Por: Laura Cano. Periodista Pares. Este martes en la noche, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos alertó sobre el incendio que se registraba al interior de la cárcel La Picota, ubicada al sur de Bogotá. Esto tras una jornada de desobediencia pacífica que se dio ante la falta de medidas efectivas y cumplimiento de protocolos con la situación de salud pública que hay en el país para el manejo del Covid-19. A través de un comunicado del INPEC, se informó que esta situación se había generado por la inconformidad de los internos con las medidas adoptadas para prevenir el contagio del virus. Sin embargo, estas medidas han sido cuestionadas por su eficacia, pues para crear herramientas que realmente atiendan esta dificultad, hay que tener en cuenta, entre otras cosas, el problema estructural carcelario que hay en el país, que como una de sus consecuencias ha generado un hacinamiento de casi el 55%. Cabe resaltar, que, según lo informado por la Defensoría del Pueblo, en el año 2018, las cárceles de Colombia contaban con una capacidad para 80.203 personas y para ese momento había 119.842 personas privadas de la libertad. Generar acciones que no tengan en cuenta este tipo de contextos y pretender solucionarlo de forma apresurada como si nada pasara allí adentro, está representando un riesgo de contagio a las personas internas, quienes por sus condiciones de vida podrían registrar una mayor probabilidad de letalidad, esto entendiendo la calidad de atención médica en las cárceles y a su vez, la capacidad de atención que hay para los reclusos. Pares habló con Alejandra Romero y Óscar Ramírez del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), una organización que trabaja para exigir y promover un trato digno, un juicio justo e imparcial y todos los derechos de las personas privadas de la libertad, especialmente, de las procesadas por delitos políticos y judicializadas por participar en la protesta social. Pares: Con la propagación del Covid-19 ¿cuál es la situación que hay en La Picota que tuvo como resultado la jornada de desobediencia pacífica ayer? CSPP: Las personas privadas de la libertad están exigiendo que se cumplan con rigurosidad los protocolos. Desde el fin de semana se evidenció que las visitas se habían restringido para algunos presos, pero para otros, que son presos de alto perfil, no. Adicionalmente son insistentes en que el personal de guardia penitenciaria cumpla con rigurosidad con el lavado de manos, la desinfección y que además de eso tengan un tapabocas porque es personal que está saliendo y entrando. Asimismo, con otro tipo de personal externo al establecimiento, como el que trabaja en las áreas administrativas y en algunas dependencias del establecimiento y que tienen que salir constantemente. Ellos no están observando con rigurosidad los protocolos establecidos para el momento. Adicionalmente los presos entienden que la realidad del sistema penitenciario tiene unas deficiencias de carácter estructural, que si no se resuelven van a hacer que si el virus llega a la cárcel sea mucho más letal. Las exigencias son que se les deje entrar jabón antibacterial porque el Estado no se los ha suministrado, que se les permita el ingreso de kit de aseo; porque tampoco les han suministrado y que les permitan tener el ingreso de tapabocas porque los privados de la libertad no tienen y las personas que ya tienen enfermedades están recibiendo una atención médica bastante precaria. Hay escasez de tapabocas, si se reparten habría de a 10 tapabocas por patio, y en cada patio puede haber entre 200 y 300 internos. Pares: ¿Qué sucedió puntualmente el día martes en la noche? CSPP: Particularmente anoche hubo varias jornadas de desobediencia pacífica en los patios. Estas consistieron en no dejarse encerrar; las encerradas son desde las 5 p.m. y vuelven a abrir las celdas a las 5 a.m. por motivos de orden y seguridad del establecimiento. Algunos patios no se dejaron encerrar sino hasta las 8 p.m. y otros en un ejercicio de más radicalidad no se dejaron; fundamentalmente los patios de extraditables que están al lado de los patios de la UTE, que son los patios de tratamiento especial donde hay personas aisladas con enfermedades. Ellos hicieron este acto, no porque rechacen los protocolos, sino porque exigen el cumplimiento de medidas reales que les permitan una mejor atención. En la noche ingresa el Comando de Reacción Inmediata (CRI) a la UTE y al patio de extraditables a generar confrontación, esto como represiva a las acciones de protesta que se adelantaban. Un interno, según testigos, por iniciativa propia quemó una colchoneta y el CRI empezó a tirar gas lacrimógeno de manera indiscriminada, incluso cuando ya habían acordado de encerrarse. El gas asfixió a quienes ya estaban dentro de las celdas. Pares: Ayer el INPEC presentó un comunicado donde dicen que tras lo ocurrido no había ningún herido y afectado. ¿Ustedes recibieron algún reporte desde la cárcel? CSPP: Lo que me reportaron los presos es que lanzaron bastantes gases lacrimógenos al interior del patio. El CRI ingresó al patio y la gritería y los golpes fueron bastante evidentes y se escucharon. El INPEC no lo dirá. Además, su comunicado fue cuando todavía la situación no había terminado de suceder. No tenemos registro de personas afectadas por el incendio, el parte es negativo. Se habló directamente con un preso que le había explotado una granada de aturdimiento en las manos, tirada a un metro de distancia. Además, varios internos fueron heridos producto de los garrotes y pipetas de gas que chocaron contra la integridad de algunos. En estos momentos todos están encerrados en sus celdas a manera de castigo, desconociendo el tiempo que los mantengan en esas condiciones, mientras los heridos son atendidos en el área de sanidad, que queda a unos metros de ese patio. Pares: ¿Cuáles son las medidas que se han tomado en las cárceles ante el COVID-19, además de la suspensión de visitas declarada por Duque el 12 de marzo? CSPP: El INPEC emitió una circular con cerca de 18 disposiciones que van desde el aislamiento, hasta el lavado de manos continuo y facilitar el ingreso de insumos médicos. Sin embargo, en la cárcel es bastante difícil porque existen problemas que hacen que cualquier medida de contingencia resulte ineficaz. Por ejemplo, algunas cárceles del país el agua es suministrada por un tiempo determinado, una de estas es la de Acacias que tiene un suministro de agua durante 15 minutos para una gran cantidad de presos, eso quiere decir que ellos tienen que abastecerse de agua en barriles y botellas para lavarse las manos, para la sed, para asear la celda, la ropa y bañarse. Entonces, por más que se restringa el acceso a personas esto está siendo una medida poco efectiva. Adicionalmente el tema del hacinamiento; si se tiene un sistema carcelario con el 55% de hacinamiento, así no haya personas que vengan de afuera, el aislamiento va a ser imposible porque van a haber personas en celdas que están hechas para 2 personas en donde duermen 6 y 7 internos. Pares: ¿Cómo es el tratamiento de la denuncia desde el CSPP? ¿se traslada a alguna entidad? CSPP: Frente a lo de la denuncia, entramos en contacto con la Defensoría del Pueblo y con ellos se realizó una solicitud de vigilancia. El tema es que a la Defensoría tampoco la están dejando ingresar al establecimiento y la recepción de denuncias está difícil. No se ha permitido el ingreso de entes de control; la Defensoría del Pueblo no ha podido entrar para establecer si se están cumpliendo o no los protocolos. Por ejemplo, ante los ingresos irregulares el fin de semana, las denuncias se pasaron a las entidades, pero el INPEC niega que se estén facilitando algunos ingresos y argumentan que por ahí pasan más personas. Hasta ahora no se han hecho indagaciones, ni se han dado respuestas frente al asunto. Los entes de control están en una actitud tímida frente ante lo que está sucediendo en las cárceles y mucho me temo que esto es solo el principio porque en algunas cárceles los presos están hablando de generar amotinamientos para que les respondan las demandas que tienen en términos de salud, alimentación. Hay que tomar medidas más serias frente al Covid-19.

