Por: Laura Cano, periodista Pares. El primer mes del año está próximo a terminar. Con él ha quedado un mal augurio de lo que serán los tiempos venideros para la implementación de lo acordado en La Habana por parte del gobierno nacional. Por una parte, varias regiones del país volvieron a ser el foco de enfrentamientos entre grupos armados que se disputan el control de los territorios. Esto, mientras el gobierno brinda poca atención a los mismos, o da soluciones como militarizar las zonas, lo cual ha agudizado los escenarios de violencia y la desprotección a las poblaciones civiles. Sin embargo, sabemos que la implementación del Acuerdo de Paz es el camino y la clave para resolver, principalmente, los problemas de violencia en las regiones. A esto, se le agrega el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales, que en este mes ha registrado 10 casos divididos en los siguientes departamentos: Huila (2), Cauca (2), Norte de Santander (2), Córdoba (1), Cesar (1), Chocó (1) y Putumayo (1). Asimismo, y debilitando más la posibilidad de una paz estable y duradera, las garantías de protección para quienes dejaron las armas tras el Proceso de Paz y han acogido lo establecido allí para la reincorporación, el esclarecimiento de los hechos de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y la búsqueda de medidas para la reparación, han sido puestas de lado, dejando un saldo de cinco (5) excombatientes asesinados en este mes: Benjamín Banguera González (01 de enero. Guapi, Cauca), Crescencio Santos (12 de enero. Quibdó, Chocó), Hober Arias Giraldo (15 de enero. Dabeida, Antioquia), Jhon Freddy Vargas Rojas (25 de enero. Pitalito, Hulia) y Darío Herrera (28 de enero. Ituango, Antioquia). Justamente, este último caso se conoció poco después que en medio del Foro Colombia 2020, la Ministra de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, se refiriera al Proceso de Paz como un proceso “semifallido”, haciendo énfasis en que esto no se debía a acciones del Gobierno, que, según su intervención, ha respetado la institucionalidad, sino por “culpa de las Farc”. Las palabras de la ministra, un riesgo a lo pactado A finales de 2019 la Misión de Verificación de la Organización de Naciones Unidas comunicó que ese año había sido el más violento para los desmovilizados de la antigua guerrilla, registrando 77 asesinatos. Esto precedido por 65 homicidios en 2018 y 31 en 2017. Es decir, al día de hoy, 178 casos. Si bien este número debería alertar al Gobierno Nacional para tomar medidas que respalden de forma efectiva las garantías de seguridad de quienes están comprometidos con lo acordado, hay otra realidad, y es que incluso con las cifras y los hechos que se han registrado en lo corrido del año, no hay respuestas que den medianamente tranquilidad a los excombatientes, a los líderes y lideresas sociales y a la población civil. Al contrario, lo que ha salido a decir la vocera del Gobierno son palabras que ponen en riesgo lo que desde los diálogos se ha venido construyendo para la consolidación de lo pactado. Esto muestra un desvío del debate acerca del contexto social que vive el país, validando los pocos avances que se han dado con el Acuerdo de Paz, legitimando las culpas solo de un lado y no reconociendo la inoperancia que ha resaltado en cuanto a la implementación desde la posesión de Iván Duque.

Por: Laura Cano, periodista Pares. El Cauca ha sido históricamente unos de los departamentos más afectados por los enfrentamientos entre distintos grupos armados que luchan por el control y dominio del territorio. Esto, principalmente, porque esta región del país tiene rutas estratégicas y corredores utilizados por el narcotráfico como salidas al Pacífico, y además porque ha vivido un olvido estatal que ha facilitado la presencia de estos actores en el departamento. Allí, los municipios que han sufrido un recrudecimiento de violencia luego de la firma del Acuerdo de Paz y principalmente desde el año 2017, son Argelia y el Tambo. En estas zonas operaban los frentes 29 y 60 de la antigua guerrilla de las Farc y el ELN con el Frente José María Becerra. Con el proceso de desmovilización del primer grupo, el segundo expandió su control del territorio, siendo hoy el actor dominante. En este contexto han llegado otras estructuras armadas que han realizado combates con el ELN, con el fin de ser quienes lideren las dinámicas de este punto del país. Por un lado, un grupo postFarc del anterior Frente 6, autodenominado Carlos Patiño y otro, del antiguo Frente 29, conocido como Frente Estiven González. A esto se le ha sumado la presencia del Clan del Golfo con una estructura criminal de tercera generación que se designa como “Héroes de la Cordillera”. El Cañón del Micay: un lugar escondido entre la guerra En esta región no paran las alarmas por los distintos hostigamientos y hechos delictivos que afectan la seguridad y tranquilidad de la comunidad. Prueba de esto, es la situación que se vivió el pasado fin de semana en el corregimiento de Betania, ubicado en el municipio del Tambo. Desde esta zona la población hizo varios llamados a las autoridades, pues en los últimos días fuerzas especiales del Ejército Nacional llegaron para realizar una ofensiva contra el ELN, lo que generó un fuerte combate en el que la comunidad fue dejada a la deriva, quedando en medio de lo que ocurría allí. Por este motivo, Unicauca Estéreo contactó a Juan Manuel Torres, investigador y coordinador de la oficina de Pares Pacífico, quien informó de la situación actual de la zona. Unicauca Estéreo: Usted ha podido ver que en redes sociales hemos publicado un video que evidencia que se están dando estos combates, incluso con artillería pesada; con helicópteros del Ejército Nacional. Fuentes cercanas nos han hablado de que esos combates fueron bastante intensos y que la situación humanitaria sigue siendo muy delicada. ¿Qué información ha podido recaudar usted o que le han dicho de estos combates? Juan Manuel Torres: Yo creo que es importante hacer un recuento de cómo empezaron las alertas humanitarias por parte de la población, de cómo llegaron las comunicaciones, principalmente, al corregimiento El Plateado, en el municipio de Argelia, pidiendo auxilio y un acompañamiento. Ahí se formaron unas comisiones que fueron a verificar en terreno lo que había sucedido, ya que hablaban de bombardeos, de muchos heridos, de muchos muertos. Lo primero es que no se evidenciaron, o no ocurrió, un bombardeo que haya dejado una tragedia, pero sí hubo un encuentro con unos enfrentamientos muy fuertes entre el Ejército, que estaba haciendo operativos, y el frente del ELN que actúa en la zona. Fue algo bastante fuerte porque se dio en medio de la población, en el caserío del corregimiento de Betania, en el municipio del Tambo. Estos combates continuaron en la noche, en el día y en algún momento la población se vio inmersa en medio de los combates. Unicauca Estéreo: Este contexto que usted nos da llama la atención, pues ha habido un hermetismo casi total. Por fuentes, por confianza, por diversas formas, el sistema informativo de Unicauca Estéreo a través de diversas fuentes ha podido