Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Una jornada de protesta se llevó a cabo en la noche de este sábado 21 de marzo en cárceles como La Modelo, El Buen Pastor, La Picota (Bogotá), Picaleña (Ibagué), El Pedregal (Medellín), la cárcel de Cómbita (Boyacá) y la cárcel de Jamundí (Valle del Cauca), entre otras; para exigir un trato digno a las y los privados de la libertad ante la propagación del COVID-19. Margarita Cabello, ministra de Justicia, reportó esta mañana que Anoche hubo intento de fuga en La Modelo, hay 23 muertos, 83 heridos, 7 funcionarios del @INPEC_Colombia heridos y 2 en estado crítico»: Margarita Cabello, ministra de Justicia sobre los disturbios que se presentaron en las cárceles. Sin embargo, lo ocurrido anoche en las cárceles del país es injustificable, y podría ser una de las mayores tragedias carcelarias en Colombia. Cabe aclarar que hechos de protesta ya habían tenido lugar en el día 17 de marzo en la cárcel La Picota pero no fueron atendidos por la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional. Para ese momento, como ahora, el llamado estaba dirigido a la implementación de medidas y protocolos efectivos que respondieran a la situación sanitaria, teniendo en cuenta los problemas estructurales del sistema penitenciario de Colombia. Ahora bien, frente a los hechos que se presentaron desde horas de la noche del 21 de marzo hasta la madrugada del 22, se registraron presos heridos y muertos. Así como guardias del INPEC que resultaron heridos. Por otro lado, la institucionalidad ordenó la presencia de pie de fuerza militar lo que puso en riesgo la integridad de las y los privados de la libertad, agentes del INPEC, población aledaña y la zozobra y el terror al que miles de familiares de las y los privados de la libertad. Una salida humanitaria A través de un comunicado, el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), exigió en razón de “que el sistema penitenciario y carcelario padece un “estado de cosas inconstitucionales”, o crisis humanitaria declarada como tal por la Corte Constitucional en su sentencia T-153/98, y ratificada posteriormente con nuevas sentencias, ante la profundización histórica del hacinamiento, la insalubridad, la violación a los derechos humanos; (…) no apelar a la salida militarizada ni represiva de ningún tipo, sino priorizar el enfoque humanitario para la solución de la crisis.” Además, la FARC resaltó la manifestación legítima para “llamar la atención sobre la ausencia de medidas y protocolos de prevención y atención por parte del INPEC, ante lo cual esta noche se ha respondido arbitrariamente no de maner humanitaria sino represiva.” Pares habló con Liliany Obando (L.O), ex prisionera política e integrante del Partido FARC, quien considera que a la luz de la pandemia del Coronavirus-19 es importante hablar de la población privada de la libertad en general, así como del personal administrativo y de custodia, que son quienes en su conjunto podrían verse seriamente afectados si no se logra contener el brote. Asimismo, Obando señala que de las 184.376 personas privadas de la libertad bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, 123.078 se encuentran en detención o prisión intramural. De estas un 41.330, un 33% se encuentran en calidad de sindicados, es decir, no se les ha resuelto su situación jurídica. El hacinamiento 53.58% sigue siendo escandaloso y un factor altamente peligroso a la hora de que la pandemia se propague. Radiografía tras los muros Obando precisa que en respuesta “a los diferentes requerimientos de las personas privadas de la libertad a través de sus delegados (as) de derechos humanos, de convivencia o de derechos de petición elevados por el Movimiento Nacional Carcelario, el gobierno Nacional, el Ministerio de Justicia y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC ha venido implementando hay una serie de elementos que preocupan: 1. La falta de un plan de contingencia o un mínimo protocolo para atender esta emergencia y la falta de compromiso para que unas mínimas medidas sean aplicadas por la dirección del INPEC y cumplidas por el personal de custodia y administrativo. 2. -Entre las cosas que se denuncian es que las medidas de cuarentena son sólo para las personas privadas de la libertad, pero no las cumple ni el personal de custodia ni administrativo que entra y sale de las diferentes cárceles y penales sin ninguna prevención. 3. Aunque para la población privada de la libertad el no recibir visitas es una medida no deseada, en estos momentos han aceptado que resulta necesaria. Pero esta medida no viene siendo acatada en todos los establecimientos penitenciarios y carcelarios lo que pone en riesgo tanto la vida de los internos y las internas como del personal del INPEC y de las mismas personas que visitan las cárceles y penales. 4. Otra de las preocupaciones que manifiestan es la falta de dotación tanto a la población reclusa como a de custodia de los mínimos preventivos como tapabocas, vitamina C, jabones anti-bacteriales y otros artículos de aseo. Para ello proponen las siguientes acciones: 1. Apelar a las instancias nacionales, departamentales, municipales y penitenciarias para que se comprometan a decretar la emergencia carcelaria y a diseñar e implementar un eficiente plan de contingencia para afrontar un eventual brote del Coronavirus-19 en los diferentes establecimientos penitenciarios. 2. Descongestionar los establecimientos penitenciarios y carcelarios a través de la excarcelación intramural, prisión domiciliaria o liberación humanitaria de personas privadas de la libertad, vía decreto, empezando por las personas mayores de 55 años, las personas privadas de la libertad con enfermedades terminales, mentales, con inmunodeficiencia y otros graves problemas de salud, las mujeres gestantes, lactantes y/o con hijos menores de edad a su cargo, las internas que sean madres cabeza de familia. 3. Derogar el art. 26 de la Ley 1121 que excluye a algunas personas privadas de la libertad de recibir beneficios jurídicos. 4. Conceder beneficios jurídicos para internas e internos que llevan más de 6 años de privación física de la libertad a quienes se puede favorecer con prisión domiciliaria o libertades provisionales o condicionales. 5. Conceder la libertad condicionada para personas privadas de la libertad que se encuentran sindicadas, con presentaciones personales ante las diferentes entidades correspondientes una vez terminada la crisis de la pandemia. 6. Evitar la concentración de gran cantidad de personas privadas de la libertad en patios y áreas comunes y preferiblemente permitir a los (as) internos permanecer en las celdas. 7. Evitar que el personal de custodia y administrativo entre y salga del penal sin un riguroso protocolo sanitario y en la medida de lo posible que permanezcan en cuarentena en los establecimientos penitenciarios y carcelarios. 8. Adecuar y dotar los espacios de sanidad donde se deben aislar a los enfermos. 9. Dotar a la población carcelaria de tapabocas, jabones anti-bacteriales los implementos de aseo necesarios para mantener la asepsia en los diferentes espacios y garantizar el servicio de agua potable, así como permitir el ingreso de encomiendas con este tipo de implementos bajo estricto protocolo de sanidad. 10. Hacer un llamado a las organizaciones defensoras de derechos humanos a estar vigilantes para exigir la garantía de los derechos fundamentales de la población carcelaria, para visibilizar las peticiones, acciones y el desarrollo de los acontecimientos en los diferentes establecimientos penitenciarios y carcelarios y mantenerse en contacto con la coordinación del Movimiento Nacional Carcelario a fin de coadyuvar en la realización de diferentes actividades de solidaridad que permitan prevenir y mitigar la situación en torno a la pandemia. 11. Agilizar las amnistías y libertades condicionadas para las personas privadas de la libertad, firmantes del Acuerdo de Paz de la Habana y terceros beneficiarios de la Ley 1820. Prisioneros/as Políticas, una realidad desatendida Pares: ¿De cuántos prisioneros y prisioneras políticas estamos hablando? L.O: En el caso de las prisioneras y prisioneros políticos, como siempre ha pasado, dar una cifra exacta de su número, tanto de las ex FARC como del ELN, del EPL y líderes y lideresas sociales que han sido judicializados en diferentes momentos es difícil, entre otras cosas por los obstáculos para hacer un buen censo dadas las trabas que impone el INPEC y su dispersión en diferentes regiones, penales y pabellones. Ni siquiera en el caso de las y los prisioneros políticos de las antiguas FARC ha sido fácil tener un censo preciso, a pesar de la Ley de Amnistía e Indulto resultante del Acuerdo de Paz de La Habana que les permitiría,o bien ser amnistiados o bien salir con libertades condicionadas mientras sus procesos continúan en la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, según el caso. Tan es así que al 2020, a ya cuatro años de promulgada la Ley 1820, aún se encuentran privados de la libertad unos 326 prisioneros políticos de las ex FARC, algunos con acta de compromiso desde el año 2017, otros recientemente acreditados por al Alto Comisionado de Paz, otros en estado de observación sin que su situación haya sido resuelta. Pares: ¿Se han podido comunicar con el INPEC? L.O: Hasta el momento se han sostenido en algunas reclusiones reuniones previas con las direcciones de las mismas y los representantes de los comités de derechos humanos y convivencia de los internos (as), pero con muy pocos resultados en la práctica en las que se ha llegado a unos mínimos acuerdos frente al aprovisionamiento de elementos necesarios para mantener la asepsia indispensable para prevenir el coronavirus. Pares:¿Tienen casos de denuncia en donde los y las prisioneras políticas estén siendo sujeto de abuso por estas fechas frente al tema del virus? L.O: El pasado 17 de marzo ocurrieron dos hechos de abuso de la fuerza física por parte de la guardia del INPEC en razón de los justos reclamos de los (as) internos. El primero ocurrió en el Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá – COMEB, ‘La Picota’ cuando después de una jornada de reclamos por parte de los internos, el Comando de Reacción Inmediata – CRI, que mejor debería llamarse Comando de Represión Inmediata, llegó hasta el pabellón conocido como Unidad de Tratamiento Especial – UTE y agredió empezó a agredirlos con el agravante de que en medio del operativo se produjo un incendio en su interior. El segundo incidente tuvo lugar en la Reclusión de Mujeres de Bogotá donde unas 15 prisioneras fueron fuertemente agredidas, incluso quemada con gases que les fueron arrojados en el rostro por parte de la guardia del INPEC por reclamar unos mínimos para contener un eventual brote del Coronavirus-19. Al respecto se interpuso por parte de defensores de derechos humanos una denuncia en la Procuraduría General de la Nación por tratos crueles, inhumanos y degradantes e incluso torturas.

