Por: Laura Cano, periodista Pares. La fecha siete programaba en el fútbol profesional colombiano un clásico entre Millonarios y Santa Fe, un escenario perfecto para que las mujeres resaltaran, demostrando que, en efecto, somos un rostro colectivo. Justo allí, en el Estadio el Campín, las mujeres futboleras y feministas tenían una cita el pasado martes. Fue un espacio pensado para que en el marco del mes de marzo se hiciera un acto que recordara que nos tomaremos cada uno de los espacios que nos han sido negados históricamente, pues estamos en un momento social y político que nos ha permitido conocernos, escucharnos y organizarnos para ser disruptivas e incomodar, demostrando que presionaremos para reivindicar nuestros derechos y escenarios de lucha. Los códigos que se han creado alrededor del fútbol; como las masculinidades, las barras, y las forma del juego, han configurado al mismo tiempo unas categorizaciones que han supuesto barreras en términos de las mujeres que están en este deporte, creando estereotipos que restan visibilidad a la mujer futbolista e hincha. Fotos: Pares. En este contexto nace Futbola, una organización que ha reunido mujeres desde las canchas para tener injerencia fuera y dentro de estas: “Éramos mujeres de la hinchada de Millonarios que notamos que había vacíos en cuanto a participación y reconocimiento. Había bastantes situaciones de violencia y nos dimos cuenta de que era necesario organizarnos y comenzar a desarrollar acciones con el ánimo de contrarrestar esa situación”, contó Miriam Ordóñez, una de las integrantes de Futbola. “Con el tiempo sumamos más mujeres, definiendo líneas de trabajo más claras; por ejemplo, creamos una para estudiar las políticas públicas de fútbol que existen en el país, encontrando que también hay vacíos normativos en cuanto al tema de reconocimiento de género y participación de las mujeres. Así, empezamos a hacer actividades con el ánimo de crear incidencia en ese sentido; de poder hacer transformaciones de las normas, de poder llegar a espacios de participación y así abrir puertas para las organizaciones de mujeres futbolistas e hinchas”. Tras una fuerte lluvia varias mujeres fueron llegando al Campín. La organización fue tan bien pensada que Oriental Norte había sido dispuesta para ellas, esto con el apoyo de otras mujeres y las barras tradicionales de Millonarios. Fotos: Pares. Ellas fueron las encargadas de que en el Estadio el pasado martes disrumpieran las dinámicas comunes en donde se encuentran dos equipos y sus hinchas, quienes cantan sus cánticos, para dar ánimos dentro del juego. Esta semana fue diferente. Sí, se encontraron los dos equipos, pero en medio de estos había un estallido feminista; un grupo de mujeres y una gran bandera morada que nos recordaba que había empezado marzo, nuestro mes. Tras una fuerte lluvia varias mujeres fueron llegando al Campín. La organización fue tan bien pensada que Oriental Norte había sido dispuesta para ellas, esto con el apoyo de otras mujeres y las barras tradicionales de Millonarios. La bandera se desplegó tres veces antes de que comenzara el encuentro deportivo y en el momento en el que iniciaron los actos protocolarios formalmente la bandera fue bajando hasta que cubrió parte de la tribuna en el punto exacto en el que se dividían las hinchadas del equipo local y Santa Fe. “Precisamente la apuesta feminista parte de cuestionarse todos los espacios que reproducen lógicas machistas, y el fútbol históricamente ha sido un escenario donde hay unas relaciones de poder muy fuertes y donde los micromachismos salen a relucir, pero en esa misma dinámica las mujeres también festejan y viven el fútbol. Creo que precisamente visibilizar cómo los escenarios deportivos también son tomados desde las mujeres y para ellas es muy importante independientemente de la hinchada a la que se pertenece. Lo que se pretende aquí es reconocer e identificar cómo el feminismo trasciende esas barreras invisibles que nos ha trazado la estructura patriarcal dentro del fútbol”, afirmó Lorena Parra. La bandera se ha convertido en un acto simbólico desde el 25N, pues esta misma fue la que marcó el fin de la movilización del día de la no violencia contra la mujer en la Plaza de la Hoja. Por eso, retomarla en este escenario era también un acto de memoria, un acto que recordaba cada uno de nuestros reclamos. “Levantar las banderas de las luchas feministas en un espacio deportivo como este Estadio de fútbol es histórico para nosotras”. Durante los 90 minutos hubo tiempo para varias cosas; para hablar y contar cómo se ha organizado Futbola, para hacer un “pañuelazo” por el aborto legal, seguro y gratuito justo en el minuto ocho del partido y también para ver cómo los comentarios llegaban; hombres preguntando que para qué servía eso, cánticos en los que se cae en los machismos y chiflidos en momentos del juego, hechos que demostraron que la tarea se hizo bien: nos organizamos y se incomodó. “Levantar las banderas de las luchas feministas en un espacio deportivo como este Estadio de fútbol es histórico para nosotras”. Fotos: Pares. Al finalizar el encuentro Natalia Torres concluyó que: “debemos resaltar que fue una tribuna donde estuvimos hinchas de Millonarios y de Santa Fe y que a pesar de esto fue un espacio en paz y mantuvimos nuestro objetivo común que era bajar el trapo de #SomosUnRostroColectivo. De eso se trata; de que no importe desde dónde nos pronunciemos, pues todas estamos caminando en la misma lucha: una revolución feminista, futbolera y popular”.

Por: Redacción Pares Este 2020 los derechos de las mujeres y la igualdad de género están cobrando protagonismo. Han transcurrido veinticinco años desde la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, hoja de ruta progresista para la igualdad de género. Hoy es hora de hacer un balance de los progresos y reducir las desigualdades persistentes con acciones audaces y decisivas. Según ONU, el tema del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) de este año es “Soy de la Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres”. La campaña Generación Igualdad reunirá a personas de todos los géneros, edades, orígenes étnicos, razas, religiones y países, para impulsar acciones que creen el mundo igualitario que merecemos. En conjunto, la Organización de Naciones Unidas quiere movilizar a todas las personas para eliminar la violencia de género; exigimos justicia económica y derechos para todas las personas; autonomía sobre los propios cuerpos, derecho a la salud sexual y reproductiva; y acciones feministas por la justicia climática. Queremos tecnología e innovación para la igualdad de género; y liderazgo feminista. Declaración con motivo del Día Internacional de la Mujer a cargo de Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres En su declaración por el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, presenta 2020 como el año para la igualdad de género y pide que todo el mundo colabore para derribar las barreras contra la igualdad de género. Este Día Internacional de la Mujer, la campaña multigeneracional de ONU Mujeres, Generación Igualdad, reúne defensoras pasadas y presentes para exigir que la igualdad de género sea una realidad en esta generación.