comprobar que los combates se dieron, si bien, se precisarán las victimas y los heridos, sí preocupa mucho que las Fuerzas Militares no se hayan pronunciado sobre algo que debería ser normal; se están dando operativos contra una fuerza armada irregular, pero no hay un solo pronunciamiento hasta ahora. Juan Manuel Torres: No es la primera vez que ocurren este tipo de casos en el Cañón del Micay, esta zona parece recóndita, no pertenece como a nadie, nadie se preocupa. Queda en jurisdicción del municipio del Tambo, entonces desde las administraciones no se da razón, pero tiene mucho relacionamiento con el corregimiento del Plateado, con San Juan del Mechengue, Honduras, Betania, pero administrativamente no está en Argelia, entonces allí a veces se lavan las manos diciendo que administrativamente no les pertenece, entonces el Cañón del Micay no le pertenece a nadie. Las élites caucanas solo hablan de esa zona cuando se reúnen a conversar con los capitales extranjeros o para estructurar el proyecto de los Arrieros de Micay, que se reactivó de nuevo, pero la gente no tiene en el mapa el Cañón del Micay y sitios como Betania, cuando estas son zonas de comunidades afrodescendientes y ancestrales, a donde también ha llegado mucho colono cocalero y se han visto inmiscuidas por situaciones de la guerra. El hermetismo es porque muchas cosas se hacen a espaldas o no quieren tener los ojos de la verificación y de los organismos de derechos humanos y de la prensa, y creen que comoa esta zona nadie le pone atención pueden hacer lo que se les dá la gana. Unicauca Estéreo: Sobre ese tema, lo que nos han podido informar algunas fuentes, es que, posiblemente, mañana vaya una comisión de la Defensoría del Pueblo del Cauca, para verificar la situación, porque lo que se reporta, es que incluso, no se han podido sacar varios de los cuerpos y varios de los heridos. La situación humanitaria está algo delicada. ¿Usted tiene información sobre eso? Juan Manuel Torres: Sí, ayer en la noche llegaron las comisiones del corregimiento del Plateado. Hasta el momento reportan una explosión desde tierra que causó la muerte de un civil, un afro, que velaron allá mismo. Los otros muertos son del ELN, hasta el momento han podido recuperar un cuerpo y hay tres desaparecidos, que al parecer son del ELN, puede haber también desaparecidos civiles y se teme que estén muertos. De pronto la cifra es menos del que se imaginaba, pero no por eso uno se puede acostumbrar a las grandes cifras, a esperar que haya un reguero de cadáveres como para poder decir que sucedió una tragedia, porque esta vez fue una tragedia lo que sucedió. Lo otro es que hubo enfrentamientos y la población estuvo en medio. Hay unas tensiones con el Ejército, ya que ellos querían sacar unos heridos como capturados y la población no lo permitió. También se habla de que hay unas personas capturadas, pero no han dado un reporte, entonces no se sabe qué personas son. https://es-la.facebook.com/unicaucaestereo/videos/477672829779266/ Lo que me informaron es que son personas civiles, trabajadores de la zona, inocentes y que fueron capturados, incluso se habla que algunos fueron sacados por el Ejército, entonces es más que oportuno que vaya una comisión humanitaria, aparte de la Defensoría, un acompañamiento a la población para que reciban las denuncias pertinentes y se esclarezca la situación humanitaria en el momento. Además, hago una invitación a la comunidad del Cauca y a las autoridades en las instituciones, para que le prestemos atención al Cañón del Micay; es importante que la gente esté informada y no señalen a quienes recibimos las denuncias y alertamos. Lo primero que uno encuentra por parte de las autoridades es un llamado al silencio, es aterrador cuando uno desde la investigación y el periodismo trata de informar y mantener alerta a las poblaciones, ya que son noticias que ocurren, hechos reales y lo mínimo que uno puede hacer es poner atención al respecto.

Por: Redacción Pares La tasa de desocupación regional entre los jóvenes fue de casi el 20% en el tercer trimestre de 2019, lo que implica que uno de cada cinco jóvenes en la fuerza laboral no puede conseguir empleo. Este es el nivel más alto registrado de esa tasa en la última década. La frustración juvenil tiene su reflejo en las protestas, aseguran los especialistas del mercado laboral. Los mercados de la región se encuentran “en un momento de incertidumbre” que se manifiesta en un leve crecimiento de la tasa de desocupación regional, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo presentado este martes en Lima. Uno de los aspectos más destacados en el informe es el alto índice de desocupación entre la población joven, que alcanza el 19,8%. “La falta de oportunidades de trabajo decente para los jóvenes causa gran preocupación pues es fuente de desaliento y frustración. Esto se ha visto reflejado en la primera línea de recientes protestas registradas en la región, pidiendo cambios para aspirar a un futuro mejor”, explica el director regional interino de la Organización Internacional del Trabajo, Juan Hunt. Continúa la brecha de género Otro tema preocupante, aunque sin llegar al inquietante nivel de desempleo juvenil, es el de la desocupación femenina, que aumentó un promedio de 2 décimas a nivel regional y se situó en el 10,2%, mientras que la de los hombres se mantuvo sin cambios en el 7,3%. Pese a que la participación laboral de las mujeres creció casi al 51% durante el tercer trimestre del año pasado, esta continúa 20 puntos porcentuales por debajo de la de los hombres con un 74,3%. Por otro lado, la OIT estima que la tasa desocupación regional en América Latina y el Caribe a finales del año pasado será del 8,1%, una décima superior al 8% registrado en 2018. “Es un alza leve, pero aun así significa que más de 25 millones de personas están buscando empleo activamente y no lo consiguen”, destaca el estudio. También se apunta que este ligero aumento de la desocupación podría incluso llegar a crecer hasta el 8,4% en 2020 de continuar un crecimiento económico moderado en la región. Del mismo modo, el informe destaca un comportamiento desigual en relación con el desempleo: mientras subió en 9 de 14 países en América Latina, descendió siete décimas en el Caribe angloparlante. Falta de trabajo decente El director regional de la OIT también explicó que las recientes protestas ciudadanas reclamando mejores oportunidades y mayor igualdad “evidencian la persistencia de los déficits de trabajo decente” en América Latina y el Caribe. “Las oportunidades de acceder a un empleo digno y productivo, con salarios justos, con inclusión social, con protección social y derechos laborales, son clave para responder a las demandas sociales, para garantizar que los beneficios del crecimiento lleguen a todos y para garantizar la gobernabilidad”, comentó Hunt al presentar el informe. Las tendencias en este último apartado muestran un menor crecimiento del empleo asalariado en comparación con el empleo por cuenta propia, y que la proporción de ocupados que trabajan menos de 35 horas y desean trabajar más aumentó en 10 de los 11 países con datos disponibles.

