Por: Redacción Pares Los profesores del país convocan una jornada de paro que se llevará a cabo los días 20 y 21 de febrero. Defender sus derechos, exigir una salud digna y protestar por las amenazas de las cuales han sido víctimas muchos de los profesores de esta parte del país, son las principales razones por las cuales se llevará a cabo esta jornada nacional de movilización pacífica. La convocatoria la hizo Fecode a través de su presidente Nelson Alarcón, quien afirmó que además, acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la violación de los derechos de los maestros. Las movilizaciones serán en varias ciudades del país y en Bogotá comenzarán sobre las 9:00 a.m. de la mañana en la calle 72 con carrera 10 y tomarán la avenida 15, luego la 100 hasta llegar al Ministerio de Trabajo, ubicado entre carreras 14 y 15 con calle 99. En cada una de las regiones habrán asambleas informativas, concentraciones y movilizaciones, así como tomas en las principales ciudades de manera pacífica y creativa por medio de banderas, libros, lápices, batas blancas, velas, música, danzas y presentaciones de teatro. Defender sus derechos, exigir una salud digna y protestar por las amenazas de las cuales han sido víctimas muchos de los profesores de esta parte del país, son las principales razones por las cuales se llevará a cabo esta jornada nacional de movilización pacífica.

Por: Laura Cano, periodista Pares. Van 561 días del gobierno de Duque en Colombia y varias radiografías del contexto del país demuestran que, en varios aspectos, su gestión ha ido en retroceso o de forma inoperante, unos de estos aspectos es la política exterior. Así lo evidencia A un año del fracaso del 23F, el más reciente informe del senador Antonio Sanguino, en el que se evalúa y analiza lo que ha pasado en este tiempo con las alianzas y relaciones internacionales. La principal conclusión: hay un retorno al pasado. La ‘venezolanización’ del discurso La situación política y social de Venezuela ha sido útil para que el gobierno nacional creerá un eje en los últimos 18 meses para mostrar una figura y un discurso que va encaminado a poner sobre la mesa este tema de forma centralizada, pero a negarse a posibles escenarios de conversación que den soluciones a la crisis que vive este país. Esto mediado por un quiebre en las relaciones diplomáticas con el gobierno venezolano, por el apoyo y reconocimiento que se le ha dado al autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, y por el retiro de Colombia de organizaciones que dinamizaban sus relaciones con otros países. Además, el discurso frente al contexto venezolano estuvo fortalecido por la participación de Colombia en el Grupo Lima y de un efímero liderazgo en esa organización, que inició teniendo el planteamiento de provocar acciones para solucionar la crisis en Venezuela, pero que se ha ido agotando y que además ha tenido que mutar en la base de los argumentos de su accionar. “El 4 de febrero (2019) el Grupo de Lima, no solo advirtió sobre el diálogo como mecanismo dilatorio, sino también hizo el primero de varios llamados a la sublevación de las Fuerzas Armadas venezolanas”. Esto también ha significado una alineación con Estados Unidos, que además de homogenizar el discurso de la situación venezolana, también ha provocado una subordinación de Colombia ante Estados Unidos dando permisividad y aprobación al retorno del glifosato, además de “la instrumentalización de la presencia del ELN y una disidencia de las FARC en Venezuela, ambas útiles para re-‘securitizar’ y re-‘narcotizar’ la relación bilateral”. La destrucción del Acuerdo de Paz Otra situación que ha sido trasversal para la construcción o destrucción de las relaciones internacionales ha sido provocar un quiebre con las organizaciones y países garantes de lo acordado en la Habana, para desviar la discusión de cómo va la implementación a cuál fue el contenido de lo que ya está firmado. Esto ha llevado a que, por un lado, las organizaciones reduzcan su presencia e injerencia en el país, esto motivado también por una serie de barreras que ha promovido el Gobierno con un supuesto Marco de Asistencia que, entre otras cosas, busca controlar las acciones de los actores internacionales lo que pone en riesgo la veeduría de la situación del país para garantizar que quienes hicieron parte del conflicto armado estén siendo reparados y además que se estén haciendo los respectivos procesos judiciales para ir encaminados hacia la no repetición. Toda esta situación también demuestra que no hay un debate público para el accionar del Gobierno en cuanto a las relaciones internacionales, por lo que se hace necesario recalcar que hay un instrumento constitucional que permite expandir las discusiones frente a este, se trata de Comisión Asesora de Relaciones Exteriores (CARE), establecida en la Constitución y regulada por la Ley 68 de 1993, pero que en el gobierno de Duque no ha operado, por lo que urge que se retome y que haya una discusión desde los sectores de la sociedad civil para que las políticas internacionales velen por los intereses de todos los que habitan Colombia. “Hoy, la política exterior colombiana no tiene brújula”. (Descargue aquí el informe completo)

