Por: Laura Cano, periodista Pares. “Las calles son nuestras”, esa fue una de las frases que más se oyó durante la primera jornada de Paro del 2020: el 21E. Y sí, había un sentir colectivo por tomarse las calles, juntarse para hacer un reclamo colectivo. El ambiente que rodeaba ese día venía precedido por varios puntos importantes; por un lado, este 21E era el momento para dar continuidad a la protesta social que se venía dando desde noviembre de 2019 y así saber con qué tanta participación ciudadana se iniciaba este año, por otra parte, y como argumento adicional a la indignación de varios ciudadanos se sumaba el asesinato de líderes y lideresas sociales (9) y exguerrilleros de la antigua guerrilla de las Farc (3), que al día de hoy, según cifras de Pares, van 12 durante el 2020. Por otro lado, estaban las exigencias del llamado Paquetazo de Duque, la inconformidad con el reajuste del salario mínimo y las insistentes peticiones por el desmonte del Esmad y la regulación de las actuaciones de las Fuerzas Públicas durante las manifestaciones de los ciudadanos. Justamente, este último punto fue uno de los más cuestionados durante el 21E; primero, porque los marchantes podrían ver cómo iba a ser el proceder de la Policía Nacional en medio de las movilizaciones con los distintos nuevos gobiernos regionales; segundo, porque como muchos lo suponían: el uso de la fuerza de forma desproporcionada por parte de las Fuerzas Públicas fue una de las denuncias que más se dieron durante la jornada. “Solo el pueblo salva al pueblo” Desde temprano una de las primeras conclusiones de lo que ha representado el Paro Nacional se estaba evidenciando en las calles: los barrios se están organizando. Suba, Fontibón, Bosa y Kennedy fueron de los primeros que dieron luces de este alcance el 21E. En Kennedy, Banderas fue el punto de reunión. Plantones y movilizaciones alrededor de la zona fue lo que se vivió casi hasta medio día. En ese momento era una jornada tranquila, aunque con visible presencia de la Policía en varios puntos de la zona. Con el paso de las horas se unieron más personas a las que ya estaban allí; gente de Fontibón y Bosa llegaron para demostrar que los barrios también se están pronunciando y descentralizando la protesta social. Al punto también se unieron estudiantes de la Universidad Distrital. La idea, hasta ese momento, era esperar una movilización que venía de la Universidad Nacional hacia Banderas, sin embargo, esto no terminó de pasar; el Esmad estaba esperando a las personas que se movilizaban en esta zona en la estación de Banderas. Allí empezó a correr la voz de que los diez minutos ya habían pasado y que el Escuadrón iba a actuar. Seguro a muchos les surgió una misma pregunta: ¿De cuáles minutos estaban hablando? ¿Cuándo supuestamente había empezado a correr ese tiempo? Desde ese instante lo único que quedó de la movilización fue la gente preocupada por los demás; personas compartiendo neutralizador con varios de los que habían quedado en el piso ahogados por el gas, varios cogidos de la mano intentando evadir los bolillazos de la Policía, que pareciera que estaban estratégicamente ubicados esperando a varias personas que lo único encontraron, en un intento de huir del Esmad, fue varias cuadras cerradas. Los intentos por congregar de nuevo a la gente que estaba en la movilización fueron fallidos. El Esmad estaba presente por la Primera de Mayo, la Boyacá y las Américas. Toda acción terminaba en un uso desmedido de fuerza por la Policía y en corretiadas por parte del Esmad a los manifestantes. Sin embargo, en algunos puntos se veían más personas que aconsejaban y discutían por cuál de las cuadras era más seguro meterse. Entre estas se seguía compartiendo el neutralizador, que mucho bien les hizo a los presentes, incluso, muchos de ellos intentaban tranquilizar a los manifestantes y a la gente de los barrios que habían quedado en medio de las calles. Al final, la jornada dejó varias radiografías que evidenciaban irregularidades en el proceder de la Fuerza Pública: detenciones por protección injustificadas y no trasladadas de inmediato a los CTP, heridos y evidentemente una disolución de la movilización por medio de un uso indebido de la fuerza. El papel de los CTP en las jornadas de movilización En el informe de la plataforma Defender la Libertad, se conoció que durante ese día dentro del marco del Paro Nacional en la ciudad de Bogotá hubo 12 personas heridas y 87 retenciones, algunas de ellas con fines de judicialización. Varias de estas