Por: Natalia Aguilar Salas. Colaboradora Pares Aída Merlano ha sido de nuevo el tema central en las noticias. La excongresista por el Partido Conservador y condenada a 15 años de cárcel por concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante y tenencia ilegal de armas, se encontraba prófuga de la justicia después de septiembre de 2019. Este martes las Fuerzas de Acciones Especiales de Venezuela anunciaron su captura. Esta policía de élite tiene su sede en Caracas y es conocida según un reporte de Insight Crime por el número de ejecuciones extrajudiciales que comete contra personas vinculadas con bandas criminales. Vale la pena mencionar que la Alta comisionada por los Derechos Humanos de la ONU le ha pedido al gobierno de Venezuela la eliminación de la FAES. Sin embargo, más allá de quién realizó la captura, el meollo del asunto radica en la dificultad para la extradición de Merlano, debido a la situación que atraviesa el gobierno de Venezuela, con el régimen de Nicolás Maduro y el autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó. Si bien Guaidó anunció que el “gobierno legítimo” de Venezuela cooperará para la extradición de Merlano a pesar de la crisis institucional que atraviesa el país vecino. Pero recurrir a Guaidó en estos momentos es una gran torpeza diplomática. Las posibilidades de extradición de Merlano se dificultan, ya que el presidente interino no tiene la autoridad para lograr que las autoridades del régimen cooperen con las autoridades colombianas. «En los últimos años el mecanismo que ha funcionado en estos casos es la deportación, la cual se diferencia de la extradición ya que el país que decide deportar expulsa a un ciudadano determinado por incumplir las leyes dentro del Estado» señala Esteban Salazar, investigador Pares. Desde el 2019 todos los miembros del gobierno colombiano que ejercían labores diplomáticas en Venezuela fueron expulsados por Maduro. A raíz de esto, el presidente Iván Duque decidió reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo de dicho país. En ese sentido, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, manifestó que sobre las declaraciones de que el presidente de Colombia Iván Duque le pidiera a Juan Guaidó la extradición de la exparlamentaria Aída Merlano a Colombia, a pesar que Guaidó no tiene ninguna autoridad sobre las fuerzas militares, declaró: Voy a tratar de decirlo sin reírme. Pido permiso para no reírme: es una verdadera ridiculez. Venezuela funciona mucho mejor que Colombia. y calificó como extremismo ideológico y fantasía política la manera en la que Iván Duque maneja las relaciones internacionales de nuestro país. Ariel Ávila, analista subdirector de Pares, indica de manera categórica que esta situación representa una gran vergüenza internacional de la diplomacia colombiana. Entre lo ridículo y lo increíble. La política internacional de Colombia….una gran farsa. Relaciones diplomáticas: el puente está ‘quebrado‘ Venezuela, en los últimos meses, ha solicitado 23 extradiciones al gobierno colombiano, de las cuales se han negado 11, y las otras están en evaluación por el estatus de refugiados en el cual se encuentran algunos de los ciudadanos que han sido pedidos en extradición por el régimen de Maduro; aunque también se encuentran algunos criminales a los cuales el gobierno colombiano ha decidido mantener bajo custodia. Por otra parte, la Embajada de Guaidó en el país no reconoce las deportaciones demandadas por Maduro, mientras que el presidente Duque solo reconoce al presidente interino. Un caso emblemático fue el ocurrido durante 2019. Se supo de la captura por parte de FAES en Venezuela de alias ‘El castor’ jefe de la banda ‘Los Costeños’ y reconocido por ser uno de los criminales más temidos en Barranquilla. El gobierno venezolano anunció un plazo de 90 días para que las autoridades colombianas solicitaran de manera formal su extradición o ‘El castor’ recuperaría su libertad; hoy en día no se sabe más del caso. Además de esto la Corte Suprema de Justicia ha perdido parte de su investidura, ya que el presidente Duque reconoce a Guaidó como la máxima autoridad venezolana, es el único que puede decidir sobre la evaluación y autorización de las extradiciones. Aunque Guaidó pretenda tener el poder suficiente para apoyar dicha extradición, realmente la decisión final esta en las manos de Maduro, sin embargo con la falta de cooperación, además de el escalamiento de las tensiones entre Colombia y Venezuela, lo más probable es que el gobierno colombiano deje escabullir a Merlano y esta se haga parte de la larga lista de criminales cuyos delitos quedaron impunes.

