Por: Redacción Pares La región está significativamente enlazada a China, ya que las relaciones económicas entre ambas se han disparado en las últimas décadas, particularmente a través del comercio, la inversión extranjera directa y los préstamos. El brote del COVID-19 representa una nueva amenaza potencial para la economía de la región, según un experto en desarrollo de las Naciones Unidas. El brote del COVID-19 es una nueva potencial fuente de volatilidad y una amenaza para la estabilidad macroeconómica de América Latina y el Caribe. El subsecretario general adjunto de la ONU y Director Regional de América Latina y el Caribe, Luis Felipe López-Calva, analiza la situación a la que se enfrenta esta región tras la aparición del nuevo coronavirus que está afectando a la economía mundial en el artículo que reproducimos a continuación: Si bien aún es pronto para comprender completamente su impacto en el crecimiento de China, y cómo se traducirá en una desaceleración en nuestra región, lo que sabemos hasta ahora es que el coronavirus se está propagando a un ritmo acelerado y ha provocado una interrupción de la actividad económica en China, ya que el Gobierno ha limitado la movilidad dentro y fuera del país. El virus se ha extendido a más de 117 países, con más de 117.335 personas afectadas.* Es muy probable que el impacto del virus en el crecimiento chino y los precios de los productos básicos, además, represente un shock para nuestra región. América Latina y el Caribe está significativamente enlazada a China, ya que las relaciones económicas entre ambas se han disparado en las últimas décadas, particularmente a través del comercio, la inversión extranjera directa y los préstamos. El comercio entre China y la región aumentó de 12.000 millones de dólares en el año 2000 a 306.000 millones en 2018, y ya es el segundo socio comercial. Hace tres años, ya representaba 9% de las exportaciones totales latinoamericanas y 18,4% de las importaciones totales. Colombia: uno de los socios principales No en todos los países es igual, pero, por ejemplo, China representa 28,1% del total de las exportaciones brasileñas, así como 10,5 % de las argentinas y 32,4 % de las chilenas. Si bien China importa principalmente productos primarios como minerales y metales, productos agrícolas y combustibles de la región, sus exportaciones consisten en máquinas y equipos eléctricos, textiles, productos químicos y metales. Sus seis principales socios comerciales en la región son Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia y Venezuela, cuyas exportaciones se concentran en cuatro productos, que representan 75% de las exportaciones latinoamericanas a China: cobre, soya, petróleo crudo y mineral de hierro. Del mismo modo, la inversión extranjera directa y los préstamos de China han aumentado en la región durante la última década. Entre 2005 y 2017, la inversión de China en esta región representó 5% de la inversión extranjera directa total (más de 90.000 millones de dólares). Según el centro de políticas públicas Diálogo Interamericano, China ha colocado más de 141.000 millones de dólares en préstamos para la región desde 2005, lo que representa más que el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina combinados. Venezuela es, por mucho, el mayor receptor de estos préstamos, con un monto de 67.2000 millones de dólares desde 2005, seguido de Brasil (28.900 millones), Ecuador (18.400 millones) y Argentina (16.900 millones). Aunque el alcance total del impacto del coronavirus dependerá en última instancia de qué tan bien se contenga el brote, se espera que el crecimiento de China en el primer trimestre del año caiga bruscamente y se recupere más adelante en el año. Si bien China ha estimado su crecimiento para 2020 en 6%, varios analistas han revisado sus proyecciones a entre 5 e incluso 4,5%.

Por: Natalia Aguilar Salas. Colaboradora Pares. Ángela María Robledo volverá a tener un escaño en la Cámara de Representantes. Esta semana, la sección segunda del Consejo de Estado protegió su derecho fundamental a la oposición y revocó un fallo en el que este mismo tribunal electoral había anulado, por doble militancia, la resolución del CNE que le daba la curul por haber obtenido la segunda votación más alta en las pasadas elecciones a la Presidencia como fórmula de Gustavo Petro, esto como parte del Estatuto de Oposición. Los antecedentes El 25 de abril de 2019 la sección quinta del consejo de Estado decidió presentar una demanda contra Ángela María Robledo, la cual solicitaba nulidad electoral basándose en el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en el artículo 107 de la Constitución Política. La demanda la acusaba de doble militancia al postularse a la formula vicepresidencial de Gustavo Petro apoyando a Colombia Humana; ya que según la sección quinta debía renunciar 12 meses antes. En abril de 2019 se le impidió volver a ejercer su curul de la paz. Sin embargo el 2 de julio de ese mismo año, Ángela María Robledo interpuso una tutela en contra de la decisión de la sección quinta del Consejo. El primer fallo frente a la tutela fue presentado por la sección tercera del Consejo de Estado, la cual negó la solicitud de Robledo, ya que consideraban que se estaba realizando una interpretación normativa propia de la demandante y consideraban que en ningún momento se desconoció el derecho de Robledo. El 13 de enero de 2020 se realizó la impugnación de tutela. El hecho de ser la formula vicepresidencial de Petro le otorgó el derecho de ocupar su lugar en el Congreso, y por otra parte quedó establecido que la doble militancia no se le podría imputar a la congresista, ya que esta solo aplica a corporaciones públicas, gobernaciones y alcaldías. Pares habló con Ángela María Robledo para conocer su opinión frente a las realidades por las que atraviesa el país. Pares: ¿Cuáles van a ser sus prioridades legislativas ahora que regresa al Congreso de la República? Ángela María Robledo: Primero, y una prioridad fundamental, es seguir arropando la paz, esta paz frágil, esta paz que está en riesgo. Segundo, ser la voz de las feministas en el Congreso de la República. Yo me he reconocido, tengo prácticas, trabajo con y para las feministas. Tercero, toca llegar a tapar goles porque ya se anuncian proyectos de ley de este gobierno totalmente regresivos, una reforma laboral con la famosa frase de la señora ministra Alicia Arango de que usted puede contratar por dos horas a un ingeniero de sistemas y no pasa nada, eso ya anuncia lo que puede ser esa precarización aun mayor del tema laboral en Colombia. Llegar a tapar el gol de las pensiones, que con el disfraz de ampliar la cobertura van a privatizarlas, van a precarizar todavía más el trabajo, y van a seguramente a querer debilitar a Colpensiones que es el fondo público de pensiones en Colombia. Además, han anunciado también que en la reforma a la justicia de nuevo se arremete contra la JEP y contra la Comisión de la Verdad. Voy a estar ahí para defender esas instancias y toca trabajar y tener esas luchas para deconstruir el patriarcado, el sexismo, el racismo y el clasismo en Colombia. Hay que buscar formas en el mundo de la economía más allá de este capitalismo salvaje que lo que ha significado en un país como el nuestro es vivir en uno de los países más desiguales del mundo. Pares: ¿Qué propuestas impulsará desde la Cámara de Representantes para mejorar la situación de las mujeres en Colombia? A.M.R: Cero tolerancia a cualquier forma de violencia contra las mujeres, porque si las hay, no pasan por los escritorios de los jueces y los fiscales. Una profunda revolución que habría que hacer con las comisarías de familia que son los primeros lugares a los cuales llegan las mujeres buscando justicia y cuando llega la boleta para ir a una reunión con el comisario, ya las han matado. Hay una tarea enorme que no ha hecho ni el Congreso ni el Gobierno para reformar las comisarías de familia y volverlas garantes para las mujeres y sus familias, yo creo que lo que hay que hacer es seguir trabajando como lo he hecho antes. Lo que hemos dicho, y lo seguiremos haciendo, es que no queremos parir ni hijos, ni nietos ni nietas para la guerra; por eso debemos seguir arropando la paz. Es un gobierno sin empatía, sin capacidad de comunicarse con la ciudadanía y bastante enredado, acorralado con acusaciones porque presuntamente entraron recursos del narcotráfico a la campaña de Iván Duque. Hay pruebas al canto de lo que se ha llamado «la ñeñe política» o «ñeñe parapolítica» y por las denuncias de Aída Merlano Pares: ¿Qué opina del reciente fallo de la Corte Constitucional frente al aborto? A.M.R: En el tema del reciente fallo de la Corte al menos no nos devolvimos, pero yo sí tenía la esperanza de que avanzáramos en la despenalización, en dejar de criminalizar a las mujeres por tomar la decisión de no querer tener un hijo, aquí se nos devuelve otra vez a las tres causales; eso es respetable pero yo esperaba que avanzáramos un poco más porque los abortos clandestinos el año pasado en Colombia fueron cerca de 132.000 y yo me pregunto ¿qué paso con la vida de esas mujeres que tuvieron que acudir a ese aborto clandestino? Esta es una reivindicación fundamental del feminismo. El derecho a decidir sobre nuestros cuerpos se va a tomar otro tiempo, pero hay que seguir trabajando para hacer realidad aquello que hemos dicho las feministas: educación sexual para poder optar si queremos quedar o no embarazadas, anticonceptivos para no abortar y aborto seguro. Pares: ¿Cuál es su balance sobre el más reciente informe de las Naciones Unidas acerca de la grave situación de derechos humanos en nuestro país y las declaraciones de respuesta por parte del gobierno y de la canciller Claudia Blum? A.M.R: Esto es un gobierno negacionista, esa es la matriz de actuación y de opinión de este gobierno: decir que ellos están cumpliendo con el Acuerdo lo cual es totalmente mentiroso. Ayer asesinaron a un nuevo excombatiente de las FARC y con él ya van cerca de 700 líderes y lideresas asesinados. Este es un gobierno negacionista que se recrea diciendo “aquí sí hay muertos, pero no tanto”, y que se recrea diciendo como lo dice esta señora del ministerio del interior “no, aquí hay más muertos por robo de celulares que líderes sociales”. Es un gobierno sin empatía, sin capacidad de comunicarse con la ciudadanía, inoperante y bastante enredado, acorralado con acusaciones porque presuntamente entraron recursos del narcotráfico a la campaña de Iván Duque. Hay pruebas al canto de lo que se ha llamado «la ñeñé política» o «ñeñé parapolítica» y por las denuncias de Aída Merlano. Al parecer, había muchísima plata rodando en la región caribe para cambiar los resultados de la segunda vuelta a la Presidencia de la República. Además, Claudia Blum, entre otras cosas, no sabe dónde está parada pues ya sabemos que llegó criticando al canciller, hoy ministro de defensa y que está ahí porque fue una de las grandes financiadoras de la campaña de Ivan Duque, pues qué le podemos creer a una persona que no tiene formación ni sabe exactamente cuál es la dimensión de un informe como el que presenta Naciones Unidas. Pares: ¿Cómo es su relación actual con Gustavo Petro y Claudia López? A.M.R: Yo no lo voy a poner como una disyuntiva. Yo apoyé a Claudia, no solo yo, cientos de mujeres, y fue esa votación de mujeres la que fue decisiva para Claudia y ella lo sabe. Y bueno, ella en el Plan de Desarrollo puso unos elementos del acuerdo programático que firmó con nosotras. Yo quiero que a Claudia López le vaya bien, por supuesto, pero también quiero que Gustavo Petro juegue en la política de nuevo, por supuesto. Son dos figuras muy importantes de la democracia, de las tendencias progresistas de Colombia y tenemos que superar lo que pasó con Hollman Morris. Colombia Humana es mucho más que lo que pasa en Bogotá, y Colombia Humana ojalá se vea en expectativa en el 2022 además de una gran confluencia de estas fuerzas que he mencionado..