Por: Francisco Daza Vargas. Investigador Pares. El estado lamentable e inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario es una realidad que ha estado vigente desde hace más de una década. Este señala que, existen afectaciones permanentes a las condiciones en que las personas privadas de la libertad cumplen su condena y que a su vez se suman a las vulneraciones de derechos humanos a las que se exponen cotidianamente. Las cifras son impresionantes, según información estadística del INPEC, actualmente a nivel nacional hay 121.673 personas privadas de la libertad, en centros penitenciarios y carcelarios que tienen una capacidad de 80.763 cupos lo cual representa una sobrepoblación de 40.910 personas lo cual representa un hacinamiento del 50,65%. Esto por supuesto representa un foco que desencadena múltiples afectaciones a esta población; problemas de salubridad y espacio son los más recurrentes en los centros penitenciarios y carcelarios del país. Asimismo, esto desencadena graves problemas de salud y violencia que parten de la insuficiencia de personal, recursos e infraestructura para prestar servicios básicos. Las principales problemáticas de las cárceles Son conocidos los testimonios sobre la mala calidad del agua que abastece a estos centros, los espacios reducidos en los que pasan las noches, y los castigos a los cuales son sometidos en un contexto en el que prima la ley del más fuerte. Esto por supuesto representa múltiples trabas para el propósito de resocialización. Si bien es cierto, los centros penitenciarios y carcelarios restringen a las personas privadas de la libertad de ciertos derechos sobre la base de los efectos jurídicos que representa dicha privación, otros derechos como la vida, la dignidad, integridad personal, salud, vida íntima, alimentación, trabajo, educación, familia, entre otros, son constantemente vulnerados. Las principales problemáticas de los centros penitenciarios y carcelarios son las siguientes: · El derecho a la dignidad humana se ve vulnerado ante el gran número de personas privadas de la libertad que comparten espacios reducidos para alojarse. El que tengan que dormir en pasillos y otros espacios diferentes a las celdas (que de por si no dan abasto y presentan problemas de higiene, superficie mínima, calefacción, ventilación, entre otros) supone un escenario de riesgo para esta población · El hacinamiento deteriora la infraestructura de celdas, baños y áreas comunes siendo algunas inutilizables lo que conlleva a que se generen condiciones insalubres y limitaciones en los servicios públicos de estos espacios. · Los servicios de salud son deficientes, muchas veces por falta de personal especializado en los centros penitenciarios y carcelarios. Esto supone un escenario de riesgo para la propagación de enfermedades y la tardía y limitada atención a los quebrantos de salud de la población privada de la libertad · Las limitaciones de infraestructura y el consecuente hacinamiento representan grandes obstáculos para el propósito resocializador de los centros penitenciarios y carcelarios. Los niveles de desocupación ante estos limitantes contribuyen a que este proceso se vea afectado de manera permanente. En este sentido, es visible que el estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario parte de los problemas estructurales y de vulneración de derechos de la población de libertad, lo cuál deja en el aire serias preocupaciones sobre el manejo que están dando las autoridades encargadas de la administración de esos espacios en el marco de la coyuntura actual por causa de la llega del COVID-19 a Colombia. El INPEC ante la llegada del COVID-19 Ante la llegada a territorio colombiano del COVID-19 (Coronavirus) se tomaron varias medidas para contener la entrada y expansión de esta pandemia mundial al interior de los centros penitenciarios y carcelarios. Una de las primeras medidas emitidas desde la presidencia de la República fue la suspensión de las visitas que recibe la población privada de la libertad hasta que se tomen las regulaciones correspondientes para garantizar su salud. Dicho anuncio generó malestar no solo entre la población privada de la libertad sino a su vez entre los trabajadores penitenciarios quienes solicitaron que se decretara la emergencia carcelaria con base en las deficiencias en atención en salud y recurso humano y tecnológico para hacerle frente a una eventual presencia del COVID-19 al interior de alguno de los centros penitenciarios y carcelarios. Otra medida fue la prohibición de entrada de encomiendas, lo cual ya ha generado tensiones entre las internas de la cárcel el Buen Pastor y la guardia del INPEC ya que de esos envíos depende la subsistencia y abastecimiento, sobretodo de artículos de aseo, al interior de ese centro penitenciario. El INPEC a través de un boletín presentó otras medidas dirigidas a la prevención contra el contagio del coronavirus, entre ellas el establecimiento de dos jornadas de trabajo, jornadas de limpieza de los equipos de los funcionarios y la suspensión de los traslados de las personas privadas de la libertad entre los centros penitenciarios. Sin embargo, no se cuenta con mayor información sobre los protocolos que están dispuestos al interior de estos espacios para la prevención de contagio entre los internos e internas. Derechos de la población privada de la libertad La llegada del COVID-19 ha expuesto aún más las deficiencias y vulnerabilidades del sistema penitenciario y carcelario colombiano. A las ya expuestas condiciones de hacinamiento, insalubridad y violencia que han incidido en el permanente estado de cosas inconstitucional, se suma esta pandemia que toma al INPEC por sorpresa y sin las garantías suficientes para proteger la salud de las personas privadas de la libertad. Si bien las medidas que han tomado tienen como propósito mitigar el ingreso de elementos o personas externas a los centros penitenciarios y carcelarios del país, las mismas medidas contribuyen, aún más, a la vulneración de derechos humanos que padece la población que se encuentra privada de la libertad. Ante la prohibición de visitas presenciales se hace necesario que se consolide un sistema de visitas virtuales teniendo en cuenta el papel fundamental que desempeña la familia durante el periodo de privación de la libertad. Asimismo, esta alternativa es en doble vía ya que las personas privadas de la libertad pueden hacer un seguimiento a sus familias en el exterior ante al aumento de número de casos de coronavirus en el país. Otro componente vital es el acceso a agua potable o al menos en condiciones aptas para hacer el lavado preventivo de manos al interior de los centros de privación de la libertad. Esta es la primera medida para la prevención contra el contagio del coronavirus, pero si dicha condición no está garantizada para la población privada de la libertad, se puede presentar un estado de riesgo aún mayor al interior de las cárceles del país. El ingreso de encomiendas, al menos de elementos de aseo se hace necesario ante la precariedad de la atención en salud de las cárceles. Esto puede mitigar posibles contagios a partir del autocuidado de quienes se encuentran privados de la libertad. Medidas más radicales se han visto en países como Irán en el que se liberó, a manera de permiso, a 70000 personas con prioridad para aquellas que presentan enfermedades crónicas para evitar la propagación del coronavirus al interior de las cárceles. Es necesario ser consecuente con la vulneración de derechos humanos de la población privada de la libertad más allá del escenario de riesgo que supone la llegada del COVID-19 a Colombia. Que esta sea la oportunidad para que el Ministerio de Justicia y el INPEC replanteen la manera en que se está administrando el sistema penitenciario y carcelario colombiano y la urgencia de fortalecer y mejorar al mismo tiempo la infraestructura carcelaria para que la población que está en el interior tenga garantizados todos sus derechos. Nota: En tiempos de cuarentena generalizada y para conocer a detalle la cotidianidad de las personas privadas de la libertad recomiendo leer Penas y Cadenas de Alfredo Molano.

Por: Natalia Aguilar Salas. Colaboradora Pares. En una semana nos cambió la vida a los colombianos, ahora en cuarentena tendremos que echar mano de la capacidad de adaptación, del amor, de los valores solidarios, de la fraternidad, de la tolerancia, del ingenio y la alegría para que la vida de los más cercanos sea amable. Explicó León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación. Porque así como el buen ejemplo sale a relucir, también los comportamientos egoístas e indolentes salen a flote. Este jueves, la Fiscalía General de la Nación anunció que abrirá una investigación contra Juan Carlos López, alcalde de Popayán, ya que se presume que violó la medida sanitaria de prevención así como también incurrió en falsedad en documento. El alcalde regresó de Marruecos el 1 de Marzo, y el 19 de marzo dio a conocer que dio positivo para la prueba de Covid–19. De ese viaje, López no había informado a las autoridades de salud. Esta noticia alarmó a los altos mandatarios que, junto con López, acudieron el sábado 14 de marzo a la Casa de Nariño, donde se realizó una cumbre para discutir las medidas a tomar frente a la pandemia mundial. En dicha reunión se encontraban 64 gobernadores y alcaldes del país. A raíz de la preocupación, tanto el presidente Iván Duque, como la alcaldesa de la capital, Claudia López, decidieron tomar la prueba necesaria para certificar si eran o no portadores del virus, ya que tuvieron contacto con el alcalde de Popayán en dicha cumbre. Ambas pruebas salieron negativas. En la versión de los hechos que brindó el alcalde asegura que él no incumplió con el protocolo sanitario. También mencionó que durante la época en la cual regresó al país no estaban en vigencia las normas de aislamiento preventivo, el viaje de regreso inició el 29 de febrero vía Madrid y finalizó el 1 de Marzo. Asimismo, López aseguró que la visita realizada en Marruecos fue de carácter oficial y que el Ministerio del Interior estaba enterado de este viaje. Finalmente reiteró que no presentó síntomas al momento en el que la cumbre se llevó a cabo, también aseguró que no tuvo ningún tipo de mala intención al declarar que “… al ingreso manifesté que no había estado fuera del país en los últimos 14 días porque al hacer memoria, en esa fila para mi habían ya pasado las dos semanas sin estar fuera del país, dato que suministre sin ninguna intención de evadir ningún tipo de protocolo como se ha querido señalar.” . Los olvidos del alcalde Popayán Al parecer también se le olvidó al alcalde mencionar que estuvo en Marruecos y en España, uno de los epicentros donde se presentan un estimado de 25.000 contagiados y 324 muertos al día de hoy. Durante la cumbre de los mandatarios se entregó un protocolo para evitar que posibles infectados de Covid-19 entraran a la Casa de Nariño, dentro de las medidas se anunciaba un registro meticuloso, donde se tomaba la temperatura de los asistentes, y se entregó un cuestionario sobre síntomas, lugares visitados recientemente, sobre todo lugares de riesgo en los últimos 14 días: a lo cual López respondió “NO”. Aunque el alcalde López afirma que cuando llegó a Bogotá las medidas no estaban vigentes, y que él comprendió que los 14 días ya habían pasado cuando respondió el cuestionario en la Casa de Nariño, ya era portador del virus, pero la cuestión es ¿se necesita un policía para el autocuidado y la protección de los otros?, aparentemente sí. Este hecho demuestra que la falta de autoconciencia reina en nuestros tiempos, si bien no se habían implementado los protocolos de salubridad cuando López llegó de su escala en Madrid, hubiera sido una decisión fácil tomar sólamente 14 días de aislamiento, quizás hasta 20, o los que sean necesarios cuando se sabe que España está en una crisis sin precedentes y que los síntomas del virus toman entre dos y tres semanas para manifestarse. ¿Y los miles que se fueron de ‘puente’? Él no es el único que ha cometido “pequeños” errores. El 19 de marzo, a pesar de anunciar la rápida propagación del virus y el número de contagiados, a pesar de las noticias que muestran la situación de lugares como Italia y España, miles de ciudadanos en Bogotá decidieron que resultaba ser un buen momento para empacar las maletas y tomarse unas vacaciones, ¿para que respetar el simulacro de cuarentena si me puedo ir de fiesta o tomar el sol en un pueblo cercano?. Esos ciudadanos muestran la mala cara del país, el egoísmo y la indolencia. A pesar de la actuación de algunos, el simulacro aplicado en Bogotá y otras ciudades del país ha sido un éxito y el Presidente decidió extender la medida de aislamiento preventivo por 19 días. En la capital se presentaron 86 sanciones por violar la medida, se redujo en 84% el uso de Transmilenio y el abastecimiento de alimentos aumentó más del 20%. Esto demuestra que la población sí está dispuesta a colaborar pero, al parecer, todavía hay ciudadanos que o no conocen o no les interesa la magnitud a la que puede llegar el esparcimiento del virus si no se toman las medidas necesarias. Ahora es momento de hacer un poco más de lo necesario, ya no se trata exclusivamente de no salir de la casa, también se trata de construir solidaridad, de no perder el contacto por más que estamos separados. Se trata de adaptarnos a una situación nueva que exige demostrar nuestra humanidad y empatía, y ¿por qué no? una oportunidad para la introspección y la reflexión. Juntos podemos.

