Por: Redacción Pares El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado-Movice, junto con las organizaciones que hacen parte de la #CampañaPorLaVerdad, rechaza el fallo de tutela del Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogotá que ordena en relación con el mural ¿Quien dio la orden? en término de las 48 horas siguientes a su notificación se proceda a eliminar de murales, redes sociales, medios de comunicación hablados o escritos, la imagen objeto de la tutela y en la que aparece la reproducción pictográfica del general Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, junto con otros altos mandos militares y, abstenerse en el futuro de reproducir la imagen o similares. Por su parte, la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP rechaza el fallo de tutela en el que se ordena al Movice eliminar de paredes, redes sociales y medios de comunicación la imagen del mural «¿Quién dio la orden?» altamente difundida en Twitter tras su censura por parte de la fuerza pública. Según el comunicado del Movice: El mural al que se hace referencia en el fallo ya fue censurado y eliminado el día 18 de octubre de 2019 en un operativo arbitrario por parte de la Brigada 13 del Ejército Nacional. Dicha censura fue la que provocó decenas de miles de réplicas de su contenido en calles y redes sociales, lo que sobrepasa las posibilidades del Movice de retirarlas en su conjunto. El mural ¿Quién dio la orden? ya es patrimonio de la sociedad. Por tal motivo, la orden de eliminar la imagen de los medios de comunicación escritos y hablados no está al alcance del Movice, y requiere vincular quienes lo han reproducido al trámite judicial para garantizar su derecho de defensa. Por lo anterior, solicitamos al Juzgado declarar la nulidad de la decisión y remitir el caso nuevamente a primera instancia para que se vincule a todos los medios y redes que lo han reproducido. Una vez se haya subsanado la nulidad y definido el alcance de la orden judicial, el Movice cumplirá con lo dispuesto en el fallo. Esta decisión desconoce los derechos de las víctimas y sociedad en general a la verdad, libertad de expresión y memoria que habían sido protegidos por el fallo de primera instancia. Adicionalmente, la información allí plasmada ha sido reconocida por fallos judiciales y en el caso particular el Gral Pinto Lizarazo, la Jurisdicción especial para la Paz –JEP reconoció la existencia de la conducta así como el aumento desmesurado de los casos entre 2005 y 2008, tal como lo indicó el propio Juzgado 13 Civil del Circuito, al señalar que la Jurisdicción Especial para la Paz le informó que: “Atendiendo a los criterios sobre priorización, la SRVR, emitió el auto 005 avocando el conocimiento del caso sobre muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate -MIPCBC, por agentes del Estado: Caso 3, en el que se identificó varias unidades militares y regiones de mayor relevancia, y para el asunto en concreto la Quinta División del Ejército se caracterizó por un incremento sustancial de casos entre 2005 y 2008, en comparación con los registrados antes y después de ese periodo; lapso, durante el que específicamente desde el 5 de diciembre de 2007 y 2 de septiembre de 2009, que el TC. Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, estuvo al mando del Batallón de Infantería No. 27 – Magdalena”. (Subrayado propio). Si después de subsanada la nulidad se mantiene el sentido del fallo y las órdenes, el Movice acudirá a la Corte Constitucional para solicitar a revisión de esta decisión judicial por considerarla un acto de censura, pero también a los organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo que coadyuven la solicitud de revisión por la importancia del debate constitucional que involucra los derechos de las víctimas en contextos de aplicación de la justicia transicional. También recurrirá a mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los Relatores para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición y libertad de expresión de Naciones Unidas a fin de que evalúen las acciones de censura de la Brigada 13 del Ejército Nacional y del Juez 13 Civil del Circuito de Bogotá, que desconocen los derechos de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos a la verdad y el derecho de la sociedad a saber, para que estos hechos jamás se repitan.

Por: Pares-Pacífico. Este domingo 23 de febrero en la ciudad de Buenaventura fue víctima de un ataque sicarial Orlando Castillo, líder del ‘Espacio Humanitario Puente Nayero’ y profesor de la Universidad del Pacífico. Debido a sus constantes denuncias por la presencia de grupo armados y por su trabajo comunitario en la defensa territorial, Orlando se ha convertido en uno de los líderes más amenazados del Pacífico y no es la primera vez que su vida corre peligro. El esquema de seguridad lo salvó La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz reportó que el atentado aconteció en un semáforo ubicado en el barrio Juan XXIII de la ciudad de Buenaventura cuando el vehículo en el que transitaba fue impactado por arma de fuego por parte de sujetos armados no identificados que se desplazaban en cinco motocicletas: 2 Yamaha Biwis, una Suzuki y dos Yamaha RX 100. La reacción oportuna de sus escoltas, asignados por parte de la Unidad Nacional de Protección -UNP como esquema de seguridad, permitió contener el atentado logrando que Orlando saliera ileso del atentado y pudiera dirigirse a instaurar la denuncia respectiva con la policía. Un líder de territorio que lucha por la paz Orlando Castillo es un hombre nacido en San Francisco de la cuenca del río Naya en Buenaventura. Ha dedicado gran parte de su vida a la defensa del territorio y los derechos humanos. Actualmente su organización, la Corporación Organizando Haciendo y Pensando el Pacífico – CORHAPEP – es integrante de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico. Orlando Castillo ha dedicado gran parte de su vida a la defensa del territorio y los derechos humanos.Foto: Comisión Intereclesial de Justicia y Paz Se encuentra amenazado porque es uno de los líderes que el 13 de abril de 2014, junto a la comunidad y con el acompañamiento de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, decidieron ir casa por casa, de la calle Puente Nayero del barrio Playita en la comuna 4 de Buenaventura, a expulsar a los actores armados ilegales de su territorio. Así se dio origen al Espacio Humanitario Puente Nayero, protegido con medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH –, mediante Resolución 25/2014 de Medida Cautelar No. 152-14. consolidándose como un territorio libre de ocupación y presencia de grupos armados ilegales. Una comunidad que resiste los embates de la violencia Sacar los actores armados fue un acontecimiento que prácticamente condenó a Orlando y a las 302 familias, que forman parte de las Comunidades Construyendo Paz en los Territorios – CONPAZ – que participaron de esta iniciativa de resistencia contra la violencia, a vivir protegidos y con garantías para la vida, dado que han recibido amenazas de muerte desde la creación del Espacio Humanitario. El 8 de mayo de 2014 Orlando Castillo recibió dos llamadas, en la primera, según registró la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, un hombre le manifestó: “te vamos a matar por cada muchacho que me cojan de la calle te vamos a matar”. Luego, horas más tarde, desde el mismo número telefónico, la misma voz le advirtió: “no deje salir a la policía de allí porque le van a dar bala”. Ubicación del Espacio Humanitario Puente Nayero. Mapa elaborado por Esteban Tello para PARES. La violencia acecha los terrenos ganados al mar El reciente atentado contra el líder social y defensor de derechos humanos Orlando Castillo hace parte de un repertorio de violencia como represaría contra los habitantes de Puente Nayero. Resaltan los homicidios de dos jóvenes de 16 y 17 años residentes de Puente Nayero quienes se negaron a ser reclutados por parte de las AGC/Clan del Golfo y fueron asesinados a cien metros del Espacio Humanitario. Otro caso lamentable, fue el asesinato en 2017 de la lideresa Emilsen Manyoma quien había denunciado las denominadas casas de pique en Buenaventura y ayudó a la consolidación del Espacio Humanitario de Puente Nayero, hecho atribuido al entonces grupo armado organizado Los Urabeños. Por otro lado, las denuncias de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz por los acontecimientos a inicios de este año: reclutamiento de jóvenes por parte del grupo armado organizado AGC/Clan del Golfo y presencia de miembros de esta agrupación al interior del Espacio Humanitario, quienes intentan retomar el control de Puente Nayero, dejan un panorama preocupante para las comunidades que habitan los terrenos ganados al mar en el sector de la Isla. El Gobierno nacional y las tareas pendientes La situación de Orlando Castillo tras el atentado del domingo, es el reflejo de la realidad que están enfrentado los líderes sociales en Colombia desde la firma de los acuerdos de paz, lo que evidencia muchas labores pendientes por parte del Gobierno nacional en el rastreo, análisis y respuestas concretas que permitan prevenir la violencia contra los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en el país. Una señal del desfase entre la realidad y las acciones del Gobierno, más allá de no aceptar la sistematicidad en el asesinato de líderes y lideresas, además de las cifras variantes, es que no han podido validar con las organizaciones sociales, por parte de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la “Política Pública de Protección Integral y Garantías para Líderes y lideresas sociales, Comunales, Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos”. Una política pública que la exministra Nancy Patricia Gutiérrez dejó en ‘documento marco’ y que requiere acelerarse por parte de la nueva Ministra del Interior Alicia Arango para construir el documento CONPES; y, en términos de voluntad política, que en verdad recoja medidas estratégicas que garanticen la defensa de los Derechos Humanos en Colombia.