Por: Juan Manuel Torres Erazo. Coordinador Pares-Pacífico En medio del frenesí informativo a raíz de la declaración del COVID-19 como una pandemia de alcance global y de las crisis que ha desatado en cada uno de los países afectados, la evidencia ha permitido llegar a un consenso sobre algo: la población de mayor edad es la más propensas a desarrollar complicaciones médicas al infectarse con el nuevo coronavirus y es en este grupo poblacional donde se han concentrado la mayoría de muertes. Lo anterior cobra relevancia en un país como Colombia que está envejeciéndose a pasos agigantados según los resultados del último censo realizado por el Dane en el 2018. Urgen medidas que involucren a toda la población, por ejemplo confinarse o ponerse en cuarentena para protegernos en conjunto. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud –OMS- dice que cualquier persona puede contagiarse sin importar la edad, algunas no llegan a presentar ningún síntoma y la mayoría (cerca del 80,0 %) se recupera sin acudir a ningún tratamiento. Sin embargo, advierte la OMS: “las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave.” En cuanto al porcentaje de muertes varía según cada país, lo único claro, es que la mayoría de casos fatales ocurren en quienes tienen edades avanzadas. ¿Qué decisiones se han tomado para protegerlos? En Colombia, las autoridades locales han comenzado a tomar medidas específicas orientadas a proteger los adultos mayores identificados como los más vulnerables, principalmente relacionadas con el control de movilidad sin precisar en la atención en salud ni la asistencia social. Dentro de las decisiones más radicales de orden restrictivo están los toques de queda para mayores de 60 años como en el caso de Manizales o el departamento del Valle. Por su parte, el gobierno nacional venía anunciando medidas graduales: suspender las clases en los escuelas y colegios públicos del país; cerrar fronteras con Venezuela desde la madruga del sábado 14 de marzo; establecer aranceles del 0,0% para ciertos productos importados y cerrar fronteras a partir de las 00:00 horas del martes 17 de marzo y hasta el 30 de mayo con Panamá, Ecuador, Perú y Brasil; pero sin suspender los vuelos aéreos internacionales ni acatar el pedido de múltiples sectores de cerrar el aeropuerto El Dorado por donde han ingresado la mayoría de infectados. De estas acciones paulatinas e insuficientes para para la dimensión del problema, se pasó a anunciar, en alocución presidencial, la declaratoria del Estado de Emergencia para tomar medidas de excepción frente a un orden social y económico amenazado por la pandemia del COVID-19. Durante el próximo mes y hasta por 90 días el presidente Duque podrá mediante decretos con fuerza de ley para, idealmente, conjurar la crisis y limitar los efectos de la misma. Algo que llamó la atención de la alocución de Duque, es que se centró en hablar sobre la necesidad de proteger a las personas mayores de 70 años mediante el aislamiento preventivo de manera obligatoria. Como primera acción anunció que desde el viernes 20 de marzo y hasta el 31 de mayo, “todos los adultos mayores de 70 años deberán permanecer en sus hogares, salvo para abastecerse de bienes de consumo y de primera necesidad, utilizar servicios de salud, adquirir medicamentos y acceder a servicios financieros”. Habrá que evaluar si esto será suficiente o si se sale de las manos el problema les toque padecer la infamia del “Triage” para seleccionar en las IPS, según un criterio de gravedad de la enfermedad y las condiciones del paciente, qué vidas salvar y cuáles no. Más allá de la estrategia política para sacar réditos de la crisis y no avanzar en medidas más audaces, el no tomar decisiones que involucren al grueso de la población y centrar en los adultos mayores buena parte de la atención en la pasada alocución, más otras discusiones que de manera atropellada van apareciendo constantemente en la cosa pública, es pertinente conocer aspectos demográficos, espaciales y de calidad de vida de esta población protagonista de la tragedia, que además viene creciendo a pasos acelerados su peso cuantitativo sobre el total de la población colombiana y en sus demandas de atención de protección social al Estado. ¿Quiénes son y cómo viven los adultos mayores? En términos básicos son quienes nacieron de 1960 hacia atrás. El desafío para cuidar a nuestros adultos mayores en Colombia se pone cuesta arriba si comenzamos a comprender la complejidad de los relacionamientos de esta población con el resto y sabiendo que se trata de una generación que antes del COVID-19 ya lucía vulnerable socialmente. En este análisis se utilizarán dos fuentes de datos principalmente: el Estudio Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento SABE-2015; y los datos del reciente censo de población y vivienda Dane 2018. El SABE-2015 es un estudio poblacional a profundidad que caracteriza la población adulta mayor de 60 años en Colombia en aspectos socioeconómicos, personales, condiciones de vida, condiciones y uso de los servicios de salud. La radiografía de la situación concluye que se debe brindar protección integral a los adultos mayores ya que es deficitaria, que estamos en una etapa de envejecimiento poblacional, y que en este grupo se reflejan las grandes inequidades del país en lo material y emocional. Por lo tanto, las desigualdades de género, etnia, posición social y geográficas se hacen más profundas y aparecen aspectos subjetivos de la vejez que es necesario considerar. Dentro de los resultados se encuentra que tienen en promedio 69 años de edad y 5,5 años de escolaridad, trabajaron una media de 36,6 años, el 60,0% trabaja por necesidad de dinero y el 58,0% de lo hacen en ocupaciones informales de baja calificación, 60,7% prevalencia total de hipertensión arterial, la valoración de la infraestructura física de sus vecindarios fue negativa, poco menos del 30% reportó no recibir ningún tipo de apoyo, cerca de la mitad tenían una visión negativa del envejecimiento y el 41,0% reporto síntomas depresivos. Para el 2005 las personas de 60 años o más de edad eran un total de 3’721.943 y correspondían al 9,0% del total; según las proyecciones del Dane en el 2020 casi se duplica la población mayor de 60 años llegando hasta 6’808.641 y representando un 13,5% del total. El envejecimiento nominal y proporcional en impresionante y termina siendo foco de discusiones sociales y económicas como las ya anunciadas reformas pensionales, pues según el censo Dane 2018 apenas el 19,9% vive de la pensión, jubilación o renta. Los más vulnerables: los y las mayores de 70 años Dado que el presidente Duque en su alocución anunció medidas puntuales para adultos mayores de 70 años, identificadas como las personas más vulnerables por lo que la ética del cuidado debe ser más estricta y por obligación deben limitar definitivamente su movilidad, desde Pares-Pacífico realizamos algunos procesamientos de datos del censo Dane 2018 para caracterizar a quienes en Colombia podrían sufrir las peores consecuencias de esta pandemia mundial: · Son 3’013.319 mayores de 70 años proyectados al 2020, el 6,0% del total de población mientras que en 2005 eran el 4,1% (1’696.156 personas). · El 55,8% son mujeres. · El 60,3% son jefes o jeas del hogar. · La mitad vive en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Santander. · Los departamentos con mayores proporciones de mayores de 70 años son: Quindío (8,7%), Caldas (8,4%), Tolima (8,1%), Risaralda (8,0%) y Boyacá (7,9%). · En la Guainía, Vaupés y Vichada son menos del 3,0% de la población. · El 35,8% viven solos o solas y corresponden a más de 1’100.000 hogares unipersonales. · El 34,0% se dedica a realizar oficios del hogar. · El 29,9% manifiesta presentar dificultades físicas en su vida diaria y el 8,3% tiene incapacidad permanente para trabajar. · El 22,8% presentó algún problema de salud en los 30 días previos a ser censados. · El 11,7% no cuenta con servicios de acueducto en su vivienda. Este panorama de la situación actual de los y las mayores de 70 años, nos lleva a pensar que urgen medidas que involucren a toda la población, por ejemplo confinarse o ponerse en cuarentena para protegernos en conjunto. No basta con aislar a las personas más vulnerables y dejarlas a la merced de una emergencia que está lejos de ser controlada: no podemos caer en la crueldad de sacrificar a una generación que ayudó a construir el país y a la que le debemos mucho como sociedad.

Por: Natalia Aguilar Salas. Colaboradora Pares. El brote del COVID-19 es una nueva potencial fuente de volatilidad y una amenaza para la estabilidad del país. Si bien aún es pronto para comprender completamente su impacto en Colombia y cómo se traducirá en una desaceleración nuestro país, lo que sabemos hasta ahora es que el coronavirus se está propagando a un ritmo acelerado y ha provocado una interrupción de la actividad económica y social. El virus se ha extendido a más de 117 países, con más de 117.335 personas afectadas.* Es muy probable que el impacto del virus en el crecimiento y los precios de los productos básicos, además, represente un shock para Colombia. Sobre este tema Pares habló con la senadora Aída Avella Esquivel quien cuenta con una importante trayectoria como dirigente social y política en la ciudad y el país. Este domingo 15 de marzo la Procuraduría General de la Nación presentó un boletín especial alertando sobre la deficiencia en los controles contra el coronavirus en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. En el documento oficial se afirma que el personal de sanidad portuaria no es suficiente, sobre todo durante las horas pico, donde llegan aproximadamente 9.000 pasajeros, y el personal disponible consta de ocho auxiliares de enfermería, dos jefes de turno y dos epidemiólogos. Pares: ¿Cómo analiza las declaraciones del presidente Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quienes han considerado que es absurdo implementar una cuarentena obligatoria al igual que cerrar el aeropuerto El Dorado de Bogotá? Aída Avella Esquivel: Primero, de absurdo no tiene absolutamente nada. Yo creo que por falta de previsión han sucedido cosas que pudiéramos haber evitado, me refiero exactamente al problema del aeropuerto. En El Dorado no hay suficiente gente y me acaban de informar en estos momentos, tengo una línea directa con el aeropuerto, con funcionarios y con personas que están absolutamente aterradas, no tienen ni siquiera un tapabocas. La gente que está trabajando se está infectando. Eso ocurrió en alguna de las ciudades, entiendo que fue Cartagena, donde la gente que estaba laborando en el aeropuerto debe tener todas las previsiones que sean necesarias, ellos también se enferman y ellos están haciendo un trabajo en este momento de riesgo examinando a la gente que llegue en los aviones. A mí me parece absurdo es que las autoridades no entiendan que estamos no solamente en una emergencia sanitaria, sino que nos puede llevar a una catástrofe sanitaria si las personas que están trabajando, no solamente en los aeropuertos sino en la salud no tienen la suficiente defensa en la cuestión de los vestidos y demás. Me informan también de unas clínicas grandes donde los trabajadores no tienen los uniformes adecuados para atender a los pacientes, los médicos también se pueden enfermar, si se enferman los médicos es muchísimo más grave porque entonces ¿quién atiende?. A mí me parece que El Dorado se debería cerrar por un tiempo, ¿qué vamos a hacer? pueden estar los gremios detrás exigiendo que no se haga, pero también los de los gremios se pueden enfermar, ¿es que no se dan cuenta? , los gremios presionan muchas cosas y yo creo que es hora de que algunos que han tenido muchísimas ganancias, por ejemplo el sector bancario, ayuden con parte de esas ganancias porque la crisis no puede caer tampoco sobre hombros de los trabajadores, de los sectores independientes, por ejemplo los vendedores ambulantes. Se han puesto a pensar ¿qué pasa en la casa de los vendedores que dependen del día a día y que si ellos no trabajan no comen?, yo creo que hay que tener todas las medidas previstas. Bogotá es una ciudad de ocho millones de habitantes. Barranquilla tiene un millón de habitantes, en fin, si no nos cuidamos lo que pasa es que llega a las pequeñas villas y si algo hicieron los chinos rápidamente fue encerrar a su población e impedir que los virus proliferaran por todas partes y eso yo creo que es lo que tenemos que hacer en Colombia. Pares: ¿Que papel puede cumplir el sector bancario en esta calamidad social y sanitaria? A.A.E: El sector bancario, que ha ganado billones el año pasado, que saquen unos billoncitos de ahí y que eviten que sus trabajadores vayan a los bancos. Yo creo que hay un grueso de bancos que pueden trabajar con uno o dos trabajadores o unos turnos, pero no estar propiciando que todos los trabajadores tengan que coger el transmilenio, o los transportes públicos en cada ciudad , porque ahí también hay un centro de mucho contagio. Es momento que sea