Por: Redacción Pares La Sala de Reconocimiento de la JEP ya ha acreditado 394 víctimas de la fuerza pública dentro del Caso 01, conocido como el de secuestro. La mayor parte de ellas, 244, entre miembros de la fuerza pública y sus familiares, son víctimas de la toma de la base antinarcóticos de la Policía en Miraflores (Guaviare), el 3 de agosto de 1999. La JEP también acreditó a 41 víctimas relacionadas con secuestros posteriores a la toma de Las Delicias en Puerto Leguízamo (Putumayo), 66 de la toma de Mitú (Vaupés), 27 de la toma de Cucutilla (Norte de Santander) y 16 de la toma de El Billar (Caquetá). Todos estuvieron cautivos por largos periodos con la finalidad de ser intercambiados por guerrilleros presos. Entre las 394 víctimas acreditadas están los familiares de siete integrantes de la fuerza pública secuestrados y desaparecidos, como es el caso de los familiares del capitán Luis Hernando Peña, quien, en cautiverio, fue separado de sus compañeros. Desde entonces no se tiene noticia de su paradero. Asimismo, entre las víctimas acreditadas están los familiares de Elkin Hernández Rivas y Édgar Yesid Duarte, quienes fueron asesinados después de más de 11 años secuestrados y “con tiros de gracia», en medio de un intento de rescate militar. La prioridad de Sala en estos hechos son el aporte a la verdad para la ubicación de las personas dadas por desaparecidas o de sus restos mortales. La acreditación de las víctimas en la JEP garantiza su participación efectiva en todas las fases del proceso, con el fin de materializar el principio centralidad de las víctimas y el de justicia restaurativa que orientan todas las actuaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz. Tanto los uniformados como sus familias podrán ejercer sus derechos a intervenir en el proceso al hacer sus observaciones, aportando y solicitando evidencia, a recibir medidas de protección, a conocer la verdad sobre lo sucedido, a que se haga justicia y se restaure el daño causado. Dentro del Caso 01 la Sala de Reconocimiento ya ha acreditado 1.959 víctimas. Entre las que están dirigentes políticos que fueron secuestrados con fines de canje, personas secuestradas con fines de extorsión y otros fines, así como familiares de personas desaparecidas y/o asesinadas después del plagio y otras modalidades de secuestro.

Por: Laura Cano, periodista Pares. Las investigaciones a José Guillermo Hernández Aponte han abierto uno de los capítulos más problemáticos para la presidencia de Iván Duque hasta el momento. Luego de los procesos adelantados por la Fiscalía desde el 2015 por el asesinato de Óscar Rodríguez, hijo de Carlos Rodríguez, un famoso sastre de la zona, ocurrida el 18 de agosto de 2011 en Barranquilla, la semana pasada se conocieron interceptaciones al narcotraficante ´Ñeñe´ Hernández que destaparon la presunta compra de votos para Duque por orden de Uribe. Varias fotosmuestran las relaciones del ‘Ñeñe’ con militares en altos cargos dentro de la Institución. A esto se sumaron las imágenes en las que el ‘Ñeñe’ aparecía en aviones del Ejército; una en el 2019 y otra en el 2015. Varias han sido las explicaciones que los implicados han dado. Por un lado, Duque afirmó que en efecto conocía al Ñeñe, que su padre y el de Hernández habían sido amigos, pero que él había conocido a José Guillermo hace alrededor de cuatro años atrás. Además, aclaró que en su relación no se dieron hechos ilícitos y que en defensa con lo que se le acusa, Luis Guillermo Echeverri, gerente de su campaña, creó una única cuenta nacional la cual estuvo regulada con más de 17 controles, que nunca se recibió dinero en efectivo y que además para la segunda vuelta las soluciones económicas se dieron a través de créditos. Aclaró que en las fotos donde aparece fueron tomadas en eventos públicos. Por otro lado, Álvaro Uribe aseguró no conocer al ‘Ñeñe’, que conocía de su oficio de ganadero pero no de sus conexiones con el narcotráfico, que esto se supo luego de su muerte, además, que las fotos en las que aparecen se dieron de forma fortuita. Asimismo, hizo las claridades respecto a la compra de votos, diciendo que desde su primera elección como concejal en 1974 ha sido transparente. Lo cierto es que las redes sociales de Hernández mostraban un supuesto circulo social lleno de políticos y figuras públicas, relaciones que no pueden ser pasadas por alto, pues estos vínculos pueden dar pistas de lo afirmado en la investigación de Gonzalo Guillén. Los lazos militares del Ñeñe Varias fotos mostraban las relaciones del ‘Ñeñe’ con militares en altos cargos dentro de la Institución. A esto se sumaron las imágenes en las que el ‘Ñeñe’ aparecía en aviones del Ejército; una en el 2019 y otra en el 2015. Caso por el que el pasado miércoles el Ejército comunicó que corfirman los traslados del Ñeñe: uno se dio en la aeronave Caravan de matrícula EJC1136. “Sobre el movimiento realizado el 9 de marzo de 2019 en la ruta Aguachica-Valledupar, para desplazar al señor comandante de la Quinta Brigada, quien efectuaba revista a las tropas, es de señalar que él fue convocado a una reunión de seguridad con el gremio de ganaderos y comerciantes del norte del país. Mencionada reunión fue realizada en la Cámara de Comercio de la ciudad de Valledupar, a donde además asistieron los comandantes de las diferentes unidades del Ejército que tienen responsabilidad en la jurisdicción, Policía Nacional y autoridades civiles, para tratar temas de seguridad, especialmente sobre la extorsión .Cuando el comandante de la Quinta Brigada se encontraba en el aeropuerto de Aguachica para iniciar el desplazamiento, recibió la petición de manera personal del señor José Guillermo Hernández Aponte para su traslado, debido a que, como ganadero y empresario de la región, también asistiría a la mencionada reunión de seguridad. Este apoyo finalizó una vez cumplido el itinerario del vuelo”. También mencionaron el primer viaje con el que se relacionaron: “sobre la fotografía en la que se registra una aeronave en tierra, esta corresponde al año 2015 en una finca en el municipio de Sabana de Torres, Santander, donde el comandante de la Segunda División de la época, en compañía de los comandantes de los batallones de Infantería N.° 40Coronel Luciano D’elhuyer y e Infantería N.°14 Capitán Antonio Ricaurte asistieron a una reunión de seguridad. En esta actividad participaron ganaderos de Santander y Cesar, para tratar temas sobre el flagelo del secuestro y la extorsión en las regiones. La aeronave nunca fue empleada por el señor Hernández, únicamente se transportó el personal militar”. En el comunicado el Ejército también se argumenta que, durante estos traslados, y además en las fotos del ‘Ñeñe’ con miembros de la Institución, ellos conocían a Hernández como un empresario de la zona, induciendo a que desconocían sus vínculos con Marquitos Figueroa, una de los narcotraficantes y criminales más fuertes del norte del país, además, desconociendo que José Guillermo Hernández está en expedientes judiciales desde 2015. Por su parte, el exministro de defensa, Guillermo Botero afirmó a través de su cuenta de Twitter el pasado 8 de marzo que: “Quiero reiterar que nunca recibí ninguna solicitud, ni existe reunión con el señor ‘Ñeñe’ Hernández, ni tampoco viajó conmigo. El avión de las fotografías no es de una aeronave que estuviera al servicio del traslado oficial del Ministro de Defensa”. ¿Quiénes son los militares con los que aparece el ‘Ñeñe’? 1. Adolfo Hernández En este momento Adolfo Hernández oficia como Comandante Fuerza de Tarea Hércules BG. EJC, nombrado en este cargo el 31 de diciembre del 2019 por el actual general del Ejército, Eduardo Enrique Zapateiro. Sin embargo, la carrera militar de Hernández ha estado marcado por un hecho específico el cual hasta el momento no ha sido resuelto: ejecuciones extrajudiciales. Una de las primeras alertas que se dieron por este hecho la presentó José Muguel Vivianco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, quien dado el ascenso de Hernández al Comando de Transformación del Ejército del Futuro el 21 de diciembre de 2018 por parte de Iván Duque, solicitó que esto no fuera así por sus implicaciones con estos hechos. Luego en un informe titulado ‘¿Qué futuro nos espera?’ presentado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) el 09 de marzo de 2019 ante la JEP, se solicita que se llame a Adolfo León para que dé su versión con 39 casos de posibles ‘falsos positivos’ que sucedieron mientras este ejercía como comandante del Batallón La Popa de Valledupar (2007 – 2009). De estas personas 26 fueron identificadas y cinco (5) de estas eran menores de edad. Además, se aclara que los asesinatos se dieron principalmente en los municipios del Cesar: Valledupar, Pueblo Bello, San Diego, Copey, Codazzi y Bosconia. Ante esto, Hernández aseguró en una entrevista con El Espectador realizada en marzo de 2019 que: “Estuve de comandante entre diciembre de 2007 a junio de 2009, y durante ese lapso se hicieron operaciones que condujeron a muertes en desarrollo de operaciones militares. En 2010, 2011, empezaron a cuestionarse algunos de esos resultados. En esa medida, después de salir de La Popa sí tuve conocimiento de que algunas de las muertes que se reportaron en ese desarrollo de operaciones estaban siendo cuestionadas. En ese momento, solo tuve conocimiento de dos casos en los que hubo suboficiales detenidos, se fueron a juicio y fueron condenados”. Por otra parte, también dijo que de ser necesario acudiría a la JEP: “Es mi juez natural. Como lo he hecho con la Fiscalía, estoy presto a colaborar y a declarar. Si me requieren, allá estaré”. Sin embargo, hasta el momento están investigaciones no han procedido a medidas efectivas y de los casos de los ‘falsos positivos’ relacionados con este militar no se han conocido más datos, dando como resultado que Hernández esté ahora dentro de la Institución y además que ahora se le relacione dentro del circulo social del ‘Ñeñe’ Hernández. 2. Raúl Antonio Rodríguez Arévalo Raúl Rodríguez fue el predecesor de Hernández luego de que este último llegará a la comandancia de La Popa. Rodríguez estuvo frente al batallón la Popa de la Décima Brigada Blindada durante los años 2005 y 2006, años en los que se cometieron 21 y 13 ejecuciones extrajudiciales, nombradas respectivamente. Por estos hechos la Fiscalía inició investigaciones y a la fecha hay alrededor de 4 soldados condenados, sin embargo, ninguno de estos fungía como mando alto. Al momento Raúl Rodríguez hace parte de la Institución como jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas, cargo que ocupa luego de que Iván Duque lo nombró en febrero de 2019. 