Por: Viviana Villa

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Por: Viviana Villa

Por: Redacción Pares En este es el último libro de León Valencia, director de la Fundación Pares, se muestra la cara oculta de las elecciones a gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos en octubre de 2019. Los clanes políticos que están detrás de los ganadores. Los graves cuestionamientos que recaen sobre esos clanes. La manera como se organizaron para ganar las elecciones, después de haber tenido serías derrotas en las elecciones parlamentarias y presidenciales. El lanzamiento del libro se realizó este martes 18 de febrero en la biblioteca Fundadores del colegio Gimnasio Moderno, en el norte de Bogotá. Muestra también la violencia que se produjo a lo largo de la campaña electoral, así como los asesinatos, los atentados, los secuestros a candidatos y líderes políticos y se atreve a formular hipótesis sobre el origen de estas agresiones y los posibles perpetradores. Lanzamiento del libro «Los clanes políticos que mandan en Colombia». Gimnasio Moderno. Foto: Pares. Esta investigación da cuenta de las irregularidades electorales y de los sofisticados mecanismos de fraude electoral y de los tradicionales métodos clientelistas de compra y venta de votos y conciencias. De la falta de controles del Estado a estas irregularidades. De la complicidad de los directores de los partidos con estas prácticas aberrantes que golpean el corazón de la democracia. Los clanes políticos regionales habían sufrido derrotas importantes en las elecciones parlamentarios de 2018 y reveses no menos notables en las presidenciales, de modo que tomaron precauciones para los comicios de alcaldes y gobernadores. Se aliaron entre ellos, hicieron a un lado pasados antagonismos y buscaron a partidos nacionales, aunque no tuviesen mucho asiento en sus departamentos para establecer poderosas coaliciones. Tenían que asegurar los triunfos locales y regionales. Al final, el 78,9 % de las gobernaciones y casi la mitad de los nuevos alcaldes electos, 507, quedaron en manos de coaliciones, lideradas por las figuras más visibles de los clanes. ¿Quiénes son y cómo operan estos clanes? Los clanes políticos son grupos de poder regionales con nexos familiares y/o afinidades políticas, económicas y sociales. Hunden sus raíces en los doscientos años de vida republicana. Pero se fortalecieron en el Frente Nacional como una reacción defensiva de las regiones ante los acuerdos de los líderes nacionales de los partidos Liberal y Conservador para repartirse el poder central. Al principio, su fundamento esencial era el clientelismo. Luego, con el auge del narcotráfico y de otras economías subterráneas, algunos de estos clanes se asociaron también con grupos al margen de la ley para buscar beneficios en estas nuevas rentas. Se perfilaron como actores de primer orden en la política departamental y municipal, por encima de los partidos políticos, simples vehículos de sus aspiraciones. Lanzamiento del libro «Los clanes políticos que mandan en Colombia». Gimnasio Moderno. Foto: Pares. «La mayoría de los miembros y aliados de cada uno de los clanes chocoanos tiene origen en el liberalismo. Los aliados se movilizan entre clanes, principalmente por la ruptura de alianzas políticas y la falta de apoyo de sus respectivos líderes en lo que refiere a la entrega de avales. Finalmente, el análisis mostró que las investigaciones y procesos judiciales no tienen un impacto real en el poder de los clanes, más allá de las inhabilidades que les impidan ocupar cargos públicos. Para eso, está la figura del cuerpo ajeno. En ese sentido, las investigaciones tienen poco efecto en la imagen pública de los integrantes del clan y tampoco se ve amenazado su caudal electoral. Los clanes que recienten esto son aquellos con una baja capacidad de endosar los votos». (p.99) Lanzamiento del libro «Los clanes políticos que mandan en Colombia». Gimnasio Moderno. Foto: Pares.