Por: Laura Cano, periodista Pares. En las últimas horas se conoció, por voz de José Félix Lafaurie, que Darío Acevedo, actual director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) había sugerido firmar un convenio con Fedegán, un gremio que ha estado salpicado por años con hechos que han recrudecido la violencia en el país: despojo de tierras, desplazamiento forzado y nexos con paramilitares. A pesar de esto, el supuesto convenio iría muy por la línea que se ha planteado el Centro Nacional de Memoria Histórica desde la posesión de Acevedo en cabeza de la Institución: el olvido de las víctimas, sus verdades y el fortalecimiento de una historia homogénea por parte de sectores que han institucionalizado el conflicto. Dicho convenio que adelantaría el CNMH promovería la creación de documentos donde se narre cómo el sector ganadero ha sido víctima del conflicto. “Hay una cosa que es cierta y es que los ganaderos fueron víctimas porque la guerrilla los secuestró, los asedió, los atacó, pero la respuesta de los ganaderos fue ayudar a la conformación de grupos paramilitares”, aseguró León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, PARES. Esta afirmación viene precedida por varias investigaciones y casos en los que el hilo conductor fue una alianza por años entre el gremio y las Autodefensas Unidas de Colombia, que se dieron como supuestas medidas de seguridad ante los ataques de las Farc y que terminaron dando control de esta estructura armada en varias zonas del país, elevando las cifras de desplazamiento y despojo de tierras respondiendo a los intereses de la Federación. Sin embargo, líderes de Fedegan como José Félix Lafaurie, se han empeñado en decir que estos hechos fueron principalmente ejecutados por las guerrillas, mientras que las cifras reveladas en una investigación adelantada por la Fundación Forjando Futuros y la Fundación Paz y Reconciliación, muestran que en el contexto del conflicto armado los hechos de despojo fueron principalmente realizados por grupos paramilitares. Los paras han arrebatado un 55% del total de alrededor 6,6 millones de hectáreas que fueron despojadas, mientras que el 13% de los casos corresponden a hechos ejecutados por las guerrillas. Además, en un 75% las principales víctimas de estos hechos fueron campesinos propietarios de terrenos con menos de 10 hectáreas. El paramilitarismo en manos de Fedegán Las acusaciones de los nexos del gremio con las AUC no son nuevas, de hecho, se han investigado estos casos desde la posesión de Jorge Visbal Martelo, quien ejerció como presidente de Fedegán desde 1991 hasta 2004, y quien en el 2018 recibiría una condena de nueve años de prisión por nexos con paramilitares, hecho que fue investigado luego que Salvatore Mancuso y Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, manifestaran las alianzas del ex dirigente de Fedegan con las AUC, nombrando precisamente encuentros y reuniones del funcionario con ex comandantes de la estructura armada ilegal desde 1998 hasta 2005. A esto se le suman las afirmaciones de Lafaurie, quien habría pronunciado el auspicio a los paramilitares desde el gremio, justificado como medida de defensa. Hecho cercano a lo declarado por Benito Osorio Villadiego, expresidente del Fondo Ganadero de Córdoba y condenado en 2015 a 19 años y medio de cárcel por destrucción y apropiación de bienes protegidos, deportación, desplazamiento forzado de población civil, lavado de activos agravado, testaferrato y concierto para delinquir, quien nombró que Lafaurie fue intermediario entre Salvatore Mancuso y el exministro del Interior y exembajador del gobierno de Uribe, Sabas Pretelt De la Vega, quien presuntamente se habría quedado con parte de la tierra despojada en calidad de “tercero” y quien también fue condenado 6 años y ocho meses por cohecho en el caso de la ‘Yidispolítica’. Además, el ahora presidente de Fedegan, también se ve relacionado con José Miguel Narváez, quien fue su asesor, exsubdirector del DASy la cabeza del asesinato de Jaime Garzón por parte de grupos paramilitares, por lo que fuecondenado a 30 años de prisión. La negación a la restitución de tierras “De las más de 6.000.000 de hectáreas despojadas, apenas se ha restituido 237.679, ni siquiera el 10 por ciento”, afirmó Ariel Ávila, en el artículo ‘La masacre que quiere esconder José Félix Lafaurie II’. El contexto de la restitución de tierras a víctimas del conflicto armado ha estado rodeado por una disputa muy desigual, por un lado, están los empresarios y ganaderos, los llamados “terceros” y una clase política que ha puesto todas las trabas para que la restitución vaya a paso lento, y por el otro están los reclamantes de tierras que no han bajado la guardia pidiendo lo que les es propio. En esta referencia se ubican los llamados “ejércitos anti-restitución”, denunciados por Ariel Ávila y a los que en 2016 se refirió diciendo que: “Los llamados “ejércitos anti restitución”, no son como tal ejércitos, así se hacen llamar, pero son estructuras sicariales de entre 15 y 30 personas que prestan servicios ilegales de seguridad privada o las propias Bandas Criminales prestan estos servicios. Son contratados por lo que la ley llama “terceros de buena fe”, es decir, personas que están en el mundo de la legalidad, son empresarios rurales, ganaderos o políticos locales. Estas personas fueron las que en realidad se quedaron con la tierra despojada a campesinos y algunos ante el miedo de perderla prefieren asesinar a los reclamantes de tierras”. Además, a esto se le suma la estrategia política adelantada por María Fernanda Cabal, quien pasó el Proyecto de Ley 020 de 2019, promoviendo que quienes habían adquirido las tierras despojadas no tuvieran que presentar mucha documentación y que solo bastara la presunción de que quienes las adquirieron no tenían conocimiento de lo ocurrido, esto, buscando hacer más lento el proceso y además poniendo barreras a quienes reclamaban su tierras. De nuevo a la raíz del problema del conflicto: la tenencia de la tierra. A Fedegán también se le acusa de la mala administración de parafiscales que han sido entregados al gremio con el fin de modernizar la ganadería, fomentar las exportaciones de carne y de leche y apoyar a los pequeños y medianos ganaderos. León Valencia, escribió en Prensa Rural en el año 2019 que: “Los dirigentes de Confegán, una organización de ganaderos disidente de Fedegán, se han lanzado a desnudar a José Felix Lafaurie y a la junta que conduce al gremio con denuncias muy documentadas. Dicen que los 600.000 millones de pesos recolectados en el cobro por cada res sacrificada o por cada litro de leche vendido han sido dilapidados por una rosca que primero acompañó a Jorge Visbal y ahora acompaña a Lafaurie”. Sin embargo, y a pesar de las investigaciones, en enero de 2019 el presidente Iván Duque entregó uno de los mayores fondos de recolección de parafiscales a Fedegan a través de un contrato por alrededor de 90.000 millones que el gremio, en cabeza de Lafaurie, deberá administrar durante 10 años. Parece que Fedegan pasa por un buen momento, auspiciado por un gobierno de turno que pareciera no adelantar ninguna medida por todo lo que ha salpicado a Fedegan y quienes han estado en su dirección. Ahora con lo que viene para el gremio en cuestión de construcción de memoria se esperaría que el CNMH partiera entendiendo, como lo afirma León Valencia que “Fedegan es un protagonista de la violencia y no simplemente una víctima” y que además guíe su función partiendo que: ”lo que debe hacer es un trabajo de investigación, de construcción de memoria, pero no convertirse en un sujeto de alianza política”.

