Por: Redacción Pares Menos del 30% de los investigadores del mundo en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son mujeres. Un porcentaje que ,además, está peor pagado por sus investigaciones y que no avanza tanto en sus carreras en comparación con los hombres, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Aunque cada vez hay más niñas y adolescentes en la escuela, los prejuicios y las normas sociales inciden en la calidad de la educación que reciben, especialmente en ciencia y tecnología. Según la UNESCO, el 45% de los investigadores en América Latina son mujeres, una cifra que supera con creces la tasa mundial del 28%. Asimismo, la investigación en el ámbito de la ciencia y la tecnología se ha incrementado y se han puesto en marcha la elaboración y aplicación de políticas y reglamentaciones en las universidades y los centros de investigación con el objetivo de prevenir la discriminación y la violencia basadas en las cuestiones de género. “Además, numerosas ONG y redes de mujeres científicas y técnicas de la región llevan a cabo actividades con miras a sensibilizar a las personas acerca de las desigualdades de género recordando las contribuciones de mujeres científicas que han sido olvidadas. Iniciativas como esta han incitado a las instituciones a recopilar datos desglosados por sexo, una información clave para definir y promover los cambios necesarios en las políticas institucionales”, asegura Gloria Bonder, coordinadora de la Cátedra Regional de la UNESCO sobre la mujer, la ciencia y la tecnología en América Latina. Bonder agrega que se deben reexaminar los planes de estudio para poder cuestionar los prejuicios sexistas, y además se deben poner en marcha prácticas mixtas innovadoras con miras a estimular la curiosidad, la colaboración, la reflexión crítica y la experimentación. “La colaboración con los docentes es esencial. Se debe integrar los programas de formación inicial y continua de los docentes, a todos los niveles, una enseñanza que respete la igualdad de género. También, los docentes deben recibir apoyo mediante orientaciones o tutorías con miras a guiarlos en la revisión de sus conocimientos, prejuicios, actitudes y competencias relativas a la educación”, dijo. En el todo el mundo, la matrícula de estudiantes femeninas es particularmente baja en el campo de la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), con un tres por ciento; ciencias naturales, matemáticas y estadísticas, con un cinco por ciento, y en ingeniería, manufactura y construcción, con un ocho por ciento. El mundo dibujado en la pantalla no dista mucho del mundo real. Un estudio realizado en 2015 por el Instituto Geena Davis titulado “Gender Bias Without Borders” (Prejuicios de género sin fronteras) muestra que la representación en las grandes pantallas de mujeres que trabajan en el campo de las ciencias se limita solo a 12%. Las niñas y las mujeres tienen hoy cuatro veces menos de probabilidades que los hombres de adquirir las competencias digitales básicas, que serán esenciales en el futuro.

Por: Dennis Arley Huffington. Investigador Regional Pares-Pacífico Varios informes de las organizaciones sociales sobre la situación humanitaria en Buenaventura en el último año, las dos Alertas Tempranas y los diez Informes de Riesgo de Inminencia de la Defensoría del Pueblo, prendieron las alarmas de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Alcaldía Distrital, medios de comunicación y líderes de los consejos comunitarios ante la violación de derechos contra las comunidades asentadas en los ríos, zona carreteable, playas y zona urbana; lo que propició que la última semana del mes de enero se realizara una misión humanitaria para la verificación de los riesgos en algunas de las zonas rurales del Distrito. En el 2019 los homicidios en Buenaventura registraron un aumento del 25% con relación al año anterior, según la Policía Nacional son tres años seguidos aumentando, así mismo, los casos de desaparición forzada presentaron un incremento del 50%. Estos eventos del deterioro de la seguridad están estrechamente relacionados con los reacomodamientos de los grupos armados y con la disputa territorial que se presenta en el Distrito. La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 007-19 sobre el casco urbano y 079-18 sobre las cuentas de los ríos de Buenaventura. Desde el muelle turístico de Buenaventura 40 personas delegadas de organizaciones internacionales, nacionales, medios de comunicación y ministerio público, atendieron el llamado y salieron en tres grupos. Foto: Dennis Arley Huffington. La Misión Humanitaria Buenaventura 2020 Desde el muelle turístico de Buenaventura 40 personas delegadas de organizaciones internacionales, nacionales, medios de comunicación y ministerio público, atendieron el llamado y salieron en tres grupos: El primero, los convocantes, de los cuales hicieron parte el Proceso de Comunidades Negras – PCN –, la Alcaldía Distrital y NOMADESC. El segundo grupo conformado por los participantes, integrados por el Programas Somos Defensores, el Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali, la Fundación Paz y Reconciliación oficina PARES-Pacífico, la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca – ASOM, la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca – ACONC, Grupo de Académicos en Defensa del Pacífico, el Consejo Comunitario del Río Naya, el Consejo Comunitario Río Calima, el Consejo Comunitario del Río Cajambre, la Asociación de Territorios Ganados al Mar, Hearth Alliance, Consorcio Mapa, Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, Mujeres Indígenas y Negras Volviendo Juntas a la Raíz, Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales y Guardia Cimarrona, Y, el tercer grupo de acompañantes compuesto por Telepacífico, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos – MAPP OEA –, la Defensoría del Pueblo regional pacífico y la Procuraduría General de la Nación. Comunidades asediadas por los grupos armados La misión tuvo su inicio con un recorrido desde el casco urbano de Buenaventura hacia la cuenca del río Naya, una comunidad compuesta por 22.814 habitantes dividida en Alto Naya, Medio y Bajo Naya y Bajo Naya. Sus principales veredas son: La Concepción, San Francisco y Puerto Merizalde, organizadas como Consejo Comunitario de la cuenca del río Naya. En el 2019 los homicidios en Buenaventura registraron un aumento del 25% con relación al año anterior, según la Policía Nacional son tres años seguidos aumentando, así mismo, los casos de desaparición forzada presentaron un incremento del 50%. Foto: Dennis Arley Huffington. Posteriormente se realizó un recorrido por la cuenca del río Yurumanguí, conformada por 13 veredas: El Encanto, Barranco, Primavera, Veneral, Papayo, San Miguel, San Jerónimo, El Queso, San José, San Antonio, Águila, San Antoñito y Juntas, donde conviven alrededor de 3.000 habitantes, organizados mediante la autoridad territorial del Consejo Comunitario de la Cuenca del río Yurumanguí. La tercera cuenca de verificación fue la del del Consejo Comunitario Río Cajambre, con 3.589 habitantes y compuesto de 18 veredas: Barco, Aragón San pablo, San Isidro, Vicente, Chorro, Silva, Fragua, Guapisito, Boca del Brazo, Playita, Guayabal, Timba, Timbita, Punta