Por: Redacción Pares Leyner Palacios y su escolta, Arley Chalá, llegaron a Cali hace un mes en busca de resguardo por las amenazas que Leyner había recibido por sus denuncias sobre la presencia de paramilitares en Bojayá, Chocó, y su tarea como secretario técnico de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico. Así lo comunica la comisión de la Verdad mediante comunicado publicado este viernes 6 de marzo. Ayer, Arley fue asesinado de nueve disparos de los más de 18 que le fueron hechos por tres hombres que lo esperaban cerca de la casa donde residía en Cali. ¿Por qué continúa esta incesante muerte de los líderes y lideresas sociales, esta constante ruptura de nuestra dignidad? ¿Por qué la sociedad colombiana no reacciona con la suficiente indignación por la persistencia de lo intolerable? ¿Por qué las acciones del Estado no son eficientes para detener esta tragedia? ¿A quiénes benefician estas acciones que destruyen un tejido social larga y laboriosamente construido? La misma lucha y la misma tarea que realiza Leyner y que no es un caso aislado, pues se repite en el Cauca, en el Catatumbo, en Nariño, en Antioquia, en Córdoba y en el Huila. La defensa de los Derechos Humanos y del territorio le costó la vida en 2019 a 108 personas defensoras de derechos humanos, incluyendo 15 mujeres y dos integrantes de la población LGBTI, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2019). Comunicado de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca. Según Ariel Ávila, subdirector de Pares, cualquier persona con dos dedos de frente concluiría que: 1. En la medida que la justicia transicional avance, ya sea la JEP o la Comisión de la Verdad, las víctimas estarán más en peligro. Sobre todo, porque a medida que exguerrilleros, exmilitares, parapolíticos, etc., comiencen a contar las verdades tendrán que ir delatando a quienes los apoyaron, quienes se beneficiaron de la guerra, gente, que generalmente está en la legalidad. Esto es lo que pasa con los líderes que reclaman tierra. Los despojadores, supuestos empresarios y latifundistas, se oponen al proceso de paz, saben que si hay verdad, muchos de ellos deberán regresar lo que se robaron. Es frustrante la indiferencia de la sociedad colombiana, la ausencia de estrategias eficientes para parar la masacre, pero sobre todo, impactan las estrategias comunicativas de varias instituciones estatales y sectores políticos para negar la masacre, parece que son los cómplices de esta matanza.

Por: Laura Cano, periodista Pares. Hace poco menos de dos meses Leyner Palacios había enviado una carta dirigida al actual presidente solicitando, entre otras cosas, garantías de seguridad para los habitantes del Chocó y todo el Litoral Pacífico. En ese documento, Palacios retomaba otra comunicación que había tenido con Duque el 17 de noviembre de 2019 durante el sepelio colectivo de las víctimas de Bojayá: “Ya han transcurrido 15 años y esta situación se repite, con la variante de que , gracias al Acuerdo de Paz, hoy las FARC – EP han salido del territorio, pero ante la falta de la implementación del mismo, el ELN ha copado estos espacios, se ha fortalecido militarmente y ha incrementado sus agresiones a la población civil. De la misma manera, el Gobierno no ha sido efectivo en combatir las nuevas formas de paramilitarismo y bandas criminales, quienes hoy han incrementado su accionar al interior de los territorios étnicos”. Leyner Palacios se ha convertido en una de las voces de quienes fueron víctimas de la Masacre de Bojayá ocurrida el 02 de mayo de 2002, durante enfrentamientos entre la antigua guerrilla Farc-ep y los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia. Palacios fue uno de los habitantes que se protegieron en el templo católico del municipio cuando cayó el cilindro bomba que lanzaron las Farc, para luego convertirse en una de las piezas claves para, 17 años después, reconocer a algunas de las personas que habían desaparecido y muerto durante la masacre. Un líder que han querido silenciar Desde el 2014 Leyner ha representado a las víctimas en varios espacios públicos. Uno de estos fue durante los diálogos que se adelantaban en La Habana, Cuba, entre las Farc y el Gobierno Nacional para lo que sería el Acuerdo de Paz firmado el 24 de noviembre de 2016. También ha participado dentro de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico (CIVP) como secretario general y defensor de derechos humanos. Además, en 2017 ganó el premio Pluralismo Global, reconociéndose su trabajo a nivel nacional e internacional. Tras su labor como líder, y como una radiografía de lo que ocurre en el país con quienes defienden la paz, la vida digna y la seguridad en los territorios, Leyner ha sido amenazado por grupos armados, especialmente por las AUC y el Clan del Golfo, situación que hace un mes lo llevó a salirse del Chocó y radicarse en Cali. Justamente en esta ciudad fue donde se registró el asesinato de uno de sus escoltas, Arley Enrique Chalar Rentería. Esto mientras en Ginebra, Suiza Michel Forst, presentaba el más reciente informe sobre la situación de derechos humanos en el país realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y publicado la semana pasada, donde se alertaba del ambiente poco seguro para los líderes y las lideresas. Chalar hacia parte del esquema de seguridad de Leyner, sin embargo, para el momento del asesinato él no se encontraba con Palacios. El atentado se registró en horas de la tarde en el barrio La Selva, al nororiente de Cali. Aún no hay responsables, mientras que el alcalde de esta ciudad, Jorge Iván Ospina ofreció una recompensa de 20 millones de pesos por la captura de los sicarios. “Tenemos mucho dolor ante el brutal asesinato del que fue víctima Arley Hernán Chalá, uno de mis escoltas, 18 impactos de bala lo acallaron. En mi mente él y su familia. No me es fácil dar declaraciones, agradezco la comprensión y solidaridad”, afirmó Leyner a través de Twitter. Aunque no está oficialmente confirmado que el atentado haya sido o no destinado a Palacios, la realidad es que día a día los lideres y lideresas del país viven con la zozobra de que en cualquier momento pueden ser asesinados. Esto, mientras el gobierno nacional no da alguna solución efectiva y mientras las cifras de muertos siguen aumentando, porque en este país defender los derechos humanos es un peligro diario, un peligro del que pareciera no enterarse la institucional, en donde se pronuncia que “mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de derechos humanos» o que se “debería revisar la relación de Colombia con ONU y cerrar esa oficina de la Comisionada de DD.HH., convertida en guarida politiquera con sesgo ideológico pasional”.

Por: Redacción Pares En 2019, hubo casi una víctima al día de artefactos explosivos y minas, nuevos casos de desplazamiento y de confinamiento de comunidades, homicidios, amenazas, desapariciones, agresiones contra la Misión Médica en las zonas de menor cobertura sanitaria, destrucción de recursos naturales, violencia sexual, y reclutamiento y uso de menores por parte de actores armados. Estas son las violaciones más graves que documentaron los equipos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). El recrudecimiento de las acciones armadas indica que las promesas de paz aún no se han materializado en las regiones más vulnerables, donde no ha habido una consolidación integral de la presencia del Estado y donde la llegada de migrantes implica nuevos desafíos. La paz es todavía esquiva en muchos territorios de Colombia. En 2019, hubo 352 víctimas de artefactos explosivos y minas antipersonal, más de 25.300 personas desplazadas masivamente y 218 agresiones a la Misión Médica. Sin embargo, estos fueron solo algunos de los tristes indicadores del deterioro de las condiciones humanitarias en varias zonas del país. Es preocupante que más de 27.600 habitantes hayan estado confinados debido a las acciones de grupos armados y a la presencia de explosivos. El 83% de estas personas vive en Chocó, un departamento sumido en condiciones de pobreza apremiantes e históricas necesidades básicas insatisfechas. Este fenómeno deja a comunidades enteras en medio de enfrentamientos, desabastecidas y con limitado acceso a sus cultivos y centros de salud. Otros departamentos en los cuales observamos una situación apremiante son Nariño, Antioquia (especialmente en Bajo Cauca), Arauca, Norte de Santander, Cauca, Caquetá, Meta y Córdoba. Aunque es evidente que el contexto mejoró de manera importante en muchas partes del país, en otras, las carencias de la respuesta institucional contribuyeron al sufrimiento ya causado por la escalada en la intensidad del conflicto y la violencia armada. Prueba de ello es que, a lo largo de 2019, CICR documentó 987 violaciones al derecho internacional humanitario (DIH) y otras normas humanitarias. El 77% de estos casos fueron amenazas, homicidios, actos de violencia sexual y reclutamiento de menores, entre otros hechos de suma gravedad. Sin embargo, se trata de una mirada parcial de la situación, resultado de los casos que conocemos de primera mano en las 13 oficinas que tenemos en el país. Este panorama desalentador muestra que todos los actores armados en Colombia aún irrespetan las reglas mínimas de la guerra y dejan a la población civil frente a las peores consecuencias de sus acciones.