Por: Línea Conflicto Paz y Posconflicto. Pares. El Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC-, celebró este año 49 años de lucha, resistencia y organización; un proceso de larga duración que da cuenta de las luchas de poblaciones indígenas del Cauca, consideradas por algunos como “milenarias”, pues han enfrentado en distintos momentos imposiciones coloniales, despojo de tierras y, desde hace décadas, el conflicto armado. También pueblos afrodescendientes y campesinos han trazado caminos de resistencia en el departamento del Cauca, convergiendo en diversos momentos alrededor del tema agrario, los derechos colectivos y la defensa de la vida. En esta historia, afrodescendientes e indígenas han construido referentes de autonomía y gobierno propio, respaldados por la Constitución Política de Colombia de 1991. Las figuras de autoridad de los cabildos y consejos comunitarios han sido claves en la configuración de proyectos de autonomía, guiados por los mandatos de las asambleas, que constituyen la máxima autoridad en estas comunidades, y por los planes de vida o planes de buen vivir en los que plasman sus ejes de gobierno. La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca -ACIN- al igual que la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca -ACONC-, han liderado iniciativas desde el gobierno propio como los territorios de paz, las asambleas comunitarias y las guardias. Guardia indígena y cimarrona Recientemente y en especial durante el paro nacional que inició a finales de 2019, las guardias indígena y cimarrona fortalecieron su visibilidad y reconocimiento nacional e internacional como defensoras de la vida, el territorio y la paz. En contraste, diferentes lugares del norte del Cauca vienen siendo noticia a causa de acontecimientos violentos contra la guardia, autoridades étnicas, pobladores y foráneos. En su último informe, “[l]a CIDH advierte que los asesinatos perpetrados contra liderazgos indígenas y afrodescendientes, a la vez que alteran gravemente la integridad cultural, rompen la cohesión de los pueblos y las comunidades en torno a la defensa de sus derechos humanos”. En ese sentido, uno de los grandes retos que hoy enfrentan las guardias en el norte del Cauca, hace referencia a su rol en la construcción de autonomía en medio de una agudización de múltiples violencias en la región, expresadas en asesinatos, amenazas, ataques, hostigamientos, estigmatización, criminalización, entre otras. Una historia de resistencias Si bien la guardia indígena se conformó oficialmente en 2001 y la guardia cimarrona en 2013, el rechazo a la presencia y acciones armadas de los actores del conflicto en el norte del Cauca por parte de las autoridades étnicas se puede rastrear desde años anteriores. En 1985 se suscribió el Acta de Vitoncó por “el derecho que los Cabildos y las comunidades tienen de controlar, vigilar y organizar su vida social y política al interior de los Resguardos”. En 1999, a través de la Resolución de Jambaló, el pueblo nasa se pronunciaba “frente a los conflictos que atentan contra nuestro proyecto de vida”. Así mismo, líderes y lideresas de ACONC, se han declarado en varias ocasiones como defensores de la paz y del territorio, con el lema “el territorio es la vida y la vida no se vende, se ama y se defiende”. Los niños vienen haciendo el aprendizaje para luego reemplazar a los mayores […] Los mayores nos organizamos acompañando a las comunidades, otros que nos gusta lo político, otros que nos gusta lo lúdico, otros que nos gustan los sistemas. Acompañamos de diferentes maneras. Foto: Cortesía. En ese ejercicio de autonomía, cabildos y consejos comunitarios del norte del Cauca, con la guía de las autoridades propias y a través de recorridos territoriales, acciones de control y formación política, han logrado consolidar las guardias como iniciativa de paz y como mecanismo de autoprotección colectiva, reconocido en el capítulo étnico (6.1.12) del Acuerdo de paz de La Habana. Uno de los coordinadores de guardia indígena, explica que: […] más que cuidar, más que alertar, son actores políticos, son actores de paz y deben ser reconocidos desde el marco del derecho propio, de los usos y costumbres, porque si la guardia indígena o los Kiwe Thegnas vienen de la lucha milenaria, vienen de la década de 1492, de todo ese contexto, entonces deben llamarse Kiwe Thegnas. Y qué es Kiwe Thegnas: Kiwe que es territorio y Thegnas que dice mirar. Son los que miran, los que defienden y protegen el territorio. Hay una conformación integral: la conforman los niños, la conforman los y las mayores, los jovencitos, las jovencitas, cada uno tiene su cualidad, su talento humano. Los niños vienen haciendo el aprendizaje para luego reemplazar a los mayores […] Los mayores nos organizamos acompañando a las comunidades, otros que nos gusta lo político, otros que nos gusta lo lúdico, otros que nos gustan los sistemas. Acompañamos de diferentes maneras. Los nuevos retos Sin embargo, el quehacer de la guardia se enfrenta a los nuevos contextos que ha traído el postconflicto. En el norte del Cauca se han multiplicado los actores armados y las acciones violentas realizadas en nombre de Grupos Armados PostFarc (GAPF), el EPL, las Águilas Negras, el Cartel de Sinaloa y el ELN; recientemente, se suma a ello el incremento en las tropas de las Fuerzas Armadas del Estado. Según datos de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares-, desde el 24 de noviembre de 2016 hasta hoy, en el norte del Cauca han ocurrido 64 hechos de asesinato selectivo. Además, el informe de febrero de 2020 de ACNUDH, muestra que “[e]ntre enero y noviembre de 2019, el ACNUDH registró el asesinato de 66 miembros del pueblo indígena Nasa en el norte del Cauca, incluyendo 13 autoridades indígenas y otros líderes Nasa”. En el norte del Cauca, no solo los asesinatos, sino también amenazas, extorsiones y hostigamientos, están relacionados en gran medida con el incremento de cultivos de coca y marihuana, las disputas por el control de los corredores del narcotráfico y economías ligadas a la minería ilegal. Según el informe de UNODC de agosto de 2019, el departamento del Cauca pasó de tener 12.595 hectáreas de coca en 2016 a 17.117 en 2018, estando concentrada la mayor parte de los cultivos en la zona norte y sur del departamento. La agudización de estas problemáticas y el recrudecimiento de múltiples violencias ha afectado la labor de las guardias, llegando a significar la amenaza directa contra la vida de sus miembros. Uno de los hechos más recientes y de gran impacto a nivel local, fue la masacre ocurrida el 29 de octubre de 2019 en el resguardo de Tacueyó (Toribío), en la que fueron asesinados cuatro (4) Kiwe Thegnas y la autoridad Neehwe’sx Cristina Bautista, resultando también heridos varios Kiwe Thegnas, un Neehwe’sx y otros comuneros. A este tipo de situaciones se exponen líderes, guardias y autoridades en su ejercicio de construir autonomía, en tanto representan un proyecto contrapuesto al de los grupos armados. El rol de la guardia es entender el contexto, comprender por qué hoy el conflicto contra las comunidades indígenas y en especial contra la guardia. Entender eso y llegarle a la base, conversar con las familias. El reto que hemos desempeñado es: vamos a conversar con las familias, vamos a prepararnos más, vamos a orientar a nuestra comunidad de acuerdo a lo que conocemos, pero también prevenimos frente a los hechos que se vienen dando. Una escuela para la protección del territorio Desde las guardias se generan procesos de formación, se promueven espacios de paz y se trabaja por la consolidación de iniciativas de unidad a nivel zonal y departamental entre indígenas, afrodescendientes y campesinos como el Encuentro interétnico e intercultural de guardias, realizado desde 2018. También ha sido fundamental la inclusión de los niños en la protección del territorio; algunos consejos comunitarios de ACONC vienen promoviendo la guardia estudiantil y el Tejido de Defensa de la Vida y Derechos Humanos de ACIN lidera la escuela de Luucxs Kiwe Thegnas: Les vamos enseñando a nuestros niños que nuestra protección está cuando hablamos nuestro idioma, está cuando estamos aplicando nuestra cultura, cuando aplicamos nuestros rituales, cuando respetamos a la naturaleza, cuando le pedimos permiso a un lugar para estar, cuando no la contaminamos, cuando le hacemos caso a nuestros padres. De esa manera estamos contribuyendo a ser respetuosos con la madre tierra, pero también a tener un espacio de protección, un espacio de respeto, un espacio donde estamos equilibrando nuestras energías, nuestro sentir como niños nasa, pero también estamos haciendo un espacio de protección y de autoprotección. Recientemente y en