Bonita, Pital, Ordoñez, El Mico y El Coquito. Seguido de la cuenca del río Raposo dividido en habitan 13 veredas: Santa Ana, Murillo, Bello Horizonte, Cocalito, Guadualito, Tigre, Bella Vista, Auca, Peña Blanca, Calle Honda, San Antonio, San Francisco, Caimito y Cacoli, donde habitan 2.500 personas. Finalmente, Bajo Calima, que compone el Corregimiento numero 1 de Buenaventura y cuenta con una población aproximada de 7.000 habitantes. Los hallazgos de la misión Mediante comunicado conjunto entre las organizaciones delegadas, la misión verificó “la violación de normas internas y protocolos internacionales que garantizan los derechos étnicos territoriales en cinco (5) ríos de la zona rural de Buenaventura y las condiciones de vulnerabilidad a causa del profundización del conflicto a raíz de la presencia del ELN, las Disidencias de las FARC, grupos paramilitares, Armada Nacional, y actores de guerra no identificados que ponen en riesgo la vida de la población civil, generando desplazamiento forzado, confinamiento, desintegración comunitaria y cultural, riesgo de reclutamiento, abuso sexual violento, especialmente a mujeres y niñas” (Misión Humanitaria Buenaventura 2020). La comunidad del río Naya atraviesa una situación compleja, integra una ruta del narcotráfico que une el norte del cauca con Jamundí actualmente disputada por el ELN, las disidencias de las FARC, carteles colombianos y los carteles mexicanos de Jalisco y Sinaloa. Además, la comunidad enfrenta el miedo de sufrir un irreversible daño ambiental sobre sus territorios por 5 concesiones mineras que advierten se han otorgado en el alto del río violando la normatividad existente que protege los territorios colectivos. Yurumanguí se concibe como un ejemplo de resistencia y resiliencia por parte de su comunidad, tiene el honor de seguir siendo un territorio libre de cultivos ilícitos y de consumo de drogas. Como consecuencia, la comunidad vive en constante riesgo producto de las amenazas de los grupos armados ilegales contra sus líderes. Cajambre es una comunidad dedicada principalmente a agricultura, raspar caña, y comercialización de viche. A diferencia de Yurumanguí, en sus territorios hay presencia de cultivos ilícitos en la parte alta del río rodeados de minas antipersonas. El territorio lo disputan principalmente el ELN, las disidencias de las FARC y grupos no identificados. Raposo es la cuenca con mayor riesgo según la Defensoría del Pueblo y lo verificó la misión. Ha habido enfrentamientos entre los grupos pos-FARC y el ELN, además la reciente amenaza de las AGC/Clan del Golfo de entrar a disputar el control territorial del río. Sumado a ello, la Armada Nacional hace presencia en medio de la población, lo que representa un alto grado de peligro para la población civil, teniendo en cuenta que en el conflicto armado no se respeta el principio de distinción del DIH. El Bajo Calima estuvo bajo el control de las FARC hasta su desmovilización producto de los acuerdos de paz. Sin la antigua guerrilla, pasó a ser un territorio en disputa entre el ELN y las AGC/Clan del Golfo, pues representa la entrada al casco urbano de la ciudad desde el interior del país. La coca en el Bajo Calima: a pesar de que se verificó la existencia de cultivos ilícitos en sus territorios, las comunidades del río Calima no reconocen la coca como un problema, en el sentido que no se encuentran grandes extensiones de sembrados debido al control social de la comunidad mediante el rechazo a esta práctica, igualmente, por la supreviviencia de una economía campesina con cultivos tradicionales como la papa china, el plátano, la yuca, entre otros. La voz de las cuencas de los ríos ‘Las cuencas de los ríos también somos Buenaventura’, es el llamado que hace la comunidad de las cuencas del Naya, Yurumanguí, Cajambre y Raposo al gobierno nacional por el abandono, la situación de vulnerabilidad e inseguridad en el que se encuentran. A pesar del alto riesgo en materia de seguridad y la forma como ha escaldo el conflicto armado en estos territorios, las voces de la comunidad se levantaron durante la Misión Humanitaria para pedir al gobierno nacional mayor atención sobre sus territorios. Demandan mejora en las infraestructuras de los centros educativos; en Puerto Merizalde, vereda de la cuenca del río Naya se comenzó la construcción de un colegio que nunca se terminó, uno de los llamados es a culminar la obra que beneficiaría a más de 1.000 niños y jóvenes. Al centro de salud, le hace falta equipamientos y personal médico que garantice el servicio optimo a la comunidad. A pesar del alto riesgo en materia de seguridad y la forma como ha escaldo el conflicto armado en estos territorios, las voces de la comunidad se levantaron durante la Misión Humanitaria para pedir al gobierno nacional mayor atención sobre sus territorios. Foto: Dennis Arley Huffington. La comunidad de Cajambre hace un llamado para activar en sus veredas alternativas productivas debido a que estas son limitadas; que se mejore el centro de salud “que prácticamente no existe”. Afirman que afortunadamente cuentan con sabedores de medicina tradicional, pero, ante situaciones de emergencia no pueden ser tratadas de esa forma. En Cajambre la lancha médica encargada de trasladar los pacientes hasta el casco urbano de Buenaventura se encuentra deteriorada, y la lancha del consejo comunitario no puede transitar fuera de la cuenca por amenazas por parte de grupos armados ilegales. Además, expresaron que no cuentan con un transporte para que los niños se dirijan al colegio de manera segura, lo hacen en canoas, lo que representa un peligro para ellos la mayor parte del año que el río está crecido. Y, debido a la situación de seguridad que se vive en la zona, los docentes no están teniendo dificultades para llegar a dar las clases. En Raposo la situación no es mejor, a la inseguridad se suma la falta de infraestructuras adecuadas para educación y salud, los constantes robos de motores y pertenencias a las lanchas que transitan por los ríos. Reclamos al Ministerio Público y las autoridades La comunidad del río Calima por su parte demandan mayor compromiso de la Procuraduría y otras entidades del estado en la exigencia del cumplimiento de derechos y acuerdos con las comunidades, específicamente en el sentido de hacer uso de su papel sancionatorio disciplinario con los funcionarios que recurrentemente se niegan a dar buen término a las demandas y derechos de las comunidades. También manifestaron una sensación de invisibilidad como comunidades rurales, reflejada en la ausencia de su participación en el diseño de los planes de prevención y contingencia y en la construcción de la política pública con enfoque étnico; a lo que proponen sea realizado mediante la figura de “consulta al tejido social”. Finalmente, las comunidades de las cinco (5) cuencas de ríos que hicieron parte de la Misión Humanitaria hicieron el llamado enfático al gobierno nacional del presidente Iván Duque en respetar e implementar los acuerdos de paz firmados con las FARC y retornar los diálogos con el ELN para buscar una salida negociada a la guerra. Para ellos, significaría un parte de tranquilidad y una luz de esperanza para que retorne la paz a sus territorios que el conflicto armado les arrebató.

