Por: Redacción Pares Al presidente Iván Duque no pareció importarle las advertencias que hicieron decenas de colectivos y agrupaciones de víctimas que sufrieron en carne propia el conflicto armado. Esta vez, y a través de un comunicado difundido este lunes en su página web, la Asociación Minga, que lleva más de 25 años apostando en la construcción de mejores condiciones de vida en territorios afectados de manera directa por el conflicto armado señala que: hemos determinado retirar nuestros archivos físicos del CNMH, el próximo martes 3 de marzo de 2020 a las 10:00 am. Y con este acto suspender todo relacionamiento con el CNMH mientras se mantenga la actual Dirección. La reconstrucción de la Memoria en Colombia, dice el comunicado, bajo garantías de participación activa y vinculante de las víctimas y organizaciones de derechos humanos, fue gravemente herida con el nombramiento de Darío Acevedo como Director del Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH-, razón por la cual, como habíamos anunciado, la Asociación para la Promoción Social Alternativa MINGA, retirara los archivos físicos institucionales que en ánimo de aportar a la memoria del país habiamos compartido con el CNMH, bajo el mandato anterior del profesor Gonzalo Sánchez. «Ante el riesgo que implica esta Dirección en cuanto a la objetividad de los informes, nos asalta la preocupación del buen uso de la información entregada y la revictimización a quiénes han padecido de primera mano el conflicto armado. La Dirección de Darío Acevedo conspira contra la recuperación y construcción de la memoria histórica del conflicto armado y de las violaciones de derechos humanos por parte del Estado, la Fuerza pública y otros actores que han afectado a nuestra sociedad.» Asociación Minga Estos archivos, dice la Asociación, constituyen un patrimonio histórico y afirmación de la existencia del conflicto armado en Colombia. Reiteramos que la construcción de la Memoria Histórica de Colombia debe basarse en los principios de Verdad, lucha contra la impunidad y no repetición de hechos de violación a los derechos humanos. Para millones de familias que han sufrido el drama del desplazamiento forzado de sus hogares, de la desaparición forzada de seres queridos, del asesinato, del secuestro y de todas las violaciones contra los derechos humanos y la dignidad, el CNMH ha sido una esperanza de que el Estado garantice que se conozca la verdad para que esos hechos no se repitan y que se comprometa a la construcción de una paz sostenible. Y la esperanza es terca. Negar el conflicto La Fundación Paz & Reconciliación-PARES habló en el mes de septiembre, con Natalia Escobar Sabogal, psicóloga, magister en antropología social y candidata a doctora en literatura de la Universidad de los Andes, quien además ha dirigido proyectos relacionados con la memoria y las narrativas de excombatientes. Para Escobar “es gravísimo porque cuando dices no hay conflicto armado, estás diciendo ‘no hay víctimas’, cuando dices no hay conflicto armado dices ‘hay terrorismo o hay crimen organizado’, entonces estás diciendo ‘no hay víctimas de un conflicto social y armado histórico”. Además, estas apreciaciones frente a un evento histórico que ha atravesado la vida de los colombianos y colombianas durante décadas implican la negación de las causas estructurales que produjeron el conflicto armado colombiano. “¿Cuáles son? el abandono del Estado, la pobreza, las condiciones sociales y un Estado que implanta unas políticas centralizadas”, agregó la experta. Otro problema de afirmar que no hubo conflicto social y armado es decir que todo está bien, que solamente se trata de unos vándalos, y de eso no se trata. Se trata de entender que hubo unas causas estructurales que produjeron el conflicto y unos grupos que se organizaron al margen de la ley, especialmente con unas ideas e intenciones de confrontar esas condiciones del Estado. “Lo gravísimo es entonces que la memoria histórica pierde relevancia y pierde el marco de justicia transicional que exige que se haga una verdad sobre las diferentes formas de violencia en el marco del conflicto, resaltó Escobar. Y al contrario de lo que Acevedo asegura, de que su postura plantea otras memorias, lo que afirma el director del CNMH oficializa una verdad, está haciendo oficial que no hay conflicto. Además, lo que busca la construcción de la memoria es el diálogo con las víctimas para buscar resarcirlas y también a la sociedad colombiana. No sólamente se trata de la verdad o las verdades de ese conflicto, sino reparar y no repetir. Pero “cuando tú haces oficial una verdad como esta le quitas las posibilidad a las víctimas -que sí existieron- y a los mismos excombatientes de que hagan memoria y que narren las versiones sobre el conflicto”, concluyó.

Por: Laura Cano, periodista Pares. El pasado 12 de febrero miembros de la Policía Antinarcóticos realizaron un allanamiento a una finca ubicada en Guasca (Cundinamarca) en donde se encontraron tres laboratorios para el procesamiento de cocaína. Según el fiscal del caso, allí se podía procesar alrededor de una tonelada mensual de esta droga. Igualmente, durante el operativo se decomisaron 6.896 kilos de sustancias químicas para la elaboración del clorhidrato de cocaína, además de 9.453 gramos de cocaína y pasta de base. Lo alarmante de este caso, más allá de los hallazgos, es que el predio pertenecería a la familia del actual embajador en Uruguay, Fernando Sanclemente, además que alrededor de lo ocurrido ha reinado un silencio generalizado por el gobierno nacional. La novela de la narcofinca Lo que ha pasado hasta el momento está dividido en varios hechos. Por un lado, el día del allanamiento se capturaron cinco personas en el lugar, las cuales fueron presentadas ante un juez de control de garantías tras relacionarlos con los delitos de tráfico de estupefacientes agravado y tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos. Por otro lado, tras conocer la noticia el Embajador, la Cancillería hizo varias observaciones frente a lo ocurrido. A través de un comunicado informaron que: “(…) Antes de asumir como Embajador, el Representante Legal de la Sociedad ’Las Colinas de Guasca Ltda’ era el actual embajador Fernando Sanclemente Alzate. Hoy por hoy, esa representación legal está en cabeza de su hermano, Gilberto Sanclemente Alzate”, además que: “Desde el 15 de junio de 2017 hasta junio de 2020, la Sociedad ‘Colinas de Guasca Ltda’ ha entregado en arriendo un globo de terreno de 36 fanegadas de la Finca en cuestión”. Además de esto, dentro del documento también se hace referencia a que desde “1987 se constituyó una Sociedad con la Familia Spiwack, propietaria de la Organización DANN, quedando cada una de las familias con el 50% de la participación sobre la misma”, sin embargo, que tras lo sucedido “La familia Sanclemente y la Organización DANN se sienten sorprendidos y víctimas de los eventuales hallazgos, y en consecuencia prestarán como corresponde todo el apoyo que demanden las autoridades para esclarecer esta penosa situación”. A esto se le agregó lo informado por la Familia Spiwack, quienes por medio de un comunicado hicieron constar que “con la propiedad de un predio en el que fue encontrado un laboratorio para procesamiento de cocaína, que su hermano Boris fallecido hace 15 años, fue socio en esa propiedad de la Familia Sanclemente Alzate, cuyo hijo Fernando, es el actual Embajador de Colombia en Uruguay. En efecto a la muerte de Boris, su viuda heredó dicha propiedad no existiendo desde hace más de 15 años relación alguna ni familiar, ni comercial con sus herederos”. En temas de responsabilidades, la investigación no ha dado más pistas y lo que se conoce es lo que estas familias han comunicado. A esto se le suma que el pasado 27 de febrero la Fiscalía General de la Nación informó que la Dirección Especializada contra el Narcotráfico de dicha entidad compulsó copias a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio. El silencio del Presidente Por otro lado, el presidente Iván Duque no ha hecho ningún pronunciamiento público frente a este delicado asunto, aún cuando desde que se conoció el hecho el embajador Sanclemente hizo saber que su permanencia en el cargo estaba a disposición del mandatario. Dado esto, Fernando Sanclemente solicitó una licencia no paga para presentar y darle trámite a su defensa, además de acompañar a su familia durante el proceso de investigación. El permiso se dio para un total de 60 días y fue aprobado por la Cancillería. Esa, hasta el momento, ha sido la única medida oficial que se ha tomado dadas las investigaciones y hechos en el predio que tiene relación con el Embajador. En la finca de Sanclemente era procesada cocaína que luego era enviada a Estados Unidos y algunos países de Europa. A este predio se llegó por alertas que se habían presentado por una fuente humana que llevó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos y a la Policía de Colombia a realizar la investigación y posterior operación, tras también venir investigando la presencia de un grupo narcotraficante ubicado en Cundinamarca y Boyacá que desde el Aeropuerto Internacional El Dorado hacían los envíos de la droga a sus destinos. La policía calificó a este grupo de narcotraficantes como “narcos invisibles”, caracterizandolos como no pertenecientes a organizaciones grandes, además de no provocar una gran visibilidad pues, según esta fuerza pública, operan en laboratorios por periodos cortos y van trasladándose y arrendando predios para sus actividades constantemente. Por otro lado, cabe aclarar que a la finca en donde se realizó el allanamiento se le prendió fuego, según lo establecido por los protocolos de la Institución, lo que provocó un incendio forestal que consumió alrededor de cuatro hectáreas de vegetación. Se esperaría que el caso sea investigado de manera oportuna y veraz, tomando medidas que permitan establecer los responsables que están detrás de estos laboratorios de cocaína que ocupaban gran parte de la finca de una de las ‘grandes y respetables’ familias del país.