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Por: Redacción Pares Después de haber salido de la presidencia en agosto del 2022, Iván Duque aterrizó en Washington. Allí empezó a trabajar en el Wilson Center, un centro de pensamiento dedicado a promocionar la democracia en el mundo. Desde el 20 de enero todos las organizaciones no gubernamentales viven un momento de angustia. Al cierre de la USAID se suma la decisión de Elon Musk, a través de la agencia DOGE, de recortar toda inversión presupuestaria que ellos consideren innecesaria. Uno de los principales afectados fue, precisamente, el Wilson Center.   Desde principios de febrero venía circulando el rumor que el Centro de Pensamiento donde trabaja Duque cerraría sus puertas. Sin embargo periódicos como El Tiempo afirmaron que el trabajo del expresidente no corría ningún peligro ya que el 100% de sus recursos venía de capital privado. Se afirmaba además que sólo el 40% de la financiación del centro de pensamiento, venía del Estado, es decir unos 15 millones de dólares. Incluso la Revista Semana, a mediados de marzo, afirmó que el Wilson Center no sólo se acabaría sino que se fortalecería.   La verdad es que el Wilson Center anunció este 8 de abril que fue incluída en una orden ejecutiva en donde se le ordena reducir al mínimo su personal y que no podría continuar con la mayoría de sus programas. Así que Duque, quien mostró su simpatía en las pasadas elecciones en noviembre por el candidato republicano Donald Trump, terminó pegándose en un tiro en el pie, fue víctima de la motosierra de Elon Musk. Antes de entrar a dirigir la agencia DOGE, en noviembre del 2024, Musk se ufanaba de haber despedido al 80% del personal que trabajaba en X. Mientras tanto el multimillonario dueño de Tesla sigue promoviendo la austeridad en el gasto del Estado sin importar que miles de ciudadanos queden desempleados.

Por: Redacción Pares Parece que estuvieramos en un bucle de tiempo pero no, no es la misa noticia. En agosto del 2024 Juan Sebastián Aguilar, alias “Pedro Pechuga”, había sido asesinado por un francotirador en el conjunto residencial que queda frente al centro comercial Palatino, en plena carrera sépita con cincuenta. La historia se repitió, Jesús Hernando Sánchez, reconocido por ser el sucesor de Víctor Carranza, zar de las esmeraldas, fue asesinado este domingo en Bogotá también por un francotirador. Desde la página de la fundación Pares habíamos advertido la aparición de una nueva guerra verde en Bogotá. El Clan del Golfo le había soltado la muerte a los esmeralderos más duros del país. Incluso, Sánchez, se había escapado de milagro de varios atentados. Si queremos rastrear el orígen de esta guerra tenemos que ir hasta la vida de Víctor Carranza.   Cuando murió Carranza el 4 de abril del 2013, se calcula que era dueño de un millón de hectáreas de tierra. Nada mal para haber nacido en un hogar campesino que a veces tenían que rasparle los alimentos a la tierra para poder comer. Pero tenía suerte y ya a los 19 sacó a su familia de la pobreza a punta de encontrar esmeraldas. A los 26 años tenía un socio que después se haría famoso en el país por su crueldad, Gonzalo Rodríguez Gacha, mejor conocido como “El Mexicano” y apareció en tercero en esa sociedad, Gilberto Molina Moreno. Entre los tres encontrarían Peñas Blancas, un yacimiento en San Pablo de Borbur, en Boyacá, que se transformaría en el más grande del mundo, sólo superado por los hallazgos de estas piedras en Sudáfrica.   Sobre Carranza llovieron acusaciones y ninguna lo tocó. Siempre fue considerado como un hombre con suerte. Se le acusó de formar grupos paramilitares, de ser el artífice de la guerra verde, pero nunca se le pudo probar nada. Cuando le preguntaban los periodistas el orígen de su fortuna él, con modestia, decía que era un tipo de buenas “las esmeraldas me llaman”. La acusaciones no surgieron debajo de las piedras. Salvatore Mancuso y diez de los comandantes paramilitares lo señalaron. Ernésto Baez dijo sobre él “Me sorprende que a Carranza le digan el Zar de las Esmeraldas, cuando él es el Zar de los paramilitares”.   De lo que no hay duda es que es un milagro que Carranza llegara a viejo. Tuvo más atentados que Fidel Castro. El más recordado de todos fue en el 2010 cuando sus enemigos le hicieron una emboscada y atacaron su comitiva hasta con cohetes. A Carranza siempre se le va a asociar con la guerra verde. Rodríguez Gacha, que fue su socio, le juró una guerra en la década del ochenta.  Fue un conflicto que dejó miles de muertos y tuvo en la masacre de Sasaima en 1989 su momento más sangriento. Este fue el intento que hizo “El Mexicano” para matar al otro socio esmeraldero, Gilberto Molina.   La guerra verde se apagó con la muerte de el Mexicano en diciembre de 1989. El obispo de Chiquinquirá, Carlos Raúl Jarro, fue el puente que necesitaba Carranza para llegar a firmar una paz que siempre fue inestable. Las acusaciones sobre él eran una constante. En 1993 la Fiscalía le hizo una investigación por enriquecimiento ilícito y conformación de grupos paramilitares. En 1998 Alfonso Gómez Méndez logró encarcelarlo. Los delitos que le endilgó fueron los siguientes: secuestro, asesinato y conformación de grupos paramilitares. Duró tres años preso, salió en el 2001 y murió en libertad, siempre rodeado de desconfianza, con la preocupación latente de un atentado, pero pudo morir de viejo.   Algo que no pudo hacer Jesús Hernández Sánchez. Es probable que su asesinato haya sido orquestado por el Clan del Golfo. Se viene una nueva guerra verde.