solidario con la gente. Me han llamado trabajadores, por ejemplo del transmilenio, a decirme ¡hagan algo! los transmilenios casi que tienen el cupo que tienen normalmente por Dios estamos en una situación de expansión de un virus que sólamente puede ser controlable si la población se guarda y se guarda preventivamente. Si me dicen que en el sector bancario es difícil que dejen un trabajador en su casa ¿cómo así? los bancos se manejan, la mayoría, y claro necesitamos una ventanilla abierta, pero es que en este momento la gente no está yendo por ejemplo los almacenes, en los almacenes hay poquísima gente ¿tiene que ir todos los trabajadores a los almacenes? Bueno, eso podría ser porque ese sector de todas maneras al igual que el sector de la alimentación y la salud necesitamos también los trabajadores. Pares: ¿Y las EPS? A.A.E: Que siempre piensan en ganar y en este momento ellos también tienen que poner. Es decir, las EPS y todos esos que se vuelven ricos con el sistema de salud y se gastan la plata en lo que no se la deben gastar; pues deberían estar en este momento acudiendo en masa, porque creo que quienes están poniendo realmente mucha de las cosas en función de controlar esto son los hospitales públicos y ahí vamos a tener que hacer un cruce de cuentas, porque las EPS volvieron la salud un negocio y no un derecho. Hay que hacer un llamado también a muchos médicos que no tienen trabajo en este momento y que pudieran estar ayudando con las precauciones necesarias, no sólamente en el aeropuerto de Bogotá, sino en algunos hospitales. La gente se está desbordando, y otra cosa que me acaban de decir es que no contestan en las líneas abiertas cuando uno tiene que consultar porque tiene un resfriado, porque está con gripa, etcétera; dicen que no están contestando, es decir que deben estar colapsadas. Entonces le sugiero también al gobierno nacional, yo sé que la alcaldesa está muy pendiente de todo esto y quisiera solicitarle también algunos teléfonos de más, porque las quejas que están llegando por lo menos a nosotros que nos llaman de muchísimas partes, es que no están contestando el teléfono Y esto no puede ser en una situación de emergencia como la que estamos atravesando. Pares: ¿Qué sucederá con las personas que no tienen hogar en caso que se decrete cuarentena y qué medidas considera podrían ayudar a esta situación? A.A.E: Pues yo creo que de todas formas como en todos los países del mundo tienen que abrirse sitios especiales para ellos en este momento tenemos una situación difícil. Por ejemplo en Bogotá está lloviendo, tenemos un clima bastante complicado, yo lo que he propuesto es que algunos sitios que no se usan casi como por ejemplo, como la finca presidencial de Hato Grande que es una casa muy aireada, una casa con árboles, una casa que casi no usan, pues que se pudiera en estos momentos concentrar algunas de estas personas que están afectadas porque eso también daría garantía que los hospitales no tengan pabellones, un poco como hicieron en China. Pienso que el presidente Duque, en un acto de generosidad, podría adaptar rápidamente esa casa para su uso. Pares: Frente a la frontera terrestre con Venezuela ¿qué medidas se van a tomar con la población venezolana o usted qué le recomendaría al gobierno? A.A.E: Yo lo que le recomendaría al gobierno es que pongan a hablar a los ministros de salud ya que el señor Duque no quiere hablar con Maduro. Yo creo que se debería tratar eso de otra manera, debería haber un corredor humanitario para estos momentos tan difíciles que estamos atravesando, y lo otro es que frente a las fronteras y a lo que podemos hacer,todo el mundo se está dirigiendo a Cuba. Los italianos han recibido una ayuda de los cubanos que llegaron con medicamentos y todo, porque ellos están produciendo un medicamento que fue el más efectivo para curar en China, entonces no nos podemos tampoco cerrar. También le solicitaría al señor Ministro de Salud a ver si el presidente también deja hablar con los cubanos, porque en este momento ellos están no solamente enviando sus médicos sino los medicamentos y ¿por qué no?, si el problema se agrava pudieran venir también algunos médicos y comprar nosotros los medicamentos que están produciendo en Cuba. Pares: ¿Que le gustaría decirle a la población colombiana frente a la pandemia que estamos enfrentando a nivel nacional y mundial? A.A.E: Todos debemos colaborar y yo creo que la colaboración efectiva es que las personas de edad, las que pasamos de los 60 años, nos tenemos que cuidar muchísimo porque somos una población muy vulnerable, lo segundo es que no podemos estar todos en la calle, y hago un llamado a los empresarios, a los del sector bancario, a los del sector de las aseguradoras, a otros sectores que no son ni salud, ni alimenticios que por favor le proporcionen a sus trabajadores unos métodos especiales. Las entidades bancarias, las aseguradoras, los propios colegios, yo le pido a los colegios particulares que no obliguen a ir a sus maestros, ellos están también en riesgo y creo que todos estos maestros la mayoría son jóvenes que saben manejar precisamente todos los sistemas del teletrabajo y demás, así ayudamos al país. También tenemos que mirar la gente que no tiene trabajo, por favor, los vendedores ambulantes, la gente que vive del día día que está cruzando en este momento los transmilenios. Me llamó alguien esta mañana y me dijo: mire en los transmilenios la gente que vende está desesperada, recorren todo el tiempo y ellos también se pueden infectar y es mucho más grave la situación porque a veces viven en una precariedad inmensa pequeños hoteles donde pagan entre $6000 y $10000 la noche, y yo creo que hay necesidad también de que el Estado los mire a ellos, porque son los más desprotegidos y para eso podríamos tener edificios. Este es un problema supremamente complicado y yo llamo a todos los colombianos realmente absolutamente a todos , sin ninguna distinción ,a ver si podemos realmente seguir con nuestro trabajo desde las viviendas y la protección que podamos dar también a los profesionales de la salud que nos pueden visitar.

Por: Redacción Pares El Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC- y las 127 autoridades indígenas se pronunciaron este miércoles a través de un comunicado acerca de la situación del COVID 19. Esta pandemia, dice la comunicación, comienza a cobrar la vida de más de 6.000 mil personas a nivel mundial. Para el caso de Colombia 67 personas afectadas, con tendencia a seguir expandiéndose en todo el territorio colombiano. Sumado a esta situación nos encontramos con la realidad de un gobierno que cada año fortalece el presupuesto guerrerista, dejando a un lado mejoramiento real del nefasto sistema de salud del país. Ante esta problemática el movimiento indígena rechaza la ineficiencia del gobierno nacional colombiano, el cual no ha dimensionado las consecuencias, ni ha tomado medidas coherentes y contundentes ante un problema de salud mundial. Al no implementar controles que pudieron prevenir la entrada del virus al territorio colombiano, dejando un panorama de vulnerabilidad donde es evidente que el virus se extenderá en todo el país. Por el contrario el gobierno ha utilizado esta coyuntura de salud mundial del virus COVID-19 como una cortina de humo para desviar las verdaderas pandemias que aquejan al país, como: LA ÑEÑE POLÍTICA, LAS DECLARACIONES DE AIDA MERLANO, LOS ASESINATOS DE LIDERES SOCIALES, LOS FALSOS POSITIVOS, LAS MASACRES EVIDENCIADAS CON LAS FOSAS COMUNES, LABORATORIOS DE COCAÍNA EN FINCA DE DIPLOMÁTICOS, LA CORRUPCIÓN DE LOS ENTES ADMINISTRATIVOS, POLÍTICOS, LEGISLATIVO, JUDICIAL Y DE LAS FUERZAS MILITARES. Han utilizado el ingreso del virus para generar pánico en la población, de esta manera intenta neutralizar la movilización social en Colombia. El Estado colombiano es responsable En consecuencia, dice el comunicado emitido por las autoridades indígenas, el Consejo Regional Indígena del Cauca responsabiliza al Estado colombiano en cabeza del gobierno de Iván Duque orientado por el Centro Democrático, sobre las consecuencias fatales que pueda generar el virus COVID 19 en nuestro país. Disposiciones del Consejo regional Indígena Restringir el ingreso de personal que no pertenezca a los territorios indígenas, o que provengan de zonas donde se ha identificado el COVID19. Específicamente extranjeros, turistas, ONGs, Agencias de Cooperación, fuerza pública y grupos al margen de la ley. Entre otros. Quienes ingresen a los territorios indígenas tienen la obligación de colocar en conocimiento de las autoridades indígenas su ingreso. Deben tener en cuenta las IPS y EPS; para coordinar con ministerio de salud el respectivo seguimiento y tratamiento en caso de hallar casos sospechosos. Restringir el ingreso de alimentos importados. Frente a esto es necesario que las comunidades fortalezcan la autonomía alimentaria en cada territorio. Fortalecer la implementación de nuestros sistemas, SEIP, SISPI y demás, a través de las estrategias culturales propias. Consumir productos producidos en los territorios. Fortalecer los trueques y los intercambios de manera no multitudinaria. No comprar en grandes almacenes de cadena o supermercados. Todas las familias deben hacer uso de las huertas medicinales y Tules. Seguir las recomendaciones culturales de acuerdo a los usos y costumbres. Y de las IPS en temas de prevención. Fortalecer las mingas en el marco de las tulpas de pensamiento en las familias. Los diferentes programas regionales, zonales y locales coordinaran estrategias pedagógicas de prevención. De acuerdo a las dinámicas de cada sistema. Se coordinaran las estrategias de control en los territorios con la guardia indígena. Todos los comuneros indígenas que tengan síntomas o padezcan de enfermedades gripales o respiratorias, deben realizar sus respectivos seguimientos y consumo de medicamentos propios bajo la coordinación con las IPS y Promotores de Salud. Los medios de comunicación propios: a través del idioma propio y el castellano se oriente a la comunidad en temas de prevención desde lo cultural y pedagógico sobre las rutas de prevención y atención. Las instituciones educativas enfocar en el fortalecimiento del PEC en acciones relacionadas en el fortalecimiento de la familia, de los tules o huertas caseras medicinales. La Consejería Mayor del CRIC y las 127 autoridades indígenas, indican estar atentos en los medios de comunicación propia que estarán informando sobre la evolución del COVID 19 y las orientaciones. Consejería Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC- y las 127 autoridades indígenas.

Por: Redacción Pares La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP acreditó como víctima, en calidad de sujeto colectivo, al partido político Unión Patriótica. Esta acreditación se da dentro del Caso 06 de la JEP: Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte de agentes del Estado. La Sala de Reconocimiento consideró que este partido sufrió diferentes afectaciones a sus prácticas y proyectos colectivos, así como a sus formas de organización, a raíz del homicidio de sus integrantes y de otras conductas violentas en contra de sus militantes. Debido a esta afectación, miembros directivos renunciaron a sus cargos, el partido se vio forzado a buscar coaliciones electorales en vez de participar a nombre propio en la contienda democrática y decidió marginarse de la participación política por falta de garantías. Pasó de ser el partido político con la mayor votación histórica por la izquierda democrática del país a perder, transitoriamente, su personería jurídica. Esta personería fue recuperada gracias a un fallo del Consejo de Estado. La acreditación en el caso 06 fue solicitada el 2 de octubre de 2019 por parte de la Corporación Reiniciar, que representa a víctimas de la Unión Patriótica. Reiniciar sostuvo que el efecto negativo de la sucesiva y prolongada persecución de los militantes de la UP no solo los afectó electoralmente, sino que llevó al desvertebramiento de sus estructuras y redes proselitistas. Esta acreditación le permitirá a la UP participar activamente en las versiones de los comparecientes, presentar observaciones y solicitar pruebas, sugerir sanciones y tener una participación en todas las etapas del proceso. Es necesario aclarar que esta acreditación se otorga al sujeto colectivo del partido político Unión Patriótica y no a sus miembros individualmente. Para ello, la Sala invita a quienes se reconocen como militantes de la Unión Patriótica o sus familiares a que se acerquen a la JEP a solicitar su acreditación individual, cumpliendo con los requisitos expuestos en el artículo 3 de la Ley 1922 de 2018. En el Caso 06 de la JEP se estudian más de 8.000 actos victimizantes, se han identificado a 108 comparecientes presuntamente vinculados en estos actos y se han acreditado a dos víctimas de manera individual. También se han recibido cinco informes de entidades del Estado y organizaciones de víctimas, incluidas algunas en el exilio, en Argentina, Canadá y Suiza.