Por: Redacción Pares En el comportamiento de los cultivos de uso ilícito, como la coca, en el Catatumbo se da una reconfiguración de los actores armados ilegales en el territorio que incluye Organizaciones Criminales transnacionales dedicadas al narcotráfico como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación. Se calcula que 17 % de los municipios de Colombia registraron presencia de cultivos de coca, de los cuales los diez primeros (Tibú, Norte de Santander; Tumaco, Nariño; Puerto Asís, Putumayo; El Tambo, Cauca; Sardinata, Norte de Santander; El Charco, Nariño; El Tarra, Norte de Santander; Orito, Putumayo; Tarazá, Antioquia, y Barbacoas, Nariño) sumaron el 44 % del total de cultivos de coca del país en 2018. Es decir, tres de los diez municipios con más presencia del cultivo de la coca son de Norte de Santander, con el agravante que uno de sus municipios ocupa el primer lugar (Tibú). Esto debido, entre otras cosas, al fracaso del Programa Nacional Integral Para la Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) en la región del Catatumbo, que si bien, a julio de 2019 tiene un total de 3.000 familias en los municipios de Tibú y Sardinata, de las cuales, 68% son cultivadoras, 7,8% son no cultivadoras, 21,7% son recolectoras y el 2,4% en estado indefinido, su ejecución ha sido insuficiente para darle soluciones a las familias de la región. Estas familias han optado por continuar con el cultivo de coca y mejorar la productividad del proceso; eligiendo mejores lotes y baldíos para la siembra, podando los arbustos de coca con el fin de favorecer el crecimiento de la hoja, mejorar el flujo de aire, evitar el rozamiento de entre las ramas, facilitar el proceso de cosecha, renovación de las plantas por otras variedades existentes en otras partes país y el uso de nuevos fertilizantes. Los carteles mexicanos entran al juego el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación, quienes se han dedicado a la compra de la hoja de coca, el procesamiento y el envío pasta de coca y clorhidrato de cocaína hacia México, Estados Unidos, Europa, Asia y África, pagando a las disidencias de FARC, el ELN y el EPL la protección y el derecho de poder movilizar por el territorio sus mercancías. Se han distribuido el territorio de la siguiente manera: Sinaloa en Tibú y gran parte de Sardinata, y Jalisco Nueva Generación El Tarra, según fuentes en el territorio. Adicionalmente, algunas capturas en el departamento de Norte de Santander confirmarían la presencia de estos carteles en el territorio. Desde el 2017 se han reportado, entre otras, la captura de alias el Viejo, quien era el encargado de establecer los contactos entre el Cartel de Sinaloa con los integrantes el EPL o Los Pelusos para afianzar nuevas rutas del narcotráfico desde Colombia hacia Estados Unidos y Centroamérica. También, una captura más reciente, el 30 de octubre de 2019, en el que se judicializaron nueve hombres y una mujer, “detenidos en un operativo nacional adelantado por la Policía de Antinarcóticos, señalados de pertenecer a una red de narcotráfico internacional, cuya droga salía del Catatumbo con destino a otros países, en convenio criminal con el Cartel de Sinaloa, la guerrilla del Eln y Los Pelusos. Sin dios ni ley en la frontera Según el último informe de Pares Sin dios ni ley, sobre la situación de violencia en la frontera colombo-venezolana, entre 2012 y 2019 en los municipios de frontera con Venezuela han sido asesinadas 4.911 personas; 71 niños, niñas y adolescentes han sido vinculados a algún grupo armado ilegal; 71.561 personas han sido expulsadas forzosamente y 203 han sido secuestradas. Igualmente, 378 migrantes venezolanos han sido asesinados entre 2017 y 2019. La actual dinámica de seguridad en la frontera presenta un recrudecimiento de la violencia y el incremento de los escenarios de riesgo tanto para la población migrante como para la población colombiana que reside o transita en esta zona del país. Actualmente en la zona fronteriza hacen presencia 28 Estructuras armadas Ilegales, entre las que se encuentra el Grupo Armado Ilegal del Ejército de Liberación Nacional (ELN), 13 Grupos Armados Organizados, de alcance principalmente regional, como el EPL, Los Rastrojos, Clan del Golfo y 10 Grupos Armados PostFarc (GAPF), y 14 organizaciones criminales de carácter transnacional como los Pranes y el Cartel de Sinaloa. Estructuras como las del ELN y los GAPF pueden identificarse a lo largo de los siete (7) departamentos, concentrándose especialmente en los departamentos de Norte de Santander, Arauca y Vichada.

Por: Laura Cano, periodista Pares. Desde principio de año las alarmas han estado encendidas por la sistematicidad que ha habido en asesinatos a persona en proceso de reincorporación. Aunque el panorama no es nuevo, sí se esperaba más respuestas por parte del Gobierno sobre las garantías de seguridad y en el fortalecimiento de la Unidad Nacional de Protección para que se procurara una disminución en esta situación, que durante el 2019 mantuvo alerta a los miembros del partido Farc y de las organizaciones que hacen veeduría a la implementación, pues ese año fue el más violento para los excombatientes, con un total de 77 asesinatos. La esperanza de que el 2020 fuera diferente, también venía precedida por la apertura política que de una u otra forma había empezado a gestarse con las elecciones regionales dadas en octubre de 2019, en las que 300 candidatos fueron avalados por este partido o eran excombatientes que se habían presentado con otros partidos. De estos, doce (12) fueron elegidos para diferentes cargos y tres de fueron nombrados alcaldes, de los cuales dos (2) eran exintegrantes de las Farc-ep. Estos nuevos escenarios políticos planteados en el punto 2 del Acuerdo firmado el 24 de noviembre de 2016, también suponían una protección y garantías de seguridad, tanto a quienes estaban ocupando esos nuevos cargos, como también para quienes del otro lado habían puesto la base a este camino de implementación trasladándose a Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y creando nuevas dinámicas desde sus formas de participación. Estas personas son las que han estado al frente de un proceso que les está costando la vida. 190 personas en proceso de reincorporación asesinadas Sin embargo, las cosas no han sido muy diferentes a lo que se esperaba cambiar en relación con el pasado año. Desde la firma del Acuerdo, hay más de 190 personas en proceso de reincorporación asesinadas, según lo reportó el partido Farc. Y uno de los puntos más preocupantes de esta situación es el silencio que hay por parte de Iván Duque, pues desde que se empezaron a recrudecer estos casos no se ha generado una medida concreta hacia la protección de los firmantes. Al contrario, por un lado, hace aproximadamente un mes, la ministra del interior de ese momento, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que por la voluntad de los excombatientes el Acuerdo era “semifallido”, esto poco antes que se había registrado el asesinato de Darío Herrera, en Ituango, una población que hoy está en una crisis humanitaria por el creciente número de desplazamiento forzoso que se está dando por los constantes enfrentamientos entre disidencias de las Farc-ep y el Clan del Golfo, lo que ha obligado, a por lo menos, 900 personas a abandonar sus territorios. Por otro lado, en relación con los últimos casos de asesinatos registrados; el de Esder Pineda Peña en Algeciras, Huila y el de Winston Moreno en Quibdó, Chocó, los organismos gubernamentales han dicho: por parte del gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán López, se hizo un consejo de seguridad para proponer estrategias que protejan la vida de los excombatientes. Asimismo, Emilio Archila, Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, se pronunció diciendo que se organizará una sesión de la comisión de casos de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección en la zona, y que además entre la Policía, el Ejército y la Fiscalía se investigarán los casos. A pesar de esto, es necesario recordar que, como los pasados casos, se han registrado, por lo menos, seis casos más en el año y hasta el momento parece que las respuesta oficiales se quedan en el momento; en la noticia, y no se están evaluando quiénes son los que están detrás de estos casos, investigando las causas, promoviendo verdaderas medidas de protección y buscando justicia para los firmantes que han sido asesinados. Muestra de esto es la respuesta que no ha llegado por parte del Ministerio del Interior, en cabeza de Alicia Arango, quien no se ha pronunciado frente al tema y tampoco ha atendido a las llamados que se le ha dado desde los excombatientes y desde entidades de control y veeduría como la ONU, quienes hace poco se refirieron en Twitter a través de Carlos Ruiz Massieu, jefe de Misión de la ONU, diciendo que: “Condeno asesinatos contra quienes dejaron las armas. La muerte de tres (3) excombatientes en los últimos días es un llamado de urgencia para profundizar medidas de seguridad”. Ante esto, el llamado del partido de las Farc es a proteger los Acordado desde la cotidianidad y también desde actos simbólicos, como el que se dará este martes a las 6 p.m. en el Parque de los Periodistas en el que la consigna es a rechazar la sistematicidad de asesinatos y el genocidio al que se le está dando vía libre desde la falta de acciones del Gobierno.