Por: Laura Cano, periodista Pares. Ayer se conoció, tras una investigación revelada por el periodista Gonzalo Guillén, la compra de votos en la campaña de Iván Duque por orden del ex presidente y senador Álvaro Uribe. Esto, tras encontrar conversaciones del fallecido José Guillermo Hernández Aponte ‘Ñeñe Hernández’, luego de iniciarse una investigación adelantada por la Fiscalía General de Colombia por el caso de la muerte de Óscar Eduardo Rodríguez. Tras esta noticia una de las primeras preguntas que encierran el hecho es ¿Quién es el Ñeñe Hernández? una duda no menor, pues él, quien era conocido como un finquero del Cesar, tuvo varios nexos criminales y a su vez un importante relacionamiento con figuras políticas y públicas. El Ñeñe Hernández creó un círculo social entre políticos y miembros de la fuerza pública, algunos de ellos cuestionados por su actuar dentro de algunas instituciones y otros por el silencio que han promovido tras conocerse las relaciones del Ñeñe Hernández con Marquitos Figueroa. Aquí posa con el presidente (en ese entonces candidato a la presidencia) Iván Duque y su esposa María Juliana. La investigación que dio luces de la compra de votos Aunque Ñeñe Hernández fue asesinado el primero de mayo de 2019 en la ciudad de Ubareba, Estado de Minas Gerais (Brasil) tras un atraco, según las versiones oficiales, las investigaciones y cuestionamientos no han suscitado, pues se le ha implicado en varios hechos, entre estos la muerte de Óscar Rodríguez, hijo de Carlos Rodríguez, ocurrida el 18 de agosto de 2011 en el norte de Barranquilla. Este homicidio fue el resultado de un ajuste de cuentas entre Hernández y Carlos Rodríguez, quien era reconocido por ser el sastre de algunos cantantes de esta zona del país, además porque para el año 2010 había regresado al país tras ser extraditado a Estados Unidos por lavado de activos. El Ñeñe le debía una suma que rondaba los 1.000 millones de pesos, que en primer momento fue una deuda de Peco González, quien soluciono con Hernández reunir 200 millones de pesos para que a través de Marquitos Figueroa, un narcotraficante, contrabandista y sicario, se contratara a un miembro de la banda criminal de Figueroa, conocida como la ‘Banda de Marquitos’ o ‘Los Cuchicheros’, para que asesinara a Carlos Rodríguez, para luego, presuntamente, secuestrar a su hijo y pedir propiedades de la familia para su liberación. El plan salió al revés; el sicario confundió a Óscar con Carlos y terminó asesinando al primero. Aparece ‘Kiko’ Gómez en la historia Tras este hecho, y otras investigaciones realizadas que relacionaban a Marquitos como el jefe de sicarios de alias ‘Kiko’ Gómez, exgobernador del departamento de La Guajira y condenado a 55 años de cárcel por los asesinatos de Yandra Brito (exalcaldesa de Barrancas – Guajira), Henry Ustáriz y Wilfredo Fonseca, casos que salpicaron a Marquitos y en donde también se le relaciona con la muerte de Dilger Becerra, Dani Deluque Taborda y el exdiputado Cesar Efraín Ovalle. Figueroa fue detenido en el año 2014 en Brasil, para luego ser trasladado a la cárcel La Picaleña en Ibagué, en donde tres años después recibiría una boleta de libertad, pues en el procesamiento judicial se hicieron jugadas para que los trámites permanecieran estancados venciéndose los términos, aún cuando las investigaciones contaban con las pruebas necesarias, además de sentencias dadas a otros responsables; como sucedió con Diomedes Villamizar, condenado a 35 años por el homicidio de Yandra Brito y Kiko Gómez, nombrado anteriormente. El Ñeñe le debía una suma que rondaba los 1.000 millones de pesos, que en primer momento fue una deuda de Peco González, quien soluciono con Hernández reunir 200 millones de pesos para que a través de Marquitos Figueroa, un narcotraficante, contrabandista y sicario, se contratara a un miembro de la banda criminal de Figueroa. En efecto, la libertad de Marcos de Jesús Figueroa estuvo muy cerca, sin embargo, el abogado Miguel Ángel del Río alcanzó a volver a poner en escenarios judiciales a Marquitos, esta vez por el asesinato de Óscar Rodríguez, por el que aún se está investigando, incluyéndose al Ñeñe Hernández y a la tarea de la Fiscalía que destaparía la información de la compra de votos para Iván Duque en el norte del país. ¿Qué ha pasado mientras Figueroa está en la cárcel? En junio de 2019 la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional realizaron el operativo ‘Tribuno’ en algunas ciudades en las que la banda de Marquitos Figueroa había tenido injerencia; Cundinamarca, Cesar, La Guajira, Magdalena, Bolívar y Santander, en donde se decomisaron propiedades que habían sido adquiridas con dinero ilegal proveniente de las actividades como homicidios selectivos, extorsión, contrabando de gasolina y narcotráfico, que realizaba la ‘Banda de Marquitos’. El valor total de los bienes decomisados en ese operativo fue de 1.2 billones de pesos, en los que se incluían 11.949 cabezas de ganado, 5 estaciones de combustible, 10 establecimientos de comercio, 11 sociedades relacionadas con el comercio de hidrocarburos, 72 inmuebles y 76 vehículos camperos y camiones. Llamó la atención que varias de estas propiedades estaban bajo el nombre de Armando Gnecco ‘Mandarino’ y José Guillermo Hernández Aponte ‘Ñeñe Hernández’, además que uno de los predios estaba destinado para construirse allí un nuevo aeropuerto internacional de Cartagena. Además, también se ha determinado que presuntamente la banda de Marquitos Figueroa, en la que el Ñeñe Hernández servía de testaferro, tuvo nexos con los Urabeños para sus actividades delictivas, en las que está el envío de droga desde el norte del país hacia Venezuela. Las relaciones públicas de ‘Ñeñe’ El Ñeñe Hernández creó un círculo social entre políticos y miembros de la fuerza pública, algunos de ellos cuestionados por su actuar dentro de algunas instituciones y otros por el silencio que han promovido tras conocerse las relaciones del Ñeñe Hernández con Marquitos Figueroa. Antes de morir, el Ñeñe mostró una alta afinidad con Iván Duque, luego y posteriormente de que este último se convirtiera en el presidente de Colombia. En redes sociales José Guillermo dio luces del apoyo en campaña Duque, que por lo menos hasta ese momento se presumía únicamente mediático. Por otra parte, Hernández también presumía su cercanía con altos cargos en las fuerzas públicas del país tales como Ricardo Restrepo, exdirector de la policía antinarcóticos, Adolfo Hernández, jefe de comando de transformación del Ejército y señalado por Human Rights Watch como uno de los responsables de participar en 39 ejecuciones extrajudiciales relacionadas con el Batallón de la Popa de Valledupar. Ahora, se esperaría que una nueva investigación contra el Ñeñe Hernández se abra. Pues el caso con el que recientemente se le relacionó muestra cómo esta construcción de relaciones en el poder han permeado en hechos delictivos y políticos, relación que no es nueva en las dinámicas de las clases dirigentes del país

