Por: Carlos Castelblanco Pinedo – Redacción Pares «Este gobierno no tiene voluntad política para llevar a cabo la implementación del Acuerdo de Paz. Nosotros siempre hemos tenido claro que el Acuerdo hay que marcarlo dentro del contexto de la lucha política y social en Colombia, y desató fuerzas sociales importantes de transformación; ahora nosotros tendremos que ser capaces de jalonar una fuerza que ponga fin a los conflictos y profundice la democracia de Colombia.» El senador del partido FARC, Carlos Antonio Lozada, habló con Pares acerca de la situación actual del partido FARC, la violencia contra la población que está en el proceso de reintegración y le exige al gobierno nacional que cumpla con lo pactado en el Acuerdo de Paz. «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»

Por: Isaac Morales Pérez. Coordinador de la línea de seguridad urbana y crimen organizado, Pares. De acuerdo con el Observatorio de Violencia contra la Mujer de la Fundación Feminicidios Colombia, en 2019 se registraron 260 casos de feminicidio en todo el país y en lo que va corrido del 2020 se han presentado 11 casos. El más reciente se dio el pasado viernes en Bucaramanga, cuando Argemiro Alberto Urrego Carmona, asesinó a puñaladas a Angie Paola Cruz Ariza con quien había mantenido una relación sentimental y a Manuela Betancourt Vélez amiga de Angie Paola, ambas estudiantes de la Universidad Industrial de Santander-UIS. Este doble feminicidio ha escandalizado a buena parte del país, sin embargo, este tipo de hechos se han vuelto algo común y de ligero consumo en los titulares y en las redes sociales, no se nota un abordaje integral por parte de las autoridades y del Estado mismo frente a este tipo de hechos. El feminicidio se encuentra tipificado en el código penal colombiano, a raíz del macabro episodio del que fue víctima Rosa Elvira Cely, una mujer que fue agredida, violada y asesinada en el Parque Nacional en 2012, hecho que despertó el rechazo nacional y que casi tres años después inspiró la expedición de la Ley 1761 de 2015. A esta tipificación Colombia llegó tarde ya que desde mediados de los 2000 en otros países de América Latina se había declarado el Feminicidio o el Feminicidio como un hecho punible; el código penal define el Feminicidio cuando se le causa la muerte a una mujer por su condición de ser mujer y enuncia una serie de agravantes; vale la pena aclarar que no todos los homicidios de mujeres resultan ser feminicidios, tiene unas causas contextuales para definirse como tal. En la mayoría de los casos se tiene como común denominador que el feminicida se relacionaba de alguna manera con la víctima, había sido su pareja sentimental o su propio padre en algunos casos, y muchas veces las víctimas habían realizado denuncias de riesgo a sus vidas por la intimidación de sus agresores, esto vuelve al feminicidio el delito más predecible, sin embargo es el que menos se evita debido a la falta de interés de las autoridades o al desconocimiento de su manejo. Si a muchas de esas víctimas se les hubiese escuchado con tiempo o se hubiese hecho ejercicio de inteligencia a los agresores, estos hechos se hubiesen podido evitar; el caso de Urrego tiene esta particularidad, el doble feminicidio había dejado mensajes claros de misoginia en sus redes sociales y el desenlace resultó lamentable. Ahora bien, las expresiones de violencia contra la mujer que van desde el hostigamiento, el acoso, la agresión sexual y el feminicidio mismo se han manifestado en espacios públicos, lo que lo convierte en un problema de seguridad ciudadana, ya que entornos como las calles, los parques, el sistema de transporte, los colegios, las universidades y hasta los mismos sitios de trabajo se han convertido en escenarios de este tipo de agresiones. Por ello, se debe evitar la normalización de estos hechos y realizar un abordaje integral desde las políticas de seguridad ciudadana en los entornos locales y desde el ámbito nacional, que incluya el fácil acceso a los mecanismos de denuncia, formalizar las ruta de atención a las mujeres en riesgo, acceso al aparato de justicia, enfoques preventivos de atención del delito y una educación integral en la materia. En general incluir el enfoque de género en las políticas públicas, hecho que queda pendiente en cierto grado dentro de la Política Marco de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Gobierno Nacional, donde si bien hay un tratamiento explícito a la condición de mujer como parte de un grupo de población vulnerable no se presenta un enfoque mucho más integral de cómo debe prevenirse este tipo de violencias pues afecta a las mujeres en varios entornos de su vida y los casos son numerosos: el manoseo en el transporte público, el hostigamiento y la persecución junto a la vulnerabilidad frente a la autoridad, recordando el caso de una joven en Bogotá que fue violada por un patrullero de la policía en días pasados dentro de un bus de la institución. Por otra parte, es preciso señalar los recientes casos de Transfeminicidio, entendido como el asesinato de mujeres trans por su condición de mujer, como el ocurrido el año anterior en Tuluá o el reciente hecho presentado en Neiva, donde hombres armados atacaron a un grupo de mujeres Transgenero dedicadas a trabajos sexuales en las calles de la ciudad, el hecho se presentó con total sevicia y fue condenado por la comunidad LGBTI y colectivos de diversidad sexual en todo el país; este tipo de hechos también deben ser tratados como acciones de violencia contra la mujer que afectan la convivencia y la seguridad de la ciudadanía, son en el fondo feminicidios. La violencia contra la mujer y contra quienes se identifican como tal no puede seguir siendo pan de cada día para la ciudadanía, se debe aprender a prevenir de forma integral, utilizando canales de comunicación efectivos que eviten estos hechos. No puede ser posible que solo la sororidad sea la herramienta con que ellas cuenten para proteger su vida y su integridad física; al Estado le falta mucho por avanzar en esta materia al asumirlo como un problema real de política pública.

