Por: Natalia Aguilar Salas. Colaboradora Pares. Debido a la emergencia sanitaria que vive el mundo por causa del Covid-19, ahora más que nunca se necesitan en Colombia alternativas e ideas para apoyar el incansable trabajo de todo el personal de salud en los hospitales y centros sanitarios del país. Según la Organización Mundial de la Salud -OMS, además del aislamiento, otra medida primordial es el testeo de las pruebas, ya que con estas se puede determinar la cadena de transmisión y prevenir que continúe la propagación de la enfermedad. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS hizo un llamado el 16 de marzo para que todos los países inviertan en realizar pruebas en los casos sospechosos, y en caso de encontrar que son positivos, inmediatamente enviarlos a aislamiento y advertir a todo aquellos que estuvieron en contacto dos días antes de que el paciente presentará síntomas, para que estos se realicen la prueba pertinente. También anunció que se están produciendo más pruebas para cumplir con la demanda global. La OMS ha enviado 1.5 millones de pruebas a 120 países y han aumentado el trabajo de la mano con compañías para producir un mayor número de pruebas. ¿Cómo van las pruebas en Colombia? Desde el primero de abril se empezarán a implementar alrededor de 350.000 pruebas semanales en el país, sin embargo estas son pruebas rápidas de detección, las cuales requieren de una segunda prueba para confirmar si es un caso positivo del virus. Debido a la urgente necesidad de aumentar las pruebas, las universidades colombianas se han pronunciado para proporcionar su ayuda por medio de una serie de estrategias. Entre las universidades que anunciaron que colaborarán de la mano con el Ministerio de Salud se encuentran: Universidad Nacional, Universidad de los Andes, Universidad del Rosario, Universidad del Bosque, Universidad Javeriana, Universidad Tecnológica de Pereira y la Universidad de Antioquia. El presidente Duque informó este fin de semana, que además de las universidades se pondrán en funcionamiento el laboratorio del Instituto Nacional de Cancerología, el Ejército Nacional y la Fundación Santafe. Sin embargo esto requiere tiempo, ya que dichas pruebas necesitan un manejo especial por parte de expertos, seguridad biológica y equipos especializados. Por otra parte, las universidades son de gran ayuda en caso de que colapse la capacidad del Instituto Nacional de Salud y la Secretaría Distrital de Salud, en el caso de la capital, ya que la capacidad de estos consta de 115 pruebas diarias y se puede llegar a necesitar aproximadamente 5.000 análisis diarios. Los laboratorios universitarios entran en acción La Universidad Nacional anunció que prepara un laboratorio especializado con las medidas requeridas para hacer el análisis de pruebas diagnósticas, y una vez las condiciones del laboratorio se cumplan, este podrá entrar en funcionamiento y analizar 1.000 pruebas diarias. Para esto se adecuarán el laboratorio de la Facultad de Ciencias y de Medicina, aunque se está analizando la posibilidad de habilitar los laboratorios de otras facultades. En Medellín, la Universidad Nacional hizo alianzas con Eafit y la Universidad Pontificia Bolivariana y ya firmaron el convenio con el INS. Solamente falta la coordinación con el Laboratorio Departamental, ya que este es el que custodia las pruebas y las distribuye a los laboratorios habilitados, por otra parte se espera realizar alrededor de 6.000 muestras diarias en el departamento de Antioquia. La universidad de Antioquia también se pronunció al respecto en su página oficial, en donde ofrecieron los laboratorios de biología molecular, genética y bioinformática, los cuales cuentan con 15 equipos de análisis, personal científico y técnico capacitado. Otro gran aporte por parte de esta universidad se empezó a implementar desde el 12 de marzo. Ese día se aliaron con la gobernación de Antioquia para realizar teleconsultas masivas a aquellos que presentaban síntomas relacionados con el Covid-19; esta modalidad de atención en salud colaboró a realizar diagnósticos tempranos de aquellos portadores del virus. Varios de estos laboratorios a nivel nacional están esperando que lleguen a sus instalaciones los reactivos necesarios que definen si una muestra es positiva o negativa. Entre estos laboratorios que se encuentran a la espera, el de la Universidad del Rosario, la cual se encuentra con capacidad de hacer 100.000 pruebas, vale la pena resaltar que el grupo de investigaciones microbiológicas de esta institución ha trabajado por más de 10 años en el diagnóstico de diferentes agentes infecciosos. «Estamos listos para ayudar» Silvia Restrepo Restrepo, vicerrectora de investigación y creación de la Universidad de los Andes informó que para contribuir, las pruebas de diagnóstico son una de las medidas clave, sin embargo no es la única. Ya la universidad realizó la capacitación de la parte diagnóstica y técnica por parte del INS para procesar las muestras: Estamos listos para ayudar, entonces que nos paren bolas a los académicos, indicó Restrepo. En Pereira, gracias a una alianza entre la alcaldía, la gobernación y la Universidad Tecnológica, ya empezó a funcionar otro laboratorio para el análisis de pruebas Covid-19. Este abarca las pruebas de Risaralda, Eje Cafetero y Norte del Valle, para cerrar el cerco de propagación. Es claro que el papel de la academia es supremamente valioso y puede mitigar de manera drástica el nivel de propagación y contagio. También juegan un importante papel el Instituto Nacional de Salud e Invima, ya que de su efectividad en la capacitación y regulación de kits y reactivos depende el funcionamiento de los laboratorios que están a disposición en el país. Ahora más que nunca entenderemos el valor de dotar al país de presupuesto para la investigación, la academia y la salud, esta crisis ha demostrado que el enemigo número uno no siempre es la guerra, y que necesitamos invertir en salud y educación, más que en armamento.

Por: Redacción Pares Este domingo 29 de marzo, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional -ELN, declaró un CESE UNILATERAL ACTIVO a partir del 1 hasta el 30 de abril, como un gesto humanitario con el pueblo colombiano que actualmente padece la grave amenaza del COVI-19. Por su parte, este anuncio se produce pocas horas después de que el Gobierno Nacional designara a través de una resolución anunciada este mismo domingo, a los exguerrilleros del Eln Felipe Torres y Francisco Galán como promotores de paz. Se buscará que los ex guerrilleros del ELN contribuyan con su conocimiento y experiencia en la estructuración de estrategias y acciones para la construcción de paz, la convivencia y la reconciliación, señaló el Gobierno Nacional. En el comunicado difundido a través de medios digitales, la guerrilla manifiesta que se debe reactivar el proceso de paz que tiene a Cuba como sede de los diálogos entre las partes: Durante este mes de Cese Unilateral, convocamos al Gobierno de Duque, a reunirse con nuestra Delegación de Diálogo presente en La Habana, para concertar un CESE EL FUEGO BILATERAL Y TEMPORAL. Para estas gestiones es conveniente contar con la presencia de los países garantes, explica el grupo subversivo en uno de los ocho puntos que compone el texto. Vea aquí Comunicado cese al fuego del ELN Una respuesta a la ONU Ante la profunda crisis provocada por la pandemia mundial, el 24 de marzo, el Secretario General de la ONU destacó la necesidad de que se produzca una tregua de alcance mundial para todos los conflictos que asolan al planeta y que afectan desproporcionadamente a los más desfavorecidos. El llamado para un alto al fuego mundial que realizó António Guterres, con la crisis del coronavirus como telón de fondo, fue claro y conciso. La Organización de Naciones Unidas pidió a las partes en conflicto que dejen de lado «la desconfianza y la animosidad», en favor del bienestar de los más necesitados y de la paz. «La agresividad del virus ilustra la locura de la guerra. Por eso, hoy pido un alto al fuego mundial inmediato en todos los rincones del mundo. Es hora de ‘poner en encierro’ los conflictos armados, suspenderlos y centrarnos juntos en la verdadera lucha de nuestras vidas», afirmó. La carta de Francisco Galán Por otra parte, al día siguiente de que se produjera el llamado de la ONU por un cese al fuego inmediato de todos los conflictos bélicos, Mario Pieschacón Negrini, conocido como Francisco Galán, un veterano exguerrillero del Eln que fue gestor de paz en la guerrilla y quien actualmente se encuentra detenido tras ser capturado en febrero después de que hubiera sido revocada su designación como «gestor de paz», para que respondiera un caso de secuestro masivo. Galán le pidió al ELN que en un acto de humildad y grandeza declare un cese indefinido al fuego, únanse al llamado que hizo el secretario general de la ONU António Guterres y liberen al país del miedo a la guerra, al menos por estos tiempos de emergencia. Finalmente, Galán ofreció sus servicios como mediador entre el Gobierno Nacional y la guerrilla: Les ofrezco a mis excompañeros del ELN y del Comando Central mis años de vida, mi experiencia en la búsqueda del cese definitivo de esta violencia, y mis buenos oficios para que encontremos la forma de desatar el nudo de la guerra y construyamos el lazo de la paz. De igual forma, y como lo he hecho antes, ofrezco al Gobierno Nacional mi total disposición en la solución de este conflicto armado.