Por: Lina Gaitán, investigadora Pares y Laura Cano, periodista Pares. Aunque el debate llevado a cabo este 2 de febrero por la Corte Constitucional sobre la despenalización total del aborto mantuvo las tres causales en que es legal hacer este procedimiento en el país, ello no debe leerse como una victoria, ya que es una garantía mínima de los derechos que hemos adquirido con años de lucha los movimientos de mujeres, feministas y quienes defienden estos temas de manera individual. En el 2006 la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-355 de 2006 despenalizó el aborto cuando este es motivado por tres causales: 1. Cuando la continuación del embarazo constituye peligro para la vida o la salud de la mujer. 2. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida. 3. Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto, categorizándose así como Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Planteamos esta discusión porque, siguiendo los estudios sobre embarazos adolescentes realizados por entidades como el Ministerio de Salud, Profamilia y PLAN, en 2018 la tasa de embarazos de mujeres entre los 13 y 19 años en el país era del 13,8%; esta cifra aumenta hasta un 18.6% en las zonas rurales. Foto: Pares. Pese a la existencia de esta sentencia y la normatividad que le ha seguido, el debate sobre el aborto ha de retomarse cuantas veces sea necesario puesto que son múltiples las barreras que enfrentamos las mujeres para decidir sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas y para optar o no por una maternidad deseada. Las reflexiones en torno al tema son diversas e incluyen múltiples variables, incluyendo el ámbito educativo. La Resolución 3353 del Ministerio de Educación Nacional establece la obligatoriedad de la educación sexual en todas las Instituciones Educativas de carácter público en el país, creándose la base de lo que sería el Proyecto Nacional de Educación Sexual (PNES). Una problemática sin atención A su vez, esta resolución ha posibilitado la creación del aparataje normativo para fortalecer dicho proyecto, incluyendo reglamentos, leyes, artículos y medidas que, lentamente, se han ido produciendo. Pese a la existencia de esta normatividad, su aplicación ha sido deficiente, incompleta e ineficaz: la asignatura se imparte sin articulación a los programas curriculares, sin horarios o franjas específicas, y cayendo en un discurso simplista en el que las temáticas giran alrededor de la reproducción. En un contexto donde la cobertura del sistema educativo es precaria, la presencia y el acceso a las instituciones educativas es limitada en zonas alejadas de centros urbanos o cabeceras municipales, y no se abordan los temas de planificación familiar, cuidado del cuerpo y de sí mismo, y salud sexual y reproductiva ¿con qué educación se cuenta para garantizar el efectivo goce y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes? Planteamos esta discusión porque, siguiendo los estudios sobre embarazos adolescentes realizados por entidades como el Ministerio de Salud, Profamilia y PLAN, en 2018 la tasa de embarazos de mujeres entre los 13 y 19 años en el país era del 13,8%; esta cifra aumenta hasta un 18.6% en las zonas rurales. Según el DANE, el 60% de esos embarazos no eran deseados. Entonces, sin educación sexual y reproductiva adecuada y sin un goce efectivo de los derechos que atañen a estos aspectos de nuestras vidas mediante, por ejemplo, pero sin reducirse a ella, la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo ¿cómo se espera atender a esta problemática? Los líos judiciales en las prácticas de aborto Pese a que la ley presume que todo embarazo adolescente es producto de violencia sexual y por tanto se enmarcan en el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años, como lo establece el artículo 208 del Código Penal (Ley 599 de 2000), lo que incurriría en uno de los avales que se estipulan para la IVE, estos casos se están penalizando. Según el diario El País entre 2005 y 2017 se han criminalizado 2.290 mujeres por aborto y de ellas “502 son menores de edad. Además de las tres niñas de 11 y 12 años, hay 499 de entre 14 y 18 años que han tenido que responder ante la justicia. Es decir, el 25,2 % de las mujeres penalizadas por aborto en Colombia son menores de edad”. Actualmente, el aborto está tipificado en Colombia como un delito mediante el artículo 122 del Código Penal, y es penalizado con una condena de entre 16 y 54 meses de cárcel. Imágen: Pares. Aunque la cifras de la Fiscalía General de la Nación señalan que las denuncias cada vez son menores, es necesario cuestionarse cómo estas denuncias están estigmatizando y generando obstáculos de carácter social a las mujeres que están en su derecho de decidir si interrumpir su embarazo. Según un reportaje del diario El Tiempo, en un periodo de 20 años (1998-2019) llegaron 5.833 denuncias por delitos de aborto en el país a la Fiscalía. El diario afirma que hoy en día se mantienen activos 1.365 casos, lo que representan el 23,4% de ese total; de esta cifra, 1.058 casos procesan a mujeres y 495 casos se refieren a menores de edad. El informe de la Fiscalía retomado por dicho reportaje también señala que un 29,77% de las mujeres denunciadas tiene registros en la entidad por haber sido víctimas de algún delito. “Así, el 30% de las denunciadas han sufrido violencia intrafamiliar antes o después del aborto; el 26 %, lesiones personales, y el 11%, delitos sexuales”. Lo anterior refleja el acceso de las mujeres a procesos judiciales por violencias sexuales y la tramitación