Por: Juan Manuel Torres Erazo. Coordinador oficina Pares-Pacífico. Pares-Pacífico habló con el reconocido médico y cardiólogo Juan José Arango sobre su propuesta de un nuevo contrato social a propósito de la pandemia del COVID-19 y de los cambios profundos que tenemos que asumir como sociedad para continuar la existencia social de la humanidad; sin que terminemos por destruir el débil sistema productivo nacional y, por ende, destruir millones de puestos de trabajo al continuar aplicando el tratamiento de dosis de ataque que significa la cuarentena total en Colombia, que por los hechos recientes luce insostenible en el mediano plazo. En el video que publicó Arango en YouTube dice que había mantenido en el último mes una actitud de silencio en sus redes sociales, donde se ha ganado un espacio importante como influenciador y divulgador científico. Esto, mientras, preparaba una “propuesta de solución, una “exit strategy”, como dicen los angloparlantes” que sirva de ruta para superar esta crisis y, en especial, que permita la continuidad de la vida social, porque por la ruta que estamos caminando, creo que hay peligros potenciales que debemos considerar muy en serio” y además, porque “la multitud de ideas y propuestas que veo en la red oscurecen más de lo que aclaran. El médico es una voz autorizada dentro del gremio científico del país con más de 30 años de experiencia y en su retiro, además de su hobby como pajarero, se dedica a analizar el comportamiento social y opinar sobre diversos temas. En esta contingencia, por supuesto se ha empeñado en estudiar y monitorear la epidemia desde que comenzó realizando diferentes modelos matemáticos, manteniendo diálogo constante con académicos y expertos de varios países. Es desde esas posibilidades que Juan José Arango hace un llamado al Gobierno nacional y la sociedad en general para que implementemos su propuesta de contrato social como la alternativa para “caminar hacia la salida de este problema, sin duda ninguna, el más grande que mi generación ha enfrentado”. “El presidente Duque es el llamado a liderar el barco” En julio del año pasado Juan Manuel Torres, coordinador de la oficina de Pares-Pacífico en Buenaventura entrevistó a Juan José Arango y en ese momento dijo que “Iván Duque es inferior al cargo que está desempeñando”. Pares: ¿Por qué ahora considera que es Duque quién debe dirigir las estrategias en esta emergencia por la pandemia del COVID-19? Juan José Arango: Quienes me conocen saben que he sido un ferviente crítico del uribismo como forma de pensamiento y no coincido con las políticas ni con el modo de pensar del presidente Duque. Pero en Colombia estamos al principio de la pandemia, es el día 20 y en esta etapa de crisis compleja el presidente Duque es quien debe coordinar la dirección del barco y conducir la nación a través de esta tormenta, es el presidente que tenemos, no es momento para diferencias políticas: hay que unir esfuerzos y no podemos permitir que desde su propia esquina cada mandatario local tome sus decisiones sin una coordinación clara y general. Pares: ¿Estamos tomando las medidas adecuadas? JJA: Tenemos que evitar la tendencia de asignarle causalidades a los fenómenos que observamos. Por ahora no podemos asumir como cierta la alta mortalidad del virus en Italia ni la muy baja mortalidad que reporta Alemania. Creo que el mejor estudio de prevalencia y mortalidad que tenemos hasta ahora es el crucero Diamond Princess, donde viajaban 3.711 personas y, a pesar de una respuesta tardía con las medidas básicas de higiene y distanciamiento, se infectaron solo 712 personas (el 19.1% de la población del barco) y la mortalidad global hasta ahora es del 1.1%. Hay unos hechos que se han convertido en las medidas más importantes para combatir el virus: lavado de manos, asilarse y el distanciamiento social. El confinamiento obligatorio o cuarentena es una ‘dosis de ataque’, el tratamiento real implica mejorar los niveles de atención en salud implementando estrategias para aumentar el número de pruebas aleatorias en la población para detectar el mayor número de casos y poder hacer estudios de prevalencia, pero mientras tanto, no debemos permitir que sea el pánico el que destruya la sociedad. Pares. ¿Usted ha sido un crítico de la Ministra de la Ciencia Mábel Torres, la ciencia tiene las respuestas para enfrentar esta emergencia? JJA: Yo siento a veces que algunos sectores de Colombia no valoran la ciencia como se debería y tendemos a acoger métodos por fuera del método científico. En esta crisis hay que ceñirnos al método científico porque es el mejor método conocido. Se tiene el reto de comunicar correctamente porque la gente entiende de una manera más adecuada que si apelamos a la coerción y no podemos culpar a la falta de educación cuando no se cumplen las medidas que se adoptan. Por otro lado, lo ancestral puede ser un punto de partida, pero no podemos caer en la ignorancia por falta de rigurosidad científica. Estas crisis de enorme magnitud se solucionan con acuerdos entre ciudadanos con cambios en los comportamientos y para ello no tenemos mucho tiempo, además somos muchos: no va a ser el último de los virus que tengamos que enfrentar. Pares: ¿Por qué considera que la cuarentena total es una medida difícil de sostener? JJA: Cualquier país con un régimen totalitario, dueño de los medios de producción, transita más fácil una epidemia que un país que abrace la libertad. Nosotros somos un país inmerso en el neoliberalismo, pero somos de pocos recursos por lo que estamos en peores condiciones y es muy posible que se destruyan de manera grave los puestos de trabajo. La batalla al virus con este mecanismo requiere de una cuarentena superior a las tres semanas y el país no está preparado. Por lo tanto, la cuarentena en Colombia hay que tomarla en su efecto pedagógico: un mensaje grande, un baldado de agua fría. El objetivo es aplanar la curva, pero es una medida difícil de sostener y se va a romper sola en un espiral de violencia como respuesta social a estos días de cuarentena si no se garantiza el mínimo vital para sobrevivir a los hogares que viven del diario y en la informalidad, en este propósito lo más seguro es que el Estado fallará. En su video JJ Arango agrega que si la gente no tiene con qué comer la cuarentena se romperá sola con unas consecuencias inimaginables, pues el virus se propagará como Pedro por su casa entre una población que sale desesperada y descontrolada a buscar su mínimo vital, dejando de lado de forma brusca y desordenada las medidas de protección, y recurriendo incluso a métodos violentos para intentar sobrevivir. Por ello, lo ocurrido el martes 24 de marzo es una pésima señal, ese día se retrocedió mucho a pesar de los toques de queda y normas dictadas. También, lo que pasó en la cárcel modelo es una señal de lo que podría pasar. En mi opinión, esa noche la epidemia mató 25 personas en Colombia: 2 usando al virus como arma y 23 usando la respuesta de un grupo de seres humanos al miedo de morir hacinados en condiciones aterradoras. El nuevo contrato social ¿en qué consiste? Juan José Arango dice en su video que “el nuevo contrato social que les propongo, esta nueva forma de vivir que adoptaríamos todos de común acuerdo, sin firmar nada, sin exigir nada, sin vigilancia especial del gobierno, consta de tres puntos fundamentales:” 1. Hay que aceptar que esta epidemia cambió nuestro modo de vida para siempre. No solo nuestro modo de vida sino “la forma como nos vemos como individuos y como sociedad y la forma como interactuamos”. Hay que aceptarlo rápido, superar la etapa de negación del problema como si fuera algo pasajero. No volveremos a estar como antes, “este nuevo contrato social nos invita a desprendernos de la vida que conocemos y a abrazar un nuevo sistema, que, espero, podamos diseñar nosotros mismos, antes de que nos lo diseñe un virus”. 2. Entender que el lavado de manos y el aislamiento social (distanciamiento físico) son la mejor herramienta que tenemos para combatir este virus. Es un aspecto conductual de mayor importancia en el que debemos asumir la responsabilidad de incorporar hábitos de higiene de manera permanente “porque nos volvimos conscientes de que, como individuos, somos usados por los virus para diseminarse y multiplicarse”, por lo que no nos volveremos a saludar de mano, ni besos, ni abrazos con todo conocido con el que nos encontremos. “Quien crea que con tres semanas encerrados resolvemos este problema está en un error: o no ha entendido los datos, o no se los han explicado o no los ha querido ver. Lo que haremos es disminuir la velocidad de progresión de la pandemia para que nuestro sistema de salud se prepare mejor, concepto que se ha asumido en el lenguaje al uso como “aplanar la curva”, y eso está muy bien.” 3. Hay que asumir el cambio del punto 1 y las medidas sanitarias del punto 2, pero habrá que ir a trabajar. Después del 13 de abril, de manera gradual, si el Gobierno así lo determina, tendremos que salir a trabajar y evitar que se pierdan más puestos de trabajo y no permitir que nuestra frágil economía se colapse, con consecuencias peores que las del virus, incluso, una crisis económica profunda podría matar más personas que el mismo virus y con consecuencias lamentables para el futuro. “No se trata de abandonar las medidas básicas de lavado de manos y distanciamiento físico. La idea es mantener la maquinaria de la sociedad funcionando, asumiendo todas las medidas de higiene que se han descrito, pero sin dejar de trabajar… No se trata de abandonarnos a lo que el virus quiera hacer con nosotros y sacrificar la vida de nuestros mayores y de muchos ciudadanos en beneficio de los bancos, de la economía o de los grandes empresarios. No señor. Se trata de mantener las medidas básicas que disminuyen la propagación del virus, sin destruir la maquinaria productiva”.