Por: Natalia Aguilar Salas. Colaboradora Pares. Este domingo 15 de marzo la Procuraduría General de la Nación presentó un boletín especial alertando sobre la deficiencia en los controles contra el coronavirus en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. En el documento oficial se afirma que el personal de sanidad portuaria no es suficiente, sobre todo durante las horas pico, donde llegan aproximadamente 9.000 pasajeros, y el personal disponible consta de ocho auxiliares de enfermería, dos jefes de turno y dos epidemiólogos. También advirtió el ente de control que los ciudadanos no estaban manteniendo la distancia adecuada en las filas de migración para evitar el contagio, y que se evidenciaba falta de protección por parte de algunos oficiales de migración, los cuales trabajaban sin las medidas de precaución necesarias, como tapabocas y guantes. Ante esto, las respuestas que dan las autoridades de la concesión OPAIN y el director de migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, parecen subestimar la situación a la cual se enfrenta el país ante esta pandemia. La primera declaración que dio pruebas de la poca preparación que existe en el país frente a amenazas biológicas vino de Álvaro González, gerente del concesionario OPAIN. Según entrevista concedida a la emisora Blu Radio este afirmó que no sabía qué hacer en temas de prevención del coronavirus. Debido a la controversia que provocó esta sorprendente declaración, Mauricio Ossa Echeverri, presidente del concesionario aeroportuario envió una carta a la ministra de transporte Angela María Orozco, en la que Ossa afirma “En referencia a los hechos desafortunados del sábado 14 de marzo en donde el gerente de nuestra concesión Opaín fue abordado fuera de contexto, queremos manifestar que han sido días de alta presión y jornadas de trabajo de nuestros colaboradores de todas las concesiones, quienes trabajan con pasión y entrega por el cuidado de los colombianos, ante estos momentos de alerta mundial”. «No somos una autoridad de sanidad» Para hacer más grave la situación de insalubridad y de falta de medidas para la prevención, en una rueda de prensa que dio Juan Francisco Espinosa el lunes 16 de marzo, afirmó que se están llevando a cabo los controles necesarios para prevenir que la pandemia siga aumentando, aunque también argumentó que el equipo de Migración Colombia no es suficiente para atender a los pasajeros durante horas pico, pero su declaración más facilista e inoportuna fue que “no somos una autoridad de sanidad”. Si bien Espinosa tiene razón, esto no significa que sea una época de autocuidado y cuidado de los otros independientemente de las responsabilidades exclusivamente laborales, todos debemos colaborar para evitar que el número de contagios siga en aumento. Pares habló con el investigador social Alejandro Jiménez, quien arribó al aeropuerto El Dorado el lunes 16 de Marzo después de haber estado en Sudáfrica, Qatar y Estados Unidos. Él afirma que las únicas medidas que están aplicando en el aeropuerto son muy básicas y no se realiza un seguimiento riguroso: “las únicas medidas que vi fueron el formulario que están haciendo llegar, preguntando cosas muy básicas, efectivamente si visito alguno de los países que se encuentra en el listado, si cuenta con algunos de los síntomas, y lo último el destino de procedencia y datos personales” ¿Qué tipo de controles están haciendo en El Dorado? – Unicamente eso, y dependiendo del lugar te dicen cómo tiene que o no entrar en cuarentena, pero entiendo yo que efectivamente la recomendación desde Presidencia y desde el Ministerio de Salud fue esa, primero en los controles están tomando la temperatura con un dispositivo, en ese momento solo había una persona haciéndolo, después del paso de migración, entonces una persona no daría abasto en ese caso y pues efectivamente a personas extranjeras que no residen en Colombia sí se les está restringiendo el paso, eso sí puedo decir que se está cumpliendo, explicó Jiménez. “Cuando me tomaron la temperatura no me hicieron un registro propio de –Alejandro Jimenez llegó de tal lugar, efectivamente llenó el formulario y la temperatura que le tomamos registra tanto-, eso no lo hicieron, entonces ese tipo de cosas no permiten hacer un seguimiento. Por ejemplo en Estados Unidos sí estaban pasando un formulario un poco más específico, donde tenían una parte la cual diligenció una persona propiamente encargada de salud para este tipo de cosas, entonces te tomaban la temperatura y hacían todo el seguimiento. No vi a ningún funcionario del Ministerio de Salud o identificado como tal, el control únicamente lo estaba haciendo propiamente Migración Colombia. Aquí en Bogotá fue muy deficiente el control.” ¿Por qué no cerrar El Dorado? Es claro que el aeropuerto de la capital no está preparado para afrontar de manera rigurosa la expansión del coronavirus ¿Por qué no cerrarlo? El turismo y los viajes son una de las principales fuentes de ingreso de dinero a diferentes países. La economía ha dado un vuelco y está causando preocupación en la bolsa, con monedas “duras” subiendo de precio y el petróleo llegando a precios de hasta 20 dólares el barril. Además, y para nadie es un secreto, que desde el 2018 la aerolínea Avianca ha afrontado problemas económicos en su infraestructura y su manera de operar. Este lunes la Bolsa de Valores de Colombia registró pérdidas de más del 15%, y la acción más afectada fue precisamente la de Avianca, la cual cayó 24%. Vale la pena mencionar que la vicepresidenta de relaciones estratégicas y experiencia del cliente en Avianca es María Paula Duque, hermana del presidente Iván Duque. Sería grave aseverar que debido a ello es que no ha cerrado el aeropuerto, si bien la pérdida de ingresos si puede ser una de las primeras razones para no cerrar el aeropuerto, también parece que todavía no se han dado cuenta de la magnitud de esta enfermedad y los daños. La afectación económica definitivamente pone al gobierno en un posición que probablemente no será capaz de manejar. Ya estamos sumergidos en un sistema que exige nuestra participación laboral o los mercados colapsan, por lo tanto es poco probable que apliquen una medida de cuarentena obligatoria hasta que ya sea muy tarde, y el cierre del aeropuerto no parece algo que planeen realizar por el momento. Esta mañana, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez anunció en noticias que esto sería una medida extrema e innecesaria y generaría una crisis. Sin embargo, a esta hora ya hay demostraciones de inconformidad por parte de trabajadores del aeropuerto, sociedad civil y varios congresistas, los cuales firmaron una carta donde afirman “Es inminente la necesidad de potenciar esa fase de contención; por eso, comedidamente, nos permitimos solicitar que extienda ese cierre a la frontera aérea colombiana». Pero, parece que el gobierno nacional seguirá con su modus operandi de no escuchar a nadie más que a sus políticas económicas. ¿Qué tan efectivo es cerrar el aeropuerto? Según un artículo del diario inglés The Guardian, en las etapas tempranas del virus es una manera efectiva de reducir el contagio. Sin embargo, una vez ya se presentan casos en la comunidad, es muy difícil que estos paren. Colombia todavía está en una etapa temprana de propagación del virus y las medidas que parecen extremas son aquellas que se deben considerar en este momento, sobre todo si implica la protección de la población. Aunque el Covid-19 ya se encuentra en el país medidas como cerrar el aeropuerto o la cuarentena obligatoria podrían prevenir una crisis que ni nuestro gobierno ni nuestro sistema de salud están preparados para enfrentar. Uno de los primeros presidentes en anunciar el cierre de aeropuertos fue Nayib Bukele, presidente del Salvador, el cual hasta el momento no presenta ningún caso de coronavirus. Otros gobiernos que han optado por esta medida o restricción de vuelos en la región son Argentina, Bolivia, Guatemala, México, Panamá, Perú y Honduras. Al parecer, el coronavirus ha dejado ver que la población y los gobiernos sí están infectados de codicia, de falta de humanidad, de un sistema económico que no podrá con su propio peso y eventualmente tendrá que ser replanteado. ¿Que pasa con la cooperación interinstitucional? Ahora no se trata de cumplir solamente las funciones otorgadas, se trata de trabajar como comunidad, apoyar a aquellos que deben enfrentarse con un posible contagio debido a sus labores. Este es el momento de declarar medidas consideradas como extremas si no queremos afrontar una verdadera crisis sanitaria. Ser una tribu.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. El pasado 04 de marzo se conoció el resultado de años de investigación periodística de Gonzalo Guillén (La Nueva Prensa) y Julián Martínez, quienes revelaron lo que sería una compra de votos ordenada por Álvaro Uribe Vélez para el actual presidente, Iván Duque. Esto luego de que la Fiscalía adelantará medidas para establecer los responsables del asesinato de Óscar Rodríguez, hijo de Carlos Rodríguez, un famoso sastre de la zona, ocurrida el 18 de agosto de 2011 en Barranquilla. Este homicidio fue el resultado de un ajuste de cuentas: José Guillermo Hernández Aponte ‘Ñeñe’ le debía un valor cercano a los $1.000 millones a Carlos Rodríguez, quien habría decidido mandarlo a asesinar, pero en una equivocación por parte de los asesinos quien murió fue Óscar. En este caso también está relacionado Marquitos Figueroa, un narcotraficante, contrabandista y sicario, miembro de la ‘Banda de Marquitos’ o ‘Los Cuchicheros’, quien desde el 2014 está recluido en la cárcel La Picaleña en Ibagué. A esto se le suman investigaciones por lavado de activos de varios periodistas que venían desde el 2012, lo que daría paso a la captura de Francisco ‘Kiko’ Gómez, exgobernador de la Guajira por concierto para delinquir y homicidio, hechos también relacionados, para ese momento, con Marquitos Figueroa. En este momento las pruebas se centran en el hallazgo de varios audios de llamadas que demostrarían cómo a través del Ñeñe se planeó y ejecutó la compra de votos en el norte del país. Ante esto las respuestas han sido varias, pero poco contundentes; por una parte, Iván Duque, luego de conocerse varias fotografías entre el Ñeñe y él, se pronunció diciendo que no conocía a José Guillermo y que las imágenes habían resultado en momentos fortuitos, esa misma negación la hizo Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué está pasado con los investigadores? En un país que respetara la democracia seguramente se hubieran iniciado investigaciones serias en el momento, la realidad es que quien debería iniciar dichos procesos para conocer qué sucedió durante la campaña electoral es muy cercano al actual presidente y el expresidente Uribe, se trata de Francisco Barbosa, el actual Fiscal general de la nación y con él en cabeza del organismo el panorama es hasta pintoresco. Ante esta situación la solicitud de quienes han mostrado las evidencias para destapar la ‘ÑeñePolítica’ ha sido pedir a la Corte Suprema de Justicia un Fiscal Ad Hoc para el caso, esto argumentando también que fue Duque quien eligió la terna de la que salió Barbosa. Es necesario resaltar que el usuario de Twitter perteneciente al actual fiscal, de donde se agrega la prueba, fue eliminado. Esta solicitud no solo viene precedida por la inoperancia directa de Barbosa, a esto se le agrega que, desde que se puso la denuncia, el 04 de marzo, los periodistas y abogados relacionados con toda la investigación han sido hostigados y amenazados. En esta situación han estado: Guillermo Guillén, periodista; Julián Martínez, periodista; Diana López Zuleta, periodista; Daniel Emilio Mendoza, periodista y abogado; Juan Trujillo, abogado de Guillén y Miguel Ángel del Río, abogado del caso de Óscar Rodríguez. “Quienes están llamados a investigar esto son los señores de la Fiscalía, desde donde también se estaría haciendo el espionaje, porque ese el problema que estamos en este momento enfrentando, porque como el amigo del presidente es el que está en la Fiscalía entonces ya a nosotros nos están siguiendo vehículos; están tratando de mirar con quién nos reunimos, con quién