Por: Laura Cano, periodista Pares. En la noche del 17 de febrero varios videos empezaron a circular en los que se veía cómo en el municipio de Rosas, lo que sería un carro bomba, tenía esta zona en llamas. De ahí varias versiones comenzaron a salir, por una lado, que el atentado iría dirigido a un puesto de control del Ejército que se ubica en la zona, por otro lado, esa misma Fuerza Pública, informó que dicho suceso no iba dirigido a ese lugar y que además no se trataba de un atentado, sino de un accidente que produjo un vehículo en movimiento, que posiblemente llevaba explosivos. Esto tras argumentar que en el lugar donde se registró el hecho la explosión no dejó ningún cráter. Esta explosión, independiente de las versiones, dejó un saldo de, al menos, siete muertos y once heridos, además de un escenario de intranquilidad en la población que allí habita y que históricamente ha tenido que vivir de forma las consecuencias de las disputas que ha dejado el conflicto en el país. Hasta al momento, ninguna de las posibles causas ha sido totalmente confirmada; no hay grupos armados que se atribuyan lo sucedido, ni tampoco informes que den pistas de lo ocurrido. Sin embargo, El Tiempo, informó que la Terminal de Transporte de Pasto confirmó que un vehículo de la Cooperativa Supertaxi fue el que explotó en la vía mientras cubría la ruta Pasto – Cali, además, se señala que en las próximas horas intentará aclararse la identidad de los cuerpos que tras lo ocurrido quedaron calcinados. Cabe resaltar, que, en la zona de Rosas, no se han registrado en los últimos días enfrentamientos entre los grupos armados que operan allí o cerca al municipio, que por un lado está el ELN y por el otro, la disidencia de las Farc denominada Carlos Patiño. Además, en relación con la versión de lo que podría ser un accidente, por la vía Panamericana hay mucha circulación de explosivos que son utilizados para actividades cocaleras y de minería ilegal. La situación del centro del Cauca Rosas, es un municipio ubicado en el centro de este departamento, este limita Timbio, La Sierra y Sotará. Este punto del Cauca presenta, de alguna forma, dinámicas diferentes a las del Sur y Norte del Cauca, donde desde las firma del Acuerdo ha habido un notable incremento en la ola de violencia. La subregión del centro es una de las más importantes, en cuanto a circulación, pues por allí pasa la vía Panamericana que conecta con Cali y Pasto; en esta se ubican los municipios del Tambo, Patía y Rosas. En este contexto, el Tambo, es una de las zonas que desde la firma del Acuerdo ha presentado mayores índices de violencia a cauda de la consolidación del ELN en el territorio. En el norte del centro del departamento, están Calibío y Miranda, en donde la disidencia Jaime Martínez es la que está regulando lo que sucede allí. En Totoro, que es el municipio que queda hacia el oriente y que conecta con el Huila, quien tiene el control es la columna Dagoberto Ramos de la antigua guerrilla Farc-ep. Sin embargo, en las zonas del centro más cercanas a Popayán, aunque hay amenaza del copamiento de grupos armados ilegales, no hay todavía el control por parte de los grupos armados ilegales que operan en el resto del Cauca.