Por: SIPARES y Línea de Conflicto, Pasz y PostConflicto, Pares. Entre los años 2016 a 2019, 2.792 líderes comunitarios, cívicos y campesinos han sido victimizados en Colombia, según datos de la Fiscalía General de la Nación. Homicidios, amenazas, desapariciones forzadas, desplazamientos, entre otros ocupan los principales hechos de victimización que, a la fecha, continúan por esclarecerse y las víctimas aún reclaman justicia. En Colombia no es un secreto que existe sistematicidad y recurrencia en los hechos de victimización cometidos contra líderes y lideresas, quienes bajo las banderas de la defensa de los derechos humanos, el sindicalismo, movimientos políticos alternativos, la reclamación de tierras, activistas y líderes de opinión. La violencia selectiva contra líderes y lideresas sociales no se ha manifestado única y exclusivamente a través de la violencia letal, es decir mediante la ejecución de homicidios, sino que también se ha evidenciado en las constantes amenazas, atentados, secuestros, violaciones sexuales, desplazamientos y desapariciones forzadas que no sólo generan daños de tipo individual sino también colectivo a la organización, ya que pueden frenar agendas de exigencia y reclamos de derechos de comunidades ante la zozobra de una posible ejecución de un acto violento. Especialmente el fenómeno de victimización contra líderes y lideresas que pertenecen a organizaciones o cívicas y campesinas es alarmante. En las bases de datos de la fiscalía (SPOA1 y SIJUF2) procesadas y visualizadas desde el Sistema de información de la Fundación Paz y Reconciliación SIPARES, se hace evidente que: desde la firma del acuerdo de paz e históricamente en Colombia las personas líderes y pertenecientes a organizaciones cívicas y campesinas son las más victimizadas. Los liderazgos que se agrupan en esta categoría están relacionados con actividades como defensa de derechos territoriales, sustitución de cultivos, reclamación de tierras o aquellos agricultores que se organizan para modificar los modelos de desarrollo y buen vivir por alternativas más cercanas a la soberanía alimentaria. En la siguiente gráfica se presentan las cifras procesadas desde los sistemas de la Fiscalía para este tipo de liderazgo desagregados por hecho victimizante. Estos datos dibujan un panorama ya sabido, descrito en detalle por las alertas tempranas proferidas por la Defensoría del Pueblo y largamente dilatados por la institucionalidad pública que insiste en negar la sistematicidad y focalización de los hechos victimizantes sobre ciertos tipos de líderes en los territorios. Para rastrear el análisis sobre el fenómeno, la Fundación Paz y Reconciliación pone a su disposición el Mapa interactivo de riesgo de líderes y lideresas. En esta visualización se presentan los resultados aportados por la Fiscalía sobre hechos de victimización desagregados por tipo de liderazgo y lugar de ocurrencia de los sistemas SPOA[1] y SIJUF[2] que comprenden el período entre 2000 y 2019. Seleccionando los filtros ubicados a la derecha puede conocer de acuerdo al tipo de liderazgo victimizado, el lugar de ocurrencia y los tipos de hechos procesados y visualizados desde Sistema de Información de la Fundación Paz y Reconciliación SIPARES. Los liderazgos más riesgosos en Colombia (Visualice aquí) [1] Estas estadísticas corresponden a los registros de las noticias criminales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por presuntos hechos delictivos que la Fiscalía General de la Nación conoció a partir de la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004 y la Ley 1098 de 2006 [2] Sistema de Información Judicial de la Fiscalía ley 600

Por: Natalia Aguilar Salas. Colaboradora Pares En la frontera de La Guajira y el departamento del Cesar se ha dado un cambio drástico en las condiciones de vida de sus pobladores debido al aumento de Grupos Armados Ilegales, crimen organizado transnacional, grupos armados organizados, desplazamiento forzado y economías ilegales. Según el informe “Sin dios ni ley”, realizado por PARES, los principales actores identificados en esta zona son: El Ejército de Liberación Nacional (ELN), El Clan del Golfo, Los conquistadores de la Sierra Nevada de Santa Marta y Conquistadores de La Guajira, al igual que grupos de delincuencia transnacional y ejércitos privados que amenazan e infunden miedo en la población, por medio de amenazas de limpieza social, al igual que amenazas de muerte a líderes sociales. El mapa de la guerra El ELN se ubica principalmente en la Serranía del Perijá, pero su accionar en los municipios de Fonseca, Albania, Barrancas y Hatonuevo, se diferencia a los demás municipios de la zona, ya que allí tienen cultivos de marihuana y coca, su principal fuente de financiación, por lo cual son cuidadosos de no llamar la atención de la fuerza pública. Además de la facilidad de control dentro del territorio colombiano, el ELN a creado alianzas en Venezuela, por medio de la cuestionada ministra de servicios penitenciarios, Iris Varela, la cual ha sido intermediaria entre el Régimen Maduro y el ELN, esto ha favorecido las alianzas con los Pranes, quienes ya han movilizado varios cargamentos de coca hacia el Caribe. Los principales grupos de delincuencia transnacional operando en la frontera son: Banda La Zona, Los Chacones, Pranes venezolanos, bandas criminales y grupos de delincuencia organizada, estos grupos se ven favorecidos ya que desarrollan y controlan economías ilegales, como el contrabando de gasolina, narcotráfico, trafico de armas, contrabando de ganado y trata de personas. La movilización del contrabando de gasolina hacia Colombia proviene del estado de Zulia. El ingreso se da por las trochas ubicadas en el corregimiento de Montelara y Carraipía. Dentro de Colombia el Cartel del Contrabando maneja las principales rutas de esta economía ilegal. Además se conoce que existe un vínculo entre la Guardia Nacional Bolivariana, quienes cobran entre 4.000 y 5.000 bolívares para permitir el tránsito de los vehículos cargados de gasolina. Dentro de las economías ilegales también se encuentran las extorsiones, el cobro de peajes irregulares y la trata de