retenciones fueron llevadas a Centros de Traslados por Protección (CTP). Esta medida, que es una de las que más se da por parte de la Policía Nacional durante las protestas, ha sido insistentemente cuestionada y denunciada por diversas organizaciones de derechos humanos que acompañan a los manifestantes. Esto, porque se ha utilizado este recurso para realizar detenciones arbitrarias, es decir, hacer traslados injustificados para deslegitimar la protesta y en donde a varios de los trasladados se les viola sus derechos. Es necesario aclarar que actualmente existen cinco (5) causas en el artículo 155 del Código de Policía y Convivencia por las cuales se pueden realizar dichos traslados de protección: “por deambular en lugares públicos en estado de indefensión o bajo los efectos del consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas, cuando la persona esté involucrada en riñas o presente comportamientos agresivos, cuando la persona esté en peligro de ser agredida y el traslado sea el único medio disponible para evitar el riesgo a la vida, cuando no haya una persona allegada que asuma la protección de la persona o cuando no sea posible trasladar a la persona a su domicilio”. Pares habló con Alexandra González, defensora de derechos de la campaña Defender la Libertad: asunto de todas. Ella ha trabajado desde esta campaña que es una red de organizaciones contra la detención arbitraria, persecución judicial y criminalización de la protesta social en Colombia. Pares: El pasado martes (21E) la campaña alertó a través de Twitter que alrededor de 33 personas habían sido retenidas y siendo casi las 2 de la tarde no habían sido llevadas al CTP. ¿Al final de la jornada se aclaró qué había pasado? Alexandra González: Sí, estás personas fueron trasladadas alrededor de las 4 p.m. al CTP. Algunas de ellas llegaron golpeadas, los golpes se registraron durante el proceso de detención. Según lo que nos relatan, las personas fueron golpeadas al interior de la Estación de Policía de Kennedy. Hay que recordar que para proteger la integridad de una persona el artículo 155 del Código de Policía establece que la persona, como primera instancia, debe ser entregada a un allegado, si esto no llega a ser posible debe ser llevada a su domicilio, y si esto tampoco es posible debe ser llevada inmediatamente a un CTP. La lógica del CTP es una detención que se realiza para proteger a la persona, no estamos hablando de alguien en conflicto con la ley, personas que hayan trasgredido la convivencia o personas que hayan cometido un delito. Estamos hablando de personas que, según la ley, deben ser protegidas, no castigadas. Lo que ha pasado en las movilizaciones, no solo del Paro Nacional, sino en general, de manera sistemática, es que es un mecanismo de castigo. Pares: ¿En el caso de estas personas, con quienes se demoraron más de 6 horas en ser trasladadas y que además llegaron golpeadas, hay algún mecanismo que les permita denunciar lo sucedido? Alexandra González: Cuando el traslado no ocurre por las causales que están establecidas o no cumple el procedimiento, estamos hablando de que la detención tuvo irregularidades, es decir, son detenciones ilegales, así contempladas en el Código Penal, convirtiéndose en un delito. A nivel internacional se conoce como detenciones arbitrarias, establecido así en el Estatuto de Roma. Cuando esto sucede las personas tienen la posibilidad de presentar una denuncia ante la Fiscalía, adicional a eso, el mismo relato puede ser llevado a la Procuraduría General para que se inicien las investigaciones disciplinarias correspondientes. Lo que nosotros aconsejamos es que se inicien estas investigaciones. Lastimosamente, la mayoría de las personas al momento no es consciente de que la libertad es un derecho y que cuando se viola este derecho se puede denunciar. Normalmente se denuncia cuando hay golpes o agresiones, pero solo el hecho que te priven de manera indebida de la libertad es una grave violación de los derechos humanos que debe ser sancionada e investigada. En el caso de las detenciones que hubo en Kennedy estamos asesorando a unas personas que fueron golpeadas. También hay un temor en la ciudadanía de denunciar a la Policía, entonces por más de que nosotros prestemos el acompañamiento político y jurídico en temas de protección, hay muchos que prefieren pasar la página y no saber nada más del asunto por los temores que implica la denuncia. En este caso, puntualmente, se le comunicó a la Procuraduría sobre la situación para que haga las