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Esta semana está reunido en la ciudad de Ginebra (Suiza) el Consejo de Derechos Humanos, que es un organismo intergubernamental dentro del sistema de las Naciones Unidas compuesto por 47 Estados responsables de la promoción y protección de todos los derechos humanos en todo el mundo. Este Consejo tiene la capacidad de debatir todas las diversas cuestiones temáticas relativas a los derechos humanos y situaciones que requieren su atención durante todo el año. Se reúne en la oficina de la ONU en Ginebra Tras la avanzada uribista en contra de la oficina de DD. HH. de la ONU en Colombia — alimentada por los sectores más radicales de las toldas uribistas como el caso de Ernesto Macías o de Aberlado de la Espriella—; más de mil líderes y lideresas en Colombia radicaron una misiva para darle un espaldarazo al rol que viene adelantando esta oficina desde hace 23 años en el país, sobre todo, la voz de denuncia a nivel internacional sobre los constantes asesinatos a los diferentes liderazgos que resisten en Colombia. Esta carta se presenta como un actor clave a tan solo dos días de que Michael Forst, relator para los Derechos Humanos, presente un informe en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La arremetida uribista Vía twitter, Ernesto Macías le envío un mensaje al presidente Duque en el que sentenció que debería cerrase la oficina de DD.HH., ya que, a su juicio, dicha oficina “convertida en guarida con sesgo ideológico pasional”. El discurso del uribismo empieza a develar una justificación de sus anuncios a través de lo que el mismo Duque denominó ‘defender la soberanía institucional’. Otra de las fichas clave a nivel mediático para el uribismo, el abogado Abelardo de la Espriella, ha abanderado la campaña en contra del papel de la oficia de DD.HH. de la ONU en Colombia. En su más reciente columna de opinión titulada ‘Fuera @ONUHumanRights de Colombia’, el abogado se fue lanza en ristre en contra del representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), Alberto Brunori, asegurando que su trabajo está cargado de “mentiras, manipulaciones y valores subjetivos”. Además, de la Espriella advierte que Colombia es “un Estado de Derecho sólido y cuenta con las instituciones suficientes para propender por la promoción y defensa de los Derechos Humanos. Esta posición, sin embargo, dista no sólo de la posición de los más de líderes y lideresas que apoyaron a la oficina de DD.HH.; sino de los 108 asesinatos de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos —documentados por ACNUDH en 2019— lo que configuró un incremento de asesinatos del 50% entre 2018 a 2019. El panorama que parece molestar al Gobierno Estas cifras entregadas por el Informe anual del Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para los Derechos Humanos, que se publicó el pasado 26 de febrero de 2020, dejan ver, entre otras cosas, que los anuncios del Gobierno Nacional para garantizar la vida de defensores, defensoras, líderes y lideresas que día a día son asesinados en Colombia; han sido insuficientes. Además, el informe señala que el 55% de los hechos victimizantes contra personas defensoras de Derechos Humanos en los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca y Caquetá. Asimismo, vale la pena traer a colación la recomendación sobre el caso de las medidas de protección: «Recomienda incrementar el uso de las medidas colectivas de protección, destinando a la Unidad Nacional de Protección los recursos financieros suficientes y estableciendo criterios de corresponsabilidad entre las autoridades nacionales, departamentales y municipales, con el fin de atender las causas estructurales generadoras de violencia. Para lograr este objetivo, incluso podría requerirse el apoyo, con recursos económicos, de la comunidad internacional. Adicionalmente, las nuevas autoridades regionales deberían priorizar las medidas de protección colectiva en sus instrumentos de planeación, tales como los Planes de Desarrollo y los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, asignando recursos suficientes para su completa implementación.”. ¿Qué sigue? Ahora bien, mala hora para la era Duque es advertida por la preocupación que el mismo Gobierno Nacional y el uribismo han demostrado sobre el informe que presentará Michael Forst, relator espacial sobre la situación de los defensores de los de los Derechos Humanos, el próximo miércoles 4 de marzo. Incluso, la antesala ha estado tensa por cuenta de la reciente revelación de Forst en donde aseguró que el Gobierno Nacional le ha puesto serias dificultades para completar su informe durante 2019.

Por: Redacción Pares Este fin de semana, Asofavida entregó un informe a la Comisión de la Verdad que documenta 71 casos de desaparición forzada en el departamento de Arauca. Bocotá es una mujer indígena que se levanta todas las mañanas con la incertidumbre de no saber qué pasó con su pequeña hija de 11 años. “Un día se fue a estudiar y nunca volvió”, cuenta entre lágrimas y con un dolor que su entrecorta sus palabras. Hoy, la sigue buscando, sabe que ya no está en cuerpo presente, pero asegura que su alma sigue viva, que “se convirtió en semilla” y que vivirá por siempre. Este testimonio hace parte de la Asociación de Familias de Desaparecidos por la Defensa de la Vida, los Derechos Humanos, la Paz, la Convivencia y la Reconciliación en el Sarare (Asofavida). Ellas y muchas más mujeres, algunos hombres también, han dedicado la mayor parte de su vida a buscar a un ser querido desaparecido en el departamento de Arauca. La búsqueda de las personas desaparecidas ha sido liderada, principalmente, por los familiares, quienes durante más de cuatro décadas han luchado por el reconocimiento de sus derechos y han exigido respuestas frente a dos preguntas claves: qué pasó y dónde están sus seres queridos. En el documento se evidencia la afectación desproporcionada que tiene la desaparición forzada en las mujeres. Pues si bien el 92% de los desaparecidos en la región son hombres, es la mujer quien carga el dolor y se entrega en cuerpo y alma a la tarea de la búsqueda, ya sea de un hijo, un esposo, un hermano o un padre. Tres casos de desaparición forzada en Arauca ocurrieron en 2018, lo que significa la continuidad del conflicto en la región. Además, que los 71 casos documentados evidencian responsabilidad de todos los actores, Farc, ELN, Paramilitares y Fuerza Pública. La desaparición quebranta para siempre la vida de sus familiares, a quienes somete a una tortura emocional y los mantiene en incertidumbre permanente. La desaparición afecta las dinámicas de su comunidad y al conjunto de la sociedad colombiana. Precisamente Arauca es uno de los departamentos más afectados por este flagelo. Grupos armados de toda naturaleza se han ensañado con esta región rica en recursos naturales pero que según sus habitantes “no ha tenido un minuto de paz”. “Nosotros Somos un instrumento de paz. Queremos saber qué pasó con nuestros desaparecidos y por qué ya no están con nosotros. Ellos nos dan fuerza para seguir con este trabajo y esta búsqueda”, aseguró Gladys Yolanda Montes, representante de Asofavida y una de las autoras del informe. Francisco De Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, resaltó la voluntad de Asofavida por la incansable búsqueda de sus seres queridos y también por luchas por la paz y la reconciliación en su región. “Gracias por ayudarnos en este proceso de la Comisión. Ustedes son ejemplo de valentía y de perdón, dijeron que pondrían poemas en las tumbas de sus enemigos. Ustedes demuestran que en Colombia podemos reconciliarnos”, dijo. ¿Cuántas personas desaparecidas hay en Colombia? El universo de personas desaparecidas en Colombia aún es desconocido. Las instituciones que han tenido la tarea de llevar registros sobre este hecho manejan datos estadísticos distintos, los cuales responden a sus funciones o mandatos. A esto se suman los subregistros producto del miedo (por amenazas u otras formas de revictimización) que dificultan que familiares realicen el proceso de denuncia. Sin embargo, una de las fuentes de información que la UBPD considera más incluyentes es la del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, que tiene los siguientes registros: desaparición forzada: 83.036 casos; secuestro: 38.357, de los cuales 333 fueron registrados como personas desaparecidas; reclutamiento de menores: 17.895, de los cuales 154 están reportados como personas desaparecidas. No obstante, el universo podría superar las 120.000 personas. Tal cantidad de colombianas y colombianos dados por desaparecidos en el contexto del conflicto armado sería equivalente a si fueran desaparecidos todos los habitantes de Rionegro (128.000) en Antioquía o todos los habitantes de la ciudad de Ipiales (123.000) en Nariño. Esto es una muestra de que la responsabilidad de buscar a las personas dadas por desaparecidas no recae únicamente sobre los familiares, sino en el Estado y la sociedad en general, para dar respuestas y aliviar el sufrimiento de quienes no desisten en su lucha.