Por: Francisco Daza Vargas. Investigador Pares. Entre migrantes venezolanos la vida en los barrios de invasión Sagrado Corazón y Villa Cotes, ubicados en Teorama y Convención (Norte de Santander), se construyen ladrillo a ladrillo. La polisombra, las tejas de zinc y la madera componen este paisaje improvisado que sobre terrenos irregulares conforman la vecindad de sus habitantes. Si bien los materiales mencionados son el común denominador de cada casa, las familias personalizan las fachadas de sus hogares con objetos que les permite dar una individualidad a los mismos; aún son visibles las luces navideñas y los adornos en algunas de ellas. Al ingresar a estos barrios de invasión es visible la complejidad que hay en su interior, redes eléctricas compartidas, tanques de agua comunitarios y casas que funcionan como tiendas de abarrotes para toda la comunidad hacen posible que la vida en estos espacios sea un poco más llevadera. En municipios como Teorama (Norte de Santander) los barrios construidos por los migrantes venezolanos se caracterizan por la resistencia y adaptación de la población venezolana a las oportunidades que le ofrece el contexto en el que se radican. Foto: Francisco Daza. En otros municipios de Norte de Santander como Ocaña, la precarización laboral lleva a los migrantes venezolanos a ser recursivos en la manera de obtener ingresos económicos. En el parque principal de este municipio, nos encontramos con un grupo de esta población venezolana que a diario presenta coreografías a los transeúntes que pasan por este espacio. Los actores armados entran al ruedo En el marco de la migración de venezolanos y venezolanas hacia territorio colombiano el accionar de estructuras armadas ilegales en la región del Catatumbo, ha condicionado la movilidad de esta población en el departamento de Norte de Santander. En municipios como Teorama y Convención, con presencia histórica del ELN y el EPL, el ingreso de migrantes de nacionalidad venezolana está determinado por las directrices de estos grupos. Esta población migrante que se encuentra asentada en las cabeceras municipales y zonas rurales de ambos municipios está compuesta por un número importante de retornados que años atrás había salido hacia territorio venezolano. Familias mixtas, en las que sus integrantes tienen nacionalidad colombiana y venezolana han improvisado sus viviendas en zonas de invasión hasta consolidar verdaderos barrios en estos espacios. La subsistencia de esta población está determinada, en gran medida, por la vinculación de sus miembros en actividades ilegales que son propias de la región; en la figura del raspachín de hoja de coca o en el hurto de hidrocarburos, actividades identificadas también en municipios como Tibú, encuentran la manera de obtener ingresos. Precarización laboral En otros municipios de Norte de Santander como Ocaña, la precarización laboral lleva a los migrantes venezolanos a ser recursivos en la manera de obtener ingresos económicos. En el parque principal de este municipio, nos encontramos con un grupo de esta población venezolana que a diario presenta coreografías a los transeúntes que pasan por este espacio. Algunos de sus integrantes vienen de Aragua, Maracay, a unas 14 horas en bus hasta la frontera colombo venezolana, los miembros de este grupo que llegaron primero a Ocaña trabajaron para conseguir el pasaje de los demás integrantes que iban llegando a este municipio; la llegada a Ocaña la han hecho por Cúcuta y Aguachica, este último municipio haciendo parte del trayecto que, en territorio colombiano inician desde La Guajira. El riesgo latente de la deportación ante la falta de documentación migratoria válida se suma a los brotes de xenofobia a los cuales se exponen debido a que “como unos han hecho cosas malas, entonces la mayoría paga por todos, lo que hace que tengamos cuidado todos los días. Nosotros no queremos problemas porque no le estamos haciendo daño a nadie” comenta un integrante del grupo. Las coreografías que realizan a diario en los semáforos han sido bien recibidas por la población ocañera lo cual se ha convertido en una fuente de ingresos estable para cumplir con el propósito de reencontrarse con sus familiares, ya sea que viajen a Colombia o desplazándose hacia Venezuela sin llegar con las manos vacías. Foto: Francisco Daza. La vulnerabilidad que llevan a cuestas por no contar con los permisos migratorios para estar en Colombia y la dificultad para tener un trabajo bien remunerado los expone a que sean inducidos a participar en economías ilegales o como trabajadores y trabajadoras sexuales, siendo esta última práctica recurrente en otros municipios del Catatumbo como Convención. En este sentido las limitaciones en el acceso a atención en salud debido a la irregularidad migratoria, también conduce a que tengan que automedicarse para solventar sus dolencias físicas. Resistencia y adaptación, una condición del migrante La estadía en Ocaña también supone desafíos en materia de vivienda: “estamos viviendo en la habitación de una casa 10 personas, entre ellas un niño de un año y medio, dormimos en el piso en colchonetas y eso desgasta, se nos hace difícil, no tenemos privacidad. Mi esposa está viviendo en Abrego porque acá en la casa somos muchos y ella está con el niño, es muy difícil pero allá está más cómoda” menciona uno de los migrantes mientras este grupo hace una pausa en su rutina de baile. Las experiencias migratorias en estos municipios de Norte de Santander se caracterizan por la resistencia y adaptación de la población venezolana a las oportunidades que le ofrece el contexto en el que se radican. Asimismo, este asentamiento de venezolanos y venezolanas está atravesado por la dificultad para obtener ingresos regulares y tener acceso a un trabajo y vivienda digna. Sin embargo, es visible como se aúnan esfuerzos colectivos ya sea para consolidar su presencia en Colombia o para reunirse con quienes los esperan en Venezuela.