personas. En el municipio de Maicao se genera cobro extorsivo a los transportadores irregulares que transitan por las trochas. Adicionalmente existe el cobro de peajes irregulares donde se cobra entre $ 1.000 y $ 2.000 ,en este contexto la situación para las mujeres es aún más peligrosa, cuando no cuentan con el dinero del peaje son apartadas del grupo, retenidas contra su voluntad y abusadas sexualmente. La frontera guajira, una región sin ley La Guajira es el departamento donde las estructuras criminales han fortalecido las operaciones de trata de personas, se aprovechan de las condiciones de vulnerabilidad de la población migrante. Dentro del municipio de Maicao también se identifican redes de trata de personas con fines económicos, donde movilizan a los migrantes hacia La Guajira y departamentos aledaños. En el corregimiento de Paraguachón existen redes de prostitución infantil, donde involucran a niñas entre los 12 y 17 años. Las condiciones de la zona también han generado un aumento del desplazamiento forzado, principalmente el los municipios de Maicao, Albania y Fonseca, el principal actor involucrado en este fenómeno es el ELN, el cual al no encontrar jóvenes para reclutar, amenaza y aterroriza a la población, generando así el desplazamiento forzado. Según la Red Nacional de información durante el 2019 se conoció un total de 435 casos de personas desplazadas. Además del conflicto generado por el control de las economías ilegales, también existe una pugna por el control del territorio, lo cual ha derivado en un fortalecimiento del ELN, debido a tres razones, en primer lugar ha llegado a ocupar territorios que antes eran controlados por las FARC-EP, en segundo lugar su incursión en el crimen transnacional y las alianzas que han formado con estructuras armadas ilegales que operan en Venezuela y han extendido sus operaciones a territorio nacional, y finalmente las estrategias de control socio-territorial, como evitar las confrontaciones con la fuerza pública, al igual que el reclutamiento forzado de jóvenes, en su mayoría venezolanos. Aquello que es preocupante es la reconfiguración de grupos armados que lleva a la redistribución del territorio, debido al establecimiento de nuevas alianzas, que tienen mayor movilidad fronteriza y nuevas formas de funcionamiento y organización. La Guajira siempre ha sido un territorio con dinámicas complejas, donde el gobierno ha abandonado o se rehúsa a reconocer algunos actores armados, además de la facilidad de cruzar la frontera y del crecimiento exponencial de amenazas hacia aquellos que denuncian la situación, y como siempre la población es la más vulnerada.

Por: Laura Cano, periodista Pares. El Catatumbo históricamente ha sido una de las zonas de mayor disputa por el control del territorio y de las dinámicas que se dan allí. Antes de la firma del Acuerdo de Paz el Frente 33 de las Farc-ep era uno de los grupos con mayor presencia, principalmente en las zonas de El Tarra, San Calixto, Sardinata, Teorama, Convención y Tibú. Ahora, estos puntos han sido unos de los blancos de enfrentamientos por ejercer el control por parte de otras estructuras armadas ilegales que han ido copando el territorio, o que ya se ubicaban allí. Este punto del país es una de la subregiones claves para entender, no solo cómo se están organizando los grupos armados luego del Acuerdo, sino también para analizar lo que ha significado la ruptura de las relaciones diplomáticas con Venezuela en cuestión de seguridad. El 2015 estuvo marcado por un pacto de no agresiones entre el EPL y el ELN, grupos que han coexistido históricamente en el Catatumbo, pero que tras el Acuerdo vieron la posibilidad de poder expandir su control a los territorios que había dejado la exguerrilla. Es en ese año; 2017, donde las cifras de violencia vuelven a retomar sus altos picos. En un primer contexto, el EPL, hace presencia en la zona con el Frente Libardo Mora Toro y abre el espectro de su poder copando algunas de las zonas que estaban controladas por las Farc-ep. Con esto, lograban ser quienes dinamizaban las rutas que permiten el procesamiento de coca y, asimismo, el tránsito de esta para que salga del país por el estado de Zulia (Venezuela). En un segundo panorama, el ELN, consigue el apoyo del grupo PostFarc del Frente 33 liderado por Jhon Catatumbo, con lo que también logra controlar unos de los puntos que estaban al mando de la exguerilla, principalmente, Sardinata y Tibú, dos de los municipios con mayor concentración de cultivos de coca en el país. A esta radiografía se le suma la presencia del Clan del Golfo, que, tras la expansión del ELN, en el 2018 decide aliarse con el EPL, lo que recrudece los enfrentamientos entre los grupos dejando un notable incremento en hechos de desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y homicidios, esto principalmente en los municipios de Teorama, San Calixto, Hacarí, Convención y Tibú. Las rentas ilegales: otro problema en el foco Según el último informe de Pares Sin dios ni ley, entre el frente del ELN que opera en la zona y el grupo PostFarc se generó un pacto que facilitaba el cobro de extorsiones a empresas y personas, esto a través de una lista donde se especificaba quiénes eran obligados a hacer ese pago durante el control de la antigua Farc-ep en la ruta que conecta El Tarra con el estado de Zulia. Por su parte, el EPL, acordó un pacto con Los Rastrojos, un Grupo Armado Organizado, al mando de Wilfredo de Jesús Torres Gómez, que ha mantenido el control de la economía mafiosa en la frontera y en sectores rurales de Tibú. Esto para dividirse los cobros en los pasos fronterizos de la zona de Cúcuta, Puerto Santander, Villa del Rosario y Ragonvalia, y a su vez para abrirle paso paulatinamente a Los Rastrojos en el Catatumbo. Ante estas alianzas y el fortalecimiento de el control tanto del ELN, como del EPL, se ha generado una nueva ola de violencia y enfrentamientos, esta vez provocados por quién gana más territorio en cuanto a los cobros extorsivos en los pasos ilegales. Lo que ha permeado en la situación del flujo migratorio, pues estos se dan por medio de las trochas y caminos que están en disputa.