Por: Laura Cano, Periodista Pares. El pasado 22 de marzo a través de la Resolución 001144 el director del INPEC, Norberto Mujica, y la ministra de justicia, Margarita Cabello, decidieron decretar emergencia carcelaria en los 138 centros penitenciarios del país. Esto, luego de que un día antes en las cárceles Picaleña, Jamundí (torres de hombres y mujeres), Pedregal (torres de hombres y mujeres), Cúcuta, Picota, Modelo de Bogotá, Cómbita, Palmira y Buen Pastor de Bogotá, se presentaran amotinamientos como actos de protesta por la falta de implementación de medidas efectivas y contextualizadas ante la amenaza de contagio del COVID-19 en la población privada de la libertad. Cabe señalar tres situaciones: por un lado, las alertas por hacinamiento y todas las problemáticas que esto trae como: la falta de acceso a la justicia, mala alimentación, trato indigno, precario sistema salud para los privados de la libertad, ausencia de infraestructura adecuada, entro otros, se vienen alertando desde 1998 a través la Sentencia T-153 de la Corte Constitucional. Hoy, se estima, según cifras del INPEC, que la población carcelaria es de 121.673, mientras que la capacidad de los centros penitenciarios es de 80.763, lo que representa una sobrepoblación de 40.910 personas, el 50.65%. Por otra parte, este tipo de medida se ha tomado por tercera vez. La primera declaración de emergencia se dio en mayo de 2013, durante el periodo presidencial de Juan Manuel Santos. Esto motivado por el alto índice de hacinamiento que luego respaldaría la Procuraduría General de la Nación con el informe “El hacinamiento carcelario en Colombia: un problema estructural sin solución a la vista”. Un año después de publicado el documento, en el 2016, se volvió a hacer uso de este recurso, luego de la liquidación de Caprecom, la entidad que atendía a los internos, lo que desató una que crisis de prestación de salud en los penales. Asimismo, en el 2018 se alertaba sobre una declaración de emergencia evaluada por el hacinamiento que volvía a ser parte de el debate público. Sin embargo, no se decretó, pero, la entonces ministra de justicia, Gloria María Borrero, aseguró que en el país se tenía que construir 45.000 cupos para afrontar la emergencia y el atraso carcelario. Seguidamente, en febrero de este año, Duque anunció una nueva infraestructura carcelaria y penitenciaria para reducir el hacinamiento y mejorar los procesos de resocialización, sin embargo, hasta el momento no se ha registrado mayor avance o medidas que respondan a la problemática, sobre todo en épocas de pandemia, en las que es evidente que el problema estructural del sistema carcelario no podrá afrontar el virus ante un posible contagio para atenderlo y prevenir su propagación en la población interna. ¿Qué ha pasado tras declarar la emergencia? Las denuncias no han parado por parte de las personas recluidas en las distintas cárceles del país. Un día después de que la manifestación por el tratamiento digno y eficaz ante el COVID-19 terminara en el asesinato de 23 internos y la afectación grave a 83 de ellos, varias cárceles también protestaron por la masacre que había ocurrido, entre ellas la de Acacías y La Tramacúa (Valledupar). Por otra parte, donde se registraron los hechos se empezaron a alertar amenazas, represión, uso excesivo de fuerza y traslados arbitrarios por parte del INPEC, además de cortes de agua y raciones indignas de alimento. Un ejemplo de esto, ha sido lo sucedido en la cárcel de mujeres El Buen Pastor donde, por un lado, el 24 de marzo a las 3:00 a.m. hicieron salir de sus celdas a las presas políticas relacionadas con la explosión el Centro Comercial Andino registrada en junio de 2017: Lizeth Rodríguez, Alejandra Méndez y Lina Jiménez. A las 8 a.m. de ese mismo día fueron trasladas de este centro penitenciario de manera arbitraria y sin claridad de hacia dónde las llevaban y sin brindar un informe a sus familiares y abogados. Solo después de esta situación se conoció que habían sido llevados a la cárcel Picaleña en Ibagué, según informó Óscar Ramírez, miembro del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP): “Las recluyeron en un lugar específico que se llama Unidad de Medidas Especiales. Es preocupante la situación porque esta Unidad son unas celdas que son utilizadas casi que de castigo, donde las medidas de seguridad son mucho más restrictivas; solamente tienen derecho a una hora de sol en un pasillo que es limitado, no tienen posibilidad de hacer descuento o generar un tipo de actividad que les permita reducción, lo que vulnera los derechos fundamentales.» Pero adicionalmente, la crisis de infraestructura y sanitaria al interior de las cárceles hace que estas celdas no tengan agua, les suministran un balde a las personas que están allí para que puedan asearse durante el día, asear su celda, lavarse las manos, vaciar el sistema sanitario y si les queda agua lavar ropa o lo que necesiten. Son unas condiciones de seguridad bastantes complejas. A esto se le suma la situación que se presentaba desde el cacerolazo que se dio a manera de protesta el 21 de marzo, pues en ese hecho varias mujeres resultaron heridas por agresiones con armas neumáticas, entre ellas: Marinela Arévalo, Camila Espinosa y Katherine Rodríguez, quienes no fueron llevadas a sanidad, incluso cuando la última interna nombrada tiene un tumor en su cabeza, lo que agrava su situación de salud, quien además fue amenazada por una de las guardias del INPEC de ser trasladada a un patio diferente al de discapacidad, que es en el que se encuentra. En uno de los más recientes comunicados del CSPP se informa que en los últimos días se han venido reprimiendo a las privadas de la libertad con gases lacrimógenos que han afectado a las internas y madres gestantes del patio 4 y 6 quienes presentaron complicaciones respiratorias, sangrado excesivo y quemaduras de piel. Cabe señalar que en el país hay actualmente 58 mujeres privadas de la libertad en estado de embarazo y 12 lactantes. “A ellas se les atendió en el área de sanidad de la cárcel, ya que hay una restricción para realizar remisiones fuera del establecimiento, sin embargo, a las personas que fueron afectadas por golpes, el gas o las aturdidoras, solo se les hizo limpieza en el lugar del impacto y a algunas se les suministró desinflamantes, pero en general la atención médica fue precaria y se les devolvió así a sus celdas. No tenemos un registro de cuántas mujeres resultaron heridas, no ha habido forma de saber eso porque ni siquiera hay posibilidad de ingreso al establecimiento a entidades que hagan veeduría”, sostuvo Óscar Ramírez. Adicionalmente, el 23 de marzo el Mayor Wilson Leal, adelantó operativos donde se señalaron a varias internas de agitadoras y responsables de la situación que se presenta en el Buen Pastor. Ramírez contó que a algunas de las presas políticas que han hecho escritos, que reclaman ante la dirección general del INPEC, se le hicieron inspecciones al interior de sus celdas en reiteradas ocasiones de manera agresiva, rompiéndoles sus objetos personales. La incertidumbre de los familiares Luego de que varios videos y opiniones circularan en redes sociales y medios de comunicación de lo ocurrido el 21 de marzo en las cárceles de Colombia, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y el director del INPEC dijeron, entre otras cosas, que esta situación se había dado para prevenir un supuesto plan de fuga, además que adelantarían investigaciones para saber por qué habían celulares al interior de los complejos carcelarios y también para establecer la razón por la que los inhibidores de señal no estaban funcionando. Aunque se mencionó que se conformaría un equipo de 45 funcionarios para indagar en qué situación se habían dado los asesinatos, esto siempre fue nombrado como consecuencia del supuesto plan de fuga, además negando el problema sanitario por el que los internos reclaman. “Preocupa ese discurso construido por parte del MinJusticia, de la Fiscalía y el INPEC, no se necesita ningún plan de fuga para que la gente reclame sus derechos. Ahí hay que hacer dos observaciones, la primera, es que el hecho de que existan celulares en la cárcel, puede ser un motivo de preocupación por parte de las autoridades penitenciarias, pero en el Código Penal eso no se típica como delito, además, no es un hecho de los más graves que ocurrieron ese día.» explicó Ramírez. La Fiscalía General de la Nación debería preocuparse, dentro de sus obligaciones, por el tema de la supuesta fuga y algo que es mucho más grave; las 23 personas asesinadas dentro del establecimiento, junto con las 83 heridas. Es decir, la versión de la Fiscalía asume una hipótesis de que esas muertes fueron legítimas, cuando su papel es el de investigar y establecer si esas personas murieron en la utilización de la fuerza en un carácter proporcional o si por el contrario podemos estar frente a escenarios de ejecuciones. Es decir, barajar todas las posibilidades es lo que debería hacer un ente acusador serio. Esto nos preocupa porque la investigación con esas declaraciones no promete ser imparcial, exhaustiva y por el contrario sí puede facilitar el encubrimiento de algunos de los hechos que sucedieron en la Modelo” informó Ramírez. Igualmente, otra de las preocupaciones del CSPP es la situación a la que se enfrentan los familiares de las víctimas, pues al miércoles 25 de marzo no todos habían recibido los cuerpos de quienes fueron asesinados. A esto se le suma la imposibilidad de realizar los ritos funerarios y de recibir un acompañamiento y asistencia jurídica, esto tras la situación de aislamiento preventivo obligatorio que está decretado en todo el país. Por otro lado, algunos de los familiares de los privados de la libertad heridos están ante la incertidumbre de saber cuál es su estado de salud, en qué hospital están o si por el contrario ya fueron llevados al centro penitenciario. El Gobierno ha sido ineficiente a la hora de dar respuesta a los familiares y el establecimiento penitenciario ha sido incluso más inoperante, entendemos que la situación no da para que todo se esclarezca rápido, pero la lentitud con la que han asumido esto es preocupante. El sistema de salud en las cárceles Lo primero que hay que tener en cuenta es que el hacinamiento carcelario tiene un impacto en todos los escenarios al interior de los establecimientos penitenciarios, entiéndase resocialización, acceso a la justicia, salud, etc. El sistema de salud se da a través de la contratación de un tercero, es decir; el Estado colombiano entrega un dinero a una fiducia, esa fiducia lo administra y de allí se contrata a unos terceros. Esto se hace a través del Fondo de Personas Privadas de la Libertad, que lo administra la fiduprevisora. Ahí se contratan los médicos, se implementan unos protocolos, se encargan de dotar de insumos a los entes carcelarios. Se supone que en este momento debe haber 1011 médicos para todas las cárceles, según el estándar del INPEC, de esos, por lo menos a diciembre del año pasado y según las últimas cifras entregadas a la corte Constitucional habían 988. Primero tenemos un personal escaso para la cantidad de la población privada de la libertad, que no atiende en todos los turnos, porque ellos no atienden en turnos continuos, sino en turnos de 8 horas o por intervalos, eso es bastante complejo. La primera atención a los internos puede demorarse entre tres y cuatro semanas en promedio, y además de eso se requiere una atención extramural porque al interior de las cárceles no se pueden prestar ciertas atenciones médicas especializadas. Esa red extramural se contrata a través de unos convenios que realiza la fiduprevisora. La red extramural en algunas cárceles no es la más robusta, porque están ubicadas en zonas donde no hay hospitales de primer, segundo y tercer nivel. Además, llevar a remisión a una persona privada de la libertad para que asista a una cita médica significa que se debe disponer personal de la guardia para que lo lleven. Si eso sucede en una cárcel como La Picota, que tiene 9000 internos, que además tienen constantemente audiencias judiciales y donde a veces se deben realizar traslados, todo esto con acompañamiento de la guardia penitenciaria y sus los vehículos, lo que termina pasando en que no se da abasto para realizar estas diligencias. Muchas de estas citas se pierden y alcanzar una cita de estas puede durar 3 o 4 meses más, así que en este contexto se agudizan las enfermedades. Se tiene un sistema bastante obsoleto, precario, donde la atención de alguien está basado en una cadena de intermediarios y muchas veces esto termina a través de tutelas determinándose quién debe darle la atención al paciente. Un sistema que no funciona, que es demorado y que además a interior de la cárcel no cuenta con el número de camas necesarias, no cuenta con unos espacios completamente desinfectados. Cuando llegue una pandemia a la cárcel, como la que hay ahora, no vamos a tener la cantidad de camillas, ni de médicos que le puedan poner atención a una población que se encuentra en altos niveles de hacinamiento. Finaliza enfatizando Óscar Ramírez.