Por: Redacción Pares La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, a través de la resolución 000722 de 2020, resolvió aceptar la solicitud de sometimiento de Salvador Arana Sus como agente de Estado diferente a miembro de la fuerza pública, pero le negó el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada. Arana Sus, quien fue gobernador de Sucre (2001- 2003) y embajador de Colombia en Chile entre 2002 y 2004, ha sido procesado por la Corte Suprema de Justicia por la desaparición forzada y homicidio de Eudaldo León Díaz, exalcalde de Roble (Sucre), concierto para delinquir agravado por colaborar con el Bloque Montes de María de las AUC, y peculado por apropiación y falsedad ideológica por desviar fondos de las regalías del departamento de Sucre a grupos armados al margen de la ley. Arana Sus, quien fue condenado en la justicia ordinaria a 40 años de cárcel, ya cumple 10 años privado de la libertad. El primero de diciembre de 2017, el exgobernador suscribió acta de sometimiento ante la JEP por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y desaparición forzada. Sin embargo, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas consideró que la propuesta de régimen de condicionalidad presentada por Salvador Arana debe ser ajustada y concreta. “Una propuesta muy general y sin observar los aspectos advertidos al ser ejecutada podría resultar revictimizadora por la naturaleza de las violaciones a los derechos humanos y al DIH ocurridas», determinó la resolución.

Por: Laura Cano, periodista Pares. Desde el viernes 14 de febrero comenzó el paro armado que el ELN había anunciado hace algunos días, el cual irá hasta las 6 de la mañana del próximo lunes, esto tras no encontrarse soluciones a través del diálogo y tras la indisposición del Gobierno y el grupo guerrillero. Si bien ambos sectores habían adelantado parte de un proceso de diálogo, este no finalizó luego de la negativa del Gobierno tras el atentando que ocurrió en el 2019 en la Escuela de Cadetes General Santander. A esto se le ha sumado la falta de interés de la estructura armada, pues la falta de garantías de lo pactado con la exguerrilla Farc-ep no les presagia un buen proceder. Hoy la realidad es que el ELN, tras 56 años de existencia, se ha fortalecido, pues ha creado alianzas con otros grupos armados, lo que le ha permitido ir expandiéndose y ganando el control de algunas zonas del país y sus dinámicas sociales y económicas. Sin embargo, este fortalecimiento no es un indicador de un control total por parte de este grupo en el territorio nacional. Es difícil que este paro afecte las grandes ciudades y un alto porcentaje de los más de 1100 municipios que tiene Colombia. Sí hay un control por parte del ELN en las zonas que siempre han sido escenarios de disputa dentro del marco del conflicto que ha vivido el país, lo que representa que hoy esta acción del ELN afecte zonas como el Catatumbo, Arauca, Chocó, Nariño y Cauca, lugares en donde en los últimos días sus pobladores han sufrido hostigamientos, amenazas, destrucción de bienes públicos e incineraciones de vehículos en las vías. Es necesario aclarar que hoy en día el ELN tiene participación en 120 municipios del país, y de estos tiene la capacidad de afectar con esta acción a 50. Sin embargo, según Ariel Ávila, subdirector de Pares: hace dos años de esos 50, eran 30 municipios y de los 120 donde opera la guerrilla, eran 105, o sea, sí ha habido un fortalecimiento. Ahí la pregunta es sobre la estrategia militar y por esa estrategia que el gobierno de Iván Duque llama “zonas de futuro” que parece no encontrar rumbo. “La guerrilla de ELN quiere demostrar que sigue siendo una fuerza actuante, que tiene capacidad de desestabilizar el orden en algunas regiones, pero yo creo que el Gobierno le ha dado un mal manejo porque ha amplificado mucho la voz de la guerrilla y ha generado pánico”, concluyó Luis Eduardo Celis, asesor de Redprodepaz en FRANCE 24 Español.

Por: Laura Cano, periodista Pares. Hablar desde el privilegio es difícil, aun cuando la referencia a ese privilegio es para que lo dejemos de lado. Primeras semanas de enero: el año empezó con asesinatos sistemáticos en varios sectores de la sociedad. Uno de ellos, el de las mujeres trans. En este punto es necesario hacer la claridad que cuando escribimos trans, nos estamos refiriendo a las mujeres transgénero y transexuales. Esto, sin desconocer a las personas travestis y a quienes se paran desde lo no binario para determinar su identidad social e individual, es decir, no encasillándose en las categorías mujer/hombre. En ese momento del año cuatro mujeres trans fueron asesinadas en distintos puntos del país: Medellín, Ibagué y Neiva. Lo que encendió las alarmas, pero en poco sectores, porque de nuevo el tema quedo estancado; sin investigaciones y muy poca atención por las entidades que deberían estar al tanto. El inicio de este año es solo una radiografía de lo que han venido sucediendo con la comunidad trans en cuestiones de seguridad y acceso a la justicia. Según el informe Sobre la Situación de Mujeres Lesbianas, Bisexuales y personas Trans en Colombia 2013- 2018 de Colombia Diversa, Fundación GAAT y Diversas Incorrectas: “entre 2013 y 2017 fueron asesinadas 160 personas trans, estos crímenes habrían estado motivados por el prejuicio hacia la Orientación sexual e identidad de género (OSIG) de las víctimas. A la fecha (2018) sólo se ha imputado el delito de feminicidio por dos asesinatos de mujeres trans”. El feminicidio, un delito contra la población trans Si bien, en el 2015, después de un ir y venir, se creó el tipo penal de feminicidio como delito autónomo, planteado en la Ley 1761 del 06 de julio de ese mismo año, bajo el reconocimiento al caso de Rosa Elvira Cely, solo hasta diciembre de 2018 un asesinato a una mujer trans fue tipificado por primera vez de esta forma. Se trató del caso de Anyela Ramos Claros que fue asesinada por Davinson Stiven Erazo Sánchez, quien, a pesar de haberle imputado el cargo de feminicidio agravado, fue condenado a una pena de 20 años, pues el juez dictaminó que él sufría de esquizofrenia y por ende su tiempo de condena debía ser menor y en un centro de atención psiquiátrica. “Ni siquiera nos pueden garantizar el derecho a la salud. Tenemos problemas de salud pública en nuestro tránsito a querer feminizarnos, metiéndonos siliconas, biopolímeros que tienen efectos secundarios y hace que la expectativa de vida cada vez sea menor”, Yoko Ruíz. Foto: Pares. Ante esta situación, es una prioridad analizar en qué contextos se habla de feminicidios y femicidios; en el primer concepto se consideran a los asesinatos motivados por cuestiones del ser y sentirse mujer, esto bajo las relaciones de poder que se atraviesan de manera estructural a través del patriarcado; en el segundo término, están los homicidios a mujeres que no son tratados desde una perspectiva de género. Este tipo de casos ponen en evidencia que el sistema penal colombiano carece de enfoque de género para tramitar los casos que son puestos en las distintas entidades. Que, si bien puede haber talleres pedagógicos para los funcionarios, aún falta mucha tela por cortar para garantizar que el trato y tramite que se les dé a las personas trans en el sistema penal sea el adecuado tanto con ellas, como para quienes son los responsables de las violencias que viven a diario. “Resulta que los mismos funcionarios violentan esta identidad de género llamándola a una por un nombre jurídico. Desde ahí comienza la invisibilización de nuestros casos. La justicia nos ha