Por: Oficina Oriente Pares Dos meses y diecisiete días después que estallara la guerra entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) en el Catatumbo, cerca de 170 personas que se encontraban en condición de desplazamiento viajaron hasta la zona rural de Tibú, Norte de Santander y se asentaron en el primer refugio humanitario de familias retornadas.   Era la mañana del jueves 3 de abril de 2025, tres camiones cargados de comida, implementos de cocina, carpas y colchonetas, siete buses de la empresa Catatumbo que ondeaban en sus cabinas banderas blancas esperaban a familias enteras que llegaban con sus maletas de ropa marcadas por la esperanza y la fe de retornar a sus tierras. El punto de encuentro: la cúpula chata de la Gobernación de Norte de Santander. Sobre las 9 de la mañana los pitos de los buses anunciaban el inicio de una aventura que atravesaría el centro de Cúcuta y los llevaría hasta la vereda Bertrania en el municipio de Tibú, el lugar donde se estableció el refugio humanitario que espera convertirse en una comunidad de paz que vele por el cumplimiento de tres mínimos humanitarios: dignidad humana, voluntariedad del Estado y seguridad de la población civil. Pablo Téllez, es miembro de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (ASUNCAT) y sobre sus hombros lleva una guitarra y la historia de cinco décadas que le permiten la autoridad de pedirle a los grupos armados en confrontación que respeten a la población civil y la dejen a un lado de sus diferencias. “Nosotros en la ciudad no sabemos hacer nada, y por eso decidimos retornar a nuestros territorios, llegamos hasta el refugio y tenemos todo ordenado para seguir trabajando por construir la paz del territorio, es el momento soñado de regresar, estuvimos un mes buscando alternativas y el Gobierno Nacional no brindó las garantías para regresar”. Aunque las condiciones de retorno al Catatumbo no están dadas, por la continuidad de los ataques armados entre el ELN y el Frente 33 de las FARC-EP, ellos decidieron regresar y llegar a una zona que, entre sus dinámicas del conflicto, deja desde el 16 de enero de 2025 cerca de 60 mil personas desplazadas, más de 16 mil confinadas, 99 personas asesinadas (de acuerdo a los líderes comunales el número puede ser mayor), más de 100 líderes y lideresas amenazadas y miles de personas que esperan porque la horrible noche cese.   El camino continuaba, las Naciones Unidas, Defensoría del Pueblo, el Gobierno Nacional y medios de comunicación acompañaban la caravana humanitaria que permitía que 170 personas regresaran a donde no debieron salir. Las banderas blancas y de Colombia, izadas desde las ventanas de los buses, anunciaban entre el polvo de la carretera que la oportunidad de creer en la paz seguía intacta. Los rostros de alegría de las personas que se acercaban a orilla de carretera, en cada uno de los caseríos de casas que pasaban, era la fiel muestra que la comunidad anhela y sueña porque los sonidos de las balas dejen de apagar las vidas inocentes y de aquellos que no tuvieron más oportunidad que alzar un fusil. Genny Calvo, coronel (R) de la policía nacional, es la delegada del Gobierno Nacional en la mesa de diálogo de paz con el Frente 33 de las FARC-EP, indicó que, en muchas ocasiones, las comunidades buscan el apoyo y la solución en los grupos armados ilegales, pero que en está ocasión fueron ellos quienes buscaron al Estado para proponer y consolidar alternativas de vida que superen la lógica de la violencia. Una oportunidad que para el Gobierno Nacional es única para poder consolidar los esfuerzos de paz que se hacen con esta facción del EMBF en el Catatumbo; y que, entre sus alternativas más fuertes, se encuentra la transformación del Campo a través de la sustitución de las economías ilícitas. Es así que para Yersinia Narváez, quien tuvo que salir hace dos meses de la vereda Soledad en Convención por las amenazas que recibió de parte del ELN, el acompañamiento del Estado requiere de soluciones reales y a corto plazo. “Yo hago parte del comité de la reforma agraria del municipio y soy lideresa comunal en la vereda y lo que más queremos es que este Gobierno nos siga acompañando para que nosotros podamos seguir cultivando la tierra, que sigamos con nuestro trabajo de defensa de los derechos humanos en está región que tanto lo necesita” indicó Narváez, a quien su rostro le refleja una sonrisa tímida que aguarda por que la paz sea una realidad.   Seis horas de camino acaban y un letrero que dice “Bienvenidos al centro recreacional El Refugio” dan la entrada a lo que será el hogar de estás 170 personas que decidieron creer en la posibilidad de retornar.  Se establecieron en un predio que obtuvo ASUNCAT en una compra que desarrollaron a una asociación de profesores y esperan transformarse en una comunidad de paz donde promover la reconciliación y oponerse al uso de la violencia son la clave de un mejor país. La caravana humanitaria termina y la presencia continua de la Policía y el Ejército Nacional en la vía auguran el sueño de miles de catatumberos: que las balas dejen de sonar. Sin embargo, los sonidos de la guerra se mantienen entre la zozobra y el miedo de las comunidades. Pese a esto las risas que volvían a sonar en medio de la selva no eran solo símbolo de alegría, sino un acto de resistencia frente al miedo impuesto por la violencia. Cada familia que llegó a Bertrania con lo poco que pudo cargar, trajo consigo también un pedazo de historia, de lucha y de esperanza, decididos a no volver a huir.   Porque en el Catatumbo, a pesar de los fusiles y las amenazas, la vida insiste. La comunidad retornada no solo busca reconstruir sus hogares, sino también el tejido social que la guerra ha intentado romper. Ellos saben que el camino hacia la paz es largo y lleno de obstáculos, pero también saben (como lo demuestra su regreso) que ningún conflicto es más poderoso que el deseo profundo de vivir en libertad, cultivar la tierra en paz y ver a sus hijos crecer sin miedo.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia El primero de abril de 2025, el Ministerio de Educación Nacional publicó el Decreto 0391. En este se establecen “los elementos mínimos para el diseño e implementación de los planes de formalización laboral en las instituciones de Educación Superior Estatal u Oficiales”. El Gobierno decidió dar el primer paso para que, al terminar el mandato Petro, se logre la formalización de la planta docente y personal administrativo de las instituciones de educación superior públicas por vía ejecutiva.   A partir de la publicación del decreto las instituciones de educación superior públicas —es decir, los entes universitarios autónomos e instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias— tendrán 12 meses para elaborar un plan de formalización laboral (artículo 2.5.4.5.6.). El cual consiste en el diseño de una estrategia que les permita implementar de manera gradual la formalización del personal docente y administrativo que está por fuera de carrera. Un plan en el que deben participar los mismos profesores y profesoras, los sindicatos y todos los trabajadores.   La primera lectura que debe de hacerse de este decreto es que se está logrando un gran avance en materia de derechos laborales en Colombia. Como lo dice el artículo 25 de la Constitución de 1991: “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado”. De allí que con la norma se logre proteger y mejorar las condiciones de trabajo de un porcentaje alto de los empleados del Estado, dando pasos importantes para conseguir una mayor estabilidad laboral y condiciones dignas y justas.   