Por: Redacción Pares La violencia en zona de frontera en Arauca no obedece a una disputa abierta entre estructuras armadas ilegales, sino a una estrategia de control militar y social por parte del ELN, Frente Domingo Laín, quien históricamente ha tenido una presencia dominante en el territorio y luego de finalizado el cese al fuego en 2018 por parte del gobierno nacional dio inicio a una estrategia de fortalecimiento que ha conducido a un incremento en las cifras de violencia. Desde entonces se reporta un recrudecimiento de la violencia homicida, especialmente en los municipios de Saravena y Arauquita, teniendo allí unas tasas de homicidio para 2018 de 64,15 y 75,15, respectivamente, lo que en el caso de Arauquita equivale a un incremento del 296% respecto a la tasa del 2017. Así lo revela la última investigación de Pares Sin dios ni ley, un informe de la violencia en la frontera . En zona de frontera el afianzamiento consiste en un despliegue y repliegue de tropas en las zonas de sabana y sobre el río Arauca, lo que les facilita resguardarse de las acciones militares de la Fuerza Pública, adelantar acciones contra esta y controlar rentas ilícitas de frontera como el contrabando de combustibles, semovientes, mercancías y tráfico de armas. Este control fronterizo se expresa además en un control social violento, especialmente sobre la población migrante venezolana en Arauca y Saravena. Los grupos ilegales en Arauca La presencia del GAPF Estructura Décima Martín Villa incrementa este escenario de violencia, pues aunque este coexiste recientemente en el territorio con el ELN, ha venido adelantando acciones de violencia contra la población civil, principalmente en zona fronteriza de Arauca en veredas como Puerto Colombia, Selvas del Lipa, Matal de Flor Amarillo, Los Caballos, Mate e´Piña, Maporita y Feliciano, pertenecientes al corregimiento El Caracol, donde se concentra esta estructura y desde donde estarían realizando cobro de extorsiones (vacunas) a comerciantes (formales e informales), ganaderos, contratistas del sector público y transportadores y control de carreteras, de acuerdo con lo acordado en una estrategia de cooperación y colaboración con el ELN y que les permitiría la distribución de zonas (tanto en las áreas urbanas como en zonas rurales). Sin embargo, tras esta aparente ausencia de enfrentamientos entre grupos armados ilegales en el departamento de Arauca, la Defensoría del Pueblo y otras fuentes primarias del territorio advierten del riesgo de un escenario de confrontación entre dichas estructuras armadas ilegales. Esto considerando, por ejemplo, los frágiles acuerdos y relaciones entre las dos organizaciones armadas que ya parecen mostrar circunstancias de desacuerdo y malestar por el control del territorio. Además, por la reciente aparición de dos GAPF más. El primero, una disidencia de la Estructura Décima Martín Villa, con quienes ya ha habido algunos enfrentamientos. El segundo, el grupo GAPF “Nuevo Ejército del Pueblo”, conformado por un grupo de excombatientes (Ronaldo Chagualo y alías “Serrucho”, entre otros) durante la implementación del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en la vereda “Filipinas”, Arauquita. El grupo armado post-FARC habría sido el autor de la emboscada a una caravana de la Unidad Nacional de Protección que se dirigía hacia el ETCR de “Filipinas” a inicios de 2018. Un factor adicional a este posible escenario de riesgo en el departamento de Arauca lo constituye su cercanía al departamento del Vichada, donde se experimenta actualmente una intensa dinámica fronteriza de seguridad relacionada con el tráfico de minerales y explotación de personas cerca al arco minero de Venezuela. “Los sindicatos criminales de Venezuela y los grupos guerrilleros de Colombia vienen generando nuevas amenazas en el sur de Venezuela en su competencia por el control de los lucrativos recursos minerales de la región. Las tensiones y la violencia se han disparado en los últimos meses y podrían empeorar en medio de la crisis presidencial de Venezuela”. Estas disputas han conducido a una compleja situación humanitaria; abrupto incremento en las tasas de homicidios. Violencia también asociada a la densidad de cultivos de coca en estas zonas (NS).