violentado. Nos matan, nos apuñalan y no pasa nada; así sea el marido, sea un cliente, pero a la justicia no le importa. No hay un doliente que se haga cargo y que reclame por lo que nos pasa. En el caso de la chica de Neiva hay videos, fotos, hasta testigos de lo que sucedió, pero no se procede en nada”, recalcó Yoko Ruíz, directora de la Red Comunitaria Trans. “Cuando nos tratamos de acercar a las instituciones solo era una manoseo; nos volvían un número o una cifra”, Yoko Ruíz. Foto: Pares. “La revolución será transfeminista” Primeras semana de febrero: “Aunque vistan falda o leggins, ¡no se admiten penes en el baño de mujeres!”, “El transfeminismo no existe. Los trans femeninos no son mujeres”. Estos fueron algunos de los mensajes que escribieron en las instalaciones de la Universidad del Valle, los cuales llevan a varias reflexiones y a su vez ponen de forma muy directa lo que es ser una mujer trans en ambientes cotidianos. Hay que cuestionar que, si bien hay muchas formas de pararse desde los feminismos, hay algo común en esa lucha que muchas han asumido como propia, y es arrancar las bases de los sistemas de opresión, entendiendo que uno de los ejes de esos sistemas es el binarismo de género. Pensarse las luchas, también significa que estas se deben trenzar, que hay que tener conciencia de los privilegios que tenemos para empezar a construir de forma trasversal la justicia social y la vida digna. Desde este punto, hay que reclamar que en los ambientes educativos a los que tenemos acceso haya políticas de género que lleven a la creación de ambientes seguros para las mujeres trans y así procurar una pronta disminución de la violencia. “Hay una desinformación gigante en temas de género, vemos cuáles son los argumentos de cierto grupo para que las personas trans puedan entrar o no a algunos lugares y nos damos cuenta de eso. Hay un prejuicio del comportamiento de las personas trans que creen que nosotras entramos al baño a cosas diferentes que a hacer nuestras necesidades. Se nos vulnera desde ahí el derecho a habitar algunos espacios y bajo esa dinámica se presentan una serie de violencias que no se han tenido muy en cuenta. Bien poquitas que son las mujeres trans que pueden acceder a una educación superior y ni siquiera podemos ir al baño que es algo tan simple y cotidiano”, resaltó Cristina Rodríguez. “Queremos gritarles a las instituciones que su trabajo no lo están haciendo bien, que no podemos seguir siendo las víctimas de las políticas de la administración que esté de paso. Todas necesitamos una garantía sobre nuestras vidas y cuerpos”, Yoko Ruíz. Foto: Natalia Aguilar. “Sanamos y perdonamos” “Nosotras pensamos que el género es un don, ustedes piensan que es una categoría. Lo masculino y lo femenino son energía. Queremos tener control sobre todo y no podemos. Somos la energía que atraviesa todo lo natural y ¿qué es lo natural? Lo natural es trasmutar, es transformarse, es trascender”. – El arte se ha configurado como un escenario para llevar a los demás realidades diversas, este se ha sido un canal para reflejar otras verdades. Eso lo tiene claro la Red Comunitaria Trans, en donde desde el 2012 se han tratado temas judiciales, psicológicos, políticos, artísticos con personas trans, principalmente en Bogotá, así como lo cuenta Yoko Ruíz: “Es trabajar en cómo puedo hacer ese tránsito hacia lo femenino, teniendo respeto y valor, porque si está la misoginia que nos afecta a todas, imagínense lo que pasa con nuestros cuerpos y con la sociedad que piensa que no somos sujetas de derechos o de políticas”. Muestra de lo anterior es Continuum, un espacio, entre otros que se han creado desde la Red, en el que el arte como herramienta ha generado otros relatos de las experiencias e historias de las mujeres trans, sin caer en los mismos discursos de siempre, pero sí esto teniendo claro que muchas de las mujeres que han llegado a la Red han sufrido de varias formas lo que ha sido el conflicto armado en Colombia, esto desde desplazamientos, desapariciones, violaciones que permanecen en la memoria que las mujeres trans no pierden y que utilizan estos recuerdos para crear actos reparadores entre ellas. “Continuum fue un proyecto de casi dos años. Allí expresamos nuestros sentimientos; porqué no fuimos más a nuestros pueblos y cómo comenzó a ser la relación con nuestras familias. Recordamos cómo nos sacaron de nuestros lugares, pero ahí también expusimos cómo cada día aprendemos más en otros contextos”, Nini Yohana Palomino. Foto: Pares. “Nos preguntábamos cómo hablar de lo trans sin hacerlo ver tan amarillista y pornomiseria, sino que fuera algo más objetivo y real, hablando de trabajo sexual, porque es una realidad, pero también hablando de nuestras vidas mediante el performance. Ya con esta herramienta solo son necesarios los objetos para poder demostrar algo. Por ejemplo, desde la comida (elementos que son eje de Continuum), cada una era algo que recordaba de la tierra de donde provenían: para una era cuando iba a la playa y veía todo el montón de cocos; volvía a su cabeza su sabor, olor, pero también cuando la golpeaban, para otra eran las piñas; cuando se levantaba y veía todos los campos de esta fruta, también los limones; ellas recordaban las enseñanzas de sus abuelas y todo las enseñanzas sanadoras que hay alrededor de esta fruta. El performance fue lograr esa comunicación entre las vidas, los cuerpos y la sanación”. “Sanamos, sanamos, sanamos y sacamos. Limpiamos, limpiamos y también perdonamos”. –

Por: Laura Cano, periodista Pares. Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército Nacional, terminó ayer jueves de rendir su versión ante la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dentro del proceso que se adelanta por ‘falsos positivos’. Montoya había señalado que se acogería a su derecho de guardar silencio. Lo que vive hoy el país respecto al actuar de miembros de la Fuerza Pública y funcionarios o exfuncionarios públicos, es una burla e irrespeto a las víctimas del conflicto armado. Por un lado, a principios de mes se conoció que, por la falta de compromiso y posturas por parte de Darío Acevedo, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, esta institución había sido expulsada de la Red Internacional de Memorias. Por otro lado, poco después de esta noticia, Alfredo Ramos, concejal del partido Centro Democrático, hizo la propuesta de eliminar el concepto de Conflicto Armado del Museo Casa de la Memoria de Medellín, pues para él esta expresión no es representativa de la realidad colombiana. Estas acciones suponen un riesgo para lo que ha sido reconocer a las más de ocho millones de víctimas, esto, entendiendo que más allá del reconocimiento se debe instar por la creación de herramientas que velen para que haya reparación y garantías de no repetición. Así, esas posturas significan volver a poner en escenarios de disputa el valor del lenguaje y el uso de la historia para la construcción de un discurso hegemónico, evadiendo a los actores del conflicto y el tratamiento político y judicial que se les debe dar. Pares habló con Luz Marina Bernal, integrante fundadora del colectivo Madres de Soacha, activista por la paz en Colombia y defensora de los derechos humanos, señala: Hoy vemos reflejado nuevamente que el director del CNMH nos aísla de un proceso que era importante para las víctimas. La finalidad es que internacionalmente no se den cuenta de la magnitud de la violación de derechos humanos que tenemos y hemos tenido en Colombia. Las víctimas tenemos una responsabilidad de pelear por esos espacios