Por: Jairo Alexander Castaño López. Investigador Regional. Pares-Pacífico. La situación de salud de los pueblos indígenas en Colombia cuando se compara con la población no indígena, revela profundas desigualdades que agudizan la vulnerabilidad de estas comunidades frente a la pandemia global del coronavirus. Nuevamente los pueblos originarios enfrentan desafíos que amenazan su supervivencia. Una parte importante del exterminio de la población amerindia en las conquistas españolas y portuguesas está relacionado con el contagio masivo de enfermedades infecciosas como la gripe, la viruela, el sarampión, la influenza, el tifus, la fiebre amarilla, entre otras enfermedades hasta entonces desconocidas por los indígenas y que fueron traídas a suelo americano por los conquistadores, causando una verdadera debacle demográfica en las distintas poblaciones del continente. Indígenas en centros urbanos, una población vulnerable Paradójicamente, cinco siglos después de las guerras de conquista, las infecciones pandémicas vuelven a representar una amenaza para las poblaciones amerindias, la más reciente, el COVID-19, ha sido introducida por ciudadanos extranjeros y latinoamericanos (en su mayoría de altos ingresos) que desembarcaron en vuelos provenientes de Europa, Estados Unidos y otras regiones del planeta que ya tenían casos comprobados de infectados de coronavirus. El Gobierno nacional lució dubitativo ante la inminente llegada del virus y permitió su proliferación, al punto que a la fecha del 25 de marzo las cifras oficiales muestran que ya son más de 470 contagiados y 4 muertes confirmadas. Hasta el momento no se registran personas infectadas de los pueblos y comunidades indígenas pero ya hay dos casos de indígenas aislados en inmediaciones del Parque Nacional Natural Río Puré. Por ahora existe un sesgo urbano de la enfermedad en términos de prevalencia y detección mediante pruebas, sin embargo, es necesario advertir que según el último censo del Dane (2018), un 21% de la población que se auto reconoció como indígena vive en los centros urbanos en condiciones menos higiénicas y menos seguras que el resto de la población, por lo que este grupo estaría más expuesto. En este punto, es importante tener en cuenta que la expedición de la ley 100 de 1993 mediante la cual se pone en marcha un modelo neoliberal de seguridad social en Colombia, si bien masificó el acceso a la salud incluyendo a las poblaciones indígenas, también significó la mercantilización y pauperización de las condiciones de atención y prestación del servicio sobre todo para la población más pobre, en buena parte por la necesidad de garantizar la rentabilidad del negocio para las EPS. Una de las herencias perversas de este modelo ha sido la precaria capacidad operativa de las IPS para enfrentar una pandemia como el coronavirus, dejando en un alto riesgo a la población en general y especialmente a los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad o con enfermedades crónicas, los/as trabajadores/as informales, vendedores/as ambulantes, desempleados/as, los/as habitantes de calle y las personas privadas de la libertad. Las brechas de la salud En términos de la situación de salud de los pueblos indígenas, las estadísticas más actualizadas sobre mortalidad general muestran una realidad dramática: casi una quinta parte (18,63%) de la población indígena muere antes de cumplir los 5 años; asimismo, y de acuerdo con los datos de las estadísticas vitales del Dane en el periodo 2008-2013, la muerte de niños/as indígenas menores de 5 años es 2,79 veces más alta con respecto a la población no indígena, como lo indica el Ministerio de Salud. A la par, la razón de mortalidad materna para el periodo 2008-2013 muestra que en las comunidades indígenas se presentó un importante aumento de las muertes pues “se pasó de una razón de 243,07 a 355,65 muertes por 100.000 nacidos vivos, lo que significa un aumento de 46,32%”. Según cifras del Ministerio de Salud, para el año 2009, las muertes maternas en la población indígena eran 3.8 veces más alta que la no indígena, ya en el 2013 este número se incrementó a 7.3 veces. Más de la mitad de las muertes de niños/as indígenas menores de cinco años y de las mujeres indígenas, durante y después del embarazo, se deben a enfermedades prevenibles y tratables que no representan altos costos. Se puede argumentar a partir de los datos oficiales del Dane y del Ministerio de Salud, que en Colombia (principalmente en la Guajira y en el Cauca) viene ocurriendo un genocidio de “baja intensidad” que afecta a los niños/as y las mujeres en edades fértiles pertenecientes a los pueblos indígenas, esto sucede en paralelo a las masacres y la violencia letal contra otros miembros de las comunidades y contra sus líderes y lideresas. Por otro lado, llama la atención que dentro de las 10 principales causas de mortalidad de los/as miembros de pueblos indígenas, aparecen dos causas (puestos 2 y 3 de importancia) que no se encuentran en la población no indígena, se trata de las muertes por enfermedades respiratorias agudas y por deficiencias nutricionales. Igualmente, en términos de morbilidad, del total de la población indígena atendida en el sistema de salud en el periodo 2012-2016, el 25% (209.668 personas) fue diagnosticada con infecciones agudas de las vías respiratorias superiores (Minsalud, 2017), lo que constituye una evidencia cuantitativa de que en términos de morbilidad los/as miembros de los pueblos indígenas se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad frente al coronavirus. Al panorama anterior debemos agregar la situación de desventaja de los pueblos indígenas con respecto a los determinantes sociales de la salud, específicamente la pobreza. Según los resultados del Censo Agropecuario 2014, la población indígena residente en el área rural presentaba un Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) de 69,3% frente al 45,6% de la población no étnica (blancos/mestizos). Según el DANE, los principales condicionantes del IPM para los pueblos indígenas fueron la inadecuada eliminación de excretas, el bajo logro educativo y la falta de acceso a agua potable. Un cerco al COVID-19 Mientras el gobierno nacional titubeaba para tomar medidas eficaces de contención para mitigar la expansión del virus, las estrategias de autoprotección colectiva a cargo de la guardia indígena, las/os promotoras/es de salud y las autoridades y médicos tradicionales (Mamos, T-walas, Jaibanás, Taitas, etc.), ya venían caminando en varios territorios de resguardo: Cierre preventivo de fronteras; suspensión de actividades laborales, educativas y colectivas que implican aglomeración; la prohibición de circulación del transporte público intermunicipal; el toque de queda con cuarentena dentro de las viviendas y fincas, y varias estrategias comunicativas y espirituales de concientización y prevención. Una de las primeras organizaciones en implementar medidas de prevención y contención frente a la pandemia fue el Cabildo Mayor del pueblo Zenú en reunión de autoridades llevada a cabo el día 16 de marzo. Een el Cauca, el CRIC en representación de las 127 autoridades tradicionales de los pueblos Nasa, Misak/Guambiano, Kokonuko, Guanaco, Totoroez, Kisgo, Polindara, Yanacona, Inga y Eperara, emitió el día 17 de marzo una resolución con varias medidas específicas contra el coronavirus. Por su parte, la Mesa Indígena del Chocó en representación de los pueblos Embera, Wounan, Katío, Chami y Guna Dule hizo lo mismo el día 18 de marzo, asimismo, otras organizaciones como la OPIAC, AICO, la ORIC, ORIVAC, La CIT, entre otras, se han venido sumado en la adopción de medidas preventivas y de contención en sus territorios para así evitar o por lo menos retrasar la llegada del coronavirus. Implementar una ruta propia Aunque el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, ya anunció medidas especiales de protección para los pueblos indígenas, los programas de subsidios económicos para estimular el confinamiento y aislamiento social deben ser implementarlos conjuntamente con las organizaciones indígenas en sus territorios, sobre todo en los resguardos en los que la entrada del coronavirus se ve facilitada por las dinámicas capitalistas de la economía ilícita transnacional. No obstante las estrategias anteriores, al analizar las cifras sobre pobreza, morbilidad y mortalidad en los pueblos indígenas de Colombia, identificamos que la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran hace que las estrategias aplicadas por las organizaciones indígenas no sean suficientes para garantizar la prevención y contención de la pandemia, es necesario que el estado comience a reparar la deuda histórica con los pueblos originarios por la vía de políticas públicas que le den mayor autonomía y recursos al Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPI) así como a las EPS e IPS indígenas. Es necesario potenciar las estrategias propias de autocuidado como el ahumado con eucalipto, pino, sahumerio y otras hiervas de uso espiritual y medicinal, la bebida de agua de panela caliente con limón y seguir otra serie de recomendaciones de los médicos tradicionales y de las/os promotoras/es de salud como los rituales personales y familiares. El estado actual de la infraestructura en salud en las comunidades indígenas al igual que en otras comunidades rurales es bastante precario: no existen camas, insumos, equipos ni personal suficiente para atender un incremento de casos de infección por coronavirus. En tal sentido, es importante la creación de rutas específicas para pueblos indígenas desde un enfoque diferencial que respete aspectos como la cosmovisión, la memoria histórica y la lengua propia, que presenten alternativas eficaces de detección y tratamiento, así como alternativas de cuidado más allá de lavarse las manos y confinarse en la vivienda, incorporando la propia visión cultural de los pueblos sobre los procesos de enfermedad y cura. En definitiva, urge la creación de esta ruta para pueblos indígenas en tanto el país ya entró en un momento de aumento exponencial de casos de contagio. En algunos resguardos indígenas del Norte del Cauca y en comunidades campesinas y afro, en especial en aquellos lugares donde la economía ilícita y la presencia de actores armados es fuerte, como en el caso de Toribío, continúa siendo una verdadero desafío para las autoridades lograr el control territorial y evitar la circulación de personas tanto al interior de los resguardos como por fuera de estos.