3. Jorge Humberto Jerez Cuéllar En el momento este militar retirado tiene un contrato en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas hasta el 31 de diciembre de este año por el valor de 113,164,644.00. Jerez ha sido uno de los militares que ha mencionado su relación con el Ñeñe luego de que se conoció la supuesta compra de votos y además las relaciones de Hernández con militares. Él se refirió al tema diciendo que conocía al Ñeñe desde el 2015, sin embargo, afirmó que tampoco conocía sus laxos con narcotraficantes, aclarando que hasta ahora conoce del tema. De acuerdo con las fotos, contó que habían sido tomadas el 13 de febrero de 2015 en la Finca Montecristo ubicada en Montería mientras ambos asistían a una reunión de temas de seguridad en la zona. Jerez estuvo en la Institución por 37 años. Cabe señalar, que, según La FM, antes del viaje del ‘Ñeñe’ del 2015 en avionetas del Ejército, Jerez, que para ese entonces comandaba la Segunda División del Ejército Nacional le entregó al ‘Ñeñe’ una estatua de un soldado de bronce, esto como una condecoración por parte de la Institución. 4. Ricardo Restrepo El ahora Mayor General de la reserva activa y exsubdirector de la Policía Nacional, es otro de los funcionarios públicos con los que posaba el Ñeñe. Restrepo fue nombrado subdirector de la entidad en febrero de 2016, justo cinco meses después de la posesión en su cargo fue asesinado en Duitama Luis Orlando Saiz, quien fue impactado por una granada de gas en su cráneo lanzada por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) durante las protestas del Paro Camionero. Para ese momento Medicina Legal informó sobre la responsabilidad en la muerte de este hombre era del Esmad. Ante esto el medio Colombia Informa citó a uno de los testigos del hecho quien afirmó que: “Los señores del Esmad se nos acercaron. Él estaba hablando por celular y yo vi cuando el agente del Esmad le hizo el disparo -a un metro y medio de distancia- en la cara. No lo vi solo yo, sino todas las personas que estaban ahí”. Además, en ese momento El Espectador informó que Jorge Nieto, para ese momento director de la Polícia había dicho que: “Los agentes del Esmad se defendieron de los ataques que los manifestantes hicieron en su contra con piedras, palos, artefactos explosivos y bombas incendiarias, sin extralimitarse en el uso de la fuerza proporcional. Además, se activaron los protocolos y se hizo uso de mecanismos no letales”. Este, como la mayoría de los asesinatos perpetrados por el Esmad no ha tenido mayores procesos, ni penalizaciones por lo sucedido. Las últimas respuestas Ante todo esto lo último que se informó frente al tema del Ñeñe y la compra de votos para la elección de Iván Duque, el partido Centro Democrático ha dicho a través de un comunicado que “personas y organizaciones, en su mayoría vinculadas con la izquierda colombiana, están desarrollando en los últimos meses otra estrategia organizada, coordinada, agresiva y persistente con el Gobierno del presidente Iván Duque, contra el senador Álvaro Uribe y contra el Centro Democrático con el apoyo de periodistas, medios de comunicación, nacionales y extranjeros, que participan intensivamente en redes sociales”. A esto se le sumó lo anunciado por Cuestión Pública quienes informaron sobre la lista de ‘oposición’ que la cuenta de Twitter del Ejército había creado en la que estaban periodistas, medios de comunicación, políticos y organizaciones, entre estas: Gustavo Bolívar, Gustavo Petro, Vicky Dávila, Ariel Ávila, Salud Hernández, la JEP, José Miguel Vivanco, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Rodrigo Londoño. Ante esto el Ejército informó que: “La lista fue creada como una herramienta en la red social Twitter para el monitoreo de las menciones o etiquetas de la cuenta sobre temas relacionados con el Ejército Nacional, cualquiera que estos sean. Además, que esta herramienta solo le permite a la Fuerza informarse sobre contenidos que ya son públicos, para mantenerse informada del acontecer nacional e internacional, sin ningún otro fin”. “Desde que llegó el Gobierno de Iván Duque he tenido muchos problemas de acceso a la información, entonces los que criticamos algunas cosas o hechos no podemos acceder a información pública o a entrevistar a generales y coroneles. Este es el mundo al revés: le regalan viajes a narcotraficantes y a los analistas nos estigmatizan, así es muy difícil una democracia”, dijo Ariel Ávila, subdirector de Pares a Caracol Radio.

Por: Pares Pacífico. El debate sobre la erradicación mediante la aspersión aérea con glifosato tomó un nuevo impulso después de la visita del presidente Duque al presidente de los Estados Unidos Donald Trump. El pedido de reactivar las fumigaciones de coca en Colombia que hizo Trump sonó a regaño y puso en alerta a los territorios afectados. Mientras el presidente salió de inmediato a justificar el uso del glifosato, las Asambleas Departamentales del sur: Cauca, Nariño y Putumayo, venían adelantando debates en torno a este escenario. De manera unánime cada una de las Asambleas rechazó la intención del Gobierno nacional de retomar la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea en sus departamentos, suspendido en el 2015 durante la presidencia de Juan Manuel Santos. La posición de las diputadas y diputados de la zona sur del país es la expresión de las poblaciones que, entre la angustia y la incertidumbre, saben que los impactos de la fumigación con glifosato son nefastos ambientalmente y no son efectivos a la hora de reducir los cultivos, en una región que aporta más de la mitad de las hectáreas de coca registradas en Colombia por el SIMCI/UNODC. El glifosato en Colombia La erradicación mediante aspersión aérea comenzó en Colombia con el herbicida Paraquat en la Sierra Nevada de Santa Marta durante la denominada “bonanza marimbera” a mediados de la década de los 70. Rápidamente fue suspendida por la oposición de la entonces autoridad ambiental INDERENA y la prohibición al gobierno de Estados Unidos por parte de su Congreso. Sin embargo, en 1981 se retomaron las aspersiones aéreas en Colombia, esta vez por las presiones del presidente estadounidense Ronald Reagan a su homólogo colombiano Julio César Turbay para que el país se acogiera al programa de lucha mundial contra el tráfico de drogas. Desde esa época, dicho método ha sido parte de las estrategias de la lucha contra las drogas de los gobiernos colombianos, hasta el 2015 que fueron suspendidas por el Consejo Nacional de Estupefacientes mediante solicitud del Ministerio de Salud. Las razones se sustentaron en el informe de la Organización Mundial de la Salud – OMS – que informó al mundo que el glifosato, al igual que otros organofosforados, eran sustancias probablemente cancerígenas. La Corte Constitucional ratifico la suspensión mediante prohibición proferida en la sentencia 236 de 2017. No obstante, a mediados del año pasado el Gobierno nacional a través de la ministra de justicia Margarita Cabello Blanco, dio a conocer su intención de retomar la aspersión aérea con glifosato en el país mediante un borrador de decreto y se ratificó a inicios de este mes con la visita del mandatario colombiano a la Casa Blanca, donde, según el presidente Duque su homologo le manifestó que: “Va a tener que hacer aspersión aérea. Hay que utilizar la aspersión aérea para combatir los cultivos ilegales en Colombia si es que quieren llegar a cumplir con las metas que tiene proyectadas Colombia de erradicación de esos cultivos ilícitos” Al interior del país, sectores políticos, líderes campesinos, comunidades étnicas y ambientalistas han elevado su voz de rechazo a la reactivación de la erradicación mediante aspersión aérea de glifosato, por su parte, le piden al Gobierno que implemente el Acuerdo de Paz, en especial el punto 4 de sustitución de cultivos. El Gobierno defiende la erradicación forzosa y el uso del glifosato como su principal alternativa ante el aumento de los cultivos ilícitos. Asegura que dicho aumento se debe a su suspensión en 2015, razón por la cual se deben retomar, sobre todo en cinco (5) departamentos priorizados: Nariño, Cauca, Valle, Bolívar y Putumayo. Los cultivos de coca en estos departamentos De acuerdo con los datos de Naciones Unidas (UNODC) y del observatorio de drogas en Colombia (ODC) sobre los cultivos de uso ilícito, tomando el periodo de 2014 hasta el 2018, los departamentos de Cauca, Putumayo y Nariño concentran más de la mitad de las hectáreas sembradas en el país y confirman la importancia cuantitativa de estos departamentos como productores de hoja de coca. Nariño es el departamento que presenta el promedio de hectáreas sembradas más alto durante el periodo analizado, muy por encima de los promedios del Putumayo y prácticamente triplicando el área sembrada de coca en el departamento del Cauca. De acuerdo con los datos del gráfico 1, llama la atención que en el periodo 2014-2017 el crecimiento de las hectáreas cultivadas es sostenido en todos los departamentos con una ligera disminución o estancamiento en el 2018; a excepción del departamento del Cauca, donde se registró un incremento de más de dos mil hectáreas entre 2017 y 2018. Gráfico 1. Cultivos de Coca en Cauca, Putumayo y Nariño, resto del país y total nacional, miles de hectáreas (ha). Gráfica: Pares Pacífico En los dos últimos años que se intervino con aspersión aérea, 2014 y 2015, se fumigaron 20.711 hectáreas en Nariño en 19 municipios, 19.187 hectáreas en Putumayo y 5.172 en el departamento del Cauca. Sin embargo y a pesar de las más de 40 mil hectáreas asperjadas en el sur, para el 2016 aumentaron sustancialmente los cultivos de coca en estos tres departamentos, con más de 20 mil nuevas hectáreas. En el 2019 se aumentaron los operativos de erradicación manual respecto a 2018: en Cauca se pasó de 883 a 1.974 hectáreas erradicadas manualmente; en Nariño de 17.043 a 31.461 Ha; y en Putumayo se triplicó la erradicación manual pasando de 7.331 a 23.245 hectáreas intervenidas bajo este método. En conclusión: de