Por: Laura Cano, periodista Pares. El pasado fin de semana comenzó un nueva temporada taurina en la capital colombiana. Esto tras conocerse que desde la actual Alcaldía no se podía dar marcha atrás, pues ya había un contrato firmado con los empresarios que la llevaron a cabo este año. Esta jornada concretamente se vivió desde la molestia de que no se entienda de que venimos luchando de todas las formas posibles para que esa actividad finalmente se termine, pero a veces parece que la gente no entiende que, pese a todos los intentos, tenemos una Corte Constitucional y unas ramas del poder público que ceden a los intereses de las personas que quieren que ese tipo de actividades continúen, explicó a Pares Natalia Parra Osorio, directora de la plataforma animalista Alto. Además, a esto se le agrega la imposibilidad que tiene el gobierno local de suspender esta actividad. Esto se aclaró en 2013 durante el mandato de Gustavo Petro, quien había adelantado un proceso para la prohibición a esta actividad en la ciudad, pero quien, como respuesta a esta medida, recibió una acción de tutela contra acto administrativo por parte de la Corporación Taurina de Bogotá y radicada en la Corte Constitucional, entidad que en su respuesta retomó la Ley 916 de 2004, estableciendo que se debía: “restituir de manera inmediata la Plaza de Toros de Santa María como plaza de toros permanente para la realización de espectáculos taurinos y la preservación de la cultura taurina, sin perjuicio de otras destinaciones culturales o recreativas siempre que estas no alteren su destinación principal y tradicional, legalmente reconocida”. En ese documento también se estableció que tenían que: “ordenar a las autoridades distritales competentes disponer lo necesario para la reanudación del espectáculo taurino en la Plaza de Toros de Santa María de Bogotá, mediante la adopción de mecanismos contractuales u otros administrativos que garanticen la continuidad de la expresión artística de la tauromaquia y su difusión”. A esto se le agregó la claridad que: “La administración distrital habrá de abstenerse de adelantar cualquier tipo de actuación administrativa que obstruya, impida o dilate la celebración de espectáculos taurinos en la Plaza de Toros de Santa María”. Así, se inhabilitó a la alcaldía de ese momento y a las venideras de la toma de decisiones que condujeran a la prohibición de las temporadas taurinas. Sin embargo, es necesario aclarar que desde dicho organismo sí se está en la capacidad de tomar medidas que promuevan desincentivar la asistencia a este tipo de eventos; como la creación de actividades alternas o las determinaciones en los contratos con los empresarios taurinos. Este año la alcaldesa Claudia López, estableció que como medida la propuesta de “la fiesta no brava”, e invitó a los ciudadanos a participar de los eventos que se desarrollan en lugares como la Cinemateca, el Teatro Jorge Eliecer Gaitán, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y también de asistir a conciertos de la Sinfónica de Bogotá. Un balance de la primera jornada de temporada taurina Para la realización de esta temporada taurina fue contratada la empresa mexicana Casa Toreros. Mediante lo establecido en el contrato se configura que esta actividad irá desde el pasado de 02 febrero, hasta el próximo 01 de marzo. Además, que para la prestación de la Plaza de Toros la Santamaría, la empresa privada debía asumir el pago de alrededor del 14.9% por venta de boletería; para este año los precios de estas oscilan entre 90.000 y 706.000. Pares habló con Natalia Parra Osorio, directora de la Plataforma ALTO, quien desde esta organización ha trabajado para promover la prohibición y regulación de las corridas de toros, principalmente en Bogotá. Pares: ¿Cómo se vivió el inició de la temporada del 2020? Natalia Parra Osorio: Esta jornada concretamente se vivió desde la molestia de que no se entienda de que venimos luchando de todas las formas posibles para que esa actividad finalmente se termine, pero a veces parece que la gente no entiende que, pese a todos los intentos, tenemos una Corte Constitucional y unas ramas del poder público que ceden a los intereses de las personas que quieren que ese tipo de actividades continúen. Nos encontramos el fin de semana pasado con gente que le reprochaba a la nueva alcaldesa por prestar el escenario. Eso es muy molesto porque se ve cómo se pierde la objetividad con tal de criticar que ella haya tenido que prestar el predio. Inclusive se atacó a los animalistas diciendo que había permisividad en dejar que Claudia López haga esas cosas. Tocó hacer mucha pedagogía para que se entendiera porqué las cosas están funcionando así. Fue un domingo confuso en ese sentido. También fue una jornada en la que tuvimos que demostrar que los animalistas no éramos unos terroristas como han querido mostrar, por tan solo una vez de tantas en las que hemos salido a manifestarnos, en la que hubo unos desmanes, los que, a nuestro parecer, tienen que ver con personas infiltradas. Pares: ¿Cómo se ha movido el movimiento animalista con la nueva administración frente al tema de las corridas? N.P.O: Con la Secretaría de Gobierno hemos tenido encuentros y desencuentros, pero más encuentros y allí se decidió tener una jornada de manifestación desde el arte, lo cultural y pedagógico. En ese sentido llegó la crítica de porque no estábamos haciendo una protesta mucho más fuerte, cuando todas las formas de pronunciarse son válidas. Además, hay que tener en cuenta que el Congreso nada que aprueba una ley que comience a cambiar esto, ellos son los únicos que tienen la competencia de prohibir o regular la corridas, es a ellos a quienes tenemos que dirigir el reclamo, no a una alcaldía que está maniatada. Sin embargo, es en el siguiente contrato es en el que vamos a verificar si la alcaldía tiene la disposición para que estas corridas dejen de ser favorable para los taurinos y busquen establecer todas la medidas y mecanismos para que no le quede tan fácil acceder a tantos privilegios a los organizadores de las temporadas taurinas desde lo contractual de la ciudad. Pares: ¿Cuál fue el balance de asistencia y de seguridad que se vivió en esta primera corrida? N.P.O: Un sector aficionado a esos espectáculos se jacta de haber llenado la Plaza, eso no es verdad, a este lugar le cabe un poco más de 10.000 personas y los cálculos dan que fueron alrededor de 5.000. Lo que les decimos es que si llenaron tanto la plaza es que le tiene que pagar al Distrito lo que equivaldría la Plaza llena. Vamos a ver si eso pasa. El operativo de seguridad a partir de este año no está corriendo bajo el erario, quien lo tiene que cubrir es el empresario. Eso es crucial porque ya no pueden ser tan exagerados como venía siendo en los años pasados, que como la plata era del Distrito se gastaba con medidas exageradas y se cerraba el centro como querían. Ahora que es con plata del bolsillo del señor que organiza ya no puede ser tan desmedido el operativo. «El movimiento animalista no es