Por: Redacción Pares El director general de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, expone la relación entre la pandemia del coronavirus y el mundo del trabajo en el artículo que reproduce ONU a continuación: La pandemia del coronavirus COVID-19 no es sólo una crisis sanitaria, también es una crisis social y económica. Para que nuestra respuesta sea eficaz, debe tener en cuenta todos estos factores, y debe ser llevada a cabo de forma coordinada y global. En particular, debe responder a las necesidades de los más vulnerables. Las dimensiones humanas de la pandemia del COVID-19 exceden con creces el ámbito de la respuesta sanitaria. Todos los aspectos de nuestro futuro se verán afectados: el económico, el social y el de desarrollo. Nuestra respuesta ha de ser urgente, coordinada y a escala mundial, y debe ofrecer ayuda inmediata a quienes más lo necesitan. Para hacerlo bien en todos los ámbitos, desde los lugares de trabajo hasta las empresas, en las economías nacionales e internacional, se necesita un diálogo social entre los gobiernos y los que están en primera línea: los empleadores y los trabajadores. Para que 2020 no sea una repetición de los años treinta. Las cifras de la crisis La OIT estima que hasta 25 millones de personas podrían quedarse sin empleo, y que la pérdida de ingresos de los trabajadores podría llegar a los 3,4 billones de dólares estadounidenses. Sin embargo, ya se está viendo que el cálculo se quedará corto frente a la magnitud del impacto. En un mundo en el que solo una de cada cinco personas tiene derecho a una prestación por desempleo, los despidos son una catástrofe para millones de familias. Al no tener derecho, en muchos casos, a una licencia por enfermedad remunerada, cuidadores y repartidores, de los que todos dependemos ahora, suelen verse presionados a seguir trabajando incluso si están enfermos. Del mismo modo, en el mundo en desarrollo, los trabajadores a destajo, los jornaleros y los comerciantes informales pueden vivir la misma presión ante la necesidad de alimentar a sus familias. Todos sufriremos por esta situación. No sólo aumentará la propagación del virus, sino que a largo plazo amplificará drásticamente los ciclos de pobreza y desigualdad. Los Gobiernos tienen que actuar con determinación Tenemos la posibilidad de salvar millones de puestos de trabajo y de empresas si los Gobiernos actúan con determinación para garantizar la continuidad de las empresas, impedir despidos y proteger a los trabajadores vulnerables. Las decisiones que adopten hoy determinarán la salud de nuestras sociedades y nuestras economías en los años venideros. Es imprescindible aplicar políticas fiscales y monetarias expansivas sin precedentes para evitar que la actual caída precipitada no se convierta en una recesión prolongada. Debemos asegurarnos de que la gente tenga suficiente dinero en el bolsillo para llegar a fin de mes. Para ello, debemos asegurarnos de que las empresas, que son la fuente de ingresos de millones de trabajadores, puedan mantenerse a flote durante la fuerte recesión y estén en condiciones de volver a funcionar tan pronto como las condiciones lo permitan. En particular, se necesitarán medidas adaptadas a los trabajadores más vulnerables, incluidos los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores a tiempo parcial y los que tienen un empleo temporal, que tal vez no reúnan los requisitos para obtener un seguro de desempleo o de salud, y a los que es más difícil llegar. Mientras los Gobiernos tratan de aplanar la curva ascendente de la infección, necesitamos medidas especiales para proteger a los millones de trabajadores de la salud y de la asistencia sanitaria (la mayoría de los cuales son mujeres) que cada día arriesgan su propia salud por nosotros. Se ha de proteger debidamente a los camioneros y la gente de mar, que entregan equipos médicos y otros artículos de primera necesidad. El teletrabajo ofrece nuevas posibilidades para que los trabajadores sigan trabajando y los empleadores continúen sus negocios durante la crisis. Sin embargo, los trabajadores deben poder negociar estas fórmulas laborales para poder mantener el equilibrio con otras responsabilidades, como el cuidado de los hijos, los enfermos o los ancianos y, por supuesto, de ellos mismos. Muchos países ya han introducido paquetes de medidas de estímulo sin precedentes para proteger a la sociedad y la economía, y también para mantener el flujo de dinero hacia los trabajadores y las empresas. Para optimizar la eficacia de esas medidas, es imprescindible que los Gobiernos trabajen con las organizaciones de empleadores y sindicatos afin de encontrar soluciones prácticas que preserven la seguridad de la población y protejan los puestos de trabajo.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Pares habló con Julián Quintero (J.Q) —sociólogo y director de la Corporación Acción Técnica Social, de la iniciativa Échele Cabeza, quien ha trabajado hace 20 años los temas de jóvenes—; para conocer los retos que supone el Covid-19 para la población farmacodependiente, en especial los y las habitantes de calle de Bogotá. Asimismo, Quintero expone acciones innovadoras que deberían ser implementadas para atender la situación y, de esta forma, superar los atrasos que dejó la administración distrital de Enrique Peñalosa, según señala Quintero. Finalmente entrega una serie de recomendaciones para el periodo de cuarentena. Urgen acciones del distrito Pares:¿Qué medidas debería tomar el distrito para la población farmacodependiete frente al Covid 19? J.Q: Bogotá necesita sacar a su personal de la salud a la calle, no podemos seguir esperando que las personas vayan a los hospitales a que les atiendan una abstinencia, toca meterse donde está el consumo. Toca instalar cuatro carpas de urgencia para atención de abstinencia, reducción de riesgo, daño y salud. Carpas ubicadas en El Amparo, en La Favorita, en Ciudad Bolívar y en Suba. En el caso de la localidad de Santa Fe toca instalar un centro de atención de emergencia para personas que usan drogas. En esos puntos fijos debe haber medicamentos para atender la abstinencia, hay que darles pipas, jeringas, vitaminas, hay que permitir que se bañen, darles ropa. De esta forma, consideramos, desde Échele Cabeza, que se deben retomar proyectos innovadores de la mano de la sociedad civil y de las universidades. Es decir, no puede ser que continúen haciendo acciones de manera intermitente, un día van y otro no. Además, cuando van lo hacen en horarios de oficina, la gente no se droga por horas, la gente se droga todo el día y los picos son entre la tarde y la noche. Asimismo, es necesario una atención de urgencia al consumo de calle, a las personas que están en calle y que tienen consumos problemáticos —buzuco, heroína, alcohol y policonsumo de estas sustancias—; este es un tipo de atención que debe estar en las calles con atención y servicios de salud. Con zonas de consumo supervisado, esta acción de a contención para que no termine yendo la hospitales e incremente el riesgo de contagio. Sustitución para la abstinencia Pares: ¿Cómo son esos proyectos de sustitución de los que habla? J.Q: Vea, en Colombia se permite el suministro de gotas de cannabis medicinal para manejar el síndrome de abstinencia, hay universidades interesadas en apoyar, la industria del cannabis. Hay que insistir en que se eche a rodar. Asimismo, se deben utilizar extracciones de hoja de coca de alta potencia para el manejo la dependencia al bazuco. Ya existen protocolos, tenemos que pasar el capítulo de la medicalización extrema con fármacos, de moléculas químicas. Eso ha venido en detrimento de la salud de las personas y en deterioro de la calidad de vida de la gente. Es decir, no le responde al síndrome de abstinencia sino que mantiene a la gente dopada o dormida. Pares: ¿Podría indicar casos de dicha sustitución? J.Q: En el mundo se hacen terapias de sustitución progresiva para tratar el síndrome de abstinencia y se hace con el componente activo de la misma droga que la gente usa. Casos como el de la heroína, a la gente se da en su lugar metadona, un opiáceo sintético que contribuye dicha sustitución progresiva. Otro ejemplo, es el del el profesor Juan Daniel Gómez, quien hizo una investigación de carácter doctoral en el que trató a mujeres que vivían en ‘EL Cartucho’. En ese proceso trabajó con extracciones de hoja de coca de alta potencia para manejar su adicción al bazuco. Tuvo éxito, está documentado, además que sigue las lógicas de sustitución a nivel mundial. Quienes habitan la calle no pueden ser ignorados Pares: En este orden de ideas, ¿Cómo ve el papel del distrito con la población farmacodependiente, en el marco del COVID19? J.Q: El distrito, por lo menos, no ha tomado las medidas de urgencia que se necesitan para esta contingencia. De hecho, lo que sabemos es que desde el jueves de la semana pasada —19 de marzo— se suspendieron los programas de atención en calle para las personas que usan drogas vía inyectada. Es decir, desde esa fecha no salen las unidades móviles, ni tampoco atienden el lugar fijo. Desde Échele Cabeza, lo que sabemos es que no hay capacidad de respuesta en este momento frente al síndrome de abstinencia. De igual forma, hay un desconocimiento de cuántas camas hay disponibles para la situación que plantea el virus. Por su parte, la sociedad civil y la academia le han hecho llamados a la Secretaría de Salud para que realice acciones de urgencia frente al síndrome de abstinencia. Aclaro que esta no ha sido una iniciativa de esta Secretaría. Pares: ¿Qué consideraciones debería tener en cuenta el distrito con la población habitante de calle? J.Q: Debo contarle, que Échele Cabeza ha tenido acercamientos con la Secretaría para solicitar que se pongan en marcha iniciativas desde una perspectiva de innovación, porque se trata de atender una población altamente vulnerable y más en el contexto del coronavirus. Además, esta población acude mucho a los sistemas de salud porque está en alto peligro por sus enfermedades, por sobredosis o por que se corta o la chuzan. Por otro lado, esta es una población que tiene varias enfermedades y eso es altamente riesgoso en un escenario poco controlado. Entonces, en la medida en que nosotros podamos contener esta población en un territorio específico y atender sus necesidades en el territorio protegeremos su vida, pero también al exponencial foco de contacto al que están expuestos. Lastres que cuestan Pares: ¿Qué pasó con el enfoque tradicional que se implementó desde la administración pasada? J.Q: Bogotá logró entre 2011 y 2012 una política pública distrital para la atención del consumo de drogas. Esa política tenía unos lineamientos que la proyectaban hasta el año 2021. De esa experiencia habían procesos muy satisfactorios por sus acciones focalizadas, de prevención, atención, reducción de riesgo y daño. Había una participación de las comunidades, con poblaciones específicas. Había investigación e innovación. Acciones como el CAMAD, servicios de análisis de sustancias, acceso al material higiénico de inyección, etc. Con la llegada de la administración de Peñalosa se acabó todo eso, todos eso procesos que iban alineados con los cambios a nivel mundial con las reformas de políticas de drogas. Eliminó la participación, innovación, reducción de riesgo y daño y, atención comunitaria. Es decir, en este momento estamos viendo las consecuencias de una política retardataria, anticuada y tradicional del abordaje del tema de drogas. Donde todo el consumidor es “considerado un enfermo” (lo que sabemos que no es cierto), donde la única oferta es dejar de consumir y donde no se tiene en cuenta a la comunidad ni a los consumidores. Esto ahora está en manos de algunos psiquiatras, psicólogos y médicos que creen que desde sus escritorios para resolver problemas. Retrocedimos 20 años con Peñalosa. Pares:¿Cuál debe ser el manejo en los hogares, consejos? ¿Se optará por preferir más cierto tipo de drogas que otras? ¿con respecto a cuáles cree que se reducirá/incrementará el consumo? J.Q: La atención de personas que están en las casas, que son personas que aunque tienen un consumo que pareciera no ser muy problemático, son consumos con leve dependencia que pueden generar ansiedad y depresión. Esas personas deben estar muy pendientes de su salud mental y de su salud física. Acá pueden pillar las recomendaciones que tiene Échele Cabeza para esta temporada de cuarentena: ‘Consumo de droga y cuarentena’ donde podrá leer sobre consejos como no abusar de las dosis, porcionar, hacer ejercicio, etc. Por otra parte, creo que es muy apresurado decir que vaya a ocurrir con el mercado, aunque ya hay unas evidencias de lo que está pasando. La gente está usando sustancias de sustitución, hay gente que consumía que se está dando cuenta que no tenía una fuerte dependencia. Yo creo que para los consumidores recreativos, ocasionales y los experimentales; esta es una gran oportunidad para repensarse su consumo, para darse cuenta que no estaban tan enganchados, que podían pasar un tiempo sin consumir. Eso va a ser muy interesante. Al igual para los consumidores que tenían una dependencia o un consumo problemático y, que están viviendo en sus casa, pero que no lo sabían. En esta cuarentena notarán que sí tenían una fuerte dependencia y que no era que ellos quisieran parar en cualquier momento. Ahora que no tienen dosis han sentido síndrome de abstinencia, un caso especial, la gente que consumía marihuana y que creía que por ser natural no iba a generarles dependencia. Pares: ¿Cuál es el impacto de la crisis sanitaria sobre el mercado de las drogas sintéticas? J.Q: Nosotros no sabemos todavía cuál va a ser el impacto de en el mercado, apenas estamos analizándolo. Pero lo que le puedo decir, es que, por ejemplo, las sustancias de síntesis han bajado la venta en gran proporción porque son sustancias que están muy asociadas a la fiesta, a la música, a los festivales. Yo creo que todo lo que se iba a vender en los festivales está guardado. También sabemos que se han rediseñado las estrategias de distribución, se están usando mucho los correos, servicios de mensajería como Rappi. Otra cosa, es que la droga está más cara, está de menor calidad y eso nos preocupa mucho, sobretodo por el tema de la heroína porque cuando vuelva la heroína a la calidad que tenía genere que haya muchos casos de sobredosis.