Por: Isaac Morales Pérez. Coordinador de la línea de seguridad urbana y crimen organizado, Pares. Mientras el país se confina, la violencia se pasea oronda por los territorios. A las 00:00 horas de este miércoles 25 de marzo del 2020 entró en vigencia en todo el territorio nacional el decreto 457 por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público. Esta directriz nacional, inédita en la historia reciente y que impone una serie de restricciones a la movilidad de personas, obliga a un aislamiento en todo el territorio nacional. Una medida que sin duda es necesaria para mitigar el incremento de los casos de contagio en el país, que van en ascenso. Estas acciones han demostrado funcionar en otros países y sí ayudan a controlar el virus. Sin embargo, hemos tenido que pasar por varios episodios de choque de trenes entre autoridades locales y el gobierno nacional para poder llegar a un acuerdo sobre el tratamiento de la situación en el territorio colombiano. Mientras alcaldes y gobernadores decretaban toques de queda, el gobierno nacional en su característica inoperancia emitió el decreto 418 de 2020 donde se concentraba la potestad del manejo del orden público en el Presidente de la República, un despropósito absurdo ya que desconoce la autonomía de los gobiernos locales y facultades constitucionales que estos tienen con relación al manejo del orden público, además expuesto por la Ministra del Interior, Alicia Arango, en rueda de prensa únicamente repetía una frase vacía: «El tema del orden público queda en cabeza del Presidente de la República». Ahora bien, la pandemia ha generado un cambio sustancial en los hábitos de muchos colombianos y además ha volcado la agenda pública sobre este tema: los titulares de noticias giran alrededor de esta crisis y a diario se tienen nuevos hechos relacionados con el coronavirus, los reportes de contagios y las medidas adoptadas, entre otros. De esta forma, otros temas que afectan la cotidianidad colombiana, hechos sociales y de conflictividad que seguramente seguirán su acción a pesar del aislamiento obligatorio pasen automáticamente a un segundo plano. Una de estas dramáticas realidades diarias en Colombia es el asesinato de líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz. Desde que se conoció el caso del primer infectado con coronavirus en Colombia el 6 de marzo, se han registrado el asesinato de 7 líderes sociales y dos excombatientes de las FARC: -Jorge Macana, en el occidente del Cauca. -Carlota Salinas, en el sur de Bolívar. -Omar y Ernesto Guasiruma, líderes indígenas del pueblo Embera. -Marco Rivadeneira, en Putumayo. -Ángel Quintero, en el oriente de Antioquia. -Ivo Humberto Bracamonte Quiroz, en Santander. -Flores Forero y Belle Ester Forero, firmantes del acuerdo en el Meta. Aunque la ministra Alicia Arango no reconoce la trascendencia de estos hechos y los compara con el asesinato por hurto a celulares sin un fundamento estadístico como lo demuestra el investigador Jaime Palma de PARES en un video donde explica el despropósito de esta comparación, siguen ocurriendo. Y siguiendo con la violencia que no se detiene frente a la llegada del coronavirus, el pasado fin de semana en las cárceles del país se registró una verdadera masacre: 23 reclusos muertos y cerca de 80 heridos. Esta tragedia es un cruel retrato del desespero de los reos por las precarias condiciones y el ineficiente alcance operacional y de gestión que el INPEC, la USPEC y que el mismo Ministerio de Justicia tiene sobre el manejo de las cárceles, este es un hecho que era previsible y que Pares ha advertido. La violencia intrafamiliar y las agresiones basadas en género aumentaron, solo en Bogotá se triplicaron el pasado fin de semana. Los saqueos y manifestaciones de sectores vulnerables son episodios que se han registrado estos días y que se volverán a repetir de manera más aguda, pues el hambre y los gastos de la población vulnerable no se suspenden, por ello el Gobierno Nacional debe asumir medidas más de fondo para el tratamiento de esta crisis, no sólo limitando la movilidad y obligando al aislamiento, sino atendiendo con políticas sociales y de acompañamiento constante a sectores tan vulnerables como quienes habitan en Soacha, una población que concentra la pobreza estructural del país. Presidente Iván Duque, antes de desviar recursos públicos a entidades privadas, antes de proteger intereses de grandes empresas, debe tomar acciones concretas que garantice un mínimo vital a la población vulnerable que depende del diario y que además esta más expuesta al contagio del coronavirus. No se puede desconocer el impacto que este virus está teniendo en todo el mundo, pero tampoco se pueden desconocer las enfermedades crónicas que ha vivido y sufre Colombia, como un país convulsionado y escaso de presencia estatal.

Por: Laura Cano, Periodista Pares. En horas de la noche del martes 24 de marzo, la Organización Femenina Popular – OFP denunció públicamente el feminicidio de la lideresa social Carlota Isabel Salinas Pérez en el municipio de San Pablo, ubicado al sur de Bolívar. Carlota era reconocida en su comunidad por el trabajo que realizaba con otras mujeres a través de la organización en la que llevaba más de diez años, para fortalecer grupos de líderes, defensoras de víctimas y además promover la vida libre de violencias basadas en género en el territorio. También había hecho parte de la Defensa Civil en San Pablo en donde se unió a la gestión del riesgo de desastres, acción social y gestión ambiental para el bienestar y la calidad de vida en el municipio. Asesinato de líderes, otra pandemia nacional Según lo informado por la OFP, hombres armados llegaron hasta la vivienda de Carlota, ubicada en el barrio Guarigua, quienes la obligaron a salir de allí para luego asesinarla a pocos metros de donde se encontraba. En el hecho también se registró la desaparición de su pareja, de quien se desconoce hasta el momento su paradero. Carlota Isabel Salinas Pérez se convierte en una nueva víctima de la desatención y falta de rigor del Gobierno Nacional para actuar frente a la pandemia que ha atacado históricamente al país y con la que se ha bajado la guardia para tomar acciones de prevención y protección: el genocidio. Ella es un nuevo nombre en la historia que da valor y no olvida a todas las vidas que se han perdido de quienes desde sus escenarios de acción le hicieron frente a la construcción de territorios en paz. Acciones que han sido deslegitimadas y desprotegidas estatalmente, al no atender las alertas que están encendidas ante el creciente número de líderes y lideresas sociales desde la firma del Acuerdo de Paz y que hoy suman, según cifras SIPARES, 356 asesinatos. Desde la OFP se hicieron tres llamados pertinentes: por un lado, a la Fiscalía Nacional de la Nación para que adelante investigaciones de forma pronta y eficaz, para poder determinar los actores intelectuales y materiales del feminicidio ocurrido con Carlota, además de los otros líderes y lideresas que han sido asesinados en el Magdalena Medio. Por otra parte, se hace “un llamado a la comunidad internacional para que presten especial atención y acompañen exigiéndole al Gobierno Nacional y a las autoridades locales garantizar la vida e integridad de las mujeres como sujetas políticas para la paz teniendo en cuenta las obligaciones emanadas de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”. Desde el 06 de marzo se han registrado cinco asesinatos de lideres y lideresas sociales: Alexis Vergara Colorado (12 de marzo – Guachené, Cauca), Marco Rivadeneira (19 de marzo – Puerto Asís, Putumayo), Omar Guasiruma y Ernesto Guasiruma (23 de marzo – Bolívar – Cauca) y Carlota Isabel Salinas (24 de marzo – San Pablo, Bolívar). Mapa SIPARES. Desde que la atención está puesta en el COVID-19, tras la llegada del primer caso a Colombia, se han registrados 03 asesinatos a personas en proceso de reincorporación: Belle Ester Carrillo e Irnel Flórez (17 de marzo – San Vicente del Caguán – Caquetá), Albeiro Antonio Gallego Mesa (21 de marzo – La Macarena, Meta). Mapa SIPARES. Hoy, 25 de marzo, se llevaría a cabo una nueva jornada de movilización en el marco de Paro Nacional, un hecho que recuerda cómo en pocos meses las disputas y reclamos se tomaron otros escenarios, tras lo que representa el espacio público en tiempos de pandemia. Es necesario no olvidar los reclamos y exigencias que nos convocaron, para seguir insistiendo desde donde estemos para que la vida se respete, para que paren los asesinatos sistemáticos a quienes le apostaron a la construcción de territorios en paz y para seguir agitando las justas causas que merecen urgentemente la atención de Gobierno.