acuerdo con los datos de área sembrada y erradicación en estos tres departamentos, se nota una clara tendencia de resiembra y estabilización, y una poco o nula efectividad de la política regresiva de erradicación forzada (aérea y manual), la cual cuenta además con una férrea oposición de los cultivadores de coca en los tres departamentos insistiendo en una implementación efectiva de los acuerdos de paz y del PNIS. PNIS, una alternativa a los cultivos ilícitos El punto 4 de los acuerdos de paz aborda la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas mediante los Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, entre ellos el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS –. Al programa se han inscrito 99.097 familias en el territorio colombiano. Cuando se implementó tuvo buenos resultados: bajos porcentajes de resiembra y reincidencia. Bajo este programa hasta el 2019 se han erradicado voluntariamente 34.767 hectáreas de coca. La implementación del PNIS es un pedido recurrente de las Asambleas de estos tres departamentos: erradicación voluntaria y concertada no forzada. En el caso del Cauca apenas 789 hectáreas de cultivos ilícitos, verificadas por UNODC, fueron adscritas al PNIS en 2016, de las cuales, 700 fueron erradicadas voluntariamente a fecha de 2018. En Nariño, el acuerdo de voluntades para integrar el PNIS, se firmó con 29 municipios, sin embargo, solo Tumaco fue integrado a este programa. Se vincularon 16.568 familias para erradicar manualmente 12.065 hectáreas de coca y sustituirlas con cacao, coco, palma de aceite, forestal, pesca y acuicultura, porcicultura, avicultura y ganadería. ONUDC ha verificado 6.437 hectáreas erradicadas hasta 2018. Putumayo es el departamento con mayor número de beneficiados con el PNIS con un total de 23.523 familias comprometidas a erradicar 12.518 hectáreas de cultivos ilícitos, de las cuales, según UNODC se han erradicado 8.686 has. a fecha de 2018. ¿Por qué las Asambleas rechazaron el glifosato? El Gobierno del presidente Duque desestima el Acuerdo Final: ha venido implementado una agenda propia alejada de los acuerdos con la intención de debilitarlos. A la vez, asegura que la fumigación con glifosato es una medida adecuada para contrarrestar las cifras negativas en materia de esta actividad ilegal. Frente a ello, la Asamblea Departamental del Cauca a la luz del principio de Precaución consagrado en la jurisprudencia y en la Ley 99 de 1993, rechaza el uso de glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos en el Cauca y votó una proposición de rechazo a la fumigación del diputado Víctor Armero del municipio de Argelia-Cauca, argumentando que: “El principio de Precaución es un elemento estructural del Derecho Ambiental, que está dirigido a evitar los daños graves e irreversibles que pueda sufrir el Medio Ambiente, imponiendo medidas preventivas en aquellos eventos donde no hay certeza sobre la afectación que el desarrollo de una actividad pueda causar sobre los seres vivos”. Complementaba el diputado Armero, que “esta forma de erradicación ha generado un daño irreparable sobre la salud de los campesinos, cultivos lícitos, fuentes hídricas y fauna del departamento caucano”, además afirma que la efectividad contra los cultivos ilícitos es casi nula. Por su parte, la Asamblea del Putumayo, mediante Proposición 03 de 2020, manifestó su rechazo a la reactivación de la erradicación forzosa mediante fumigación con glifosato toda vez que va en contra de los acuerdos de paz, principalmente, lo relacionado a la sustitución voluntaria en el punto 4. Mientras que la asamblea departamental de Nariño expresó su rechazo mediante votación de una proposición, a la iniciativa del Gobierno Duque porque: “Entre 1994 y 2015, en Colombia se fumigaron 1.896.709 hectáreas de cultivos ilícitos, asperjando en promedio entre 6 y 10 litros por hectárea y se pasó de 46.000 a 96.000 hectáreas de coca en el país durante la aspersión aérea con glifosato”. Solo en el departamento de Nariño se registró un incremento de cultivos ilícitos del 320% entre el 2000 y el 2015 durante las fumigaciones con glifosato, pasando de 9.300 a 29.800 hectáreas de coca. Además de ineficaz es mucho más costosa, por ejemplo, en el territorio nacional la erradicación forzada entre 2005 y 2014 tuvo un costo de $23.000.000 por hectárea cuando se realizó de manera manual y $72.000.000 cuando fue por aspersión aérea con glifosato. Según el Centro de Estudio sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, en Colombia por cada hectárea asperjada con glifosato los cultivos ilícitos se reducen entre 0.2 y 0.65 hectáreas y para erradicar una hectárea completa toca fumigar varias veces: la fumigación con el herbicida tiene una efectividad promedio de apenas el 4.2%. Agenda y voluntad política El presidente Iván Duque parece no dar brazo a torcer con esta iniciativa de erradicación forzada por encima de la sustitución voluntaria, que ha generado mejores resultados. El Gobierno Nacional muestra la fumigación con glifosato como una fórmula novedosa y necesaria contra el narcotráfico, no obstante, las cifras demuestran lo contrario: es la técnica más costosa, más ineficaz y de mayor resiembra que se realizó durante más de tres décadas seguidas. En los tres departamentos, a pesar de las dificultades y la poca voluntad del Gobierno Nacional, mediante el PNIS se han erradicado más del 90% de los cultivos ilícitos que se registraron en el programa. En tal sentido, las Asambleas del sur son conscientes de la problemática existente con las cadenas de producción del narcotráfico y plantean que la sustitución voluntaria es la mejor alternativa. Lo que se requiere y que es un pedido histórico, es generar verdaderas alternativas económicas a la coca para los cultivadores, de allí la importancia de la sustitución voluntaria, pero, es menester la voluntad política del ejecutivo: existe un compromiso territorial manifiesto por parte de las asambleas de Cauca, Nariño y Putumayo, solo falta el del presidente Duque.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares De acuerdo con el sentir expresado por las organizaciones de víctimas con respecto al actuar en los últimos meses del Centro Nacional de Memoria Histórica bajo la polémica dirección de Darío Acevedo, León Valencia —director de la Fundación Paz y Reconciliación—Pares, lanzó una audaz propuesta: “Que las organizaciones de víctimas retiren de allí sus archivos y se los entreguen, en ceremonia solemne, a la Comisión de la Verdad. Esto, en razón, del recrudecimiento de las andanadas —en cabeza del director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), Darío Acevedo—; en contra organizaciones de víctimas del conflicto armado. En ese sentido, el pasado 3 de marzo la Asociación Minga retiró 25 años de recopilación del conflicto que reposaban en 66 cajas, 427 carpetas y 31265 folios correspondientes a al archivo del conflicto armado en la región del Catatumbo. La solicitud de las organizaciones de víctimas es clara: cerrar de manera definitiva las relaciones con el CNMH, mientras Acevedo se mantenga a cargo del mismo. En las calles, las organizaciones han levantado la voz ‘Con la Memoria no se juega’ ha sido la consigna. Asimismo, Valencia señaló que la Fundación Paz y Reconciliación- Pares tiene 600.000 registros de derechos humanos del CNMH en un sistema de archivo que pueden ser entregados a la Comisión de la Verdad. De esta forma, el llamado de León Valencia a las organizaciones de víctimas, a la sociedad civil y a la opinión pública se configura como una salida a la crisis que vienen enfrentando quienes trabajan día a día por la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición. Darío Acevedo no es garantía El riesgo que representaba Darío Acevedo para la memoria histórica del conflicto armado fue advertido por Pares desde el pasado del 30 de enero de 2019, cuando siendo las las 7:27 p.m. en la página de aspirantes a ocupar cargos públicos de la Presidencia, apareció la hoja de vida de un nuevo opcionado para dirigir el Centro Nacional de Memoria Histórica: Rubén Darío Acevedo Carmona. En ese momento, Acevedo aseguró que el presente del CNMH “( ) es fruto del interés político de las guerrillas por imponer una explicación justificadora de sus aventuras y crímenes en ropaje académico”. Por su parte, en entrevista con la académica y experta en memoria histórica, María Emma Wills Obregón, Pares reseñó, en noviembre de 2019, su concepto acerca de la manera en que Acevedo está dirigiendo el CNMH (Lea aquí la entrevista completa). «El Centro Nacional de Memoria Histórica no se puede convertir en el lugar para hacer memoria sólo con aquellos que están de acuerdo conmigo y tienen las mismas posturas políticas y partidistas que yo. Por el contrario, el esfuerzo de memoria emprendido por el CNMH debe reconocer que hubo víctimas de todos los lados en este conflicto. La categoría “conflicto armado” es justamente la que permite poner a todas las víctimas en el mismo plano moral de reconocimiento.« Precisamente, la idea de León de Valencia centra a la Comisión de la Verdad como la encargada de velar por toda la información que tienen las organizaciones de víctimas. Justamente, cabe recordar que la Comisión de la Verdad, dirigida por el padre jesuita Francisco de Roux, fue creada después de la firma del Acuerdo Final en el Acto Legislativo 01 de 2017 y el decreto 588 de 2017; que establece que tendrá una duración de tres años, donde recopilará historias y versiones de quienes vivieron el conflicto armado en el país. Después de que se termine el plazo establecido, el grupo investigador presentará un documento donde se conocerán las historias de las víctimas. La Comisión de la Verdad Por otra parte, la Comisión de la Verdad hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición –SIVJRNR―, que fue creado como un mecanismo de carácter temporal y extrajudicial. En clave de su razón de ser, la CV tiene tres objetivos principales: 1. Contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, de acuerdo con los elementos del Mandato y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto armado. 2. Promover y contribuir al reconocimiento. Eso significa el reconocimiento de las víctimas como ciudadanos y ciudadanas que vieron sus derechos vulnerados y como sujetos políticos de importancia para la transformación del país. 3. Promover la convivencia en los territorios, en el entendido de que la convivencia no consiste en el simple compartir de un mismo espacio social y político, sino en la creación de un ambiente transformador que permita la resolución pacífica de los conflictos y la construcción de la más amplia cultura de respeto y tolerancia en democracia. Ahora bien, hechos como en el que la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia señaló que el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia era expulsado de la Red Internacional más grande e importante sobre memoria del mundo como consecuencia de no reconocer la existencia de un conflicto armado, constituye un grave y premonitorio antecedente. Asimismo, el convenio del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) con Fedegán, un gremio que ha estado salpicado por años con hechos que han recrudecido la violencia en el país: despojo de tierras, desplazamiento forzado y nexos con paramilitares; recrudecieron la delicada situación que estaban sufriendo las organizaciones sociales a la que hoy León Valencia presenta una salida contando con el apoyo de las organizaciones sociales de víctimas y la Comisión de la Verdad.