Por: Redacción Pares LA UNIDAD DE BÚSQUEDA de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) trabaja en 163 solicitudes de búsqueda —que hasta el momento ha recibido— de niños, niñas y adolescentes que fueron presuntamente reclutados durante el conflicto armado y de quienes no se conoce su paradero. La cifra de niños, niñas y adolescentes desaparecidos puede aumentar, según la información entregada por organizaciones civiles, víctimas no organizadas, instituciones, excombatientes, entre otros. A la fecha la UBPD ha conformado un registro de solicitudes de búsqueda de 4.877 personas dadas por desaparecidas, entre las que se incluyen los niños, niñas y adolescentes reclutados. “La recuperación de un cuerpo es un paso para encontrar a una persona desaparecida. Pero su hallazgo solo se produce cuando se identifica y se entrega a sus familiares”. Esta frase, pronunciada por la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), Luz Marina Monzón, evidencia la complejidad de un proceso que implica además la recolección, cruce y análisis de información, y el contacto con los familiares de las víctimas, entre otras acciones humanitarias. Más de 25 mil cuerpos no identificados En Colombia, de hecho, hay alrededor de 25.000 cuerpos no identificados que permanecen en las instituciones del Estado y en los cementerios del país y, por lo tanto, no han sido entregados a sus familiares. A pesar de que se les practicó la necropsia médico-legal, a la fecha no se conoce el nombre de las víctimas y si entre ellas hay personas desaparecidas del conflicto armado. Ante la magnitud del desafío, la UBPD, el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación emprendieron un proyecto para impulsar la identificación de los cuerpos que fueron sometidos a necropsia entre 1960 y el primero de diciembre de 2016 (fecha de la refrendación del Acuerdo de Paz). El reto consiste en recolectar y analizar los expedientes de necropsia, bases de datos y otras fuentes de información con el fin de realizar el diagnóstico del proceso de identificación de los cadáveres no identificados. Para posteriormente proponer diversos planes de acción que contribuyan a impulsar el proceso de identificación.

Por: Esteban Salazar Giraldo. Investigador Nacional PARES Foto: El Espectador En el seno de una familia conservadora, liderada por los hermanos Enrique, Roberto, Julio y Jorge, se ha erigido un emporio que los tiene hoy en el ojo del huracán, y a sus actuales socios, los Char. La santísima trinidad: política, poder económico y corrupción, ha ungido tras décadas a una de las familias más poderosas del Atlántico. Al igual que el Clan Char, el poder de los Gerlein corre en la sangre. Desde el siglo XIX con la llegada del comerciante alemán Eduardo Gerlein Smulders comenzó esta dinastía. Su hijo, Eduardo Gerlein Guell, se posesionó como gobernador del Estado de Bolívar entre el 4 de mayo de 1898 y el 10 de diciembre de ese mismo año, previo a la existencia del departamento del Atlántico. Posteriormente, su sobrino, Julio Gerlein Comelín, heredó esta vena política posicionándose como uno de los políticos más importantes de la élite barranquillera a mediados del siglo XX. Cabe recordar que Julio Gerleín Comelín fue el fundador y gerente de la zona franca de Barranquilla y gerente, así como el creador del Comité Olímpico internacional. Gerleín Comelín era hermano de Enrique Gerleín, quien se casó y tuvo 4 hijos: Enrique, Roberto, Julio y Jorge Gerleín Echeverría. De estos, Roberto y Julio empezaron a hacer su carrera política a temprana edad con su tío Julio. Mientras que el resto de la familia continuaba su ascenso económico por medio de la ganadería y la construcción. El mayor de los Gerleín Echeverría (luego de la muerte de Enrique Gerlein en 2002), Roberto Gerlein (Barranquilla, Atlántico, 1938), fue el que más aprovechó la política. Este abogado es bien recordado por sus 5 décadas en el Congreso, atornillado con el aval del partido Conservador desde 1968 hasta 1973 en Cámara de Representantes y, luego de su breve paso por la gobernación del Atlántico (1974-1975), desde 1974 hasta 2018 en el Senado. En las décadas de los 70 y 80 su principal rival fue el Clan Name. Pero, con la llegada de Fuad Char a la política a finales de los 80 y principios de los 90, este fue su mayor competidor. El mediano, Julio Gerlein (Barranquilla, 1940), el del poder económico, es bien conocido en la política atlanticense por ser uno de los mayores financiadores de campañas. Su poder reside en la trayectoria como contratista. Estudió ingeniería civil y luego se posicionó como el zar de la contratación desde 1992 en las construcciones de Barranquilla por medio de empresa Valores y Contratos (Valorcon), relacionada en las investigaciones por el escándalo de Odebrecht. La llegada de Aída Merlano a la historia El menor, Jorge Gerlein (Barranquilla, 1941-2016), odontólogo y político, empezó su carrera en 1990 como senador, cargo en el que duró tan solo un año, para luego pasar al concejo de su ciudad natal entre 1991-1993. Fue uno de los diputados más votados el Atlántico entre 1993-2004, hasta que decidió dar su paso a la Cámara de Representantes para el periodo 2006-2010. Poco se recuerda a Jorge debido a su muerte en 2016, pero en el Atlántico era conocido por ser el estratega político de la familia. Ahora bien, a pesar de que en el pasado Roberto Gerlein fue un férreo competidor de los Char, la relación entre estos tuvo un punto de inflexión clave con la llegada de Aída Merlano a la política. Incluso, poco tiempo atrás. Todo comenzó desde el momento en que Julio Gerlein apadrinó la campaña de Merlano a la asamblea departamental en 2011, pero quien manejaba la chequera era su exesposo, el concejal más votado de Barranquilla, Carlos Rojano. Merlano tenía una relación sentimental con Julio Gerlein, quien para el 2014 decidió impulsar la campaña de su hermano al Senado una vez más, aunque con la condición de que llevara a Aída Merlano como su fórmula en Cámara de Representantes. En efecto, Merlano renunció a su curul en la asamblea departamental y aun siendo una total desconocida, llegó a la Cámara en 2014. Para el año 2018, Roberto Gerlein decidió retirarse de la política y como apuesta Julio Gerleín decidió apostarle al salto de Merlano al Senado. Para ese momento, el Clan Char, que tenía relaciones directas con el concejal Rojano y con Julio Gerleín por los negocios que tenían en común con contratos en Barranquilla, le apostaron también a la candidatura de Merlano, poniéndole la estructura de votos a cambio de que Julio Gerleín proveyera económicamente las campañas de las demás candidaturas de los Char. Como es bien sabido, apenas una hora después de la elección de Merlano en marzo de 2018, esta fue capturada en la denominada “Operación Casa Blanca”, en la cual se encontraron en su sede desde armas hasta un sofisticado sistema de corrupción electoral. Un hecho por el cual estaría en investigación el senador Arturo Char, como uno de los mayores beneficiarios de esta estructura, así como el empresario Julio Gerlein.