En palabras del ministro Daniel Rojas, con esta norma se logrará, en menos de dos años, mejorar ostensiblemente la situación laboral de, por lo menos, el 76% de los trabajadores que están empleados en las universidades públicas del país. Personal que actualmente se encuentra contratado como profesores ocasionales, de cátedra y temporales; además, el personal administrativo en calidad de provisionales, temporales y mediante contrato de prestación de servicio.   Además estaría el país realizando un gran aporte al Programa de Trabajo Decente que promueve la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se estaría, con este programa de formalización laboral, avanzando en crear condiciones para que los trabajadores del Estado tengan un “ingreso justo, seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para todos”. En definitiva, una situación de vida mejor.   La otra lectura que se debe dar a la norma no es tan positiva. En ella se establece que la aplicación del decreto es inmediata y que el último día de 2026, las instituciones de educación superior públicas tendrán que haber avanzado en un 40% en la vinculación laboral. Lo que significa una gran tarea para estos entes de educación: primero, por que deben desde el 1 de abril convocar a todos los agentes interesados a diseñar este plan; y segundo, por que deben pensar en términos monetarios, es decir, poner a funcionar las calculadoras para establecer con precisión el impacto financiero que tendrá el Plan de Formalización Laboral. Con relación al financiamiento, el Decreto solo atina a decir que para atender está nueva situación de mejoramiento de las condiciones laborales del 76% de sus empleados tendrán las universidades y equipos de trabajo que revisar de manera prioritaria los recursos “recurrentes que conforman sus presupuestos —recursos propios, aportes de la Nación, aportes de las entidades territoriales, entre otras—” (artículo 2.5.4.5.5). Es decir, que deben ellas misma estudiar lo que reciben actualmente y que sean las mismas universidades las que digan de dónde van a sacar los recursos adicionales que se requiere para mejorar la situación de los trabajadores y docentes.   Es decir, el Gobierno le entrega a las universidades —o si se quiere a las instituciones de educación superior oficiales— la responsabilidad de mejorar las relaciones laborales con sus empleados. Las obliga a que avancen en la creación de condiciones para que sus trabajadores mejoren sus ingresos y seguridad laboral. Pero no se compromete con entregar los recursos que le corresponden para que estas instituciones tengan fuerza para cumplir la ejecución de esta ampliación en los derechos de los trabajadores.   Al respecto hay que decir varios asuntos. El primero es recordarle al Estado que toda ampliación de derechos tienen costos. Entregarle un nuevo derecho a la población o a un grupo de ella tiene costos: de implementación y de seguimiento o monitoreo. No basta con ponerse de generoso y justo ampliando derechos sin considerar las fuentes efectivas de financiamiento.   Segundo, recordarle igualmente al Estado que las universidades tienen autonomía, pero está no debe leerse como autonomía para autofinanciarse. Lo que hace la norma es reconocer a las universidades como entes autónomos para conseguir los recursos para cumplir con las exigencias normativas que cambia el Estado. Sería bueno que el Estado se pregunte si las universidades cuentan con los recursos para cumplir con estos nuevos derechos laborales que él mismo le entregó. Y como sabemos, no los tiene.   Hoy las universidades públicas están pasando por una crisis financiera sin precedente. El déficit del total de las instituciones educativas superiores en Colombia es de más de 18 billones de pesos. Lo que pone sobre aviso que demandarles más recursos para mejorar la situación de sus empleados puede ser contraproducente y hundir aún más en la crisis a estas importantes organizaciones del saber.   Hay que decirle al Gobierno que debe cuidarse de estar en la lógica de crear y ajustar normas que, aunque son importantes, requieren de recursos que no poseen las universidades. Que se cuide primero de tener los recursos para luego asignar nuevos derechos a las personas u organizaciones. Que el cumplimiento de los nuevos derechos es responsabilidad del Estado que las creó —o del nuevo hijo que parió— y no de sus agentes que a duras penas cubre los gastos e inversiones que hoy tiene.   Finalmente hay que insistirle al Ejecutivo y al Legislativo en la necesidad de avanzar con rapidez en la discusión y aprobación de la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30. De no entregar los recursos el Estado, de nuevo se estaría atentando contra el principio de autonomía financiera de las universidades; además, poniéndolas en riesgo de tener en los próximos años que atender la lluvia de tutelas que sin duda tendrá por el incumplimiento de lo prometido por el Estado.   * Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad La fundación Paz y Reconciliación informa que en los próximos días se lanzará el informe sobre las redes de poder dentro del gobierno Petro. En esta investigación quedaría clara las razones de la falta de coordinación que ha mostrado este gobierno en cada una de las carteras.   Este informe sobre Redes de poder dentro del gobierno Petro tumba la idea de que gira alrededor de un gabinete monolítico.  Por supuesto, el bloque de la Colombia Humana y lo que fue un día el M-19 se han convertido en la guardia pretoriana del presidente, y, en medio de la rotación permanente de ministros y funcionarios, ellos son los que han acaparado cargos de mayor jerarquía. Esta puerta giratoria dentro del gabinete lo que evidencia es que lo que más le importa al presidente es la lealtad por encima de la filiación política de sus funcionarios o la meritocracia.   En el presente informe se han identificado hasta 16 subgrupos que rodean al presidente. Estas se agrupan en cuatro bloques principales: la Colombia Humana como núcleo progresista, un grupo personal de izquierda y centroizquierda y cercano históricamente al presidente, un bloque de compañeros históricos del M-19 y operadores políticos vinculados tanto al Pacto Histórico como a sectores tradicionales, como el santismo.   Estos ejemplos demuestran que a Petro lo que más le importa de sus funcionarios es su lealtad, por encima de cualquier convicción ideológica. Laura Sarabia y Gustavo Bolívar construyeron redes burocráticas propias, con nombramientos cuestionados. La primera dama, Verónica Alcócer, presuntamente también influyó en algunas designaciones al inicio del gobierno Petro. Asimismo, algunos operadores políticos como Alfonso Prada, Luis Fernando Velasco, Juan Fernando Cristo, Armando Benedetti o Mauricio Lizcano articularon las negociaciones del Ejecutivo con el Congreso, pero generaron fricciones con sectores ideológicos del gobierno.   La intención de este informe es, en pocas palabras, ofrecer una cartografía relacional del poder político de Gustavo Petro, con el fin de mostrar una propuesta de organización y categorización de los datos disponibles para entender la gobernabilidad y las redes de poder al interior de los gobiernos, y funciona como un ejercicio de monitoreo a la transparencia, la meritocracia y el acceso democrático al poder. Además, ofrecer también una claridad sobre las dinámicas internas en las que funciona el poder al interior del gobierno.