Por: Dennis Arley Huffington Investigador Regional Oficina Pares-Pacífico. El principal desafío que tiene hoy el alcalde distrital de Buenaventura Víctor Vidal es prevenir, contener y garantizar una respuesta oportuna ante los posibles casos de contagio del COVID-19. Buenaventura es una ciudad-puerto con constante tránsito de personas y mercancías debido a sus actividades económicas asociadas al comercio internacional y su ubicación geográfica en el Pacífico Medio colombiano. Buenaventura representa un punto de conexión para Colombia con el resto del mundo a través del océano pacífico, se puede clasificar como zona de frontera. Según datos de la CEPAL, se encuentra en el puesto 12 entre los principales puertos marítimos en Latinoamérica y el segundo en el país para el tráfico de mercancía, pero, sería el número uno si solo se tuviera en cuenta las importaciones. Es decir, es el puerto colombiano por donde más ingresa mercancía, principalmente de China, país que fue el epicentro de la actual pandemia COVID-19. Además, por su extensión territorial rural limita con dos departamentos: al sur con el departamento del Cauca, separados por el Río Naya; y, al norte con el Litoral chocoano. Esto ha hecho del Distrito el principal receptor se familias que huyen de la violencia registrada actualmente en municipios como López de Micay, Timbiquí y Guapi, del departamento caucano; y del Litoral del San Juan en Chocó. Estrategias de prevención Ambas situaciones se suman a la dificultad que ya tiene la administración distrital en implementar las medidas de prevención sugeridas por la Organización Mundial de la Salud – OMS – y el gobierno nacional sobre una población cuyas condiciones de pobreza multidimensional llega al 41,0%, una cuarta parte no tiene acceso a al servicio de acueducto y una tercera parte no tiene un sistema de alcantarillado según el último censo de población y vivienda Dane (2018), por otro lado la tasa de desempleo y el empleo informal superan el 50,0%, según cifras del DNP. El toque de queda nocturno, la ley seca y prohibir concentraciones de más de 30 personas fueron las primeras medidas implementada por el alcalde y su equipo de gobierno para prevenir el contagio de la pandemia en el Distrito de Buenaventura, que desde el 25 de marzo se articularon con las dispuesta por el Presidente de la República. En Buenaventura el virus se volvió real hace tan solo dos semanas, cuando se reportaron los primeros casos de contagiados en el Valle del Cauca y el Gobierno Nacional declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. Fue ahí que los bonaverenses comenzaron a entender que también podrían verse afectados. Las voces de alerta, temores y exigencias se comenzaron a escuchar en el territorio, a lo que la respuesta administrativa no se hizo esperar: · El 18 de marzo, el alcalde distrital expidió tres actos administrativos. El primero, el Decreto 0149, donde modificó el 0147 y adicionó nuevas medidas como: la prohibición de concentraciones de más de 30 personas. Instaló un control dentro de los terminales portuarios para inspeccionar posibles riesgos de Covid-19. Cerró las playas y sitios turísticos en la zona carreteable de Buenaventura donde se encuentran los ríos. Y, suspendió las actividades de entretenimiento tales como el cine, bares y discotecas, además, restringió el ingreso y uso del Malecón y el Bulevar para actividades lúdicas. · Segundo, el Decreto 0150, mediante el cual ordenó el toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana y la ley seca en todo el territorio distrital. · Tercero, el Decreto 0151, por el medio del cual se declara la calamidad pública con ocasión de riesgo generado por la amenaza del COVID-19 en el distrito de Buenaventura. Este decreto le permitió al alcalde transferir alrededor de mil millones de pesos al hospital Luis Ablanque de la Plata para ser adecuado para atención de posibles casos del virus. · Y cuarto, el Decreto 0162, mediante el cual se adoptó la medida de aislamiento preventivo ordenado por el presidente Duque a través del Decreto 457. Esta es, según la propia OMS, la medida más efectiva contra el contagio acelerado del virus, siempre y cuando sea implementada con rigurosidad, lo que se dificulta en una ciudad como Buenaventura sin que se le garanticen condiciones de subsistencia a una población que vive de la informalidad o trabajos de ingreso diario. El efecto de las medidas en la población Opiniones divididas se han manifestado por la promulgación de las medidas. Por una parte, un sector de la ciudadanía cree son las requeridas y hacen el llamado constante a sus conterráneos a implementarlas y evitar salir de sus casas a menos que sea totalmente necesario. Por otro lado, quienes manifiestan preocupación e imposibilidad de cumplirlas, pues afirman que confinados no podrán alimentarse diariamente ni agenciar recursos para pago de servicios básicos y arriendo. “Las medidas no son caprichosas, las medidas se están tomando en función de cerrarle la entrada al coronavirus” responde el Alcalde a los ciudadanos. Por esta razón, la dirección de la oficina de Cooperación Internacional, en cabeza de Libia Mosquera, le solicitó a organizaciones y cooperantes nacionales e internacionales ayuda humanitaria para las familias que no pueden garantizar un mínimo vital de alimentación durante los días de aislamiento. Y la campaña Buenaventura es Solidaria, impulsada por la Gestora Social para que la ciudadanía haga donativo de mercados. No obstante, estas medidas no parecen suficientes. Es menester una articulación entre la Alcaldía, la Gobernación del Valle y el Gobierno Nacional que decrete medidas eficaces orientadas a disminuir los impactos del aislamiento. Mitigar las cargas en los gastos de esta población como arriendos, pago de servicios básicos y alimentación. Adicionalmente se generaron confusiones entre los ciudadanos, como la creencia de que habrá desabastecimiento de alimentos, lo que ha hecho que desde que se conoció esta disposición haya aglomeración de personas en mercados, bancos y centros comerciales buscando proveerse. Ante esta problemática el gobierno distrital ha explicado que se diseñó un pico y placa, donde cada día podrán ir personas, según el último número de su cedula, a abastecerse en los mercados y supermercados. Lo anterior, también ha generado que algunos establecimientos comerciales eleven los precios de los productos de la canasta familiar, aprovechando la necesidad, miedos y confusión de las personas. Ante esto, la alcaldía de Buenaventura dispuso un equipo para monitorear los centros comerciales y plazas ejerciendo un control de precios evitando se aumenten y las personas puedan abastecerse con menor dificultad. El virus y la situación de salud en Buenaventura Buenaventura no cuenta con capacidad instalada para atender un posible contagio masivo de COVID-19: el actual alcalde heredó una red hospitalaria desmantelada e ineficiente que solo cuenta con dos centros hospitalarios para atender emergencias. Por un lado está el hospital Luis Ablanque de la Plata, de nivel y mediana complejidad, tiene una deuda que asciende a los 130 mil millones de pesos, solo tiene 102 camas, de las cuales 23 se dispusieron de manera primordial para lo concerniente al virus, y 2 ambulancias para traslados. Su acondicionamiento y mejora a Nivel 3 fue una de las principales demandas durante el paro cívico en 2017 y una de las propuestas en campaña del actual alcalde y que desde su posesión intenta cumplir con gestiones como las emprendidas con la Fundación American Progress, con quien viene adelantado un plan de acción de apoyo. Y la Clínica Santa Sofia, una IPS privada que está absolutamente colapsada pues sus instalaciones no dan abasto para el número de pacientes, las quejas constante de la ciudadanía por la atención profesional, la dificultad con las EPS para traslados y la carencia de especialistas. Afortunadamente, hasta la fecha del 26 de marzo no se han confirmado contagios en la ciudad, hubo 5 casos sospechosos, de los cuales, 3 ya fueron descartados y se está a la espera de los resultados de los otros 2, como afirmó Francy Candelo, secretaria de salud del distrito. El mayor temor de la ciudadanía ante esta pandemia es que la capacidad de respuesta hospitalaria no será suficiente y se desconoce si será efectiva, por consiguiente, la apuesta de la administración está en prevenir la llegada de la enfermedad a la ciudad. “No es tiempo de discutir, es tiempo de cumplir, estamos en tiempos de amenaza contra la vida. Prevenir la llegada del virus y su propagación es mi obligación” Afirmó el alcalde Víctor Vidal. Sin desconocer la precariedad de la red hospitalaria que recibió de las administraciones anteriores, por ello, antes como miembro del comité del Paro Cívico y ahora como alcalde, continúa haciendo el llamado y gestionando ante el gobierno nacional para que cumpla con los acuerdos del paro y así poder iniciar la construcción de la ciudadela hospitalaria, capaz de atender crisis como la del coronavirus en un futuro. Al mismo tiempo, en nombre de todo el pueblo que no se rinde, invita al presidente Iván Duque a dar respuesta ante las solicitudes radicadas para brindar mejores condiciones que le permitan al distrito afrontar las crisis derivadas por la pandemia del COVID-19.