que dichas investigaciones tienen. Muchas veces, quienes denuncian estos delitos son expuestas a procesos que las revictimizan o en donde las indagaciones se estancan, hasta que los niveles de violencias escalan a crímenes peores y en los que ya no existe medidas de protección o reparación alguna, como son los feminicidios. Cuando somos las agredidas, el sistema judicial y su aparataje no es capaz de brindarnos garantías de protección de nuestros derechos, pero cuando nos culpan por decidir sobre nuestros cuerpos, si existe una capacidad y operatividad suficiente para castigarnos. Aunado a la criminalización de esta práctica y de la judicialización correspondiente, las mujeres que se someten a estos procedimientos deben enfrentar un riesgo de exposición por parte de las entidades prestadoras de servicios de salud, pues según lo analizado por la Fiscalía, el 6.32% de los denunciantes de estos abortos son personas que hacen parte del personal médico que las atiende. Esta información es corroborada por las investigaciones elaboradas por el Centro de Estudios Jurídicos y Sociales –DeJusticia y por el Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro –CLACAI. Esta situación expone una vulneración al derecho a la intimidad y a la confidencialidad paciente/médico, justificada en el derecho de objeción de consciencia que alegan, incluso, las EPS para abstenerse de realizar la IVE. Pero las trabas jurídicas y administrativas se presentan aun cuando se cumple con una de las causales para acceder legalmente a la IVE, pues como denuncia la Mesa por la Salud y la Vida de las Mujeres, las entidades prestadoras de salud ponen una carga excesiva en las mujeres que buscan acceder a este servicio al solicitar documentación que no es necesaria. Imágen: Pares. Sin embargo, las sentencias T-209 de 2008, T-388 de 2009 y C-274 de 2016 establecen los criterios para ejercer dicha objeción, especificando que las personas jurídicas no son titulares del derecho de objeción de conciencia, lo que excluye de ello a las EPS. Pero las trabas jurídicas y administrativas se presentan aun cuando se cumple con una de las causales para acceder legalmente a la IVE, pues como denuncia la Mesa por la Salud y la Vida de las Mujeres, las entidades prestadoras de salud ponen una carga excesiva en las mujeres que buscan acceder a este servicio al solicitar documentación que no es necesaria como, por ejemplo: la autorización de terceros (pareja-cónyuge, padres, tutores legales, etc.), la sentencia condenatoria del abusador, o el diagnóstico clínico de un psiquiatra para garantizar el perjuicio al bienestar psicológico. La maternidad será deseada o no será El veredicto emitido ayer por la Corte Constitucional, tras un denuncia impuesta por la psicóloga Natalia Bernal que solicitaba penalizar el aborto, incluso en las tres causales expuestas para la realización de una IVE, y luego de la propuesta del magistrado Alejandro Linares de legalizar el aborto bajo cualquier causal en las primera 16 semanas de gestación, puso en el debate público el aborto, pero más que discutir si se debe o no permitir esta práctica, las cifras de entidades gubernamentales y organizaciones nacionales e internacionales que defienden los derechos de las mujeres revelan que la cuestión se si legalizar el aborto o mantenerlo en la clandestinidad. La decisión emitida este lunes no limitará estos procedimientos, ni protegerá la vida, tal como enuncian sus defensores. Esta decisión condena a las mujeres que deseen interrumpir un embarazo no deseado a prácticas peligrosas que, según el Instituto Nacional de Salud, producían el 15% de las muertes de mujeres gestantes en el año 2018, pues la clandestinidad conlleva a complicaciones postaborto que muchas veces no pueden ser atendidas por el sistema de salud actual y los estigmas sociales ya mencionados que despiertan temor en quienes acuden a estos métodos e impiden el acceso a la atención médica. El estudio del Instituto Guttmacher reveló que para el 2008, el 99,02% de los abortos se realizaron de manera ilegal. En su informe de gestión de Profamilia para el año 2018, esta institución reportó 16.878 Interrupciones Voluntarias del Embarazo en todo el territorio nacional. Por su parte, la Fundación Oriéntame realizó 10.243 procedimientos de este tipo en 2019, 8.735 de ellos en Bogotá. estas cifras pueden señalar que, actualmente, se cuenta con entidades que brindan garantías y protección a las mujeres que toman esta decisión, pero la ausencia de cifras sobre abortos clandestinos, por la naturaleza de ellos, impide hacer una afirmación categórica al respecto. Estas cifras lo que sí nos permite afirmar es que, pese a la posición que tomen las personas que están en cargos de representación y decisión pública, el aborto es una realidad en nuestro país. ¿Derechos sexuales y reproductivos para quién? Pero, mientras la Corte prefiere abstenerse de una decisión que pdría conllevar a la legalización y despenalización del aborto, esta misma institución aprobó el pasado 21 de febrero que el estado, mediante las EPS, financie la fertilización in vitro de las personas infértiles; alegando la protección de los derechos a la dignidad humana, a la igualdad, y la salud para garantizar el bienestar psicológico y la salud reproductiva de las y los ciudadanos colombianos. El problema con el aborto no es un tema de defensa por la vida, o de defensa de derechos de una u otra persona (cuando se considera que el feto lo es), sino que es un tema de clase. Foto: Pares. Ello, en conjunción con las cifras de Oriéntame y Profamilia, revelan que el problema con el aborto no es un tema de defensa por la vida, o de defensa de derechos de una u otra persona (cuando se considera que el feto lo es), sino que es un tema de clase. Quienes tienen la posibilidad de acceder atención médica para contar con tratamientos de planificación familiar que les permitan desarrollar sus proyectos de vida, cuentan con una serie de ventajas o privilegios que les garanticen unas condiciones mínimas de seguridad para realizar esta práctica. En tanto estas condiciones no colectivicen, las poblaciones vulnerables, entre ellas las mujeres, seguiremos sufriendo violencias sistémicas y estructurales que pasan por la negación de nuestros derechos.