Por: Laura Cano, periodista Pares. Desde noviembre de 2016, fecha en la que se firmó lo acordado para la implementación del Acuerdo de Paz, ha habido un tema que ha intentado ver la luz verde, pero que hasta el momento se ha encontrado con varias trabas que lo han dejado en un limbo procesal: las 16 curules para las víctimas en la Cámara de Representantes. Esta medida fue una de las más criticadas por la oposición política durante los diálogos que se dieron en el periodo presidencial de Juan Manuel Santos; desde ese momento, varios miembros del partido Centro Democrático aseguraban que estos escaños serían tomados por desmovilizados de la antigua guerrilla Farc, más no por las víctimas. A esa oposición también se sumaron algunos sectores de los partidos Cambio Radical y Conservador. Luego de la campaña de oposición que se dio por parte del partido del actual gobierno, se estableció que el partido que surgiera de la reincorporación de las Farc no podría inscribir candidatos a las 16 curules transitorias en la Cámara de Representantes. Estos escaños estaban contemplados para los periodos 2018-2022 y 2022-2026, sin embargo, la inoperancia en la implementación a hecho que esta propuesta se haya encontrado con varios escenarios jurídicos que han retrasado su ejecución. El NO a las curules para las víctimas En la ruta para hacer posible el espacio a la víctimas en la Cámara de Representantes, el debate llegó a la Mesa Directiva del Senado a finales de 2017. Allí la propuesta tuvo un total de 50 votos a favor y 7 en contra, sin embargo y a pesar de la favorable votación, se estableció que se requerían 51 aprobaciones desde esta instancia para que se pudiera seguir tramitando el proyecto. A raíz de esto, en mayo de 2019 el senador Roy Barreras presentó un acto de tutela exigiendo que el proyecto no fuera archivado, esto argumentando que la Corte Constitucional nos dio la razón en el caso de las objeciones, reafirmando que para la mayoría absoluta se deben descontar las curules no reemplazables, es decir, cuatro senadores detenidos. Esta tuvo respuesta en el siguiente mes después de interpuesta la acción por parte de un Juez de Bogotá que negó la tutela por improcedente. En ese mismo año Iván Duque se refirió a la importancia de la participación política de las “verdaderas víctimas” del conflicto armado. Además, en ese momento dijo que las 16 curules no iban a ser agregadas a las 172 existentes, sino que estas debían ser admitidas desde los partidos políticos. Las curules de nuevo a ser discutidas Todo parece indicar que el debate para volver a poner sobre la mesa de discusión las curules, ve luz verde. Esto tras una solicitud que se dio desde la Procuraduría y el movimiento Defendamos la Paz, que pide revisar el acto administrativo sobre las curules, el cual ha venido siendo puesto en debate desde su creación. Por esto el presidente del Senado, el liberal Lidio García, buscará dar marcha atrás a la acción que hundió esta propuesta en 2017, en donde se desaprobó y archivó el tema de las curules de la paz, dado que en las votaciones en el Congreso no contaron con el apoyo requerido. De esta forma y según lo acordado, este martes se conocería cuál va a ser el rumbo que seguirá este importante tema, pues Lidio García presentaría ante Iván Duque el proyecto para que sea sancionado. ¿Por qué hay que darle el sí a las curules para la paz? Esta propuesta se presentó en el marco de los diálogos para la firma del Acuerdo de Paz, con el fin de dar participación política a habitantes conocedores del territorio y del contexto de 16 de las zonas más afectadas por el conflicto armado: los departamentos del Cauca, Arauca, Antioquia, Norte de Santander, Caquetá, Chocó, Meta, Bolívar, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo y Cesar. Además, esta medida es la que le da el eje al segundo punto del Acuerdo, en el que se plantea la participación política, para la apertura democrática en la construcción de paz, el cual busca garantizar la ampliación de los escenarios de políticos, generando un mayor debate desde los intereses y prioridades de las distintas regiones del país y sus marcos históricos. En ese sentido, León Valencia, director de Pares agregó que: “El Acuerdo tenía una doble intención: por un lado, resarcir a las víctimas con una participación en el Congreso, pero por el otro lado darles representación a territorios del conflicto que no la tienen o que si la tienen es mínima, eso es lo que se debe respetar, esa doble intención. También se debe ampliar el Congreso en su número de curules para haya una mayor representación de regiones abandonadas, que, por no tener representación, tienen menos acceso a recursos, menos juego dentro del presupuesto nacional y dentro de la vida nacional”.

Por: Redacción Pares La Organización Indígena de Antioquia, las autoridades indígenas, campesinas y afrodescendientes que hacen parte de la Mesa Interétnica de Paz, municipio de Frontino, denuncian a la opinión pública nacional e internacional, el confinamiento, amenazas y desplazamiento forzado del que son víctimas la población civil en el occidente de Antioquia, como consecuencia del accionar de las estructuras armadas al margen de la ley que hacen presencia en este territorio. El pasado 19 de enero la comunidad sufrió por alrededor de cuatro horas, fuego cruzado entre grupos armados ilegales en el Resguardo Amparradó Alto y Medio (Dabeiba). Esta situación agudizó la zozobra en las comunidades de Amparradó Alto, Amparradó Medio, Amoladora, Cañaveral, Antadó Guabina, Cañaveral Arenera y Genaturadó (Dabeiba) quienes hoy completan 10 días de confinamiento y desplazamiento forzado interno y fuera del territorio ancestral. Hay que recordar que la presencia de estructuras armadas ilegales ha venido siendo alertada por la Organización Indígena de Antioquia, La Defensoría del Pueblo y La Mesa Interétnica de Paz, como una acción urgente a atender por las instituciones defensoras de derechos humanos y para que haya un acompañamiento humanitario, en dichas comunidades. Por esta razón la ORGANIZACIÓN INDÍGENA DE ANTIOQUIA MESA INTERÉTNICA DE PAZ DE BLANQUITA-MURRÍ le exige a los actores armados legales e ilegales el respeto a la vida, a nuestros espacios como población civil, nuestros caseríos, lugares de siembra, sitios sagrados y en general los territorios resguardados. Asimismo, solicita al Ministerio público activar la atención humanitaria de emergencia para nuestras comunidades confinadas, evitando un desplazamiento forzado masivo a las cabeceras municipales. Y al Gobierno nacional, regional y local liderar una misión humanitaria que permita verificar y atender lo antes posible la situación de protección, salud, educación y alimentación de nuestras comunidades afectadas. De esta manera, la comunidad convoca a los organismos defensores de los Derechos Humanos nacionales e internacionales, organizaciones de acompañamiento y sectores de iglesias visibilizar esta grave situación y sumarse al recorrido humanitario y de armonización previsto para los días 7,8 y 9 de febrero de 2020.