internacionales para exigir que se haga veeduría de las situaciones del país por parte de entidades externas. A esto, se le suma la elección en diciembre de 2019 de Eduardo Enrique Zapateiro como comandante del Ejército Nacional, precedido por Nicacio Martínez, quien salió de la institución por supuestos motivos personales, pero siendo responsable, en por lo menos sus últimos días al mando del organismo, de las interceptaciones telefónicas que fueron noticia empezando el 2020 y el bombardeo a 18 niños en Caquetá; situación que agitó la movilización nacional desde noviembre del pasado año. La posesión de Zapateiro en el Ejército fue un desconocimiento total a los hechos que encierran a este personaje dentro de las Fuerzas Públicas, por una parte, la planeación de la Operación Fénix, un hecho que más haya de los resultados militares, terminó en una crisis diplomática con Ecuador y varias alarmas por violaciones al Derecho Internacional Humanitario, por otro lado, también se le acusa de estar relacionado con caso de ejecuciones extrajudiciales, además de desapariciones forzadas. A pesar de esto, él ha estado a la cabeza de la Institución y hace poco, como un mal chiste, se refirió a la muerte de Popeye, diciendo a través de Twitter que Lamentamos mucho la partida de ‘Popeye’, somos seres humanos, somos colombianos. Y del comandante del Ejército de los colombianos solo tienen que esperar seguridad y defensa. Es mi responsabilidad, y constitucionalmente debo garantizarle al pueblo colombiano el respeto por su vida, sus bienes, su honra, su dignidad, el orden y la libertad. Burlarse de la JEP y de las víctimas La Ley 1957 de 2019 señala que “la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, cuya misión, es satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, contribuir al logro de una paz estable y duradera, y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron directa o indirectamente durante el conflicto armado”. Según esto y lo planteado en distintos puntos de esta ley, quienes se someten a la JEP le deben a los colombianos el compromiso de aportar con la verdad de lo ocurrido en el Conflicto Armado, independientemente que se acepten o no las responsabilidades. En este sentido, varios ex miembros de las Fuerzas Públicas se han acogido a esta instancia para contar las versiones de sus actuaciones en el conflicto. En medio de esto, once militares han señalado en sus declaraciones al general retirado Mario Montoya, en las que se lo vincula con la Operación Orión, cuando comandaba la IV Brigada del Ejército Nacional (2002-2003), con desapariciones forzadas y además de los casos de ejecuciones extrajudiciales de los que fueron víctimas jóvenes de Soacha y Bogotá. Ante esto, hace dos años, tras firmar el sometimiento a la JEP, Montoya asistió a las audiencias en donde no aceptó las responsabilidades por las cuales se le indagaba. Hoy por hoy, este organismo lo citó de nuevo para que diera su versión voluntaria de los hechos para contrastar esta información con la que ya ha sido recopilada. Sin embargo, esto no se terminó de dar, pues durante el primer día en el que fue citado, el excomandante se escudó en su derecho de guardar silencio: en efecto, olvidó el fin de la JEP y el compromiso que obtuvo con las victimas al someterse a esta justicia. Es como si todos los militares que en este momento están dando las versiones libres se hubieran puesto de acuerdo con no pronunciar palabra o simplemente señalar que los de arriba los presionaban. Son muy contados los militares que han hablado y que han aceptado o nombrado responsables, señaló Luz Marina. Ahora, los magistrados de la JEP verificarán la versión de Montoya con los informes que han recibido y en los cuales se le menciona como uno de los responsables de los falsos positivos. Asimismo, los abogados de las víctimas solicitaron «activar el procedimiento adversarial y remitir al compareciente a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP o que se le inicie un proceso de exclusión de la jurisdicción, ya que a juicio de las víctimas, el compareciente no aportó a la verdad y hay un proceso de desgaste de la justicia transicional». Esta solicitud será estudiada por los magistrados de la Sala de Reconocimiento. Según Bernal Para nosotros no es nuevo que él tomé esa actitud, como dice el dicho: “el que calla otorga”. Para nosotros es entendible que él no diga lo que sabe, porque en el momento que él diga que es responsable tiene que nombrar al que va sobre esa cabeza que dio la orden, que en ese caso sería el Ministro de Defensa de ese momento Juan Manuel Santos y si este hablara tendría que decir las responsabilidades del presidente de ese periodo, quien era Álvaro Uribe .

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Tras el Consejo de Seguridad que se llevó a cabo el pasado 30 de enero en Puerto Asís, presidido por Carlos Holmes Trujillo —ministro de Defensa—; las condiciones de violencia en el departamento de Putumayo no han mejorado. Un ejemplo de ello tiene que ver con la reciente masacre de seis personas, cinco de ellas de nacionalidad colombiana, en zona fronteriza colombo-peruana, en el municipio de Puerto Leguízamo. Esta zona, tiene fuerte presencia del Frente Carolina Ramírez, disidencia de las FARC y el grupo autodenominado La Mafia Sinaloa. Alerta por anuncios del Paro Armado Hay una información que circula en Putumayo que tiene que ver con que las disidencias de las FARC se unirían al paro armado decretado por el ELN en los departamentos de Putumayo, Nariño y Cauca. Justamente, dicha información a la que tuvo acceso Pares, apunta a que las acciones que adelantarían las disidencias se desarrollarían del 14 al 16 de febrero comprendiendo así un lapso de 72 horas. Así las cosas, la situación de orden publico se vería afectada desde las 18 horas de dichos días, de acuerdo con la advertencia del Frente Primero de las Farc, teniendo como epicentro ejes viales, carreteras y trayectos fluviales. De igual forma, habría acciones en contra de torres eléctricas y hostigamientos de Policía en Mocoa, Puertos o La Hormiga (Putumayo), entre otras. De hecho, frente a esta situación, el Sena Regional Putumayo ya tomó medidas suspendiendo la formación de aprendices desde las 18 horas del 13 de febrero hasta las 11:59 del 16 de febrero, por medio de un Comunicado a la opinión pública. Asimismo, la Cooperativa de Transportes y vías anunció cese de actividades para los días 14, 15, 16 de febrero; fechas en las que se daría el paro armado al que se unirían las disidencias. Según el comunicado de transportadores, quienes continúen sus actividades lo harán bajo su responsabilidad. Secuestro y asesinato Otro ejemplo de ello tiene que ver con el secuestro y posterior asesinato de Luis Parra, fiscal de la Junta de Acción Comunal de la vereda Villa Fátima de Puerto Guzmán y de su hijo Jader Parra, coordinador del Comité de obras de la JAC. Sobre este hecho, se conocen las denuncias de hechas por la Red de DDHH del Putumayo, quienes, alertaron que hombres armados arribaron a hasta la casa de Luis y Jader y se los llevaron en contra de su voluntad, el pasado 10 de febrero. Después de conocerse la noticia del doble asesinato, las autoridades llevaron a cabo un Consejo de Seguridad en Mocoa. De acuerdo con las fuentes consultadas por Pares, la Policía señaló que tanto el secuestro y el asesinato se dieron en razón de un hurto, versión que ha causado molestia al interior de las comunidades quienes fueron las que adelantaron la búsqueda de las dos personas en el momento en el que