Por: Natalia Aguilar Salas. Colaboradora Pares. El Gobierno Nacional se encuentra esta semana en el ojo del huracán debido a la desafortunada respuesta frente al Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas, Michel Forst. El Informe analiza temas como la criminalización de los líderes y lideresas, la alta tasa de impunidad frente a los crímenes, grupos específicos de personas defensoras de derechos humanos, el mecanismo nacional de protección para las personas defensoras de derechos humanos, y finaliza haciendo 13 recomendaciones al Estado colombiano. Sin embargo, uno de los apartados que llama especialmente la atención es el capítulo en el que Forst analiza el papel de los agentes no estatales. En él señala su preocupación frente al impacto negativo de las acciones de empresas nacionales e internacionales, tanto públicas como privadas, ya que muchas comunidades han sido afectadas por proyectos empresariales y abusos que enfrentan los defensores en dichos contextos. Sin embargo, uno de los apartados que llama especialmente la atención es el capítulo en el que Forst analiza el papel de los agentes no estatales Una de las preocupaciones del Relator es la aparente relación entre Frontera Energy, empresa canadiense dedicada a la exploración y producción de gas natural y petróleo, y su posible conexión con la brigada XVI del Ejército al igual que con la estructura de apoyo de la Fiscalía. El informe afirma que “Frontera Energy firmó dos convenios con el Ministerio de Defensa por un monto de 1.343.106 dólares de los Estados Unidos para que el Ejército protegiera su actividad”. El Informe del Relator Especial de Naciones Unidas menciona cinco (5) convenios entre Ecopetrol y la Fiscalía firmados desde el 2015, por un monto de 24.698.485 dólares, para apoyar y reforzar la capacidad investigativa y de judicialización de sus estructuras de apoyo de la entidad frente a delitos como obstrucción a vías públicas y vías de hecho durante protestas sociales que afecten de alguna forma las operaciones de Ecopetrol y sus empresas asociadas, como Frontera Energy. El proyecto “Convenios de fuerza y justicia”, revelado en el trabajo Rutas del conflicto de la FLIP y el colectivo periodístico La Liga Contra el Silencio afirma que dichos convenios tienen irregularidades. Tras la revisión de los convenios entre empresas privadas y estatales, según la resolución 5342 del Ministerio de Defensa, estos convenios solamente se pueden realizar cuando favorecen la seguridad nacional. Según el proyecto, dentro de las irregularidades de los convenios se encuentran: uso de dinero para “el bienestar personal de los funcionarios”, “bienestar espiritual” y “mejoramiento de infraestructura de alojamientos de la guarnición militar en Bogotá”. Un ejemplo de lo anterior es el convenio 12-031 entre el Ministerio de Defensa y Ecopetrol, donde el proyecto afirma que “Ecopetrol , gastó 470.749.660 de pesos en planes turísticos para miembros de la Fuerza Aérea” otra de las afirmaciones del proyecto afirma que “el convenio 13-047 celebrado entre la Compañía Española de Petróleos, Cepsa y el Ministerio de Defensa, que incluye un gasto de 45 millones de pesos en la construcción de la capilla de la Octava División del Ejército.” Frente a dichas acusaciones, la Cancillería afirma que estas se realizan sobre presunciones contra empresas. También pide que el Relator Especial retire los nombres de individuos y empresas que aparecen en el Informe, ya que no considera el impacto ni la dimensión política de dichas afirmaciones. Rechaza estas acusaciones ya que son de carácter subjetivo debido a que no se incluye información sobre los actores involucrados, también reiteran que el informe brilla por su ausencia el material probatorio que sustente las acusaciones que allí se consagran. Otras denuncias El Informe del Relator Especial y el proyecto “Convenios de Fuerza y Justicia” no son los únicos que han denunciado multinacionales en el territorio Colombiano. La organización Business –Human Rights y Gilberto Torres ha denunciado a Ocensa, filial de Ecopetrol y British petroleum (BP) ha alzado su voz frente a este tipo de violaciones a los derechos de individuos y comunidades. Según esta organización, Gilberto Torres, miembro de la Unión Sindical Obrera (USO) fue secuestrado en 2002 en el departamento de Casanare y detenido en un pozo durante seis (6) semanas donde fue torturado. Además de estas denuncias, el periódico The Guardian presentó un especial en Mayo de 2015, donde se presentan testimonios por parte de los captores de Torres, dentro de estos testimonios se presenta Josué Darío Orjuela, ex cabecilla de las autodefensas campesinas del Casanare (ACC), en el testimonio afirma que Ocensa y Ecopetrol pidieron que ejecutaran y desaparecieran a Torres, ya que era parte del sindicato y lideraba huelgas en la estación del porvenir, por otra parte el juez pregunta si las empresas pagaban para que los paramilitares brindara protección , a lo cual Orjuela afirma que sí y que para el caso específico de torres pagaron más de 100 millones de pesos por su desaparición. En febrero de 2012 Torres presentó una demanda a la compañía BP en la Corte Suprema de Estados Unidos, sin embargo el 28 de Enero de 2014 decide retirar la demanda. En mayo de 2015, Torres presenta una reclamación por daños y perjuicios en el alto tribunal de Londres. Durante septiembre de 2016 la Corte Suprema Británica ordeno que el caso de Torres debía terminar sin pagar los costos procesales, este decide suspender el caso debido a problemas financieros, procedimentales y legales. Frente a las acusaciones Ocensa, Ecopetrol y BP negaron cualquier tipo de participación en el secuestro y tortura de Gilberto Torres. Esta es solo una de 14 denuncias presentadas a Business –Human Rights por parte de individuos y comunidades. También el proyecto de “Convenios de Fuerza y Justicia” presenta alrededor de 200 convenios en diferentes municipios del país donde se encuentran un gran número de irregularidades, al igual que la preocupación por parte del Relator Especial de la ONU. La negación del Gobierno Nacional Sin embargo todas estas acusaciones han sido negadas no solamente por parte de las empresas, también por parte del gobierno, el cual realizó siete (7) consideraciones finales frente al informe de las Naciones Unidas, entre estas pide al relator que no solamente considere cifras emitidas por organizaciones de la sociedad civil, colombianas y extranjeras, sino que haga uso de reportes y datos producidos por entidades estatales. Sin embargo todas estas acusaciones han sido negadas no solamente por parte de las empresas, también por parte del gobierno, el cual realizó siete (7) consideraciones finales frente al informe de las Naciones Unidas, entre estas pide al relator que no solamente considere cifras emitidas por organizaciones de la sociedad civil, colombianas y extranjeras, sino que haga uso de reportes y datos producidos por entidades estatales. Finalmente, recordamos que el deber del Estado es proteger a sus ciudadanos y brindar seguridad en cada rincón del país, o en su defecto un primer paso sería reconocer que la situación del país no es tan perfecta como pretenden afirmar y reiterar una y otra vez. Pero mientras se siga negando la situación de las víctimas y el Estado las siga revictimizando, van a seguir ganando los peces gordos a costa del sufrimiento de una gran parte de la población.

Por: Walter Aldana. Especial para Pares. “Si no se fumiga no vamos a acabar con las drogas en Colombia” con esta lapidaria frase del presidente Donald Trump, recibió el día de ayer en Estados Unidos al titular de la presidencia de Colombia. Ya la sentencia de la Honorable Corte Constitucional: t-236 del 21 abril de 2017, que trata sobre la regulación del control del riesgo de salud y ambiental con la aspersión aérea, dejaba la puerta abierta a retomar la fumigación, suspendida por la misma Corte en el año 2015. Es lamentablemente fácil, predecir la serie de conflictos y confrontaciones físicas, entre los y las pequeñas productoras de hoja de coca con las autoridades policiales en los territorios. Ante la crisis del Programa Nacional Integral de Sustitución- PNIS y la lógica de su nuevo director, quién no ve los asesinatos de líderes de la sustitución, quien cree que los pequeños cultivadores son descarados Colombianos que toman la plata y siguen sembrando; en fin, quien cree que es solo con la complementariedad y la subsidiaridad entre instituciones oficiales que se previene y ataca los cultivos. A quién le cabe duda de las noches tristes que viviremos en nuestros campos. No dijo nada el tío Sam del consumo en su país, ni de alternativas. Es tan ridícula la orden, porque debemos saber que cuando se sustituye voluntariamente la resiembra no es más del 0.5 %, pero cuando se fumiga en el 67% de los casos se regresa al cultivo de uso ilícito. Y de la corresponsabilidad entre productor y consumidor no se dice nada, no lo reclama el mandatario de Colombia. Se recibió la orden y…. Bueno señor, se cumplirá.

