen ninguna forma de generar un ingreso, aumentando cada día más su desespero. Este domingo 29 de marzo, en coordinación con el Ejército y la Gobernación de Norte de Santander, el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) envió algunas ayudas humanitarias para calmar el hambre entre las familias que piden ayuda desesperadas. El terror como forma de orden Solo los más osados se arriesgan en este contexto, pero frente al cierre del comercio y otros oficios, el miedo al hambre termina por ganar. La frontera está militarizada y los grupos al margen de la ley dan la orden de que todo permanezca quieto para evitar la intervención de las autoridades sobre sus rutas estratégicas. Si bien está funcionando un corredor humanitario para lograr la movilidad de embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas, lo cierto es que el cierre y sus efectos era algo que nadie esperaba. Sumado a los flujos transfronterizos habituales, cientos de migrantes que regresaban a su país como podían, llegaban a la frontera y desesperados por continuar su camino recurren a los “trocheros” como única forma de paso en medio de este cierre. Las represalias frente a quienes no cumplen las normas decretadas por quienes controlan las trochas son ampliamente conocidas. No sólo circulan en las historias que se cuentan entre los “trocheros”, reforzadas por pedazos de cuerpos humanos y cadáveres que anuncian las consecuencias de quienes violen estas normas. “Carolina” cuenta como prefiere pasar siempre de día, por que en sus últimos cruces en la noche encontró a un vecino suyo con la cabeza destruida por una piedra, días después dos compañeras suyas fueron violadas. Por años de conflicto el terror ha sido el principal recurso estratégico de los actores armados en ese sector. Pocos de estos muertos llegan a los registros de las autoridades y menos a los grandes medios de comunicación, lo que hace aún mucho más difícil corroborar las historias de los trabajadores de la trocha. En medio de la crisis del Covid-19, Blu Radio reportó este 29 de marzo la aparición de “10 cadáveres con signos de tortura”. Según la Policía Metropolitana de Cúcuta, estos cadáveres son fruto de la disputa territorial entre el ELN y los Rastrojos. Organizaciones como Fundaredes (con base en audios y videos que están circulando) corroboraron esta hipótesis. Migrantes de la Parada. Trocheros y carrucheros principales oficios de supervivencia. Fotografía: Cortesía de Fundación Horizontes de Juventud. Testimonios macabros Los audios y videos que estos días están circulando entre migrantes y habitantes de Villa del Rosario tienen a un narrador con acento entre venezolano y norte santandereano, en los audios alguien con tono de cercanía explica un video que comparte, con vallenato de fondo dice: “Papi eso fue en las trochas de San Antonio, por que a esa gente ya le habían dicho que dejaran de estar pasando gente, por que ya Bernal ya estaba allá jodiendo mucho y habían muchas quejas por Facebook, de audio y toda esa mierda, de que había mucha gente que estaba pasando por la trocha, mucha gente colombiana que estaban pasando por la trocha pa San Antonio, entonces que dizque les advirtieron que no siguieran pasando gente, estaban cobrando cincuenta mil pesos para dejar pasar la gente güevón, y se tiraron de pa allá pa arriba pa la última trocha a seguir pasando gente y ya se lo habían advertido, la misma guerrilla se lo había advertido güevón, que no volvieran a pasar gente por que iban a pecar, marico y no hicieron caso por el hambre a la plata y mire lo que les pasó, siguieron pasando gente y mire como los picaron marico, uy no sea hijueputa, que video tan áspero”. En la versión de los migrantes en La Parada las historias sobre estos audios y el macabro video, que circulan con la misma velocidad que la pandemia, son distintas. Hay quienes dicen que fueron los paracos, la guerrilla no hace eso e indican un respaldo a las medidas del gobierno. Otros dicen que fue para no boletar la trocha, pa’ que no estén jodiendo por ahí y se queden en sus casas, e incluso algunos ponen en duda la veracidad del video y lo relacionan con una estrategia utilizada ya muchas veces en la zona para aumentar el miedo y sembrar el terror. En el video suena también música vallenata de fondo, mientras se muestran los cadáveres y los cortes alguien canta “esos son cuatro muertos” al ritmo de la música. Varias personas hacen parte del desmembramiento, se saben grabados y no se esconden, dicen: páseme el machetico ese” (…) “ese ya no da bollo ni queriendo. Se cuentan tres cabezas en el suelo y la cámara se acerca a mostrar los rostros. Hay extremidades de cuerpos en todo el suelo, se enfoca un cuerpo sin cabeza y dicen: ese gonorrea está completo. Condiciones en La Parada. Fotografía: Cortesía de Fundación Horizontes de Juventud. El COVID-19 y la frontera, medidas desesperadas El Covid-19 es una pandemia que ya deja más de 37 mil muertes en todo el mundo. Frente a su facilidad de contagio y sus consecuencias se insiste en que cualquier medida frente a la contención del virus es poca. En un contexto muy diferente, el filosofo camerunés Achille Mbembe mencionó: “ahora todos tenemos el poder de matar (…) el aislamiento es justamente una forma de regular ese poder”. En medio de esta crisis mundial tenemos la oportunidad de mostrar nuestra humanidad, mientras las fronteras cada vez están más cerradas y los gobiernos (e incluso los grupos ilegales) parecen responder con medidas cada vez más nacionalistas que refuerzan las divisiones y estigmatizan a los migrantes, muchos de ellos sólo quieren volver a sus hogares, con ese miedo gigante que trae una nueva amenaza de muerte fuera de casa. Dice Mbembe, “el sistema capitalista está basado en la distribución desigual de la oportunidad de morir”, no podemos ver estas como muertes necesarias, como muertes favorables que alertan la contención de los flujos en frontera y por tanto del virus, es importante que se investigue quienes fueron los responsables de esta atrocidad. Las tropas militares hoy están ocupando las trochas de Puerto Santander, Cúcuta y Villa del Rosario, los migrantes no saben en quien confiar y a quien temer.

Por: Redacción Pares Viaje a la semilla, o el fascinante relato del escritor cubano Alejo Carpentier en el que se recorre el tiempo hacia atrás, fue publicado en 1944 con una edición de 100 ejemplares. El cuento nos lleva a la Cuba colonial del siglo XIX y con un manejo del tiempo que el lector irá advirtiendo poco a poco, asistimos a la muerte de Don Marcial, Marqués de Capellanías, a los diferentes avatares de su vida y a su nacimiento. La gran fiesta ocurre cuando el marqués logra la minoría de edad y su firma deja de tener valor legal en las notarías. El viaje hacia atrás de un hombre que olvida lo que enseñaron en la escuela, desaprende, vuelve a sentarse en un patio de tierra a jugar con los perros y las lagartijas. El regreso a una felicidad instintiva, el regreso a la libertad. La afirmación de la magia, y la comunicación primaria e instintiva con la naturaleza: la fascinación por descubrir los caminos de los insectos en la tierra y los rincones de sombra debajo de los árboles, son una consigna en el relato Viaje a la semilla, una parte de la obra del escritor nacido en La Habana en 1904 y quien reivindicó a América Latina como el territorio de lo maravilloso. Sin más preámbulos, Pares los invita a leer Viaje a la semilla. Que lo disfruten. Descargue aquí el texto completo