Por: Redacción Pares Un juez de control de garantías de Bogotá acogió los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación e impuso medida de aseguramiento intramural contra cuatro militares retirados que habrían participado en el crimen del excombatiente de las Farc, Dimar Torres Arévalo, ocurrido el 22 de abril de 2019, en la vereda Carrizal, en Convención (Norte de Santander). Los afectados con la decisión son el coronel (r) Jorge Armando Pérez Amézquita y los soldados Yorman Alexander Buriticá Duarte, Cristian David Casilimas Pulido y William Andrés Alarcón Castrillón. Durante las audiencias concentradas, el fiscal de conocimiento argumentó que la muerte del exintegrante de las desmovilizadas Farc se podría considerar como una ejecución extrajudicial, en el entendido de que la víctima era una persona en estado de indefensión, desarmada y no combatiente. En ese sentido, los cuatro militares retirados fueron imputados por el delito de homicidio en persona protegida. Los procesados no aceptaron los cargos en su contra. De acuerdo con los elementos recopilados en las investigaciones, la tarde del 22 de abril de 2019, Dimar Torres se movilizaba en una motocicleta azul y, mientras pasaba frente a la base Sinaí del Ejército Nacional, fue detenido y recibió cuatro disparos de fusil que le propinó el cabo Daniel Eduardo Gómez Robledo. Al parecer, un grupo de soldados ayudó a esconder la motocicleta y habría cavado una fosa en una zona boscosa ubicada a 15 metros de las instalaciones militares, en la que presuntamente fue sepultado el cuerpo de la víctima. Las evidencias indicarían que el entonces coronel Pérez Amézquita, supuestamente, ordenó el crimen porque tenía información de que Dimar Torres sería el explosivita del ELN que aparentemente instaló un campo minado en el que cayó un soldado el 12 de abril de 2019, en zona rural de Convención (Norte de Santander). La Fiscalía obtuvo elementos de prueba que permitieron conocer que el oficial quería vengar la muerte de uno de sus hombres y, en ese sentido, habría pedido actuar contra Dimar Torres. Así está documentado en varios testimonios, en la versión del cabo Daniel Eduardo Gómez, quien reconoció su participación en el crimen; y en algunas interceptaciones telefónicas. En una de las comunicaciones conocidas el coronel Pérez Amézquita habría señalado: “no hay que capturarlo, hay que matarlo. No aguanta que se vaya a engordar a la cárcel”. El juez de control de garantías dispuso que los cuatro procesados deberán cumplir la medida de aseguramiento privativa de la libertad en una instalación militar. Por estos mismos hechos, el cabo Daniel Eduardo Gómez fue condenado a 20 años de cárcel, luego de aceptar que disparó contra Dimar Torres.

Por: Laura Cano, periodista Pares. El año 2020 ha demostrado que dentro de la agenda política del gobierno nacional hay varios pendientes sin rastreo, análisis, soluciones y respuestas concretas; entre estos está el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales. Las cifras dan un dato cuantitativo que dice que durante estos 27 días al menos han sido asesinados 10 defensores y promotores de libertades fundamentales en varios departamentos del país: Huila (2), Cauca (2), Norte de Santander (2), Córdoba (1), Cesar (1), Chocó (1) y Putumayo (1). Aunque están estos datos, que bien pueden variar, hay algo cierto, y es que hay muy pocas respuestas por parte del gobierno que permitan cualificar el origen de este fenómeno social, que pone en riesgo las garantías de seguridad de quienes le están haciendo frente a la situación social de las regiones en Colombia. Norte de Santander desde la firma del Acuerdo Esta zona del país ha reclamado atención de las distintas instituciones que hacen veeduría a la implementación de lo acordado en La Habana, pues de manera sistemática ha presentado cifras alarmantes de lo que han sido las garantías en materia de seguridad. Como radiografía de esta grave situación, durante este fin de semana se registró el asesinato de Fernando Quintero Mena, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Guasiles, quien, anteriormente, había ejercido como concejal en el municipio de Convención. Con él, ya son dos los casos en lo corrido del año. A este contexto se le agrega lo que ha venido pasando en los últimos años luego de la firma del Acuerdo de Paz. Por una parte, se recrudeció la situación de disputa por el territorio entre el ELN y los Pelusos (disidencias del EPL) en la zona del Catatumbo, donde también opera un grupo de la antigua guerrilla de las Farc, liderado por Alias Villa. Adicional, en la ciudad de Cúcuta se fortalecieron los enfrentamientos entre los Rastrojos y el Clan del Golfo, uno de los motivos más visibles es la posibilidad de control en los pasos ilegales que quedaron tras cerrarse la relación diplomática con Venezuela. Otra de las disputas que se vive en la zona del Norte de Santander está relacionada con la minería ilegal, la extracción de materiales tiene ubicados, principalmente en el municipio de Sardinata, a una fracción de otra disidencia de las Farc en cabeza de Jhon Catatumbo, y específicamente en esta zona, por Alias Roldán. Todo esto ha generado una zozobra generalizada en el departamento, puesto que los grupos armados se han venido tomando el control del territorio, dejando un total de 24 líderes y lideresas asesinados en la zona desde la firma del Acuerdo, dada el 24 de noviembre de 2016. A esto se le suma el constante hostigamiento a los habitantes de los diversos municipios del Norte de Santander, sobretodo a quienes trabajan por la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS), en donde resaltan organizaciones como La Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) y el Comité de integración social del Catatumbo (CISCA). Ariel Ávila, analista político y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación PARES, señala lo siguiente: Es frustrante la indiferencia de la sociedad colombiana, la ausencia de estrategias eficientes para parar la masacre, pero sobre todo, impactan las estrategias comunicativas de varias instituciones estatales y sectores políticos para negar la masacre, parece que son los cómplices de esta matanza.