investigaciones. Pares: ¿Cuántos defensores de derechos humanos fueron detenidos o se vieron afectados por la Fuerza Pública el 21E? ¿En esos casos la Campaña tiene algún protocolo para atender estas situaciones? Alexandra González: Hubo una persona detenida de RedHus (Red Popular de Derechos Humanos Bogotá). Ella fue detenida porque estaba acompañando a una manifestante a la ambulancia, pues había presentado una crisis de ansiedad e intoxicación por gases. (Pares encontró a través de Twitter que quien realizó la detención fue el Agente 249809, Fredy Pantano). Esto nosotros lo comunicamos de manera urgente a la Policía. La persona finalmente es llevada a un CAI, pero no es trasladada al CTP. Después del CAI la dejan en libertad, pero le hacen un empadronamiento; le toman fotos a la cédula y demás. Por otra parte, un compañero que hace parte de la Campaña y también de la Asamblea Popular de Engativá, fue golpeado y agredido durante la verificación que él estaba haciendo a una situación de derechos humanos. Finalmente, lo que nosotros evidenciamos es que hay una actitud de la Policía haciendo reclamo de porqué no hay una acción cuando se rayan paredes o cuando se agreden policías, por ende, que prácticamente somos cómplices. Lo que nosotros manifestamos es que, primero, nosotros no estamos aquí para suplantar las labores de la Policía, quien debe evitar que a cualquier institución pública le rayen las paredes es la Policía; no son los gestores de convivencia, ni nosotros como comisiones de verificación. Nuestro deber y derecho, según el Decreto 563 de 2015, es hacer el monitoreo de derechos humanos de la población que se manifiesta. Pares: ¿De las 12 personas que resultaron heridas, según el segundo Boletín de la Campaña, hay algún caso de gravedad o que se le esté haciendo seguimiento? A.G: De estas personas, solo dos fueron trasladadas a un centro de salud porque eran traumatismos en el cráneo, los demás eran lesiones de menor gravedad. Pares: Ese día se registró la presencia de 15 policías indebidamente identificados en la 7 con 165. Defender la Libertad fue quien hizo la alarma. ¿La organización recibió alguna respuesta de las entidades encargadas por la situación? A.G: Todavía no recibimos ningún tipo de respuesta oficial frente a la denuncia de indebida identificación. Pares: ¿Cómo la implementación de una Mesa Distrital de Seguimiento al Ejercicio del Derecho a la protesta sería un mecanismo que garantice que estos casos disminuyan? ¿Esa Mesa sería propuesta únicamente en Bogotá o también en otras zonas del país? La Mesa es lo que establece el Decreto 563. Lo que estamos pidiendo es que se instale esa Mesa porque lastimosamente durante la Alcaldía pasada, si bien tuvimos diálogos para preparar escenarios de movilización, estos nunca se dieron en el marco de la Mesa. Este instrumento no solo permite preparar, sino también evaluar las características y dimensiones para tomar medidas oportunas frente a lo que sucede en la protesta social. Ayer hubo una reunión con la Alcaldía de evaluación y ahí insistimos en que se instale esa Mesa. La Alcaldía asumió el compromiso de citar formalmente la Mesa de Seguimiento. Este mecanismo también está contemplado en la Resolución 1190 del Ministerio del Interior y esa resolución ya es de carácter nacional, sin embargo, la entidad no ha querido reconocer que es una norma, aduce que va a seguir estudiándola y por tanto la Mesa a nivel nacional no se ha aplicado. No obstante, hay unos decretos sobre protesta en unas zonas, por ejemplo, en la Gobernación de Nariño se expidió un decreto el 05 de diciembre que se adopta vía la Resolución 1190, y en Barranquilla también se expidió un decreto que crea un protocolo propio de protesta también con una mesa. En estas mesas la idea es que se tenga un componente territorial, y ojalá que las gobernaciones y alcaldías interesadas puedan seguir expidiendo este tipo de normas. Pares: ¿Cuál es el balance de detenidos y detenidos y de personas heridas el 21E? A.G: Hay un total de 212 personas trasladadas por protección en el marco del Paro Nacional, todas finalmente al cumplirse el plazo o al haber llegado su familia, salieron esa misma noche. Actualmente estamos en los procesos de audiencia de las personas que fueron detenidas con fines de judicialización; fueron aproximadamente 7 personas, 3 de ellas en el marco de la movilización y las otras producto de los allanamientos que se dieron el 21 de noviembre del años pasado y que posteriormente condujeron a unas órdenes de captura.