Por: Natalia Aguilar Salas. Colaboradora Pares. El pasado viernes en el bar Piel Roja, en el centro de Bogotá, se vivió una noche llena de escarcha, maquillaje, vestidos cortos y mucho baile, pero más allá de esto se convirtió en un espacio disruptivo, en donde las personas que son marginadas cotidianamente compartieron una noche de liberación. Allí, independientemente de su género, orientación sexual, e identidad de género, ellos y ellas lograron expresar libremente aquello que son y aquello que sienten. El movimiento Oh my drag! Se encargó de presentar un viewing party del segundo episodio de la temporada 12 del famoso reality Estadounidense Rupaul´s drag race. Un viewing party consiste en ver el episodio de una serie antes de realizar una fiesta, pero esta no fue cualquier fiesta, más que el festejo es la reunión de una red de apoyo entre el performance drag y la comunidad Lgbti. ¿Qué es Drag? Estas siglas significan “Dressed as girls” y no se puede pensar en drag sin pensar en teatro. En el siglo XVII no se permitía a las mujeres participar en las obras de teatro, así que para interpretar los papeles femeninos los hombres se travestían, también el terminó surge del verbo “drag”, el cual significa arrastrar, ya que en la mayoría de obras se utilizaban vestidos largos y los actores decidían como los iban a arrastrar en el escenario. El drag es parte de la escena queer, esta palabra fue reapropiada por la comunidad lgbti, ya que antes se utilizaba para describir algo “chueco”, “raro”, o “poco estable”, hoy en día queer es ser disruptivo y retar a las normas aceptadas socialmente e implica una resistencia a los valores tradicionales. Según la revista Issu, el drag en Colombia cobra impulso en los años 80´s y 90’s, donde se dieron a conocer los primeros bares donde la escena queer, gay y drag podían interactuar en un espacio libre de juicios y que propiciaba el arte drag; La pantera roja, tropicalia y la tasca Santamaría fueron los tres lugares más conocidos para las presentaciones drag queen. A finales del 2006 la Pantera roja cierra debido al asesinato de Félix Rodríguez, su fundador, Según el archivo digital del periódico El Tiempo, es posible que su asesinato hiciera parte de una serie de crímenes contra homosexuales en chapinero, ya que Andrés Rodríguez, médico del Instituto de Medicina Legal encontró más de 68 casos de homicidios con características similares entre el año 2000 y 2006. Varias de las víctimas eran hombres mayores de 40 años con estabilidad económica, lo cuales eran atacados en sus residencias. Según investigación de la Red Regional Sin Violencia Lgbti dada a comnocer en el informe “El prejuicio no conoce fronteras”, entre 2014 y 2019, más de 1.300 personas gais, lesbianas, transexuales, bisexuales e intersexuales han perdido la vida de manera violenta en nueve (9) países de América Latina y el caribe, en Brasil se estiman 1.600 víctimas en este periodo de tiempo, lo cual muestra que al menos 1 persona de la comunidad Lgbti es asesinada diariamente. Esto evidencia la inseguridad que viven las personas de la comunidad diariamente y la violencia a la cual están expuestos todos los días. Expresarse con libertad El drag permite vivir un espacio seguro donde las personas independientemente de su identidad de género pueden expresarse libremente, sin embargo se debe distinguir el drag de las personas transgénero, ya que los primeros ponen un personaje en escena, en donde tanto hombres como mujeres deciden travestirse del sexo opuesto, existen los Drag Queen y las Drag King. Un show drag es muy variado y consta de algunas características, una de ellas es el lip sync o sincronización labial, donde se vocalizan las letras de canciones de divas reconocidas. Fotos: Pares. Por otra parte, se encuentran las personas transgénero, las cuales deciden hacer la transición de su género biológico al sexo con el cual se identifican basándose en su identidad de género, por lo tanto no es un personaje ni un show, son personas que deciden enfrentarse a la heteronormatividad y vivir su cotidianidad afrontando constantes amenazas y dificultades sobre todo cuando se hace parte de una cultura y sociedad machista. La equivocación más común con aquellos que hacen drag es asumir el género y orientación sexual con la cual se identifican, muchas personas asumen que si alguien hace drag necesariamente es un hombre gay, pues están muy equivocados, existen hombres y mujeres heterosexuales, transgénero, bisexuales e incluso asexuales que hacen drag, y en algunos casos tienen familias tradicionales. Un show drag es muy variado y consta de algunas características, una de ellas es el lip sync o sincronización labial, donde se vocalizan las letras de canciones de divas reconocidas. Son espectáculos donde se realizan coreografías que muestran atuendos llenos de colores y maquillaje vibrante que busca resaltar los rasgos y exagerar las características de la cara, al igual que tacones con plataformas de hasta 11 centímetros de alto en donde se “montan”, existen drags que han sido pioneros en el mundo de la música, la actuación, el modelaje y siguen abriendo las puertas para aquellos que hasta ahora comienzan a explorar los matices del drag al igual que la creación de sus personajes. En el show de oh my drag! Fue de gran importancia mostrar el episodio de Rupaul’s drag race, ya que él es uno de los drags más reconocidos a nivel mundial y por medio del reality a visibilizado lo que significa hacer drag, las luchas de la comunidad para ser respetados y tenidos en cuenta, y por supuesto, ha sido pionero en la televisión mainstream, abriendo las puertas para la comunidad drag. En ese sentido, esta puesta en escena también ha demostrado que aun estando por fuera de los cánones de belleza y de comportamiento social tradicionales se puede triunfar en el mundo del espectáculo y marcar una diferencia; Rupaul fue nombrado una de las 100 personas más influyentes del momento durante el 2017 en la revista Time, donde Naomi Campbell escribió un artículo para resaltar sus logros y aportes a la comunidad drag, gay y al mundo del espectáculo. Más allá del show, el drag es político, es disruptivo y busca dar cuenta de la fluidez que hay entre lo femenino y lo masculino, salir de los roles tradicionales y explorar el género. Para ahondar en el mundo drag, Pares realizo una entrevista a Aquarella dee, artista de oh my drag! Pares: ¿Qué significa el drag para Aquarella? Aquarella: Yo siento que el drag nos ayuda a dar un mensaje de paz, de inclusión. Es un mensaje de respeto. Al momento de estar en un micrófono siempre tratamos de dar, de acercarnos a las personas y decir que estamos en un espacio lleno de respeto, de inclusión, disfrútalo, lleva el mensaje a tu casa. Hay muchas familias muy homofóbicas o que no saben que sus hijos son gais, por eso tratamos de acercarnos mucho a las personas y decirles que dejen el miedo, trata, ve adelante, acá todos somos una familia, incluso si vienes solo. Es un proceso difícil, es algo complicado. Yo siento que el drag nos ayuda a dar un mensaje de paz, de inclusión. Es un mensaje de respeto. Foto: Pares. Pares: ¿Cómo percibes tu seguridad cuando estás en Drag? Aquarella: Para nadie es un secreto que Bogotá, como muchas ciudades de Colombia, son algo pesadas. En todas partes hay inseguridad, haya policía o no. Lastimosamente yo a veces me siento en los zapatos de una mujer, porque te gritan en la calle, abusan, te acosan. Yo lo hago (drag) tres veces por semana, hay personas trans que están así todo el tiempo en la calle, y hay mujeres que se ponen un escote, una falda, y todo el tiempo están expuestas a toda esta discriminación, a la falta de respeto. Para mí es muy incómodo caminar por toda la séptima y todos se quedan mirándome y me gritan “maricón, mariquita”, como también está el otro lado de la moneda que es cuando las personas se te acercan y te dicen “oye qué linda eres, ¿oye me puedo tomar una foto contigo?”. A veces me pregunto ¿en realidad esto está pasando en el siglo XXI? , porque hay gente que no sabe que estamos en el siglo XXI y esas cosas no deberían estar pasando, el acoso a las mujeres, la inseguridad en las calles, esas cosas a las que uno está expuesto todos los días… simplemente prevalece la ignorancia, prevalecen las cosas negativas que todo el tiempo nos están oprimiendo. Pares: Para ti ¿qué es la paz? Aquarella: La paz es como el amor, la paz no existe. Solamente hay personas que tratan de ayudarnos y maquillar todas las situaciones del país. Para mí la paz es algo utópico, algo que podemos encontrar pero las personas no ayudan a que lleguemos a la paz. Sería algo increíble que este país estuviera lleno de paz, sin líderes sociales asesinados, sin mujeres agredidas. Pares: ¿Qué opinas de la alcaldesa de Bogotá? Aquarella: Yo confió en Claudia López. Yo no soy muy política ni nada de eso, pero esta vieja me parece que tiene los pantalones y todo el discurso para que las cosas vayan bajando. Yo siento que va a tratar como de liberarnos un poco, como lo hacen estos lugares que son plenamente heterosexuales y le abren la puerta a personas como nosotros , a personas drag, a personas trans, a personas “open mind” que vienen a compartir con sus amigos, y pueden compartir un espacio gay con uno, un espacio queer. Pares: ¿Tienen mucha censura alrededor de estos espacios? Aquarella: Sí. Por ejemplo nosotros tenemos unos espacios ya firmados en la 85: la entrada era por un lado del lugar, era para el bar que queda en la terraza que es plenamente heterosexual, y el bar de al lado es un bar gay; pero apenas dijimos que era para Drag Queens, para personas trans, LGBTI , nos dijeron que el público de al lado se iba a asustar , no van a querer entrar porque van a ver Drag Queens, entonces me parece algo muy loco y que no tiene sentido, porque si te das cuenta no toda la población LGBTI, tiene ese afecto a las personas, las ganas de quererse acercar, de dar un mensaje, no todas somos así, pero independientemente a todas las personas les gusta ver esto, es uno caminándose un show. Finalmente vale la pena resaltar que la población lgbti y los espacios incluyentes todavía tienen muchas dificultades en Bogotá y en el país, además de los riesgos que corren las personas de la comunidad debido a la homofobia y el machismo, también deben esforzarse por encontrar espacios seguros e incluyentes que les permitan expresar su identidad de género libremente sin riesgo a perder la vida.