Por: Redacción Pares El Municipio de Icononzo, se encuentra ubicado a 124 Km (tres horas aproximadamente) de la ciudad de Bogotá, en el costado oriental del Departamento del Tolima, subregión del Sumapaz; lo componen 30 veredas en una extensión de 23.886 hectáreas. En la actualidad cuenta con una población de 10.057 habitantes. Su economía gira en torno a la agricultura, particularmente café y frutales. Además de ganadería. El Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación ETCR, Antonio Nariño, es un terreno de 14 hectáreas, que se ha ido concibiendo como una población pese a lo quebrado de la zona. Los ETCR para excombatientes de las Farc, se han convertido en lugares de encuentro y reconciliación nacional. En la actualidad este espacio avanza en la consolidación de las cooperativas: Cooperativa Multiactiva Emprendamos Paz – EMPREMPAZ-, Cooperativa Multiactiva Agropecuaria del Común -COOPAGROC-, Cooperativa Multiactiva del Común Tejiendo Paz -COOPTEJPAZ. La Asociación de Mujeres Farianas de Antonio Nariño – ASOMUFAN y la Cooperativa Multiactiva Integradora de campesinos y reincorporados COOMICER ubicada en el casco urbano del municipio. Voceros del ETCR Antonio Nariño han reiterado su compromiso de mantenerse en la legalidad y manifestaron que confían en poder concretar sus proyectos de vida. En el ETCR hay 60 niños. Cuenta con 4 barrios, hotel, biblioteca y guardería. Fotos: Sergio Saavedra. En general la visión de la justicia transicional parte de la idea de una promesa para resolver lo que según la ONU define como los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala y garantizar de esta forma una nueva nación. Esta promesa se fundamenta en los tres pilares de la verdad: la justicia, la reparación y las garantías de no repetición atravesadas con los valores de la reconciliación y el perdón reconociendo la centralidad del dolor de las víctimas. En ese sentido, consideranmiembros del ETC consideran que el verdadero reto de la paz no está en la reimplantación del Estado, sino en una convivencia entretejida con una paz en pequeña escala y entendida como la capacidad de vivir con otros en el espacio de la vida cotidiana y las relaciones cara a cara, para así crear nociones del futuro conjunto. Las relaciones entre la población reincorporada de las FARC ubicada en el ETCR Antonio Nariño y las comunidades aledañas a este son fluidas. Cabe resaltar que el trabajo realizado por la Asociación de Mujeres Farianas Antonio Nariño – ASOMUFAN en torno a los temas de equidad de género ha calado de manera positiva en las comunidades especialmente las mujeres externas al ETCR. Proyectos de sacha inchi, porcicultura, tilapia roja, aguacate hass, confecciones y turismo. Próximamente se desarrollará un proyecto de ganadería con el apoyo de la comunidad internacional. Fotos: Pares. Así las cosas, a la fecha han logrado posicionar este tema a través de la política pública de género impulsada por el ETCR en el municipio. Es notoria la noción de futuros posibles, dado que las alianzas realizadas tanto en el tema productivo, de agremiación y de incidencia política, se sustentan bajo una mirada prospectiva y en lógica de arraigo territorial.

Por: Natalia Aguilar Salas. Colaboradora Pares. Durante el primer año del gobierno Duque, fanático de políticas de mano dura como la de la guerra contra las drogas y la seguridad, se ha visto cómo el homicidio contra líderes y lideresas así como de excombatientes de las Farc ya es un exterminio. Estos hechos nos llevan a cuestionar en primer lugar: ¿seguridad para quién y para qué? Y si ¿realmente el regreso de las fumigaciones con glifosato es una guerra contra las drogas o contra la población y el medio ambiente? Como lo señala Pares en el artículo La violencia contra líderes, una epidemia nacional, la violencia selectiva ejecutada contra líderes sociales no da tregua. Muestra de ello que terminó el año 2019 con 329 líderes y lideresas asesinadas desde el 24 de noviembre de 2016, fecha de la firma del Acuerdo Final de Paz en el Teatro Colón, según datos de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares. Durante los primeros trece días del año en curso ya se habían registrado nueve (9) personas asesinadas con ocasión de su rol de liderazgo social y de defensa de los derechos humanos. En cuanto a la seguridad de los farianos, o ex combatientes de las FARC, según el informe ¿Cómo va la paz? realizado por PARES, el departamento con mayor tasa de aumento de la violencia y homicidios de excombatientes es Antioquia, especialmente en el municipio de Ituango y Tarazá, con un aumento de 56% y 90% respectivamente; otra región afectada de forma crítica por la violencia es el departamento del Catatumbo, norte de Santander, donde se han presentado nuevos enfrentamientos entre el ELN, el EPL y disidencias de las FARC. Según PARES, el aumento de la violencia en estas regiones se debe a las confrontaciones por el control del territorio, especialmente en zonas donde hay cultivo de hoja de coca y presencia de organizaciones criminales. Desde la firma del acuerdo ha aumentado el numero de disidencias al igual que de grupos armados ilegales, uno de los principales motivos es el rearme y la falta del cumplimiento de garantías por parte del gobierno. La fundación Paz y Reconciliación estima que hasta finales del año pasado aproximadamente 830 hombres han desertado del proceso de paz, y 6.4% de los excombatientes se estaría rearmando por distintas razones. El narcotráfico, la sombra del crimen Una de las grandes disputas en el territorio se debe al valor que tiene la hoja de coca para el narcotráfico, al igual que el control sobre las rutas de exportación de sustancia ilícitas, lo acordado en el punto cuatro del Acuerdo de Paz y su falta de implementación refleja la incapacidad de el gobierno de innovar a la hora de buscar estrategias que realmente funcionen y tengan un impacto positivo a largo plazo también es notorio que existe un moralismo latente y apegado al catolicismo, es impensable que el país del sagrado corazón tenga un mínimo de tolerancia en la política contra las drogas. Las políticas gubernamentales se encuentran en un círculo vicioso donde pretenden erradicar algo imposible de eliminar. Según Pares, existen 22 departamentos donde se cultiva la hoja de coca, el 60% de estos cultivos se encuentran en tres departamentos, Nariño, Putumayo y Norte de Santander. Por otra parte, el mayor aumento de cultivos se dio en Antioquia, con un aumento del 54% respecto al 2016, este departamento es un punto clave en una de las rutas del narcotráfico. En el discurso de los mandatarios colombianos siempre se ha resaltado a las drogas como el enemigo principal, esta frase suena familiar, sobre todo cuando el país la heredó de Estados Unidos, este discurso surge con Richard Nixon y su famoso discurso de 1971 donde declaro que las drogas eran “El