hablamos. Tenemos conocimiento de que el presidente y el fiscal están haciendo en la Casa de Nariño un organigrama sobre las reuniones que ha tenido Guillén, entonces es ahí donde yo aparezco, porque ellos saben que yo trabajo temas con él. Precisamente el siete de marzo tuvimos una reunión con unas fuentes que estábamos desarrollando y ahí era evidente que nos estaban siguiendo. Luego llegó a mi residencia en una de las camionetas de Gonzalo y es ahí donde yo denunció que aparece un carro que posteriormente nos estaba apuntando con un láser”, aseguró el periodista Julián Martínez. El vehículo al que se refiere Martínez fue un Volkswagen Jetta negro con placa RPK 122, que, según lo informado por él a través de su cuenta de Twitter, estuvo cerca de su vivienda desde las 9:20 p.m. hasta las 9:54 p.m. “A mí me ha estado siguiendo un hombre que era del DAS, quien desde la misma Fiscalía me mandaron la foto diciéndome que era una especie de sicario vinculado al despacho de la Fiscalía”, afirmó Gonzalo Guillén, quien también publicó en su cuenta de Twitter: Este ex DAS, asignado a la sección de guerra sucia y sabotaje del despacho de ⁦@FiscaliaCol⁩, nos ha estado siguiendo. Soy bastante menos güevón de lo qué creen. pic.twitter.com/HH5JiMap8Y — Gonzalo Guillén (@HELIODOPTERO) March 8, 2020 Esta situación también fue compartida por Diana López, quien también denunció el 09 de marzo seguimientos por parte de un hombre. Situación que fue presentada ante la Policía, pero de la cual no se recibió ninguna medida en el momento. Persecución judicial A esto se le agrega otro tipo de persecuciones y deslegitimaciones a las investigaciones, las cuales se han dado de manera judicial a través de denuncias y acciones de tutela. Una de estas fue interpuesta por a través Jaime Lombana, uno de los abogados de Uribe, quien hizo uso del recurso para intentar censurar la investigación. El caso fue resuelto a favor de Gonzalo Guillén, el 11 de marzo, en representación de su abogado Juan Trujillo y Daniel Mendoza. Otra de estas acciones la tomó Jenny Andrea Ortíz, quien interceptó los teléfonos del ‘Ñeñe’ por 180 días, pero quien no hizo nada para que enjuiciaran a los relacionados con la ÑeñePolítica, engavetando a su vez los audios encontrados. Este hecho, según el Código Penal representa un delito establecido en el artículo 292 por el ocultamiento de documento público que sirve de prueba en un proceso judicial. Esta misma persona denunció a Gonzalo Guillén ante la Fiscalía, en julio de 2019, argumentando una supuesta injuria agravada. En relación con lo anterior la periodista Diana López señaló: “Yo ya había estado denunciando a la fiscal, porque ella casi deja libre a Marcos Figueroa. Ya se ha estado denunciando a esa fiscal. Precisamente ella había tenido en sus manos la investigación y no hizo nada, ella debió haber informado, haber pedido que compulsara copias y no hizo nada. Es preocupante que esto se quede así”. “Este caso de las bandas criminales del Cesar y La Guajira y sobre todo las de Kiko Gómez y Marquitos Figueroa a las que pertenecía el Ñeñe Hernández duré siete años investigándolas y ante esto la Fiscal me denunció el año pasado porque denuncié que ella estaba poniendo en libertad a la banda de Marcos Figueroa”, dijo Gonzalo Guillén. El Centro Democtrático entra al ‘juego’ Otro de los blancos de las intimidaciones ha sido Miguel Ángel del Río, que lleva por el asesinato de Óscar Rodríguez, y quien también reunió las pruebas para que Marquitos Figueroa no recibiera su boleta de libertad y fuera procesado por el hecho que lleva. Él registró, el 11 de marzo, que durante su visita al bunker de la Fiscalía, un funcionario de la misma entidad le habría tomado fotos, imagen que posteriormente fue difundida por Gustavo Rugeles, el mismo periodista que afirmó que Iván Cepeda se había reunido para confabular con Juan Manuel Santos, Óscar Naranjo, José Luis Barceló y Fernando Arboleda, en contra de Uribe, determinando la fecha en la este iría a la cárcel. Para Julián Martínez esto “indicaría que todo este proyecto político y gubernamental del Centro Democrático es quien está recibiendo todo este espionaje”. Cabe señalar, que la semana pasada el Centro Democrático publicó un comunicado en el que expresan que “Personas y organizaciones, en su mayoría vinculadas con la izquierda colombiana, están desarrollando en los últimos meses otra estrategia organizada, coordinada, agresiva y persistente con el Gobierno del presidente Iván Duque, contra el senador Álvaro Uribe y contra el Centro Democrático con el apoyo de periodistas, medios de comunicación, nacionales y extranjeros, que participan intensivamente en redes sociales”. “…Son amenazas muy graves contra nuestra institucionalidad y contra la democracia. Es algo que debe llamar a la reflexión y a la acción de los colombianos”. Con esto, Daniel Mendoza, quien ha denunciado también en reiteradas ocasiones amenazas y persecuciones a través de su Twitter, afirmó a través de un video subido al portal de Nueva Prensa que: “…viniendo de donde viene este comunicado y hacia quién va dirigido, Uribe sabe que nos está poniendo un blanco en la cabeza. Cualquiera de nosotros puede aparecer muerto o no aparecer jamás”. Tras lo anterior, los periodistas relacionados con estas situaciones de hostigamientos aseguran que no han recibido ninguna respuesta de la Unidad Nacional de Protección UNP, aunque estos ya han hecho las denuncias respectivas. A esta petición se sumó la Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP), quienes también hicieron el llamado para que desde la UNP haga un estudio de riesgo para poder implementar medidas de seguridad, además de solicitar investigaciones por parte de la Fiscalía en el caso de la ÑeñePolítica. “Yo no soy el que tiene que estar llamando a averiguar quiénes son. Uno como periodista simplemente investiga y es la justicia la que tiene que determinar esto”, concluyó Julián Martínez.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Vuelve y juega. De acuerdo con la última alocución presidencial de Iván Duque en la tarde de este 16 de marzo, el mandatario colombiano ratificó que no mantiene ningún canal de diálogo directo con el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, y no lo piensa tener. Así lo hizo saber de manera tajante ante las preguntas sobre sus posibles acciones para enfrentar de manera conjunta la situación del Covid-19 que amenaza a la región. Si bien desde la semana pasada Maduro ha venido señalando que se ha intentado comunicar con el gobierno colombiano para atender la emergencia del Covid-19, paralelamente sectores del uribismo han insistido que —de acuerdo con el reconocimiento dado por Duque—, se adelanten acciones de emergencia a través del autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó. Ahora bien, la tensión aumenta debido a los 54 casos confirmados de Covid-19 que se registran en Colombia. Para la media noche, Duque señaló que “todas las fronteras terrestres, marítimas y fluviales del país. Las fronteras de Colombia estarán cerradas desde de este 17 de marzo de 2020 hasta el próximo 30 de mayo”. Esto, mientras la opinión pública se pregunta sobre las determinaciones que tomarán los gobiernos de la región para mitigar la crisis que trae consigo el Covid-19. Duque reveló que esta decisión la tomaron en articulación con el Foro para el Congreso de América del Sur que fue creado por Duque y el presidente de Chile, Sebastián Piñera en 2019. Los paradójico es que Venezuela no hace parte del foro conformado por Argentina, Brasil, Paraguay, Ecuador y, respectivamente, Chile y Colombia. La sombra de ‘los rastrojos’ y decisiones a la deriva Mal recuerdo dejó Juan Guaidó en Colombia luego de que se conocieran fotos suyas con dos jefes de la banda narco paramilitar colombiana, denominada “Los Rastrojos”, en septiembre de 2019. Banda que, de acuerdo con su de su repertorio de violencia, se dedica a la extorsión, el secuestro, el sicariato y la trata de personas. Por su parte, Guaidó días antes al anuncio de Duque, resaltó en sus redes sociales que “hemos establecido el contacto con nuestros aliados internacionales para evaluar propuestas de colaboración para Venezuela. Estamos buscando apoyo para nuestra gente. Atentos a los canales oficiales.” Situación que se empieza a materializar, para el caso colombiano, con los pronunciamientos de Duque sobre el caso Venezuela. Asimismo, Guaidó ha informado que ha “instalado la Comisión de Expertos de la Salud del Gobierno Legítimo”. Que, entre otras cosas, “tendrá como principales funciones: Acopiar y actualizar de forma permanente la información y conocimiento científico e internacional sobre el Coronavirus.” Frente a esta situación, la incertidumbre crece, pues el virus amenaza con expandirse en la región, mientras no son claros cuáles son los trabajos conjuntos. Por otro lado, Maduro el pasado 15 de marzo tomó la decisión de declarar en lo que denominó “cuarentena social” a siete (7) Estados venezolanos; Caracas, Cojedes, La Guaira y Miranda, Zulia, Táchira y Apure». ‘Ni raja, ni presta el hacha’ De hecho, en palabras de Duque, sobre Maduro, “no hay ningún canal, ni ejercicio político, mantenemos la postura de no reconocer el gobierno de Maduro”. Por otra parte, Duque manifiesta que le preocupa la población venezolana a pesar de que él cerró la frontera sin previo aviso el pasado sábado 14 de marzo, a las cinco de la madrugada. Decisión que hizo que miles de personas intentaran pasar por trochas en las que ni el Estado colombiano, ni el Estado venezolano tienen el poder. Por el contrario hay 28 Estructuras Armadas Ilegales que hacen presencia a lo largo del corredor fronterizo, de acuerdo con datos del último informe de Pares Sin dios no ley, sobre la situación de violencia en la frontera. Es más, para el momento del cierre de la frontera colombo-venezolana propuesta por Duque, se mantenía abierta la frontera colombo-ecuatoriana; que ya registraba un muerto por Covid-19 y 23 casos de infección. ‘Sin dios, ni ley’ En la zona fronteriza hacen presencia 28 Estructuras Armadas Ilegales, entre las que se encuentra el Grupo Armado Ilegal del Ejército de Liberación Nacional (ELN), 13 Grupos Armados Organizados, de alcance principalmente regional, como el EPL, Los Rastrojos, Clan del Golfo y 10 Grupos Armados PostFarc (GAPF), y 14 organizaciones criminales de carácter transnacional como los Pranes y el Cartel de Sinaloa. Estructuras como las del ELN y los GAPF, concentrándose especialmente en los departamentos de Norte de Santander, Arauca y Vichada. En este mapa se puede observar la presencia que ejercen estos grupos a lo largo de los municipios colindantes con Venezuela; Guainía, Vichada, Arauca, Norte de Santander, Cesar y La Guajira. Elaboró: Pares. De esta forma, es claro que el mandatario colombiano ha puesto en riesgo la salud y integridad de la población que vive en frontera en estos seis departamentos. Esta situación se recrudeció luego de conocerse el primer caso de contagio de Covid-19 en la ciudad de Cúcuta. Se trata de una mujer de 47 años procedente de España, quien arribó a suelo cucuteño el pasado 9 de marzo. A pesar de que el presidente Nicolás Maduro solicitó al gobierno colombiano retomar relaciones, el pasado 23 de enero, lo cierto es que ni con el Covid-19 Duque ha tratado de tomar cartas en el asunto. De hecho, el mandatario colombiano señaló que las acciones que se adelanten entre los dos países se harán de la siguiente manera: 1. Por un lado, Duque se refirió a dos instancias externas para ese trabajo conjunto; la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. 2. Por otro lado, precisó que las acciones se vienen adelantando por medio de las gobernaciones de Norte de Santander y la del Estado de Táchira. Extrañamente, tal como lo precisó León Valencia —director de la Fundación Paz y Reconciliación—; con la aceptación por parte de Duque de que “la intervención de la organización panamericana de la salud para mediar entre Colombia y Venezuela en el tratamiento de la pandemia desatada por el Coronavirus”. Toma una decisión que ya había recomendado Maduro, para lo que Valencia sentenció;” Resultó más sensato el régimen venezolano”.