Por: Redacción Pares Casi 500 millones de personas trabajan menos horas remuneradas de las que quisieran o no tienen suficiente acceso a un trabajo asalariado, señala un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo. La OIT pronostica que el número de desempleados aumentará 2,5 millones este año a pesar de haberse mantenido relativamente estable durante los últimos nueve años. La principal causa es la desaceleración del crecimiento económico: mientras la fuerza de trabajo mundial aumenta, no se están creando suficientes empleos nuevos para aquellos que ahora están en edad de trabajar. Existen unos 188 millones de desempleados en el mundo actualmente y unos 165 millones de personas que tienen empleo desean trabajar más horas pagadas. Además, alrededor de 120 millones de personas no están clasificadas como desempleadas, pero han abandonado la búsqueda activa de trabajo o no tienen acceso al mercado laboral. La OIT calcula que, en total, más de 470 millones de personas en todo el mundo carecen de un acceso adecuado al trabajo remunerado como tal o se les niega la oportunidad de trabajar el número de horas deseado. Las cifras, según la Organización, muestran el valor de una comprensión y una medición más completas de la subutilización en el mercado laboral, además de la cuantificación tradicional de la tasa de desempleo. El informe de Perspectivas del Trabajo Mundial, publicado anualmente, asegura que el desequilibrio entre la oferta y la demanda de mano de obra se extiende más allá del desempleo hasta una amplia subutilización de la mano de obra. “La subutilización de la mano de obra o los empleos de baja calidad significan que nuestras economías están perdiendo los beneficios potenciales que representa el enorme caudal de talento humano”, declaró el principal autor del informe, Stefan Kühn. El problema de la desigualdad El estudio revela también que a nivel mundial la desigualdad en los ingresos son superiores a lo que se pensaba antes, sobre todo en países en desarrollo. “Para millones de personas comunes, es cada vez más difícil construir vidas mejores gracias al trabajo. La persistencia y la amplitud de la exclusión y de las desigualdades relacionadas con el empleo les impiden encontrar un trabajo decente y forjarse un futuro mejor. Esta es una conclusión extremadamente preocupante que tiene repercusiones graves y alarmantes para la cohesión social”, afirmó el director general de la OIT, Guy Ryder, durante la presentación del informe. Otras desigualdades significativas, definidas por sexo, edad y ubicación geográfica, en los mercados laborales actuales, siguen limitando las oportunidades profesionales de muchas personas, así como su crecimiento económico. Un número impresionante de jóvenes, 267 millones (entre 15 y 24 años) no trabaja ni estudia o recibe formación, y muchos más tienen que soportar malas condiciones de trabajo. Las disparidades geográficas dentro de los países también son relevantes. A nivel mundial, la tasa de empleo de la población en edad de trabajar que vive en las zonas rurales (59%) es superior a la de las zonas urbanas (56%). Por otra parte, el subempleo por insuficiencia de horas de trabajo en las zonas rurales (6%) es mayor que en las zonas urbanas (4%). Estas divisiones son más acentuadas en los países de bajos ingresos. Los mercados laborales contemporáneos también siguen caracterizándose por la desigualdad de género. En 2019, la tasa de participación de la mujer en la fuerza de trabajo era solo del 47%, 27 puntos porcentuales por debajo de la tasa del hombre (74%). Hay una fuerte variación regional en las disparidades de género en el acceso al empleo. La subutilización de la mano de obra femenina es muy pronunciada en África septentrional y en los Estados árabes, y afecta a alrededor del 40% de las mujeres de la fuerza de trabajo ampliada en ambas subregiones. En América Latina y el Caribe, el nivel medio de estudios de las mujeres supera actualmente al de los hombres, pero las mujeres de la subregión siguen ganando un 17% menos por hora trabajada que los hombres. “Encontraremos la vía hacia el desarrollo sostenible e inclusivo sólo si combatimos este tipo de desigualdades en el mercado laboral y facilitamos el acceso al trabajo decente”, enfatizó Kühn. Trabajo remunerado no significa trabajo decente El informe reitera que tener un trabajo remunerado no supone una garantía de condiciones de vida decentes o de un ingreso adecuado para muchos de los 3300 millones desocupados en todo el mundo en 2019. Con demasiada frecuencia, la falta de ingresos u otros medios de apoyo financiero obliga a los trabajadores a realizar trabajos que son informales, están mal remunerados y proporcionan poco o ningún acceso a la protección social y a los derechos laborales. Este es el caso especialmente de los 1400 millones de trabajadores por cuenta propia y trabajadores familiares auxiliares en los países de ingresos bajos y medios, que suelen estar empleados de manera informal, trabajan en condiciones vulnerables y con ingresos muy inferiores a los que tienen un empleo asalariado. Incluso en los países de altos ingresos, un número creciente de trabajadores por cuenta propia tiene que lidiar con condiciones de trabajo deficientes. Sin embargo, los propios empleados están frecuentemente sujetos a contratos inciertos, bajos ingresos e informalidad. En total, alrededor de 2000 millones de trabajadores en todo el mundo están empleados de manera informal, lo que representa el 61% de la fuerza de trabajo mundial.