Por: Laura Cano, periodista Pares. De origen sirio-libanés a convertirse en el poder más estable de la Costa Atlántica: Los Char, una familia que ha sabido mover las fichas económicas y políticas para dominar una clase dirigente en la que están a punto de poner un presidente: Alejandro Char. Una breve línea del tiempo muestra cómo Ricardo Char, padre de Fuad y abuelo de Alejandro, con tan solo 26 años, en 1926, llega a Colombia, exactamente a Lorica, para armar todo un monopolio económico, que luego saltaría a la política, hasta convertirse en un clan salpicado hoy por toda una red de corrupción. Iniciaron con un negocio de las joyas. Luego se hicieron dueños de un almacén en Barranquilla llamado, para ese momento, El Olímpico (1955), convertido desde 1988 hasta hoy en Supertiendas Olímpica, conglomerado que dio sus primeros pasos en 1956 cuando Fuad lanzó la droguería Olímpica No.2, aprovechando los estudios que había hecho en esa ciencia en la Escuela de Cadetes. Para ese entonces Fuad tenía 17 años y las tiendas ya eran conocidas por su slogan: “la que más barato vende”, lema que cumplieron con el empeño de Fuad y que hoy las mantiene vigentes con un ingreso de ventas de 5,7 billones de pesos, dinero registrado en 2017. Así, los Char fueron ampliando su horizonte económico adentrándose en los negocios a través de varias empresas que han permanecido vigentes y que les han dado capital para ser los Char que hoy son, por una parte, se hicieron dueños Radio Regalos en 1968, emisora que dio base a la Organización Radial Olímpica, hoy una de las emisoras más reconocidas y con mayor presencia en el país; en total están en 17 ciudades y tienen 30 emisoras. El 14 de diciembre 1977 el Junior de Barranquilla logró su primer título en el fútbol colombiano. Con esto, principalmente Fuad Char, ganó más popularidad que le serviría en un papel que se le acercaba: el de político. Siete años después de ese triunfo, en 1984, Jaime Castro, ministro de gobierno en el periodo presidencial de Belisario Betancur (1982 – 1986), también presidente de la Dimayor y luego alcalde de Bogotá (1992), le ofrece a Fuad Char la Gobernación del Atlántico. En ese tiempo y dentro de los reconocimientos que se llevó Fuad durante su gestión, estuvo la inauguración del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez el 11 de mayo de 1986, mismo año en el que quedó en el cargo de Ministro de Desarrollo, en el gobierno de Virgilio Barco (1986 – 1990). En 1997 la Revista Dinero, publicó que Fuad “regresó a Barranquilla a finales de los ochenta, impresionado por la precariedad de los políticos costeños, que le dejaron el mal sabor del oportunismo y la corrupción”. Allí Fuad dijo que los políticos de esa región: «solo se acercaban a pedir puestos y partidas presupuestales». “No quería más poder por delegación sino por cuenta propia. Había que armar un movimiento con nuevas caras y en contravía de los políticos tradicionales. Derrotó en la elección para el Senado a los Slebi, los Martinez Leyes y en su apuesta para gobernador -Gustavo Bell- y alcalde -el cura Bernardo Hoyos, de quien después se decepcionó- se llevó por delante a los candidatos de José Name Terán y Roberto Gerlein. Repitió Senado en 1994 convirtiéndose en el mayor elector individual con 86.000 votos propios. El gran jeque, a quien todos llaman «senador» había ampliado su redil de simpatizantes de su causa y de gobernantes por elección popular. Tiene once de los veintidos alcaldes municipales y controla 4.000 empleos públicos nacionales”, (Dinero, 1997). Los planes de los Char Desde ese momento la historia de Fuad y su familia Char es la de un poder permanente en las esferas políticas, en la que han combinado su riqueza y unas estrategias de política clientelares para garantizar el fortalecimiento e influencia del clan en las decisiones y negocios que han movido el país. A los Char se le ha denunciado por compra de votos, por financiar campañas con dineros ilegales, como es el caso Odebrech, por saltar los topes de inversión en lo que es legalmente permitido, por parapolítica con David Char, sobrino de Fuad. Desde 1991 los Char están en el Congreso, primero con Fuad, que estuvo hasta 2010, incluso disputando la presidencia del Senado en el 2004, mientras Álvaro Uribe Vélez figuraba como presidente, en ese momento fue Luis Alfredo Ramos quien quedo en la cabeza del Senado. En ese mismo año Fuad se alía con el Partido Cambio Radical y para ese momento su hijo Alejandro se había desempeñado como Concejal con el aval del Partido Liberal (1997), Gobernador del Atlántico (2003), cargo que ocupó solo siete meses, luego de denunciar irregularidades en las elecciones del año 2000 en las que Char había perdido por 700 votos y en las que había salido elegido Ventura Díaz. Para ese momento Alejandro ya se preparaba para ser alcalde de Barranquilla en el 2008 (58% de los votos – aval de Cambio Radical), rol que desempeñaría hasta 2011 y para el que contó con las alianzas que se generaron con las familias Gerlein y Name, para luego ser reelegido para el periodo 2016 – 2019 (77 % de los votos – aval Cambio Radical). Además, en el año 2012 fue nombrado Alto Consejero para las regiones por el entonces presidente Juan Manuel Santos. En ese momento, Arturo Char, el otro hijo de Fuad, era presidente de los negocios de la familia con el grupo Olímpica, para luego también saltar a la política como senador en el 2006 por el partido Cambio Radical y con un total de votos de 61.634, cargo en el que hoy todavía está y en donde podría ejercer como presidente del Senado desde julio. Un clan político muy poderoso Los Char han puesto alcaldes en Barranquilla, entre estos Elsa Noguera, han movido fichas en el Congreso que han servido al clan para su anclaje a través de una transferencia del capital político que han construido por años. Hoy, a diferencia de lo que Fuad decía hace 22 años, los Char habrían sido oportunistas, le habrían abierto paso a la corrupción y además han jugado a las partidas presupuestales para crear un poder homogéneo con presidentes, congresistas, alcaldes y gobernadores, para convertirse en los amos y señores de la Costa Atlántica. A los Char se les ha denunciado por compra de votos, por financiar campañas con dineros ilegales, como es el caso Odebrech, por saltar los topes de inversión en lo que es legalmente permitido, por parapolítica con David Char, sobrino de Fuad. En esas denuncias y en relación con está familia está Germán Vargas Lleras, Juan Manuel Santos, Iván Duque, Néstor Humberto Martínez, la empresa Valorcom y los Gerlein. Todo esto se había quedado estancado, pero volvió a salir al debate público luego de las denuncias que Aída Merlano ha hecho. “El 95% de las cosas que dijo Merlano son ciertas, puede haber cosas inciertas. El llamado es que no se dejen embaucar de los que van al clan Char diciendo que las afirmaciones de la excongresista son falsas”, afirmó León Valencia en Red+. Los Char lograron poner en las últimas elecciones nueve congresistas, seis senadores: Ana María Castañeda, Antonio Sabaraín, Arturo Char, Luis Eduardo Díazgranados, Miguel Amín y Aida Merlano, y tres representantes a la cámara; Karina Rojano, José Gabriel Amar y César Lorduy. Hoy están salpicados con toda una red de corrupción. Alejandro ha pasado, por los menos, por 21 investigaciones en su contra, en las que algunas no avanzan y donde hay un riesgo que para el 2022 haya un fraude electoral masivo y Alejandro logré la presidencia en el siguiente periodo. «En las ciudades donde hay un voto de opinión ellos no van a poder y es posible que terminen como Vargas Lleras; reflejando lo peor de la política y no van a sacar votos, pero el susto es que los Char tienen mucha plata y le van a meter mucho dinero a la campaña política del 2022 y contra eso es muy difícil dar la pelea”, afirmó Ariel Ávila en Semana. Además, hay otro riesgo más cercano, que es la posesión de Arturo Char en la presidencia del Senado, aun cuando con lo dicho por Aída, a este se le abrió una reciente investigación en la Corte Suprema de Justicia. “Yo le digo a la clase política: si ustedes no cambian los vamos a cambiar. La gente en la calle no se va a aguantar. Con qué dignidad un país puede decir que tiene una democracia en donde Arturo Char puede ser el presidente del Congreso”. Sin embargo, y a pesar de todo esto, hay un problema que da luz verde a los planes de los Char: la Fiscalía, en cabeza de Francisco Barbosa, no se ha mostrado operante en su función de investigar los casos expuestos por Aída y continuar con las denuncias que desde antes se habían puesto y que se quedaron en el papel. Con esto el panorama no es alentador y demuestra que la herramienta que queda para los ciudadanos es la calle, el lugar donde la indignación se vuelve pública.