enemigo número uno” y no es de extrañarse que el gobierno colombiano aplique políticas nefastas e inefectivas para el país. Una guerra perdida Donald Trump pretende aumentar el presupuesto de la guerra contra las drogas en más de un 25%, lo cual es significativo teniendo en cuenta que hubo recorte de presupuesto para los caprichos del mandatario, E.E.U.U. pretende donar $344 millones para la lucha contra las drogas durante el 2020, mientras que el presupuesto para el 2019 fue de $243 millones. Esto constituye restricciones para Colombia, ya que dicho presupuesto no es simplemente un regalo. Monsanto es la empresa de biotecnología más grande en el mundo y vale la pena mencionar que 25 de los 50 Estados dentro de E.E.U.U. han prohibido el uso del glifosato ya que estudios demuestran que puede generar cáncer, enfermedades degenerativas y daños irreversibles tanto para las personas como para el medio ambiente, ya que vuelve el suelo improductivo y contamina las fuentes de agua. Según el informe PARES, el problema de la coca no es un problema de siembra en nuevas areas, por el contrario, es la reactivación dentro de los lotes que ya han sido erradicados, ya que la resiembra se produce despúes de la erradicación forzada ya que llega a un 25% o 30% durante los primeros tres meses y después aumenta en un 50%. Esto también se debe al ingreso por arroba de coca, y en tres meses un campesino puede llegar a producir 100 arrobas de coca y cada una tiene un costo aproximado de 40.000 pesos dependiendo del narcotraficante. Sin embargo para obtener dicha cantidad de coca se requieren tres (3) trabajadores que cobran 600.000 pesos mensuales, con lo cual la ganas mensual del campesino se reduce a 700.000 pesos, aunque es poco dinero para una vida digna, si un campesino siembra cultivos lícitos, debido a las dificultades de comercialización ganaría entre 200.000 a 300.000 pesos mensuales. La guerra contra las drogas es una guerra infinita si se siguen planteando las mismas estrategias, las cuales no solamente afectan al campesinado y al medio ambiente, también impiden salir de un circulo vicioso donde los únicos ganadores son los grupos armados, los narcotraficantes, donde el aumento de la pobreza, la inseguridad y las muertes de inocentes son pan de cada día, se supone que el que gobierna lo debe hacer por encima del beneficio propio; es decir se gobierna para los demás, pero en Colombia la situación demuestra lo contrario, aquí la seguridad solo cobija a unos pocos, dentro de los cuales definitivamente no se encuentran los excombatientes, los campesinos y los líderes sociales.

Por: Laura Cano, periodista Pares. Un 23 de enero, hace 26 años, una masacre volvía a enlutar la historia de nuestro país. En el barrio de La Chinita, municipio de Apartadó, Antioquia, 35 personas fueron asesinadas por el Frente 5 de las Farc mientras la comunidad realizaba una verbena popular convocada por Rufina Gutiérrez, quien buscaba reunir fondos para los materiales de estudio de sus hijos. El contexto de este hecho estaba rodeado por varias situaciones: un terreno perteneciente a Guillermo Gaviria, padre del actual gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, al cual, en el año 1992, llegaron aproximadamente 5000 personas, entre ellos, trabajadores de fincas bananeras, para asentarse en las 110 hectáreas de la propiedad. A ese espacio se le llamó La Chinita. Por otra parte, la situación política de la zona presentaba una alta presencia de miembros del movimiento Esperanza, Paz y Libertad, desmovilizados del EPL durante el proceso que se llevó acabo en 1991. Este Movimiento para ese momento tenía una relevante participación en el escenario político del departamento. En ese período los Esperanzados tenían dos importantes candidaturas a la Cámara de Representantes y al Senado con Darío Mejía y Aníbal Palacio, nombrados respectivamente. Esto generó que se desatara una persecución al Movimiento desde algunos sectores, entre ellos, por la exguerrilla Farc. De las 35 personas que fueron asesinadas en medio de la Masacre de La Chinita, se registraron 2 desmovilizados del EPL, una mujer, tres menores de edad, una persona de la tercera edad y un soldado del Ejército Nacional; las otras 27 personas eran trabajadores de fincas bananeras y habitantes del barrio. Lo que llegó y no llegó Las víctimas de lo ocurrido han sido insistentes en algo: la verdad de lo sucedido. En 2011 se organizaron y crearon el Colectivo de Víctimas de la Masacre de la Chinita. A esto se le sumó el reconocimiento como sujeto de reparación colectiva a través de la Ley de Víctimas, con lo que se crearon 18 medidas para la reparación y garantías de la no repetición. De esas medidas, 10 han sido implementadas con un presupuesto 280 millones, los cuales se han invertido en iniciativas artísticas, deportivas y culturales dirigidas a los jóvenes de la zona; hoy llamado barrio Obrero, el cual cuenta con una población de alrededor 35.000 personas. Años más tarde, en el marco de los diálogos para la firma del Acuerdo de Paz, algunos integrantes del Colectivo viajaron hasta La Habana como acto de participación de las víctimas. También, el 30 de septiembre de 2016, algunos exguerrillleros de la antigua Farc visitaron la zona y en este escenario se dio el compromiso de reparación, reconciliación y verdad para con quienes vivieron lo ocurrido aquel 23 de enero de 1994. Sin embargo, la historia hasta el día de hoy ha estado truncada y muchos de esos compromisos están en el limbo. Por una parte, aunque ha habido recursos para la implementación de acciones en la zona, entre estos 435 millones para la reparación integral individual, las medidas y mecanismos para una verdadera implementación de lo acordado se han quedado cortos; lo que se ha hecho hasta el momento no ha sido suficiente para promover que en la zona hayan oportunidades contundentes para que allí los habitantes puedan generar proyectos de vida sólidos con base a garantías de vida digna. Igualmente, el Acuerdo en su implementación ha tenido varios desaciertos, por lo que, uno de los puntos más importantes, el quinto, el cual vela por verdad, justicia, reparación y no repetición ha estado estancado, dejando a las víctimas sin lo más importante: la certeza de saber qué pasó aquel día en La Chinita. La memoria en sí y los actos de verdad por los perpetradores, configuran la base para poder entrar en fases de reparación efectivas. Sin un esclarecimiento de la verdad es muy difícil poder realizar procesos de reparación, garantizar la protección y la no repetición, y en ese sentido dar vía a la reconciliación. Como las víctimas lo piden, el 23 de enero debe ser un día para conmemorar lo legítimo y necesario de la memoria. En un país como Colombia, que ha vivido uno de los conflictos armados más antiguos, la prioridad debe ser la verdad con las víctimas y todo lo que viene después de ello.