Por: Redacción Pares En el Fondo de Cultura Económica en el centro de Bogotá, se realizó este sábado 5 de abril el Congreso Nacional de Paz. La gran exigecia que hicieron las organizaciones sociales fue la de volver a la mesa de negociación con el ELN pensando, como siempre, en las regiones que padecen los rigores de la guerra. Horas antes se había desplegado unas demandas al gobierno y al ELN de no dejar morir el proceso y encontrar la vía para cerrar acuerdos. Fueron más de 150 organizaciones sociales las que estuvieron detrás de este evento.   Este Congreso de paz fue citado a comienzos de enero por la delegación de paz del gobierno antes de que empezara la ofensiva del ELN contra el frente 33 de las FARC y que ha dejado setenta mil víctimas en el Catatumbo.  Al evento asistieron Iván Cepeda y Vera Grabe, las caras visibles del gobierno en la mesa de negociación del ELN, cuyas posibilidades de resurrección son cada vez más improbables debido a la inflexibilidad de este grupo guerrillero, también participaron organizaciones sociales como Redepaz, Viva la ciudadanía y la CRIC, el ex ministro de defensa Rafael Pardo, la ex fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro en las elecciones del 2018, Angela María Robledo. El evento contó con la presencia del expresidente Ernesto Samper, quien se ha comprometido con la paz en los últimos treinta años de la historia de este país, estuvo la iglesia católica, encabezada por monseñor Hector Fabio Henao, de la Conferencia Episcopal Colombiana, y también Carlos Ruiz Massieu, representante especial del Secretario General de la Onu en Colombia.   A pesar de las exigencias de retomar el diálogo organizaciones como el Congreso de los pueblos afirmaron que esto es muy difícil si se sigue militarizando el territorio como lo ha venido haciendo este gobierno según lo afirmó esta organización.   Uno de los momentos cumbres del encuentro fue la intervención de Vera Grabe , quien hizo énfasis en que este encuentro no era contra nadie en particular y que ellos, a pesar de que la mesa de negociación se encuentra inactiva, siguen moviéndose para lograr despejar los caminos de la reconciliación. Para el director de la fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, es importante seguir “insistiendo en mantener la esperanza de paz”   Entre las conclusiones está la de crear un Movimiento social por la paz y desde ahí impulsar transformaciones sociales. Además se recordó que, ha sido gracias a la sociedad civil desde donde se han despejado los caminos que han llevado a Colombia a acordar algunos pactos de paz. Por eso es que una de las conclusiones del congreso fue la siguiente: “Sin sociedad civil no hay paz en Colombia”

Por: Alejandra Caballero, pasante de Paz, Seguridad y Derechos Humanos  Ximena Riaño, pasante de Paz, Seguridad y Derechos Humanos  Actualmente, el caso contra Chiquita Brands por financiar a grupos paramilitares en Colombia enfrenta un alto riesgo de prescripción. La empresa está acusada de haber apoyado económicamente al paramilitarismo con dos objetivos principales: por un lado, la adquisición de tierras, es decir, comprar grandes extensiones de terreno que habían sido abandonadas por víctimas de desplazamiento forzado; por otro lado, represión laboral, impidiendo la sindicalización de sus trabajadores y trabajadoras mediante amenazas y violencia armada por parte de grupos paramilitares.  Cabe mencionar que, si bien un fallo judicial no garantiza por sí solo la reparación de las víctimas o la no repetición de los hechos, sentaría un precedente crucial para adelantar otros procesos no judiciales a la par.   Es importante mencionar que la empresa Chiquita Brands, filial de la estadounidense United Fruit Company (UFCO), se estableció en Colombia en los años 90. A diferencia de su matriz —que tiene historial de promover violencia en varios países latinoamericanos—, Chiquita Brands solo ha sido acusada formalmente en Colombia. Esto se debe, a la existencia de las AUC desde mediados de los años 90s hasta principios de los 2000s.que empezó a operar posterior a la existencia de las CONVIVIR, cooperativas de vigilancia y seguridad privadas que existieron durante el gobierno de Álvaro Uribe Velez.   En Colombia, el proceso judicial contra la empresa mencionada ha enfrentado numerosas dificultades para avanzar, a pesar de haberse confirmado su financiación a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 1997 y 2003. Para comprender esta demora, es clave analizar la línea cronológica del caso: mientras que en Estados Unidos el primer proceso contra Chiquita Brands se inició en 2005, en Colombia las primeras denuncias se presentaron recién en 2008. Las investigaciones formales comenzaron cuatro años después, en 2012, y la resolución definitiva no se firmó hasta 2019, hoy el caso está próximo a prescribir, lo que evidencia un avance excesivamente lento. Esta dilación parece responder más a una falta de voluntad de las fiscalías asignadas que a limitaciones legales, ya que el marco normativo colombiano cuenta con los mecanismos necesarios para dictar sentencia.  En Estados Unidos el primer fallo judicial se dio hace varios años y consistió en una sanción económica dirigida hacia la empresa bananera, es decir, en un primer momento este Estado no reconoció la violación de derechos humanos, sino que únicamente se aceptó que Chiquita Brands contrató un servicio de seguridad privada que era ilegal en Colombia, resaltando además que el fallo que se da en 2007 responde a las contradicciones que existían al interior de Estados Unidos al reconocer a las AUC como un grupo terrorista, pero no mostrar ningún resultado judicial ante denuncias como los relacionamientos de distintas transnacionales con este grupo paramilitar.   Según Marco Simons, consejero general de Earth Rights Internacional, “el dinero es el lenguaje que entienden las corporaciones” (2024), por ello es fundamental resaltar que el proceso judicial contra Chiquita en Estados Unidos se ha enmarcado en el ámbito civil –no en el penal-, lo que implica que no se abre la posibilidad de juzgar un delito y que se estipule una pena de cárcel.   En este sentido, la primera condena Chiquita Brands es sancionada a través de una multa, como método de negociación con el Estado y en la segunda condena el juzgado de Florida interpone la medida hacia Chiquita con la finalidad de que se repare a las víctimas únicamente a través de la compensación económica hacia estas, siendo característico este tipo de resarcimiento en los juicios civiles. A pesar de que se ha reconocido que no es posible compensar los diversos traumas y consecuencias físico-emocionales que fueron causados por el accionar de la empresa, se establece que la indemnización es el único medio a través del cual se puede obligar a esta para tratar de reparar a las víctimas.   Lo anterior es posible de acuerdo a los principios de eficiencia y celeridad que son propios del derecho estadounidense (herencia del derecho anglosajón), aspectos que hacen los procesos más rápidos y económicos, lo cual genera cierta sensación de impartición de justicia. No obstante, es fundamental cuestionarse si estos principios concuerdan con que el sistema sea justo y seguro jurídicamente, es decir, si los fallos judiciales responden a sancionar malas conductas o sólo a que aparentemente lo hacen. Pues hasta el momento no se tiene conocimiento de otros órdenes complementarios que permitan comprender a la justicia norteamericana de manera restaurativa y reparativa.  