Por: Redacción Pares Con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna 2020, el 21 de febrero, la UNESCO celebra las “lenguas sin fronteras”. Las lenguas locales y transfronterizas tienen la capacidad de promover el diálogo pacífico y de contribuir a la preservación del patrimonio indígena. En Colombia existen aproximadamente 68 lenguas nativas habladas por cerca de 850.000 personas. La diversidad cultural y lingüística es esencial en la creación de sociedades sostenibles y la preservación de las diferencias entre las diferentes culturas y lenguas favoriza la tolerancia y el respeto de los demás. A través de todo el mundo podemos observar cómo algunas lenguas locales, lejos de desaparecer, en realidad prosperan. En muchos casos, se trata de lenguas transfronterizas que evolucionan con rapidez. Por ejemplo, las variantes locales del maorí habladas en Nueva Zelandia y en las islas Cook, y el sami, que se habla en toda la Europa del Norte, se han beneficiado con los esfuerzos desplegados por los diferentes gobiernos a partir de los años 1980 con miras redinamizarlas. En muchas regiones del mundo, las fronteras fueron impuestas de manera artificial. Desde el África subsahariana hasta el Oriente Medio pasando por América Latina, numerosas fronteras fueron el resultado de negociaciones y se establecieron arbitrariamente, dividiendo a las comunidades que existían desde siglos atrás. Este proceso contribuyó al nacimiento de conflictos en todo el mundo. Un ejemplo de ello es el quechua. La lengua del antiguo imperio inca evolucionó hasta convertirse en una familia de lenguas indígenas vinculadas entre sí, que cuenta con cerca de 8 a 10 millones de hablantes en Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia y Argentina. Gracias a su dinamismo, las lenguas transfronterizas permiten que las culturas y las tradiciones prosperen. En un contexto adecuado, pueden convertirse también en instrumentos potentes de promoción de la paz entre los países vecinos. Los vínculos de empatía y patrimoniales compartidos a ambos lados de una frontera y entre varios países de una región refuerzan la solidaridad entre los pueblos vecinos y permiten que las personas puedan celebrar la complejidad de sus identidades multidimensionales. El desarrollo de la enseñanza multilingüe basado en la instrucción en lengua materna permite no solo mejorar los rendimientos del aprendizaje, sino que ayuda también a conservar la diversidad lingüística y el multilingüismo, un elemento clave de la inclusión. Lenguas nativas y criollas de Colombia En Colombia existen aproximadamente 68 lenguas nativas habladas por cerca de 850.000 personas. Entre ellas, se encuentran 65 lenguas indígenas, o indoamericanas, dos lenguas criollas habladas por afrodescendientes: el creole de base léxica inglesa hablado en San Andrés, Providencia y Santa Catalina y el Ri Palengue de base léxica española, hablada en San Basilio de Palenque, Cartagena y Barranquilla, donde residen palenqueros. De igual manera, en Colombia, también se encuentra, la lengua Rromaní hablada por el pueblo Rrom o Gitano presente en diferentes departamentos del país. Muchas de estas lenguas están en riesgo y los próximas generaciones no las conocerá. Es urgente conservar la diversidad lingüística. En esta conmemoración la Corporación de Juristas Akubadaura invita al Estado Colombiano a debatir la efectividad de la “Política de Protección a la Diversidad Etnolingüística”, a construir en conjunto las metodologías de implementación y la asignación presupuestal de la misma, y a proteger de manera expedita las lenguas originarias. Este llamado se enmarca en las obligaciones a las que debe responder el Estado en la Constitución Política de Colombia, en el Convenio OIT 169 de 1989 y en las recomendaciones de la Relatoría Especial sobre derechos de los pueblos indígenas de la ONU, que exigen la protección del haber cultural como forma de garantizar la pervivencia física y patrimonio cultural de nuestros pueblos. Como una acción para la preservación de la lengua Embera Chamí, entre muchas otras, un grupo de jóvenes del Resguardo de Karmata Rua en Antioquia, con la Corporación de Juristas Akubadaura, expresan a través de su idioma y la música rap, una de las necesidades sentidas por los 104 pueblos indígenas colombianos: la Consulta Previa.

Por: Redacción Pares Ernesto Samper Pizano tuvo su segunda sesión en el Espacio de Contribución a la Verdad con la Comisión de la Verdad. En esta ocasión, el expresidente se refirió a tres temas específicos, el proceso 8.000, el asesinato de Álvaro Gómez y la conspiración que se fraguó durante su gobierno para darle un golpe de Estado. Samper insistió en invitar a otros expresidentes a acercarse a la Comisión de la Verdad para participar en estos espacios de contribución. Por parte de la Comisión estuvieron el presidente Francisco De Roux y las comisionadas Marta Ruiz, Patricia Tobón y Lucía González. Francisco De Roux indagó a Samper sobre los dilemas éticos que le planteó en su momento aceptar recursos del narcotráfico, reconocer esta infiltración de dineros ilegales y la posibilidad de delegar la presidencia tras ver afectada la gobernanza por el escándalo de la financiación de la campaña. “Yo quiero que se encuentre la #verdad, esto no es un estrado judicial y aquí no vengo a acusar a nadie”: @ernestosamperp en #ContribucionesALaVerdad#EnVivo ► https://t.co/5Kkc6q26Ea pic.twitter.com/YtUdTdHlai — Comisión de la Verdad (@ComisionVerdadC) February 20, 2020 La comisionada Marta Ruiz preguntó por el papel del fiscal Gustavo De Greiff en los aportes del Cartel de Cali a la campaña a la presidencia de Samper. Además, preguntó por el grupo Jorge Eliécer Gaitán (JEGA) que tras secuestrar al hermano del expresidente César Gaviria pidió la renuncia de Ernesto Samper. La comisionada Lucía González preguntó por el papel de los paramilitares, las Farc y los esmeralderos en la conspiración. Y cerró indagando por las dificultades que hay en el país para organizar una lucha integral contra el narcotráfico. Posteriormente vino el espacio de preguntas por parte de los periodistas, quienes preguntaron por Juan Manuel Santos y su papel en la conspiración en contra de su gobierno. También por un supuesto acercamiento para negociar con el Cartel de Cali. Otra pregunta fue por su relación con Elizabeth Montoya de Sarria y también por la impunidad de la que gozaron los paramilitares durante el gobierno de Samper. “Hay gente que quiere que la guerra vuelva. Y la misión de la verdad es servir como antídoto a esas intenciones”: @ernestosamperp en #ContribucionesALaVerdad#EnVivo ► https://t.co/5Kkc6q26Ea pic.twitter.com/uibcaCw08p — Comisión de la Verdad (@ComisionVerdadC) February 20, 2020 ¿Cuál es su mensaje a la clase dirigente de Colombia? En octubre de 2019 el expresidente Ernesto Samper Pizano (1994-1998) habló ante la Comisión de la Verdad sobre el problema de las drogas en el marco del conflicto armado interno colombiano, los militares y dinámicas de la guerra en el período 1994-1998 y la expansión de los actores del conflicto armado en ese periodo de tiempo. En ese momento, Pares le preguntó cuál era su mensaje a la clase dirigente de Colombia: Pienso, sinceramente, que al país le está haciendo mucho daño la polarización; pero a mu juicio esta polarización no es entre paz o guerra ya que la mayoría de los colombianos estamos a favor de la paz. Tampoco es un problema de izquierda o derecha, aquí lo que tenemos son dos bandos enfrentados no por la paz, sino por los acuerdos de La Habana. Un lado que legítimamente acompañó al presidente Santos, y el otro lado en el que está el presidente Uribe y el presidente Duque, que hoy en día tienen la responsabilidad de sostener esos acuerdos. La mejor manera de superar esta polarización es que haya una gran convocatoria en la cual pudieran participar, no solo las fuerzas políticas, sino todas las fuerzas sociales y los agentes económicos, un gran acuerdo nacional, como en su momento fue el Frente Nacional, para que se creen unos protagonismos alrededor del sostenimiento de la paz con todos los matices que se le puedan introducir. El momento del presidente Duque es el momento del posconflicto que es quizá el momento más difícil porque habrá que entrar a reconstruir el tejido social que produjo siete millones de víctimas, el tejido económico de un conflicto que nos costó alrededor del 5% del Producto Interno Bruto y el tejido institucional que es llevar la presencia social del Estado a los municipios de donde salieron las Farc. En ese desafío también tendremos que ponernos de acuerdo. Hoy en día tenemos los compromisos de los acuerdos de La Habana como corchos en medio de un remolino de una polarización entre el presidente Santos y el presidente Uribe, alineados entre esas dos orillas y eso no es bueno para el país.