Por: Laura Cano, periodista Pares. En el 2018 en Colombia se registraron, según datos de Medicina legal, 22.309 casos de violación o presunto delito sexual, como está establecido por el marco legal de la Institución, en el que se incluyen casos de acceso carnal violento y acto sexual violento. Justamente a finales de ese año en Bogotá se comenzaba a recorrer un camino jurídico contra Robert Andrés Colonia González, denunciado en diciembre de 2018 por violación. La denuncia había sido puesta por una mujer de 21 años, quien había sido víctima de Colonia González, conocido como Taser o Gonotaser, quien para ese momento fue detenido tras un allanamiento en su casa, en donde se encontraron objetos cilíndricos con los que Robert Andrés torturaba a sus víctimas, además de alrededor de 1.000 videos con escenas de violación y tortura. A pesar de las pruebas y de la denuncia adelantada por la mujer, en esa ocasión a Taser se le otorgó casa por cárcel, pues para el juez que llevaba el casó él “no representaba un peligro para la sociedad». “El violador eres tú. Son los tombos, los jueces, el Estado, el presidente”. “Tranquila, hermana, aquí está tu manada” Dos meses después de este hecho, en febrero de 2019, Taser fue llevado a audiencia, esta vez porque tras conocerse lo ocurrido con la primera mujer otras empezaron a hacer saber sus casos, entre ellas una joven de 17 años que también fue violada por Robert Andrés, caso por el que en ese febrero, Taser tenía una cita en los juzgados. Una de las principales solicitudes de las mujeres es que a estos casos se les dé un trámite adecuado y eficaz, evitando que tengan que seguir contando muertas por la lentitud con los que se procesan estos hechos, empezando desde la categorización, y por las trabas que hay en el acceso a la justicia cuando los casos se dan en marcos de género. En ese momento un fiscal de delitos sexuales le imputó cargos por presunto acceso carnal, con lo que se le dictó medida de aseguramiento en la cárcel La Modelo. Desde ahí empezó una pelea contra el tiempo y el sistema judicial; pues la lentitud con la que en ocasiones se les da trámite a estos casos, hace que a veces los términos se venzan y el violador quede de nuevo en libertad o bajo detención domiciliaría. Sin embargo, este caso representa una victoria colectiva para las mujeres por dos cosas: primero, porque a Taser el pasado 18 de febrero, luego de alrededor de diez audiencias se le declaró culpable de violación; segundo, porque este hecho se da en medio de un caso que reunió a varias mujeres, desde hace al menos un año, para hacer esta lucha propia y trabajar colectivamente buscando justicia para las mujeres que han sido víctimas de Taser. “Hemos sido seis chicas que han acompañado el proceso constantemente, entre ellas hay abogadas, mujeres pertenecientes a grupos de ciclistas urbanos y chicas de colectivos feministas”, aseguró Juanita Arbeláez, una de las personas que ha estado haciendo activismo desde este caso. ¿Quién es ‘Taser’? Robert Andrés Colonia González es conocido en grupos de ciclistas como ‘Taser’ o ‘Gonotaser’, resaltaba por sus participaciones en competencias y por ser integrante de Gonoraiders, un colectivo de biciusuarios, en su mayoría hombres, que ha sobresalido en el hecho por su silencio y declaraciones simples, incluso por la revictimización a las mujeres y las denuncias que hicieron por injuria a una de las activistas que comenzó a hacer públicas las denuncias. “Nos impactó mucho cuando salió la noticia el silencio de los amigos. Nos alejamos de esos colectivos y empezamos este activismo. Yo me pregunté en qué clase de colectivo estoy andando si se silencian estos abusos”, afirmó Juanita. Taser, quien ha sido denunciado, por lo menos, por cuatro mujeres por violación con edades cercanas a los 20 años, contactaba a sus víctimas a través de redes sociales, luego las citaba en su casa ubicada en el barrio El Polo y allí las violaba y torturaba. Ellas luego eran amenazadas por Robert Andrés a través de videos que él grababa mientras abusaba sexualmente de las mujeres. Cabe señalar, que, aunque Taser ya fue declarado culpable, se presume que hay muchas más mujeres que pudieron ser víctimas y que por diversas causas personales, sociales y jurídicas han decidido no denunciar. Incluso, en ese actuar de la justicia, según lo comentó Juanita, hay un caso que no ha sido procesado, pues durante el hecho el violador no pudo acceder a la mujer y en los videos encontrados por la Fiscalía no se pudo confirmar lo sucedido. Además, Arbeláez contó que, durante el primer caso de denuncia, la mujer tuvo un proceso demorado, pues no contaba con datos como el número de cédula de Taser, información que debe ser investigada por las autoridades, pero que tuvo que ser obtenida por medio de la víctima, quien lo consiguió luego de que el caso se hizo viral a través de redes sociales. Se espera que a Colonia González se le sentencie el próximo mes, aunque es probable que se demore un poco más, pues hasta el momento él no ha aceptado cargos, además ha hecho uso de las apelaciones para ralentizar el proceso, así que no sería raro que bajo estas acciones Taser retrase algo que hace meses le espera. Otra de las peticiones de las mujeres que han acompañado el caso, es que él no reciba beneficios en la cárcel en la que se encuentra recluido (La Modelo) y que se vele para que estos beneficios no lleguen de forma ilegal. Se celebra que a Taser ya no haya que calificarlo como presunto violador siempre que se hace referencia a él y se espera que el accionar de la justicia de vía para que este tipo de casos sean resueltos con mayor celeridad y que se den garantías para que las mujeres puedan denunciar sin trabas y sin ser revictimizadas por los funcionarios de las entidades judiciales.