no se conocía su paradero. Alertas sobre desplazamientos Otra situación que preocupa, teniendo en cuenta la difícil situación de orden público, tiene que ver con los desplazamientos forzados. Frente a esta situación, defensores de DD.HH. han alertado desplazamientos de alrededor de 20 familias desde el municipio de Puerto Guzmán a Caquetá. También, este 13 de febrero se han registrado bloqueos en el sector de Puerto Vega – Teteyé. Esta situación se agudiza por la insistencia de la institucionalidad con respecto a la erradicación forzada y el anuncio de la aspersión del glifosato. Como también el hecho de la militarización de municipios que, dicho por las comunidades, trae consigo un recrudecimiento de los hechos violentos en las distintas zonas del departamento del Putumayo. Presencia de Actores Armados Cabe recordar que, en el departamento de Putumayo operan grupos armados denominados como ‘La Constru’, ‘Mafia Sinaloa’ y las disidencias del Frente 32 Columna Móvil Teófilo Forero); (Mando: Alias “Wilder”); (Línea: Gentil Duarte e Iván Mordisco); en los municipios de San Miguel, Puerto Asís, Puerto Guzmán y Puerto Caicedo. Asimismo, hace presencia el Frente 48; (Mando: Pedro Oberman Goyes Cortés y Alias «Sinaloa”); (Línea: Narcos o dispersos); en los municipios de Orito, San Miguel y Puerto Asís. Para 2020, según cifras de Pares, se han registrado el asesinato de seis líderes sociales en el departamento de Putumayo. Sumado a esta situación, también se registró el desplazamiento forzado del líder social; Arturo Tovar tras el asesinato de miembros de JAC en Puerto Guzmán. Para el caso de la población en proceso de reincorporación han sido asesinados dos firmantes del Acuerdo de Paz y los constantes hostigamientos de los exguerrilleros del ETCR de Héiler Mosquera. «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»

Por: Laura Cano, periodista Pares. ‘Sin dios ni ley’ es el más reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación, allí se hace un análisis de la situación de seguridad en la frontera colombo-venezolana, pasando por las dinámicas de los grupos armados ilegales, las economías ilegales y el papel del Gobierno Nacional ante el contexto que hay en la zona fronteriza. León Valencia, director de Pares, hace un análisis de las cuatro principales conclusiones que se pueden sacar de las situaciones que están siendo trasversales en los 35 municipios que conforman el área de frontera. 1. Proliferación de estructuras armadas Los departamentos que limitan con Venezuela han presentado históricamente un copamiento de grupos armados ilegales. Sin embargo, hay dos escenarios que han agudizado la forma de operar de estos en dichas zonas del país: por un lado, está la desmovilización de las exguerrilla Farc-ep y por el otro, el quiebre de las relaciones diplomáticas con el país vecino. El primer escenario mencionado anteriormente, ha generado que los grupos existentes en las zonas, y los que han surgido, se peleen el control de los territorios que fueron dejados, por otro lado, que también haya una disputa por los pasos fronterizos ilegales que se han potencializado con el segundo escenario planteado. De allí, que con estos contextos se pueda hablar que, al día de hoy, hay 28 estructuras criminales entre viejas guerrillas, bandas de crimen organizado y disidencias que se concentran principalmente en Norte de Santander y La Guajira. Además, 13 de estas estructuras son reconocidas como trasnacionales, es decir, operan en Venezuela y Colombia, pero sus orígenes son diversos, como es el caso de los carteles de narcotráfico mexicanos y algunas bandas provenientes de Brasil. 2. Economías ilegales disparadas La producción de cocaína y la minería ilegal son dos de los principales negocios que mueven las dinámicas comerciales en la zona, esto muy ligado del combate por los territorios y de los pasos ilegales, pues son estos los que permiten que haya un flujo de esta actividad. Sin embargo, estas no son las únicas economías ilegales, pues los casos de trata de personas para la esclavitud sexual, el pago de impuestos o cobros extorsivos y el contrabando, han sido las economías de donde las estructuras armadas han tomado recursos para poder expandir su radar de incidencia en esta zona. 3. Alianzas entre estructuras armadas En este punto del análisis se recogen de alguna forma las dos conclusiones antes nombradas. Por una parte, los grupos que se han fortalecido, como es el caso del ELN, que ha sido una de las estructuras que se ha consolidado en varios de los municipios fronterizos, se ha expandido por su injerencia en las economías ilegales, pues ha ido generando alianzas con grupos PostFarc, como la del Frente 33, con lo que ha ganado fuerzas y poder de expansión. Un caso similar es el del EPL, una estructura que se alía con el Clan del Golfo y Los Rastrojos, para poder expandirse y ganar espacio en las economías ilegales. Estas dinámicas han llevado a constantes enfrentamientos que han dejado a los civiles muchas veces a la deriva y en medio de estas disputas. El resultado de esto, como lo afirma León Valencia, es que “hay un incremento en todos los indicadores de violencia”. Estos escenarios han complicado la situación humanitaria en la zona de la frontera, con un incremento en la tasa de homicidios, desplazamientos y amenazas. “Hay cerca de 5000 homicidios entre 2012 y 2019, es como si estuviéramos en una zona de guerra”. 4. El desgobierno Como el común denominador de las situaciones que han mantenido encendidas las alarmas en el país, esta no ha generado respuestas y soluciones contundentes por parte del Gobierno Nacional. La preocupación por parte de Iván Duque y su gabinete parece ir por el lado contrario de lo que son los grupos armados ilegales, las economías ilegales y el aumento en los índices de violencia. Entendiendo que estos están siendo convenientes para los intereses de clase dirigente del país, pues con las relaciones exteriores que el Gobierno ha establecido, Colombia y Venezuela están siendo el mal útil para el panorama internacional. Además, la poca presencia del Gobierno en estas zonas está permitiendo que cada vez se haga mayor el poder de las estructuras armadas ilegales que están ubicadas en la zona poniendo sus reglas para la regulación de las dinámicas que se dan en estos territorios, lo que sigue poniendo en riesgo la comunidad que habita estas zonas o que migra a través de los pasos ilegales

Por: Laura Cano, periodista Pares. Soacha ha vivido, en por lo menos la última década, una expansión del mercado ilegal de drogas, dejando en medio de esta situación unas dinámicas de seguridad que han comprometido a quienes habitan en esta zona que limita con el sur de Bogotá. Además, se ha configurado como uno de los puntos más importantes para el flujo de entrada de estupefacientes a la capital del país. En esta zona históricamente han hecho presencia estructuras armadas ilegales como la exguerrilla Farc-ep, el Frente Capital, el Bloque Centauros, Los Urabeños, los Paisas, las llamadas Águilas Negras, el ELN, las Bacrim, Los Sayayines y al menos 20 más, quienes se han encargado de dinamizar las economías ilegales que se dan en este municipio y quienes también se han disputado el control del mismo, esto también, por medio de la subcontratación de redes criminales, lo que demuestra que los intereses de los grandes grupos no es el control del territorio, sino el poder dinamizar las mercancías ilegales que se mueven hacia la capital y en todo el departamento. A esto se le ha sumado que en los últimos años entidades como