Por: Redacción Pares Al cierre de su visita a Colombia, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) reiteró, a través de un comunicado, la importancia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la necesidad de que mantenga su integridad e independencia. Igualmente, la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional expresó su apoyo al proceso de paz de Colombia y la implementación de medidas exhaustivas para lograr la justicia, en línea con sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma. “La Oficina reitera la importancia de la JEP y la necesidad de mantener su integridad e independencia, así como la necesidad de proporcionarle los recursos y el apoyo necesarios para llevar a cabo su importante mandato», expresó el comunicado. Además, la Oficina de la Fiscal de la CPI manifestó su disposición para apoyar los esfuerzos de la JEP y así “desarrollar mecanismos, técnicas y procedimientos adecuados, con miras a tomar decisiones, que sean legal y fácticamente compatibles con los requisitos de admisibilidad del Estatuto de Roma». Igualmente, señaló la importancia de que se desarrollen “medidas y sistemas rigurosos y efectivos para la correcta implementación, verificación y seguimiento de las sanciones impuestas por la JEP, en particular las que imponen restricciones a la libertad». Finalmente, la Oficina de la Fiscalía de la CPI destacó la importancia de que las entidades nacionales cooperen plenamente con el trabajo de la JEP para que pueda cumplir su misión. “En particular la transmisión de la información recopilada en todos los procedimientos judiciales pertinentes. Dicha cooperación debe incluir facilitar la comparecencia voluntaria de personas ante la JEP y tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar de esas personas».

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Pese a las recurrentes denuncias hechas por la Fundación Cordobexia sobre la difícil situación de orden público —una de ellas hecha hace dos meses sobre una posible toma armada en el sur de Córdoba— y las hechas por líderes y lideresas sobre amenazas y asesinatos; en la mañana de este 23 de enero se registró una incursión armada en San José de Uré (Córdoba) en la que hombres armados detonaron un artefacto explosivo que, hasta el momento, deja como saldo un (1) muerto y más de siete (7) personas heridas. De acuerdo con fuentes en terreno, hombres vestidos de civil, sin distintivos, que se transportaban en una motocicleta llegaron hasta un establecimiento, allí detonaron el artefacto y emprendieron la huida mientras disparaban. Tras los asesinatos a líderes y lideresas, la Defensoría del Pueblo había emitido una Alerta Temprana especificando las complejas condiciones de seguridad para los habitantes del Sur de Córdoba. El Nudo del Paramillo, un epicentro de la ilegalidad Ahora bien, cabe recordar que la Fundación Paz & Reconciliación —advirtió por medio del informe Más sombras que luces— la situación del sur de Córdoba, que, junto a las subregiones de Bajo Cauca, Norte y Nordeste Antioqueño componen la gran región del Nudo de Paramillo. Esta región se ha convertido en un clúster de mercados ilegales, aprovechadas por las estructuras armadas y élites ilegales en tanto que allí encuentran las materias primas de mercados ilegales, como la coca o el oro; también se da el procesamiento y desde allí son comercializadas hacia el interior y fuera del país, puesto que conectan con Medellín, con la costa Caribe y con el Urabá. Llama la atención —según investigaciones realizadas por Pares— que para el caso de San José de Uré hacen presencia el Clan del Golfo, los Caparrapos y grupos postfarc provenientes de los Frentes 5, 18 y 58. Asimismo, otro actor en la disputa por el territorio y que, incide en la dinámica de seguridad, tiene que ver con los carteles mexicanos; esta situación debido que resulta estratégica la región del Nudo de Paramillo en tanto que permite es un corredor que permite conectar las rutas del narcotráfico y el delito con la Costa Caribe y el Urabá. Advertencias desatentidas Además, es necesario hacer hincapié en que esta situación se remonta desde el 2018 ya que, según el informe de Pares, a finales de ese año la guerra entre el Clan del Golfo y Los Caparrapos en el Bajo Cauca se trasladó hacia sur de Córdoba. Los Caparrapos en alianza con los Pachelly y los grupos postfarc se convencieron de que podrían seguir ganando terreno al Clan del Golfo, y pasaron de Tarazá a San José de Uré. Vale la pena recordar que, después de la firma del Acuerdo de Paz, la disputa en la región del Sur de Córdoba la protagonizaron, principalmente el Clan del Golfo y Caparrapos, siendo el primero el que más generaba control territorial. A estos actores se les suma la disputa ejercida por el grupo armado postfarc que lo componen exintegrantes de los Frentes 18 y 36. Asimismo, para el caso de San José de Uré la situación de seguridad en 2019 no era contraria a la que se viene presentando en estas primeras semanas del 2020. Precisamente, la violencia ejercida por el Clan del Golfo para hacerse al control de la región del Nudo de Paramillo, ubicó a San José de Uré como el municipio de mayor victimización. Justamente, este municipio es estratégico por ser la ruta hacia el Bajo Cauca antioqueño. En grave riesgo los liderazgos en Córdoba La ausencia y desatención del gobierno nacional son críticas; casos como el del asesinato del líder Luis Darío Rodríguez Narváez —miembro de la Asociación Unión de Familias Desplazadas y Vulnerables de Tierralta, el 17 de enero al sur de Córdoba— demuestra que los planes de contingencia siguen brillando por su ausencia. De hecho, hace cuatro (4) días el gobernador Orlando Benítez se refirió a la necesidad de reforzar la seguridad para esta zona limítrofe con la subregión Bajo Cauca Antioqueño, acciones que aún no son implementadas. De acuerdo con cifras de Pares, desde el 24 de noviembre de 2016, día de la firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón, a la fecha, han sido asesinados 13 líderes y lideresas. Las víctimas se concentran en el municipio de San José de Uré con cinco (5) víctimas que representan el 38.5% de los asesinatos del departamento de Córdoba. Los perfiles de líderes y lideresas mayormente victimizados son: Líder Comunal JAC (6), Líder Campesino (2) y Líder Comunitario (2). Municipio de San José de Uré (Córdoba), un epicentro de la violencia en la zona. Mapa: Pares.