Por: Diego Alejandro Restrepo, Coordinador de la Línea de Investigación en Conflicto, Paz y Postconflicto, Pares. El 03 de febrero de 2020 fue publicada una carta dirigida al actual director del Centro Nacional de Memoria Histórica-CNMH de Colombia, Darío Acevedo, en donde se le notificaba la no renovación de la membresía del CNMH en la Coalición Internacional de Sitios de Consciencia que recoge en siete redes “más de 275 miembros en 65 países alrededor del mundo”, entre ellas la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños-RESLAC. La expulsión del CNMH de la Coalición Internacional se dio debido a la ausencia de respuesta de Darío Acevedo frente a la solicitud, cuatro meses atrás, de adherirse a los principios de esta red, es decir, que reconociera la existencia del conflicto armado interno en Colombia, la centralidad de las víctimas frente a los actores armados y garantizara su participación en los procesos de memoria, que apoyara las iniciativas generadas desde la sociedad civil en procesos de memoria y que procurara una cultura de paz para la no repetición del pasado violento. El mismo día, la Red Colombiana de Lugares de la Memoria se acogió a este pronunciamiento aludiendo a la falta de apoyo del CNMH en cabeza de Acevedo a las iniciativas de memoria de la red, su falta de reconocimiento a la Red como interlocutor válido en la construcción del Museo Nacional de la Memoria y también a sus constantes pronunciamientos públicos haciendo evidente la priorización de la memoria de las Fuerzas Armadas y poniendo en cuestión la existencia del conflicto armado en Colombia. Imagen tomada de El Espectador. Darío Acevedo, Director del Centro Nacional de Memoria Histórica. Este hecho constituye sólo una expresión de las transformaciones que vienen sucediendo en el CNMH desde el ascenso de Darío Acevedo como su director. Desde el momento mismo de su designación por parte del presidente Iván Duque Márquez, del partido Centro Democrático, se suscitó una fuerte polémica entre sectores de víctimas, políticos, intelectuales y organizaciones sociales debido a su cercanía con el uribismo, especialmente, con el senador José Obdulio Gaviria, su falta de méritos académicos para dirigir esta institución y sus posiciones públicas negando el conflicto armado colombiano, exaltando la labor de las Fuerzas Militares en medio de fuertes cuestionamientos por violaciones a derechos humanos y restándole legitimidad al proceso de paz entre el Estado y las Farc-ep. Tal fue el impacto en las organizaciones de víctimas que habían tejido una relación de confianza con el Centro de Memoria durante la dirección de Gonzalo Sánchez, que, ante el anuncio presidencial, decidieron retirar sus archivos por la desconfianza que les causaba la nueva dirección y el nuevo rumbo que tendría esta institución. Unión Patriótica-UP, Asociación Minga, el Movimiento Nacional de Víctimas del Estado-MOVICE, la Organización de Madres de Falsos Positivos-MAFAPO y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, fueron algunas de las organizaciones que retiraron sus archivos del CNMH. A pesar del escenario de zozobra y rechazo en el cual Acevedo asumió el control de la institución, de manera temprana dio inicio a una serie de transformaciones sustanciales en el enfoque y la perspectiva del Centro. Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta transformación ha sido la propuesta de reelaborar el guión del Museo de la Memoria con el propósito de incluir la narrativa de las Fuerzas Militares, según algunas versiones con una visión apologética de la institución castrense, pues según su perspectiva esto había sido desestimado por la administración anterior. Recientemente, Cristina Lleras, una de las personas que hizo parte del equipo de museología y coordinó la exposición Voces para transformar a Colombia, una exposición piloto del museo, publicó un artículo titulado “Sería fácil llamarlo censura. Detrás de los cambios del guión del Museo de Memoria de Colombia” en donde plantea la discusión sobre las pretensiones de Acevedo en la transformación narrativa del Museo y sus implicaciones en el ámbito de la museología contemporánea. Más allá del ámbito disciplinar, no menos importante, cabe destacar algunos elementos señalados por Lleras: I) Desconocimiento intencionado del trabajo participativo y académico desarrollado durante cuatro años para la elaboración del guion del Museo. II) Desestimación del documento Museo Nacional de la Memoria: un lugar para el encuentro. Lineamientos conceptuales y guion museológico. III) Objetivación de las víctimas del conflicto, consideradas como ‘fuentes’, como ‘testimonios’ y no como “sujetos con historia y agentes de la transformación”. IV) Disminución del apoyo a las iniciativas de memoria de víctimas y conmemoraciones. V) Preponderancia de iniciativas de memoria de la Fuerza Pública y, seguidamente, de víctimas de las guerrillas. Sobre el último punto señalado, la relación desproporcionada entre la iniciativas de memoria de Fuerza Pública frente a las de víctimas y otros sectores es evidente: En el listado de Iniciativas de 2019 aparecen 20 con información y en curso cuyos resultados, a la fecha, aún no han sido publicados. Casi la mitad son iniciativas con la Fuerza Pública y, las otras, son en su mayoría de víctimas de las guerrillas. (Lleras, 2020) Es de particular interés que, a pesar de que las Fuerzas Militares tienen sus propias investigaciones sobre memoria histórica y desarrollan exposiciones en sus propios museos, financiadas con recursos públicos, el CNMH bajo la dirección de Acevedo concentre la mayoría de sus esfuerzos en apoyar esta labor en detrimento de la articulación con otras voces sin recursos oficiales e invisibilizadas por la acción de la guerra. Se hace evidente aquí la operación simbólica de los sectores gubernamentales para disputar las interpretaciones del papel de las Fuerzas Militares en la guerra y así subordinar las memorias a sus intereses, reelaborando el pasado para justificar el presente y proyectar un futuro acorde con su visión política. Sin embargo, ¡no toda dominación es total! Tomada de National Geographic. Fotografía de Mikhail Kolstov (1937). Cartel de la Resistencia de Madrid ante la dictadura de Franco. El pasado es un sentido activo, construido y reconstruído constantemente por agentes sociales que se sitúan en escenarios de disputa frente a otras interpretaciones y sentidos, contra olvidos y silencios. La memoria es central en la agenda de movimientos sociales y colectivos que disputan estos significados a través de la activación de los recuerdos incómodos, dolorosos, descodificando las visiones dominantes que buscan consolidarse como hegemónicas, recodificando las interpretaciones a través de la resistencia. Es necesario tomar partido ante la cruzada por la memoria emprendida por el uribismo, ¡No pasarán!