Por: Gonzalo Guillén. Investigación y primicia para @lanuevaprensaco Interceptaciones al narcotraficante ´Ñeñe´ Hernández destapan compra de votos para Duque por orden de Uribe. Una investigación de la Fiscalía General de Colombia, abierta para esclarecer un homicidio en Barranquilla atribuido al extinto narcotraficante José Guillermo Hernández Aponte, alias ´Ñeñe´, captó circunstancialmente conversaciones de este en las que dice a sus interlocutores ser el eje de una operación de compra de votos en la Costa Norte para el hoy presidente, Iván Duque, por orden del ex presidente y senador Álvaro Uribe. Reporte de la DIJIN sobre varias interceptaciones legales. Ñeñe´ Hernández fue asesinado en mayo pasado en Uberaba, estado de Mina Gerais (Brasil), en circunstancias imprecisas que han sido presentadas como un intento de robo. ´Ñeñe´, de acuerdo con autoridades colombianas y de Estados Unidos, era socio del narcotraficante y asesino Marcos Figueroa, hoy preso en Colombia y en juicio. Una vez se conoció la muerte de ¨Ñeñe´, Uribe Vélez fue el primero en Colombia en deplorar el hecho. Los bienes del difunto narcotraficante ´Ñeñe´ Hernández, valorados por la DIJIN en más de dos millones de millones de pesos colombianos, fueron incautados en junio pasado y entraron en un proceso de extinción del dominio. Los materiales probatorios de fraude electoral están entre miles de llamadas intervenidas por petición de la Fiscalía General de la Nación en el caso del homicidio, pero nunca han sido judicializados respecto de la compra de votos, a pesar de que fueron examinadas y separados por analistas de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, DIJIN, que reposan en poder de este periodista. `Ñeñe´ Hernández fue uno de los principales invitados de Iván Duque en los actos de posesión del 7 de agosto de 2018. Tuvo una silla con mejor ubicación que los magistrados de las altas cortes. La estrecha amistad de ese narcotraficante con Iván Duque fue documentada por el periodista Julián Martínez en su programa en línea Revelados. Por otra parte, en una de las grabaciones de las conversaciones se oye cuando ´Ñeñe´ revela que también robó dineros que eran para comprarle votos en la costa norte a Germán Vargas Lleras en la primera vuelta y, al parecer, los destinó a comprárselos a Duque en la segunda vuelta electoral. En efecto, en conversación con una persona llamada “Priscilla”, el narcotraficante `Ñeñe´, dice: “Póngale Cuidado, nosotros en las pasadas nos aprovechamos de la plata que se robaron de Vargas Lleras, de transporte y de cosas en estas otras no la vamos a tener, ¿usted se imagina donde nos hubieran cogido esos ciento y pico de millones de pesos qué hubiera pasado en el Valle [Valledupar]?”. En las conversaciones de `Ñeñe` Hernández con Priscilla dejan saber que son más de mil millones de pesos lo concerniente a una entrega de dinero y él explica que es el encargado de conseguir empresarios para comprometerlos con la compra de votos para Iván Duque. Esos mil millones de pesos Priscilla, al parecer, los recibió de alguien llamado Mauricio. Reporte de la DIJIN sobre varias interceptaciones legales. Las grabaciones de la DIJIN para la Fiscalía General también pusieron al descubierto que un fiscal, llamado Ricardo Bejarano Beltrán, se mantenía en contacto con `Ñeñe´ Hernández, le avisaba sobre las diligencias reservadas que la Fiscalía adelantaba en su contra y le advertía también cuándo sus comunicaciones estaban intervenidas. Bejarano Beltrán tiene 26 investigaciones penales en la propia Fiscalía General por delitos como Prevaricato por acción, contra la administración pública, amenazas, lesiones personales, contra la integridad moral y cohecho. Todos los casos se encuentran congelados. Reporte de la DIJIN sobre varias interceptaciones legales. El caso del homicidio en el que aparecieron circunstancialmente las pruebas sobre compra de votos para Iván Duque se refiere a la muerte de Óscar Rodríguez, un joven a quien sicarios confundieron con su padre, el sastre Carlos Rodríguez Gómez, quien acababa de regresar a Colombia al cabo de pagar una pena por lavado de activos en Estados Unidos. Rodríguez Gómez le cobró a ´Ñeñe´ una vieja deuda de $1.000 millones y, para no pagársela, decidió asesinarlo con sicarios de su socio Marcos Figueroa. Pero los asesinos lo confundieron con el hijo. “Me equivoqué porque el papá del pelao iba siempre en ese carro y ese día cambió (…); por esa equivocación no me pagaron la vuelta, solo me dieron los viáticos, me dieron de anticipo $3 millones en Bogotá, una semana antes de llegar acá [Barranquilla]”, declaró el sicario confeso Diego Acuña. El abogado de la parte civil en el caso del joven asesinado, el penalista Miguel Ángel del Río, en diálogo con La Nueva Prensa, expresó su seguridad de que el caso está paralizado y ha sido entorpecido debido a los altos intereses criminales que existen alrededor de ´Ñeñe´ Hernández y sus relaciones políticas corruptas: “Para este abogado las presentes grabaciones materializan por una parte, la ilegitimidad de este gobierno que se valió de un hampón para ganar las elecciones presidenciales en la guajira. Y, por otra parte, legitiman la razones por las cuales el proceso por el asesinato de Óscar Eduardo Rodriguez, que involucraban al Ñeñe hernandez y Marquitos Figueroa, no ha encontrado justicia y la desnudan la connivencia entre el fiscal Ricardo Bejarano y el ñeñe Hernandez en dicha actuación penal”.