Por: Redacción Pares. Esta es una carta abierta de sectores académicos, gremiales y sociales al Presidente de la República solicitando nuevas medidas para enfrentar la pandemia del Coronavirus. Bogotá, 24 de marzo de 2020 Señor Presidente, La pandemia por el Covid-19 es una realidad en 195 países, con un trágico saldo que hoy se acerca a 400.000 personas infectadas y a 17.000 muertes. En nuestro país ya estamos llegando a los 400 casos confirmados. La cifra de muertes apenas comienza y, por tanto, estamos aún a tiempo de tratar de reducir el crecimiento exponencial tanto de casos como de muertes por esta grave epidemia. Las personas e instituciones que suscribimos esta comunicación reconocemos y apoyamos las medidas de salud pública que se han tomado por iniciativa tanto de algunos alcaldes y gobernadores, como del gobierno nacional que Usted preside. Pero consideramos que es urgente aprovechar cada minuto para tomar las decisiones y acciones que la gravedad de la situación está requiriendo. No podemos convertir el aislamiento en pasividad e inacción individual y colectiva. La cuarentena es una medida transitoria, necesaria y muy importante, pero insuficiente ante los enormes retos de la pandemia. En consecuencia, respetuosamente queremos pedirle tomar o acelerar la implementación de un conjunto urgente de medidas, entre las que nos permitimos destacar las siguientes: 1.Garantizar acceso universal, intensificado y gratuito a las pruebas diagnósticas en los domicilios a quienes hayan estado expuestos o presentan enfermedades respiratorias agudas, procesadas en el menor tiempo posible en una red de laboratorios públicos y privados debidamente acreditados. 2. Conformar la red de atención del COVID-19 de primer nivel por equipos de atención domiciliaria (detección, atención y seguimiento de casos), segundo nivel (contención y manejo en aislamiento) y tercer nivel (salas con asistencia mecánica respiratoria), por territorios bien definidos. Lo anterior, manteniendo al mismo tiempo la atención básica habitual a toda la población en su salud física y mental y la vigilancia en salud pública. 3. Activar los consejos territoriales de Seguridad Social en Salud ampliados, en departamentos y distritos, con el fin de contar con apoyos de sectores académicos y sociales y el compromiso de las Empresas Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB). 4. Declarar todos los recursos de las instituciones de salud, públicas y privadas, al servicio prioritario del enfrentamiento de la epidemia. Dicha declaratoria debe basarse en la emergencia sanitaria ya decretada y en la prioridad del bienestar general en riesgo sobre intereses particulares. Debe implicar el sometimiento de las entidades a la autoridad sanitaria nacional, regional y local. Y debe comprender tanto los recursos de personal técnico, profesional y especializado, como los equipos, planta física y recursos tecnológicos. 5. Crear de inmediato un fondo de emergencia en salud, con recursos del presupuesto nacional y del Sistema General de Participaciones (SGP), un porcentaje significativo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), recursos destinados a la mitigación de la emergencia, eliminación de exenciones tributarias a las grandes empresas y otros recursos extraordinarios aportados por distintos sectores de la sociedad. Dicho fondo debería ser asignado y manejado desde departamentos y distritos, con las siguientes prioridades: la adecuación y dotación de centros de atención en ciudades y municipios; conformación de equipos de atención básica domiciliaria en salud; ampliación de Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) y de cuidado intermedio, y dotación de los bancos de sangre; protección del personal de salud, tanto del ámbito domiciliario como clínico, mediante medidas de bioseguridad, administrativas y organizacionales y la producción y compra masiva de elementos adecuados y suficientes para su protección personal; pago de las deudas al personal de salud y al sector hospitalario – en especial el público – y asegurar la vinculación digna y la estabilidad laboral del personal de salud. 6. Medidas económicas específicas, al amparo de la emergencia sanitaria decretada, orientadas específicamente a garantizar, durante la fase crítica de la pandemia, el techo y la alimentación a quienes no la tienen; suministrar el ingreso mínimo requerido por los trabajadores informales; moratorias en pago de impuestos, créditos y arriendos; préstamos en condiciones favorables para los sectores económicos que lo requieran. Ninguna de estas medidas debe desconocer los derechos básicos de trabajadores y trabajadoras. 7. Declarar la seguridad alimentaria como asunto prioritario de salud pública y adoptar medidas efectivas para garantizar el acceso a los bienes de la canasta familiar y nutricional para toda la población. Financiar planes especiales de producción, transporte y distribución de productos de las economías de pequeña, mediana y gran escala, con promoción especial a la producción de las zonas campesinas y de comunidades étnicas. 8. Garantizar una información verídica, rigurosa y oportuna a toda la población para neutralizar las falsas noticias, reducir la incertidumbre y evitar el sensacionalismo y la generación de pánico. Finalmente, Señor Presidente, entendemos que la situación requiere el máximo de ejercicio de la función pública, en total coordinación entre las autoridades del orden nacional y territorial, el sector privado, el sector académico y las comunidades diversas de todo el territorio nacional, sin protagonismos ni mezquindades y con amplia participación ciudadana. Con el apoyo de equipos especializados y reconocidas personas expertas en los distintos temas abordados, estamos dispuestas a respaldar y contribuir a implementar medidas como las enunciadas, con el único propósito que debe movernos a todos en las actuales circunstancias mundiales y nacionales: anteponer la salud y la vida a cualquier otro interés político, económico y social para superar solidariamente la pandemia que nos ha tocado vivir. Del señor Presidente, con toda atención: Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva (ALAMES), Capítulo Colombia. Federación Médica Colombiana. Sergio Isaza, Presidente. Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia (ANEC). Gilma Rico González, Presidenta. Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería (ACOFAEN). Dolly González, Presidenta. Asociación Colombiana de Fisioterapia. Nancy Jeanet Molina Achury, Presidente. Colegio Colombiano de Fisioterapia. Imma Quitzel Caicedo, Presidente. Asociación Colombiana de Fisioterapia. Beatriz Mena Bejarano. Sindicato Nacional de la Salud y la Seguridad Social (SINDESS). Sociedad de Geriatría y Gerontología. Javier Cabrera, Presidente. Colegio Colombiano de Psicólogos. Bernardo Useche, Presidente Nacional. Consejo Técnico Nacional de Enfermería. Claudia Marcela Velázquez, Presidenta. Organización Colegial de Enfermería. Cecilia Vargas, Presidenta. Asociación Colombiana de Estudiantes de Enfermería. Fredy Perilla, Presidente. Asociación Colombiana de Medicina General. César Augusto Cortés Sierra, Presidente. Corporación Grupo Guillermo Fergusson. Sindicato Nacional de la Salud y la Seguridad Social (SINDESS) Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO). Juventud Rebelde de Colombia.Corporación Centro de Investigación y Consultoría Social (CENICS).Alianza de Litigio Estratégico por la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres de Medellín.Confluencia Ciudadana por el Derecho a la Salud, Capítulo Usme, Bogotá DC. Veeduría Social a la Salud Usme; Bogotá DC. Corporación Arazá por la Justicia Social y Ambiental Mesa por el derecho a la salud y la seguridad social de Antioquia (Messsa) Coalición de Movimientos y Organizaciones de Colombia (Comosoc).Mesa Ecuménica por la Paz Pax Christi Medellín. José Pablo Escobar V. Decano. Facultad Nacional de Salud Pública. Universidad de Antioquia, Medellín. Mario Hernández Álvarez, Coordinador del Doctorado Interfacultades en Salud Pública, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Juan Carlos Eslava, Director de la Maestría en Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia. Constanza Díaz Grajales, Directora de la Escuela de Salud Pública, Facultad de Salud, Universidad del Valle. Marcela Arrivillaga Q. Facultad de Ciencias de la Salud. Departamento de Salud Pública y epidemiología y Maestría en Salud Púbica. Pontificia Universidad Javeriana. Cali. Andrea Aguilar, Fonoaudióloga, Epidemióloga, Profesora de la Facultad de Salud, miembro del Programa de Paz de la Universidad del Valle. Saúl Franco, Médico social. Sara Yaneth Fernández Moreno, Trabajadora Social, PhD Medicina Social, Profesora, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Antioquia. Mauricio Torres Tovar, Profesor, Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia. Claudia Beatriz Naranjo Gómez, Odontóloga, Magister en Salud Pública. Profesora, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. César Abadía, Odontólogo, PhD Antropología Médica. Profesor. Universidad de Connecticut, Estados Unidos. Román Vega Romero, Médico, PhD en Administración. Profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, miembro de la Red SaludPaz. Jaime Urrego Rodríguez, Médico, PhD. en Salud Pública. Profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad del Rosario. Fabián Méndez, Profesor. Escuela de Salud Pública. Universidad del Valle. Cali. Nicolás Ortiz Ruiz. Profesor, Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle. Alejandra Marín Uribe, Odontóloga, Magister en Salud Pública, Profesora