Por: Laura Cano, periodista Pares. El caso de Aída Merlano ha sido un ir y venir de versiones y sucesos. Merlano fue capturada el 11 de marzo de 2018 con una condena de 15 años por porte de armas en calidad de custodia, concierto para delinquir y corrupción al elector. Cinco meses después de su captura, el 02 de octubre, la excongresista se fugó y desde allí su paradero y el rumbo de su caso era incierto. El pasado 27 de enero en Maracaibo (Venezuela), fue capturada por miembros de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), allí el debate en torno a lo que seguiría con Merlano se dividió; por un lado, Iván Duque se refirió al caso diciendo que iba a solicitar la extradición de la excongresista por medio del autoproclamado presidente, Juan Guaidó; por otro lado, Maduro se refirió al caso diciendo que eran las autoridades legítimas venezolanas quienes habían hecho la captura, por ende era improcedente hacer el trámite con el interino. Luego de esto, y sin muchos más pronunciamientos por el gobierno nacional, el pasado 06 de febrero, la excongresista asistió a una audiencia especial para comparecer y dar su declaración de los hechos. ¿Qué salió de allí? Corrupción, corrupción y corrupción Lo dicho por Merlano saltó de un medio al otro y rápidamente se fueron conociendo hechos, que, como un mal presagio, todos veían venir o intuían de la política nacional. Hay algo trasversal a todo lo que ha rodeado el caso Merlano: la corrupción. Su audiencia tuvo esto como eje trasversal, allí varios nombres fueron dichos para referirse a cómo ha venido funcionando la clase política dirigente por años, desde sus nombramientos, hasta sus maneras de proceder dentro de las instituciones estatales. La Familia Char, los intumbables de la Costa: como lo decían algunas investigaciones, anteriormente realizadas, en medio del acontecimiento Merlano se refirió a uno de los clanes políticos más importantes del país, y al más importante de la costa colombiana. Allí habló cómo por medio de la relación que mantuvo con Julio Gerlein se fue involucrando con las estructuras políticas del país. Lo que la llevó a enterarse de los movimientos que se daban desde allí para la compra de votos y la permanencia de quienes juegan un papel dentro de la política, en ese momento, principalmente de Roberto Gerlein. Merlano se refirió a cómo desde esta estructura dominante en la Costa se pudo haber realizado un complot para que ella terminará siendo acusada por varios delitos, principalmente por el de compra de votos, con lo cual se iba a posesionar como senadora. Este caso iba desde pruebas puestas por la policía y la Fiscalía, entidades que allanaron su vivienda, pasando por el soborno a magistrados para trabajar en el caso a favor de los Char e incluso, participando en el escape de Merlano para luego secuestrarla y ponerla en varios escenario de maltrato, esto por medio de Arturo Char, quien había sido citado para abrirle investigación por el caso. Coimas, empresarios y el juego de llegar al poder: durante la audiencia uno de los temas que seguramente nos tiene en el puesto del país más corrupto salió a la luz: la compra de votos. Merlano se refirió a que en las campañas presidenciales de aproximadamente los últimos 20 años se movían por el poder financiero que se movía desde puntos del país, como la Costa. Enfatizó de que desde el primer periodo de Uribe se han movido alrededor de 25.000 millones de pesos para campañas políticas. De allí, también salieron cifras para para lo que fue la fracasada campaña de Germán Vargas Lleras, que desde su vicepresidencia venía maquinando todo con el entonces superministro Néstor Humberto Martínez, quien luego, según lo dicho en la audiencia, fue nombrado, también de forma corrupta, como Fiscal General, para asegurar que todo el juego corrupto no tuviera sus consecuencias. Este dinero, según lo dicho por Merlano, ha salido de empresas como Valorcon, Odebrech, el Grupo Aval en cabeza de Luis Carlos Sarmiento Angulo, quienes después celebran contratos para recuperar las inversiones hechas en campaña. La llamada “mermelada”. La clase política dirigente Lo declarado por Merlano es que hoy hay una persecución con fines de asesinato contra ella y su familia, esto en cabeza de Iván Duque, Álvaro Uribe Vélez, Julio Gerlein y Arturo Char. A esto se le sumó que el miedo que ahora no es por los procesos jurídicos que vienen, sino por la clase política de Colombia. Por lo que solicitó a Maduro que su caso pueda ser llevado entidades internacionales que garanticen el debido proceso. Aquí en Colombia, la respuesta por parte del fiscal encargado, Fabio Espitia, es que no se procederá a investigaciones después de lo declarado por Merlano, pues no hay ninguna denuncia en instituciones nacionales, además aseguró que lo dicho podría ser una estrategia de defensa; el caso de nuevo al limbo.