Por. Natalia Aguilar y Carlos Castelblanco “La actitud del gobierno de Iván Duque frente al Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos en 2019 es muy preocupante. Dice que el informe no es ajustado a la realidad, que no tiene suficientes fundamentos, que tiene sesgos. Esto podría indicar que no se trata simplemente de una molestia específica con la relatoría de defensores, sino que se puede tratar de una actitud más amplia y más generalizada del gobierno colombiano hacia el monitoreo internacional que hace Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos en Colombia. Y eso es grave.” Pares habló con Ana María Rodríguez, subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas -CCJ. Fue coordinadora del área de Incidencia Internacional y su representante ante Naciones Unidas. Abogada de la universidad de los Andes con maestría en derecho internacional de la misma universidad. Considera que cuando se dio el cambio de gobierno fue esperanzador que el presidente Duque tomara la decisión de aceptar la visita del relator especial sobre Derechos Humanos: «Significaba un cambio de actitud del gobierno hacia los procedimientos especiales, pero infortunadamente fue más bien la excepción que confirmó la regla, ya que el gobierno no quedó satisfecho con los hallazgos preliminares y esto dio motivo a que Colombia no aceptara la segunda visita que se había programado con el relator para desarrollar el informe final. Colombia volvió a cerrar las puertas a cualquier otra visita para el desarrollo de otro procedimiento especial de la ONU. Esto genera una actitud más lejana entre el Estado colombiano y los mecanismos de las Naciones Unidas.» señala Rodríguez. El Informe, que se conoció esta semana, hace un análisis de la situación de los y las defensoras de derechos humanos en Colombia: líderes y lideresas sociales , abogados, periodistas, estudiantes e indígenas en el país. Sin embargo el documento no fue bien recibido por Cancillería , la cual emitió un comunicado oficial en el cual afirma que el gobierno “rechaza tajantemente las graves e irresponsables afirmaciones del informe (…) ya que no refleja de manera fidedigna la situación actual del país.” Pares: ¿Cómo analiza, de manera general, lo que dice el Informe del Relator y la respuesta inmediata de la cancillería colombiana? Ana María Rodríguez: Frente al la situación de los líderes y lideresas sociales hay una gran brecha entre las cifras presentadas dentro del Informe de las Naciones Unidas y aquel presentado por el gobierno. El informe de la ONU presenta las cifras de líderes sociales asesinados durante el año 2016 y 2019 (hasta el 30 de junio), según tres entidades diferentes: la Defensoría del Pueblo registra 486 asesinatos, ACHNUD registra 324 asesinatos y Somos Defensores presenta un total de 400 asesinatos. Sin embargo, en la respuesta de la cancillería afirman que los homicidios han disminuido en un 24,34% comparado con el periodo comprendido entre el 7 de agosto de 2018 y 6 de agosto de 2019, y en el informe de homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales afirma que entre el 1 de enero de 2016 y el 9 de julio de 2019 habrían sido asesinados 289 líderes sociales. Pero no se trata de una discusión sobre las cifras. El Relator y todos los expertos temáticos de Naciones Unidas reciben información de muy diversas fuentes, no únicamente de organismos estatales. Además, el gobierno colombiano no cuenta con un registro propio, así que el Relator se tiene que valer de otras fuentes de información. No existe, por parte de la relatoría especial, una obligación de usar únicamente cifras estatales y el Relator suele usarlas; incluso, en el Informe menciona varios datos de fuentes oficiales, pero si no tiene esa información a su disposición está bien que pueda acudir a otras fuentes y a otras cifras. “Las cifras deben simplemente indicar una tendencia que permita adoptar políticas y medidas que efectivamente respondan a las formas de violencia que están ocurriendo. El hecho es que la respuesta que esta dando el Estado colombiano, no solamente frente a los asesinatos sino las amenazas, los atentados, las desapariciones forzadas o incluso los casos de violencia sexual contra defensoras y defensores de Derechos Humanos en Colombia, no es un suficiente.” Foto: Pares. Pares: En la Comisión Anual de Derechos Humanos que se está llevando a cabo en este mes en la ciudad de Ginebra, ¿hay preocupación sobre la respuesta del gobierno colombiano frente al Informe del Relator? A.M.R: Este jueves 27 de febrero la Alta Comisionada presentó el Informe y varios países presentaron y reiteraron su preocupación por algunos aspectos de la situación de violencia en Colombia. Por otra parte, el país también tuvo un espacio para responder y la encargada de emitir la respuesta fue la vicecanciller, Adriana Mejía. Sorprende que el gobierno de Colombia diga que está abierto al escrutinio internacional, que está dispuesto a colaborar con los mecanismos internacionales de protección, pero luego indica que con este Informe la Oficina de Naciones Unidas en el país perdió la oportunidad de mostrar un balance ajustado de la realidad colombiana y perdió la oportunidad de plantear propuestas concretas y cursos de acción, a pesar de que el Informe trae 13 recomendaciones muy específicas de medidas que se podrían adoptar para mejorar la situación de Derechos humanos. Es muy contradictorio. Pares: Hay una polémica frente a la mención que se hace en el Informe del Relator sobre el funcionamiento de la Comisión de Garantías de Seguridad que es una instancia que busca detener el asesinato de líderes sociales y desarticular a las organizaciones sucesoras del paramilitarismo,y que al parecer, no está funcionando como debería ser ¿Qué pasa con esta Comisión de Seguridad? A.M.R: En las respuestas del gobierno frente al Informe argumentan que sí se han realizado dos sesiones plenarias: el 30 de enero y 12 de agosto de 2019 y cinco (5) sesiones en igual número de regiones del país. Frente a esto la norma es muy clara en cuanto a la periodicidad con la que la Comisión debería reunirse, y sean dos, cuatro o seis veces que se ha reunido la Comisión, no cumple con lo que la norma exige que es una reunión mensual. En segundo lugar la mayoría de estas reuniones que se han sostenido han sido reuniones formales y en casi ninguna de estas la Comisión ha podido entrar en materia y entrar a trabajar en la elaboración de una política para el desmantelamiento de los grupos paramilitares, entonces también pasa a un segundo plano el número de reuniones que tengan lugar si en ninguna de estas reuniones se puede cumplir con el mandato que tiene la Comisión. En lo que va corrido del 2020 ya hubo una reunión adicional de la CNGS pero una vez más son se pudo dar continuidad a la discusión que venía detrás sobre de qué manera pueden los miembros de la Comisión abordar la elaboración de esta política, entonces lo más urgente, y el llamado que hace el Relator, además de que la Comisión sesione con frecuencia y con periodicidad, es a que pueda efectivamente trabajar en el objetivo para el cual fue creada: diseñar una política para desmantelar los grupos paramilitares, que es lo que no esta pudiendo hacer hasta el momento. Pares: El Plan de Acción Oportuna (PAO) de prevención y protección para los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas es una estrategia diseñada para dar respuesta a la necesidad de generar mayor seguridad y respaldo a quienes han asumido el liderazgo en la promoción y salvaguarda de los derechos humanos ¿Cómo analiza el funcionamiento de dicho Plan de Acción Oportuna? A.M.R: El PAO comenzó a funcionar en noviembre de 2018 a través de una comisión intersectorial para su desarrollo, aunque las entidades encargadas de ejecutarlo son: la Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y Fuerza Pública. La respuesta de Colombia frente al PAO señala que el Relator desconoce el funcionamiento la naturaleza de este programa y eso se debe a que él en su Informe dice que desafortunadamente el PAO no incluye la participación de sociedad civil. La realidad es que efectivamente el PAO no contempla la participación de sociedad civil porque es un plan creado para la coordinación de las instituciones del Estado, así que ni siquiera fue pensada la participación de sociedad civil en ese mecanismo, pero lo que resalta el Relator es que este Programa de Acción Oportuna se creó sin consultar con sociedad civil y creo que allí, a lo que hace referencia, es al hecho de que cuando el gobierno decidió crear esta estrategia nueva no la puso en conocimiento, no la compartió, no la socializó ni la conversó con los diversos escenarios de interlocución que existen sobre el tema de prevención y protección para personas defensoras. Esa era la manera más natural de diseñar un programa que se articulara a lo que ya existe, y no que llegara a repetir o imponerse por encima de lo que ya venía avanzando desde tiempo atrás. Pares: ¿Qué va a suceder con la respuesta que dio el gobierno al Informe y la reacción que va a tener en la comunidad internacional? A.M.R: Este gobierno se ha enfrascado en una discusión que no comprende la labor de las Naciones Unidas en el país y parecería que además no conoce o no entiende bien el alcance que tiene el mandato de los procedimientos especiales del Consejo de DDHH de la ONU. Los expertos temáticos tienen una función de brindarle asistencia técnica a los Estados, pero tienen también una función muy clara de monitorear la situación de DDHH en el tema que les concierne en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento en el que ocurran violaciones y por eso es curioso que su respuesta haga tanto énfasis en decir que el Relator de alguna manera se salió del marco de la visita y estuvo haciendo cosas que no debía. El Estado colombiano no está teniendo en cuenta que la tarea del Relator al visitar el país es la de ver cuál es la situación en la que están las personas defensoras y ver qué tipo de respuesta está brindando el Estado colombiano. De alguna manera sugieren que se excedió en la tarea que estaba haciendo, pero no es así; el Relator está cumpliendo estrictamente con las funciones que tiene y para las cuales fue creado su mandato, entonces allí no habría razón para los reclamos que hace Colombia con tanto ahínco. Por otra parte, la trayectoria de Colombia ha demostrado su interés en asuntos de Derechos Humanos, sin embargo hay cosas por mejorar ya que Colombia se precia de ser un país abierto al multilateralismo y a la cooperación con los mecanismos internacionales de diverso tipo, en particular de Derechos Humanos, y de hecho, la trayectoria de Colombia en los escenarios internacionales de Derechos Humanos es positivamente reconocida por muchísimos países y realmente sería muy penoso que Colombia cayera en actitudes negacionistas y en actitudes de oposición abierta a los mecanismos de Derechos Humanos, tal y como lo han hecho otros países. El próximo miércoles 4 de marzo de presentará públicamente el Informe del Relator en Ginebra, donde distintos países del Consejo de Derechos Humanos, como las organizaciones de sociedad civil, tendrán la oportunidad de pronunciarse frente a la grave crisis colombiana en esta materia. Esa actitud no sería coherente con el acumulado que Colombia tiene como país en estos espacios internacionales y sería muy desafortunado y muy mal visto por la comunidad internacional, que en vez de poder aprovechar la experiencia que tiene en este caso el Relator de Defensores, que además en su informe hace varios reconocimientos a la valiosa actitud que ha tenido Colombia en la lucha contra la violencia contra personas defensoras, decida tener una actitud de confrontación abierta con este mecanismo o con cualquier otro mecanismo de la ONU, desaprovechando la oportunidad de valerse de la asesoría y la experiencia de estos mecanismos para mejorar la respuesta de Colombia a estos fenómenos.