Por: Juan Camilo Rodríguez Guerra. Investigador Pares. La industria ganadera colombiana ha estado vinculada a graves procesos de deforestación, de acumulación y especulación de tierras y, más grave aún, de conformación y financiación de grupos paramilitares. El mejor ejemplo es el de Fedegán, cuyo expresidente (1991-2004) no solo promovió, sino que asesoró a las Autodefensas Unidas de Colombia. Uno de los retos de la humanidad para mitigar el aumento en la temperatura global es reducir drásticamente el consumo de carne de res. Esto concluye el panel de expertos sobre cambio climático de las Naciones Unidas (IPCC), demostrando que esta actividad emite por lo menos el 10% del total de CO2. Por supuesto, cambiar los hábitos alimenticios implica hacer profundos esfuerzos en pedagogía ambiental y en política pública. Esto parece imposible en países como Colombia, ya que impulsar estas reformas es ir en contra de las élites políticas y económicas que controlan el Estado. Fedegán y paramilitarismo Jorge Visbal Martelo, quien además fue embajador en Canadá del primer gobierno de Álvaro Uribe, senador por el Partido de la U en el segundo periodo y embajador de Perú en el primer gobierno de Juan Manuel Santos, fue condenado por nueve años en 2018 por concierto para delinquir agravado. Él hizo acuerdos con los hermanos Castaño y, según varios jefes paramilitares (entre ellos Salvatore Mancuso, ‘Ernesto Báez’, ‘Don Berna’ y ‘El Alemán’), fue un visitante regular del campamento de las Autodefensas Unidas de Colombia donde asesoró ideológica y militarmente a los más temibles paramilitares del conflicto armado. Para controvertir estos hechos, Fedegán ha venido ejecutando dos estrategias: 1) firmar un convenio con el Centro Nacional de Memoria Histórica, otrora punto de partida para entender qué ocurrió en el conflicto, con el objetivo de imponer su versión de la historia; 2) someter voluntariamente a Visbal ante la JEP con el propósito de que lo reconozcan como víctima de las FARC-EP. Fedegán, como muchas otras empresas, fueron víctimas y victimarias. Esto es regular en conflictos como el colombiano en los que la violencia no recae en un solo bando específico (por ejemplo, la Alemania nazi contra la población judía) sino que es horizontal, por lo que distintos actores financian a las partes en guerra. El falso dilema de «fui víctima, no victimario» poco contribuye al esclarecimiento de la verdad, a la reparación y a la garantía de no repetición. Fedegán y deforestación Tras la firma del Acuerdo de Paz, Colombia llegó a estar entre los cinco países con mayor deforestación a nivel global. Los departamentos con mayor pérdida de bosque fueron Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo, todos pertenecientes a la región amazónica. La explicación que se ha dado es la reincorporación de las FARC-EP, ya que la guerrilla controlaba la región por medio de la violencia y su ausencia dejó un vacío de poder. Este permitió que políticos ambiciosos impulsaran la tala para la acumulación y especulación de tierras (ejemplo es el exgobernador del Guaviare, Nebio Echeverry, según investigación publicada en El Espectador Mucho ha dicho el presidente Duque que la deforestación en el Guaviare es culpa de la siembra y producción de coca. No obstante, entre 2016 y 2017, la deforestación allí aumentó 233% y los cultivos de coca disminuyeron 28%. Lo que sí tuvo el aumento más alto de toda la década fue la cantidad de reses. Pongan atención a esta gráfica. Fuentes: Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), Sistema de Monitoreo de Bosque y Carbono (SMBYC). Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación. Entre 2012 y 2016 la cantidad de vacas en el departamento fue más o menos constante. En estos años la deforestación se encontró entre 7000 (2014) y 21.000 hectáreas (2012). En 2017 hay un aumento brusco en ambas: la deforestación aumentó un 233% y el hato bovino un 44%. Según la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), en el departamento hay aproximadamente una hectárea para cada animal. Teniendo en cuenta el aumento de 123.577 animales en solo un año, es difícil controvertir que la ganadería extensiva es una causa de la deforestación. Al mismo tiempo, el Comité de Ganaderos del Guaviare ya cuenta con cuatro sedes en el departamento y asegura que se viene adelantando un ambicioso plan de expansión (ver esta noticia de Fedegán). Si se hace el ejercicio de elaborar esta gráfica en otros departamentos como Caquetá, Meta o Putumayo, la correlación es más que evidente y amerita continuar investigando sobre la responsabilidad de Fedegán en la deforestación de la Amazonía. Aquí otro ejemplo: Emergencia climática La Unión Europea declaró el estado de emergencia climática global a finales de 2019. Colombia es responsable de proteger la Amazonía y Fedegán, como organización gremial, es antagonista a este propósito. Al mismo tiempo es antagonista a los principios de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, ya que no acepta ser responsable de financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia y planea imponer su versión de la historia a través de convenios con el Centro Nacional de Memoria Histórica. Por ahí ronda un estudio de National Geographic que asegura que, al reemplazar la carne de res por carne de pollo, se reduce la huella de carbono en un 50%). Así podríamos contribuir al medio ambiente y sancionar socialmente a Fedegán.

Por: Redacción Pares La Sala de Reconocimiento de la JEP informa que recibió 272 observaciones de las víctimas por secuestro a las versiones rendidas por miembros de extintas Farc-EP. Estas observaciones, así como las versiones voluntarias, son sobre hechos y conductas que fueron tipificados en la justicia ordinaria como: secuestro simple, secuestro extorsivo, toma de rehenes, desaparición forzada, entre otros tipos penales. El 28 de febrero culminó la etapa de observaciones a las versiones, en la cual se consultó a 1.908 víctimas acreditadas dentro del caso 01, se dio traslado de las versiones a las más de 700 que así lo solicitaron y se recibieron 272 observaciones individuales o grupales. Un análisis preliminar de las observaciones de las víctimas revela los siguientes datos globales: La mayoría de las observaciones corresponden a desacuerdos con lo afirmado por los miembros de la extinta guerrilla de las Farc-EP sobre el trato que recibían las víctimas. Los temas más recurrentes son las afectaciones a la integridad física y sicológicas sufridas durante el cautiverio por los malos tratos, como los reportados por Ingrid Betancur. Otros temas sobre los cuales hacen denuncias las víctimas en sus observaciones son el hambre constante, las marchas sin compasión por el estado físico de los cautivos, el ser observados incluso al hacer sus necesidades físicas, ser objetos de burla e insultos de manera constante, y la falta de comunicación con sus familiares. Además, las víctimas reportan casos de violencia sexual, en especial contra las mujeres. En general, las víctimas en sus observaciones consideran que los miembros de la extinta guerrilla no reconocen ni aportan verdad suficiente sobre los vejámenes que padecieron. En segundo lugar, la observación más común de las víctimas se refiere a preguntas que los miembros de la extinta guerrilla no respondieron, y que las víctimas consideran son aportes necesarios a la verdad plena dentro del caso 01. Muchas víctimas también pidieron a la Sala de Reconocimiento la práctica de pruebas específicas sobre estos temas. En tercer lugar, las víctimas hacen comentarios sobre el modo en el que se hacen las versiones, como el tono de voz o la manera de referirse a las víctimas, la falta de compasión en las expresiones utilizadas y las palabras utilizadas para minimizar el sufrimiento de las víctimas, en especial la comparación de los lugares y condiciones de cautiverio con cárceles del Estado. Además, muchas víctimas consideran que las versiones de los exjefes de las Farc-EP siguen un libreto que tiene la intención de “maquillar la verdad» sobre los secuestros cometidos. A su vez, muchas víctimas en sus observaciones afirman que es falso que los campesinos apoyaban a las Farc-EP, cuando en realidad durante mucho tiempo estuvieron obligados por la fuerza de las armas y la amenaza del castigo. El 25% de las víctimas que hicieron observaciones permanecieron en poder del Bloque Oriental de las Farc que operó en los Llanos orientales, entre Caquetá, Meta y Guaviare, principalmente. Las víctimas hicieron más observaciones sobre hechos que comprometen a los frentes que hicieron parte de este Bloque. Las demás, en su orden, fueron hechas por víctimas del Bloque Sur que operó en Caquetá, Putumayo y sur del Huila, así como del Bloque Noroccidental que operó en Antioquia y sus alrededores. Finalmente, dentro de estas observaciones, las víctimas allegaron un total de 76 demandas de verdad sobre hechos concretos, la mayoría de ellas dirigidas a los Bloques Oriental, Noroccidental y Sur. Por problemas en la plataforma electrónica, la JEP extendió hasta el 20 de marzo el plazo para que 60 víctimas acreditadas, incluyendo Ingrid Betancur, realicen sus observaciones a estas versiones. La JEP informa que continuará con las versiones colectivas de los exmiembros de las Farc-EP. Además, convocará a las víctimas a ampliaciones orales de las observaciones en los meses de abril y mayo para profundizar en estas, si así lo desean. La Sala de Reconocimiento culminará su labor de contrastación con la práctica de pruebas en los temas en los que persistan contradicciones y vacíos antes de llegar a una conclusión sobre cuál es el aporte a la verdad plena de los exjefes de la guerrilla en el caso 01.