de la Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia. Patricia Franco Rojas, Coordinadora Oficina de Género y Diversidad Sexual, Universidad de la Amazonía, Florencia, Caquetá. Isabel Cristina Bedoya Calvo, Docente, Universidad de La Salle. Jenny González Vargas, Odontóloga, Magister en Desarrollo Territorial, Red SaludPaz. Juan Luis Castro Córdoba, médico salubrista y Senador de la República de Colombia. María José Pizarro Rodríguez, Representante a la Cámara por Bogotá. Hernando Gómez Buendía, Director y Editor general de Razón Pública. Camilo González Posso. Director INDEPAZ, Ex Ministro de Salud Eduardo Díaz Uribe, Ex Ministro de Salud. Gonzalo Sánchez G., Ex Director del Centro Nacional de Memoria Histórica Francisco Thoumi, Economista. Ph en Economía. Deisy Arrubla, Médica, PhD. en Salud Pública. Ignacio Alberto Concha E. Médico Salubrista. Hildebrando Vélez G., Ingeniero Químico, PhD Ciencias Ambientales, Agenda ambiental en Movimiento Raúl Castro Murillo, Centro de Investigaciones para el Desarrollo, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia. Bairon Otálvaro Marín, Profesor, Universidad del Valle Aristides Ramos Peñuela, Historiador, Profesor de la Pontificia Universidad Javeriana. Martha Lucía Gutiérrez B. Profesora-investigadora, Pontificia Universidad Javeriana. Olimpo Oliver E., Médico Veterinario, Magister en Ciencias, Profesor Departamento de Salud Animal, Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Universidad Nacional de Colombia. Myriam Acero Aguilar, Médica Veterinaria, PhD Salud Pública, Profesora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Nacional de Colombia. María Alejandra Rojas Ordóñez, Fisioterapeuta, Magister en Salud Pública. Martha Inés Torres Arango, Fonoaudióloga, Magister en Epidemiología, Profesora de la Universidad Libre, Seccional Cali. Lina María García Zapata, Docente, Facultad de Salud, Universidad del Valle. Andrés Camacho, Docente de cátedra, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Samir Andrés Cardozo Vesga, Asociación Colombiana de Estudiantes Andrés Camacho M., Licenciado en Física – Ingeniero Eléctrico, Msc Energías Renovables, docente Universitario Hernando de Jesús Correa Sánchez, Anestesiólogo, Organización Clínica General del Norte, Barranquilla. Abel Enrique Palomino Andrade, médico anestesiólogo. Rafael Alberto Jiménez Delgado, Médico Anestesiólogo, Santa Marta, Magdalena. Guiomar Azucena Rodríguez López de Mesa, Edilesa de la localidad de Rafael Uribe Uribe, Bogotá DC. Luis Francisco Vargas Chacón, Consejero de Plantación Local, localidad Rafael Uribe Uribe, Bogotá DC. Irina Alexandra Chaparro, Nutricionista Dietista y Magister en Salud Pública, Project Now Foundation. Claudia Daza, Psicóloga, Project Now Foundation. Juan Néstor Castro, Asociación Mutual Empresarial Guillermo Pinzón Parra, Asociación Mutual Empresarial María Zaideé Barbosa Devia, Enfermera Epidemióloga, Sub Red Sur, Bogotá DC, Asociación Colombiana de Salud Pública. Rafael Alberto Jiménez Delgado, Médico Anestesiólogo. Rubiela Álvarez Castaño, Organización social Demhoy y Convergencia Allternativa por la Paz Dorys Ardila, Presidenta Gestapaz, mujeres solidarias de nacionalidad colombiana, residentes en Cataluña. Fabián Redondo Collantes, Médico Anestesiólogo, Clínica Chicamocha, Bucaramanga, Santander. Ángela María Londoño Gallego, Fonoaudióloga, Doula y partera en formación con la fundación Mujeres Bachué, Cali, Valle. Rubén Darío Cardona, Médico, Federación Nacional de Vivienda Popular (FENAVIP). Mayelis Isabel Guerrero Gómez, Enfermera, Magíster en Salud Pública, miembro de ALAMES Colombia.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Esta frase de la poeta nicaragüense Gioconda Belli expresa de forma contundente la dimensión puramente humana de la respuesta nacional que debemos darle a esta crisis provocada por la pandemia. Desde hoy y hasta el próximo 13 de abril rige en Colombia el aislamiento preventivo obligatorio establecido por el Gobierno Nacional a través del Decreto 457. Esto como medida ante la crisis sanitaria y el número de contagiados que puede llegar a haber en el país. En el momento, según cifras del Ministerio de Salud, se registran 378 casos confirmados, 03 fallecidos y 06 personas recuperadas. Asimismo, a partir del informe de la institución se conoce que en 18 departamentos hay contagiados, además de Bogotá, que es la zona donde hay más registros, con un total de 120. Por otra parte, esta medida ha mostrado, sin ningún disfraz, los diversos problemas sociales, económicos y políticos que nos son trasversales como sociedad colombiana. Desde el año pasado las calles han sido escenarios de indignación que han querido llevar un mensaje a la clase dirigente para que mire hacia las periferias de las ciudades, al campo, hacia los líderes y lideresas sociales, los y las migrantes, que en general voltee la mirada hacia los sectores y las realidades humanas en los que los derechos humanos no están siendo garantizados. 1. Migrantes a la deriva El 17 de marzo el Gobierno decretó el cierre de las fronteras terrestres, un día después se comenzó a alertar sobre el cierre de los albergues dispuestos para los caminantes en la frontera con Venezuela en la ruta que va desde Los Patios, Cúcuta, hasta Tunja. Esto, luego que se diera la autorización por parte de las alcaldías de Bucaramanga y Pamplona. Tan solo en Norte de Santander se han recibido al 30 de junio de 2019 aproximadamente 185.443 migrantes venezolanos, según cifras de Migración Colombia. Justo en el municipio de Pamplona se prohibió por medio del Decreto 0032 expedido por el alcalde Humberto Quintero, el ingreso y permanencia de personas sin documentos. Además, a través del portal del proyecto Migración Venezuela se denunció que varios de los que estaban haciendo la ruta bajo una situación irregular de documentación fueron trasladados a un coliseo de Pamplona sin ninguna prevención de contagio, mientras otros fueron devueltos a pie desde el páramo de Berlín. A esto se le debe agregar que ayer a través de Caracol Radio fue informado que varias familias habían sido expulsadas de residencias ubicadas en el centro de Bogotá, por eso muchas de estas tuvieron que deambular por las calles de esta zona, pues no habían recibido soluciones para poder pasar este tiempo con condiciones básicas que les garanticen un buen vivir. Se estima que, hasta la fecha del reporte de Migración Colombia, había en el país 1.408.055 venezolanos, de estos 742.390 estaban de forma regular y 665.665 de manera irregular. En ese sentido y según lo informado por el Dane en septiembre de 2019, el 90% de los que manifestaron tener empleo, lo tenían informalmente, mientras que el 19.3 de la población total estaba desempleada. Ante la crisis las medidas precisas para los migrantes no han sido claras y el resultado ha sido, por un lado, venezolanos en las calles intentando solucionar lo que serán lo días venideros, mientras que, por otro lado, se siente un el ambiente que promueve un aumento en la xenofobia, muchas veces agitado por la falsa información que ronda ante la crisis. ¿No nos ha enseñado todavía el virus que las únicas fronteras son las que nos empeñamos en construir? 2. Vendedores informales: sin la calle no hay sustento Desde que se conocieron las medidas establecidas para la prevención del COVID-19, una de las situaciones en donde cayeron más interrogantes fue hacia lo qué sería de los vendedores ambulantes. Tan solo en Bogotá, se conoce a través del sistema de datos abiertos de la Alcaldía de Bogotá, que para diciembre de 2019 en la ciudad 53.553 personas se dedicaban a actividades comerciales de manera informal. Así que la duda de qué va a pasar con este grupo no es menor, pues el día a día en la calle es el soporte económico que entra a muchas familias de la capital. Según estas cifras las localidades donde más hay presencia de vendedores informales son: Santa Fé (10.193), Kennedy (4.767), San Cristóbal (3577), Los Mártires (3500) y Chapinero (3070). Mientras que las que tienen menor registro son Sumapaz (19), Usaquén (600) y Barrios Unidos (857). 3. Habitantes de calle: la paradoja del #QuédateEnCasa Históricamente ha habido una desatención a los y las habitantes de calle, quienes hoy son una antítesis al lema que se ha tomado la cuarentena: #QuédateEnCasa. Y es que, aunque necesario, no se puede hacer una petición de tal magnitud y tratar de irresponsables a quienes no se acogen a esto porque en Colombia la realidad es que tenemos un sinnúmero de problemáticas sociales que han desprotegido a quienes hoy les decimos que se queden en un lugar inexistente: una casa, habitación, apartamento. Esa desatención hacia esta población ha significado, aparte de otros tipos de violencia, una violencia simbólica que en muchos escenarios ni siquiera permite nombrarlos. Seguramente esa falta de ponerles nombre, caracterizarlos y poder atender a sus necesidades es lo que hace que hoy por hoy sean más vulnerables al virus y a actuar ante un contagio, que muy difícilmente puede ser, por lo menos, diagnosticado. Es, a partir de las cifras de la Secretaría de Integración Social y el DANE publicadas en el 2018, que se sabe que por le menos en Bogotá 9.538 personas (8.477 hombres y 1.061 mujeres) no podrán acceder a lo más básico que exigen las normas de salubridad; un lavado de manos en condiciones dignas. 