Pese a que en este juicio se evaluó únicamente el caso de 9 familias (que no representan ni el 1% del total de víctimas), se espera que se establezca un precedente judicial. En este sentido, se debe resaltar que, pese a que los actos de reparación son limitantes para el resarcimiento de los daños causados, Chiquita Brands es la primera multinacional que ha sido declarada responsable en una Corte en Estados Unidos por cometer violaciones de Derechos Humanos fuera de Estados Unidos, convirtiéndose en un llamado a otras corporaciones transnacionales a no cometer violaciones al tener consecuencias judiciales.   Siendo así, se enmarcará como un precedente que el juez haya negado la apelación de Chiquita para reducir la cifra indemnizatoria. Por fortuna de las víctimas, se decidió que no se tendría en cuenta dicho aspecto, pues la empresa es estadounidense y, por ende, se aplicaría la norma de dicho país en el juicio. Ahora bien, a consideración de Simons, la estrategia más factible para resolver el caso será construir un acuerdo global, en el cual Chiquita Brands les ofrezca condiciones aceptables a las víctimas, resaltando que resultaría siendo una carga tanto para el sistema judicial como para las personas afectadas realizar juicios similares.  Y bien, ¿en dónde queda la memoria y la reparación integral?   En términos de construcción de verdad sobre el conflicto armado, específicamente lo relacionado con los nexos entre empresarios y paramilitarismo, para la Justicia Especial para la Paz (JEP) no ha sido posible esclarecer por completo muchos hechos porque solo cuentan con testimonios de exparamilitares llamados a testificar. Sin embargo, en el Acuerdo Final para la Paz, quedó impedido poder citar a cualquier empresario a declarar, a menos de que sea por su propia voluntad, lo cual dificulta la construcción de un relato completo sobre el tipo de relaciones que establecían diferentes empresas con grupos armados ilegales.   La defensa de Chiquita Brands en Colombia sostiene que el dinero pagado a las AUC fue bajo la modalidad de extorsión, aun cuando hay declaraciones de exparamilitares que sostienen que las directivas pagaban a cambio de un servicio. Esta información resulta relevante porque el esclarecimiento de la verdad en este caso ha implicado un desafío y/o se ha tergiversado el interés de empresas como Chiquita Brands que promovieron la violencia para garantizar la sostenibilidad económica de su negocio al hacerlas ver solamente como víctimas de extorsión por parte de grupos armados ilegales.   Es claro que una sanción económica dirigida hacia la empresa no implica ningún tipo de reconocimiento del daño causado a la población civil víctima del conflicto armado, así como la remuneración económica no necesariamente busca la reconstrucción de tejido, reparación ni restauración de la vida de las personas. En cambio, proyectos concretos de reconstrucción de memoria que parten desde el reconocimiento de los hechos, de las personas que los vivieron y de acciones concretas que busquen como mínimo reparar de manera integral, muchas veces son dejados por fuera de los procesos judiciales.  Esto es evidenciado en el proceso civil que se ha llevado a instancias judiciales en Estados Unidos, puesto que, como ya se mencionó anteriormente, se agota en las medidas indemnizatorias, sin concebir actos simbólicos de reparación directa a las víctimas, búsqueda de verdad y/o el reconocimiento explícito de la culpabilidad de los actores involucrados. De esta manera, si bien el juicio realizado se enmarca como un precedente judicial, no logra alivianar las dolencias que han sufrido las víctimas en consecuencia del actuar de Chiquita.    En Colombia, el caso en el ámbito penal se encuentra a puertas de prescribir, además se suma la preocupación por la cantidad de años que Chiquita Brands se encuentra acusada por los mismos delitos, así las cosas, es difícil continuar con la acusación y que tenga resultados para las víctimas. Es por esto que se considera imprescindible que los procesos de construcción de memoria y las garantías de no repetición se otorguen en los procesos judiciales de Colombia, de mano de la propuesta de abogados como Simons, donde desde el país de origen de la empresa se busque un acuerdo global donde la empresa reconozca la responsabilidad que tuvo en el conflicto armado.   Es importante considerar que mecanismos como Justicia y Paz la JEP, han contado con diversas limitaciones tanto para construir la verdad del conflicto como para reparar integralmente a las víctimas. Desde Colombia, a través de la JEP se hace necesario que se indague en la responsabilidad de empresarios en las violaciones sistemáticas de Derechos Humanos que se han cometido en el país pues el caso de Chiquita Brands es apenas la punta del iceberg de los casos sobre financiación de grupos paramilitares por parte de entes privados, los cuales han quedado en la impunidad y en el olvido de la historia colombiana.

Por: Redacción Pares El hallazgo del computador de Edgar Ignacio Fierro, alias “Don Antonio”, jefe militar del bloque José Pablo Díaz de las AUC, fue determinante para establecer la relación de los paras con políticos y militares que se prestaban para señalar a sindicalistas y ser asesinados por estas estructuras criminales. La libreta de Zeus es fundamental para entender las relaciones del Clan del Golfo con oficiales del ejército y algunos empresarios.   Zeus es el alias de Juan Carlos Rodríguez Agudelo. Nacido en Tunja, el 16 de junio de 1969,  Rodríguez Agudelo ingresó a la infantería de marina en 1989. Hizo carrera en los noventa en las fuerzas especiales antinarcóticos del Caquetá. En el 2005, casi que paralelo al desarme de las Autodefensas Unidas de Colombia, es explusado del ejército. En ese momento llevaba casi una década delinquiendo.   Se tiene registrado que desde 1997 trabajó con dos de los fundadores del Bloque Metro, David Hernández y Carlos Mauricio García Fernández el reconocido paramilitar apodado como Doble Cero. El Bloque Metro operó entre 1997 y el 2004 en el nordeste y el oriente antioqueño, el Valle de Aburrá y Medellín. Doble Cero tenía contacto con los hermanos Carlos y Fidel Castaño desde la fundación de los PEPES, la agrupación que conformaban los Perseguidos por Pablo Escobar cuya estructura terminaría transformándose en las AUC. Fue asesinado en Santa Marta en el 2004 por hombres al servicio de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna.   Pero más cercano que al Bloque Metro resultaron siendo sus contactos con el cartel del norte del Valle. Se convertiría en el jefe militar de Diego León Montoya Sánchez, alias Don Diego, quien, después de la captura de los hermanos Rodríguez Orejuela, pasaría a controlar el 70% de la coca que se enviaba desde Colombia a los Estados Unidos en el lapso que va desde 1997 hasta su captura el 16 de septiembre del 2007. Además de enfrentarse a la fuerza pública Don Diego tenía un enemigo más despiadado, Wilber Valera, alias Jabón, otro capo de peso dentro de la organización y que fue el creador de Los Rastrojos, quien se independizó de su creador y que hoy en día, con vida propia, opera en por lo menos 23 departamentos del país. “Zeus” tenía la misión de cuidar a Don Diego por eso creó un ejército propio llamado Los Machos. Este grupo paramilitar participó en las siguientes masacres: la de Cajamarca en Tolima, 2003 y la de Potosí en el 2004.   