ajeno a peleas o discusiones, pero esta vez nos sentamos todos para construir desde la hermandad.» Foto: Pares. Sin embargo, nuestra preocupación es que había una forma de desincentivar esta actividad, que era restringiendo el consumo de alcohol, a pesar de esto por la quinta la Policía no actuó mucho frente a esto, fueron espectadores de cómo por esa calle tranquilamente la gente se estaba emborrachando y ni siquiera estaban limitando el ingreso de estas bebidas a la Plaza. Pares: ¿Cómo estuvo la organización este año del movimiento animalista para la preparación de la temporada antitaurina? N.P.O: Como en todos los actores de la sociedad civil se presentan a veces diferencias, somos finalmente un movimiento joven, quizá el más joven de todos, estamos en proceso de maduración por decirlo así. En ese sentido, el movimiento animalista no es ajeno a peleas o discusiones, pero esta vez nos sentamos todos para construir desde la hermandad. Ya estamos cooperando, dando ideas, acompañando los diferentes eventos, trabajando en conjunto contra las corridas de toros. Lo del domingo fue ejemplo de eso, fueron varios eventos que se subseguían en un ejercicio colaborativo y estaremos así en los sucesivos días de la temporada. Pares: ¿Por parte de la Corte ven alguna luz que dé de alguna forma vía a la prohibición de las corridas de toros en Bogotá? N.P.O: De la Corte no podemos esperar gran cosa. El último fallo es muy precario y los establece como un objeto de protección simplemente. Como han establecido su postura frente a este tipo de eventos, es delimitarnos completamente para poder evitarlos o regularlos, dejándolo solo en manos del Congreso, inclusive aniquilándonos la Consulta Antitaurina que tuvo todo su trámite legalmente como debe ser y que fue aprobada, pero que en el momento en que tenía que ser sometida a votación por la ciudadanía llega la Corte y la hunde. Desde allí no podemos esperar nada, además porque el Congreso está compuesto mayoritariamente por personas que siguen los intereses de ganaderos, de los dueños de la tierra, de los empresarios que les conviene que este tipo de eventos permanezcan, no solo porque sean aficionados, sino porque saben que son una clase poderosa y que si las corridas de toros siguen hay otras arbitrariedades que pueden seguir su rumbo. Ni siquiera han querido grabar las corridas de toros con IVA, mientras que la mayoría de los ciudadanos tenemos que pagar IVA por una cantidad de cosas. Frente al tema de la entrada de niños y niñas, logramos que la ONU ordenará que se alejarán a los menores de edad de la tauromaquia, esto basándose en la Convención sobre los Derechos del Niño. Lo que hicieron la mayoría de los congresistas al presentar el proyecto fue declararse impedidos, huno casi 40 impedimentos, estos se basaban, no en que tuvieran niños entrenados en corridas de toros, sino porque tenían familiares hasta en tercer o cuarto grado de consanguinidad que son menores de edad. Es decir, la excusa fue absurda, o sea que, no podrían jamás votar una ley que tuviera que ver con infancia porque tienen algún niño en la casa. Lo que pasó fue que se levantó la sesión, se dilató y se hundió el proyecto. En lo anterior está la dificultad de todo, por eso es por lo que como ciudadanía nos tenemos que organizar fuertemente para mover el tema en el Congreso en el momento preciso, porque también hay quienes saben que como este es un tema taquillero, radican proyectos en momentos en que no son estratégica, ni políticamente adecuados. Hay que buscar los espacios y momentos para continuar la pelea donde debe ser.

Por: Lina Gaitán Mateus. Investigadora Pares. En la madrugada del martes 13 de mayo de 2008, el expresidente Álvaro Uribe ordenó la extradición a Estados Unidos de Salvatore Mancuso y otros 12 jefes paramilitares. El próximo 27 de marzo el excomandante paramilitar cumplirá su condena por narcotráfico. Hace una semana, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia anunció que, bajo los cargos de lavado de activos y concierto para delinquir, Mancuso quedará a disposición de las autoridades colombianas competentes. Sin embargo, ante la noticia de la Corte Suprema, no sólo se abre la puerta a la pregunta de qué pasará con las garantías de verdad, reparación y no repetición que los juzgados de Justicia y Paz prometieron a las víctimas de los grupos paramilitares, sino que también da cabida a los cuestionamientos por el escenario actual de conflicto que se vive en las regiones donde Mancuso tuvo influencia durante su actuar como exjefe de esta organización. Desde noviembre de 2018 Mancuso expresó su intención de acogerse a la Justicia Especial para la Paz -JEP para así aportar al esclarecimiento de crímenes cometidos por esta organización que aún no han sido aclarados. Como el periódico El Tiempo señaló en su edición del pasado 16 de enero, su solicitud fue estudiada por el organismo considerando al exjefe paramilitar como un tercero civil quien financió y auspició grupos armados, puesto que a los miembros de las estructuras paramilitares se les ha cerrado la posibilidad de participar de este mecanismo y obtener los beneficios penales que concede. Las zonas de influencia de Salvatore Mancuso En la sentencia SP16258 de 2015 emitida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía consigna que Mancuso estuvo vinculado en la dirección del Bloque Norte, cuyo accionar se concentró en Atlántico, La Guajira, Magdalena y Cesar, y el Bloque Catatumbo. La sentencia también enuncia que Mancuso participó en la creación del Bloque Héroes de los Montes de María, en 1996, el cual tenía influencia en los departamentos de Bolívar y Sucre. Costa Caribe Oriundo de Tierralta, Córdoba, Mancuso conformó junto a los hermanos Carlos y Fidel Castaño las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá -ACCU en 1994. Desde inicios de la década de 1990, él participó en la creación de las cooperativas de vigilancia y seguridad privada en la región; en 1995, Salvatore Mancuso creó la convivir Nuevo Horizonte, grupo que posteriormente seria conocido como la Compañía Córdoba y que, tras el inicio de la expansión paramilitar entre 1996 y 1997 se convertiría en el Bloque Córdoba. Mancuso comando personalmente este bloque, como quedó consignado en el informe del CNMH Justicia y Paz. Tierras y territorios en las versiones de los paramilitares, publicado en 2012. La existencia de otros grupos paramilitares en el Cesar y el Magdalena bajo la dirección de Augusto Castro, conocido como el Tuto Castro y de José María Barrera, alias Chepe Barrera, facilitó la llegada de las ACCU a estos territorios. Así, en junio de 1996, Mancuso envió a 25 hombres armados a las sabanas del Ariguaní, entre el Magdalena y el Cesar con el fin de ampliar el control paramilitar en la región. Para el 18 de septiembre de ese año, en colaboración con políticos regionales como Jorge Gnecco, Mancuso conformo las convivir Sociedad Guaymaral LTDA. Este grupo quedó a cargo de dos de sus hombres de confianza: René Ríos González, alias