Por: JULIÁN F. MARTÍNEZ. Especial para La Nueva Prensa Una de las once empresas del extinto narcotraficante “Ñeñe” Hernández, La Gloria Ganadería (con sede en Valledupar), puso a disposición de la campaña del entonces candidato a la presidencia de Colombia Iván Duque Márquez una camioneta blindada modelo 2015, marca Toyota Land Cruiser, de matrícula UTL250, de Bogotá. Esa firma en ese momento era investigada por narcotráfico, lo mismo que su propietario. Todos estos bienes le pertenecían también al narcotraficante Marcos de Jesús Figueroa, alias “Marquitos”. Ese vehículo fue usado de tiempo completo en las dos vueltas electorales. Se hizo célebre por la cantidad de propaganda que exhibía de Duque en la Costa Norte. Al parecer, Duque y Uribe se movilizaron en ese vehículo durante la campaña. El 23 de marzo de 2018 el narcotraficante “Ñeñe” Hernández presentó en sus redes sociales la camioneta y publicidad que hicieron parte de sus aportes a la campaña de Iván Duque. El 30 de marzo de 2015 la empresa del narcotraficante “Ñeñe” Hernández adquirió la camioneta que aportó a la campaña de Duque. “Ñeñe” Hernández murió en confusas circunstancias en Brasil, en 1 de mayo de 2019, cuando era buscado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, DIJIN, y autoridades de Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos. “Ñeñe” Hernández y su esposa fueron los invitados principales de Duque en los actos de posesión presidencial del 7 de agosto de 2018. La camioneta es uno de los 72 vehículos del traficante de cocaína incautados el 31 de mayo de 2019 por la Fiscalía General de Colombia, 30 días después del asesinato en Brasil. El valor total de las propiedades confiscadas a ese criminal para extinción de dominio se acerca a los dos millones de millones de pesos colombianos. La Sociedad de Activos Especiales (SAE), del Ministerio de Hacienda, se vio obligada a entregarle los bienes de “Ñeñe” a un depositario provisional, de acuerdo con la resolución número 1275 del 21 de agosto de 2019, firmada por la presidenta de esa entidad, María Cristina Torres de Cristancho. El 5 de septiembre de 2019, la Cámara de Comercio de Valledupar fue notificada por la Sociedad de Activos Especiales del Ministerio de Hacienda de que la empresa La Gloria Ganadería estaba intervenida por delitos relacionados con narcotráfico. El control de la compañía La Gloria Ganadería le fue asignado por la SAE, para un período de dos años, a la señora Yeny María Díaz Bernal, en calidad de depositaria. «Ñeñe” y sus empresas eran sospechosas de narcotráfico, en Estados Unidos y Colombia, al menos desde 2017. Entre lo que le fue incautado a “Ñeñe” están, además de la camioneta puesta abiertamente al servicio de la campaña de Duque, otros 75 vehículos tipo campero y camiones, 11.949 cabezas de ganado, cinco estaciones de venta de combustibles, diez establecimientos de comercio, entre ellos La Gloria Ganadería; once sociedades dedicadas al comercio de hidrocarburos y 72 inmuebles de lujo, entre otros. La Fiscalía General y la DIJÍN informaron la incautación de los bienes de “Ñeñe” Hernández el 11 de junio de 2019. El abogado Miguel Ángel del Río dijo a La Nueva Prensa que “Ñeñe” Hernández solía decir, y así fue grabado por la DIJIN: “El Presidente Duque es mi hermano”.

Por: Laura Cano, periodista Pares. Desde la semana pasada las alarmas por los niveles que podía alcanzar el dólar se encendieron, luego que este terminará el pasado viernes con un valor de $3.584, lo que representó un aumento de $62, esto frente a la Tasa Representativa de Mercado (pesos colombianos por dólar) que fue de $3.522. Esto provocó un nerviosismo económico que hoy da resultados; un precio del dólar cercano a los $4.000, presentando una subida 220 pesos y llegando a los 3.804 pesos, esto respecto a la TRM definida para hoy: 3.584 pesos. Causas y consecuencias Hablamos con el analista económico José Roberto Acosta, quien nos nombró dos puntos importantes para tener en cuenta en esta situación: 1. El mayor ingreso de divisas en el país se debe a la exportación de petróleo; Colombia depende mucho de la exportación de crudo y este tuvo un desplome en su precio de 70 dólares. Al generarse la mitad de lo que se estimaba se provoca una escasez de dólar que hace que su precio empiece a incrementarse. 2. El plan fiscal de mediano plazo del Gobierno y de Ecopetrol estimaba un precio promedio para todo el 2020 de alrededor 62 dólares. La realidad es que el crudo Brent se estima con un precio de 36 dólares, lo que provoca que las finanzas de Ecopetrol y el plan fiscal de mediano plazo se descuadren totalmente, obligando a una búsqueda de recursos adicionales como una reforma tributaria, una reforma que ante la falta de gobernabilidad del Gobierno difícilmente se pueda tramitar ante el Congreso. Así que, por la falta de generación de divisas, por el descuadre de las finanzas públicas esta caída del precio del petróleo voltea el precio del dólar y también el presupuesto general de la nación. Esto plantea un panorama muy poco alentador para el sector público y privado, y a su vez a los colombianos del común, pues esto llevaría a un incremento de la deuda externa que dispararía el precio de las divisas y por ese mismo camino una hueco financiero que comprometerían una futura estabilidad. Además, la relación de esta situación económica representa para las empresas una baja sostenibilidad dada la subida del dólar, afectando directamente la ampliación de estas en el país y a su vez la generación de empleo que estas representan en Colombia. Por esa misma línea, otro de las problemas que representa este contexto es el posible incremento en la canasta familiar, dado que productos como frutas, granos y concentrados para animales tendrían un incremento, lo que a su vez tendría injerencia en el precio de proteínas como pollo y carne de res y cerdo, pues la subida de los concentrados encarecería este tipo de productos. Esto recalca que la subida del dólar no solo afecta al sector empresarial, pues la dinámica que genera este en la cotidianidad representa una problemática en las movimientos económicos colectivos e individuales. Por otro lado, otro de los escenarios que no se ven con mucho optimismo frente a esta situación son las exportaciones, Acosta afirma que: “aunque por cada dólar se van a recibir más pesos y al exportador eso lo pone contento, se está notando una restricción de los mercados internacionales. Tal vez vendamos menos flores, cueros y manufacturas y haya una tendencia a la baja de la compra de petróleo colombiano y si el volumen de esas ventas decrecen, contrarrestaría la generación de ingresos para el país”. Este incremento en el dólar afectará la canasta familiar, dado que productos como frutas, granos y concentrados para animales tendrían un incremento, lo que a su vez tendría injerencia en el precio de proteínas como pollo y carne de res y cerdo, pues la subida de los concentrados encarecería este tipo de productos. A pesar de esto, podría generarse un posible escenario positivo, pues al haber una subida en el dólar y por ende en las compras internacionales, esto podría promover mayores dinámicas en las economías nacionales, “haciendo que la oferta empiece a reaccionar un poco para suplir el aumento de la demanda agregada que ha venido siendo robusta en los últimos años y ha mantenido el crecimiento. Así que esperemos que esa capacidad reaccione positivamente y el aumento de precios solo se vean en productos importados y no en lo que podemos producir localmente”, agregó José Roberto. ¿Qué pasa con el Coronavirus? Uno de los puntos a los que muchos análisis han llegado, es que uno de los mayores responsables de la subida del dólar que ahora afecta a muchos países de la región tiene que ver con la propagación del COVID-19, pues el miedo al contagio ha paralizado principalmente el turismo internacional, una de las actividades que más producen ingresos mundialmente; ejemplo de esto es la actual situación que vive Italia, en donde las medidas de aislamiento han generado vacíos en ciudades como Venecia, una de las más atractivas para los visitantes que llegan a dicho país. Por otro lado, el virus también ha provocado que se frene la demanda mundial del petróleo. Por ejemplo, China está dejando de comprar petróleo colombiano, sumándose a la batalla petrolera entre Arabia Saudita y Rusia que afectó la semana pasada la unidad de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la cual buscaba un recorte de la producción de crudo para poder sostener los precios, esto dado los efectos económicos producidos por el Coronavirus. José Roberto Acosta concluye diciendo que a nivel nacional “la principalmente medida del Estado colombiano es el papel que juega el Banco de la República, pues este posee hoy cerca de 53.000 millones de dólares en reservas internacionales, de esas reservas podrían llegar a desacomodarse en la medida que la subida del dólar supere unos niveles técnicos que obligan al Banco de la República a salir a vender”.