Por: Redacción Pares La Jurisdicción Especial para la Paz informa que este 17 de febrero, dentro del proceso de exhumación en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, halló por lo menos tres (3) individuos en la fosa número 7. Los antropólogos y funcionarios de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, al cotejar la información suministrada por un testigo, avanzaron en la exhumación durante la jornada de este lunes. Siguiendo los protocolos, los hallazgos serán entregados de manera posterior a Medicina Legal. Este trabajo se complementó con una jornada de acreditación de víctimas de desaparición forzada por parte de las Farc y de «falsos positivos» de la fuerza pública. A su vez el Instituto de Medicina Legal realizó una jornada de toma de muestras de ADN y entrevistas con familiares de personas dadas por desaparecidas en razón del conflicto armado. El proceso de exhumación en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba se lleva a cabo dentro del caso 3 de la JEP, conocido como el de falsos positivos, y dentro del estudio de las medidas cautelares de 18 lugares del país donde estarían los restos de personas desaparecidas. Los ‘falsos positivos’ de Dabeiba La Jurisdicción Especial para la Paz adelanta desde el 9 de diciembre de 2019 una diligencia de prospección y exhumación de cuerpos en el Cementerio Católico Las Mercedes de Dabeiba, Antioquia. Esta diligencia se realiza en el marco del Caso 03 “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado» y del estudio de medidas cautelares en 17 territorios del país, donde se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas durante el conflicto armado. Es así que la JEP adelanta trabajos de prospección en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, dando como resultado la exhumación de siete cadáveres completos de presuntas víctimas de estos hechos. Este trabajo se realiza por parte de la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP en movilidad en la sala de Reconocimiento junto con la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA). Se presume que en el cementerio de Dabeiba se encontrarían los restos de más de 50 personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate (“falsos positivos»). Los indicios preliminares indicarían que se trata de hombres entre los 15 y los 56 años, con domicilio en Medellín y entre los que se encontrarían personas en condición de discapacidad. La tragedia fue enorme La tragedia fue enorme: según los cálculos de los organismos de derechos humanos, a lo largo de 40 años se produjeron cerca de 4000 mil ejecuciones extrajudiciales de las cuales 1800 tuvieron ocasión en los dos gobiernos de Álvaro Uribe. Algunos de los implicados, muy pocos aún, están concurriendo a la Jurisdicción Especial para la Paz a contar las circunstancias en que se dieron estos crímenes. Las revelaciones iniciales son realmente escabrosas. En Colombia, la historia de las ejecuciones extrajudiciales es larga, se cree que pueden ser más de 8.000 colombianos, aunque el periodo violento se dio en las dos administraciones de Álvaro Uribe. La comparación es más que increíble.Durante la dictadura de Pinochet se asesinaron y desaparecieron forzadamente a cerca de 3.200 personas, eso en un periodo de 17 años. En cambio, en Colombia, en ocho (8) años, bajo una supuesta democracia, se asesinaron alrededor de 4.000 civiles. En todo caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rastreó casos de ejecuciones extrajudiciales desde 1978. En el informe sobre Colombia, publicado en 1981, se narran hechos increíbles. Por ejemplo, el de Fabio Vásquez Villalba, quien fue llevado al Batallón Voltígero, donde fue incomunicado, torturado y asesinado. También el caso de Luis Arcesio Ramírez, detenido, torturado y asesinado. O uno de los hechos más dramáticos de eso años, el famoso caso Contador, en 1978.