Por: Laura Cano, Periodista Pares. El 25 de marzo en horas de la noche un vehículo recorrió las calles del barrio Santa Fe, en el centro de la capital, perifoneando: “a todos los que bajen, les damos de baja”, aumentando el estado de alarma en un territorio donde el abandono, la desatención y la falta de acciones eficientes están siendo la respuesta ante el virus. “Las trabajadoras sexuales tienen miedo no solo del Coronavirus, sino de salir a las calles. A las mujeres trans el construirse como mujeres libres les está costando la vida. Sentimos que hay un abandono por parte del Estado, y ahora más con la pandemia”. Desde el 2010 el trabajo sexual ha tratado de ser amparado por varias sentencias de la Corte Constitucional para que se establezcan reglamentaciones que protejan y garanticen derechos laborales a quienes ejercen este oficio en el país. Sin embargo, pasar del papel a la acción ha sido algo que históricamente en este país ha costado mucho. Las sentencias T-629/2010, T-736/15, T-594/16 y T-073/17 han sido las iniciativas que han puesto en debate la necesidad de reconocer jurídicamente esta actividad como un trabajo. Ahora lo que se evidencia con el Covid-19 que alerta a todo el país, es que la falta de implementación de herramientas que realmente velen por condiciones dignas para las trabajadoras sexuales, hoy las tiene como una población vulnerable al virus y a su vez a todas las problemáticas sociales que la pandemia ha intensificado y hecho más visibilidad; acceso a salud, alimentación, vivienda, seguridad, justicia. Aunque ha sido complicado tener cifras de trabajadoras sexuales dada la población flotante, además de los incrementos que pueden llegar a haber diariamente, la Secretaría de la Mujer por intermedio de Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, informó en el 2018 que en Bogotá habrían alrededor de 2.758 personas ejerciendo, como lo determina la entidad, actividades sexuales pagadas (ASP). De estas el 35.7% serían migrantes, de las cuales el 99,8 % era población venezolana. Además, también informaron que el 2.1% del total eran mujeres transgénero. Sin embargo, estas cifras pueden presentar variaciones dado el subregistro que puede haber y la potencialización de problemas sociales, como la desatención a la población migrante. Ausencia de un plan de contingencia Es necesario preguntarse si este contexto fue tenido en cuenta al momento de crear el plan de contingencia para la no propagación del Covid-19, pues una de las poblaciones que vive del día a día son las trabajadoras sexuales, quienes, dada la falta de reglamentación, muy pocas veces cuentan con la protección social que se le deberían garantizar a todas y todos los trabajadores. “A pesar de ser un trabajo legal el prejuicio que hay por parte de los prestadores de salud, de la Policía y de la sociedad en general, las pone en un riesgo y en una vulnerabilidad absurda. Al Ministerio de Trabajo le ha quedado grande entrar a regular el trabajo sexual en Colombia, no ha podido”, afirmó Juli Salamanca, integrante de la Red Comunitaria Trans. Desde el pasado 25 de marzo hasta el próximo 13 de abril en Colombia se estará en aislamiento preventivo obligatorio, esto implementado por el Gobierno Nacional a través del Decreto 457. Sin embargo, y a pesar de que la medida es necesaria, muchos sectores quedaron a la deriva sin saber cómo responder a sus necesidades básicas, esto ante una inequidad económica y social producto del sistema que nos rige. Una de estas poblaciones vulnerables son las trabajadoras sexuales, a quienes históricamente se les han sido sistemáticamente vulnerados sus derechos. Juli, aseveró : “Una de nuestras grandes preocupaciones es que en esta pandemia se fortalezca la idea de que ciertas vidas valen más que otras y que se prioricen unas vidas sobre otras. Por años el prejuicio y la criminalización hacia ellas han sido muy altas y ha llevado, por ejemplo, a que en las ciudades las vayamos excluyendo, metiendo en lugares específicos de la ciudad”. Y con el virus se están destapando todas las injusticias con las que han cargado. Esto por varias razones, por un lado, muchas de ellas solventan sus gastos con el trabajo diario, en donde algunas además de gastos básicos, deben responder por pagos de habitaciones que en el barrio Santa Fe significan $17.500 cada noche. Por otra parte, al no tener acceso a entidades promotoras de salud, un posible caso de contagio las podría llevar a no tener una atención adecuada, a la agudización del virus y, además, a un alto riesgo de contagios sin capacidad de atención con condiciones dignas y de calidad. “La realidad es: si no se trabaja, se deja de comer y de tener donde dormir”, afirmó Juli Salamanca. A esto se le suma que con la cuarentena las entidades estatales y distritales no están haciendo presencia en la zona del Santa Fe, lo que perjudica las decisiones que se toman frente al virus, pues quienes están en la potestad de crear medidas no están teniendo conocimiento de lo que ocurre en el territorio. Asimismo, ante el abandono y la falta de veeduría los escenarios de riesgo para las trabajadoras sexuales se potencian. La inseguridad ronda más por las calles que el virus El barrio Santa Fe es una de las llamadas zonas de tolerancia en Bogotá. Se ubica en el centro de la ciudad y se ha constituido como uno de los puntos donde más se ubican personas que ejercen trabajo sexual. Este escenario, tan delimitado, ha dado paso para que algunas de las violencias que suceden allí se queden ahí y no pase nada más. Las trabajadoras sexuales por años han denunciado asesinatos sistemáticos, escenas de violencias de diversas índoles, y a pesar de esto, muchos de estos casos ni siquiera llegan a denuncias o se quedan estancados sin una mayor garantía de acceso a la justicia. En ocasiones es motivado por los estigmas sociales que se han construido a través de esta población, lo que lleva a que se legitimen estos hechos. Con la ausencia de entidades como la Policía, la Secretaría de Integración Social, la Secretaría de Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia ante el COVID-19, las probabilidades de que las violencias se tomen el territorio son altas y a eso se le suma el no poder tomar ninguna acción de prevención y protección. Como consecuencia de esto, el 24 de marzo dos mujeres migrantes, trans y trabajadoras sexuales fueran apuñaladas en la zona del Santa Fe cerca a la calle 21 con carrera 16, quienes fueron perseguidas por todo el barrio y luego heridas en sus construcciones identitarias; senos y glúteos. Adicionalmente no obtuvieron atención médica y tras la ausencia de instituciones, ellas mismas tuvieron que adoptar medidas para la respectiva curación y cuidado, “Se encuentran fuera de peligro, pero están, no solo ante la amenaza del Coronavirus en condiciones de vulnerabilidad muy altas, sino sobreviviendo con las heridas que les quedaron”, contó, Juli Salamanca. Ayer mientras entregábamos los 150 subsidios en el Santa Fe apuñalearon y golpearon a dos chicas trans trabajadoras sexuales.@ClaudiaLopez @XiniaNavarro @SeguridadBOG nos están matando. ¡No es limpieza social es genocidio! La falta de respuesta cobra vidas @integracionbtaz pic.twitter.com/arIuwIbJHr — Red Comunitaria Trans (@redcomunitariat) March 25, 2020 La acción, una apuesta ante la inoperancia Este tiempo ha demostrado que muchas y muchos tienen claro que la solidaridad y presión son las respuestas ante la crisis sanitaria y social que se vive, por eso la Red Comunitaria Trans se ha sumado a las iniciativas que trabajan por brindarle algo de tranquilidad a quienes la cuarentena les está representando más angustias. Juli Salamanca, contó: Creamos un fondo de emergencia para trabajadoras sexuales debido a la ausencia de un plan de contingencia que incluyera a trabajadoras sexuales y personas que viven del diario. Una de las grandes preocupaciones que le surgió a la Red es qué iba a pasar con ellas en la pandemia, porque si dejaban de trabajar no podían pagar su habitación y no podían comer. Lo que buscamos con este fondo de emergencias fue cubrir pagos de habitación y con eso lograr que las mujeres que ejercen trabajo sexual lograran quedarse los días de cuarentena en casa cuidándose para no contagiarse y estando en condiciones dignas. Hasta el día de hoy hemos logrado cubrir a 150 mujeres trans y entregado 50 mercados a trabajadoras sexuales. Además, se realizará una nueva jornada para brindarle estos apoyos a 60 mujeres trans trabajadoras sexuales del barrio 7 de Agosto y Chapinero”. La Red Comunitaria Trans, que viene trabajando desde el 2012 por la protección y garantía de los derechos de las mujeres trans trabajadoras sexuales, también ha gestionado recursos en esta crisis para privadas de la libertad y mujeres cisgénero que ejercen trabajo sexual en la zona de La Mariposa. Pero, a pesar de la colaboración que han convocado en estos tiempos de pandemia, hacen un llamado a la presencia del Distrito, pues como lo afirmó Juli Salamanca, “no damos abasto. «La Organización también está poniendo en riesgo su personal y necesitamos que el Distrito tome las riendas de esta situación. Algo que tenemos muy claro, es con las donaciones no vamos a poder cubrir toda la población que lo necesita y que no la está pasando nada bien. También creemos que la ausencia de este plan de contingencia se puede materializar en exterminio de comunidades históricamente marginalizadas”.