Santiago Tobón, y Baltazar Mesa Durango, alias Baltazar. En 1997, tras una reunión llevada a cabo den zona rural de Sincelejo, el liderazgo del grupo paramilitar que operaba en el departamento de Bolívar pasa a manos de Rodrigo Antonio Mercado Pelufo, alias Cadena. Entonces, Mancuso y los Castaño se concentraron en la expansión hacia el departamento de La Guajira, para lo cual se aliaron con Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. En 1998 se empiezan las incursiones paramilitares violentas en los municipios de Urumita, Villanueva y San Juan del Cesar, en el sur de este departamento. Los grupos que operaban en diferentes departamentos de la costa Caribe posteriormente pasaron a conformar el Bloque Norte, al mando de Jorge 40. Durante el mismo año, Domenico Mancuso Hoyos, alias David Sotomayor y primo de Mancuso, inició una expansión paramilitar hacia el Atlántico. Este personaje, quien nunca se entregó a la justicia en medio del proceso de negociación con el gobierno Uribe, paso a ser conocido como Lucas en el Norte de Santander, hacia donde se dirigieron los intereses de los jefes paramilitares en 1999. Norte de Santander Según la versión libre que el propio Mancuso presentó ante los tribunales de Justicia y Paz, en 1999 los hermanos Castaño le solicitaron a él y a Jorge Iván Laverde Zapata, alias El Iguano, que crearan una facción paramilitar en Cúcuta para así adentrarse en la región del Catatumbo y disputarles a las guerrillas del Ejército Popular de Liberación -EPL y el Ejército de Liberación Nacional -ELN las rentas ilegales que percibían mediante su accionar en ese territorio. Para la creación del Bloque Catatumbo fueron trasladados hombres que operaban en la región del Urabá, quienes participaron en distintas masacres en esa región. Este es el caso de Roberto Vargas Gutiérrez, alias Marcos Gavilán, quien tras la desmovilización de las AUC pasó a ser parte de los Urabeños y luego fue abatido en la operación Agamemnon II el 31 de agosto de 2017. Los nuevos actores Gran parte de los territorios copados por los bloques paramilitares en los que participó Salvatore Mancuso están siendo controlados al día de hoy por al menos dos de varios actores armados: el Clan del Golfo, Los Pachenca en alianza con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, el ELN, el EPL, o Grupos Armados Organizados. En el municipio de María La Baja del departamento de Bolívar, el principal actor armado es el Clan del Golfo, pero durante el primer semestre del año 2019 se registró la presencia de hombres armados desconocidos que actúan en la región tras el regreso de uno de los exjefes paramilitares que operó en la región, según denunció la Defensoría del Pueblo mediante la alerta temprana 004-19. El panorama que se vive en este municipio en cuanto a la conflictividad social y la disputa por la propiedad y el uso de la tierra enciende las alarmas sobre los posibles escenarios que haya frente al retorno de exjefes paramilitares, como es el caso de Mancuso. Según la información suministrada por el investigador regional Lerber Dimas, tras el asesinato a manos de la Fuerza Pública de Chucho Mercancía, cabecilla de Los Pachenca, este grupo armado ha tejido alianzas estratégicas con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada -ACSN, junto a quienes está copando los territorios de la Sierra Nevada de Santa Marta. Estos dos grupos integran la Oficina Caribe, la cual opera de forma similar a la Oficina de Envigado, con un brazo armado y un brazo administrativo. Dimas asegura que, tras la desmovilización de los grupos paramilitares en la costa caribe del país, han actuado un número aproximado de trece organizaciones residuales de estas estructuras armadas. La Oficina Caribe y el Clan del Golfo -bajo las distintas denominaciones que ha recibido- son dos expresiones de este fenómeno de reproducción de lógicas de violencia y control territorial paramilitar. La estructura derivada de la alianza entre lo que queda de los Pachenca y las ACSN es la de mayor control y expansión en los departamentos de Cesar, La Guajira y el Magdalena. Esta información es confirmada por las Alertas Tempranas 018, 019, 044 y 052 emitidas por la Defensoría del Pueblo a lo largo de 2019. Para el caso de Santa Marta, a la presencia del Clan del Golfo y las ACSN se le suma el accionar de un tercer grupo denominado La Silla, cuyo accionar se vincula con el narcotráfico. Tanto el Clan del Golfo como las ACSN buscan controlar las rutas de narcotráfico, así como los puntos de embalaje y la comercialización de estupefacientes al interior de los departamentos. Su actuación en el territorio se ha caracterizado por la extorsión y las amenazas hacia la población civil, y los atentados y asesinatos selectivos a los miembros de grupos contrarios. En lo concerniente al Norte de Santander, tanto la información de las Alertas Tempranas 034 y 037 de 2019 como el trabajo de Jhon Fredy Cabrera, enlace regional de la Línea Conflicto, Paz y Posconflicto de PARES, alertan sobre la presencia seis frentes y cuatro compañías del ELN, el Fentre Libardo Mora del EPL y tres grupos de disidencias de las FARC-EP provenientes de los extintos Frentes 10 y 33 de la exguerrilla FARC-EP, liderados por Alias Jhon Catatumbo, alias Roldán y alias Villa. Estas estructuras están interesadas en el control de las economías ilegales y de los territorios que fueron el bastión del Frente 33. Su interés de dominio poblacional ha generado múltiples desplazamientos forzadas, han incrementado el reclutamiento forzado de NNA y han violentado a la población mediante amenazas. A este escenario se suma la presencia de Grupos Armados Organizados y Organizaciones Criminales como Los Rastrojos, Cartel de Sinaloa, Nueva Generación, La Línea, La Frontera y del Clan del Golfo, quienes se concentran en la frontera colombo venezolana y se disputan el control de las economías ilegales que han surgido entorno al fenómeno de la migración de población venezolana. La incertidumbre del presente La situación de la costa Caribe genera un fuerte escenario de incertidumbre ante el regreso de Salvatore Mancuso a la región, en la medida que existen estructuras que han heredado las lógicas y las prácticas de los paramilitares. La posibilidad de que estos actores lleguen a alianzas que consoliden una agenda común entre ellos es muy poca, si se tiene en cuenta que el propio Mancuso señaló la diferencia existente entre los repertorios de acción al interior de las AUC. Pero no por ello debe olvidarse el antecedente que existe en estos departamentos de diversos grupos que funcionaban bajo un bloque, en especial si se tiene en cuenta que el Centro Nacional de Memoria Histórica señala en uno de sus informes más recientes a las ACCU como una de las cinco estructuras paramilitares no desmovilizadas tras las negociaciones entre el gobierno de Álvaro Uribe y las AUC. Lo cierto es que la llegada del exjefe paramilitar al país añade un elemento de incertidumbre al clima que ya se vive en estos territorios.