Por: Laura Cano, periodista Pares. Este año inició con varias noticias que demostraron de nuevo la débil y crítica situación del gobierno nacional: por un lado, las alarmas se encendieron con un número en ascenso de líderes y lideras sociales, exintegrantes de la antigua guerrilla Farc y comuneros asesinados. Por otro lado, y con una cuestionable relación con lo anteriormente nombrado, salían públicamente investigaciones realizadas por la Revista Semana en las que se revelaban interceptaciones telefónicas ilegales que se estaban realizando desde la cúpula del Ejército Nacional contra personas que encarnan la oposición política en el país. En estas chuzadas estaban siendo intervenidas las comunicaciones de líderes y lideresas regionales, periodistas y políticos, y fueron ordenadas durante el periodo en el que el general retirado, Nicacio Martínez, estaba en cabeza de dicho organismo. Igualmente, en las investigaciones que se llevaron a cabo se hacía referencia que los destinatarios de la información que se estaba recopilando son miembros del Centro Democrático, partido político de gobierno. Ante la situación y un proceso de investigado estancado, los senadores Iván Cepeda y Roy Barreras asistieron ante el Congreso de Estados Unidos en Washington para pedir que desde allí se investigara lo ocurrido, pues ya se había señalado que probablemente se estarían usando fondos estadounidenses de cooperación para estas intercepciones. Por lo anterior, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), se refirió a la situación, donde mencionó que desde la organización a la que pertenece se indagará si los equipos tecnológicos utilizados por la fuerza de inteligencia militar fueron donados por el país norteamericano. Vivanco afirmó que van a hacer todas la gestiones necesarias en Washington, mientras que en Colombia se hará el seguimiento, además agregó que, si son equipos donados, estos cuentan con unos protocolos y límites establecidos para que sean utilizados estrictamente contra el crimen organizado, por lo que resaltó que “los responsables deben ser sancionados, no solo los agentes que materialmente recopilaron la información ilegalmente, sino también los mandos superiores”. ¿Esta vez sí habrá respuestas? Hay un panorama general con las situaciones que están ocurriendo en Colombia: no hay respuestas, responsables o por lo menos luces de investigaciones serias por parte de las instituciones encargadas, en ese contexto está lo ocurrido las interceptaciones telefónicas que se conocieron a principios de este año. Lo cierto es que la inoperancia vuelve a ser la forma de actuar y que esta cadena de hechos sigue debilitando las garantías de seguridad que se deben brindar a quienes están ejerciendo liderazgos desde sus sectores de trabajo y territorios. Ariel Ávila, subdirector de Pares se refirió a la situación y afirmó que: “nosotros como ciudadanos necesitamos respuesta, nuestros impuestos están para eso. Respuesta también por el control democrático al que tenemos derecho de hacer a las organizaciones independientemente si los equipos los donaron o no, nos tienen que decir por qué pasó eso y que medidas se están tomando para que no vuelva a ocurrir”, además, aclaró que “también se le debe dar una respuesta a los Estados Unidos si los equipos que han donado se han utilizado ilegalmente”.