Por: Línea Democracia y Gobernabilidad. Pares. Hasta hoy, el presidente Duque solo ha anunciado una medida a favor de la población migrante en Colombia: su afiliación al sistema de salud que estaba en el ordenamiento jurídico desde el 2017, sin embargo, la realidad de esta población en el país, en especial, la población venezolana, hace urgente que se tomen medidas adicionales de cara a la crisis que afronta el país. Al 31 de diciembre de 2019 la población venezolana residente en Colombia era de 1.771.237 personas, de los cuales 1.017.152 permanecen de forma irregular y, de los 754.085 migrantes regulares, solo el 12% accede a programas del Estado y el 13% se encuentra bancarizado. Adicionalmente, alrededor miles de migrantes cruzan a diario la frontera para abastecerse de productos de primera necesidad como alimentos, medicamentos o atención médica, incluso, en pasados días circuló una imagen de una migrante cruzando por un paso ilegal en grave estado de salud, iba en brazos de dos hombres que buscaban ayuda para su atención. Cabe recordar que Venezuela afronta una grave crisis económica debido a las desacertadas políticas macroeconómicas de los gobiernos de Chávez y Maduro, la corrupción, entre otros, y la escasez de alimentos, medicamentos e incluso servicio de luz hace muy complicada la atención de enfermos. La situación de esta población, que en la mayoría de casos no podría cumplir la cuarentena, parece ser una bomba de tiempo que los gobiernos se están negando a atender. Denuncia de Migración Venezuela En pasados días el proyecto Migración Venezuela denunció el cierre de albergues para caminantes migrantes que provienen de Venezuela y que transitan por la ruta del páramo, desde Los Patios, en Cúcuta, hasta la zona de Tunja, después del anuncio de Iván Duque de cerrar por completo la frontera con el vecino país. Y aunque el flujo de caminantes ha disminuido, aún son muchos los que esperan cruzar hacia Colombia u otros países. En charla con funcionarios del gobierno municipal de Cúcuta, estos aseguraron que son alrededor de 40 mil migrantes que cruzan diariamente la frontera por pasos ilegales, la mayoría pasa para abastecerse y regresan a su país. En estos pasos hay aglomeración de gente que pone en riesgo las medidas de contención del virus, incluso, Cúcuta, uno de los municipios fronterizos que concentra un alto flujo de venezolanos, resulta ser uno de lo que presenta el mayor número de casos detectados respecto a su población y el primero en donde se han presentado casos de contagio en comunidades indígenas. Con los bajos niveles de bancarización y atención por parte de programas del Estado a esta población, es muy probable que las ayudas económicas y en especie destinadas por el gobierno para que la población vulnerable pueda mantener el aislamiento obligatorio no lleguen a la población migrante y esta se vea obligada a desacatar las medidas para no morir de hambre. Urge que el gobierno nacional y los gobiernos municipales tomen medidas cuanto antes destinadas específicamente para los venezolanos en Colombia.

Por: Natalia Aguilar Salas. Colaboradora Pares. La Guajira ha sido uno de los departamentos donde los pueblos indígenas se enfrentan a mayores dificultades a pesar de que constituyen la mayoría de la población en el departamento con un 42,41%. La corrupción política, la migración, los grupos armados ilegales, la falta de oportunidades, el contrabando, la falta de acceso a servicios básicos vitales, la crisis migratoria y el cambio climático constituyen algunas de las dificultades que afronta la población del departamento. Ahora, la situación de los guajiros y de los wayúu se complica aún más debido a la propagación del COVID-19. Riohacha ha sido escenario de la desesperación producida por el COVID-19. A través de las redes sociales se han mostrado cómo se han presentado desmanes, saqueos y bloqueos. Estos hechos no hacen más que aumentar el riesgo de una tragedia humanitaria, tal y como lo denuncian algunos líderes. La falta de medidas y planes de contingencia para garantizar el acceso a servicios básicos, alimentos y seguridad a las poblaciones más vulnerables, al igual que las fallas estructurales que han estado presentes por décadas en el país, pueden abrir una puerta a una situación de salud dramática, tal y como lo anunció a través de su cuenta de Twitter, Martha Peralta Epieyú, presidenta del partido político Movimiento Mais. Alerto un posible exterminio del pueblo Wayúu en esta crisis por el COVID-19. Hago un llamado a líderes de Colombia y al Gobierno Nacional: miren hacia nuestras comunidades indígenas. Se avecina para La Guajira una tragedia. Lo advierto. #LaGuajiraNecesitaAyuda#QuedateEnCasa — Martha Peralta Epieyú (@marthaperaltae) March 25, 2020 Una de las poblaciones más vulnerables son los wayúu. Además de enfrentarse a la discriminación y xenofobia simplemente por el hecho de ser indígenas, también viven en condiciones paupérrimas, esperando promesas del Estado que nunca llegan. Ahora más que nunca, esas fallas estructurales muestran la grieta de desigualdad que azota al país, y esto está afectando una vez más a los más vulnerables, así que el exterminio no es algo que sucederá, es algo que ya está ocurriendo. La Guajira necesita ayuda Además de esta comunidad indígena, toda la población de la Guajira se encuentra en riesgo. Según Mauricio Cárdenas Estupiñán, master en ciencias económicas de la Universidad Nacional, el 55,5% de la población vive en área rural y 44,5% vive en las cabeceras municipales, en los hogares indígenas el promedio de individuos por vivienda es de 4.8, y en los no-indígenas es de 4.3, a nivel nacional es de 3.7 por hogar. En cuanto al tipo de hogar, el 73,8% de la población indígena vive en rancherías, 25,2% de esta vive en casas, sin embargo, solo el 21,1% de la población indígena tiene acceso al servicio de acueducto, 11,8% al alcantarillado y 13,2% a recolección de basuras. Según el informe de pobreza económica del Dane durante el 2017 este porcentaje en La Guajira era de 52,5%, y la pobreza extrema se encontraba en 7,4%, sin embargo este índice no abarca otras necesidades básicas, ya que es la pobreza multidimensional, este índice tiene en cuenta por ejemplo la seguridad alimentaria, es decir el acceso a los alimentos, al igual que el acceso a los servicios básicos vitales. Según el Dane los municipios con índices de pobreza multidimensional más graves son Hatonuevo(5,5%), Riohacha(7,5%), Dibulla(8,7%), Uribia(27,0%), Maicao (8,7%) y Manaure(20,0%)2, estos porcentajes reflejan la población que se encuentra por encima del 80% dentro del índice de pobreza multidimensional. Sin embargo, el último reporte oficial del Dane con datos duros del índice de pobreza multidimensional se remonta al 2014, donde el porcentaje se encontraba en 53,3%, es problemático que las cifras presentadas por el Dane no se encuentren actualizadas y que no tomen en cuenta el creciente número de migraciones que se han presentado en la región. El reporte de desarrollo sostenible del Pnud, indica que durante el 2018 ingresaron 138.370 migrantes venezolanos, de los cuales 85.110 eran migrantes regulares y 53.260 migrantes irregulares. Comunidades vulnerables Estas cifras muestran la falta de acceso a servicios básicos vitales, al igual que a la seguridad alimentaria, esto puede ser catastrófico durante la crisis del COVID-19, ya que la falta de acceso a lo más básico obliga a los individuos y a sus comunidades a buscar alternativas generando así un mayor riesgo de contagio. Por otra parte, la situación de la infraestructura hospitalaria y afiliaciones al sistema de salud, demuestra que si el virus se propaga rápidamente el sistema de salud afrontará graves problemas. Según el informe de Pnud hay una cobertura de salud del 84% en la Guajira, con un total de 853.828 afiliaciones, sin embargo la población es de 1.067.063 habitantes. En ese sentido, preocupa que solamente hay 155 IPS habilitadas, dentro de las cuales 113 son privadas y 42 son públicas, otra cifra preocupante es la capacidad hospitalaria, ya que solamente hay 29,33 camas por cada 1.000 habitantes. En caso de una emergencia sanitaria además de la falta de infraestructura se debe tener en cuenta la dificultad de muchos individuos y familiar para lograr acceder al sistema, sobre todo cuando se habita en una zona árida, donde las distancias se duplican bajo el calor y la capacidad económica no permite abastecerse y mucho menos tener acceso a las mejores condiciones de cuidado, esta emergencia requiere de acciones drásticas por parte del gobierno para brindar apoyo al departamento de la Guajira. ¿Qué ha sucedido en los últimos años en la Guajira? En los últimos cinco años han fallecido alrededor de 5.000 niños en La Guajira, debido a desnutrición crónica la cual afecta al 27.9% de niños y niñas menores de 5 años. Al ser un departamento abandonado por el gobierno suceden historias insólitas que no salen a la luz o se olvidan fácilmente. Dicho olvido también facilita la intromisión de las empresas inescrupulosas en el departamento, ¿Cómo olvidar el caso de la famosa bebida milagrosa kufu? Postobón decidió que sería muy fácil repartir gaseosas gratis a 3.130 niños en la Guajira durante Julio y Diciembre del 2017,antes de repartir este producto tomaban el peso, talla y muestras de sangre de los niños, es decir; tomaron una muestra, observaron una población determinada, y midieron los resultados obtenidos con el producto. Otro pequeño detalle, la bebida no había sido certificada por las entidades necesarias. Tanto el Ministerio de Salud como Supersalud pidieron explicaciones a la empresa que se resguardó bajo la excusa de “responsabilidad social empresarial”, ya que el experimento que realizaron no estaba supervisado por un comité ético, hasta el día de hoy postobón sigue operando con normalidad y los niños se quedaron si Kufu, sin justicia, sin comida y sin agua. Esta investigación fue realizada por el portal periodístico La Liga Contra el Silencio. Un departamento saqueado La falta de agua es una de las mayores problemáticas en el departamento. Presidencia anunció mediante un comunicado el proyecto “Guajira azul” para llevar a cabo en el periodo 2018-2022, con esto el gobierno prometió llevar agua a los sitios más recónditos y con escasez