Por: Redacción Pares La crisis del coronavirus es ante todo una amenaza para la salud pública, pero también es, y cada vez más, una amenaza económica. El terremoto del COVID-19 desencadenará una recesión en algunos países y una desaceleración del crecimiento anual global por debajo del 2,5%, a menudo tomado como el umbral de recesión para la economía mundial, según el último informe de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). Como le dijo a Pares el experto económico José Roberto Acosta, el miedo al contagio ha paralizado principalmente el turismo internacional, una de las actividades que más producen ingresos mundialmente; ejemplo de esto es la actual situación que vive Italia, en donde las medidas de aislamiento han generado vacíos en ciudades como Venecia, una de las más atractivas para los visitantes que llegan a dicho país. El mundo llega ya a los 100.000 casos de coronavirus. Por el momento, doce países y territorios de América han documentado 18 pacientes infectados con el COVID-19. En Estados Unidos han ocurrido las únicas muertes del continente. La Organización Panamericana de la Salud afirma que las naciones latinoamericanas y caribeñas afectadas se encuentran ya en la fase de respuesta y subraya la urgencia de fortalecer la contención. El impacto resultante en el ingreso global en comparación con lo que los pronósticos habían proyectado para 2020 será de alrededor del billón de dólares, en el mejor de los casos, y de dos billones, en el peor. “La duración y la profundidad de la crisis dependerán de tres variables: cuán lejos y cuán rápido se propagará el virus, cuánto tiempo pasará antes de que se encuentre una vacuna y qué tan efectivos serán los encargados de formular políticas para mitigar el daño a nuestra salud y a nuestro bienestar físico y económico”, señalan los expertos. La incertidumbre que rodea a cada una de estas variables se suma a la sensación de ansiedad de los individuos, que es una cuarta variable que determinará los resultados de la crisis. Dos salidas a la crisis Hay dos salidas posibles de las consecuencias económicas de la sacudida del nuevo coronavirus: la de costumbre, hasta la próxima crisis, y la de la asunción de un liderazgo político que enderece las fallas estructurales económico- sociales y económico-medioambientales de la economía mundial. La opinión consensuada es que esta crisis tiene el potencial de alterar lo que fue una recuperación global titubeante, pero bien alineada, que se había establecido durante el segundo semestre de 2017, gracias a una serie de políticas encaminadas a anular las amenazas a una confianza económica renovada, lo que a su vez había sustentado una serie de pronósticos optimistas de crecimiento para los próximos años. Desde esta perspectiva, si el brote es de corta duración, una combinación familiar de políticas monetarias (idealmente limitadas a recortes en la tasa del banco central pero posiblemente con algunas medidas menos ortodoxas para bajar las tasas de interés a largo plazo) y de estabilizadores fiscales automáticos deberían ser suficientes para salvar el día, con la recuperación asumiendo la forma de «V» que siguió, por ejemplo, la crisis provocada por el virus del SARS en 2003. Reducir la desigualdad Abordar las desigualdades económicas debería ser una parte central de la respuesta política con un reconocimiento de los beneficios tanto a corto como a largo plazo. Las crecientes desigualdades durante varias décadas han erosionado el poder adquisitivo de la mayoría de los hogares desde mucho antes del brote de Covid-19, y ahora plantean serios obstáculos en contra de una recuperación sólida después del brote. Al apoyar el crecimiento del empleo, el gasto gubernamental también estimula el crecimiento de los salarios. Una regulación más estricta del mercado laboral también es importante ya que respalda los ingresos (por ejemplo, con salarios mínimos), la seguridad de los ingresos (por ejemplo, con pensiones, seguro de desempleo y prestaciones por enfermedad) y la capacidad de obtener ingresos (por ejemplo, con disposiciones de atención médica, educación y más). Lo que se necesita para salir de esta crisis Según la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, los bancos centrales no están en condiciones de resolver esta crisis por sí solos. “Una respuesta adecuada de política macroeconómica necesitará un gasto fiscal agresivo con una inversión pública significativa, y apoyo de asistencia social dirigido a trabajadores, empresas y comunidades afectadas negativamente”, según el análisis. Todo ello, “requerirá la coordinación internacional de estos programas”. La UNCTAD reconoce que los llamados a un mayor gasto público siempre generan temores de despilfarro y problemas financieros en el futuro. Estos temores “son inapropiados frente al gasto masivo por la mala gestión macroeconómica, como la austeridad fiscal que frena el crecimiento y erosiona los ingresos fiscales, los rescates de los de los bancos privados por parte de los bancos centrales, los subsidios a los combustibles fósiles y la escala de evasión y evasión fiscal internacional”, señala el documento. Reducir algunos de estos gastos sería suficiente para lanzar un Global Green New Deal (un nuevo acuerdo verde mundial) que incluye mejoras en los sistemas de salud pública. Los Gobiernos que están dispuestos a hacer «lo que sea necesario» para estabilizar la economía tienen que aumentar el gasto hasta que la demanda del sector privado y el empleo vuelvan a tasas de crecimiento saludables. Las lecciones de la década anterior son claras: la combinación de una política monetaria agresiva e intervenciones fiscales tímidas deja a los inversores privados en un limbo de «esperar y ver» y alienta el espíritu especulativo. En la crisis actual, también existe el riesgo adicional de que una respuesta fiscal lenta podría aumentar el alto riesgo de contagio. Los gobiernos deben dar una señal clara de que las preocupaciones de la deuda pública son secundarias a las preocupaciones de salud pública. Los llamados a relajar las posiciones fiscales no deberían verse limitados por el argumento de que un mayor gasto es ineficaz si las empresas enfrentan cuellos de botella en sus cadenas de suministro. Si bien existen cuellos de botella, la verdadera restricción que enfrenta la economía global es la falta de gasto, especialmente la inversión en infraestructura física y social, así como en investigación e innovación financiadas con fondos públicos. Además, el progreso técnico y el crecimiento de la productividad se ve frenado por el bajo gasto en estas áreas.