Por: Laura Cano, periodista Pares. Este jueves se conoció la más reciente encuesta de Gallup en la que se evaluó los porcentajes de aprobación a la gestión de Iván Duque, durante el tiempo que ha estado en la presidencia de Colombia. Los datos demuestran cuantitativamente el sentir que no solo se ha demostrado en las cifras, pues ese desacuerdo con lo que ha sido el actuar de Duque ha generado una agitación que se ha plasmado en las movilizaciones sociales dadas en los últimos meses. Desde su posesión, el 7 de agosto de 2018, se sabía que el contexto le presentaba varios retos al ahora Presidente, pues este hecho venía precedido por un reciente Acuerdo de Paz, el cual Duque debía asumir con lo que se había establecido, pero que a su vez debía responder de alguna forma a su partido Centro Democrático que demostró desde el desarrollo de las conversaciones en La Habana una actitud negativa a lo que se buscaba con este proceso. Desde ahí el panorama no era el mejor, y lo que han sido estos 570 días lo ha demostrado de alguna forma; por un lado, las cifras de líderes, lideresas y personas en proceso de reincorporación asesinados son alarmantes; hasta el momento y desde la posesión de Duque. Según cifras de SIPARES hay, al menos, 201 casos. A esto se le suma una implementación lenta y todo lo que ello implica; falta de garantías de seguridad, estigma social para poder abrir espacios políticos, vacíos estatales en zonas rurales, además un recrudecimiento de las disputas por los territorios por parte de estructuras armadas ilegales que ya estaban o que han llegado a las zonas que dejaron la antigua guerrilla Farc-ep. Por otro lado, otros problemas han tocado la periodo de Duque son: el desempleo juvenil que registró para el tercer trimestre del 2019 la tasa más alta en la última década con casi un 20%, la economía ha registrado un bajo crecimiento, las políticas exteriores van en retroceso y además, este año se ha visto marcado por las declaraciones de Aída Merlano que han salpicado de manera directa a Iván Duque en casos de corrupción y campañas electorales irregulares. Un Gobierno estancado Asimismo, desde el pasado noviembre el país pasa por una agitación social que ha convocado a varias jornadas de paro nacional, plantones y movilizaciones, en las que se ha planteado un pliego de peticiones, pero en donde no ha pasado mayor cosa, pues la Conversación Nacional ha estado estancada, hay ciertos desacuerdos entre algunos sectores sociales y quienes han asumido la vocería y además no ha llegado ninguna aparente respuesta, solución o propuesta efectiva por parte del Gobierno. Todo esto, parece de alguna forma estar plasmado en el más reciente informe de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, en donde se hace un repaso de la situación de los líderes y lideresas, el acceso a la justicia, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la situación en temas de género, pueblos étnicos y sujetos de especial protección y el derecho a la reunión pacífica, en donde los balances no son positivos y demostrarían que Colombia en derechos humanos va como la aprobación a Duque; de mal en peor. Un Presidente enredado Esa sería una forma de resumir la imagen favorable del presidente, que, al día de hoy, según la Gallup Poll, Duque tiene una desaprobación del 71%, el pico más alto en su gestión y uno de los más altos en la historia. “Muy enredado Duque. No ve uno cómo puede salir de la situación en la que está, cómo pueda recuperarse en el tiempo en el que le falta, y por otro lado no hay iniciativas de la oposición o iniciativas de otras fuerzas en el país para buscar una salida institucional a la crisis”, afirmó León Valencia, director de Pares. Igualmente, cabe resaltar que desde que Duque llegó a ser el dirigente del país, las encuestas han demostrado que con el pasar del tiempo en la presidencia su aprobación desciende más y más; en un primer momento el mandatario tenía una desaprobación del 59%, cifra que pasaría en diciembre de 2018 a 72%, que luego en febrero del siguiente año descendería para estar en un 64%, para en marzo pasar al 70% y terminar el año con el mismo número que para estas vez subiría un 1%, llegando a una imagen desfavorable del 71% y una favorable del 23%. “Quizá el único camino para crear un pacto nacional es reunir a los alcaldes nuevos con alta popularidad, los representantes de los movimientos y sectores de la protesta social y las bancadas parlamentarias críticas y proactivas, para que se reúnan a hablar y crear salidas. Desde Pares hacemos ese llamado. No podemos esperar a que caiga más en las encuestas Duque y que se hunda más en una verdadera crisis por la incapacidad de construir una verdadera coalición de gobierno”, concluyó León Valencia.

Por: Redacción Pares La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP acreditó a 69 comunidades indígenas de los pueblos Guna Dule, Embera Eyabida, Katío, Dobida, Wounan y Senú, que habitan los municipios de Riosucio, Carmen del Darién, Unguía, Acandí en el Chocó; y Chigorodó, Carepa, Mutatá, Turbo, Apartadó y Dabeiba, en Antioquia. En total, acreditó alrededor de 11.762 personas, en el marco del Caso 04, que prioriza la situación territorial de la región de Urabá. A través del Auto No. SRVNH-04/03-12/20, la magistrada Nadiezhda Henríquez, quien es relatora del Caso 04, determinó la acreditación de estos resguardos y cabildos indígenas que podrán participar en calidad de intervinientes especiales para que puedan aportar pruebas, presentar observaciones a las versiones que rindan los comparecientes, recibir copia del expediente y participar en todas las etapas de los procesos judiciales del Caso 04. Al presentar su solicitud a la JEP, las comunidades indígenas de los pueblos Gana Dule, Embera (Eyabida, Dobida, Chami) Senú y Wounaan, del Bajo Atrato y Darién chocoano, le relataron a la JEP haber sido víctimas del conflicto armado de múltiples violaciones a los derechos humanos, a través de asesinatos, intimidaciones y hostilidades a las comunidades, que afectaron a cada una de ellas de forma diferenciada. Igualmente, las comunidades indígenas de Antioquia, pertenecientes a los pueblos Embera (Eyabida, Dobida, Chami) y Senú, manifestaron en la solicitud haber sido víctimas de violaciones a los derechos humanos, entre otras, de coacciones que provocaron desplazamientos forzados y que tuvieron un fuerte impacto en sus formas de autogobierno y procesos organizativos. ​Al analizar la solicitud de acreditación colectiva de estas 69 comunidades, la Sala de Reconocimiento tuvo en cuenta, entre otros requisitos, la manifestación voluntaria de las víctimas de participar en el caso, el relato o informe de lo sucedido, las pruebas que demuestran su condición de víctimas y la información de cómo se llevará a cabo su representación judicial. El Caso 04 de la JEP ​El 11 de septiembre de 2018 la Sala de Reconocimiento de la JEP dio apertura del caso que prioriza la Situación Territorial de la Región de Urabá, para investigar los hechos constitutivos de graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario entre el 1 de enero de 1986 y el 1 de diciembre de 2016, en los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba en el departamento de Antioquia, y el Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí, en el departamento de Chocó. En este caso ya han rendido versión 8 comparecientes de las Farc-EP y 18 de la fuerza pública implicados en estos hechos victimizantes.