Por: Esteban Salazar Giraldo. Investigador Nacional PARES La mañana de este viernes, el presidente Iván Duque anunció, a través de su cuenta de Twitter, a Ángel Custodio Cabrera como nuevo ministro de Trabajo, en reemplazo de Alicia Arango, quién se desempeñará como ministra del Interior. Vale la pena recordar las polémicas que han perseguido a Cabrera a lo largo de su trayectoria como funcionario público. Ángel Custodio Cabrera Báez es contador público de la Universidad Nacional de Colombia con especialización en Derecho Tributario y en finanzas de la Universidad de los Andes. Nació el 19 de julio de 1956 y en los últimos 30 años ha dedicado su vida al sector público, principalmente dentro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y cargos de elección popular. Su polémico paso por el ICBF Su primer cargo en el ICBF fue en el periodo de 1991-1994, cuando se desempeñó como director de la regional Bogotá. Posteriormente, ocupó su primer cargo de elección popular como concejal de Bogotá durante 2 años. En 2006 se lanzó a la Cámara de Representantes por Bogotá, con el aval del partido Cambio Radical, cuando resultó elegido con 17.141 votos. En 2010 se cambió al partido de la U, cuando fue reelegido en la Cámara duplicando su votación a 34.029 votos. En 2011 estuvo cerca de perder su investidura, pues habría violado presuntamente el régimen de conflicto de intereses al asistir a un debate sobre el referendo reeleccionista luego de haberse trasladado de Cambio Radical. Sin embargo, el Consejo de Estado le dio la razón, pues se demostró que, aunque Cabrera asistió al debate, no participó del mismo. Para 2014 dio el salto al Senado de la República cuando obtuvo 456.675 votos. En 2015, Cabrera puso como su cuota en el concejo de Bogotá a Nelly Patricia Mosquera, por medio de los votos obtenidos con el trabajo de las madres comunitarias en Bogotá. Cabe recordar que el poder de Cabrera ha residido en su participación dentro de la Comisión Permanente encargada del presupuesto durante varios periodos como congresista, además de haber sido el ponente de proyectos de Ley en beneficio de las madres comunitarias y sustitutas del ICBF. Por otra parte, en enero de 2016, Angel Custodio Cabrera estuvo involucrado en una investigación que abrió la Procuraduría debido a un presunto carrusel de contratos, por su presunta injerencia en los nombramientos de gerentes de hospitales de Bogotá. En octubre de ese mismo año, la Procuraduría archivó la investigación. En julio de 2016 Ángel Custodio Cabrera también estuvo relacionado en una investigación que ordenó la entonces directora del Icbf en Bogotá, Diana Arboleda, por la celebración que habrían realizado funcionarios del Instituto para el cumpleaños del entonces senador Ángel Custodio Cabrera. La entrada al evento tenía un costo de 200 mil pesos y, según fuentes del Instituto, si este dinero no era entregado, los amenazaban con la cancelación de contratos. Algunos denunciantes aseguraron en su momento que no era la primera vez que se realizaban este tipo de celebraciones en compañía de Cabrera. Esto quedó registrado en un video presentado por Noticias Uno1. Cabe recordar que Ángel Custodio Cabrera llegó como fórmula del exsenador Plinio Olano al Congreso. En 2018 Olano entró a hacer parte de los investigados por el escándalo de Odebrecht y Angel Custodio Cabrera fue presentado por Pares como uno de sus posibles herederos. Sin embargo, el 7 de diciembre de 2019 la Corte Suprema de Justicia decidió absolver a Plinio Olano, y ordenó su inmediata liberación tras no encontrar pruebas en su contra. Hasta el momento, todas las investigaciones han salido a su favor.

Por: Redacción Pares Se estima que en el mundo existen alrededor de mil millones de armas pequeñas y ligeras en circulación. A escala global, las armas pequeñas fueron utilizadas en casi el 50% de todas las muertes violentas entre 2010 y 2015. Esto se traduce en más de 200.000 muertes cada año, ha explicado esta semana la alta representante de la ONU para Asuntos de Desarme. “El uso de estas armas, ya sea en entornos con o sin conflicto, prevalece en todas las regiones y subregiones de las Américas a África al sur de Europa. Ningún estado es inmune a los desafíos planteados por los flujos de armas ilícitas”, dijo Izumi Nakamitsu al Consejo de Seguridad durante la presentación del informe del Secretario General sobre esta cuestión. En muchos lugares, las armas pequeñas y las armas ligeras son una de las principales causas del sufrimiento humano. Su producción, incluida la fabricación artesanal, es un negocio lucrativo y un medio atractivo para sostener las actividades de grupos terroristas y delictivos. Las existencias de armas y municiones están aumentando, en particular en las zonas afectadas por conflictos. Armas: mujeres y hombres Las armas pequeñas y ligeras ilícitas tienen múltiples implicaciones para la seguridad, los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la igualdad de género y la prevención de conflictos. Por ejemplo, en entornos de conflicto y posteriores a un conflicto y en entornos de criminalidad generalizada, los datos sobre homicidios confirman que la mayoría de las víctimas son hombres. Sin embargo, para las mujeres, las armas de fuego y la violencia en la pareja a menudo forman una combinación letal. Los datos de un número limitado de países, específicos del homicidio perpetrado por una pareja íntima o un familiar, indican que es más probable que ese tipo de homicidio se cometa con un arma de fuego cuando la víctima es una mujer. Otra forma en que las mujeres se ven afectadas es que tanto en contextos de conflicto como de criminalidad, cuando un familiar masculino resulta herido o muere, a menudo soportan una pesada carga, con consecuencias psicológicas y económicas considerables. Las zonas urbanas cada vez más afectadas Por otro lado, a medida que los conflictos armados se alejan cada vez más de los campos de batalla abiertos y se desplazan hacia aldeas, pueblos y ciudades, las consecuencias humanitarias aumentan de manera exponencial. Más de 50 millones de personas se ven afectadas por conflictos en zonas urbanas. Por ese motivo, Guterres ha solicitado más respeto del derecho internacional en las ventas internacionales de armas. “Las exportaciones de armas convencionales, incluidas las armas pequeñas, las armas ligeras y las municiones conexas, deben estar supeditadas a una sólida evaluación de riesgos que incorpore las consideraciones más estrictas del derecho internacional”, asegura el Secretario General.