de este líquido vital, en diciembre del 2019 anunciaron que lograron completar 10 proyectos de agua potable y saneamiento básico. Sin embargo, según una investigación realizada por el diario El Tiempo, la Defensoría del Pueblo revisó las instalaciones de Corpoguajira y encontró que 36 desalinizadores no estaban funcionando. El hallazgo también revela que en la última revisión de mantenimiento se realizó en el 2016, y los carrotanques llegan cada apenas cada cuatro meses. Las obras que son anunciadas por dirigentes políticos, muchas veces se convierten en elefantes blancos. Un ejemplo es el proyecto El Cercado. Según el periódico digital de la Universidad Nacional UNnoticias, esta represa construida en el Río Ranchería, pensada para abastecer a los municipios de San Juan del Cesar, Barrancas, Hatonuevo, Maicao, Fonseca, Uribia, Distracción y Albania. C Cuando los Arhuacos, Koguis, Kankuamos y Wiwas se enteraron de la obra, inmediatamente se opusieron, ya que el agua es la sangre del río, y su obstrucción acabaría con su vitalidad. A pesar de los reclamos de las comunidades indígenas las obras comenzaron en el 2006, donde la Unión temporal de la Guajira (UTG) presuntamente no cumplió las recomendaciones ambientales, causando así la muerte de más de 3.000 peces, al igual que la contaminación del agua debido al hierro de las estructuras, además del uso de productos químicos. La obra finalizó en el 2010. Durante esta época se produjo el fenómeno de La Niña, el cual ocasionó que el embalse se llenará en cuatro meses y no en el plazo previsto el cual era de dos años; esto generó inundaciones e impactos económicos y ambientales a las poblaciones aledañas, además de secar el caudal del río. Como si esto no fuera poco, en el 2018 la Contraloría General declaró un detrimento patrimonial de 637.369 millones de pesos a raíz de que el Gobierno Nacional declarara que no contaba con recursos. Estos son algunas de las tragedias que vive el departamento. Fallas estructurales han evidenciado la debilidad y desinterés por parte del Gobierno y los mandatarios locales. Sin embargo, en estos momentos se debe hacer un esfuerzo por la población guajira y wayúu. No se puede permitir que el exterminio continúe y ahora de manera radical frente a un enemigo invisible como lo es el COVID-19.Aunque el Gobierno y los dirigentes locales olviden su labor en La Guajira, no significa que sea un pueblo invisible. #LaGuajiraNecesitaAyuda

Por: Catalina Miranda Aguirre*. Especial Pares. Este jueves, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó públicamente al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y 14 de sus funcionarios más cercanos, con los cargos de narco-terrorismo, corrupción, tráfico de drogas ilícitas, entre otros. De acuerdo con el gobierno norteamericano, el régimen de Maduro ha conspirado con las FARC durante más de 20 años, causando que “toneladas de cocaína entren y devasten comunidades de americanos”. Ante tales acusaciones, el Departamento de Estado está ofreciendo una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que contribuya con el arresto de Maduro, y entre 5 a 10 millones de dólares por la captura de otros agentes de su gobierno. Esta polémica decisión ha suscitado varias preguntas: ¿existen similitudes entre la actual política exterior de Trump frente a Venezuela y la de Obama en el 2011 hacia Libia? La respuesta inmediata es sí, existen aspectos comunes. Sin embargo, estudiar las implicaciones de los factores diferenciadores es mucho más importante para comprender el actual comportamiento de Estados Unidos hacia Venezuela, y no aventurarnos a afirmar que lo que sucedió en Libia sucederá en nuestro vecindario. Petróleo, valores “antidemocráticos” y sanciones De acuerdo con el Boletín Estadístico Anual de la OPEC (2019), los países miembros de esta organización tienen casi el 80% de la reserva de petróleo del mundo. Venezuela es el país con mayor número de reservas (302,81 billones de barriles, equivalentes al 25,5%), superando en 3,1 puntos porcentuales a Arabia Saudita, mientras que Libia solo aporta el 4,1% (48,36 billones de barriles). A pesar de los avances científicos en energías limpias y renovables para disminuir la dependencia hacia los recursos fósiles, es indiscutible que el petróleo sigue siendo la mayor fuente de energía del mundo, convirtiendo a los países con grandes reservas de este crudo, lugares de un alto impacto e interés geopolítico. A lo anterior se suman algunas similitudes de los regímenes de ambos países, aunque en diferentes momentos históricos. Tanto Muamar el Gadafi como Nicolás Maduro, hicieron extensivas políticas de nacionalización de privados, además de promover idearios de cooperación regionales basados en preceptos socialistas (como el socialismo del siglo XXI en América Latina, o el panarabismo y el socialismo árabe en el Magreb y en el Medio Oriente). Aunque con notables diferencias, entre las cuales se encuentra la estructura social de un país desprendido de la Gran Colombia, y las tradiciones tribales de los países africanos, ambos regímenes han sido considerados como dictaduras que, en reiteradas oportunidades, violaron principios universales sobre los Derechos Humanos, ampliamente extendidos en países liberales y democráticos. Tras las constantes acusaciones por violación a los derechos humanos y la participación de ambos gobiernos en negocios ilícitos, la estrategia de Estados Unidos y sus aliados (usualmente países miembros de la Unión Europea), es establecer fuertes sanciones económicas y restricciones comerciales a los líderes, sus familias, y los funcionarios más poderosos. En el 2011, las violentas represiones a las protestas en Libia causaron que Bruselas tomara la decisión de retirar visas, bloquear cuentas bancarias, prohibir la venta de armas a 27 funcionarios libios (incluyendo Gadafi), mientras que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Consejo de Seguridad, autorizó la apertura de investigaciones ante la Corte Penal Internacional contra el líder libio. De acuerdo con la Revista Dinero, desde la administración Bush, Estados Unidos empezó a limitar significativamente el comercio de armas con Venezuela. Más adelante, Washington congeló bienes y cuentas de varios funcionarios, además de prohibir su ingreso, y los negocios con ciudadanos de este país. Siguiendo la experiencia con Cuba, Corea del Norte, Siria, e Irán, en agosto del año pasado Trump decidió congelar todos los activos y propiedades del gobierno venezolano en su territorio. ¿Por qué ser cuidadosos al comparar ambos casos? Porque ambas regiones son diferentes, por tanto, los intereses de las grandes potencias también lo son. Como en el caso sirio, el rol de Rusia y China ha sido determinante para sostener al régimen de Maduro. Adicionalmente, la activa participación de la Política Exterior venezolana con países miembros del CARICOM, también ha significado establecer variados aliados con votos favorecedores ante las decisiones tomadas en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tan efectivo ha sido este relacionamiento, que este país actualmente ejerce la presidencia de Grupo de América Latina y el Caribe (Grulac) ante la UNESCO. Ahora bien, las organizaciones internacionales también son importantes. El rol de la OTAN como alianza político-militar a través de la cual Estados Unidos pudo legitimar una intervención militar en Libia, determinó el fin del régimen de Gadafi. Sin embargo, la tradición pacifista (por lo menos en conflictos interestatales) de América Latina, y la tímida participación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Lima, son alicientes diplomáticos para una intervención militar en el país suramericano. Además, no existe un argumento lo suficientemente sólido (por lo menos en materia de Derecho Internacional) para violar la soberanía venezolana invocando el capítulo VII de la Carta de San Francisco. Finalmente, si bien no se puede desconocer que la situación con Venezuela es un asunto importante en la agenda exterior de Estados Unidos, los intereses geopolíticos de este país siempre han priorizado al Medio Oriente y, casos como libio, al Magreb. Entre muchas otras razones, destaca que esta ha sido una zona de disputa entre potencias (principalmente Estados Unidos y Unión Soviética/Rusia) por las grandes reservas de petróleo en el Golfo Pérsico, su estratégica ubicación geográfica como un punto de unión entre occidente y oriente, además porque el choque de civilizaciones (aludiendo a Samuel P. Huntington) proveniente de esta región, afecta significativamente los intereses nacionales y la misma seguridad de Estados Unidos. Como reflexión final, no debe descartarse que esta decisión responda a las recurrentes críticas que han surgido tanto en la prensa nacional, como en la comunidad internacional, sobre las malas y tardías decisiones del gobierno norteamericano para contener de manera efectiva el contagio del COVID-19 en su país (con 83.507 casos, Estados Unidos superó el número de contagios de China el cual es de 81.782), además de las polémicas declaraciones de miembros del Partido Republicano. Sobre este último aspecto, el actual Vicegobernador de Texas, Dan Patrick, afirmó que los adultos mayores deberían sacrificarse para no afectar la economía del país ante las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cuales están siendo replicadas por más de 70 países. Adicionalmente, todas las decisiones que tome Estados Unidos frente a Venezuela afectaran, de una u otra manera, a Colombia. Sin embargo, la política exterior de nuestro país debe ser pragmática y consciente de la crisis actual que estamos viviendo. Los tímidos acercamientos que ha tenido el gobierno, principalmente a través de la OMS, con el régimen de Maduro, deben fortalecerse. Por más restricciones que existen en las fronteras, la porosidad de nuestros bordes con Venezuela hace necesario establecer políticas conjuntas y coordinadas para impedir un aumento insostenible de contagio, especialmente en zonas con débiles sistemas de salud. *Catalina Miranda Aguirre es Internacionalista con énfasis en Historia de la Universidad del Rosario. Cuenta con más de cuatro años de experiencia en asuntos de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana, y análisis político-internacional.