especial durante el paro nacional que inició a finales de 2019, las guardias indígena y cimarrona fortalecieron su visibilidad y reconocimiento nacional e internacional como defensoras de la vida, el territorio y la paz. Foto: Cortesía. Desde esta perspectiva, las guardias han construido una legitimidad que se refleja con la consigna de “guardias, somos todos”, lo cual ha permitido que sin el uso de armas y en trabajo conjunto con los sistemas de justicia propia, comunidades indígenas y afrodescendientes ejerzan su autonomía con acciones frente a las economías ilegales, la presencia de actores armados y la vulneración a los derechos humanos. Es gracias a esa legitimidad y concepción colectiva que, pese al recrudecimiento de la violencia, Kiwe Thegnas y Guardias cimarrones asumen con convicción la labor de protección, cuidado y “defensa de la vida, el territorio y la paz”. Grandes desafíos quedan en el horizonte de las guardias, pues es evidente que su quehacer no es solo operativo, sino que es un componente fundamental de los proyectos políticos alternativos y las formas de autoridad que intentan consolidar las poblaciones indígenas y afrodescendientes en esta región como pilares de los mencanismos de autoprotección de sus comunidades y la construcción de paz. Hoy su ejercicio de autoridad es disputado mediante formas atroces de violencia; a pesar de las enormes transformaciones y la disminución en las acciones bélicas que ha traído la firma del Acuerdo de paz en la región y el país, la población civil, las autoridades étnicas y en particular las guardias, siguen siendo objeto de múltiples violencias. Frente a esto, no debe perderse de vista que la construcción de una paz estable y duradera pasa por el respeto y la protección de las comunidades como sujetos de derechos, así como sus visiones de justicia, protección y gobierno.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. Vuelve y juega. Por tercera ocasión la magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana, es retirada de uno de los casos en los que se investiga a Álvaro Uribe Vélez. Esta vez en el que se estudian los vínculos del senador con grupos paramilitares, más concretamente en la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), además de su presunta responsabilidad por omisión en las masacres de El Aro, La Granja y San Roque, mientras el expresidente ejercía como gobernador de Antioquia (1995-1997). La decisión fue notificada al abogado del senador Iván Cepeda, Fernando Rodríguez Kekhan, en la que puntualmente se informaba que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema retiraba de las investigaciones a la magistrada y militar en retiro, Cristina Lombana, apelando a la imparcialidad en la que podría caer la togada, dado que antes de llegar a la entidad judicial, Lombana fue miembro de las Fuerzas Militares y en ese momento Uribe ejercía como su jefe, pues este estaba en su periodo presidencial. El conflicto de intereses puesto en discusión por Iván Cepeda fue acogido por los otros integrantes de la Sala de Instrucción y bajo este mismo argumento, Lombana fue apartada de otros tres casos. En principio, por el de manipulación de testigos, luego por otros dos que se abrieron tras denuncias de Daniel Coronell y el exmagistrado de la Corte Suprema, Iván Velásquez por el delito de injuria. La memoria en busca de justicia Contra Álvaro Uribe Vélez hay alrededor de 30 casos en la Corte Suprema de Justicia. Entre otros están los de las masacres de El Aro, La Granja y San Roque, además del homicidio del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle, una de las primeras personas en denunciar la participación del Ejército. A esto se agrega que, al ahora senador, también se le investiga por la financiación, nexos y conformación del Bloque Metro de las AUC en la Hacienda Guacharacas (propiedad de la familia Uribe Vélez), hecho por el que enfrenta un juicio penal Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente. En mayo de 2018, la Corte Suprema declaró las masacres como hechos de lesa humanidad. Asimismo, se conoció que el proceso por este caso tiene 6 cuadernos, 30 anexos de pruebas por parte de la Fiscalía y 108 CD’s de diligencias de versión libre hechas por paramilitares acogidos a la ley de Justicia y Paz. Entre la omisión y la responsabilidad La sombra de las masacres ocurridas en Antioquia mientras Álvaro Uribe Vélez cumplía el papel de gobernador del departamento genera varios cuestionamientos que han tratado de ser resueltos, pero que han terminado en estancamientos judiciales. Ante esto es necesario no olvidar. El 22 de octubre de 1997 llegó un grupo de paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) con de cerca de 150 hombres, quienes se hacían llamar los ‘Mochacabezas’ a El Aro en Ituango. Allí asesinaron a 17 personas pobladores de la zona, hicieron torturas de forma pública, quemaron 42 de las 60 casas del corregimiento, robaron animales y obligaron a aproximadamente 700 habitantes de la región a desplazarse forzosamente. Nunca apareció la Fuerza Pública para proteger a la población, pero según declaraciones de Salvatore Mancuso, un helicóptero de la Gobernación de Antioquia sobrevoló el municipio durante la masacre, además contó que él había llegado al punto en uno de estos vehículos tras la orden de Carlos Castaño. En este hecho a través de otras versiones libres de paramilitares fueron incluidos, además de Uribe, el secretario de gobierno de ese momento, Pedro Juan Moreno, quien, según lo contado durante las investigaciones, conocía que se iban a tomar el corregimiento, al igual que el expresidente y su hermano Santiago Uribe. Además, se habla de una presunta complicidad con el Ejército Nacional. Un testimonio similar fue dado por el exjefe paramilitar Francisco Enrique Villalba, quien, en el 2009, un año después de su declaración, fue asesinado cerca a Medellín, mientras cumplía su condena de casa por cárcel. En julio de 2006 la Nación fue condenada por parte de la Corte Interamericana de Derechos humana por desproteger a los habitantes de El Aro, expidiendo, a su vez, la orden de iniciar investigaciones para determinar los responsables del hecho y poder reparar a las víctimas. Catorce años después esa diligencia aún está en proceso y el pueblo sigue clamando por verdad y justicia. Un año antes, en junio de 1996, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá llegaron también a Ituango, esta vez al corregimiento de la Granja. Bajo supuestas colaboraciones y participación con la exguerrilla de las Farc hicieron amenazas de limpieza social, asesinaron cinco personas y torturaron a pobladores frente a sus vecinos y familiares. Ituango, escenario del horror La omisión de nuevo fue la respuesta del Estado, mientras más campesinos se convertían en víctimas del Conflicto Armado en Colombia. En 2015, durante la sentencia a ‘Cuco Vanoy’, ex jefe paramilitar, se solicitó investigar a Uribe. Ese mismo pedido se hizo también por la masacre de San Roque ocurrida en el mismo año y de la cual se recibieron versiones del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, en las que se reitera la participación del ahora senador. Cabe resaltar que la incursión paramilitar que se dio en Ituango durante esos años empezó a ser denunciada por el abogado Jesús María Valle Jaramillo, quien además alertó de la presunta alianza entre Carlos Alberto Ospina, comandante para esa época de la IV Brigada del Ejército Nacional; Carlos Emilio Gañán, comandante de la Policía para ese periodo; Carlos Castaño, comandante paramilitar; Pedro Juan Moreno, exsecretario de Gobierno y Álvaro Uribe Vélez, exgobernador de Antioquia. Valle Jaramillo fue asesinado el 27 de febrero de 1998 por La Terraza, una de las bandas de Carlos Castaño. Ante esto el Tribunal Superior de Medellín estableció que Uribe debía ser investigado por el hecho, ente que a su vez condenó a 30 años de prisión por el homicidio a los hacendados Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo, quienes fueron cabezas del homicidio. A esto se le sumó lo declarado por ‘Don Berna’, quien aseguró que las denuncias fueron el detonante para que Pedro Juan Moreno, fallecido en el 2006 en un accidente, incitara al asesinato. Se esperaría que luego de casi veinte años de intentos por investigaciones eficientes se dé un paso para que la justicia acierte en el proceso y logre abrir camino para que los responsables intelectuales respondan por estos crímenes, además que se busquen medidas que brinden reparación y garantías de no repetición en un escenario donde vemos que olvido está ganando y que la historia parece repetirse en las mismas zonas donde la guerra llegó hace unos años y pareciera que no ha dejado de estar.