Por Isaac Morales Pérez. Coordinador de la línea de seguridad urbana y crimen organizado, Pares. Uno de los mayores retos que enfrentan las nuevas administraciones locales se centra en el manejo de la seguridad en sus ciudades y municipios, especialmente frente a los delitos contra el patrimonio como el hurto en todas sus modalidades, la extorsión y la estafa. El robo es el que más aumenta los índices de percepción de inseguridad entre la ciudadanía ya que se vive a diario en las calles, el sistema de transporte y entornos universitarios, residenciales o de rumba. Cuando se revisan los datos, la tendencia general en las grandes ciudades capitales del país, evidencia un incremento relativo en todas las modalidades de hurto, sin embargo el que registra mayor aumento es el hurto a personas. Por ejemplo, durante 2019 en Bogotá se registraron 127.318 denuncias de hurto a personas según la estadística delictiva de la Policía Nacional, cerca de 23.000 casos más que en 2018, alrededor de 350 hurtos al día, sin incluir la cifra negra o el subregistro que normalmente se tiene en estos casos, que ronda el 30 o 40%, es decir quiénes son víctima de este delito no denuncia por determinadas razones. Esta situación preocupa a las autoridades, sobre todo al tener un registro de aumento de casos entre diciembre y enero según el Secretario de Seguridad de Bogotá Hugo Acero. Por otra parte, el hurto se ha convertido en un factor determinante de homicidio y agresiones personales, lo cual trae a colación discusiones de gran relevancia como el porte y uso de armas de fuego por parte de ciudadanos de a pie como medida de protección para evitar ser víctima de este tipo de ataques. Recientemente se volvió tendencia el caso de un médico que asesinó a tres presuntos ladrones en un puente peatonal sobre la carrera novena con Calle 123 en el norte de Bogotá, un caso bastante mediático, quizá por la crudeza de las imágenes que se conocieron de la escena o por que la víctima se defendió y les causó la muerte. Casos de hurto denunciados en Bogotá. Fuente: Elaboración propia – Estadística delictiva PONAL. Este hecho se ha convertido en una oportunidad para que algunos sectores políticos y personajes de la vida pública revivan la intención de legalizar el uso de armas de fuego, sin duda una ventana rota que podría resultar en gravísimas consecuencias, teniendo en cuenta el pasado violento de Colombia. Además, siendo un hecho que revive la discusión sobre la reincidencia y el manejo de este delito por parte de las autoridades, especialmente por la congestión al sistema que representa la judicialización de los delincuentes y a su vez las condiciones con las que el aparato de justicia trata este tipo de casos. Sin embargo, el uso de armas de fuego por parte de la ciudadanía como medida de autoprotección no puede ser una solución al problema de la delincuencia en las ciudades, se evidencia que existen una serie de estructuras o bandas que se han profesionalizado en esta labor, por ello las autoridades deben no solo capturar y judicializar a las personas dedicadas al hurto sino a sus jefes del delito quienes, con cierto grado de organización, obtienen de este ejercicio una renta constante. Deben identificar entornos y puntos calientes de inseguridad y a su vez aprovechar los mecanismos de inteligencia con los que cuenta la Policía Nacional, fortalecer las salas CIEPS y procurar ejercicios de prevención articulándose autoridad civil y policial. Ahora bien, los delitos no se manifiestan de igual forma en todos los municipios o ciudades del país, cada territorio cuenta con una particularidad; quizá en Bogotá, como lo muestra la gráfica es el hurto a personas el hecho que mayor incidencia ha tenido, pero en municipios pequeños o ciudades intermedias la situación puede ser muy distinta. Por ello, las nuevas administraciones locales deben caracterizar sus problemas e incluir en sus nuevos Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC, estrategias que vayan más allá de la compra de circuitos cerrados de vigilancia que muchas veces no cuenta con el recurso para contratar operadores y el resto de equipos como monitores, acciones que si bien aportan al seguimiento de delitos no solucionan el problema de raíz. Por ello las gobernaciones a través de las divisiones provinciales de sus territorios deben liderar esfuerzos conjuntos para el tratamiento del delito de acuerdo con las particularidades de cada caso y no necesariamente obligar a las alcaldías a destinar recursos con los que no cuentan para atacar la inseguridad.