Por: Laura Cano, periodista Pares. Treinta y nueve años fue el tiempo que estuvo Mario Montoya en el Ejército Nacional de Colombia (1969 – 2008. En esos años pasó por varios puntos del país a través de sus cargos; Cúcuta, Villavicencio, El Bagre, Santa Marta y Arauca. Fue Comandante de Compañía del Grupo de Caballería No. 5, del Batallón de Inteligencia No. 4, de la Escuela de Caballería del Comando Operativo No 9, de la Brigada No 18, del Conjunto No 1 del Caribe, en el Batallón de Inteligencia del Ejército y de la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur. Además, fue comandante de la Brigada IV del Ejército en Medellín desde 2001 hasta 2003, esto precedido por su comandancia en el Batallón Antinarcóticos del Ejército en Caquetá en la que fue nombrado en el 2000. Hoy, Mario Montoya es uno de los hombres que hizo parte de esta Institución con más cuestionamientos, y también por quienes muchos piden celeridad en la justicia y los procesos necesarios para que la verdad y la reparación a las víctimas de la gestión castrense de Montoya sea una realidad, ojalá cercana. El héroe de Uribe Los años en los que el ‘prestigio’ militar de Montoya creció y en el que más honores militares adornaron su uniforme, fue justamente en el primer periodo de presidencia de Álvaro Uribe Vélez, en el que la Seguridad Democrática fue la bandera del accionar tanto del Ejército, como del expresidente (2002-2006). Ese supuesto plan de defensa y seguridad para reducir la exguerrilla de las Farc-ep, fue en realidad una de las medidas que más recrudeció el nivel de violencia dentro del marco del conflicto armado, en el que en nombre de ese objetivo se cometieron masacres, desapariciones, asesinatos y una serie de actos que terminaron afectando a millones de personas tanto en las ciudades, como en las zonas rurales. Detrás de toda esa serie de hechos había un una cabeza que dinamizaba todo lo que sucedió en ese tiempo desde la institucionalidad, se trataba de Mario Montoya, quien hoy por hoy está sometido a la JEP y quien en sus últimas audiencias se limitó a decir que iba a hacer uso de su derecho a guardar silencio, y cuando habló fue para burlarse de lo que ha ocurrido en el país, diciendo que los militares que participaron en los delitos por los que se le acusan no sabían lo que hacían, pues eran jóvenes de estrato 1 y 2. Montoya llegó ante esta justicia por estar relacionado con los casos de ejecuciones extrajudiciales, esto después de que once militares que también están en la JEP lo involucraran por estos hechos en sus versiones. Un rastreo de lo que fue el tiempo de Montoya en el Ejército les da la razón y demuestran que el exgeneral está demorado en que la ley lo condene por sus actos. Recientemente, el teniente coronel Álvaro Amórtegui Gallego al comando del conjunto Número Dos de Cali, reveló a través de un video y luego en una entrevista en Caracol Radio, cómo era el trato y las peticiones que Montoya durante su mandato hacía a los militares en el año 2001. Allí contó un caso específico ocurrido cuando Amórteguí capturó a 17 hombres quienes por petición de Montoya debían ser asesinados y luego hacerlos pasar por miembros de las Farc, poniéndoles unos brazaletes que él mismo iba a mandar. Según el teniente coronel, tras una negativa a la solicitud de Montoya la reacción de este último fue intimidar a Amórtegui diciéndole: “usted es un cobarde, me repugna y me escupió las botas. Si le da miedo vaya mate a un bobo o un loco, o sáquelos del anfiteatro». ‘Falsos Positivos’: La sombra que perseguirá a Montoya Esta versión coincide con la que hace dio en Noticias Uno el coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón, también condenado por ejecuciones extrajudiciales, quien hace menos de un año dio su testimonió y en él informó que Montoya le decía: “usted lo que tiene que hacer es: vaya saque unos tipos del anfiteatro, unifórmelos y preséntelos como resultados”, “a mí me tiene que dar son muertos y resultados en combate”. “Aquí lo que exigían eran muertes en combate y como manifestaba en sus programas el comandante del Ejército, era litros de sangre, tanques de sangre, él decía, – a mí no me importa nada de capturas, a mí me tienen que dar son muertos en combate y los muertos en combate son a como dé lugar-”. Por otro lado, en otras declaraciones, se narra cómo Mario Montoya, además de ingeniárselas con brazaletes para hacer pasar a civiles por bajas guerrilleras, arreglaba documentos, escenas y firmas para legalizar todos los asesinatos que organizaba bajo el aval del Ejército. Además de los casos cometidos en Bogotá y Soacha con jóvenes a quienes se les ofrecía trabajo y luego eran asesinados para presentarlos como bajas, también Montoya está relacionado con casos similares que ocurrieron en La Guajira, en el municipio de Dibulla en el 16 de agosto de 2006, en donde le quitaron la vida a cinco jóvenes provenientes de Valledupar con el mismo modus operandi; a través de propuestas de empleo y quienes luego fueron ejecutados en una finca conocida como El Cafetal, ubicada en el corregimiento de Palomino, para luego presentarlos como bajas en un supuesto enfrentamiento. Paramilitarismo y Ejército: la otra cara de la moneda Las alianzas de Mario Montoya con los paramilitares tienen varias vertientes. Por un lado, están las masacres y operaciones que ocurrieron mientras él estaba en la comandancia de algunos batallones o brigadas, en donde muchas veces las Autodefensas Unidas de Colombia fueron guías para que tropas del Ejército pudieran entrar en los territorios. Ejemplo de esto, la masacre en San José de Apartadó, ocurrida en 2005, en donde fueron asesinadas ocho (8) personas; tres (3) niños: Deiner Andrés Guerra (11 años), Natalia Tuberquia (5 años) y Santiago Tuberquia (1 año) y cinco (5) adultos: Luis Eduardo Guerra, Sandra Milena Muñoz, Alejandro Pérez, Bellanira Areiza y Alfonso Bolívar Tuberquia. A Montoya se le acusó de estar detrás lo ocurrido allí por medio de la Brigada XVII, en donde también hubo presencia de las Autodefensas Unidas de Colombia, quienes para ese momento ya funcionaban como guía del Ejército, esto se conoció tras las declaraciones de varios exmilitares quienes pasaron por procesos judiciales desde el año 2009, momento en el que Montoya ya se desempeñaba como Embajador de República Dominicana, cargo al que renunció en julio de 2011 por todos los casos con los que ya se le empezaba a relacionar. Montoya también estuvo detrás de la Operación Fénix (2008) en Sucumbíos; Ecuador, en la que murió Raúl Reyes y otros 22 guerrilleros más. Este hecho, además de las bajas por las que trabajaba Montoya, también dejó una crisis diplomática regional. A esta serie de masacres también se le suma lo ocurrido en la Operación Orión (octubre de 2002), en la Comuna 13 de Medellín, donde se registraron, al menos, 80 civiles heridos, 88 homicidios por parte de la Fuerza Pública y los paramilitares, 12 personas torturadas, 92 desapariciones forzadas y 370 detenciones arbitrarias. Además, en 2009 alias ‘Don Berna’ en su declaración libre desde una cárcel de Estados Unidos confirmó cómo