Por: Laura Cano, periodista Pares. Desde la creación del Esmad, se registran 34 casos de asesinatos perpetrados por el Escuadrón, esto además de los actos de violencia a los que los miembros de este organismo han sometido a la población que en todo su derecho sale a las calles a manifestarse, y de los 12 homicidios que se sabe que fueron cometidos por la fuerza pública, pero que hasta el momento no se sabe cuál de los actores en concreto fue el culpable. Así lo revela el informe Silencio Oficial realizado por Fescol. En Colombia el derecho a la manifestación social está amparado en la Constitución de Colombia de 1991 en el artículo 37. Sin embargo, como muchos otros planteamientos de este documento, este ha sido tomado por las instituciones a su forma y conveniencia, dejando este derecho en el papel y poniéndolo en un discurso hegemónico en el que la protesta se vandaliza y donde empieza actuar una fuerza pública que por 20 años ha hecho trasversal la violencia a las exigencias de los diversos sectores colombianos: El Esmad. Desde 1999, bajo el Gobierno de Andrés Pastrana, se creó el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), como una medida transitoria durante el marco de las marchas cocaleras que se realizaban en el sur del país. Dos meses después se convirtió en una fuerza pública y permanente. Desde ese momento, la historia de este organismo ha estado atravesada por asesinatos, uso desmedido de la fuerza, detenciones arbitrarias, y una constante petición por parte de muchos sectores por la regulación o desmonte del Escuadrón. Por otro lado, esa historia del Esmad también se ha registrado entre un notable incremento en el número de agentes que han integrado el organismo, además de un aumento en las cifras de las inversiones que el Estado hace al Escuadrón. Haciendo referencia a lo nombrado anteriormente, en el año 1999 el Esmad era integrado por seis (6) oficiales, ocho (8) suboficiales y 200 patrulleros, hoy al organismo pertenecen 3.580 hombres y mujeres, ubicados en los departamentos de Huila, Tolima, Risaralda, Caldas, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Santander, Magdalena Medio, Córdoba, Antioquia, Meta, Casanare, Atlántico, Cesar, Bolívar, Guajira, Bogotá y Cúcuta. Asesinatos legitimados Según lo citado en el informe Silencio Oficial realizado por Fescol: “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”. A pesar de esta claridad, el uso de armas letales se ha convertido en una constante dentro de la movilización social por parte del Esmad. Las llamadas ‘recalzadas’ se han sido uno de los elementos que más le han sumado asesinatos al Escuadrón. El Informe aclara que estas recalzadas están hechas por “2 cucharadas y media de pólvora y tapas de cartón. Se le echan canicas, balones o shakiras. Y luego, nuevamente le echan otra cucharada de pólvora y la sellan con cartón y parafina. Eso al introducir en el truflay salen como si fueran perdigones las canicas”. Justamente, el uso de esas armas letales y el de la fuerza y el poder, que el Estado les ha dado, de forma desmedida, ha ocasionado que las movilizaciones que se han dado a lo largo y ancho del país por causas como la educación como derecho y su no precarización, el acceso a la tierra y las herramientas para la productividad de esta, la seguridad alimentaria, la inconformidad con algunos gobiernos y leyes, la salud, entre otros motivos, han terminado en escenarios violentos, pues la sola presencia de este organismo en las protestas quiebran las posibilidades que estas trascurran de forma pacífica. El resultado de esto, que desde la creación del Esmad, se registren 34 casos de asesinatos perpetrados por el Escuadrón, esto además de los actos de violencia a los que los miembros de este organismo han sometido a la población que en todo su derecho sale a las calles a manifestarse, y de los 12 homicidios que se sabe que fueron cometidos por la fuerza pública, pero que hasta el momento no se sabe cuál de los actores en concreto fue el culpable. De estos 34 asesinatos los sectores que tuvieron más víctimas fueron los estudiantes, los campesinos y los indígenas, con nueve casos en cada población. Estos hechos se dieron en contextos