Por: Laura Cano. Periodista Pares. El pasado viernes 13 de marzo la comunidad de la vereda El Palmar, ubicada en zona rural de Leiva, Nariño, amaneció registrando un nuevo hecho de violencia en este territorio: la masacre de cinco personas. En lo que se dio a conocer se informó que presuntamente personas armadas habrían llegado a dos viviendas la zona, donde se llevaron a cinco de sus habitantes, quienes luego aparecerían muertos en los corregimientos El Cedro y El Playón. Al parecer dos de estas cinco personas, vestían prendas de las Fuerzas Militares, además que sus cuerpos habrían sido arrojados al Río Patía y por esta razón habían sido encontrados en distintos puntos de la zona. Por otra parte, las versiones por parte de las autoridades de la región apuntan a decir que este sería un hecho de enfrentamientos por parte de grupos armados ilegales, quienes se disputan el control de los pasos que utiliza el narcotráfico en este punto del país. Al parecer, los autores de los asesinatos habrían sido miembros de la compañía Jaime Toño Obando del ELN quienes habrían cometido este hecho. Asimismo, se conoció que el CTI y la Fiscalía General de la Nación con sede en Pasto realizarían la inspección en la zona para determinar con más precisión lo ocurrido. Vale la pena resaltar que esta zona del país es un punto estratégico para el procesamiento de cocaína y su comercialización. Por esto varios grupos armados ilegales, además del ELN, hacen presencia allí para disputarse el control de las dinámicas de este mercado. Entre los grupos delincuenciales que allí operan está Cordillera Sur Gaitanistas, de quienes en el mes de noviembre del año pasado se supo que pretendían tomarse el corregimiento de Santa Rosa y la vereda Damasco (Nariño), en ese mismo momento el Ejército informó a través de un comunicado que “tras una compleja maniobra efectuada por uniformados de la unidad, la cual permitió entrar en contacto directo con el enemigo, se logró la muerte en desarrollo de operaciones de dos sujetos identificados como alias ‘Rocky’ y alias ‘Manolo’, integrantes de esta organización y quienes pretendían llevar a cabo acciones terroristas en el sector». Allí también opera el grupo armado organizado residual ‘Los Contadores’ que cuenta con casi 200 miembros. Este había sido liderado por alias ‘Contador’, uno de los narcotraficantes más poderosos del sur del país y con mayor injerencia en la producción y venta de cocaína dentro de la zona, pero también de exportación hacia El Salvador, Honduras, Guatemala y México. Alberto Arrigui Jiménez ‘Contador’, fue capturado el pasado mes de febrero. La Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, homicidio agravado y porte ilegal de armas. Sin embargo, el grupo se ha seguido fortaleciendo a través de alianzas con otras organizaciones criminales. Una de estas se habría dado con el frente Oliver Sinisterra, una disidencia de la antigua guerrilla Farc-ep que también tiene presencia en Leiva, y que luego de la muerte de alias ‘Guacho’ en 2018, se habría aliado con Los Contadores a través de sus cabezas para ese año: alias Gringo (Oliver Sinisterra) y Contador (Los Contadores). Se espera que pronto las entidadesencargadas puedan dar respuestas de lo sucedido en Leiva, dando a conocer los responsables, las causas y la identidad de quienes fueron asesinados en estos confusos hechos.

Por: Redacción Pares La Organización Mundial de la Salud ha emitido diez recomendaciones específicas para que los ciudadanos, se protejan del coronavirus. ¿En realidad se necesitan mascarillas?, lavarse las manos, limpiar las superficies, alejarse de lugares públicos abarrotados y evitar los viajes, están entre los consejos que ha compartido el director de la Organización Mundial de la Salud. Para la mayoría de las personas, el coronavirus comienza con fiebre y tos seca, no con secreción nasal 1. Lavarse las manos Lávese las manos regularmente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Tocarse la cara después de tocar superficies contaminadas o a personas enfermas es una de las formas en que se puede transmitir el virus. Al limpiar las manos se puede reducir el riesgo. 2. Limpieza de superficies Limpie regularmente con desinfectante las superficies como bancos de cocina y escritorios de trabajo . 3. Informarse Infórmese sobre el COVID-19 a través de fuentes confiables: su agencia de salud pública local o nacional, el sitio web de la OMS o su profesional sanitario local. Todos deben conocer los síntomas: para la mayoría de las personas, comienza con fiebre y tos seca, no con secreción nasal. La mayoría de las personas tendrá una enfermedad leve y mejorará sin necesidad de ningún cuidado especial. 4. Evitar los viajes Evitar viajar si tiene fiebre o tos, y en caso de enfermarse durante un vuelo, informar a la tripulación de inmediato. Una vez que llegue a casa, póngase en contacto con un profesional de la salud y cuéntele dónde ha estado. 5. Cuidado al toser o estornudar Si tose o estornuda, hágalo en la manga o use un pañuelo de papel. Deseche el pañuelo inmediatamente en un contenedor de basura cerrado y luego lávese las manos. 6. Si es mayor, evitar las áreas muy concurridas Si tiene más de 60 años o si tiene una afección subyacente como una enfermedad cardiovascular, una afección respiratoria o diabetes, corre un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave. Podría tomar precauciones adicionales para evitar áreas abarrotadas o lugares donde pueda interactuar con personas enfermas. 7. Quedarse en casa si se está enfermo Si no se siente bien, quédese en casa y llame a su médico o profesional de salud local. Él o ella le hará algunas preguntas sobre sus síntomas, dónde ha estado y con quién ha tenido contacto. Esto ayudará a asegurarse de que reciba el asesoramiento correcto, se dirija al centro de salud adecuado y evitará que infecte a otros. 8. Cuidados en casa Si está enfermo, quédese en casa y coma y duerma por separado de su familia, use diferentes utensilios y cubiertos para comer. 9. Consultar con el médico Si tiene dificultad para respirar, llame a su médico y busque atención médica de inmediato. 10. Hablar con la comunidad y el trabajo Es normal y comprensible sentirse ansioso, especialmente si vive en un país o comunidad que ha sido afectada. Descubra lo que puede hacer en su comunidad. Discuta cómo mantenerse seguro con su lugar de trabajo, escuela o lugar de culto.