Por: Natalia Aguilar Salas. Colaboradora Pares. Esta semana la revista norteamericana U.S. News & World Report reveló un ranking de los diez países más corruptos y los diez países más transparentes del mundo y, según la publicación, Colombia ocupa el primer puesto como el país más corrupto. Dicho listado fue el resultado de una encuesta a 20.000 ciudadanos de 73 países en la que cada uno presentó su percepción frente a la corrupción. Para lograr medir los puntos que acumularía cada país se preguntó a cada uno de los encuestados qué tanto relacionaban su país con la palabra corrupción y en el caso de Colombia los ciudadanos perciben que no se está haciendo una labor fuerte y comprometida por parte del gobierno nacional en la lucha contra la corrupción. ¿Es realmente una sorpresa que el país tristemente ocupe los primeros lugares? Según la ONG Transparencia Internacional, durante el periodo de 2016 a 2018 se presentaron en Colombia 327 hechos de corrupción reportados por la prensa, 69% de los hechos fueron de alcance municipal, 25% de nivel departamental y 6% se presentaron a nivel nacional. Es una situación alarmante. Y en 2019 el retrato no cambió. Según el barómetro global de la corrupción en América Latina y El Caribe de 2019 publicado por Transparencia Internacional, las cifras siguen siendo alarmantes: ya que el 52% de los ciudadanos consideran que la corrupción aumentó, 20% han experimentado extorsión sexual o conocen a alguien que pasó por esa situación, el 16% pago un soborno por servicio público y al 40% de la población le ofrecen sobornos a cambio de votos. Por otra parte, el barómetro muestra que la percepción de corrupción en las instituciones, específicamente ante la figura del presidente aumentó de un porcentaje de 46 a 55 por ciento entre el 2017 y 2019, por otra parte dicha percepción frente a la policía aumentó de 31 a 35 por ciento entre 2017 y 2019; además de esto, existe un pesimismo por parte de la población colombiana frente al manejo de la situación por parte de las instituciones, ya que 67% considera que el gobierno actual no esta haciendo un buen trabajo en la lucha contra la corrupción, sin embargo el 68% considera que las personas sí pueden generar un cambio frente a la corrupción. Escándalos que indignan Durante el 2019 uno de los escándalos que marcó la percepción ciudadana frente a la corrupción, especialmente por parte de la comunidad estudiantil fue el robo de $11.000 millones que pertenecían a la Universidad Distrital, y fueron malversados por parte de Wilman Muñoz, encargado del instituto de extensión del centro educativo. Otro caso muy recordado fue la fuga de Aída Merlano, excongresista y mano derecha del político Roberto Gerlein y quien fue condenada por compra de votos. A nivel nacional, la investigación realizada por la Contraloría General entre el 4 de marzo y el 17 de julio de 2019, pudo determinar que la gestión de la gerencia y control del proyecto Hidroituango ha tenido sobrecostos de gran relevancia, pues pasó de una inversión inicial de $9.6 millones de pesos, sobre la que presenta a la fecha por $11.5 billones de pesos. Se estima en $839.454 millones la afectación patrimonial que trajo la decisión de permitir el paso del río Cauca por la casa de máquinas, sin incluir algunos eventos cuya cuantía está por determinar. También vale la pena recordar la famosa ley Andrés Felipe Arias, la cual fue bautizada con el nombre del exministro de agricultura en el gobierno de Álvaro Uribe, condenado por celebración indebida de contratos y peculado por apropiación de terceros. Dicha ley, que causó la indignación ciudadana, abre la posibilidad a una segunda instancia, no solamente para el caso del exministro, sino para 200 casos más dentro de los cuales hay varios relacionados con el escándalo de parapolítica. Como si esto no fuera suficiente, según Transparencia Internacional los sectores más afectados por estos casos son el sector educación, salud e infraestructura.La investigación señala que los hechos de corrupción más comunes son peculado, celebración indebida de contratos, falsedad en documento público y concierto para delinquir. Además, la publicación indica que los actores involucrados en estos delitos son principalmente funcionarios públicos, con un porcentaje de 39 por ciento y autoridades electas: 41% concejales y 40% alcaldes. No se puede ocultar que hay una profunda debilidad estructural en el sistema institucional, político, penitenciario y judicial, esto a su vez genera un comportamiento laxo frente al trato que se da a los delitos en el país. Sobre este asunto León Valencia, director de Pares, explica «Es claro que los fenómenos de la impunidad y la corrupción son la fuente de las conductas antisociales que nos afectan como ciudadanía día tras día: inseguridad y violencia se perpetúan y propagan por la falta de castigo a los individuos que las comenten.