Por: Javier Alejandro Jiménez González. Investigador Pares. La violencia selectiva ejecutada contra líderes sociales no da tregua. Muestra de ello que terminó el año 2019 con 329 líderes y lideresas asesinadas desde el 24 de noviembre de 2016, fecha de la firma del Acuerdo Final de Paz en el Teatro Colón, según datos de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares. Durante los primeros trece días del año en curso ya se habían registrado nueve (9) personas asesinadas con ocasión de su rol de liderazgo social y de defensa de los derechos humanos. A pesar de que las cifras no dejan de ser alarmantes, la discusión no debería centrarse en quién(es) tienen la razón con respecto a la precisión de las cifras. Ya hay estudios basados en las distintas estadísticas que indican la alta probabilidad en que el número de victimizaciones contra estas personas puede ser mayor de lo que se conoce, y en contraposición a esto el Gobierno ha insistido en desvirtuar los distintos datos, estimando que durante su período el fenómeno violento ha mermado. El problema de fondo radica en que no sólo las medidas consignadas en el Acuerdo Final de Paz para la protección de personas líderes y lideresas – además de quienes figuran como firmantes y están en proceso de reincorporación – no han sido implementadas por falta de voluntad política sino que también el Estado colombiano ha fallado sistemáticamente en su obligación de protección a la vida de sus ciudadanos. Ejemplo de lo anterior ha sido: – La no implementación de las normativas surgidas desde el Acuerdo de Paz como el Plan de Protección Colectiva. – La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad convocada y sesionando cada vez que la prensa y la comunidad internacional presionan al Gobierno de turno, siendo que esta debería instalarse mensualmente. – La disminución del presupuesto de la Unidad Nacional de Protección para el año 2020. – La desatención del Gobierno de las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo para evitar tragedias humanitarias como consecuencias del actuar de estructuras armadas ilegales; – las más de 270 víctimas que dejaron 177 hechos de violencia electoral ocurridos durante los meses previos a la contienda electoral de 2019. – La creación del Programa de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunales no tiene una ruta clara para la articulación de los mecanismos ya existentes en materia de protección y tampoco tiene avances notorios sobre su efectividad tras los 13 meses que lleva vigente. Las cinco regiones críticas Las zonas más afectadas continúan siendo Norte del Cauca, Bajo Atrato, Catatumbo, Bajo Cauca antioqueño y Pacífico nariñense, donde confluyen distintas estructuras armadas ilegales con actividades de economías ilícitas y los clamores por la vida de cientos de comunidades que se ven acalladas ante los silbidos de las balas merodeando sus entornos cercanos. En el caso concreto del Norte del Cauca se vive una gran tensión entre la población, ya que durante la última semana han aparecido cuatro (4) panfletos amenazantes atribuidos a distintas estructuras ilegales, en su mayoría grupos armados posfarc, a saber: Columna Dagoberto Ramos, grupo disidente Columna Jacobo Arenas, Columna Móvil Vladimir Stiven y Cartel de Sinaloa. Panfletos con amenazas de los grupos armados ilegales. Norte del Cauca. A pesar de que se presume que son estructuras distintas, los mensajes tienen el mismo fin: amedrentar a las comunidades mediante posibles represalias a quienes osen o intenten obstaculizar sus actividades. Las principales víctimas han resultado ser los cabildos y las guardias indígenas de los resguardos indígenas que, en cumplimiento de sus funciones de control territorial, por repeler y evitar las actividades ligadas al narcotráfico como el decomiso y quema de cargamentos y la prohibición de cultivos de coca para fines ilícitos. Esto los puso en la lista de objetivos militares de los ilegales. Ante esta situación, el Gobierno de Iván Duque impartió la orden de desplegar un gran contingente militar de más de 2500 unidades militares en la región del Norte del Cauca mediante la Fuerza de Despliegue Rápido – Fudra. De esta manera, se esperaría “retomar” el orden institucional legal para la garantía de derechos de las poblaciones que allí habitan. Sin embargo, ante esta “novedosa” medida, ya hay alertas entre las autoridades locales y las comunidades por las repercusiones negativas que pueden derivar de esa presencia enorme de Fuerza Pública como los son las vulneraciones a los derechos humanos y las infracciones al DIH como producto de enfrentamientos con los ilegales, empadronamientos y extralimitación con las comunidades. Luego de este anuncio surgen una serie de preguntas que competen al actuar del Gobierno en materia de seguridad y protección a los derechos de personas líderes y defensoras de derechos humanos. Si el Gobierno dice ejecutar una acción contundente contra la ilegalidad, ¿por qué el pasado 20 de enero personal de la Fuerza Pública en medio de un operativo iban a retener sin orden judicial a Yesid Conda? ¿Por qué en municipios como Corinto, que están custodiados por Fuerza Pública, es posible que se cometan a plena luz del día secuestros como el ocurrido el 23 de enero contra el líder Romel Ulcué? ¿En qué ha avanzado el tan anunciado Plan de Acción Social para el Cauca? ¿Podrían responderle al país por cuándo terminarán las agresiones a líderes y lideresas sociales?