Por: Redacción Pares Las organizaciones sociales, ciudadanas, gremiales, las ciudadanas y los ciudadanos firmantes de esta comunicación solicitamos a la insurgencia del ELN un cese de sus acciones militares frente a la pandemia que corre por todo el mundo. Hacemos extensivo este llamado a los grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, la Nueva Marquetalia y todos los grupos armados, para que cesen su accionar violento. Unimos nuestra voz al clamor de las organizaciones campesinas, étnicas y sociales para avanzar hacia un cese de hostilidades humanitario de todos los actores armados que operan en sus territorios con base en la declaración de la OMS de la Pandemia llamada COVID19 que avanza aceleradamente en nuestro país. La situación de emergencia humanitaria amerita distensión y concentrarnos como país y como sociedad en asumir este enorme desafío pues continuar las hostilidades entre los actores armados, contribuye a la expansión y contagio del virus, con enormes pérdidas de vida. Llamamos al Gobierno del Presidente Iván Duque y a todos los actores armados irregulares a trabajar por acuerdos humanitarios que protejan a las comunidades que hoy sufren el rigor de la violencia y la vulneración sistemática de sus derechos, con particular énfasis, retomar el Acuerdo Humanitario en el Chocó. Esperamos por parte del ELN, del Gobierno, así como de los grupos armados ilegales, una respuesta positiva, pues no es justo que haya acciones bélicas y violentas en medio de la incertidumbre que está sintiendo la población en este momento. Lo ideal es mantener un ambiente de calma, de unión, que permita disminuir riesgos y complicaciones ante esta enfermedad que perjudica al mundo. En caso de que el ELN atienda este llamado le solicitamos al Gobierno que se comprometa en reciprocidad a no realizar acciones ofensivas en su contra. La Paz es prioridad nacional. Esta es una oportunidad para avanzar hacia la construcción de un país solidario y una paz completa. Colombia, 20 de arzo de 2020. Firman: Campaña Colombiana Contra Minas o Asociación Huilense de sobrevivientes de minas o Comité de Impulso Garantías Chocó, para Defensoras, defensores de derechos humanos, lideresas, líderes sociales, campesinos y comunales; o Huila sobrevivientes de accidentes con Minas Antipersonal o Red Departamental de Mujeres Chocoanas. o Alirio Morales Tapia – Presidente Concejo Municipal de Samaniego o Amilkar Pantoja Ipiales – Subsecretario de Paz y Derechos Humanos – Gobernación de Nariño o Carlos Bastidas Torres – Secretario Municipal de Gobierno – Alcaldía de Pasto o Dionicio Fonceca Pte ASOVICPAZ Arauquita o Elsy Melo Lopez – Gobernación de Nariño Consejo de Paz o Gloria Luna Rivillas. Defensora de derechos humanos. o Guillermo Díaz CPDH Arauca o Harold Montufar Andrade – Coordinador Instituto Sur Alexander Von Humboldt ISAIS o Holmes Fabián Ordoñez Quependo o Jair Montaña Mendez o José Reinelio Chicangana o Juvencio Rosero – Gobernador indígena del Pueblo Awa del Sande o Lidia AFANADOR Almendares Pta Sincato del Agro Araucano SINDEAGRO, o Martha Andrade – Consejo Municipal de Paz de Samaniego o Raúl Delgado Guerrero – Exgobernador de Nariño Organizaciones o Asociación Democracia Hoy. o Asociación Regional de Mujeres del Oriente AMOR o Campaña Paz Completa o Casa de la Mujer o Cipaz o Corporación Caribe Afirmativo o Corporación CSOMIANCOL o Corporación Reiniciar o Fundación Cultura Democrática o Fundación Escuelas de Paz o Fundación Paz y Reconciliación o GemPaz o Humanas o LGBTI por la paz o Mesa de Organizaciones Cívicas y Populares de ARAUCA-MOCIPAR. o Movimiento Social Discapacidad Colombia – MOSODIC o Puentes para la Paz – IMCOL o Unión Patriótica Arauca o Viva La Ciudadanía Personas o Alejo Vargas Velásquez, Profesor Universidad Nacional – Director de Centro de Pensamiento y Seguimiento al Dialogo de Paz o Álvaro Argote, Presidente Polo Democrático o Álvaro Jiménez Millán, Politólogo – columnista Director Campaña Colombiana Contra Minas Antipersonal 3 o Álvaro Villarraga Sarmiento, Politólogo especialista Resolución de Conflictos especialista DDHH y DIH magíster Derecho o Amada Benavides, Fundación Escuelas de Paz o Ana Teresa Bernal, Concejala de Bogotá o Ángela María Robledo Gómez , Académica y política. o Antonio Sanguino Páez, Senador Partido Alianza Verde o Aura Amelia Pareja Benítez, Defensora de derechos humanos o Beatriz Vejarano o Buenerges Vargas, LGBTI por La Paz o Catalina Cruz Betancur – Ciudadana o Cecilia López Montaño, Exministra de Agricultura, exsenadora y economista o Clara López Obregón, Exnegociadora de paz con el ELN y exministra de Trabajo o Claudia Mejía Duque , Feminista, defensora de DDHH o Daniel Esteban Bedoya Betancur, Historiador. o Daniel García Peña, Ex Alto comisionado para la paz y columnista de opinión o Eduardo Bustamante, Asamblea Provincial Constituyente del Oriente Antioqueño. o Eduardo Díaz Uribe, Exministro de salud y Exdirector de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos o Elizabeth Ungar Bleier, Exdirectora de Transparencia por Colombia, Politóloga, docente e investigadora Uniandes o Esmeralda Vargas Vallejo , Psicóloga especialista en infancia y adolescencia o Esperanza Hernández Delgado, Investigadora para la paz, académica y defensora de la Paz o Estephany Guzmán González, Historiadora o Gimena Sanchez, directora de Los Andes WOLA o Gloria Arias, Columnista y Defensora de la paz o Gloria Cuartas, Defensora de Derechos Humanos, participantes del grupo investigaciones para la paz o Gonzalo Sánchez Gómez, Exdirector del Centro de Memoria Histórica e investigador universitario o Guillermo García Realpe, Senador Partido Liberal Colombiano o Gustavo Triana, Secretario General del Polo Democrático Alternativo o Helena Mallarino , Actriz o Henry Acosta Patiño, Facilitador de diálogos de paz en el proceso con FARC o Iván Cepeda Castro, Facilitador del proceso de paz con FARC Exfacilitador de paz con el ELN y senador del Polo Democrático Alternativo o Jahel Quiroga, Corporación Reiniciar o Jaime Zuluaga Nieto, Profesor Universitario. o John Sudarsky, Ex senador del Partido Verde o Jorge Diego Acosta, Médico y presidente de la Asociación Nacional de Profesiones de la Salud y vicepresidente del Colegio Médico Colombiano. o José Noé Ríos Muñoz, Exnegociador de paz con el ELN y exviceministro o Juan Fernando Cristo Bustos, Exnegociador de paz con las Farc Exnegociador de paz con el ELN y exministro del interior o Juan Mayr Maldonado, Ecologista, exministro de Medio Ambiente y exembajador en Alemania. Miembro de la Comisión Nacional de Conciliación. Ex negociadores con el ELN en el gobierno Santos. o Julio Hernán Correal Triana, Actor, escritor y director teatral o Laura Gil, Directora Portal La Línea del Medio 4 o León Valencia Agudelo , Director Fundación Paz y Reconciliación o León Fredy Muñoz Lopera, Representante a la Cámara Partido Alianza Verde o Liliana Estupiñán Achury, Vicepresidenta Red Rinde y profesora investigadora Universidad Libre o Luis Eduardo Celis, Analista en temas de paz y conflicto armado o Luis Emil Sanabria Durán, Director de Redepaz o Luis Guillermo Pardo, Ex asesor de paz de Medellín o Luis Ignacio Sandoval Moreno, Asociación Democracia Hoy o Luis Torres, Presidente del POLO en Bucaramanga, o Luz María Múnera, Constructora de paz, o Luz Marina Arteaga o Marco Romero, Director de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad Nacional y director de Codhes o Marcos Calarcá, Exnegociador de paz y representante del partido FARC o María Cristina Alvarado, Periodista o María Eugenia Sánchez Gómez, Casa de la Mujer, feminista, defensora de derechos de las mujeres y de los derechos humanos. o María Victoria Duque López, Ciudadana o Martín Sandoval Rozó Defendamos la PAZ capítulo Arauca. o Mateo Peñaloza, consejero consultivo de LGBTI x La Paz o Maureén Maya o Mauricio Cabrera , Economista o Mauricio Rodríguez Múnera, Exjefe negociador con el ELN (agosto – octubre de 2016) profesor universitario y periodist o Olga Amparo Sánchez Gómez, Casa de la Mujer, activista feminista, defensora de la paz o Pablo Catatumbo, Exnegociador de paz y senador del partido FARC o Pastor Alape, Representante de FARC ante el Consejo Nacional de Reincorporación o Patricia Lara Salive, Periodistas y escritora o Patricia Rozo o Pedro Pablo Salas, Líder social de Boyacá, promotor de paz y reconciliación, Coordinador de movilización por la paz, capítulo Boyacá o Piero De Benedictis o Rafael Rojas, ReD – Rodeemos El Diálogo o Ritter López, Senador partido de la U o Rodrigo Uprimny, profesor UN o Roy Leonardo Barreras Montealegre, Exnegociador de paz con FARC Exnegociador de paz con el ELN, senador Partido U y CoPresidente de la Comisión de Paz del Congreso. o Socorro Ramírez, Exnegociadora con el ELN exprofesora de la Nacional y una maestra para nosotros internacionalistas o Sonia Eljach, Ex Consejera Presidencial para los derechos humanos; Ex Asesora en Políticas de Drogas de la Cancillería o Stella Cano, Escuela de Paz Eje Cafetero o Venus Quiroga Carrillo, REINICIAR Tolima o Víctor de Currea-Lugo, Periodista y profesor universitario o Wendy Ramos Niño, Comunicadora social o William Cristancho Duarte, defensor de DD.HH o Wilson Alfonso Borja Díaz, Exrepresentante a la Cámara y dirigente político