Un año después es detenido y condenado a 15 años de prisión. En el momento de su captura le encuentran 30 millones de pesos en efectivo y 200 kilos de cocaina. Parte de su condena la pagó en la cárcel de Tolemaida pero, debido a los constantes excesos en fiestas, es trasladado a La Picota. En el 2018, como beneficio por su participación en la JEP, se le concedió libertad condicional. Participó en 10 sesiones en donde reconoció dos crímenes mientras llevaba el uniforme militar: el haber atentado contra miembros de la Unión Patriótica y el ser partícipe de los falsos positivos.   A Zeus lo detiene la policía de carreteras el 10 de abril del 2024 en el sector de La Laguna, a 87 kilómetros de Cúcuta. Con el arsenal incautado aparecen dos libretas. Las dos desaparecieron. Un policía alcanza a escanear una de ellas y se la pasa a la unidad investigativa de Noticias Caracol. En la desaparición de esta libreta aparece implicado un general de la policía y un coronel.   Si quieren saber los nombres los invitamos a ver este programa que se hizo en un esfuerzo investigativo de la revista Raya y la fundación Pares:

Por: Juan Guillermo Sepúlveda A. [1] “ Yo me sentía manchado, marginado y opté por irme para Medellín…” [2] Carlos Lehder Con la salida de Carlos Lehder de la cárcel y con su regreso a Colombia, lejos de interesarme si le debe algo a la justicia colombiana o no, me hago varias preguntas: ¿cómo llegó a ser uno de los narcotraficantes más poderosos de América Latina? ¿que lo llevó a ello? ¿pudo él o su familia haberlo evitado?; y otra pregunta que será objeto de un segundo artículo: ¿en qué se transforma una persona que ha estado encerrada durante 11.880 días y noches de su vida? Obviamente, se ha transformado, pero ¿en qué?, debe haber mutado de epidermis, en el cuerpo y en alma, producto de la espera, la esperanza y la desesperanza, el perder todo, pues en la cárcel, todo se pierde, es un perder permanente, 33 navidades perdidas, 33 cumpleaños perdidos… ¿Quién es hoy Carlos Lehder? A continuación, me ocuparé de la primera inquietud, ¿qué o quién pudo haber salvado a Carlos Lehder de la vida que llevó?, ¿pudo haber sido un ciudadano normal y corriente en Colombia, país de origen de su madre Elene, o en Alemania, país de su padre Guillermo? La niñez e infancia de Carlos Lehder estuvo marcada por la prosperidad económica de su familia en Armenia, Colombia, y el fracaso económico producto de la persecución contra los alemanes que los EE UU implantaron en Colombia en la Segunda Guerra Mundial, lo que produjo que a su padre le quitaran todo lo que tenía en Colombia, quedando en banca rota, siendo considerado un peligro nazi para los colombianos [1] . Esto último alimentó, en Lehder un sentimiento anti norteamericano, de activismo y beligerancia que lo caracterizó en el Cartel de Medellín. La carrera delictiva de Carlos Lehder se inicia a los 19 años en los EEUU, cuando por posesión de 300 libras de marihuana y conspiración de carros robados es condenado a dos años de cárcel. Lehder, aún, no conocía la cocaína. [2] Al salir de prisión luego de pagar la condena, regresó a casa de sus padres, donde le abrió la puerta su padre Guillermo, quien sabía que su hijo acababa de salir de la cárcel. Éste le preguntó que qué pensaba hacer y Carlos le respondió que regresar donde ellos, a casa, a lo que Guillermo le respondió, que, en su techo, o sea la casa de los padres de Carlos, no podía recibir un delincuente, pues su cultura alemana no le permitía dar albergue a un criminal, a un convicto… “ Yo me sentí manchado, marginado y opté por irme para Medellín y allí empezó todo el episodio de la exportación de cocaína” [3] Con ese portazo de Guillermo, Carlos toca la puerta de otra “casa”, la cual le abrieron de inmediato: la del Cartel de Medellín. Es así como Carlos Lehder se convierte, con los años, en uno de los jefes del Cartel más violento y criminal que se tenga noticias. ¿Qué habría pasado si Guillermo su padre le hubiera abierto la puerta de su casa? ¿Carlos habría parado su carrera delictiva que recién iniciaba?   Según JOHN BRAITHWAITE, sí. El australiano J. Braithwaite, ha desarrollado la teoría sociológica de la vergüenza reintegrativa [4] : -       En la que se reprocha el acto criminal pero no a la persona que lo cometió. -       En la que hay desaprobación familiar y comunitaria al acto cometido, pero, seguida de gestos de reaceptación del sujeto que incurrió en tal conducta. -       Donde se aplica el juego armónico entre la desaprobación y la reaceptación. -       En la que se evita la humillación, la desintegración, la reacción social negativa y la estigmatización. -       Donde el arrepentimiento, logra el olvido y el perdón. -       Teoría en la que la vergüenza aparece cuando falla la conciencia, y a la vez se convierte, aquella, en constructora de ésta. -       Finalmente, la vergüenza reintegrativa, puede evitar el inicio de la carrera criminal. [5]   Es muy difícil prever lo que hubiera pasado con la vida de Carlos (hijo) si Guillermo (padre), no le hubiera cerrado la puerta, cuando recién salió de la cárcel por primera vez, siendo un joven avergonzado, arrepentido, que buscaba el calor de hogar y el perdón familiar, pero casi con absoluta seguridad, creo, que su suerte hubiera sido otra. Esto pasa hoy en Colombia en núcleos familiares autoritarios e intolerantes, por fortuna cada vez menos, donde expulsan de la familia a las hijas adolescentes porque quedan embarazadas, a los hijos por que consumen droga, y qué decir de los que salen de la cárcel, nunca se les vuelve a recibir,  quedando a merced de las bandas del barrio y la criminalidad organizada. A este punto, vale la pena recordar las palabras del poeta colombiano Guillermo León Valencia [6] :   ¿Quién me dirá si un huevo es de torcaz o víbora? La mente no sabe leer lo que en el tiempo asoma: el hombre, como el huevo, en nidos de dolor será serpiente, ¡en nidos de piedad será paloma !   Adenda. ATENCIÓN. El juzgado 02 de control de garantías legalizó la captura del excapo del cartel de Medellín, Carlos Lehder, y expidió la boleta de detención provisional en su contra. El lunes 31 de marzo, Lehder será puesto a disposición del juzgado 18 de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá , que resolverá situación jurídica. (La w Radio Colombia). [1] Criminólogo - victimólogo - ambientalista. juanguillermo.sepulveda@gmail.com   [2]  Entrevista de Carlos Lehder, en la W Radio. 15 de enero de 2024. [3]  Declaración del cónsul de Estados Unidos en Cali, Howard E. Bowma. Guillermo Lehder: El padre de Lehder. Por GERARDO REYES. [4]  Entrevista de Carlos Lehder. en la W Radio. 15 de enero de 2024. [5]  Ibidem [6]  BRAITHWAITE, JOHN. "Crime, Shame and Reintegration". Cambridge, Univ. Press, Redwood, Ltd. London, 1989: [7]  Langon Cuñarro , Miguel LA TEORÍA DE LA VERGÜENZA REINTEGRATIVA DE JOHN BRAITHWAITE [8]  Guillermo Valencia. Anarkos. Poema.