Por: Laura Cano, periodista Pares. Es una noticia desalentadora: por motivos de violencia y ataques contra sus compañeros, 62 personas en proceso de reincorporación dejarán el ETC de Ituango, en Antioquia, y se desplazarán con sus familias a otros espacios, es decir, en total saldrán del espacio 110 personas.En el papel quedó constancia de lo firmado el 24 de noviembre de 2016 con el Acuerdo de Paz. Allí, uno de los puntos que daba eje a la consolidación de la democracia en el país era el segundo, el cual ponía sobre la mesa la participación política y en uno de sus apartes expresa textualmente que hay un “programa de protección especializada para las personas integrantes del nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal que sea concertado entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional”, Además, en este se añadía que “la evaluación de riesgos será definida con presteza y estará a cargo de una instancia dentro del Sistema que proveerá los insumos para que el gobierno tome las medidas pertinentes. La instancia tendrá capacidades a nivel regional y local y contará con representación del nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, con el cual se coordinarán las decisiones y las acciones”. A eso se le añadió que “el gobierno dispondrá de los recursos necesarios para proteger la integridad de dirigentes, hombres y mujeres, que participan en la actividad política atendiendo sus necesidades específicas”. Todo esto, hasta el momento, parece que quedo allí: en el papel. Al día de hoy, las personas exintegrantes de la antigua guerrilla Farc, que dejaron las armas para reincorporarse a la vida civil en un ejercicio de participación política desde otros escenarios de participación, han sido el blanco de asesinatos sistemáticos, pues todas la garantías de seguridad que se planteaban en el Acuerdo han sido poco tratadas y ejecutadas en el gobierno actual. Esto ha dejado un saldo de 178 excombatientes asesinados desde la firma y una notable inoperancia en la ejecución de proyectos que den vía a promover la vida digna de quienes se han comprometido con la construcción de paz en Colombia. Alerta en el ETR de Ituango Una radiografía de ello es lo que se vive en el municipio de Ituango, Antioquia. En esta zona del país se han registrado desde la fecha de la firma doce (12) asesinatos a personas en proceso de reincorporación. Siendo el municipio del país con el número más alto registrado y convirtiendo al departamento en el tercero con más casos. Justamente, el pasado 28 de enero, cerca al ETCR Román Ruíz, ubicado en la vereda Santa Lucía, fue asesinado César Darío Herrera Gómez, quien se dirigía al espacio territorial. Nuestra fuente en terreno cuenta que, aunque “hay presencia de fuerza pública. El asesinato de Darío se dio a diez minutos de donde estaba el Ejército y él quedó agonizando ahí por dos horas. Lo recogieron en un esquema de seguridad, lo llevaron a la cabecera municipal y murió en el camino. La pregunta es: ¿los soldados no escucharon los disparos?, ¿por qué no fueron a auxiliarlo? Eso lo puede llevar a uno a generar ciertas conclusiones”. Tras este acontecimiento integrantes del ETCR Román Ruíz realizaron una asamblea, el pasado 29 de enero, en donde se decidió que, por las pocas medidas para promover la seguridad y tranquilidad de la comunidad en la zona, 62 personas en proceso de reincorporación dejarán el territorio y se desplazarán con sus familias a otros espacios, es decir, en total saldrán del espacio 110 personas. Lo anterior se dará a través de una ruta que se ejecutará en los próximos dos meses mientras se encuentran tierras en donde se pueda hacer la reubicación y donde también se puedan seguir los proyectos productivos que ya se venían realizando desde el ETCR. En el plan de trabajo también se estableció que durante este desplazamiento cerca de 20 personas en proceso de reincorporación permanecerán en la zona para darle continuidad a lo que ya se había iniciado en el territorio y también a las actividades de Coopemprender, una cooperativa en la que excombatientes implementan proyectos económicos relacionados con ganadería e internet por fibra óptica. ¿Qué dice el gobierno? Ante la situación en la zona, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, asistió al zona en compañía de integrantes del Ejército Nacional y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Asimismo, se informó que, durante el día de hoy el Consejero Presidencial para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, se reunirá junto con el Consejo Nacional de Reincorporación y también se espera la presencia de integrantes del ETCR Román Ruíz. A pesar de esto, antes del anterior anunció, Archila hizo referencia que desde el organismo al que él pertenece, ya se había informado sobre la situación de seguridad de la zona y que habían sugerido el traslado de esta. Sin embargo, pareciera que más allá del anuncio no se priorizaron medidas que garantizaran las condiciones para proteger a los excombatientes, además, en relación con esto, desde el gobierno nacional se aseguró que antes de siete meses era difícil volver a reubicar el espacio en otra zona. Una fuente de Pares en territorio afirma que a pesar de que “hay un esquema colectivo de la Unidad Nacional de Protección, este no ofrece garantías de seguridad porque lo que hay una presencia muy fuerte de múltiples actores y también una pasividad de la Fuerza Pública que lleva a no tener confianza en esa forma de asumir la seguridad”. ¿Quiénes se disputan el control en Ituango? Es importante situar de los actores armados que operan en el municipio de Ituango para hacer un mapeo de la situación que se vive en esta zona. Desde la firma del Acuerdo, los frentes 36 y 18 Farc dejaron esta zona del país para iniciar su proceso de reincorporación. Ante este panorama miembros del Clan del Golfo fueron ocupando algunos puntos de este municipio, lo cual generó un disparo en el número de desplazamientos, el cual había disminuido hacia el 2014. Hoy por hoy, este grupo es uno de los principales actores armados, quienes tienen un fuerte mando en el corredor entre los municipios de Tarazá, el Bajo Cauca y Peque, por donde es popular la actividad de tráfico de droga. Por otra parte, las disidencias de los Frentes 36 y 18 han tomado mucha fuerza desde el pasado mes de mayo de 2019. En ese orden, según una fuente en región, “el frente 18 tiene una alianza con los Caparros, una estructura que opera principalmente en el Bajo Cauca y que está en una confrontación con el Clan del Golfo. Así, hay unas tensiones muy fuertes entre las disidencias y el AGC. Sin embargo, cerca al ETCR no se han dado enfrentamientos, ni eso ha generado a que haya un desplazamiento del espacio de reincorporación”. En este contexto, el papel que está ejerciendo los actores armados, van enmarcadas contra la población civil desde el pago de “vacunas” de quienes figuran en la economía local, “homicidios selectivos, extorsiones a pobladores y comerciantes, incursiones armadas a diferentes poblados, señalamientos a pobladores como ‘colaboradores de la disidencia’; restricciones a la movilidad, irrupción en viviendas, cometiendo hurtos y otros actos intimidatorios”, según lo informado en la Alerta Temprana 004, emitida el pasado 24 de enero por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo. Por otra parte, referente con el desplazamiento que se dará del ETCR Román Ruíz, explica nuestra fuente en región que “hay amenazas directas, hay intimidaciones y declaraciones de objetivos militar, se presume que son las disidencias de exguerrilleros que operan en la zona. Todo esto ha afectado el proceso de reincorporación porque hay mucho temor. En los últimos dos meses han asesinado a dos exguerrilleros. En diciembre asesinaron a un muchacho que era el hijo de Elmer Arrieta, quien era el comandante del Frente 18, se cree que este fue un mensaje que se le quiso mandar a él desde el Frente de Ituango”. Igualmente, el partido de las Farc, comunicó que “hay en ejecución de un plan de exterminio contra exguerrilleros en proceso de reincorporación en el municipio de Ituango. Se trata de un plan sistemático contra el Proceso de Paz”. Ariel Ávila, subdirector de Pares, concluye que: “esa fue una de las zonas más pacíficas después de la firma del Acuerdo de Paz, los homicidios cayeron prácticamente a cero en 2016 y 2017, y luego como el Estado no tuvo ninguna estrategia de copamiento territorial, eso volvió a dispararse. Hoy es una bomba de tiempo que hasta los propios excombatientes tuvieron que salir de la zona”. «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»