de agitación y movilización social dados en momentos precisos; la oposición contra la guerra que se desataba en Afganistán en el 2001, el día del trabajo que es conmemorado anualmente el primero de mayo, el desacuerdo con el TLC que Colombia firmaría con Estados Unidos (2005 – 2006), el Paro Agrario (2013 y 2016), el Paro del Catatumbo (2013) y el más reciente Paro Nacional (2019 – 2020). Además, esta ola de violencia presenta tres picos en el número de asesinatos; la primera fue en el 2005, la segunda en el 2013 y por último en el 2016, en donde se registraron 6, 7 y 8 casos, nombrados respectivamente. Esto iniciado en una consolidación y fortalecimiento del Esmad que se dio entre los periodos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, donde según lo registra el Informe “entre el año 2012 y 2013 hubo un aumento presupuestal exponencial del 948% (de 112.491.000 a 1´179.044.516)”. Asesinatos sin justicia Ahora en el pliego de peticiones de muchas de las movilizaciones que se dan en el país, ejemplo de esto, las del Paro Nacional que trascurre en este contexto, está el desmonte del Esmad, la investigación efectiva de los responsables de, por lo menos, lo 34 casos registrados de asesinatos y la regulación, mientras ocurre un desmonte, de las actuaciones del Esmad dentro de la movilización social. Sin embargo, estas peticiones se están yendo a la utopía. Por una lado en la última movilización que se dio en Bogotá contra los feminicidios ocurridos en los últimos meses, la legalización del aborto y la violencia machista que cada día pone más víctimas, terminó en la represión del Esmad a un grupo no mayor a 50 mujeres que se encontraban reunidas en el Parque Nacional y que la respuesta del Escuadrón fue lanzar gases lacrimógenos y mandar matrimonios para dispersar y deslegitimar lo que allí se exigía. Esto se dio precedido por varias denuncias que se dieron en la última movilización en el marco del Paro Nacional, realizada el 21 de enero, en el que el uso de la violencia y las detenciones arbitrarias fueron el común denominador. Además, también antecedido, por el anuncio del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien dio la autorización del ingreso de este organismo a las universidades de la ciudad. El problema es que las actuaciones del Esmad se están quedando solo en los titulares de noticias, pues hay una brecha en cuanto a la categorización en la justicia que ha impedido que se hagan investigaciones que promuevan que estos hechos disminuyan o desaparezcan y que además los culpables sean judicializados, esto porque los delitos cometidos por el Esmad entran en la categoría de hechos cometidos por la Fuerza Pública, lo que hace que todos los hechos se registren de forma poco precisa lo que ha generado un aumento de la impunidad y de forma contraria, un poco acceso a la justicia por quienes han sido víctimas del Escuadrón. De los 34 casos de asesinatos ejecutados por el Esmad, ningún agente ha sido condenado y solo hay dos procesos por el caso de homicidios cometidos por este organismo, como lo registra Silencio Oficial: “(…)uno de ellos, el que se encuentra activo, ocurrió en el año 2005, en la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca. El otro, por su parte, se encuentra inactivo y ocurrió en el año 2006, en Villavicencio, en el departamento del Meta”. A esto se le suma un constante hostigamiento a las familias que han no han bajado la guardia buscando que sus casos se esclarezcan. Además, hay un juego con la memoria de lo que ha ocurrido en los últimos años. En el último caso, el de Dilan Cruz, muchos se han encargado de que este asesinato quede en la historia llena de sangre del Esmad, pues mientras muchos gritan en medio de las movilizaciones “sin violencia”, la respuesta por parte de quienes supuestamente deben velar por la seguridad de quienes salen a las calles es: “tirar matar” y además borrar cualquier manifestación que les recuerde que su institución es una maquina de asesinar, tal como lo ocurrido este fin de semana en el homenaje que familiares y ciudadanos habían construido en la esquina de la calle 19 con carrera 4 y que apareció totalmente destruido. La memoria no se destruye.