4. Los derechos laborales de las trabajadoras sexuales El trabajo sexual está amparado desde el 2010 por la Corte Constitucional a través de la sentencia T-629 como un trabajo formal, lo que dicta que se debe garantizar la protección de los derechos de las personas que ejercen esta labor. Sin embargo, de la letra a la acción hay varias trabas que hoy se ven reflejadas en la inestabilidad que representa para esta población las medidas tomadas. Esto encabezado por el acceso a entidades promotoras de salud con las que muchas de estas personas no cuentan, hasta la imposibilidad de dejar de ejercer su labor, pues no tienen condiciones que les permitan establecerse económicamente durante estos días para poder solventar sus necesidades básicas. La respuesta es la solidaridad Tras esto, y otros escenarios que al igual que los anteriores son atravesados por la vulnerabilidad que supone un virus que abre todas las problemáticas sociales que son históricas, pero que se intensifican o se hacen más visibles con este contexto, es necesario recordar que: “solo el pueblo salva al pueblo”, y que ante cualquier forma de injusticia la respuesta debe ser la solidaridad. Seguramente, en estos tiempos hay más reclamos que nos convocan que los que nos separan, así que ante el reto que nos implica esta crisis mundial, hay que encontrarnos desde la premisa de la vida digna para todas y todos, entendiendo igualmente que la movilización no es solo en las calles, es también desde las acciones colectivas que permiten alivianar la carga que este sistema ha dejado más pesada a unos. Esto lo han aplicado muy bien algunas organizaciones que han respondido a las problemáticas desde la acción solidaria, lo que ha permitido que varias personas puedan por un tiempo tener la tranquilidad de contar con alimento, elementos de aseo o dinero para pagar alquileres. Mientras se sigue insistiendo que desde el Gobierno las soluciones sean más contextualizadas y que además se promueva iniciativas que permitan el congelamiento en pagos crediticios, arriendos y servicios públicos, además de prohibir de forma contundente despidos laborales y otras formas de injusticias en este ámbito. Organizaciones sociales en acción A continuación presentamos algunas organizaciones que han convocado colaboraciones para poder acopiar y distribuir productos alimenticios y de aseo, además de brindar otros apoyos, en sectores donde es urgente: Ciudad en Movimiento Red Comunitaria Trans Asociación de Coteros y Recicladores de María Paz (ASCORE) Sindicato de comerciantes de Corabastos (CONALCO) Putamente Poderosas Échele cabeza cuando se dé en la cabeza Olla Vegana Popular Yukasa Relatos Internos Atupkua Organización de Educación Popular – Suacha Rincón Cultural El Caracol Proyecto Educativo y Cultural Paulo Freire Colectivo Patria Grande Z8 Juntanza Techotiva Colectiva Huertopía Fucha La Montaña Resiste Macroemprendedores

Por: Francisco Galán CESE MUNDIAL AL FUEGO POR LA VIDA. La peste y la guerra han sido los peores verdugos de la humanidad, ambas tienen un elemento común: La muerte. Excompañeros del Comando Central y del ELN: Les escribo nuevamente, y por tercera vez, desde la cárcel; amenazado por la condena de un delito que no cometí, amenazado por el Coronavirus al que le gusta la multitud y el hacinamiento de estos lugares, y con la fragilidad a cuestas que me dan mis casi 72 años. ¡Por dios!, le pido al ELN que en un acto de humildad y grandeza declare un cese indefinido al fuego, únanse al llamado que hizo el secretario general de la ONU António Guterres y liberen al país del miedo a la guerra, al menos por estos tiempos de emergencia. Liberen a todos los secuestrados para que vayan a reunirse con sus seres queridos en este momento tan crucial para la familia colombiana. No es justo el martirio de un secuestrado, doblemente torturado por el cautiverio de la guerra y por la peste, mientras la familia clama su libertad. Un cese al fuego en este contexto de hoy, es un acto de sentido humano, y de sentido común, que dignifica la vida y la solidaridad. Yo también estoy lejos de mi familia y privado de la libertad, también se parece a un secuestro por lo injusto; ustedes saben que yo no participé en ese secuestro realizado por el ELN hace 20 años, que ocurrió mientras yo estaba en la prisión. Yo ya pagué todos mis delitos cometidos en la guerra con 27 años de privación de la libertad: más de 16 años de prisión física y 11 más de libertad condicional. Esta nueva acusación, que ha tenido un juicio completamente injusto en razón de su procedimiento errado, que no nos ha permitido ni a Carlos Velandia ni a mí, el derecho humano al debido proceso; me tiene nuevamente en prisión, sin poder defenderme aun con todas las pruebas disponibles a nuestro favor. Por eso le pido al juez que, en honor a la verdad y la justicia, me absuelva y me permita regresar a mi familia, a cuidarnos del virus de la peste; que del virus de la guerra hace mucho estoy curado. Les ofrezco a mis excompañeros del ELN y del Comando Central mis años de vida, mi experiencia en la búsqueda del cese definitivo de esta violencia, y mis buenos oficios para que encontremos la forma de desatar el nudo de la guerra y construyamos el lazo de la paz. De igual forma, y como lo he hecho antes, ofrezco al Gobierno Nacional mi total disposición en la solución de este conflicto armado. Francisco Galán B.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Esa era la pregunta desesperada que esta mañana hacía una mujer desde su puesto de venta ambulante. Así como ella, miles de colombianos y colombianas, desde las calles de sus ciudades y municipios, lanzaron la misma súplica: «¿De qué vivo si no salgo?». La medida oficial para detener la rápida expansión de COVID -19 en Colombia denominada #QuédateEnCasa, no resulta igual para todos y todas. Según El DANE, entre noviembre de 2019 y enero de 2020, hay un 47.7% de la población en la informalidad laboral en 24 ciudades y áreas metropolitanas a las que el DANE hace seguimiento. Ahora bien, resulta vital que se contenga el virus y una de las medidas más efectivas es quedarse en casa, de acuerdo con las experiencias de países europeos y asiáticos. En Colombia, en donde ya llegamos a más de 300 casos de contagio y tres (3) muertes en el momento de publicado este artículo, la medida resulta de urgencia. Sin embargo, señalar el privilegio de clase que supone asumir la cuarentena como un acto de mera autodeterminación, en Colombia, ha resultado la bandera de sectores sociales para reclamar garantías en el marco del virus. Entre otras cosas, porque con dicho señalamiento se permite el reconocimiento de otras realidades y, de esta forma, se generan canales de presión ante el Gobierno Nacional, para que tome en cuenta a la población más vulnerable con acciones puntuales. Las mujeres, las más afectadas Según el informe del DANE, en el trimestre móvil noviembre 2019 – enero de 2020, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la proporción de hombres ocupados que eran informales fue de 45,0%, mientras que esta proporción para las mujeres fue de 48,5%. Un país con fuerza de trabajo informal De acuerdo con las cifras del DANE, la situación de la población trabajadora infromal debería ser considerada por el Gobierno Nacional pues el éxito de #QuédateEnCasa requiere de garantíass para este grueso sector de la sociedad. Desde horas de la mañana de este 24 de marzo, a contadas horas de que inicie una inédita jornada de aislamiento obligatorio que se extenderá hasta el 13 de abril —19 días—; se registraron imágenes de ciudadanos atiborrados en estaciones de Transmilenio. Y no demoraron las críticas desde las redes sociales. Sin embargo, sobre el caso de Soacha que representa el 13% de la fuerza laboral de Bogotá, ¿hay garantías de quedarse en casa, de alimentación y servicios públicos? Tal como lo señaló la senadora Aída Avella en entrevista con Pares, en la que hizo un llamado al sector bancario para que sea solidario con la gente: “Me han llamado trabajadores, por ejemplo del transmilenio, a decirme ¡hagan algo! los transmilenios casi que tienen el cupo que tienen normalmente por Dios estamos en una situación de expansión de un virus que sólamente puede ser controlable si la población se guarda y se guarda preventivamente.” A la deriva Por ejemplo, de acuerdo con la información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la sola cifra de desempleo en Colombia alcanza el 13%. Es así como por ejemplo trabajos informales, del rebusque, empleados a los que no les han resuelto su situación laboral, el día de hoy manifestaron que tuvieron que salir a la calle con el riesgo que eso implicaba. Otro ejemplo del malestar y la incertidumbre que ha desatado la falta de implementación de acciones por parte de las autoridades se presenció en la alcaldía local de Santa Fe, en el centro de Bogotá, donde confluyeron vendedores ambulantes, trabajadoras sexuales, trabajadoras de servicios generales, arrendatarios pagadiario y población venezolana reclamando apoyo para poder sobrevivir a la cuarentena. Protesta de vendedores ambulantes esta mañana en la Plaza de Bolívar. Bogotá. Foto: Cortesía. Mientras el gobierno nacional, a través del decreto 444, develó su intención de quitarle recursos que podían ser focalizados en la salud para ser entregados a empresas y bancos, los sectores que tienen más precarizados sus derechos exigen alternativas a esta atípica jornada que se avecina. ——— Nota: las ciudades y áreas metropolitanas tomadas por el DANE son: Bogotá D.C., Villavicencio, Medellín – Valle de Aburrá, Tunja, Cali – Yumbo Florencia, Barranquilla – Soledad, Popayán, Bucaramanga – Girón Piedecuesta, Floridablanca, Valledupar, Manizales – Villa María, Quibdó, Pasto, Neiva, Pereira – Dos Quebradas y la Virginia, Riohacha, Cúcuta, Villas del Rosario, Los Patios y El Zulia, Santa Marta, Ibagué, Armenia, Montería, Sincelejo, Cartagena y San Andrés.