se alió el Ejército, principalmente con Mario Montoya; la Policía, a través de Leonardo Gallego y el Bloque Cacique Nutibara de las AUC que él dirigía. Esta masacre fue precedida por la Operación Mariscal (mayo de 2002) y la Operación Antorcha (agosto de 2002), en las que también se relaciona a Mario Montoya. Por esto, el general (r) rindió versión libre ante un fiscal delegado de la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2011. A esta relación paramilitar también se le suma el enriquecimiento ilícito con el que se relaciona a el exgeneral, por la suma de alrededor de 1.500 millones de pesos, que obtuvo tras aliarse con el asesinado jefe paramilitar Miguel Arroyave para que el Bloque Centauros pudiera enfrentar y además ganar el control que tenían las Autodefensas Campesinas de Casanare. Asimismo, el desmovilizado de las AUC, Libardo Duarte alias ’Bam-Bam’, contó en febrero de 2011 ante la Corte Suprema de Justicia que Montoya colaboró con el Bloque Metro, frente que delinquía en Antioquia. A esto se le sumó lo dicho en 2010 por Juan Carlos Sierra, alias ’El Tuso’, en donde en una versión libre, también desde Estados Unidos, acusó a Montoya de estar en la nómina de la llamada ‘Oficina de Envigado’, organización criminal que en su momento fue dirigida por alias ‘Don Berna’, la cual tuvo como resultado la creación de los bloques de las AUC Cacique Nutibara y Héroes de Granada de las Auc. ‘Bam-Bam’ también corroboró lo señalado en ocasiones anteriores por paramilitares desmovilizados en el proceso de Justicia y Paz, en el que se decía que el Ejército le habría dado en el año 2002 siete (7) fúsiles y una camioneta para que fueran utilizados por miembros del Bloque Metro de las Autodefensas las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Tras todo esto no es de sorprenderse que lo último dicho por Uribe respecto a Montoya es que él “ha sido un héroe de la patria”.

Por: Paola Andrea Perdomo. Investigadora Nacional Pares. Mientras el gobierno nacional se niega a reconocer la compleja crisis humanitaria que se vive en el Catatumbo, Norte de Santander, asegurando que la seguridad en la subregión está garantizada, que los hecho recientes de violencia responden a “actos de constreñimiento” o que son apenas “situaciones” que se presentan en este territorio, la población en esta subregión permanece en una situación de violencia y confinamiento, y los grupos armados al margen de la ley siguen imponiendo sus acciones y control en el territorio. El paro armado en el Catatumbo llevado a cabo por por el EPL o Pelusos y el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) hace unos pocos días es apenas uno de los hechos que llama la atención sobre la situación de seguridad de este lugar del país. Sin embargo, las acciones armadas desarrolladas durante este, las repercusiones sobre la población civil, así como la respuesta institucional durante los días de paro armado, además de agravar la situación ya existente, permitió confirmar la incapacidad del gobierno de garantizar la protección de esta población, así como ratificar la amplia amenaza que representa para la subregión la escalada de dominio de estos grupos armados ilegales y sus disputas por el control del territorio. Un balance del paro armado El paro armado iniciado el pasado 12 de febrero por parte del EPL, aún con fecha de terminación indefinida, y el llevado a cabo por el ELN entre los días 14 y 16 de febrero, ha dejado un balance en el Catatumbo de más de una decena de vehículos interceptados e incinerados, el derribamiento de una torre de telefonía (San Calixto), uso de artefactos explosivos (Villa del Rosario Cúcuta, Ábrego, Ocaña, también del lado Venezolano) -algunos identificados y detonados de forma controlada por parte de las autoridades-, desplazamientos masivos (Hacarí, Ábrego), confinamiento de la población civil y la muerte de un integrante del Ejército por acción de un francotirador (Convención). Además, este paro dejó desabastecimiento de alimentos, pérdida de 675 toneladas de alimentos que no pudieron ser distribuidos y 1.875 toneladas aún represadas en zona rural, de acuerdo con pronunciamientos de asociaciones campesinas de la subregión. A esto se suma la continuidad de los enfrentamientos entre el ELN y el EPL, quienes desde finales del 2017, tras el rompimiento de un pacto de convivencia, han librado una fuerte disputa por el copamiento de las zonas postFarc en el departamento, buscando participar del control del narcotráfico y otras economías ilegales manejadas por el extinto grupo, como el cobro de las vacunas sobre diferentes mercados lícitos e ilícitos, principalmente en el municipio de Tibú. La disputa además obedece al interés por posicionarse y tomar el control de los mercados criminales en zona de frontera. Como consecuencia, entre el 2018 y 2019, hubo municipios del Catatumbo con un incremento alarmante en la violencia homicida: Abrego, Convención, San Calixto y Sardinata. De manera que en pleno paro armado, no siendo menos complicada la situación de seguridad en el territorio, las comunidades de Convención, Hacarí, Teorama y San Calixto reportaron fuertes enfrentamientos entre ambos grupos armados ilegales. En este video se evidencian las ráfagas de bala que cruzan por encima de los techos de las viviendas, mientras de las desoladas calles, escuelas y tiendas desabastecidas reflejan el grado de intimidación provocado por estos grupos armados. En estos mismo municipios, desde finales del año pasado la Defensoría del Pueblo viene alertando desplazamientos masivos a causa de la llegada del EPL a veredas, donde, con lista en mano, ordenan a familias a salir del territorio en menos de media hora. A todo este convulsionado escenario, la institucionalidad ha respondido con el incremento en los de puestos de control, patrullaje, recompensas e incremento en el pie de fuerza -en más de 5.000 hombres ha incrementado este pie de fuerza en el Catatumbo durante el gobierno de Iván Duque-. No obstante, la población Catatumbera no percibe ningún resultado contundente, por el contrario, considera que hay una actitud de omisión de la Fuerza Pública frente a la presencia y accionar de estos grupos armados ilegales y otros que hacen presencia en la subregión. Además, organizaciones sociales del territorio resaltan los mayores riesgo que implica la elevada militarización como respuesta a la situación de seguridad y crisis humanitaria en el Catatumbo. En este sentido las comunidades siguen a la espera que el gobierno atienda a sus obligaciones y deberes internacionales de protección y garantía de derechos de las comunidades que se encuentran en medio de esta confrontación armada, a través de respuestas y medidas que no configuren un mayor riesgo para la población civil, en las que se busque una salida dialogada al conflicto. Entre otras cosas, esta implicaría reanudar los diálogos ya iniciados con la guerrilla del ELN, quien no solo en la subregión sino a nacional ha venido fortaleciéndose, y aunque no cuenta con un poder de desestabilización del Estado, si evidencia una importantísima capacidad de sabotaje.