Por: Laura Cano, periodista Pares. Desde la última semana de enero, Pares ha venido investigando y descubriendo una grave situación que se está presentando con los jóvenes en el municipio de Soacha y la banda delincuencial de ‘Los Paisas’ que habrían llegado desde Antioquia hasta este municipio aledaño a la capital a reclutar jóvenes para actividades delincuenciales. Durante el lanzamiento de la Campaña Lidera La Vida, que se realizó en la Procuraduría General en Bogotá, Marino Córdoba, director de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), habló con Pares e hizo público el caso de diez jóvenes de Soacha que habrían sido reclutados por grupos armados ilegales a través de ofertas laborales para luego ser conducidos a Bello, Antioquia. #ATENCIÓN l #FalsosPositivos #DenunciaPares Diez jóvenes afros habrían sido reclutados ilegalmente en Altos de Cazucá y Soacha y llevados a Medellín. Uno de ellos, al parecer, fue asesinado: Marino Córdoba AFROSES @ClaudiaLopez ⁦@DefensoriaCol⁩ ⁦@FiscaliaCol⁩ pic.twitter.com/CenM9A5R7N — Paz & Reconciliación (@parescolombia) January 31, 2020 Esta crítica situación, que tiene sumida a la comunidad del municipio vecino a la capital en el miedo y el silencio, tiene varias causas: por un lado, la situación de seguridad en el municipio ha dado vía libre para que diversos grupos ilegales hagan presencia allí, y por otra parte, institucionalmente las respuestas van dirigidas a afirmar que esto es solo presencia de delincuencia común organizada. Mientras que la comunidad está sometida a situaciones de profunda vulnerabilidad. Para las familias es muy difícil interponer las correspondientes denuncias ante las autoridades que, en este caso, deciden voltear a mirar para otro lado. ¿Qué está pasando en Soacha? En el 2018 la Defensoría del Pueblo informó a través de la Alerta Temprana 062 la aparición de ‘Los Paisas’ en el municipio, además de un reporte de presencia de grupos armados posdesmovilización por lo menos entre 2011 y 2017. En dicha alerta también se nombraban a Los Rastrojos, Los Urabeños y las Águilas Negras. A esto se le suma el reporte hecho a través de una investigación de la Fundación Paz y Reconciliación –Pares, en el que se encontró la posible presencia de más de 20 grupos criminales de diversa índole. ‘Los ‘Paisas’ serían los responsables del reclutamiento de los jóvenes del municipio. A pesar del amplio catálogo de bandas, según los habitantes y líderes de la zona, hay una de ellas que tiene hasta el momento el control de Soacha, particularmente en la comuna cuatro: Altos de Cazucá (30 barrios) y Ciudadela Sucre (9 barrios). Se trata ‘Los Paisas’, una organización criminal que surgió de los desmovilizado de las AUC vinculados a la Oficina de Envigado. Foto: Pares. A pesar del amplio catálogo de bandas, según los habitantes y líderes de la zona, hay una de ellas que tiene hasta el momento el control de Soacha, particularmente en la comuna cuatro: Altos de Cazucá (30 barrios) y Ciudadela Sucre (9 barrios). Se trata ‘Los Paisas’, una organización criminal que surgió de los desmovilizado de las AUC vinculados a la Oficina de Envigado, liderada por alias ‘Don Berna’, quien luego de estar un periodo en la cárcel de Itagüí, fue extraditado a Estados Unidos el 13 de mayo de 2008 con una condena que va hasta el 2040. Esta organización también conocida como ‘El Mesa’, presuntamente habría tenido nexos con la banda ‘Los Panda’, dedicada al tráfico de drogas en zonas como Soacha y Tunja, liderada por alias ‘Toto’, capturado en octubre de 2018. Por otra parte, en abril de 2019 varios medios informaron sobre la desarticulación de esta. ‘Los Paisas’ serían los responsables del reclutamiento de los jóvenes del municipio. “La primera información que tenemos es esa; de los chicos que se llevaron y hasta donde se conoce uno de ellos fue asesinado en Medellín, dicen que hay otros heridos, pero no hemos tenido más información. Nombres sí hay, pero el tema es que no se sabe exactamente qué pasó en Medellín. Para hacer la denuncia debemos tener mucha más información y esa información hay que documentarla. Es una denuncia sobre un hecho muy parecido y en la dirección de los ‘falsos positivos’ y si no la documentamos o sustentamos el Gobierno nos va a venir encima diciendo que eso no es cierto. Tratamos también de ser muy cuidadosos. Estamos en ese proceso”, afirmó Marino Córdoba, director de Afrodes. Según información de una de las personas que ejerce liderazgo en la zona, el joven asesinado en Bello fue trasladado a Quibdó, exactamente a Riosucio. Esto se supo luego de que una, de las dos jóvenes reclutadas, llamara al hermano de la persona asesinada para contarle lo sucedido. Hasta la fecha ese ha sido el único contacto y reporte que se ha recibido de estos jóvenes, aunque se afirma que se ha intentado restablecer las comunicaciones, pero estos intentos han sido en vano pues los celulares se encuentran sin señal. Este reclutamiento se presentó en el barrio La Isla, en una zona conocida como La 19, un espacio del barrio en el que están ubicadas aproximadamente 400 personas afrodescendientes provenientes de territorios pertenecientes a ciudades y municipios como Buenaventura, Chocó, Tumaco, Apartadó y Cartagena. Aunque la primera cifra presentaba un total de diez jóvenes y uno presuntamente asesinado, este caso ha presentado un problema principal que no ha permitido esclarecer la situación hasta el momento: el silencio provocado por el miedo. “Se llevan a los jóvenes del barrio, les dan plata para que se vayan y al llevarlos allá los están utilizando de carnada, miren el resultado: mataron a uno, pero la familia no quiere hablar por el miedo. Son cosas que vemos más graves, no los matan en el barrio, pero sí los están sacando a matarlos. Son jóvenes que vienen del desplazamiento. Es falta oportunidad para ellos, porque si hubiera oportunidades no los cogerían de carnada. Los llevan, los matan y los dejan por allá”, aseveró una persona líder de la zona. Aunque la primera cifra presentaba un total de diez jóvenes y uno presuntamente asesinado, este caso ha presentado un problema principal que no ha permitido esclarecer la situación hasta el momento: el silencio provocado por el miedo. Foto: Pares. Esta banda funciona por subcontrataciones en las que vincula a jóvenes de la zona para el microtráfico de droga, además ejercen dinámicas de miedo para ser reconocidos en el territorio: “cogen a los jóvenes los entierran de la cintura para abajo y empiezan a darles golpes. Por ejemplo, cuando dicen que no entregan la droga o el producido los entierran y los orinan. Son cosas que pasan allá y quedan ahí porque nadie dice nada, no pasa nada”, contó la persona líder. El 53,8% de la población se clasifica por debajo de la línea de pobreza y bajo la Línea de Indigencia se clasifica el 20,4%3 de la población. El promedio de la tasa de incidencia del índice de Pobreza Multidimensional (H) para 2005 en el promedio nacional fue de 50,4%, para Soacha el IPM es de 45,2%. Lo cual refleja que Soacha es de los municipios más pobres de Cundinamarca y del país. Foto: Pares. Cabe resaltar dos problemáticas relacionadas con lo anterior. Por una parte Soacha alberga una alta población víctima del conflicto armado con quienes el Estado tiene una deuda histórica y el gobierno actual se ha mostrado inoperante en acciones, además del olvido estatal con los habitantes y dinámicas del municipio. Así lo señala un informe de la Gobernación de Cundinamarca presentado en el año 2018: “El 53,8% de la población se clasifica por debajo de la línea de pobreza y bajo la Línea de Indigencia se clasifica el 20,4%3 de la población. El promedio de la tasa de incidencia del índice de Pobreza Multidimensional (H) para 2005 en el promedio nacional fue de 50,4%, para Soacha el IPM es de 45,2%. Lo cual refleja que Soacha es de los municipios más pobres de Cundinamarca y del país, teniendo como agravante la cercanía con Bogotá, ya que generalmente las regiones más pobres y menos desarrolladas se encuentran alejadas de la Capital”. A esto se le agrega lo estratégico de la zona para poder pasar droga desde y hacia Bogotá. Soacha se ha convertido en un importante corredor para el tráfico de estupefacientes. ¿Complicidad de la Policía? Por otro lado está la desconfianza que la comunidad le tiene a la Policía Nacional. Esta realidad ha sido determinante para que las familias no interpongan las correspondientes denuncias cunado un joven desaparece, denuncia una irregularidad o es maltratado. Esto lo confirmaron varias de las personas que le han hecho seguimiento al caso, además de habitantes del barrio: “La Policía prácticamente es una corrupción. Nosotros no les podemos decir nada porque enseguida la banda delincuencial se da cuenta, ese es el riesgo que nosotros pasamos allá por el trabajo que hacemos con los jóvenes”. “… El tema también es que hay que tener cuidado con estos grupos porque el que empieza a investigar, de una empiezan a ponerle el ojo. La Policía vive de sobornos, de unas transacciones económicas que se les da para protegerlos o para perseguir a otros y no a ellos”. “Con la Policía no se tiene confianza. Han pasado casos que han denunciado y la demora es que uno salga del comando de la policía para que ellos se den cuenta. Sale uno de allá y cuando uno llega al barrio ya saben que uno viene a denunciar o de decir algo que está pasando”. Allá empapelaron (la policía) a un muchacho que venía de estudiar como a las 11 y no traía cédula, lo cogieron y dijeron que era uno de los más buscados de allá, de la banda. La mamá llevó el certificado de la empresa, de donde estaba estudiando y como a los cuatro meses lo soltaron, cuando lo soltaron al pelado tuvieron que hacerle hasta una operación porque de las palizas que le dieron le partieron hasta una costilla, pero la mamá no quiso nunca denunciar porque al pelado lo habían amenazado. Foto: Pares. A esto se le ha sumado, aparte de la persecución directa de parte de ‘Los Paisas’ a los afro, la discriminación y estigmatización que parte de la Policía ha creado con esta población. Una fuente consultada en el territorio cuenta que: “La Policía allá es cómplice. Ven que están vendiendo el vicio y cómo cogen a los pelados. Cuando otros jóvenes que no están metidos en eso, sino que vienen de trabajar los cogen a palo porque hay mucha discriminación. La Policía con la población afro es muy racista con palabras fuertes y groseras. Que nosotros estamos de arrimados. Un joven compró un carro y le llegaron allá, lo privaron como 20 policías y todos los golpes eran con palabras groseras. Le decían que ese carro era robado, que él no podía tener un carro de esos. Al pelado le rayaron la cara, lo subieron privado al carro y nadie pudo grabar. La prima del muchacho grabó y se le metieron al apartamento para quitarle el celular, se lo dieron como a los tres días dañado. Allá no se puede reclamar. Si le van a pedir papeles a la población también es de forma grosera. Ven lo que ven y qué dicen – ah, cuando maten unos tres negros vamos a allá-. Ellos andan con dos revólveres. Fuera del que les dan de dotación andan con otro revolver. Y dicen que cuando ellos llevan un muchacho allá es para que les den dos o tres días de permiso, porque lo han dicho, entonces por eso se actúa de esa forma; con miedo”. La misma fuente consultado por Pares agregó que: “Si conocen al duro ¿por qué no se llevan a los duros? Retinen a los inocentes; jóvenes que no tiene nada que ver. Además, sacan las fotos diciendo que esos son de los más buscados, sabiendo que es mentira porque ellos saben quiénes son y no los cogen, sino que ponen pelados inocentes. Allá empapelaron un muchacho que venía de estudiar como a las 11 y no traía