Por: Redacción Pares Nunca la historia se puso de acuerdo sobre cual de estos aventureros descubrió la mina del Cerrejón, si el ingeniero civil norteamericano John May, si el guajiro Juan Gómez Osio o si el mismísimo creador de La María, Jorge Isaacs. El caso es que fue en 1984 cuando se realizó el primer embarque de carbón de esta mina inmensa. Es considerada la mayor mina de carbón a cielo abierto en el mundo y en el 2022 se sacaron de ella 19.7 millones de toneladas. Sin embargo a finales de marzo del 2025 empezaron a llegar las malas noticias. Claudia Bejarano, presidenta de la compañía, a través de un comunicado informó que el Cerrejón bajará su producción en un 50%, es decir se pasará de 5 a 10 millones de toneladas al año.   Esto es un coletazo de la crisis internacional del carbón. Muchos especialistas en el país han querido responsabilizar a la decisión de Petro de impedir la exportación de carbón a Israel, como represalia al genocidio en gaza, como la principal razón de esta caída. Pero la verdad es que los límites impuestos por el sistema financiero, la forma en que se han vuelto más baratas otras formas de energía y, sobre todo, las restricciones de China, han provocado este colapso. Jamás pensaron que China iba a ser tan certera en sus restricciones.   La Guajira entera sufrirá esta reducción de la producción de carbón en el Cerrejón. El principal ingreso en el departamento es el de la explotación de minas. En el 2023 le entregó al departamento 54 mil millones de pesos. Además está el empleo que se verá afectado por esta medida. Según la página de la compañía, el 19 de junio del 2024 celebraban que la empresa fuera la única del sector minero en estar en el Top 100 del medidor Marco Talento que tiene en cuenta la responsabilidad de una fuente de trabajo con sus empleados. En ese momento el Cerrejón le daba trabajo a más de 12 mil personas. El 60% de ellas eran de la Guajira.   Hay que recordar que el Cerrejón alcanzó a producir 22 millones de toneladas en el 2023 pero a partir de esa fecha su producción empezó a decrecer. Sin emabrgo nadie esperaba esta caída tan fuerte. En Europa y en el Mediterráneo se ha reducido la demanda de carbón colombiano. La alternativa estaba en Asia. Esto encarecería los costos. Pero la cerrada de puertas de China fue determinante para llevar a pensar que en 5 años el Cerrejón estaría preparando su cierre definitivo. Bejarano afirmó que los bloqueos también han sido devastadores para la mina: "La compañía está operando en un entorno complejo con bloqueos constantes que han aumentado en los últimos años. Pasamos de tener 60 bloqueos en el año 2021 a 333 bloqueos en el año 2024. Esto resultó en 135 días el año pasado en los que no pudimos transportar nuestro carbón al puerto"   Bejarano intenta dar un parte de tranquilidad en su comunicado, existen compromisos con la comunidad, con el departamento, con la misma generación de energía, pero las perspectivas no invitan al optimismo. La crisis parece tornarse irreversible para una de las compañías más sólidas del país.

Por: Iván Gallo - Coordinador de Comunicaciones Los ídolos intelectuales de Carlos Gaviria nunca fueron Marx o Lenin. Eran Borges y Kant. Nunca fue un sectario. Era un muchacho de 78 años cuando murió. Recuerdo que fue un jueves santo. Nadie se lo esperaba: fue una complicación después de una operación que le hicieron para resolver un desorden intestinal. Carlos Gaviria fue un pionero en su visión sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, la despenalización de la dosis mínima y el aborto.   En las elecciones presidenciales del 2006 el amo y señor de las encuestas era Álvaro Uribe. Pudo reformar la constitución para reelegirse. Todo el aparataje de prensa, de medios, estaba con él. A la gente poco o nada le importaba que el uribismo ya estuviera podrido por dentro. Escándalos como el de la parapolítica o los falsos positivos dentro de las Fuerzas Armadas pasaban de ser un rumor a la realidad. Pero a la gente no le importó. Uribe ganó esa reelección presidencial en primera vuelta con 7.397.835 votos. Fue aplastante, obtuvo el 62.35%. La sorpresa fue que el segundo lugar lo obtuvo Gaviria con una votación histórica para un candidato de izquierda: 2.613.157 votos. El Polo Democrático, la fuerza que él había ayudado a crear, era el segundo partido político del país. Un premio a una carrera en donde siempre bordeó el peligro.   En 1987 este antioqueño nacido en Sopetrán en 1937, vio morir a uno de sus mejores amigos. Mientras iba al velorio de uno de los compañeros de lucha el médico Hector Abad Gómez, reconocido defensor de Derechos Humanos, fue abaleado por sicarios en las calles del centro de Medellín. Gaviria, acosado por las amenazas, no tuvo más remedio que exiliarse en Argentina. Regresó en 1989 a ser el subdirector de la Universidad de Antioquia. Ya sabemos lo que era en Medellín, a finales de los noventa, aceptar un cargo de importancia. Inmediatamente estabas en la mira del Cartel y de la lógica de su capo, Pablo Escobar: Plata o Plomo. Pero a Gaviria ni lo mataron ni lo sobornaron. Él, simplemente, siguió adelante.   La Universidad la dejó en 1993 sólo para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Amaba la academia y entre sus alumnos tuvo a uno que, con el tiempo, sería su máximo contendor político: Álvaro Uribe Vélez. En la Corte dio muestras de su progresismo a prueba de cualquier tipo de mojigaterías en un país tan conservador como Colombia. Despenalizar la dosis mínima en 1996, durante el gobierno de Ernesto Samper, era un desafío a los carteles de la droga. Al despenalizar inmediatamente el precio se baja y los que pierden son los que trafican. Y eso fue Carlos Gaviria toda su vida, un enemigo de la violencia y de la corrupción. El otro gran logro fue lograr que se aprobara la eutanasia.   En el año 2002 Gaviria sería elegido senador con una votación realmente impresionante: 115 mil votos. Hasta la derecha más recalcitrante veía en este abogado, con maestría de la Universidad de Harvard, a un hombre honorable. Mientras el país era descuartizado por la avanzada paramilitar Carlos Gaviria se convirtió en una muralla contra los excesos del uribismo, que se instaló en la Casa de Nariño desde el 2002. Un año después convence a la disgregada izquierda colombiana a unirse en el Polo Democrático en donde logró poner de acuerdo a personalidades tan fuertes como Gustavo Petro.   Entonces empezó la calumnia desde el mismo gobierno. Se le inventó que recibía cada vez millones de pesos en una pensión desmedida que había conseguido a punta de politiquería. Le bastó un puñado de sesiones en el senado para comprobar que todo se trataba de un ardid contra él. La narrativa uribista lo presentó como un extremista y un amigo de las FARC.   Aunque cuando Carlos Gaviria partió, el 31 de marzo del 2015, Alvaro Uribe le dedicó varios trinos a la memoria de su maestro, no se puede olvidar los señalamientos terribles que hizo durante la campaña presidencial del 2006. En un país en donde la vida vale tan poco es extremadamente peligroso que Uribe, con sus niveles de popularidad, haya dicho que Gaviria tenía “un sesgo guerrillero”. A los señalamientos de Uribe se sumaban las opiniones del entonces vicepresidente, Francisco Santos, quien afirmó, sin pruebas que Gaviria le había aconsejado al ELN no negociar con el gobierno de Álvaro Uribe. ¿Cuándo un demócrata como él pudo tener contacto con grupos alzados en armas?   Las balas de la infamia no sólo vinieron desde Uribe y sus subalternos sino que también fue objeto de críticas desmedidas por parte de columnistas como Mauricio Vargas quien lo calificó de “viejo mamerto”. Gaviria tuvo sus roces con Gustavo Petro y también con Lucho Garzón. Era un hombre de extrema vitalidad y su muerte, hace nueve años, nos sigue pesando. ¿Qué posición tendría ante el temple que ha demostrado Petro como presidente? Hombres como Carlos Gaviria no deberían irse jamás.