Por: Redacción Pares Decenas de masacres, más de cien asesinatos a líderes sociales y defensores de los derechos humanos, abuso de la fuerza en las protestas, crímenes cometidos por militares y policías, altos niveles de violencia sexual y de género, falta de presencia del Estado en las zonas rurales, así como un incremento en los homicidios a los indígenas, aparecen detallados en el informe anual de la Oficina de Michelle Bachelet en Colombia. La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia presentó este miércoles su informe anual sobre el estatus de estas garantías fundamentales en el país en el que documentó continuas violaciones entre las que se encuentran masacres récord en los últimos cinco años y decenas de asesinatos a líderes sociales. La tasa nacional de homicidios en 2019 fue de 25 por cada 100.000 habitantes, lo que indica la existencia de un nivel de violencia endémica. La Oficina registró 36 masacres que implicaron de la muerte de 133 personas, la cifra más alta registrada desde el 2014. La Oficina liderada a nivel mundial por Michelle Bachelet, dijo que considera de particular preocupación las agresiones a las personas defensoras de derechos humanos, a los pueblos indígenas y el incremento en los casos de privaciones arbitrarias de la vida, así como violaciones cometidas contra niños en el contexto de la violencia y el conflicto armado. No hay suficiente protección del Estado La Oficina de la Alta Comisionada ha reiterado la necesidad de atender las causas estructurales que generan violencia, especialmente en zonas rurales, y que están relacionadas con la falta de acceso a los derechos humanos”, afirma el informe, que también resalta que los esfuerzos para establecer una presencia integral del Estado, particularmente de autoridades civiles, incluyendo la Fiscalía General de la Nación y la policía, fueron insuficientes, en particular en las zonas rurales. “Las cinco ‘Zonas Estratégicas de Intervención Integral’ establecidas por el Gobierno a través del Decreto 2278 de 2019 fueron creadas para atender este vacío. Sin embargo, la Oficina observó que la presencia estatal en estas zonas continúa siendo predominantemente militar y el avance para establecer una mayor presencia de autoridades civiles ha sido lento”. Además, respecto a las protestas sociales ocurridas el año pasado, la mayoría pacíficas para manifestar a determinadas políticas del Gobierno, la Oficina notó con preocupación que, en algunos casos, la policía respondió de manera desproporcionada a incidentes aislados de violencia. Asesinatos a indígenas La Oficina manifestó asimismo su profunda preocupación por el alto número de asesinatos de indígenas en el Cauca. “En 2019, el Instituto Nacional de Medicina Legal registró un incremento de casi el 52% en los homicidios de indígenas en Cauca comparado con 2018. Entre enero y noviembre de 2019, el ACNUDH registró el asesinato de 66 miembros del pueblo indígena Nasa en el norte del Cauca, incluyendo 13 autoridades indígenas y otros líderes Nasa”. El informe dice que es urgente que se adopten medidas efectivas de prevención y protección, las cuales deben ser culturalmente apropiadas para estas comunidades y adoptadas en consulta con las autoridades indígenas. Violencia sexual, la tasa más alta en los últimos 10 años Según el más reciente informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en 2018 la tasa de violencia sexual fue de 52,3 víctimas por cada cien mil habitantes, 4,02 puntos más alta con respecto a la de 2017. Esta tasa fue la más alta en los últimos 10 años. Del número total de víctimas, 85,6% fueron mujeres y 14,4% fueron hombres. El promedio de edad de las víctimas fue de 12 años. La Oficina documentó 13 casos con 15 mujeres víctimas incluyendo 13 niñas, ocurridos en Antioquia, Arauca, Caquetá, Guaviare, Meta y Nariño. En 10 de estos casos, los presuntos perpetradores fueron miembros del ELN, grupos criminales y otros grupos violentos, mientras que en tres casos miembros del ejército estuvieron presuntamente involucrados. “El ACNUDH tiene conocimiento de que la Fiscalía General de la Nación inició investigaciones en relación con estos últimos tres casos. La respuesta de las autoridades a la violencia sexual y basada en el género continuó siendo insuficiente”. La Oficina observó que algunas autoridades en Antioquia, Arauca, Guaviare y Nariño desconocían el protocolo de la Fiscalía General de la Nación para responder a los casos de violencia sexual. En Arauca, la Fiscalía General de la Nación denegó el acceso a la justicia a una mujer con discapacidad, víctima de violencia sexual, específicamente por no proporcionarle un intérprete que pudiera haberle permitido dar su testimonio. En Guaviare, la policía no activó el mecanismo de búsqueda urgente de una niña indígena desaparecida quien había sido víctima de violencia sexual. En ese sentido, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia exhorta al Estado a seguir avanzando en la implementación de todos los puntos del Acuerdo de Paz, de forma sostenida e integral, especialmente con respecto a las disposiciones relativas al enfoque étnico y de género y a la participación de las víctimas, con el fin de garantizar su derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En 2019, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Colombia realizó 1151 misiones al terreno, 376 actividades de capacitación y fortalecimiento a instituciones del Estado y a la sociedad civil y realizó seguimiento de 250 casos de presuntas violaciones de derechos humanos.

Por: Laura Cano, periodista Pares. Este miércoles fue presentado el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre la situación de derechos humanos en Colombia en el año 2019. Una de sus conclusiones es “que se inicie una profunda transformación del Esmad”. Esto viene antecedido por una serie de casos que han hecho que dentro de las luchas de varios de los movimientos sociales se haya vuelto transversal la petición por la regulación o desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), argumentando que desde la creación de este organismo, en febrero de 1999, se han asesinado, al menos, 34 personas por parte del Escuadrón. Por su parte, el ACNUDH se basa en lo que ha venido ocurriendo desde noviembre de 2019, mes en el que la movilización social se agitó por temas de reformas pensionales y laborales, por el asesinato a 18 niños en el Caguán y por un inconformismo generalizado con la gestión de Iván Duque, la cual que terminó en una convocatoria masiva de colombianos en las calles. El balance del Organismo da cuenta porqué en los últimos días el rechazo al Esmad se ha hecho más fuerte, hecho que se demostró justamente el 24 de febrero en la conmemoración de los 21 años de creación de esta fuerza pública, día en el que varios estudiantes de distintas universidades se organizaron para mostrar que esa fecha era para recordar a sus compañeros que han sido asesinados por el Esmad; un total de 09 estudiantes, y a quienes han sido víctimas del uso desmedido de la fuerza por parte del Escuadrón. Vale la pena recordar que dicha conmemoración estuvo precedida por el ingreso del Esmad a la Universidad de Antioquia y a la Universidad Distrital, causando estigmatización a la protesta social por parte de los y las estudiantes, además de hostigamientos y afectaciones físicas a quienes estaban en las instituciones o cerca de ellas. Esto, además, avalado y autorizado de forma institucional por las alcaldías de ambas ciudades, quienes se han quedado cortos en la implementación de los protocolos que velen por quienes están en las movilizaciones o plantones. Derecho a la reunión pacífica El informe del ACNUDH estudia lo ocurrido en las protestas ocurridas entre el 21 de noviembre y el 12 de diciembre. Fechas en las que hubo, por una lado, movilizaciones, plantones, cacerolazos, y por el otro, asesinados, heridos y capturados. Según el documento “las mayores protestas ocurrieron en Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín, Neiva, Pasto y Popayán, aunque también se produjeron protestas en zonas rurales”. Uno de los primeros planteamientos que hace el Alto Comisionado es que: “algunos miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) no cumplieron con las normas y estándares internacionales relacionados con el uso de la fuerza”. Frente a lo anterior, se nombran hechos como el de Dilan Cruz, asesinado el 23 de noviembre en la calle 19 con carrera Cuarta por el agente 003478, quien le disparó con un rifle calibre 12 cargado con munición del tipo ‘beanbag’. Además, “según el Ministerio de Salud, entre el 21 y el 26 de noviembre, al menos 36 manifestantes y 4 miembros de las fuerzas policiales sufrieron lesiones que requirieron de hospitalización”. A estos hechos de exceso de fuerza se le suma los “malos tratos y/o tortura, tales como desnudez forzada, amenazas de muerte con matices racistas y repetidas golpizas”. Hechos, que, en su mayoría, se dan mientras se realizan supuestos traslados por protección, medida que ha sido utilizada por la fuerza pública para dispersar las movilizaciones y generar estigmas alrededor de los manifestantes y sus causas. Estos traslados son avalados por cinco (5) causas que establece el artículo 155 del Código de Policía y Convivencia: “por deambular en lugares públicos en estado de indefensión o bajo los efectos del consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas, cuando la persona esté involucrada en riñas o presente comportamientos agresivos, cuando la persona esté en peligro de ser agredida y el traslado sea el único medio disponible para evitar el riesgo a la vida, cuando no haya una persona allegada que asuma la protección de la persona o cuando no sea posible trasladar a la persona a su domicilio”. Sin embargo, en muchos casos se realizan este tipo de detenciones aun cuando no se está incurriendo en alguno de esos motivos. Hechos que dejan de ser traslados por protección a detenciones arbitrarias. “Según la Policía, entre el 21 de noviembre y el 12 de diciembre, 1662 personas fueron detenidas a nivel nacional en aplicación de esta medida. El ACNUDH también hace un llamado al trato a periodistas en medio de las movilizaciones, partiendo del dato que durante las fechas en las que fue realizado el Informe se registraron, al menos, 32 denuncias por agresiones, tanto por parte de Policías con 23 casos, como por los manifestantes, a quienes se les denunció en nueve (9) ocasiones. Además, el Organismo también referencia los hechos de intimidación y censura que se vivieron días antes de la movilización del 21N, en el que se dieron alrededor de 36 allanamientos contra medios de comunicación alternativos, asociaciones de artistas, organizaciones no gubernamentales y residencias de estudiantes en Bogotá, Cali y Medellín. Hechos por los que se ha declarado que 10 de estos fueron ilegales, aún cuando habían sido autorizados por las Fiscalía. Es necesario que las entidades competentes planteen una transformación del Esmad, como lo plantea el ACNUDH, por lo menos mientras se procura que este organismo se desmonte y no sea el ente institucional que deslegitime la movilización social. También es una prioridad que los casos por los que se le acusa al Escuadrón sean investigados y judicializados de manera efectiva, evitando que se evadan responsabilidades penales desde la categorización que se le da a estos hechos en el sistema penal, esto teniendo en cuenta que a las detenciones arbitrarias muy pocas veces se les hace seguimiento, y que a la fecha ningún agente ha sido condenado por los casos de asesinatos registrados y que solo hay dos procesos por los casos de homicidios cometidos por este Organismo.