Por: Redacción Pares Según el último informe revelado hoy por la ONG internacional Human Rights Watch -HRW, agentes de la Policía Nacional de Colombia cometieron a fines de 2019 múltiples abusos en contra de manifestantes mayormente pacíficos que participaron en protestas a nivel nacional. Los avances en las investigaciones contra estos funcionarios han sido muy limitados. Desde el 21 de noviembre de 2019, dice el informe, miles de colombianos han salido a las calles como parte de un paro nacional para protestar por cuestiones que van desde propuestas de reforma tributaria hasta el asesinato de defensores de derechos humanos. Si bien en general las protestas se desarrollaron de manera pacífica, algunos manifestantes cometieron actos de violencia, incluyendo agresiones con piedras a policías, saqueos y quema de bienes públicos y privados, sobre todo en Bogotá y Cali. En varios casos, la policía empleó la fuerza de manera excesiva contra los manifestantes, incluidos casos de golpizas y uso indebido de armas “menos letales” durante operaciones antidisturbios. “Hemos recibido denuncias y pruebas creíbles de graves abusos por parte de policías colombianos, incluyendo detenciones arbitrarias y golpizas brutales contra manifestantes pacíficos, personas detenidas y transeúntes”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Es clave que el presidente Duque envíe un mensaje claro de que el resguardo del orden público no autoriza a la fuerza pública a violar los derechos humanos y de que los abusos no serán tolerados”. Entre noviembre de 2019 y febrero de 2020, Human Rights Watch entrevistó a 26 víctimas de abusos, familiares de víctimas, abogados de derechos humanos y funcionarios gubernamentales; corroboró videos difundidos en redes sociales; revisó informes médicos y denuncias penales; y solicitó información a la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa y la Procuraduría General de la Nación. El 23 de noviembre, un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) disparó una munición conocida como “bean bag” contra Dilan Cruz, un manifestante de 17 años, en el centro de Bogotá. Cruz fue trasladado a un hospital y falleció dos días después. Human Rights Watch también se reunió en Bogotá con funcionarios gubernamentales, incluidos el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, el director de la Policía Nacional Oscar Atehortúa Duque y el entonces fiscal general, Fabio Espitia. El 22 de enero, el fiscal Espitia señaló a esta organización que su institución estaba investigando 72 casos de posibles abusos perpetrados por policías durante las protestas. Sin embargo, nadie había sido imputado. El Ministerio de Defensa indicó que el sistema de justicia penal militar estaba investigando 32 casos de posibles abusos relacionados con las protestas. Conforme al derecho internacional de los derechos humanos, los abusos atribuibles a agentes de seguridad deben ser investigados por la justicia penal ordinaria, no por la justicia penal militar. El homicidio de Dilan Cruz Uno de estos casos es el del homicidio de Dilan Cruz, de 17 años. El 23 de noviembre, un integrante del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) disparó a Cruz en la cabeza con una munición conocida como “bean bag”, diseñada para ser disparada a los brazos o las piernas. Cruz participaba de una manifestación en el centro de Bogotá y falleció dos días después. El 12 de diciembre, el Consejo Superior de la Judicatura remitió el caso a la justicia penal militar, argumentando que los acontecimientos “se presentaron durante un acto de servicio que cumplía el agente del ESMAD involucrado”. El 14 de enero de 2020, la Procuraduría General de la Nación, un organismo independiente, pidió a la Policía Nacional que suspendiera el uso de escopetas calibre 12 que se emplearon cuando murió Cruz. La Procuraduría indicó a Human Rights Watch que los policías reciben escaso entrenamiento en el uso de esta arma, a menudo impartido por agentes que tampoco están capacitados para usarla. Atehortúa Duque indicó a Human Rights Watch que cada agente debe estimar aproximadamente cuál es la distancia en la que está disparando. También señaló, a fines de enero, que la policía sigue usando las escopetas a pesar de la solicitud formulada por la Procuraduría. El 14 de enero, la Procuraduría General de la Nación pidió a la Policía Nacional que suspendiera el uso de escopetas calibre 12 durante manifestaciones. La institución indicó a Human Rights Watch que los policías sólo realizan una capacitación de tiempo parcial, durante 61 horas, sobre cómo usar determinadas armas, incluidas las escopetas calibre 12, y que a veces estas capacitaciones las dictan agentes que no están capacitados para usar la escopeta. Detenciones arbitrarias También hay evidencias de que la policía ha detenido arbitrariamente a manifestantes pacíficos y transeúntes, así como a periodistas que daban cobertura a las protestas. 213 personas fueron detenidas y otras 1.662 fueron “trasladadas” a centros de detención administrativa, en relación con el paro nacional en 2019, según indicó el Director de la Policía Nacional a Human Rights Watch el 27 de enero. En algunos casos, los policías emplearon indebidamente una disposición del derecho colombiano que autoriza a la Policía a “trasladar” a una persona a un “centro asistencial o de protección” para “su protección” o la de terceros. La ley únicamente permite ese “traslado” cuando sea el “único medio disponible para evitar el riesgo a la vida o la integridad” y exige que primero se contacte a los familiares de la persona o que esta sea llevada a un establecimiento de salud. En varios de los casos documentados por Human Rights Watch, no existía ningún riesgo para la vida o la integridad de una persona. En un caso ocurrido el 7 de diciembre, un agente de la policía detuvo a una periodista y, cuando esta se negó a entregar su teléfono, la arrastró del cabello y la llevó a una unidad de detención administrativa. La Policía indicó que la detenían para su “protección”. Desde el 23 de noviembre, las autoridades colombianas han expulsado a 61 extranjeros, incluidos 60 venezolanos y un peruano, a quienes acusaron de participar en actividades que comprometen el orden público y la seguridad nacional, según Migración Colombia. Las autoridades colombianas han acusado reiteradamente a ciudadanos venezolanos y al gobierno de Nicolás Maduro de instigar las protestas, sin aportar ninguna evidencia al respecto. Algunas de estas expulsiones parecen haber sido arbitrarias. Si bien gran parte de las protestas han sido pacíficas, algunos manifestantes cometieron actos graves de violencia. Según la policía, 76 estaciones y 69 autobuses del sistema de transporte público en Bogotá y Cali fueron vandalizados, al igual que 12 cajeros automáticos, cuatro bancos, cinco instalaciones públicas y siete estaciones de policía. El 3 de marzo, el Ministro de Defensa indicó a Human Rights Watch que 377 policías habían sido heridos en relación con las protestas. La justicia ordinaria debe tener la última palabra El Ministerio de Defensa indicó a Human Rights Watch el 3 de marzo que la justicia penal militar estaba adelantando 32 investigaciones, incluyendo sobre la muerte de Dilan Cruz y 18 casos de lesiones. Hasta entonces, no había personas imputadas. El Ministerio de Defensa también indicó el 3 de marzo que la Policía Nacional había iniciado 44 investigaciones disciplinarias en relación con las protestas, incluidas 27 por “abuso de autoridad”, 6 por “agresión física”, 2 por “privación ilegal de la libertad” y 2 por “homicidio”. Seis de los 44 casos habían sido cerrados y ocho habían sido remitidos a la Procuraduría General de la Nación. No había imputados. Al 13 de febrero, la Procuraduría General de la Nación estaba adelantando cuatro investigaciones disciplinarias, pero no había imputados. Conforme a las normas del derecho internacional y regional, los casos de violaciones de derechos humanos no deben ser juzgados por tribunales militares. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que “la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto que no corresponde juzgar violaciones de derechos humanos en jurisdicciones militares porque “cuando el Estado permite que las investigaciones las dirijan los órganos potencialmente implicados, la independencia y la imparcialidad se ven claramente comprometidas”. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, que vela por que los gobiernos cumplan con sus obligaciones conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha señalado que los países deben asegurar que el personal militar esté sujeto a la jurisdicción penal ordinaria por delitos que no sean “de carácter exclusivamente militar”.

Por: Redacción Pares La Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP convocó a una audiencia pública en Manizales, los días 31 de marzo y 1 de abril. La diligencia busca recaudar información que permita establecer los lugares donde se encontrarían los cuerpos de personas desaparecidas en los municipios de Norcasia, Samaná y Victoria, del departamento de Caldas, por hechos relacionados con el conflicto y que vinculan a varios grupos armados. A la diligencia fue citado el partido político de la extinta guerrilla que deberá aportar información sobre el paradero de posibles lugares de inhumación o destino de los cuerpos en estos tres municipios de Caldas por hechos que vinculan a los frentes 9 y 47 de las Farc-EP. La información recolectada por la JEP indica que los casos de desaparición forzada estarían asociados a las conductas de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Atendiendo el principio de centralidad de las víctimas, a esta diligencia ​fueron citadas, para su participación activa, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, la Fundación para el desarrollo comunitario de Samaná (FUNDECOS), El Centro de estudios sobre el conflicto, Violencia y Convivencia Social (CEDAT) de la Universidad de Caldas, El Equipo Colombiano interdisciplinario de trabajo forense y asistencia Psicosocial (EQUIT AS) y otras víctimas. A esta audiencia también fueron convocados el Gobernador de Caldas, los alcaldes y personeros de Norcasia, Samaná y Victoria, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, el Ministerio Público, entre otras instituciones. Allí, las autoridades deberán informar y explicar sus planes, medidas, acciones, procesos y propuestas para proteger los lugares donde se presume la existencia de cuerpos de personas no identificadas y dadas por desaparecidas. En la diligencia pública también se buscará verificar si existe riesgo en los mismos que implique la necesidad de adoptar medidas de protección. Toda esta información será analizada y contrastada por la JEP con el fin de tener elementos sólidos que permitan tomar decisiones respecto de la solicitud de protección de los lugares objeto de esta diligencia. Antedcedentes El 29 de agosto de 2018, nueve peticionarios -dos representantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y siete familiares de desaparecidos- le solicitaron a la JEP tomar medidas cautelares anticipadas sobre 16 zonas del país, en las cuales «se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto armado». Posteriormente los peticionarios agregaron una zona más, y a la fecha son 17 sitios en los que la JEP estudia tomar medidas cautelares. El 14 de septiembre de 2018, la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP avocó conocimiento de la solicitud de medidas cautelares y corrió traslado a las instituciones públicas y privadas de los ámbitos nacional, regional y local. Así mismo, le solicitó al MOVICE ampliar la información suministrada con el fin de “poder determinar, con la mayor certeza posible, los lugares de efectiva inhumación, los niveles de riesgo naturales o por acción humana, y avanzar hacia la toma de las decisiones más convenientes». En el marco del mismo trámite la JEP ha realizado audiencias públicas participativas en Medellín: el 17 y 18 de julio de 2019, sobre la Comuna 13, y los días 8 y 9 de octubre del mismo año, sobre la zona de Hidroituango; en Cartagena los días 20 y 21 de noviembre pasado, en relación con los cementerios de San Onofre (Sucre), del corregimiento Rincón del Mar y de las fincas La Alemania, El Palmar, y sus alrededores. Así mismo durante el trámite se han adoptado ya medidas cautelares parciales para la protección de cuerpos que se encuentran en Medicina Legal en proceso de identificación y se han realizado actos simbólicos que reivindican la dignidad y derechos de las víctimas.​