Por: Redacción Pares Mediante un comunicado revelado este lunes, la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia señala que el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia fue expulsado de la Red Internacional más grande e importante sobre memoria del mundo, esto como consecuencia de no reconocer la existencia de un conflicto armado. En la comunicación, le solicitan al director del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia -CNMH, Rubén Darío Acevedo Carmona, que para renovar su membresía a la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia manifestara expresamente su adhesión a la declaración de principios que suscriben todos los miembros de la Coalición, no solamente en la región latinoamericana, sino en las siete redes con más de 275 miembros en 65 países alrededor del mundo, le piden manifestar su conformidad a los siguientes criterios de trabajo: Las cinco razones Que reconozca el conflicto armado en Colombia, así como lo establece la Ley de Víctimas colombiana. Que busque garantizar el Derecho a la Verdad de todas las víctimas, sus familiares y organizaciones. Que reconozca la centralidad de las víctimas de todos los actores armados y garantice su plena participación en los procesos de consulta, toma de decisiones y ejecución de las medidas de reparación simbólica. Que apoye los ejercicios de memoria que se están desarrollando desde la sociedad civil y reconozca los lugares de memoria, archivos y museos generados por las comunidades, como esenciales para la educación de las generaciones jóvenes en los principios democráticos. Que procure construir una cultura de convivencia para la no repetición del pasado de violencia política en Colombia

Por: Redacción Pares El Tejido Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de Cxhab Wala Kiwe ACIN informó que el domingo fue asesinado Javier Girón Triviño de 54 años de edad. Los hechos se dieron luego de que el hombre ingresara a un establecimiento público, entre las 5 y 6 de la mañana, después de haber dejado a su compañera sentimental en su casa. Testigos manifiestan que un hombre que vestía prendas oscuras y gorra ingresó al lugar disparando en repetidas ocasiones. Fueron tres impactos de arma de fuego los que terminaron con la vida del guardia indígena. Javier Girón pertenencia a la comunidad indígena del resguardo de Nasa Kiwe Tehk Ksxa’w. Residía en la vereda La María y desde hace aproximadamente 20 años prestaba su servicio voluntario como Guardia Indígena Kiwe Thegnas en este resguardo. No se registran antecedentes de amenazas. A través de un comunicado la organización Tejido Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de ACIN manifiesta que: Condenamos categóricamente este hecho y solicitamos a las autoridades judiciales dar con los responsables. Lamentamos que un nuevo integrante de comunidades indígenas sea asesinado. Es preocupante el número de asesinatos que están ocurriendo en el norte del Cauca, los cuales son una continuación de la violencia que se desató en la región desde el año pasado. Llamamos a la solidaridad internacional y nacional a mantenerse alertas. Toda muerte es condenable, la justicia tiene la posibilidad de detener esto. ¿Qué está pasando en el norte del Cauca? El conflicto armado y social en el norte del Cauca ha estado atravesado por la disputa de la tierra. Tan solo en el primer mes del año, cerca del 20% de todos los hechos violentos contra líderes y lideresas del país se han concentrado en esta parte del suroccidente del país. Desafortunadamente, esta tendencia tampoco es nueva. El norte del Cauca concentra la mayor cantidad de hechos de victimización a nivel departamental en los últimos años. Incluso, si se analiza desde la firma de los Acuerdos de Paz entre las Farc-ep y el Estado colombiano, el 24 de noviembre de 2016, la región presenta las más brutales formas de violencia de los actores armados sobre quienes lideran los procesos sociales territoriales. En este escenario, la salida de las Farc-ep de la ecuación de la guerra en 2016, la entorpecida implementación del Acuerdo de Paz y la recomposición de estructuras armadas enfocadas en fortalecer su capacidad de control sobre distintas economías ilegales, han contribuido en gran medida, con el recrudecimiento de los altos niveles de victimización contra líderes y lideresas sociales. Como dijo un líder indígena Nasa: “Nosotros no utilizamos las armas para defender nuestro territorio. Aquí es el bastón de mando, el que utilizan los Kiwe Thegnas. Con eso hemos podido enfrentar a diferentes grupos armados. Eso es lo que nos diferencia. Siempre pensando en la defensa de nuestro territorio, en el derecho a la vida. Este territorio nos pertenece. Esta lucha es milenaria y por eso es que vamos a continuar luchando hasta que se nos apague el sol.”

Por: Redacción Pares En estos momentos desde la zona rural de Tumaco nos informan de graves atropellos de la Policía Antinarcóticos, contra el campesinado de varias veredas del Consejo Comunitario Río Mejicano, quienes en familia, hombres, mujeres u niños han salido a proteger sus cultivos de coca, único medio económico que poseen. A esta hora continúa la difícil situación en el Consejo Comunitario Río Mejicano: un campesino fue asesinado y tres policías Antinarcóticos fueron sacados de la zona por presentar heridas de consideración. Por otra parte, campesinos aseguran que estos policías tomaron sus animales y frutos para disponer de ellos A la 1 y 30 de la madrugada de hoy, ingresó un número aún indeterminado de miembros de la Policía Antinarcóticos a la vereda Santa Rosa, perteneciente al Consejo Comunitario Río Mejicano. La comunidad despertó asustada con los disparos intimidantes que estos hacían al aire. Ellos habían llegado a continuar con labores de erradicación de los cultivos de uso ilícito iniciado en la presente semana, en este consejo. Decenas de familias llegaron a proteger sus cultivos de coca, puesto que es su único medio de sustento y fueron atacados con gases lacrimógenos generando importantes afectaciones especialmente entre los niños que acompañaban a sus padres. Si bien Río Mejicano, es uno de los cuatro consejos del Pacífico que se incluyó en el PNIS, la mitad de sus familias quedó por fuera y la parte que lo firmó ha sufrido las consecuencias del incumplimiento por parte del gobierno actual, en cuanto se refiere a programas de seguridad alimentaria y otras propuestas de orden social y económicas mediante las cuales se podría acceder a economías legales. Lo anterior, en el caso de las familias vinculadas al PNIS, las llevó a la inevitable resiembra para su subsistencia y las que quedaron por fuera, a aferrarse aún más a estos cultivos, puesto que tampoco tienen otra opción.