Por: Redacción Pares Hace una semana Carlos Lehder Rivas llegó al Dorado de Bogotá. Venía con un traje azul impecable, algo que contrastaba con el desaliño con el que Colombia lo había visto hace casi cuarenta años, cuando después de una fiesta demencial en una de sus fincas, fue entregado por sus propios socios al gobierno Barco quien inmediatamente hizo uso de la extradición para enviarlo a los Estados Unidos. Hace un año salió libre e hizo uso de su doble nacionalidad para irse a Alemania, la tierra de su papá. Pero regresó. El país se quedó aterrado cuando volvió a verlo. Era un hombre razonablemente bien conservado a sus 76 años a pesar de la vida que ha tenido. Duró encerrado casi cuatro décadas en condiciones infames. Regresaba al país más que por un cuento de nostalgia, por la necesidad de contar verdades. Seguramente lo hará. La Posada Alemana, la construcción que se encuentra justo en la bajada a Salento, en plena vía del Café, será próximamente un parque temático. En el video que se difundió, en donde el ex capo del Cartel de Medellín se comía una bandeja paisa y recordaba los sabores de su tierra, dice una frase clave: él le pide a los colombianos perdón. Para recibirlo deberá contar sus verdades.   Esto está en consonancia con lo que quiere la ministra de justicia, Angela María Buitrago Sería importante evaluar si dentro de la información que tiene Lehder se encuentran elementos que permitan reconstruir episodios clave de la historia del narcotráfico en Colombia, en particular aquellos hechos que han sido objeto de investigaciones y procesos judiciales”.   Uno de estos hechos tendría que ver con la creación del MAS. Según la historia oficial el grupo Muerte a Secuestradores, que termina convirtiéndose en la semilla con la que crecería el paramilitarismo en Colombia, arrancó por una retaliación de la familia Ochoa, perteneciente al Cartel de Medellín, por el secuestro de una de sus hermanas, Martha Nieves. El M-19 y las guerrillas en Colombia, a comienzos de los años ochenta, empezaron a secuestrar indiscriminadamente a ricos en el país sin importar que algunos de estos fueran criminales inescrupulosos como los narcos. Lehder habría sido quien instigó y financió este movimiento. En su agenda deben estar los nombres de miembros de la fuerza pública que ayudaron a posicionar este grupo armado ilegal.   El 23 de diciembre del 2024 regresó al país Fabio Ochoa, el menor de los hermanos que se convirtieron en los socios principales de Pablo Escobar. Ochoa, después de la disolución del Cartel de Medellín hizo vida en México y se convirtió en uno de los capos más duros en ese país. Su testimonio también sería clave para establecer la creación de grupos paramilitares y, como un dato no menor, hay que recordar que el papá de este narco, Don Fabio Ochoa Restrepo, reconocido caballista de Medellín, era muy cercano de un personaje que sigue siendo un misterio, don Alberto Uribe Sierra, padre del ex presidente Alvaro Uribe Vélez.   El momento cumbre de Salvatore Mancuso fue en el 2004. Ese año no sólo las puertas del Congreso se abrieron de par en par para él, sino que sus fichas políticas le despejaban la pista para transformar a las AUC en un grupo político. Estaba cerca de legalizar las tierras que había despojado, de enterrar las cerca de 500 muertes que había ordenado. Se sentía en la cima del mundo. A los periodistas que iban a visitar en su finca en Córdoba les mostraba, desde un tercer piso, el horizonte de su hacienda que no tenía fin. Se sentía una especie de libertador. Todo estaba encubierto y justificado por su lucha antisubversiva. Pero Estados Unidos decidió otra cosa, deshizo los acuerdos a los que había llegado con Uribe quien, según el comandante paramilitar, lo terminó traicionando y mandándolo a una cárcel en Estados Unidos en el 2008. Fue condenado a 14 años de cárcel.   Desde el mismo momento que pisó Estados Unidos Mancuso habló contra Uribe. En una entrevista a la revista Cambio, que en ese momento era dirigida por el desaparecido Rodrigo Pardo, el comandante paramilitar afirmó que el entonces presidente “Había extraditado la verdad”.   Mancuso, en las sesiones de Justicia y Paz,  tenía un mapa en donde iba señalando los lugares en donde los paras enterraban a los desaparecidos, los hornos crematorios en Juan Frío, Norte de Santander. Además, estaba abierto para comprometer a los políticos de la región a los que ellos ayudaron, a militares con los que trabajaron en conjunto. Una vez empezó a hacer estas confesiones llovieron amenazas contra su familia y vino después la extradición. El argumento de Uribe para hacer esta movida fue afirmar que los comandantes paramilitares siguieron delinquiendo, algo que fue desmentido por quien era fiscal en ese momento, Mario Iguarán, quien jamás encontró pruebas sobre esto.   Ante estas verdades que empezaba a confesar Mancuso José Obdulio Gaviria, quien había convertido su columna en El Tiempo en una verdadera trinchera, descalificando a todo el que no estuviera alineado con la Seguridad Democrática, escribió esto contra Mancuso y sus declaraciones: “Es el caso de Mancuso, mendaz de profesión, quien imparte absoluciones y condenas desde su prisión gringa, de acuerdo con los gustos o necesidades del contertulio de turno, sea el fiscal, activista u oenegero [de una organización no gubernamental], o del interés político del director del medio de comunicación que lo entreviste”.   Desde entonces Mancuso ha querido contar su verdad. Ante la JEP ha dicho verdades que han puesto a temblar a más de un poderoso en el país. El año pasado afirmó conocer de un plan del DAS -desaparecido después de los escándalos de las chuzadas en la era Uribe y de los líos judiciales de su ex director, Jorge Noguera, condenado, entre otras cosas, por el asesinato del profesor universitario Jorge Correa de Andreis- tenía un plan para asesinar al entonces senador Gustavo Petro. La idea de asesinar a Petro se la había dado José Miguel Narvaez, el jefe de inteligencia de esa institución quien daba clases de antiinsurgencia a los propios paramilitares y le llevaba listas a Castaño y Mancuso para asesinar colombianos que, según este fundamentalista, eran colaboradores de la guerrilla. En ese listado estuvo alguna vez Jaime Garzón.   Mancuso recibió plena colaboración de ganaderos, comerciantes y políticos de Córdoba. Su primer matrimonio fue con Martha Dereix, perteneciente a una de las familias de inmigrantes franceses más prósperas de Montería. Era un niño bien. Estudió en la Javeriana y después en Estados Unidos. Los secuestros de familiares y amigos por parte de las guerrillas fue la excusa que estaba buscando para su cruzada antinsurgente que le permitió acumular fama y fortuna. Y también muertes. Las masacres del Salado en los Montes de María, la de La Gabarra en el Catatumbo, en donde los paras jugaron fútbol con las cabezas de sus víctimas, en donde se desmembraba a punta de motosierra y se mataba a batazos, muestran la radiografía de un sicópata.   Mancuso ya dio su testimonio en el juicio de Uribe y volvió a repetir lo que ha dicho en más de una ocasión, que sin la ayuda de los paramilitares la Seguridad Democrática no se hubiera podido consolidar. A 4 de abril del 2025 Mancuso aún tiene que contar buena parte de la verdad que necesita conocer el país.