Por: Redacción Pares Escrito por León Tolstoi en 1886 y hacia el final de su vida, ¿Cuánta tierra necesita un hombre? es una parábola sobre la ambición del ser humano. Pajom, protagonista de la historia, es un campesino al que ninguna extensión de tierra satisface: cuanta más tiene, más necesita. Al conocer que los habitantes de una lejana región, los bashkirios, le ofrecen tanta tierra como pueda recorrer en un día, no lo dudará e intentará abarcar la mayor cantidad posible. Con este cuento del autor ruso, Pares pone a circular palabras de épocas pasadas cuyos contenidos, formas y ritmos tienen vigencia por la interpretación acertada de procesos humanos que trascienden el tiempo. Estas palabras son el reflejo fiel de un humanismo vivo, que puede renovarse y fortalecerse en estos días tan duros que corren. La lectura es una acción sutil, de creación, es conocimiento y actúa para extender la vida humana: leen aquellos que quieren ir más allá de lo cotidiano, quienes no están satisfechos con lo que el mundo ofrece, quienes reniegan de las fórmulas mágicas de felicidad; leen quienes tienen la mente abierta para imaginar y expandir su memoria, aquellos que no se conforman con vivir para el instante. ¿Cuánta tierra necesita un hombre? es un equilibrio magistral entre el mensaje social y la belleza del relato. Que lo disfruten. Descargue aquí el texto completo

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares El mundo debe saber que, paralelamente a la calamidad que está generando la pandemia del Covid-19, en Colombia no hay cuarentena que mitigue el asesinato selectivo de líderes y lideresas. Asimismo, porque esta situación ha sido desatendida por el gobierno nacional que, casi como sacado de un escrito de Eduardo Galeano, en Colombia “la historia oficial no la escribe la memoria, sino el olvido”. El Estado arrojó al olvido a Marco Rivadeneira, un histórico líder social del departamento del Putumayo, quien, entre otras cosas, lideraba procesos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en esta región y quien exigía al gobierno la implementación del PNIS en distintos espacios. El líder fue asesinado este 19 de marzo. Rivadeneira fue presidente de la Asociación Campesina de Puerto Asís Putumayo (ASOPUERTOASIS). También integraba el Comité Nacional de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos (Coerupa). Asimismo, el líder social pertenecía al Congreso de los Pueblos, quienes manifestaron su repudio. Señalaron desde su cuenta en la red social Twitter: “Compañero Marcos las balas te arrebataron la vida, pero tus sueños seguirán dejando tu huella y legado por un país para la vida digna.” Dramática situación a nivel nacional De acuerdo con cifras del SIPARES de la Fundación Paz y Reconciliación, tras la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados 364 líderes y lideresas en Colombia. Los departamentos con más líderes asesinados son Cauca, Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Chocó, Córdoba, Valle del Cauca y Putumayo. Además, en más del 80% de los crímenes el Estado no ha podido determinar cuál es el agente perpetrador, lo que incrementa la impunidad de este fenómeno tan preocupante de violencia. Los departamentos con más líderes asesinados son Cauca, Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Chocó, Córdoba, Valle del Cauca y Putumayo. Mapa: Pares. Asimismo, los perfiles de líderes y lideresas más victimizados son el de líder o lideresa de una Junta de Acción Comunal -JAC (presidente o miembro) con un 30%; líder o lideresa indígenas 16.9% y 13.9% líderes y lideresas campesinas. Grupos armados en el Putumayo Ahora bien, para el caso del departamento del Putumayo, cabe anotar que operan grupos armados denominados como ‘La Constru’, ‘Mafia Sinaloa’ y las disidencias del Frente 32 Columna Móvil Teófilo Forero); (Mando: Alias “Wilder”); (Línea: Gentil Duarte e Iván Mordisco); en los municipios de San Miguel, Puerto Asís, Puerto Guzmán y Puerto Caicedo. Asimismo, hace presencia el Frente 48; (Mando: Pedro Oberman Goyes Cortés y Alias «Sinaloa”); en los municipios de Orito, San Miguel y Puerto Asís. Por otro lado, según cifras de Pares, en tierras putumayenses han sido asesinados 18 líderes y lideresas después de la firma del Acuerdo de Paz. Los municipios donde han ocurrido la mayor parte de crímenes son Puerto Asís, Puerto Guzmán y Valle de Guamúez. Los perfiles más victimizados en este departamento son de líderes y lideresas de Juntas de Acción Comunal – JAC, Comunitarios y campesinos. Al igual que a nivel nacional, más del 80% de los casos no se le reconoce el agente perpetrador del crimen. Mapa: Pares. «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»

Por: Natalia Aguilar Salas. Colaboradora Pares. El beneficio de tener una casa, servicios básicos, alimentos y acceso a las tecnologías de la información y un salario fijo no es lo común para la mayoría de la población colombiana. A raíz de la crisis mundial generada por el COVID-19 se evidencia por las redes sociales que algunas personas van a tener una situación cómoda en caso de una posible cuarentena, sin embargo, hay otra parte de la población que se enfrenta a duras condiciones para lograr sobrevivir durante esta crisis, entonces ¿Por qué el gobierno nacional y los gobiernos locales no han tomado las medidas necesarias para proteger a esta población? Las personas que viven del día a día, vendedores ambulantes, trabajadoras y trabajadores sexuales, tenderos, joyeros, conductores, artistas, trabajadoras domésticas, y por supuesto los habitantes de calle, los sin techo, dependen de aquello que ganan cada día para lograr sobrevivir, pocas medidas se han escuchado por parte del gobierno para asegurar que esta población no entre en un riesgo mayor al cual se enfrentan en su cotidianidad. Medidas insuficientes para el habitante de la calle Los habitantes de calle no tienen un hogar, ni siquiera una habitación o refugio a donde acudir en caso de emergencias, como la que vivimos en este momento, probablemente serán las más expuestas al contagio, sin las medidas de protección necesarias para su cuidado, como tapabocas, agua, jabón,acceso a medicamentos y alimentos. La Secretaría de Integración Social tiene un protocolo para la protección del personal que atiende a esta población, y medidas estrictas para los hogares de paso, centro de alta dependencia y las unidades de protección. Varias de las precauciones que se están tomando son intensificar actividades de monitoreo y capacitación del cumplimiento de procedimientos, eliminar el contacto directo con fluidos corporales, uso de guantes de látex y tapabocas, lavado de manos frecuente con agua y jabón, uso de gel antibacterial y seguir prestando el servicio de hogares de paso con medidas de limpieza y desinfección rigurosas, informó kienyke.com al igual que la secretaria de integración social. Aunque dichas medidas pueden funcionar hasta cierto punto, al parecer no son suficientes. Según el censo poblacional de habitantes de calle de 2018, existen 9,538 habitantes de calle en Bogotá, mientras que solamente hay ocho (8) hogares de paso, un centro de atención transitorio, 1 comunidad de vida, 1 centro para el desarrollo de capacidades y un centro de enlace social. Aquellos que se encargan de recibir todas las noches a esta población son los hogares de paso, ya que en los otros centros requieren un tratamiento de reintegración social prolongado y constan de aproximadamente 100 cupos. Aunque los hogares de paso tienen entre 94 y 100 cupos, estos funcionan de acuerdo a aquellos que consiguen entrar por la noche, pero aquellos que no consiguen cupo buscan un rincón en la calle. La falta de capacidad en los hogares de paso y los centros para esta población representa un desinterés por parte del Estado y por parte de la población, y sin duda esto se ve en el vocabulario de muchos que indolentemente les llaman “desechables”, y también en las políticas públicas gubernamentales que pocas veces se enfocan en las poblaciones “no deseadas”, como las trabajadoras sexuales, los presos y los habitantes de calle. El brote de esta pandemia ha creado una oportunidad para repensar la forma en la cual se comportan los gobiernos, la población y por supuesto ha mostrado la necesidad de mejores derechos y condiciones laborales para aquellos que son invisibilizados constantemente por el gobierno, por los medios de comunicación, las redes sociales, incluso las miradas en la calle prefieren ignorarlos para no hacer cara al problema. Alrededor de 800 cupos no son suficientes, para 9.538 habitantes de calle en la capital del país. Es hora de que el gobierno tome medidas contundentes frente a todas las poblaciones que están en riesgo, aunque es poco probable, considerando que ni siquiera escuchan a aquellos que levantan sus voces en marchas y movilizaciones. ¿Qué sucederá con quienes están en esta situación? El coletazo que representa el COVID-19 en la economía no solo es un tema de indicadores en la bolsa, la subida en el precio del dólar, o una reducción del mercado mundial. También afecta a todos aquellos quienes hacen parte de la economía informal, tanto vendedores ambulantes, como trabajadores domésticos se encuentran en un limbo decisional. Si bien países como Uruguay ya plantean un mayor gasto de seguridad social según la diaria, al igual que Argentina donde se establecieron licencias para empleados domésticos mayores de 60 años, personas con enfermedades o con hijos en edad escolar, aunque esta medida depende del empleador, plantea una visibilización de esta población, aún es un misterio qué medidas puede tomar Colombia y todavía más, si el gobierno central y las entidades territoriales no se ponen de acuerdo respecto a sus decisiones. Aproximadamente el 48% de las personas empleadas en Colombia lo hace de manera informal según el DANE. No estamos hablando de un pequeño problema, estamos hablando de padres de familia, de adultos mayores y mujeres embarazadas que dependen de su trabajo día a día. Son vendedores ambulantes que no pueden simplemente acatar una medida de aislamiento social sin tener una garantía mínima de supervivencia, son empleados de servicio que sus labores y pagos ahora son más inciertos que nunca. Sin embargo, aquí entran también estos tipos de trabajos no reconocidos socialmente como la prostitución o el reciclaje, quienes