Por: Redacción Pares El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia continuó observando la persistencia de altos niveles de violencia que generaron graves violaciones a los derechos humanos. De particular preocupación fueron las agresiones a las personas defensoras de derechos humanos, a los pueblos indígenas y el incremento en los casos de presuntas privaciones arbitrarias de la vida, así como graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra niñas y niños en el contexto de la violencia y el conflicto armado. Así lo señala en el Informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia presentado este miércoles en Bogotá. Defender los derechos humanos sigue considerándose una labor de alto riesgo en Colombia. En 2019, el ACNUDH documentó 108 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, incluyendo 15 mujeres y dos integrantes de la población LGBTI. Aunque las cifras muestran la gravedad del problema, reducir el análisis a una consideración numérica impide entender y atender las causas estructurales de la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos. De los 108 asesinatos documentados por el ACNUDH, el 75% ocurrió en zonas rurales; el 86% en municipios con un índice de pobreza multidimensional superior a la media nacional; el 91% en municipios con tasas de homicidio que indican la existencia de violencia endémica; y el 98% en municipios caracterizados por la presencia de economías ilícitas y del ELN, así como de otros grupos violentos y de grupos criminales. Comunidades rurales y grupos étnicos en la mira El 55% de estos casos ocurrieron en cuatro departamentos: Antioquia, Arauca, Cauca y Caquetá. Los ámbitos del ejercicio de defensa de derechos humanos más afectados continuaron siendo aquellos en los que se defienden los derechos de las comunidades y los grupos étnicos, representando el 65% de todos los asesinatos, manteniendo una tendencia que ha documentado el ACNUDH desde 2016. El asesinato de un defensor indígena Embera ocurrido en abril en Riosucio, Chocó, fue emblemático. Este municipio se caracteriza por un alto índice de pobreza multidimensional, violencia endémica y la presencia del ELN y de grupos criminales que se diputan el control del narcotráfico, minería ilegal y tráfico de migrantes. Su labor de reivindicar los derechos de su comunidad afectó los intereses de estos grupos, por lo que fue asesinado. Su asesinato exacerba las condiciones de marginalidad de su comunidad y reduce la posibilidad del surgimiento de nuevos liderazgos. El ACNUDH ha reiterado la necesidad de atender las causas estructurales que generan violencia, especialmente en zonas rurales, y que están relacionadas con la falta de acceso a los derechos humanos. Los asesinatos contra defensoras de derechos humanos se incrementaron en cerca del 50% en 2019 comparado con 2018. El 5 de enero en Magdalena, una defensora afrocolombiana que exigía la garantía de los derechos de las mujeres víctimas de desplazamiento forzado y la adjudicación de tierras, fue asesinada por denunciar la presencia de un grupo criminal. La pronta y efectiva implementación del Programa Integral de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos17 debería ser una importante herramienta de prevención, protección e investigación de ataques contra mujeres defensoras. En 2019, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Colombia realizó 1151 misiones al terreno, 376 actividades de capacitación y fortalecimiento a instituciones del Estado y a la sociedad civil y realizó seguimiento de 250 casos de presuntas violaciones de derechos humanos. Algunas recomendaciones de ONU al gobierno Según el informe, la Alta Comisionada para los derechos humanos reitera las recomendaciones hechas en informes anteriores y recomienda incrementar el uso de las medidas colectivas de protección, destinando a la Unidad Nacional de Protección los recursos financieros suficientes y estableciendo criterios de corresponsabilidad entre las autoridades nacionales, departamentales y municipales, con el fin de atender las causas estructurales generadoras de violencia. Además, para lograr este objetivo, incluso podría requerirse el apoyo, con recursos económicos, de la comunidad internacional. Adicionalmente, las nuevas autoridades regionales deberían priorizar las medidas de protección colectiva en sus instrumentos de planeación, tales como los Planes de Desarrollo y los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, asignando recursos suficientes para su completa implementación. En ese sentido, el informe solicita a las autoridades pertinentes a garantizar el respeto de las normas y estándares internacionales en la investigación de violaciones a los derechos a la vida y a la integridad personal en donde presuntamente están involucrados miembros del ejército y/o la policía, y asegurar que la justicia ordinaria mantenga su competencia sobre estas investigaciones.