la Secretaría de Gobierno, no reconociera, por lo menos hasta el anterior periodo, la existencia de Estructuras Armadas Ilegales, sino que eran nombrabas bandas criminales, desconociendo la organización que tienen las estructuras per se y por ende el alcance de sus actividades en el territorio. A pesar, de la cantidad de grupos que han operado y operan en esta zona de Cundinamarca, hay uno que desde el 2016 ha ido ganando poder en el territorio, se trata de Los Paisas, quienes empezaron intimidando a la población de los barrios La Isla y Los Robles, y quienes desde ese momento hicieron que las tasas de homicidio se elevaran, así como las cifras de desplazamiento, desapariciones y hostigamientos, en especial, a la población afrodescendiente. Con este contexto, la Defensoría del Pueblo ha hecho varias alertas tempranas, entre ellas la 023 de 2019 sobre las potencialidades de los mercados ilegales para los grupos armados ilegales y la vulnerabilidad de algunas UPZ de Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy, y de los municipios de Soacha y Mosquera. También se emitió la 062-18 donde se planteaba la cantidad de violaciones a los de DDHH en esta zona dado el flujo de narcotráfico controlado por grupos armados ilegales conformados luego de la desmovilización de las AUC. A estas también se sumó la Alerta Temprana 023 de 2019, donde se enunciaba la operatividad de Los Paisas en Soacha y las amenazas que esta estructura representaba para los liderazgos de esta zona. Escenario similar al planteado desde 2010 cuando las llamadas Águilas Negras comenzaron a intimidar a la población a través de panfletos a quienes se oponían a sus intereses en el territorio. Hoy todos esos escenarios toman más relevancia, pues Soacha sigue siendo la subregión con más alarmas frente a la situación de seguridad, esto por los mismos casos antes nombrados; desapariciones, reclutamientos, homicidios, amenazas, mercados ilegales, trata de personas y desplazamientos, dados con base al poder que han ganado las estructuras armadas ilegales y a la poca atención y falta de acciones por parte de las entidades que deberían tener el ojo puesto en este municipio. Muestra de esto, el panfleto que el pasado martes círculo amenazando de manera directa a todos los liderazgos que han surgido con la violación de derechos que se da en este punto de Cundinamarca, demostrando que el modus operandi de las Águilas Negras no solo está en amenazar personalidades públicas, sino también a quienes desde los barrios, municipios y distintos sectores no son convenientes, no solo a esta estructura, sino a toda una clase dirigente a quienes le está siendo útil los hostigamientos que se les está haciendo a estas oposiciones y resistencias. Soacha es una zona crítica que reclama atención y acciones, que se reconozca su contexto y los actores que allí habitan, desde las estructuras armadas ilegales, hasta la comunidad civil: jóvenes, afros, mujeres, niños, niñas y todos los liderazgos que allí se han gestado.

Por: Redacción Pares El asesinato del periodista Clodomiro Castilla ocurrido en Montería en marzo del 2010 va camino a la impunidad, así como el de otros muchos comunicadores que han sido asesinados en este país. Sin embargo, esta semana se conocieron nuevos elementos que podrían ayudar a esclarecer el crimen del periodista Castilla. La semana pasada, el periodista, Antonio Sánchez Jr, escribió en su cuenta de twitter: “Yo sé que los dos últimos periodistas asesinados en Montería fue por meterse con gente poderosa de esta ciudad” y más adelante volvió a trinar, “Y hoy esos periodistas comprados trabajan para quienes, a lo mejor pagaron para que asesinaran a sus colegas. Pero eso no les importa, porque la “liga” que les dan los hace olvidar todo”. Cronológicamente se puede decir que los dos últimos periodistas asesinados en Montería fueron Clodomiro Castilla y Gustavo Rojas Gabalo. Por su parte, la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) advierte sobre este caso que el constante cambio y reasignación de fiscales interfiere en la continuidad de la investigación penal y ello se refleja en la falta de resultados efectivos en los procesos. En el caso de Clodomiro Castilla, al menos tres (3) fiscales distintos han estado a cargo de su caso en tan solo 8 años. Esta situación impide que se identifiquen y vinculen a los presuntos autores y perpetúa la impunidad que impera en este crimen. El periodismo en la mira Por estos días se conoce públicamente en Montería el enfrentamiento del periodista Antonio Sánchez Jr (autor de los citados trinos), con el periódico El Meridiano de Córdoba, que fue su casa periodística. Precisamente fue en ese medio de comunicación donde se señaló el crimen de Clodomiro Castilla, no como el asesinato de un periodista o de un atentado a la prensa, sino como el simple crimen cometido por un delincuente común. Además, es conocido en la capital de Córdoba un audio que había sido revelado precisamente por Clodomiro Castilla, donde el entonces director y gerente de El Meridiano de Córdoba, William Salleg, hablaba de negocios y política con el entonces jefe de las AUCC Salvatore Mancuso. Todos saben también en Montería (incluso las autoridades), que la semana en que fue asesinado Clodomiro Castilla, este se disponía a entregar una declaración a la Fiscalía General de la Nación sobre los vínculos con paramilitares de prestantes personalidades de la sociedad cordobesa. Muchas preguntas, pocas respuestas En esos años en los que asesinaron a Castilla y a Rojas Gabalo, Antonio Sánchez Jr, tomaba café con el director de El Meridiano. Ahora, Sánchez jr, dice en unos trinos que él sabe que los asesinatos de los dos últimos periodistas en Montería fue por meterse con poderosos. ¿Qué tanto sabe Antonio Sánchez jr? ¿Por qué nunca acudió a las autoridades? ¿Por qué habla del tema, precisamente ahora, cuando sus relaciones con El Meridiano de Córdoba no son las mejores? Deberían las autoridades apersonarse de este caso a raíz de estos señalamientos que podrían arrojar luces sobre dos crímenes que siguen en la completa impunidad y que enlutaron al periodismo regional y nacional. Finalmente, la FLIP le solicitó hace dos años a la Fiscalía General de la Nación que con el material probatorio con el que cuenta actualmente vincule formalmente a los presuntos responsables del homicidio. Al respecto, el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión indica que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales (…) viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