indudablemente son una población de riesgo en este momento. Estos ciudadanos dependen de una verdadera medida estatal que respalde a sus ciudadanos en esta situación de emergencia, y no de comunicados que se limpian las manos ante esta población. Es aquí y ahora donde el gobierno tiene que entender que debe actuar y actuar bien, no debe dar la espalda y comprender que la coordinación con las entidades territoriales es fundamental para afrontar de mejor manera este escenario. Una propuesta de refugio Uno de los lugares que planteó la senadora Aída Avella, en entrevista reciente con Pares, para recibir a los habitantes de calle y brindarles las condiciones necesarias en caso de cuarentena son los edificios que se encuentran en extinción de dominio y pertenecen a la FAE. Por otra parte, para ayudar a aquellos que viven del diario Gustavo Bolívar propuso donar el 10% del salario mínimo para brindar apoyo a aquellos que más lo necesitan en este momento, por otra parte están aquellas organizaciones como la red comunitaria trans, la cual está recolectando mercados y dinero para las trabajadoras sexuales del barrio Santafé. Esperar a que el Presidente y sus ministros tomen medidas contundentes nos pueden llevar a una crisis nunca antes vista en Colombia. Es momento de apersonarse de la situación; no estamos solos, tenemos a nuestras familias, a nuestros vecinos y por supuesto el apoyo que brinda la tecnología, sin embargo también necesitamos aportar a aquellos que están en situación de precariedad y no tienen todas estas ventajas. Exigir que sus derechos se respeten y exigir que si se decreta cuarentena los habitantes de calle deben ser cobijados por el gobierno. También, si se es empleador es hora de demostrar que todavía existe humanidad y continuar pagando sueldos a las y los trabajadores, cooperar en la comunidad para el bienestar de todos a nivel local, nacional y mundial. La solidaridad es la ternura de los pueblos, como lo dijo la escritora nicaragüense Gioconda Belli.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. La arenga que muchos repetían durante las movilizaciones, especialmente las del Paro Nacional del año pasado: “primero lo primero: salud y educación” cobran más vigencia hoy. Es oportuno ese cuestionamiento, pues en tiempos como los de ahora nos damos cuenta de la problemática que se nos viene a causa del precario y excluyente sistema de salud. A esto se le suma la inoperancia y falta de criterio decisivo de Iván Duque, cosa no menor. Justamente el día de ayer el Gobierno Nacional expidió el Decreto 418 del 18 de marzo de 2020, por el que se dictan medidas transitorias en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus, el cual plantea que la dirección de esta situación y las decisiones que se tomen ante el COVID-19 están en cabeza del Presidente. Con esto, deslegitimaba los toques de queda y simulacros de aislamiento preventivo que ya se habían programado en algunos departamentos y ciudades, entre estas Bogotá, la que al momento registra el número más alto de casos: 45. Sin embargo, la respuesta de los ciudadanos fue inmediata y poco después se convocó un cacerolazo en rechazo a esta medida y a la poca contundencia de Duque para velar por el bien común por encima de otros intereses; económicos, por ejemplo. A las 8 de la noche varias cacerolas se escucharon en las calles, pero desde las casas, de alguna forma recordándonos que el espacio público que nos diputábamos hace tan solo unos meses, ahora nos lo discutimos de manera inversa, pero con algo en común, los reclamos que nos convocan y que nos recuerdan que la consigna debe ser siempre el bien para el pueblo. Los errores del decreto Al final, algunos errores fueron señalados por cuenta del senador Roy Barreras, quien a través de Twitter dijo: “Alcaldes y Gobernadores: Pueden seguir con sus decretos de aislamiento. Acabo de verificar que el decreto 418 no es decreto ley sino ordinario. No trae en su motivación el 417. No tiene firma de todos los ministros. Hasta los decretos y los errores les quedan mal hechos”. Tras esto, un llamado a la desobediencia civil y aclaraciones de acuerdos que se habían hecho previamente, algunos gobernantes locales han mantenido las medidas preventivas antes nombradas: Bogotá, Neiva, Manizales, Cartagena, municipios del Oriente Antioqueño, Sucre, Quindío, Meta, Caquetá y Córdoba. “Es necesaria una coordinación, debemos seguir insistiéndole al presidente desde todos los lados que tome las riendas del país, pero que las tome de manera sensata, decidida, urgente y drástica. Es muy importante eso. El país que siempre ha sido presidencialista, que acoge la conducción del primer mandatario lo respaldara si él es capaz de ponerse por encima algunos intereses y gobernar para todos los colombianos”, afirmó, León Valencia, director de Pares. ¿Por qué son importantes las medidas preventivas? Según el Dane, en el año 2019 en Colombia se registraban 48.2 millones de habitantes, de esos el 9.1% eran mayores de 65 años, lo que representaría alrededor de 4.386.200 personas. Por otra parte, la Asociación Colombiana de Diabetes alertó que en 2018 que 4.5 millones de los colombianos sufrían esta enfermedad y de estos la mitad no lo sabía. Adicional, Caracol Radio informó en mayo de 2019 que la cifra de pacientes con hipertensión era de 3.713.000 y el Tiempo aseveró que, en el 2018, 4.350.221 personas habían sido tratadas por enfermedades respiratorias. Asimismo, el Observatorio Global de Cáncer publicó que solo en el 2018 se habían registrado 101.893 casos de cáncer en el país. Estos son los números que representan las personas con un nivel más alto de mortalidad con la llegada del Coronavirus a Colombia, virus que hoy tiene 108 contagiados en el territorio nacional y también una de las cifras que ha subido con más rapidez desde el 06 de marzo, el día que se conoció el primero en Bogotá. Los casos de otros países y sus medidas de contención nos estaban dando aviso de los errores que podíamos evitar cometer en el país. “Luego no hemos tenido la suficiente lucidez para actuar. Era necesario cerrar aeropuertos, no se hizo. Era necesario restringir la presencia de la ciudadanía en lugares públicos masivos. Era urgente también empezar a poner todo el aparato de salud en disposición de hacer conteos reales y aleatorios en las calles y no lo hicimos. Nosotros estamos mostrando la debilidad de nuestro sistema de salud”, aseveró León Valencia. Esto puede ser uno de los puntos que nos permitía tomar las advertencias de otros lados, pero no comparar los alcances que podría llegar a tener el virus y su propagación en problemáticas sociales. A Colombia le llegó el COVID-19 cuando el Presidente elegido pasa por varios quiebres en su gobierno; líderes y lideresas sistemáticamente asesinados, escándalos de narcotráfico, compra de votos, intercepciones telefónicas ilegales, una estabilidad económica decayendo, un sistema educativo reclamando recursos y en general un descontento nacional que ha tenido como resultado un paro que se ha extendido hasta este año desde noviembre de 2019. Y ante todo esto ninguna respuesta ha sido contundente. Ahora lo vemos, el COVID-19 no fue la excepción. En Colombia, seguramente la situación que más encenderá las alarmas, si es que ya no las ha encendido, es el número de camas disponibles en las Unidades de Cuidados Intensivos. Según lo informado por la Revista Dinero el pasado 17 de marzo “el país cuenta actualmente con una capacidad real de 5.300 camas de UCI. Sin embargo, solamente entre el 10 y el 15% tiene el aislamiento adecuado como para atender pacientes de COVID-19 severo. Esto significa, que en Colombia solo habría alrededor de 750 camas para manejar pacientes Covid-19 de verdad aislados como corresponde, para que estos pacientes no contagien a otros pacientes”. La solidaridad es la ternura de los pueblos Ante las pocas medidas y la terquedad del presidente por acatar las advertencias, deslegitimando lo que se propone y velando por intereses económicos, como los de Avianca, donde su hermana tiene uno de los cargos más altos de la compañía, además de hacerse el de la vista gorda con los laboratorios de cocaína que han aparecido y el narcotráfico que ha querido salir del país, Duque nos tiene a la deriva con un panorama no alentador que prevé, sin necesidad de mucho análisis, que los hospitales van a colapsar, que la epidemia será mortal, pero también serán letales las pocas soluciones que se han tomado frente a la precarización en la que está el sistema de salud. ¿Quién podrá hacer uso de esas 750 camas de UCI adecuadas para tratar el COVID-19? Seguramente no son los mismos que hoy están en las calles con un mayor riesgo de contagio, quienes hoy no han podido decir #YoMeQuedoEnCasa Cabe resaltar, el riesgo de salubridad, no solo está siendo afectado por el desacato a medidas más efectivas que las propuestas por Duque, sino también por la negativa que ha puesto el presidente para poder hacer un pacto que permita trabajar conjuntamente por los migrantes que están en zonas cercanas a la frontera y donde se ha decidido cerrar los albergues que daban protección a quienes no tiene posibilidades de estabilidad económica que les permita establecerse permanentemente en un punto con condiciones de vida dignas. Este sería el momento preciso para decirle al dirigente nacional lo que alguna vez dijo Gioconda Belli: “La solidaridad es la ternura de los pueblos”. También es el momento para que nos movilicemos políticamente, entendiendo que esto no solo es en las calles, es también generando aprendizajes colectivos, cuidarnos, no generar pánico, sensibilizarnos, poner en discusión las problemáticas nacionales y si es necesario, no dejar la cacerola para seguir presionando al Gobierno hasta que tome las riendas de una forma responsable con todos y todas.