Por: Redacción Pares Así lo señala para Pares José Roberto Acosta tras conocerse este viernes que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) señaló que para el 2019, la tasa de desempleo fue 10,5%, lo que representó un aumento de 0,8 puntos porcentuales frente al año 2018 (9,7%). La tasa global de participación se ubicó en 63,3%, lo que representó una disminución de 0,7 puntos porcentuales frente al 2018 (64,0%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 56,6%, lo que significó una reducción de 1,2 puntos porcentuales respecto a 2018 (57,8%). En materia rural, el desempleo aumentó. «Después de la corrupción, el tema económico más grave en Colombia es del desempleo. Hay 22 millones de colombianos ocupados, 6 millones 800 mil están en una situación muy precaria, por debajo de sus expectativas y preparación, y dos millones 700 mil están en el rebusque, en el semáforo que es el principal empleador de Colombia. Las cifras son muy preocupantes y nos indican que el año 2019 fue un total fiasco. Se destruyeron 190 mil puestos de trabajo» Así lo explica el analista y experto José Roberto Acosta. Lo más grave ante este preocupante panorama, es que las perspectivas no parecen mejorar, no solo porque el deterioro del mercado laboral es una tendencia mundial, sino porque el actual gobierno parece desentenderse de los problemas económicos al concentrarse en agendas que van, desde intervenir en la política de Venezuela, hasta azuzar a los desmovilizados a que vuelvan al monte por cuenta de un discurso polarizante que hasta el propio Banco de la República ha calificado de perjudicial para el crecimiento económico.

Por: Redacción Pares Desde la firma del Acuerdo y hasta julio de 2019, se han verificado 600 casos de reclutamiento de menores para combatir. Al menos 186 infantes, algunos de tan solo cinco años, fueron asesinados o mutilados. Los niños colombianos siguen siendo víctimas de la violencia, más de tres años después de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC EP, según la representante especial para niños en conflicto. “Los niños siguen estando expuestos a graves violaciones a medida que otros grupos ocupan el espacio dejado por la retirada de las FARC-EP”, asegura Virginia Gamba en un comunicado. Desde la firma del Acuerdo de Paz y hasta julio de 2019, la ONU ha verificado 600 casos de reclutamiento de menores para combatir. Al menos 186 niños, algunos de tan solo cinco años, fueron asesinados o mutilados, en la mayoría de los casos por fuego cruzado o restos de minas, pero también en ataques contra escuelas y hospitales. Gamba instó a todas las partes a tomar medidas extraordinarias adicionales para proteger a los niños y prevenir víctimas infantiles. La ONU ha verificado 17 casos de abusos sexuales, aunque admite que probablemente las cifras son muy superiores. La representante especial asegura que esta violencia contra los menores es una tendencia al alza que es “muy preocupante” como resultado de la cada vez mayor competencia por el control del territorio. La inseguridad continúa limitando la verificación y el acceso humanitario en varios departamentos, agregó la experta, basándose en un informe entregado por su Oficina el pasado mes de diciembre. Solicitud al gobierno nacional A pesar de las persistentes violaciones contra los niños, algunos avances importantes marcaron el período del informe, incluido el establecimiento de un programa especial de reintegración. «Un camino diferente de la vida» para los niños liberados como parte del proceso de paz. El sistema de alerta temprana también permitió la emisión de alertas, incluidas 63 que identificaron contextos en los que los niños estaban en riesgo de ser reclutados y utilizados por grupos armados. “Pido al Gobierno que continúe sus esfuerzos para proteger a los niños y garantizar la implementación del acuerdo final para garantizar que todos los que abandonaron las filas de las FARC-EP se reintegran de manera efectiva, teniendo en cuenta las necesidades específicas de esos niños y niñas. Las Naciones Unidas están listas para apoyar al Gobierno de Colombia y socios internacionales para abordar los desafíos restantes”, agregó la funcionaria, alentando a los Estados Miembros a apoyar política y económicamente la reintegración de los niños liberados, incluso a través de la Coalición Mundial para la Reintegración de los Niños Soldados, copresidida por UNICEF.

Por: Redacción Pares La Corte Suprema de Justicia eligió al jurista Francisco Roberto Barbosa Delgado como fiscal general de la Nación.El nuevo jefe del ente acusador es abogado egresado de la Universidad Sergio Arboleda, doctor (PH. D) en Derecho Público de la Universidad de Nantes (Francia), magister en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia, magister en Historia de la Universidad Javeriana y especialista en Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. En su trayectoria profesional, ha sido alto consejero presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, asesor legal externo de la Personería de Bogotá, asesor legal del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación del Distrito, asesor jurídico del Banco Mundial para la misión Panamá (Derecho de Telecomunicaciones y Derecho de Transporte), asesor jurídico del viceministerio de Transporte, asesor jurídico externo de la firma Consucol S.A.S, asesor jurídico del Ministerio de Comunicaciones, fiscal especializado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, director jurídico del Programa Fosit del Banco Interamericano de Desarrollo y Ministerio de Hacienda, coordinador de gestión de la Corporación Excelencia en la Justicia y asesor jurídico de unidad de trabajo legislativo del Senado de la República. Cuenta con una amplia experiencia académica y docente como profesor e investigador universitario de reconocidos establecimientos educativos nacionales y extranjeros, conferencista nacional e internacional y jurado de tesis doctorales internacionales. Autor de más de una decena de obras y libros sobre sus especialidades y múltiples artículos y reseñas en publicaciones nacionales y extranjeras. Es miembro de las academias colombianas de Historia, Jurisprudencia y Derecho Internacional. Los cinco desafíos de Barbosa en la Fiscalía General