Por: Laura Cano, periodista Pares. Este martes se conoció la noticia que Pablo Elías González, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), había presentado su renuncia ante la Presidencia de la República, quien remitió el documento al Ministerio del Interior, entidad encargada de la UNP. Los motivos que argumenta González para salir de la dirección de esta entidad, según él, están relacionados con temas personales. Sin embargo, una radiografía rápida de lo que ha sido el tiempo de dirección del exvicefiscal en la UNP muestran un panorama de constantes denuncias por casos de corrupción, por ineficiencia en la forma de ejercer el cargo y en hacerse responsable de las prioridades de la entidad. González fue designado en el puesto el 03 de septiembre de 2018, poco después de la posesión de Iván Duque, esto en medio de una ola de asesinatos a líderes sociales que se ha recrudecido y que desde su nombramiento se registran, al menos, 133 casos según cifras de SIPARES. Irregularidades y corrupción en la gestión de González Según lo planteado legalmente, la principal función de la UNP es “articular, coordinar y ejecutar la prestación del servicio de protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades que se encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, tal como lo establece el Decreto 4912 del 26 de diciembre de 2011 el cual fue compilado por el decreto 1066 del 26 de mayo de 2015”. A pesar de esto, durante los últimos meses se ha alertado de las irregularidades al momento de asignar cargos y esquemas de seguridad desde la UNP, denuncias interpuestas principalmente por funcionarios de la misma entidad. Yesid Barragán, director del sindicato de trabajadores de la UNP, le dijo a Pares: Como sindicalista de la UNP, presidente del Sindicato de Funcionarios de la entidad, nosotros sí alertamos de esas falencias, y que son muy graves, pero el Estado no ha atendido la solicitudes. Algunas de las anomalías de la gestión de González, según lo expresado por los funcionarios, se refieren específicamente a personas contratadas “a dedo” y a asignar esquemas de protección en los que se incluyen escoltas, camionetas, armas, chalecos antibalas y celulares, a personalidades públicas que no presentan situaciones de riesgo inminente, casos que llegaron al Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) y que al ser estudiados decideron eliminar las medidas de protección, pero que a petición del ex director se debían mantener los esquemas y además realizar otros estudios. A diferencia de esta situación, también por lo planteado por los funcionarios, a los casos que presentaban vulnerabilidad en cuestiones de seguridad según el CERREM, se les daba una respuesta por parte de la dirección de la entidad y es que se realizarían nuevos análisis y mientras tanto la cabeza de la UNP daba un paso al lado del caso. Por otra parte, desde hace al menos un año, la prensa viene registrando casos de corrupción, como el pago de algunas empresas privadas para que personas ingresen a la UNP como escoltas, la retención de parte de los salarios de los trabajadores para garantizar la continuidad en los cargos o mejorar sus condiciones laborales, además, de hacer cobros para prestar el sistema de seguridad a terceros. A esto se le suma una denuncia hecha por el mismo Pablo González, casi un año después de su posesión en el cargo, por la filtración de datos de las personas a quienes se les asignó el esquema de seguridad por medio de la entidad, caso que también se dio en medio de irregularidades, pues algunos funcionarios alertaron que las indagaciones por parte del CTI no iban encaminadas en esclarecer el caso que se había alertado. La Contraloría General lo advirtió Hace tan solo unos meses, en diciembre de 2019, la Contraloría General de la Nación presentó el Informe Auditoría de Cumplimiento de la gestión de la UNP durante enero de 2018 y diciembre del mismo año, donde se evaluaba lo misional y también los contractual de la entidad. Una de las conclusiones que plantea el documento dice que: “La expedición de los actos administrativos por el director de la UNP, concediendo, modificando, ajustando o desmontando medidas de protección y el proceso de implementación de las medidas de protección a través de la adquisición de bienes y servicios, presentan deficiencias de carácter administrativo y de control interno en los procesos que adelantan las áreas involucradas tanto en lo misional como en lo administrativo”. Acá estamos hablando allá del líder social, del campesino que está abandonado y que está conviviendo con todos los actores del conflicto y esos líderes sociales que denuncian constantemente narcotráfico, que denuncian minería, el tema ambiental, y que por eso son objeto de los grupos delincuenciales. Y están abandonados totalmente en el territorio. Advierte Barragán. En el documento en general se hace un llamado de atención a la gestión del exdirector y aunque a esto se le sumaba los escándalos y denuncias que fueron saliendo antes y después, solo hasta esta semana hubo un acción que abre la vía para procurar que haya una administración eficaz de la entidad, esto entendiendo que la renuncia se dio por supuestos motivos personales, desconociendo las situaciones que rodearon la dirección de González y también entendiendo que la decisión de quién llevará la dirección de la UNP está en de Iván Duque, quien no ha mostrado “mano firme”, como lo dice el slogan de su partido de gobierno, para garantizar la seguridad de quienes están apostándole a la construcción de un tejido social solido para la protección de los derechos humanos.

Por: Redacción Pares El Movimiento de autoridades Indígenas del Sur Occidente AISO lamenta y rechaza el asesinato de las autoridades indígenas ancestrales Taita Felipe Angucho Yunda y Tata Ismael Angucho Yunda del Cabildo Misak el Águila Municipio Belén de los Andaquíes departamento del Caquetá. Las autoridades indígenas fueron asesinadas el día 9 de febrero de 2020 a las 6 de la tarde cuando se encontraban en su territorio. La Lucha del movimiento AISO ha sido contra los terratenientes, contra el acaparamiento de tierras de las multinacionales y del Estado que ha legalizado el despojo de los territorios. De esta manera, el movimiento convoca al gobierno nacional, organismos de derechos humanos, entes de control a una misión humanitaria para el 12 y 13 de febrero del 2020 en la Vereda los Ángeles del municipio Belén de los Andaquíes. «Nuestros líderes asesinados eran luchadores por el acceso a los Derechos Territoriales en el Municipio Belén de los Andaquies, departamento del Caqueta, exigiendo al Gobierno Nacional el cumplimiento de los acuerdos sobre tierras sobre el convenio 2005 entre Incoder, actual ANT, Ministerio del Interior y AICO firmado en el departamento del Cauca en año 2005″ manifiesta la comunidad a través de un comunicado. Además, la comunidad indígena denuncia la falta de garantías para la protección de los derechos territoriales, del derecho a la vida y la paz de las autoridades y comuneros del Cabildo Guambiano el Águila, exigen la expedición inmediata de la resolución de constitución de resguardo y la adquisición de los predios anteriormente descritos, el cumplimiento por parte del Estado Colombiano y Gobierno Nacional de los acuerdos en la Mesa AISO, la implementación del Acuerdo de Paz, el restablecimiento de la Mesa de diálogos entre Gobierno Nacional y los actores armados como garantía de pervivencia del pueblo misak, del movimiento indígena y de la sociedad Colombiana. La muerte del taita Ismael Agucho Yunda y su hijo, es la continuidad de una serie de asesinatos que se han venido cometiendo en un contexto de construcción de paz en nuestro país y que el Gobierno Nacional ha negado. Los distintos asesinatos no son hechos aislados, obedecen a una práctica sistemática de los enemigos de la paz. El Movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Occidente exige «De manera urgente la Fiscalía General de la Nación y demás organismos de investigación tomen cartas en el asunto, se identifiquen y se de captura a los responsables materiales e intelectuales de estos hechos que enlutan al movimiento indígena del país. Solicitamos a los organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos, al Sistema de Naciones Unidas, a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, denunciar, acompañar y trabajar para que estos asesinatos no queden impunes, ni la comunidad siga desprotegida e ignorada por el gobierno en sus justas reivindicaciones de sus derechos fundamentales.»