Por: Jaime Palma. Investigador de la Línea de Seguridad Urbana y Crimen Organizado, Pares. Este miércoles, ciudadanos de Girardot reportaron por medio de las redes sociales el inicio de la llegada masiva de turistas al municipio, luego de la explicación de las medidas que aplicarían en Bogotá frente al simulacro de cuarentena que se realizará en la capital desde el viernes y hasta el lunes festivo, en coordinación con el departamento de Cundinamarca. La indicación expresa que dieron tanto la alcaldesa de Bogotá Claudia López, como el Gobernador Nicolás García Bustos fue precisa: no son vacaciones y para evitar la propagación la recomendación principal es quedarse en casa, con el propósito de que los gobiernos locales puedan identificar las vulnerabilidades municipales a las que se enfrentarían sus sistemas en caso de decretarse la cuarentena. En contra de las recomendaciones para evitar la propagación, la cultura ciudadana no les permitió a algunos que disfrutaban del beneficio del aislamiento preventivo y de teletrabajo, asumir con responsabilidad el reto que enfrentamos como especie humana, y algunas administraciones locales no procedieron a blindarse en consonancia con las medidas. A la disposición le ha faltado mayor coordinación entre el nivel departamental y los 116 municipios que, de acuerdo con la información que reportó el Gobernador, se sumarían al simulacro de la capital. Aunque los anuncios se realizaron con las mejores intenciones, es posible que el resultado haya sido algo similar a lo que sucedió con el Aeropuerto El Dorado donde no se procedió a la disposición de mayor personal para el control de llegada. A falta de mayor coordinación entre los niveles territoriales podríamos estar asistiendo a una mayor propagación de la pandemia. Medidas de protección En el caso de Girardot, se asumió erróneamente que el sistema sanitario y de salud estaría en todas las capacidades de atender no solo a los girardoteños, sino también a los turistas. Y no es así. De allí que en horas de la mañana el alcalde Francisco Lozano socializó por Facebook Live las medidas que entrarían a operar en el marco de un decreto que se expediría en horas de la tarde, que también entró en un limbo después de la intervención del Ministro de Defensa y la Ministra del Interior dando a conocer el decreto 418 de 2020. El mismo alcalde reconoce que el municipio es susceptible a la llegada masiva de personas provenientes de otras ciudades y procede, entre otras, a: 1. reunirse con los alcaldes de los municipios de Ricaurte y Flandes para iniciar un diálogo para evitar la propagación; 2. convocar a los comerciantes a una reunión que evite que el municipio de Girardot, en caso de agudización de la crisis, se quede sin provisiones y “aislada del mundo”; 3. visitas a los turistas para realizar exámenes y evitar cualquier riesgo; 4. convoca a las personas que hayan llegado de otras ciudades y que hayan tenido contacto con personas de otros municipios y países a que lo reporten, con el propósito de realizar una visita domiciliaria para “realizar un examen verdaderamente exhaustivo y evitar riesgo alguno”; 5. evitar la exposición de las personas con enfermedades crónicas, hacer los trámites vía virtual con las EPS e IPS, y comunicar cualquier problema con la secretaría municipal de salud; 6. adaptación de la administración pública que también entra en cuarentena: mayores de 60 años se aislarán en sus casas, al igual que los niños, niñas y adolescentes del municipio. De igual forma, se acomodarán horarios “para cumplir y trabajar por el municipio durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana”; 7. aunque toda la administración estará a disposición de la Secretaría de Salud, se suspende la atención al público, con la excepción de las secretarías de tránsito, hacienda y la oficina de atención al ciudadano; 8. el decreto incluye el toque de queda para todas las personas desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana; 9. prohibición de reuniones de más de diez personas; 10. alineamiento con las medidas de la Organización Mundial de la Salud y del Gobierno Nacional y Departamental conforme dispongan; 11. invita a todos a continuar en sus casas con el aseo de manos y el cuidado de la higiene de los hogares; 12. ante cualquier requerimiento de atención médica comunicarse con línea dispuesta por la secretaría de salud; 13. Entrega de kits de prevención a partir del viernes. Preocupación por ‘avalancha’ de turistas A diferencia de otros municipios como Fusagasugá, en el que el alcalde tomó desde el inicio la determinación de restringir totalmente la circulación de vehículos y personas desde las 00:00 horas del viernes 20 de marzo y hasta las 00:00 horas del martes 24 de marzo, la intervención del mandatario girardoteño no deja claro si la ciudad se sumaría en cumplimiento cabal de las disposiciones que tomaría Bogotá, en las que se restringe la circulación más allá del plazo del toque de queda previsto para el municipio. Sin haberse iniciado el simulacro de cuarentena, y aunque Girardot no registra aún casos oficiales de contagio por COVID-19, existe ya espacio a dudas sobre la llegada del virus antes del inicio del ejercicio. Asimismo, en horas de la noche, los medios locales reportaron la preocupación que se empezaba a sentir tanto por el posible desabastecimiento que generaría el arribo de turistas que empezaron a aprovisionarse en los supermercados de grandes superficies, como dudas frente a la capacidad de la cultura ciudadana girardoteña para enfrentar la crisis. El caso de Girardot alerta sobre uno de los errores que ya cometió Italia, cuando después de la movilización para pasar los días de cuarentena en compañía de familiares, las personas terminaron propagando la enfermedad en otros lugares del país. Por su parte, los mandatarios locales colombianos son también conscientes que pueden errar y que el ejercicio de simulación les permite aprender, pero también es importante no obviar las lecciones que nos han dejado otros países. Lo sucedido hasta el momento evidencia que las ciudades turísticas son un eslabón débil de la cadena, si no se adoptan medidas desde antes de declarar la cuarentena. Se evidencian, en consecuencia, por lo menos dos tropiezos que no podemos volver a cometer. En primer lugar, si se van a permitir desplazamientos antes del aislamiento generalizado, se debe fortalecer las capacidades técnicas de detección de la enfermedad en terminales y antes de la llegada de visitantes a los hogares en las ciudades donde planean pasar el aislamiento, de forma tal que los diagnosticados con la enfermedad cumplan estrictamente con los protocolos. En segundo lugar, y aunque el decreto que se planea desde la gobernación contempla la restricción del tránsito intermunicipal, es importante que se generen instancias de coordinación regionales sobre zonas amplias del territorio, que permitan restringir inmediatamente la circulación en estas vías, evitando el desabastecimiento. Con ello, se evita la propagación entre las ciudades turísticas de la región durante las horas del día en las que no aplican los toques de queda. Girardot y la región enfrentan desde la fecha horas decisivas para evitar la propagación, y se debe asumir con determinación la participación en el simulacro, en cumplimiento de todas las disposiciones que contemple Bogotá. En ausencia de esta, convendría también un ejercicio de participación de iniciativa ciudadana, cuya responsabilidad en su promoción parta de los medios locales. Finalmente, no se puede de forma pasiva esperar los reportes de síntomas y se deberían implementar controles, por lo menos, en el terminal y en los lugares del municipio que ya reportan llegada masiva de turistas. Para ello, es indispensable que, desde ahora, el gobierno Nacional y Departamental identifiquen estas ciudades turísticas vulnerables y se disponga de recursos para fortalecer las capacidades de sus sistemas de salud para actuar tanto en las fases de prevención, como de tratamiento de la enfermedad.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares “Afuera van ladrando los fusiles. / En este pueblo florecemos / de la poca tierra / que nos quedó entre las uñas.” En este Pueblo. Jennifer García Acevedo Irnel Flores Forero y Belle Estér Forero son los nombres de los últimos firmantes de paz asesinados en Colombia. La crueldad de la violencia no descansa en tiempos de pandemia, esa es la realidad nacional. Hay un país a la deriva, ni el virus puede tapar el bucle de sangre al que parece estar condenado este país. En tiempos que el gobierno nacional pide solidaridad a su pueblo, recordamos que este ha abandonado —en casi veinte meses de mandato— a quienes le apostaron a la paz un 24 de noviembre de 2016. De hecho, durante este periodo de mandato de Iván Duque han ocurrido alrededor del 42% de los asesinatos de los excombatientes, de acuerdo con las cifras que han venido presentado la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Un clamor por la vida De acuerdo con voceros de la FARC, el asesinato fue perpetrado el pasado 17 de marzo en horas de la noche en un caserío conocido como El Rubí, en el municipio de La Macarena (Meta). De esta forma, para el caso de 2020, ya han sido asesinados 16 integrantes de la FARC. 190, de acuerdo con las cuentas de la FARC desde la firma a la fecha. En el departamento del Meta, según cifras del SIPARES, son siete (7) asesinatos con los de Irnel y Belle. Asesinatos en los municipios de La Macarena, como el municipio más victimizado, Vistahermosa, La Uribe y Villavicencio. Es importante recordar que, de acuerdo con el informe ‘Más Sombras que Luces’ de Pares, el sur del departamento del Meta hace parte de una de las cinco subregiones más violentas producto de la presencia de Estructuras Armadas Ilegales. Sur del Meta, Guaviare y Caquetá La subregión conformada por los departamentos de Guaviare, Caquetá y sur del Meta, posterior a la firma del Acuerdo de Paz, ha adquirido un especial interés tanto para la explotación indiscriminada de recursos naturales como para la ampliación de economías ilegales (cultivos ilícitos, deforestación a gran escala y minería). Esta situación ha generado nuevos enfrentamientos entre grupos ilegales – Grupos Armados Postfarc (GAPF) y Grupos Armados Organizados (GAO) – y Fuerza Pública por el control del territorio y la apropiación de corredores estratégicos económicos necesarios para el reordenamiento de estos grupos residuales de las FARC, progresiva expansión que puede convertirse en una tendencia como consecuencia de ofensivas, contraofensivas y rupturas que se dan en el territorio posterior al Acuerdo. De igual forma, según el informe de Pares: “Hay presencia de grupos criminales y bandas sicariales, reductos del Bloque Meta y Libertadores del Vichada que operan en San José del Guaviare, Villavicencio, Mapiripán, La Primavera y Puerto Carreño, que controlan el crimen organizado y son liderados por dos exintegrantes del grupo paramilitar los “Puntilleros”: alias “Caracho”, paramilitar que controlaba los Llanos Orientales y que quedó al mando después de alias “Cuchillo” y Richard, brazo militar de este, el cual según fuentes territoriales aún dirige desde la cárcel los grupos delincuenciales y de sicariato.” Mapa: Pares. La muerte sigue dispersándose por Colombia El 80% de los asesinatos están en la impunidad, pues no se conoce su perpetrador. Es más, a nivel nacional cerca del 60% de los hechos se desconoce el agente perpetrador. De acuerdo con cifras de Pares, además de los asesinatos a personas en proceso de reincorporación, son 25 los familiares de firmantes de paz que han sido asesinados tras la firma del Acuerdo de Paz. Por otro lado, los tres departamentos más victimizados son Cauca (27 casos), Nariño (22) y Antioquia (20) como se refleja en el mapa de calor. Miles de exguerrilleros poniéndole el pecho a la paz Pares ha hablado con la comunidad en proceso de reincorporación que se encuentran en distintos ETCR a nivel nacional. Para los y las firmantes de paz, es prioridad que se implementen esquemas de seguridad colectivos que, por un lado, les permita su protección, pero que también garantice su proceso de las iniciativas productivas y su participación en política. Por otra parte, manifiestan con preocupación la estigmatización a la que han sido expuestos por discursos del gobierno nacional o de la institucionalidad sobre su vinculación a las disidencias o a economías ilegales. Asimismo, reiteran que es inaceptable que organismos de la Institucionalidad o el mismo gobierno señalen que los asesinatos no son en razón a su figura como firmantes de paz. Cabe aclarar que, según cifras de la Agencia Nacional de Reincorporación, son 2.893 personas en proceso de reincorporación que tienen presencias en los denominados antiguos ETCR, que son 24 en total. Es un grueso de población que, por medio de los proyectos productivos, le está apostando a la paz y que clama por que se le garantice la seguridad. «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»