Por: Laura Cano, periodista Pares. Desde mediados de enero la comunidad de wounaan, ubicada en Chocó, alertó a las autoridades locales y nacionales acerca de un virus que durante los primeros 28 días del mes, había dejado seis (6) niños muertos en esta zona del país, quienes habían presentado cuadros de vómito, diarrea, fiebre y problemas respiratorios. Ante estas alertas, algunas entidades han dado respuesta enviando funcionarios hacia Buenavista, el corregimiento donde se ubica la comunidad indígena. Hasta allí, en los últimos días, han llegado comisiones del ICBF, el Ministerio de Salud, la Secretaría de la Salud del Chocó y del Instituto Nacional de Salud (INS), quienes han dado dos reportes importantes: primero, que estudiarán las diversas pruebas que han recogido para analizar cuál es la causa que provocó este virus; segundo, que dada la falta de documentos oficiales que registren las muertes de los seis niños, las entidades no pueden confirmar lo sucedido con los niños que fallecieron. Sin embargo, en la zona ya han sido atendidos alrededor de 187 menores que han presentado los síntomas que ya habían sido alertados por la comunidad. Además, las entidades informaron que trabajarán en conjunto y que algunas permanecerán en la zona. El contexto social que rodea la situación en el Chocó Aunque según los organismos que hacen presencia en la zona, aún no se pueden determinar las causas que rodean la problemática de salubridad que se vive en Buenavista, hay varios contextos en este punto del país que se deben tener en cuenta para analizar la situación. · Buenavista se encuentra ubicada a seis horas del casco urbano de Pizarro, en Bajo Baudó. Las condiciones para llegar a este punto presentan varias dificultades. Por esta zona pasan las afluentes del Río Docampadó y en sus riberas se ubican comunidades Embera y Wounaan. En general, en el Chocó, se vive una constante tensión con las dinámicas de minería ilegal, principalmente con la extracción de oro y platino, lo cual ha generado varias problemáticas, entre ellas, un notable agotamiento ambiental, además, de la carencia de economías alternativas. Las extracciones ilegales han tenido respuesta por parte del Gobierno, pero, en su mayoría han consistido en quemar las dragas o dragones, sin mayor solución a las dinámicas que esta actividad ha generado en la comunidad. Estas extracciones se realizan en los ríos y con mercurio, lo que ha producido daños irreversibles en las aguas, afectando los productos que abastecen la comunidad y que se producen allí. La minería ilegal se ha constituido como una de las economías legitimas de la zona, varios pobladores trabajan en relación con esta actividad, ya sea directa o indirectamente. Además, ha contado con la permisividad de las autoridades respondiendo a diversos intereses y no generando posibilidades de economía alternas. Los grupos armados que operan en las zonas de extracción también son actores importantes de las dinámicas de extracción; cobran por el ingreso de la maquinaria y también un porcentaje de lo que se produce. La zona ha vivido por años una notable falta de planeación de políticas que den solución desde abajo a los conflictos de diferentes indoles que allí se presentan; no hay los suficientes centros de salud, no hay un sistema de alcantarillado y agua potable. Además, aunque hay algunos entes del Estado, estos no hacen un adecuado un control y veeduría de la agudización las diferentes problemáticas.

Por: Redacción Pares Este miércoles en la sede del colegio San Isidro Labrador, en el noroccidente del corregimiento de Atanquez, en Valledupar (Cesar), los familiares de ocho víctimas de ejecuciones presentadas ilegítimamente como muertes en combate y las autoridades tradicionales pertenecientes al Pueblo Indígena Kankuamo le presentaron a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sus observaciones a las versiones voluntarias de miembros del Ejército Nacional de Colombia, en el marco del caso 03 de la Jurisdicción. La JEP escuchó las observaciones, presentadas oralmente en la audiencia, que duró alrededor de nueve horas, sobre los hechos atribuidos a miembros del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, ocurridos entre 2002 y 2005. Esta modalidad de participación de las víctimas, ocurrida el 21 de enero de 2020, se desarrolló precisamente en Atanquez, donde ocurrieron gran parte de estos graves hechos. La Sala escuchó las observaciones de los familiares de las víctimas kankuamas Uriel Evangelista Arias Martínez, Carlos Arturo Cáceres, Ever de Jesús Montero Mindiola, Juan Enemías Daza Carrillo, Néstor Raúl Oñate, Víctor Hugo Maestre Rodríguez, Hermes Enrique Carrillo Arias, Enrique Laines Arias, quienes fueron presentados ilegítimamente como bajas en combate. «Mi papá falleció a causa del asesinato de mi hermano» En el desarrollo del caso 03 de la JEP, denominado “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate», la Sala ha recibido veintidós (22) informes y ha acreditado a 373 víctimas, incluyendo la intervención especial de las autoridades de los pueblos Kankuamo y Wiwa. Además, ha realizado doscientas (200) versiones voluntarias a comparecientes vinculados a las unidades militares mencionadas anteriormente. 59 de ellos estaban vinculados al Batallón La Popa, con sede en Valledupar. “Mi hermano era un muchacho humilde de 22 años, no era miliciano ni guerrillero. Mi papá falleció del corazón, a causa de la muerte de mi hermano. En nuestra familia mataron primos, tíos y esposos», expresó Sol Maestre, hermana de Víctor Hugo Maestre, quien fue una de las beneficiarias del acompañamiento psicosocial que ofreció la JEP a cada núcleo familiar el día anterior a la audiencia, para que las familias construyeran sus reflexiones y sus reacciones a lo que, hasta el momento, ha sido aportado como verdad por parte de los comparecientes involucrados en los hechos que las afectaron. Al cierre de la diligencia, el Presidente de la Sala de Reconocimiento de Verdad y uno de los magistrados relatores del caso 3, Óscar Parra Vera, recordó el valor de esta diligencia si se tiene en cuenta algunos antecedentes. Por ejemplo, las medidas provisionales que durante varios años mantuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con hechos de extrema gravedad y urgencia asociados a la victimización sufrida por el Pueblo Kankuamo. El Magistrado Parra resaltó que uno de los propósitos de la Justicia Restaurativa es esclarecer aquellos sucesos que dejaron una profunda afectación comunitaria, teniendo en cuenta los alegatos en el sentido de señalamientos y sospechas en las que quedaron enmarcados los miembros de la comunidad. La Sala de Reconocimiento resaltó que una verdad plena y exhaustiva supone el reconocimiento de las víctimas y su dolor e implica reconocer las afectaciones al Pueblo Kankuamo como sujeto colectivo de derechos. La audiencia constituyó entonces ​una oportunidad, en el marco de la contrastación, de hacer de la voz de las víctimas un elemento constitutivo de la verdad y con ello desmontar la impotencia y rabia causada por silenciamientos previos.