Por: Redacción Pares Ante el sufrimiento global que está causando la pandemia de coronavirus, el mundo se enfrenta a un enemigo común: el COVID-19. Frente a un adversario de tal envergadura, el Secretario General de la ONU destacó hoy la necesidad de que se produzca una tregua de alcance mundial para todos los conflictos que asolan al planeta y que afectan desproporcionadamente a los más desfavorecidos. El llamado para un alto al fuego mundial que realizó este lunes António Guterres, con la crisis del coronavirus como telón de fondo, fue claro y conciso. «La agresividad del virus ilustra la locura de la guerra. Por eso, hoy pido un alto al fuego mundial inmediato en todos los rincones del mundo. Es hora de ‘poner en encierro’ los conflictos armados, suspenderlos y centrarnos juntos en la verdadera lucha de nuestras vidas», afirmó. El COVID-19 no margina a nadie El Secretario General recordó que el virus ataca a todo el mundo por igual y no discrimina entre clases sociales, procedencia o creencias y que además se ensaña en las personas más indefensas. «Este virus no entiende de nacionalidad ni de etnia, facción o fe. Ataca a todos, sin tregua. Mientras tanto, los conflictos armados continúan en todo el mundo. Los más vulnerables — las mujeres y los niños, las personas con discapacidad, las personas marginadas y desplazadas — pagan el precio más elevado». Una situación que afecta especialmente a los países asolados por conflictos, donde hay un colapso de los sistemas sanitarios, y que especialmente perjudica a los refugiados y a las personas desplazadas quienes son «doblemente vulnerables». Por ello, Guterres pidió a las partes en conflicto que dejen de lado «la desconfianza y la animosidad», en favor del bienestar de los más necesitados y de la paz. «Silencien las armas; detengan la artillería; pongan fin a los ataques aéreos. Es crucial que lo hagan (…) Para ayudar a crear corredores a fin de que pueda llegar la ayuda vital. Para abrir oportunidades de valor incalculable para la diplomacia. Para llevar esperanza a los lugares más vulnerables al COVID-19″. Por tanto, para acabar con los dos virus que afectan a nuestro planeta al unísono, los conflictos y el coronavirus, el titular de la ONU dijo que hay que detener de inmediato los conflictos en curso y continuar la batalla contra el último. «Necesitamos poner fin al mal de la guerra y luchar contra la enfermedad que está devastando nuestro mundo. Y esto empieza poniendo fin a los enfrentamientos en todas partes. Ahora. Eso es lo que la familia que somos la humanidad necesita, ahora más que nunca», finalizó Guterres. Más gasto sanitario y más solidaridad global En los últimos días, el Secretario General de la ONU ha emitido una serie de mensajes en relación con la pandemia en los que ha pedido un aumento inmediato del gasto sanitario para atender las necesidades urgentes realizando un mayor número de pruebas, mejorando las instalaciones sanitarias, apoyando al personal sanitario y garantizando los suministros adecuados, todo ello con respeto a los derechos humanos. «Se ha demostrado que el virus se puede contener. Ha de contenerse. Si dejamos que se extienda como un incendio forestal, especialmente en las regiones más vulnerables del mundo, matará a millones de personas», afirmó en uno de esos mensajes. Añadió que ante esta situación los países han de garantizar una respuesta mundial coordinada, que incluya ayuda para los países menos preparados para afrontar la crisis. «La solidaridad mundial no es sólo un imperativo moral, sino que redunda en beneficio de todos», resaltó Guterres.

Por: Laura Cano, Periodista Pares. Han sido días raros, llenos de angustia, interrogantes y reflexiones. El COVID-19 nos ha significado una desconexión del ritmo de vida acelerado que llevamos días tras día. Nos estamos dando cuenta, de una forma no muy amigable, que otros modos de vida son posibles y en estos momentos, necesarios. ¿Por qué la rareza de estos tiempos? Nos han trasladado la idea de que el sistema capitalista es la única dinámica en la que podemos funcionar como sociedad, por lo menos en nuestro contexto. Esto ha generado que otras alternativas ni siquiera puedan entrar en un campo de discusión, estableciendo que por años estemos sometidos a lógicas económicas de concentración de riqueza, que además de desatar un sinnúmero de problemas sociales y ambientales, como los que estamos viviendo ahora mismo, también nos ha obligado a vivir al ritmo que quieren las clases privilegiadas: produciendo para ellos. Es justo en estos momentos donde estas discusiones deben volver a un debate lo más amplio posible, porque nuestro contexto nos muestra que los alcances de las medidas decretadas ante el virus no nos brindan la misma seguridad a todos, haciendo que esta cuarentena destape todas las crisis causadas por el sistema en el que estamos, que, aunque nos han querido hacer ver que es normal y parte de la dinámica, no es normal. Ante esto la solución es volver a la solidaridad y colectividad, dejando de lado la individualidad, porque como nos ha demostrado esto; las únicas fronteras reales son las que nos hemos empeñado en construir y, por el contrario, todos estamos de alguna forma igual de expuestos, pero no con las mismas posibilidades de acción. Ahí está el trabajo. Pares habló con Mauricio Sánchez, profesor e investigador del departamento de Bioética de la Universidad El Bosque y coordinador en la maestría de la misma disciplina, acerca de cómo se puede analizar la crisis sanitaria por la que se está pasando desde este campo interdisciplinar. Pares: ¿Desde la bioética cuál es el panorama que hay en el país tras la llegada del COVID-19? Mauricio Sánchez: El tema netamente disciplinar del enfoque es buscar cómo hacer un aplanamiento en la curva del número de casos que le permita al sistema de salud resistir la presión que se viene por el crecimiento exponencial de contagiados. Si no podemos resistir la presión se desbordará el sistema de salud y empezará a surgir un debate que se centra en el tema de la justicia distributiva, es decir, partiendo de los recursos escasos se tiene que revisar cuáles son los criterios materiales que se deben utilizar para la distribución de estos. Con el caso de Italia empezamos a ver que se tienen que tomar decisiones: ¿cuáles son los pacientes que se van a priorizar? Y ¿quiénes pueden acceder a una cama o a una unidad de cuidados intensivos? Así se empiezan a generar estos casos de dificultad y de toma de decisiones. El personal sanitario debe decidir qué paciente trata y a quién no. Ahí debemos tener por lo menos unas medidas que nos permitan tomar decisiones. La ética biomédica habla de justicia distributiva con la aplicación de unos criterios materiales, es decir, la manera práctica en la que van a distribuir esos recursos escasos en la realidad y en lo concreto frente a la emergencia. Entonces ahí se propone, por un lado, que para todos sea por igual, pero esto no aplicaría muy bien en la medida de que hay diferentes casos y el virus nos pone en diferentes grados de dificultad. Por otro lado, hay un criterio material que es la distribución a partir de la equidad, planteando que a cada uno se le brinden recursos según su necesidad. Eso podría funcionar un poco mejor. Lo anterior en vía de que no se sature el sistema, priorizando casos en el camino de la justicia distributiva. Pares: El tema de poder acceder o no al sistema de salud se ve atravesado por unas dinámicas económicas que imponen barreras a parte de la población. ¿Este sistema cómo afecta la situación sanitaria? M.S: Este modelo neoliberal nos pone en peligro a todos. El objetivo común debería ser la afirmación y protección de la vida y no el ejercicio de la priorización del mercado y lo económico. De ahí es necesario preguntarse, ¿cómo es posible que no cierren el Aeropuerto por pensar en las utilidades?, ¿cómo no priorizar la vida y sí las acciones y la bolsa? Claro, estos son temas que nos tenemos que plantear, pero lo que causa incomodidad es que haya dudas de qué se debe priorizar, si la vida o lo económico. Desde un primer momento se debieron tomar todas las medidas que permitieran aplanar la curva para proteger el mayor número de vidas en el territorio con un enfoque colectivo y comunitario. Pares: Si bien es difícil plantearse otros escenarios, por las mismas dinámicas que nos rigen, ¿cuáles podrían ser posibles soluciones ante esto y el virus? M.S: Se deben generar medidas para proteger a las y los trabajadores, priorizando el bienestar y el buen vivir de los mismos. Por ejemplo, Crepes and Wafles está analizando ese tema frente a la crisis, lo mismo BBVA, Arturo Calle, Cine Colombia y otras organizaciones. Estos casos son un gesto valioso en estos tiempos y nos va a representar beneficios después de que pasemos todo esto. Tengamos presente quiénes fueron capaces de pensar primero en la vida y no en lo económico, y eso no solamente en las empresas, sino con todos quienes reaccionaron a esto con un enfoque solidario. Otro tema es ver cómo hay unos cambios de priorización de los valores en las comunidades en las que habitamos. Es decir, nosotros estamos acostumbrados dentro del sistema capitalista con profundización en lo neoliberal, a fortalecer el tema de la individualidad, la competencia, las libertades y la autonomía, dejando en un segundo plano el enfoque solidario. Esto nos permite que eso gane otra vez espacio a través de la reflexión sobre la individualidad y las consecuencias que ha traído. Por redes sociales la gente está convocando para que las personas desde su casa aplaudan al personal sanitario, hay un reconocimiento de la labor del otro, al trabajo en equipo, nuevamente se podría esperar que la solidaridad vuelva a la centralidad de los valores colectivos. Esto