Por: Redacción Pares El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, hizo reparos al proyecto de reanudación de aspersiones aéreas con glifosato, como parte de un proceso preventivo de defensa de los intereses de la sociedad. En carta dirigida a la ministra de Justicia y del Derecho, Margarita Leonor Cabello Blanco, el jefe del ente de control pidió que se respeten los protocolos que fijó la Corte Constitucional en varias sentencias, que definen el conjunto de requisitos que deben ser cumplidos satisfactoriamente para reanudar las aspersiones aéreas. “Esto obedece a la responsabilidad que tenemos al defender los intereses de la sociedad, y fundamentalmente tienen que ver con el respeto de los protocolos que fijó la Corte Constitucional en varias sentencias, particularmente la T-236 de 2017 en donde existe un conjunto de requisitosmínimos que constituyen ese protocolo y que deben ser cumplidos satisfactoriamente para reanudar las aspersiones aéreas y esos reparos tienen que ver con el principio de precaución”. Carrillo Flórez afirmó que la Procuraduría le dio al medio ambiente la jerarquía que no ha tenido en el pasado, y por lo que considera que la reanudación de las aspersiones aéreas con glifosato “debe incorporar un mecanismo de protección”. Advirtió que el proyecto de Decreto no presenta elementos claros para armonizar las medidas de sustitución voluntaria con la reanudación del método de erradicación con glifosato, ni estrategias dirigidas a la superación de condiciones de pobreza y marginalidad de las familias campesinas que subsisten de los cultivos de uso ilícito. Asimismo, señaló que por medio de la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos se ha insistido en la ejecución de estrategias que permitan hacer efectivos los procesos de participación ciudadana, fundamentales para que las comunidades étnicas tengan conciencia de las repercusiones de la aspersión con glifosato. Frente al acuerdo final de paz indicó que el proyecto de Decreto no cumpliría con lo pactado, al no presentar propuestas que armonicen las medidas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos con la política de aspersión. “Nos parece que hay que definir qué es lo que el gobierno quiere en la política de sustitución de cultivos ilícitos, porque hasta la fecha no ha hecho públicas las estrategias que pondrá en marcha para cumplir con lo establecido en el acuerdo”. Finalmente, demandó que se cumpla la exigencia de la Corte Constitucional, que la investigación en materia ambiental y de salud sobre la repercusión de las fumigaciones con glifosato debe contar con condiciones de rigor, calidad y garantías a través de una instancia técnica, “ojalá internacional, preferiblemente un órgano de carácter científico con reconocimiento internacional, ojalá en el ámbito de Naciones Unidas”.

Por: Redacción Pares Esta semana la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recibió en Riosucio (Chocó) un informe por parte de los consejos comunitarios de Domingodó y Salaquí, sobre graves violaciones a los derechos humanos y la victimización de cerca de 700 familias de esta región en el marco del conflicto armado. La entrega del informe por parte de estas comunidades, pertenecientes al pueblo afrodescendiente, contó con el apoyo de la Fundación ProClade (Promoción Claretiana para el Desarrollo) y de los Misioneros Claretianos de Colombia y Venezuela, que desde hace más de 30 años está presente en el Bajo Atrato, acompañando a las comunidades y organizaciones étnico-territoriales en su ejercicio de resistencia pacífica a la confrontación armada. Con este informe, las comunidades del río Domingodó y del río Salaquí, ambas ubicadas en el norte del departamento del Chocó, esperan que los hechos acontecidos durante el conflicto armado sean tenidos en cuenta por la Sala de Reconocimiento de la JEP como aporte en el Caso 04, que prioriza la situación territorial de la región de Urabá. Al acto de entrega del informe asistió la magistrada Nadiezhda Henriquez, quien escuchó a los representantes del Río Salaquí, así como a un delegado de la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (ASCOBA). El cierre de esta jornada en Riosucio estuvo acompañado por un Alabao, un canto tradicional de viva voz de las comunidades, en memoria de lo sucedido. También, los líderes y lideresas de estos consejos comunitarios dialogaron con la magistrada Henríquez e hicieron preguntas sobre esta diligencia. ¿Qué es el caso 04 de la JEP? A través del auto No.040 del 11 de septiembre de 2018, la Sala de Reconocimiento de Verdad de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP abrió el caso 04, conocido como “Situación territorial de la región de Urabá». Este caso cubre los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba, en Antioquia; y el Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí, en Chocó. Para priorizar este caso, la JEP se basó en los informes entregados por la Fiscalía General de la Nación, el Centro Nacional de Memoria Histórica y las organizaciones sociales como la Corporación Reiniciar y el Cinep. En la región de Urabá, según información entregada a la JEP, se registran 3.523 casos de hechos victimizantes, entre los que se destacan masacres, desapariciones forzadas, apropiación ilegal de tierras, violencia basada en género y violencia sexual.