Por: Lina Gaitán Mateus. Investigadora Pares. La advertencia de varias organizaciones de Derechos Humanos y por la defensa de los derechos de las mujeres sobre el posible incremento de violencias sexuales y basadas en género no han sido exageraciones. El triple feminicidio ocurrido este jueves en la costa Caribe y que estremece a todo el país, es una muestra de ello. Pese a que parecemos habernos habituado a las noticias sobre violencia en un país donde estos hechos son pan de cada día, despertarse con la noticia de un feminicidio no es sencillo; menos aún cuando el agresor no cobró la vida de una mujer, sino la de tres. Loliluz, Ellyn y Edenis murieron por ser mujeres, por la incapacidad de un hombre de aceptar una ruptura amorosa, y por encontrarse en una situación de vulnerabilidad, derivada del aislamiento obligatorio decretado a nivel nacional. La situación de desventaja en que las puso el aislamiento facilitó que el feminicida las atacara en su propia casa. Fue la misma situación que vivió Carlota Isabel Salinas, lideresa social de la Organización Femenina Popular, asesinada fuera de su vivienda este marte 24 de marzo. Al encontrarnos en nuestras casas, en todo momento, es más sencillo que cercanos y terceros ejerzan violencias contra nosotras porque no tenemos la opción de ir a otros sitios para protegernos. Pero el problema en sí no es el confinamiento ni las tensiones que vivimos las mujeres hoy en día ante el panorama de contagio del COVID-19. Cifras del Observatorio de Feminicidios en Colombia demuestran que, durante el año 2019, el 36% de los casos de feminicidios sucedieron en las viviendas de las víctimas. Por su parte, datos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses e investigaciones de diferentes organizaciones demuestran que el día donde se presenta un mayor número de violencias contra las mujeres es el domingo, porque todos los integrantes del núcleo familiar se encuentran juntos. Estos datos revelan que la coyuntura actual solo exacerba unas condiciones de desigualdad y vulneración que hemos vivido históricamente. Opciones de atención a la violencia contra las mujeres El pasado 22 de marzo, la Alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, reportó 43 denuncias de violencias contra las mujeres durante el ejercicio de aislamiento, propuesto a manera de simulacro; estas cifras corresponden solamente a Bogotá. Si bien en las grandes ciudades las autoridades locales han reforzado las líneas de atención mediante la difusión de los órganos de atención con que se cuenta tales como: Líneas de Orientación Legal y Psicosocial de Atención en las localidades de Bogotá, la Línea de Orientación sobre las Violencias contra las Mujeres 155 a nivel nacional, la Línea de Atención 123 en Medellín, y los números 350 803 2031 y 310 516 2760 en la ciudad de Cali, estas medidas no contemplan la posibilidad de que se presente una saturación de las líneas de atención, tal como ocurrió en países donde se han vivido periodos de cuarentena, como es el caso de China. Si se tiene en cuenta las desigualdades estructurales que nos caracterizan como sociedad, estas líneas tampoco son una respuesta eficaz para los territorios rurales y los pequeños municipios donde también se presentan estas violencias, porque concentran su accionar en aquellos lugares en que el Estado ha tenido mayor presencia institucional históricamente. Campañas como la emprendida por la Cruz Roja Colombiana seccional Cundinamarca y Bogotá bajo el slogan “No es normal vivir con miedo” buscan incentivar los procesos de denuncia, pero ¿cómo hacerlo si los canales habilitados para ello no dan a basto? Una de las alternativas que ha propuesto el Gobierno Nacional a este panorama es garantizar la prestación ininterrumpida de los servicios de las Comisarías de Familia a través del uso de medios virtuales y telefónicos; sin embargo, la responsabilidad de implementar esas otras vías de comunicación es relegada a los mandatarios locales y regionales. Esta medida resulta contradictoria frente a otras propuestas del Gobierno como el Decreto 444, el cual dispone del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales para ofrecer beneficios a entidades bancarias. Sin recursos para afrontar la crisis provocada por el COVID-19, dentro de las que se incluye el aumento de las violencias contra las mujeres ¿qué solución pueden darse desde los territorios? Ante este panorama la respuesta del ejecutivo y el legislativo nacional solo puede ser producto de un profundo desconocimiento del funcionamiento de los fondos locales y regionales; o de un sincero desinterés por estas problemáticas, en el que se sabe lo que está ocurriendo y las soluciones propuestas son inoperativas. Además de las posibilidades de acción generadas por los últimos decretos, quienes padecen estas violencias deben enfrentarse con el incumplimiento de las leyes que ya están aprobados. Este es el caso de la Ley 1257 de 2008, que se enfrenta con funcionarios y funcionarios judiciales y con personal médico que revictimiza a las mujeres, enfrentándolas contra un sistema médico y jurídico que invisibiliza las agresiones contra ellas. Un ejemplo de esto es que mientras el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó 106 feminicidios para el año 2019, el Observatorio registró 571 casos de este delito en el mismo periodo de tiempo. Este panorama puede llegar a limitar el uso de los mecanismos oficiales establecidos para denunciar las violencias contra las mujeres. Una propuesta de la Red Nacional de Mujeres Pero ante esta realidad, no han faltado las respuestas de las organizaciones sociales. Según explica Laura Guerrera, integrante de la Red Nacional de Mujeres quien participó en la construcción de la aplicación Ellas, esta herramienta es el resultado de un proyecto de la Red en colaboración con ONU Mujeres cuyo propósito es permitir que las mujeres identifiquemos si estamos siendo víctimas de alguna violencia basada en género o sexual y, de ser así, saber de qué manera podemos responder ante esta situación. Esta aplicación está disponible para teléfonos celulares Android e IOS. Además de contener definiciones sobre diferentes los tipos de violencias contra las mujeres, para facilitar su identificación, brinda la posibilidad de conocer la ruta de atención y orientación para contrarrestar cada tipo violencia. Esta ruta indica los pasos a seguir en caso de que las mujeres agredidas deseen activar un proceso jurídico o de atención médica, indicando a qué entidades es posible acudir: Ellas puede acceder a la ubicación actual de las personas que la utilicen y señalar, de acuerdo al lugar que se habite y el tipo de agresión que se esté viviendo, las instituciones a las que se puede solicitar apoyo. Para activar esta función, las mujeres solamente deben activar la geo localización y de inmediato se despliega un directorio de agentes institucionales que incluye a Fiscalías, Comisarias de Familia, Estaciones o Inspecciones de Policía, Juzgados de Familia, y la Red Hospitalaria de Emergencias. Ellas también cuenta con botones de llamada directa, con los cuales se puede contactar directamente con las líneas de emergencia de la Policía Nacional (123), a la Línea Púrpura en Bogotá, a la Línea de orientación en casos de Violencias contra las Mujeres 155, a la Línea 123 agencia en Medellín, y a la Línea de la Secretaria de la Mujer en Cauca. Precisamente, uno de los elementos que más llama la atención sobre su funcionamiento es el botón de Pánico, el cual permite avisar a unos contactos de emergencia, previamente seleccionados por quien instala la aplicación, que las mujeres están pasando por situaciones de riesgo o de peligro. Cuando se activa esta función, los contactos de emergencia seleccionados reciben un mensaje con la ubicación directa de la mujer agredida y son redireccionados a un link de la Red Nacional de Mujeres en el que encuentran los pasos a seguir para reaccionar ante estas circunstancias. Finalmente, Ellas brinda la opción de seguimiento, con la que las mujeres pueden contar a la Red su experiencia con la aplicación para mejorar la herramienta, conocer su utilidad y saber cómo están operando los y las funcionarias involucradas en la ruta de atención y orientación. Ellas cuenta con una página web en la que el banco de respuestas es mucho más amplio, cuyo link se adjunta a continuación: https://ellaslibresdeviolencias.com/ Las redes comunitarias y el cuidado entre nosotras Beatriz Quintero, directora de la Red Nacional de Mujeres, manifiesta que la aplicación Ellas es una iniciativa que se ha venido trabajando desde el año 2015, como una manera de hacer difusión a la Ley 1257 de 2008 de manera amigable y sencilla, para que a través del conocimiento del ámbito jurídico las mujeres seamos ciudadanas bien informadas y contemos con los medios necesarios para exigirle al Estado que cumpla con lo que está escrito en las leyes. “Disminuye los riesgos al posibilitar la existencia de formas de contención social para estos peligros y contra los agresores. […] y nos ayuda a que las mujeres no se sientan solas ante estas situaciones de riesgo” dice Beatriz. Además de permitir dar un mejor uso de las herramientas jurídicas mediante su conocimiento, Ellas también posibilita transformar la cultura de violencia e impunidad de nuestra sociedad al brindarnos herramientas para exigir una adecuada atención por parte de los funcionarios públicos como jueces, fiscales, inspectores o sargentos de Policía, así como también a quienes trabajan en el sector de la salud. Su propósito es disminuir la brecha entre lo que está escrito y la manera en que se cumple, para que los funcionarios actúen eficazmente y de acuerdo con sus obligaciones. Laura y Beatriz explican que la propuesta del botón de Pánico surge como una alternativa de respuesta paralela a la Línea 155 y a la Línea Púrpura, pues se sabe que la capacidad institucional muchas veces no da abasto para atender los casos que se presentan. Si bien eventualmente las usuarias pueden ser redireccionadas a estas u otras líneas de atención, el Botón da la opción de iniciar un proceso de alerta y denuncia con las autoridades correspondientes pues según comenta Beatriz “la Policía muchas veces no contesta o no es eficaz”. Actualmente, la Red buscar superar la que consideran que es la mayor barrera de esta herramienta: el que se necesite tener saldo para descargar la aplicación. Desde esta organización se reconoce que los esfuerzos de difusión y las campañas promovidas por los gobiernos locales son una respuesta adecuada, pero no es suficiente. Redes de afecto en los hogares El momento de angustia económica y de hacinamiento que se vive en muchos hogares nos exige medidas que no profundice las problemáticas existentes, como la de negar apoyos económicos o alimentarios a los hogares donde se ha denunciado violencia intrafamiliar y violencias contra las mujeres. Como una alternativa ante las dificultades a las que nos enfrenta el aislamiento obligatorio, Beatriz propone un fortalecimiento de las redes de afecto en los hogares. La disminución del impacto económico puede ser una solución, porque refuerza las redes comunitarias en el hogar. Pero también es necesario discutir colectivamente la distribución del trabajo cotidiano al interior de las familias y que las labores de cuidado sean repartidas bajo acuerdos colectivos. Esto no solo aliviana las cargas que le son designadas a las mujeres, sino que ayuda a que todos los integrantes del hogar se sientan útiles en el espacio doméstico. Ello permite que se pueda dialogar y discutir ante posibles situaciones de violencia, pero no impide que se denuncie. Y justamente, porque tanto la Red como la Fundación Paz & Reconciliación consideramos que siempre se debe incentivar la denunciar para exigir que el Estado cumpla con sus responsabilidades y no desobligarlo, anexamos a continuación algunas de las líneas de atención que se han habilitado contra estas violencias: Línea púrpura: 018000112137, whatsapp 3007551846 Línea Nacional de Orientación sobre Violencias Contra las Mujeres: 155 Sisma Mujer –apara apoyo psicojurídico- : 3158942140 Línea Nacional de la Policía: 123 Medellín: 123 Cali: 350 803 2031 y 310 516 2760 Villavicencio: 316 742 6938 Popayán: 321 496 5015

Por: Redacción Pares La Corte Constitucional en su Sala Plena virtual ordenó medidas cautelares para proteger a las personas que se encuentran en los Centros de Detención Transitoria del país, dispuso el diseño y adopción de protocolos de atención en salud, con especial énfasis en las personas que tienen mayor riesgo de contagio de la enfermedad COVID-19, y previendo medidas especiales para quienes tengan sospecha de contagio. Para el efecto determinó que era necesaria la identificación de la población en estos centros y a partir de allí fijar las medidas claras, precisas y específicas para contrarrestar la pandemia. Asimismo, estableció que en un término no mayor de 8 días desde la notificación del auto, debía garantizarse a las personas privadas de la libertad en los centros de detención preventiva, el acceso a los servicios sanitarios, productos de aseo, alimentación diaria, así como agua potable permanente bien a través del acueducto, o a través de cualquier mecanismo que asegure su suministro, con el fin de protegerlos frente al COVID – 19. La Corte Constitucional, enfatizó que estas medidas serán extensivas para todo el país. La Secretaría General de la Policía Nacional, en el trámite de la tutela, informó a la Corte que el promedio de permanencia de las personas detenidas en las estaciones de Policía oscila entre uno y catorce meses hasta que son trasladadas al respectivo centro carcelario o penitenciario. La Fiscalía informó a la Corte, en relación con el uso de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión, que los delitos en los que más se decreta dicha medida son: hurto (24,79%), delitos relacionados con estupefacientes (21,39%), fabricación, tráfico y porte de armas (13,80%), homicidio doloso o culposo (11,44%), delitos sexuales (8,78%), violencia intrafamiliar (4,74%) y concierto para delinquir (4,08%). Los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo y Antonio José Lizarazo Ocampo salvaron el voto.