abre unas reflexiones bien interesantes con relación a cuáles son los valores que una sociedad requiere para su propio fortalecimiento, es decir, esto de la individualidad se logró por unos modelos de mercado muy enfocados en destruir cualquier tipo de construcción social que parta desde lo solidario. Ojalá la memoria logre conservar este tipo de reflexiones. Pares: Desde el Departamento al que hace parte usted, ¿cuál es la visión que se tiene de cómo se está atendiendo la situación desde el sistema de salud? ¿Qué medidas se podrían tomar para fortalecerlo en estos momentos? M.S: Nosotros tenemos mucha gente de nuestra disciplina enfrentando la dificultad en las diferentes IPS. Nos llaman, nos consultan, nos cuentan del problema que hay en los hospitales con la asignación de turnos y la disponibilidad de camas, esto reflejado por la precarización que hay en cuanto a recursos. Además, no se está protegiendo al personal del sector salud y así es muy probable que también se contagien. Nosotros solicitábamos, por ejemplo, que las medidas de restricción de movilidad no aplicarán para el personal sanitario en Colombia. Varios médicos de nuestro equipo del departamento de bioética manifestaban esa inquietud de que cómo es posible que, al personal médico, quienes tienen un vehículo y tienen pico y placa, les toque movilizarse en Transmilenio aumentando el riesgo de contagio. Si se nos contagia la gente de primera línea (quienes están en el sistema sanitario) estaríamos en peores dificultades. Por otro lado, se ha hecho la solicitud para que tengamos hoteles-hospitales esto tras ver que la curva está creciendo muy rápido. Tenemos que ver cómo se movilizan recursos hacia el sistema de salud. Es decir, hacer movimientos desde lo político, desde estructuras estatales y desde lo privado a través de donaciones para tener recursos que nos permitan tener desarrollo tecnocientífico, pruebas, camas, trabajo con otros profesionales; es decir, hay que meterle plata a eso y ahí es donde la solidaridad moviliza a esas personas para que tomen decisiones de donar recursos porque el sistema por sí solo no va a aguantar. Sin embargo, hay que aclarar que seguramente por tiempo vamos a tener escases de recursos para afrontar el virus. Pares: ¿Desde la ciencia qué medidas se están tomando? M.S: Desde la tecnociencia, sin irnos por el camino de la tecnología, se buscan opciones para enfrentar este tipo de amenazas. La técnica y la ciencia específicamente nos da posibilidades de identificar el contagio y el número de contagios. Además, un montón de gente desde varias disciplinas trabaja por una vacuna. Lo mismo pasa con la investigación. Lo importante es que, si se llega a descubrir algún tipo de antídoto o vacuna frente a esto, ojalá no vaya a ser para que ingrese en las lógicas del mercado, porque entonces caeríamos nuevamente en la individualidad; el crecimiento del capital y el no compartir el conocimiento para afirmar la vida en el planeta. Pares: ¿Las medidas de aislamiento que se tomaron hasta el 17 de marzo son suficientes? M.S: Lo que tenemos que hacer es intentar aplacar la curva para que nuestro sistema de salud aguante la presión. Los que pueden deben aislarse y nada más, ser muy rigurosos en el tema de que si tenemos sintomatología no saturar los hospitales. El objetivo es proteger la capacidad de carga del sistema de salud, es decir, que aguante, eso es lo más importante. Debemos mantener el aislamiento y pedirle a nuestra dirección ejecutiva a nivel local, nacional y también mundial, por supuesto, que se concentren en el fortalecimiento de la capacidad de los sistemas sanitarios del planeta, eso es un tema muy necesario. También trabajar por el aceleramiento de los procesos de investigación que nos permitan dar con una cura efectiva a la amenaza; ahí entran farmacéuticas, universidades, un montón de cosas. Es necesario resaltar que en el país universidades públicas y privadas se han unido al trabajo sanitario desde varios escenarios tratando de jugársela por poner sus laboratorios en la identificación y diagnóstico de los casos positivos. Esto es un paso para empezar a aportar a fortalecer y robustecer la capacidad de carga de nuestro sistema de salud. Pares: ¿Desde la bioética cuál reflexión se plantea necesaria para estos tiempos? M.S: Es necesario reconocer que el individualismo que se prioriza en el modelo de mercado neoliberal, en muchas ocasiones está acompañado de un enfoque antropocéntrico fuerte que impide la posibilidad de asignar valor en sí mismo a los animales y al ambiente por parte de nuestras culturas. Como consecuencia, a esos seres vivos tan solo se les asigna un valor instrumental que justifica su uso y aprovechamiento desmedido para satisfacción de los intereses de los humanos. Sumando esta realidad a la voracidad del modelo económico actual, los animales de otras especies son maltratados y los ecosistemas son llevados a sus límites. Esperemos que esta emergencia motive reflexiones serias en ese sentido también: ¿cómo nos relacionamos con otras especies y con el ambiente? ¿Es sostenible este comportamiento? Pero, sobre todo, la pregunta que me parece más pertinente, ¿es justo con esos otros y con la biósfera?

Por: Redacción Pares «Nuestra cantora se llama Josefina. Quién no la ha oído, no conoce el poder del canto.» Así comienza este relato de Franz Kafka, el genial escritor checo que nació en el seno de una familia de clase media judía en 1883, y quien antes de morir a los 40 años le encomendó a su gran amigo, Max Brod, que fueran destruidos todos sus escritos. Brod prefirió conservarlos y publicarlos. Este relato de Kafka habla de ratones, pero en realidad nos está describiendo al pueblo de los hombres, como sucede casi siempre con sus obras. Desde las primeras líneas se siente que hay un significado más profundo que se esconde tras el sentido literal y tejido con una narración de extraordinario valor literario. El narrador asegura que Josefina es el alma misma del pueblo de los ratones, que su canto se apodera del espíritu de quien lo escucha y sin él la vida sería solo un temblor sin sentido. En un primer momento tal vez no se sabe si está hablando del poder sobrenatural de la música o si está haciendo un retrato al fresco del engaño colectivo, de la facilidad que tenemos los seres humanos de dejarnos seducir irracionalmente. Puede ser una alegoría del destino humano: ser arrojados, como una camada de ratones a cumplir fatalidades laborales y económicas, por ejemplo. Sin más preámbulos, Pares presenta este cuento de Kafka Josefina la cantora o el pueblo de los ratones. Que lo disfruten. Descargue aquí el texto completo

Por: Redacción Pares Para superar la crisis económica que dejará la pandemia del coronavirus habrá que apoyar a las personas más pobres con enfoques financieros y de protección social apegados a los derechos humanos, afirma un experto de la ONU, que propone considerar la introducción de un ingreso básico universal de emergencia. También cuestiona que el Fondo Monetario Internacional haya negado un crédito a Venezuela. La recesión global que se avecina debido a la pandemia del coronavirus COVID-19 puede ser un desastre, pero también puede convertirse en una oportunidad para implementar soluciones audaces e innovadoras que permitan a los sectores más afectados de la sociedad superar la crisis con dignidad y en pleno ejercicio de sus derechos humanos, señaló este viernes un experto de la ONU. Juan Pablo Bohoslavsky, experto independiente en deuda externa y derechos humanos, urgió a los Gobiernos a ajustar sus políticas económicas que tengan que ver con el COVID-19 con los términos de los Principios Rectores sobre Evaluación de Impacto de las Reformas Económicas sobre los Derechos Humanos. En un comunicado, Bohoslavsky aseveró que la respuesta más adecuada a la catástrofe económica y social será poner las finanzas al servicio de los más pobres: “Los estímulos fiscales y paquetes de protección social directamente dirigidos a quienes disponen de menor capacidad para hacer frente a la crisis son esenciales para mitigar las consecuencias devastadoras de la pandemia.” Al referirse a las medidas de estímulo económico a gran escala que planean algunos países, dijo que son alentadoras, pero insistió en que deben diseñarse de tal modo que no terminen destinadas “a salvar sólo a las grandes empresas y bancos”, sino que deben ir mucho más allá. “Exhorto a los Gobiernos a considerar la introducción de un ingreso básico universal de emergencia”, agregó. Suspensión de deudas y desalojos Planteó por ejemplo, que los servicios públicos sean provistos sin cargo a quienes no puedan pagarlos y que se suspenda el pago de deudas cuando las personas no tengan dinero suficiente para hacer frente a la crisis de salud pública. Además, hizo hincapié en que se prohíban los desalojos masivos. El experto indicó que los trabajadores autónomos o del sector informal, así como los que no pueden trabajar desde la casa, necesitan incentivos económicos y fiscales para quedarse en sus hogares y no exponer su salud y la de sus familias y comunidades por tener que salir a trabajar. Llamó a revertir con urgencia la tendencia observada en los últimos años de mercantilización y privatización de servicios esenciales, como la salud. “Estas tendencias deben ser revertidas de manera urgente para que los Estados puedan enfrentar los desafíos de derechos humanos y fiscales que impone la crisis del COVID-19”, enfatizó Bohoslavsky. Explicó que si están debidamente justificadas, los Estados están habilitados a tomar medidas económicas y legales para enfrentar la actual crisis de salud, subrayando que ningún derecho económico privado como la propiedad intelectual puede triunfar sobre el derecho a la salud pública y la supervivencia.