Por: Lina Macías. Coordinadora de Proyecto Mecanismos de Protección y Seguridad Pares. Según el Sistema de Información SIPARES de la Fundación Paz & Reconciliación, de los 360 asesinatos selectivos a líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos entre el 24 de noviembre de 2016 y 15 de febrero de 2020, el 44% corresponde a líderes y lideresas comunales. La situación es tan crítica, que 21 de los 32 departamentos del país registran por lo menos un hecho de violencia contra los líderes comunales durante los últimos tres (3) años, siendo los territorios más afectados Antioquia, Norte de Santander (región de Catatumbo), Putumayo, Córdoba, Cauca, Caquetá, Meta, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Bogotá, , Chocó, entre otros. El movimiento comunal ha sido durante más de 60 años una expresión organizada, autónoma y solidaria de la sociedad civil cuyo propósito ha sido la promoción del desarrollo integral y del ejercicio de la democracia participativa, compromiso social por el cual han sido amenazados, principalmente en las zonas rurales y ubicándolo en un riesgo permanente, limitando su accionar y los procesos sociales que estas organizaciones adelantan para garantizar la vida digna de sus comunidades. Para entender cuáles son las posibles causas que han consolidado el fenómeno de la victimización sistemática de la organización comunal en la actualidad, a continuación presentamos cinco razones por las cuales se asocia las agresiones hacia líderes y lideresas comunales. Agentes clave en la sustitución de cultivos Los líderes y lideresas comunales han jugado un papel clave en el proceso de implementación de las estrategias y acciones del PNIS tanto en la erradicación manual de cultivos de uso ilícito como en la generación de proyectos productivos en los 36 municipios priorizados por el programa. Las Juntas de Acción Comunal (JAC) se han involucrado de manera activa en la socialización del programa, el proceso de acompañamiento a las familias y cultivadores de coca, y en el seguimiento y verificación de la implementación por parte del Estado de este programa, según los criterios establecidos en el Acuerdo de Paz. Este ejercicio ha acarreado una situación de riesgo tanto para presidentes de JAC como sus dignatarios, ya que en el territorio se han reconfigurado diversos grupos provenientes de las disidencias de las FARC, el ELN, el EPL y Grupos Armados Organizados (GAO) asociados con resticios de grupos paramilitares como Clan del Golfo, Gaitanistas, etc., los cuales no están interesados en que el proceso sea exitoso y por el contrario, buscan recuperar antiguos corredores ilegales para mantener el mercado del tráfico ilegal activo. Los representantes de las JAC han denunciado este hecho, además de evidenciar el poco compromiso del Estado para proporcionar las condiciones necesarias de seguridad para desarrollar este proceso; por el contrario, incentiva las viejas prácticas de la política antinarcóticos basada en la fumigación, la destrucción de cultivos y laboratorios, sin armonizar adecuadamente las medidas de protección esenciales para las comunidades que allí habitan. Esta realidad ha visibilizado exponencialmente a la organización comunal el cual abandera territorialmente este proyecto y los coloca en una situación de vulnerabilidad. Un ejemplo de ello, fue el asesinato de Bernardo de Jesús Chancí, presidente de JAC de la vereda San Agustín de Leones en Ituango, Antioquia, el cual apoyaba labores en materia de sustitución de cultivos de uso ilícito en la región. Interlocución con actores sociales El líder o lideresa comunal es un referente central en la configuración de los territorios, encargado no solamente de labores administrativas, sino que es responsable de interpretar los intereses de la comunidad y representarlos en los diferentes espacios de toma de decisiones donde generalmente se resuelven o gestionan los distintos problemas o asuntos que se presentan dentro de las comunidades. Tanto los actores legales, los agentes del Estado, los actores ilegales como las GAO, los grupos disidentes de FARC, etc., identifican estos liderazgos como interlocutores claves para la gestión de sus intereses dentro del territorio. Estas relaciones pueden ser de trabajo colaborativo, o por el contrario, pueden convertirse en espacios tensionantes donde se asume a la persona líder y su organización como un obstáculo que debe ser cooptado o eliminado, según sea el caso, para el desarrollo de fines particulares. Esta posición, muchas veces pone en una situación de alto riesgo tanto a los representantes y dignatarios como a la organización comunal en general, ya que en estas personas recae la responsabilidad de negociar y mediar con estas estructuras por el bien de la comunidad, las cuales pueden o no cumplir los acuerdos pactados o generar represarías, situación que genera una ruptura del tejido social, aumenta la desconfianza y la zozobra a la población. Un caso que muestra esta barbarie, es el asesinato de Gentil Hernández, miembro de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda los Caño Sábalo, Puerto Guzmán Putumayo en enero del presente año, el cual según fuentes territoriales denuncio públicamente a los grupos armados de la región, asociados al “Clan o la Mafia de Sinaloa” los cuales aprovechan el incumplimiento del Gobierno con el Programa Nacional Integral de Restitución para establecer su poder en la zona y generar temor a la población. Denuncias ante hechos de corrupción local Julián Quiñones Uñate era el presidente de la Junta de Acción Comunal de Guayabal en el municipio de Coveñas en Sucre, asesinado en junio de 2019 y se presumen que fue perpetrado debido a las denuncias que él estaba realizando por presuntos actos de corrupción en las obras que se adelantaban para construir un polideportivo en este municipio, igual que Luis Cuarto Barrios Machado, líder comunal del municipio de Palmar de Varela, Atlántico y presidente de la Asociación Municipal de Juntas Comunales, el cual venia liderando protestas y denuncias públicas por los casos de microtráfico, déficit en el servicio de salud y corrupción, como el caso de Electricaribe. Fue asesinado en su casa en julio de 2018. Estos dos ejemplos son una pequeña muestra de la alta cifra de asesinatos, agresiones, y amenazas que diariamente deben sortear los líderes y lideresas comunales por promover y agenciar prácticas de veeduría y denuncia sobre situaciones de corrupción, aprovechamiento ilegal de recursos e incumplimiento de las obligaciones institucionales a nivel local y regional. Actualmente, la organización comunal viene realizando graves denuncias en zonas estratégicas para la explotación minero-energética y de monocultivos que se adelantan en departamentos como Casanare, Arauca, Meta, Catatumbo, Chocó y Bajo Cauca Antioqueño y costa Nariñense, fenómeno generalmente impulsado por multinacionales, empresas privadas y grupos criminales que se lucran de los réditos que generan estas actividades y a los cuales le resulta incómodo el cuestionamiento público que expresan estas organizaciones, así como la visibilización de sus prácticas ilegales y las violaciones a los derechos humanos que allí se ejercen. Promoción e implementación del Acuerdo de Paz El liderazgo comunal ha sido la base sobre la cual han emergido distintas expresiones organizativas: asociaciones campesinas, organizaciones afrodescendientes e indígenas, plataformas ambientales, liderazgos políticos, etc., razón por la cual su compromiso político con la implementación del Acuerdo de Paz, en puntos tan neurálgicos como la reforma rural integral, la sustitución de cultivos de uso ilícito, la ampliación de la participación política y la defensa del estatuto de oposición. Estos son algunos de los temas que han posibilitado su articulación con diferentes causas y agendas sociales donde la población se siente recogida, pero de igual manera ha creado resistencia principalmente en los sectores más tradicionales de la sociedad y en los poderes regionalistas que se expresan en clanes políticos que luchan para mantener el control territorial, así esto signifique el detrimento de los derechos adquiridos por los ciudadanos, ciudadanas y sus comunidades. Según la Confederación Comunal, las JAC entre el 2016 y 2018, años de la implementación del Acuerdo de paz, han reportado 221 asesinatos y 830 amenazas de muerte contra sus integrantes. Este escenario, pone de manifiesto que quienes luchan y se han sujetado a este proceso como una ventana de oportunidad para la transformación social de las condiciones de vulnerabilidad en las cuales históricamente se ha arrojado a los municipios y veredas más profundas de Colombia, son también un blanco fácil para la amenaza y el señalamiento de sectores sociales enemigos de estos procesos de cambio. La renovación de las juntas de acción comunal Para concluir, uno de los principios que rige el sentido de pertenencia del líder o lideresas social con el proceso comunal, es su compromiso con la ampliación en implementación de la democracia participativa en todas sus formas. Sin embargo, el contexto electoral en Colombia se configura a partir de tensiones e intereses económicos y políticos que atentan contra los fines del ejercicio participativo y en ese escenario, la organización comunal adquiere una importante relevancia. Según la Misión de Observación Electoral, en su informe sobre violencia política en período electoral 2018 – 2019 refiere que el liderazgo comunal adquiere mayor importancia en los intereses municipales y regionales representados en estos líderes entran en el juego de apoyo y contienda electoral. Es allí donde se observa un incremento exponencial de la violencia dirigida a esos liderazgos y los poderes que representan. En este sentido, las personas pertenecientes a la organización comunal están expuestas a las estrategias de estigmatización, señalamiento o incluso de intimidación que se configuran por el control político del territorio. En este sentido, cabe señalar que se avecinan las próximas elecciones de Juntas de Acción Comunal 2020-2024, el 26 de abril, en el cual se renovaran los dignatarios de unas sesenta y cuatro mil juntas comunales, y observando el incremento de agresiones a líderes, lideresas sociales y comunales en lo que va corrido del año, las amenazas, secuestros, desapariciones, atentados y asesinatos cometidos en contra de candidatos a las JAC del nivel departamental y municipal son un escenario probable que puede profundizar de manera trágica la situación de vulnerabilidad del movimiento comunal. Es clave realizar un llamado contundente al Estado colombiano y a las instituciones encargadas de estrategias como el Plan de Acción Oportuna – PAO, una implementación de medidas y acciones efectivas y debidamente articuladas para la prevención y protección para la organización comunal, pero sobre todo, para salvaguardar la vida y la integridad de quienes defienden nuestros derechos.