cédula, lo cogieron y dijeron que era uno de los más buscados de allá, de la banda. La mamá llevó el certificado de la empresa, de donde estaba estudiando y como a los cuatro meses lo soltaron, cuando lo soltaron al pelado tuvieron que hacerle hasta una operación porque de las palizas que le dieron le partieron hasta una costilla, pero la mamá no quiso nunca denunciar porque al pelado lo habían amenazado. Se tuvieron que ir de ahí para Cali de miedo, porque esa señora cayó en un estado de pánico por la forma en la que le trajeron al hijo. De miedo se fue”. Justamente esa está siendo la respuesta ante el miedo; el desplazamiento a otras ciudades o entre barrios o zonas del municipio. A partir de lo que se conoce por los residentes de La 19 se sabe que tres familias relacionadas con los jóvenes que reclutaron tuvieron que salir del barrio. A esto se le suma la alerta que se ha generado entre los habitantes de La Isla por lo que sería una nueva invasión en uno de los lotes cercanos al barrio, al que han llegado alrededor de 100 familias, quienes están viviendo otra problemática, pues allí se está presentando una dinámica en que se venden parte de los lotes y luego se es revendido haciendo salir a quienes ya estaban allá. ¿Y la institucionalidad dónde está? La falta de denuncias en entidades oficiales ha generado subregistros y versiones de lo sucedido. Anteriormente, se conocía que en los últimos años entidades como la Secretaría de Gobierno no reconocían, por lo menos hasta el anterior periodo, la existencia de Estructuras Armadas Ilegales, sino que eran nombrabas bandas criminales, desconociendo la organización que tienen las estructuras per se y por ende el alcance de sus actividades en el territorio. A esto se le ha agregado que al no haber denuncias ante el miedo de la comunidad y la falta de confianza con la Policía, el relato para la institucionalidad en algunos de sus organismos ha quedado ahí. “Nos han manifestado que hay personas que se han desplazado voluntariamente hacia otros lugares del país; por situaciones de amenaza de la parte delictiva, personas que se dedican a vender estupefacciones o cosas así y de pronto tienen algún tipo de conflicto delictivo entonces deciden irse para otras regiones del país”. “… si hay alertas vengan y nos dicen a nosotros cómo es y que vengan las víctimas y nos avisen, pero víctimas no aparecen”, afirmó a Pares el comandante de la Policía de Soacha, Édgar Correa . “Nosotros estamos analizando esa información, pero no hay nada concreto en cuanto a esa persona haya sido asesinada, ni nosotros podemos afirmar si hay desplazamiento allá, nadie nos ha puesto una denuncia formal, o sea, recibimos la noticia, fuimos y verificamos y nadie nos ha confirmado la información”. Además, Correa también explicó que con base en un informe del Ministerio de Defensa y el Centro Integrado de Inteligencia se había determinado que las estructuras armadas ilegales no tenían presencia en Soacha, que lo que había eran bandas de crimen común organizado, incluso aseguró que esta situación era transversal en todo el departamento de Cundinamarca. Tras esto, Correa dijo: “hay una situación problema en Soacha: que allí se acostumbraron que todo mundo vaya, vayan ONGS y pongan recursos, entonces es complejo, hay muchas cosas que pasan allá y yo me sorprendo”. En relación con esta información, el secretario de gobierno, Dany Caicedo le explicó a Pares: “Me dicen que estos jóvenes se dirigieron a Arauca y otros para Medellín. En ese caso me dicen que, sobre todo la Policía, le han hecho una inteligencia y que tienen el número de teléfono de uno de ellos que está allá por una oferta laboral que le hicieron. También me comentan que uno de ellos sí está desaparecido, pero que no tienen rastro alguno de la estadía de él, que se sabe que viajó con el compañero del que sí tienen rastro. …Correa me dijo – nosotros hasta tenemos números de una persona que son las que se fueron para allá y eso perfectamente se lo podemos comisionar a la Policía de ese sector del país para que haga su trabajo- «. Asimismo, el funcionario también hizo referencia a que luego que se conoció el caso, en la Secretaría se convocó un Consejo de Seguridad con organismos de inteligencia como la Policía y el Ejército, además que desde la Institución se le hizo saber el tema a la Unidad Nacional de Protección para que se tomaran medidas sin recibir respuesta a hoy. “Yo oficié a la UNP comentándole la situación para que tuviesen claro que se estaban presentando ciertos rumores de esto en el municipio, recalcando que ya tenemos antecedentes de falsos positivos en nuestro municipio, en ese mismo sector”. Por otro lado, uno de los primeros organismos que supieron del caso de los reclutamientos, la Defensoría del Pueblo informó: “ese no es un asunto de la competencia nuestra real, pero sin duda alguna sí tiene algún tema relacionado con nuestra gestión. Lo primero que hay que decir es que desde el año 2011 hemos venido notificando a través del sistema de alertas tempranas, una alerta temprana para el municipio de Soacha. Esta alerta temprana ha sido actualizada en siete ocasiones, en cada una de estas ocasiones hemos advertido escenarios de riesgo y vulnerabilidad de una y de otra manera relacionado con el tema de reclutamiento de jóvenes y adolescentes”. Ante esto, se argumenta que en el año 2018 el Gobierno Nacional lanzó un decreto que creó la directriz para crear regionalmente una Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por parte de grupos armados al margen de la ley y por grupos delictivos organizados (CIPRUNNA). A partir de lo que se conoce por los residentes de La 19 se sabe que tres familias relacionadas con los jóvenes que reclutaron tuvieron que salir del barrio. A esto se le suma la alerta que se ha generado entre los habitantes de La Isla por lo que sería una nueva invasión en uno de los lotes cercanos al barrio, al que han llegado alrededor de 100 familias, quienes están viviendo otra problemática, pues allí se está presentando una dinámica en que se venden parte de los lotes y luego se es revendido haciendo salir a quienes ya estaban allá. Foto: Pares. Por esto, la Defensoría ha hecho varios llamados a la Gobernación de Cundinamarca para la implementación de esta, sin embargo, esta última entidad ha dicho que solicita preparación técnica para su creación, tarea que está a cargo del Ministerio del Interior. Luego de conocerse el caso de reclutamiento, la Defensoría volvió a contactar a la Gobernación para conocer el estado de la Comisión sin haber recibido (hasta el momento de la publicación de este artículo) respuesta a la fecha de la conversación con el encargado de esta institución. Una entidad le lanza la responsabilidad a otra. Se requieren soluciones con urgencia Adicionalmente, se hizo la consulta en la entidad en la que Marino Córdoba puso la denuncia en medio del acto público de finales del mes de enero: la Procuraduría General, y la respuesta por parte del organismo fue que el tema ha saltado en tres dependencias: delegada para los Derechos Humanos, delegada para la JEP y delegada para las Entidades Territoriales sin resolverse cuál es la oficina competente para brindar una respuesta. A esto se debe agregar que históricamente el problema de reclutamiento a menores ha mostrado cifras alarmantes. Según el informe ‘Una guerra sin edad’ del Centro Nacional de Memoria Histórica publicado en el 2017, se registran 16.879 casos concentrados principalmente en el Meta, Tolima, Cauca, Urabá, Santa Marta, Medellín, Montería y Bogotá. Además, se registra que en la mayoría de los casos los menores fueron reclutados a los 14 años, sin embargo, 910 de estos fueron menores de esta edad. Esta práctica, luego de la firma del Acuerdo de Paz, presentó en el 2018 un pico en los casos con un total de 50 hechos, mientras que en el año anterior se habían registrado 24. El tema fue retomado por la emisora Blu Radio el mismo día que se conocieron los hechos, y casi un mes después por RCN Radio, en el que no se hacía referencia directa al caso particular, pero sí al posible reclutamiento de jóvenes. Desde la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, se hace un llamado a los organismos competentes para que se creen medidas que permitan mitigar los escenarios de violencia que Soacha ha tenido históricamente. Además, que los contextos sean analizados institucionalmente desde miradas no institucionales y guiadas más hacia las dinámicas que se viven, especialmente en la comuna cuatro, donde se cierra diciendo, por parte de habitantes del territorio, que es probable que en la zona haya una presunta presencia del Cartel de Sinaloa y disidencias de las Farc. Asimismo, que se implementen herramientas que permitan esclarecer con el escenario planteado la situación actual de los jóvenes que pudieron ser reclutados, independientemente si fueron dos o diez, si hay muertos o no. La comunidad necesita respuestas y acciones urgentemente.

Por: Laura Cano, periodista Pares. En Colombia son contados los casos que causan una verdadera alerta y pronunciamientos alrededor de alguna problemática. En ese grupo de ‘privilegiados’ está el virus que ha encendido las alarmas en 126 países: el Coronavirus. A causa de este y de los trece casos que se han registrado en el país, varios funcionarios del Gobierno han salido a decretar medidas y herramientas para la protección, demostrando que se pueden crear estrategias colectivas para mitigar riesgos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se actúa con el mismo tacto ante otras situaciones que se viven en el país? Prioridades: el problema del Gobierno Nacional Mapa: SIPARES: El anterior mapa no ha alertado tanto como el virus, posiblemente porque mediáticamente no ha tenido el mismo impacto. Ese mapa no muestra los infectados en Colombia, muestra el número de líderes sociales asesinados en el país desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016. ¿Y qué ha pasado al respecto? En total, a la fecha, según cifras de SIPARES se documentan un total de 352 casos registrados en 28 de los 32 departamentos del país, siendo Cauca, Antioquia, Nariño, Norte de Santander y Chocó las 5 zonas con más hechos con: 64, 51, 29, 27 y 22 nombrados respectivamente. A esto se le suma que quienes han sido asesinados ejercían un ejercicio que velaba por la calidad de vida de las poblaciones y el respeto de los territorios, provocando que estos hechos reduzcan este tipo de defensas y causas, además, que generen zozobra por las amenazas y el riesgo que corren sus vidas, esto, ante la inoperabilidad que ha demostrado el gobierno de Iván Duque de brindar medidas de seguridad que realmente protejan a los y las líderes. En relación con lo anterior se registra que el liderazgo que más casos presentó son quienes han estado al frente de juntas de acción comunal (JAC) con 108 hechos, seguido de líderes indígenas (61), líder campesino (50), líder comunitario (30), líder de comunidades afrodescendientes (20), líder social (14), líder sindical (12), representante de víctimas (1)1, defensor de derechos humanos (11) y líder de restitución de tierras (09). Además, que del total 311 son hombres, 48 mujeres y una persona es transexual. Es necesario blindar el Acuerdo desde los escenarios en los que estemos. Desde el principio del proceso se sabía que este hecho no era simplemente el papel y lo que quedo plasmado en él, era también construir nuevas dinámicas, salir a las calles a reclamar una implementación efectiva y también en rechazo a quienes han perdido su vida en nombre la paz en los territorios. Que las alarmas también se enciendan en hechos en los que la memoria nos debe recordar que no queremos ser el mismo país violento e indolente.