Por: Redacción Pares Representantes del Consejo Comunitario de Curbaradó, Chocó, entregaron, este miércoles, un informe sobre las graves violaciones a los derechos humanos de los que han sido objeto a la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de los Hechos y Conductas de la JEP. En el informe se describen casos de desplazamiento forzado, confinamiento, asesinatos selectivos, amenazas y estigmatización que sufrieron las 24 comunidades que conforman este Consejo comunitario por parte de diferentes grupos armados. “La situación en nuestro territorio hace que entregar este informe nos ponga en peligro, pero consideramos que es necesario hacerlo para que los derechos de nuestras comunidades sean restituidos», manifestó un integrante del Consejo Comunitario de Curbaradó que pidió reserva de su nombre por razones de seguridad. Este informe se entrega en el marco del Caso 04, que investiga los hechos victimizantes relacionados con la situación territorial de la región de Urabá, en los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba, en el departamento de Antioquia; y El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí, en el departamento de Chocó. La relatora de este caso, la magistrada Nadiezhda Henríquez Chacín, agradeció la entrega del informe y la consideró “una voz nueva, de las muchas que hemos venido recogiendo en la región, que nos explica qué pasó en esta zona». De la misma manera, resaltó el valor de las comunidades que entregaron el informe: “Su esfuerzo por defender su territorio e insistir una y otra vez, a pesar de lo que han vivido, es una enseñanza para nosotros», afirmó. Adicionalmente, la magistrada Henríquez destacó las medidas cautelares que esta Jurisdicción tomó en esta zona en septiembre de 2019 para garantizar la protección y el derecho a las víctimas para participar en el Caso 04 de la JEP. “Estas medidas están permitiendo que el Estado haga más presencia en la zona, impactar de forma general el territorio y quitarles espacios a los actores armados». A la fecha, la Sala de Reconocimiento de Verdad ha recibido 251 informes de parte de organizaciones sociales y de víctimas e instituciones del Estado.La entrega del informe fue reservada a partir de la solicitud de las víctimas quienes expusieron razones de seguridad.

Por: Laura Cano, periodista Pares. Luego de la firma del Acuerdo de Paz eran varios los escenarios que este hecho podría traer a las diferentes regiones del país. Por una parte, se sabía que habría zonas donde el Estado debía llegar y dar prioridad a la implementación de los PDET, este era un retrato ideal, pero en la implementación ha sido una realidad poco vista: Por el contrario, esos otros posibles escenarios como la ausencia del Estado y la concentración de otros grupos ilegales en diversos municipios son el paisaje general de lo que han sido estos años luego de la firma. Una de esas zonas del país que está viviendo esta situación es el Bajo Cauca, donde el copamiento criminal llegó casi inmediatamente luego de la salida de los Frentes 36 y 18 de la antigua guerrilla Farc. En ese momento se sabía que esta zona debía ser priorizada en el marco del posconflicto y aunque las alertas no hicieron falta, en poco tiempo ya el Clan del Golfo y el ELN tenían el control de esta región conformada por los municipios de Tarazá, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí y Zaragoza. Los enfrentamientos por esta parte del territorio colombiano, el cual es estratégico para las rutas del narcotráfico y la extracción minera, han dejado cifras en aumento de violencia en esta región, siendo el 2018 el año más violento en esa zona, en el cual el número de homicidios en Cáceres y Caucasia aumentó en más del 150% y en Tarazá aumentó en más del 300%, en comparación con el año anterior. A esto se le suma la presencia y creación de los Caparrapos, un grupo de disidentes del Clan del Golfo, liderado por alías Caín, que en el momento es el principal oponente del Clan del Golfo. Esta organización criminal se ha venido fortaleciendo y ganando terreno, pues a ellos se han unido estratégicamente el ELN, el grupo postfarc del Frente 36 y 18, y además ha recibido una inyección de dinero del cartel Jalisco Nueva Generación. El paso del 2019 y la llegada del 2020 en el Bajo Cauca Las alarmas siguen encendidas y lo que hoy está viviendo el Bajo Cauca parece un mal presagio. Durante el 2019 desde la Fundación Paz y Reconciliación en su informe Más sombras que luces, se daba un balance de lo que ha sido en cuestión de seguridad el gobierno de Iván Duque, allí uno de los focos de análisis era la situación de esta región del país. Si bien, el 2018 había sido uno de los años más violentos en esta zona, el 2019 había llegado con una baja en los índices de violencia; esto porque las tácticas de guerra ya no se estaban centrando en las confrontaciones entre los dos principales actores armados de la zona: Clan del Golfo y Caparrapos, sino en la violencia selectiva. Sin embargo, luego del primer semestre la violencia se recrudeció y dio algunas pistas de lo que serían los meses venideros para el Bajo Cauca. Amenazas, desplazamiento, desmembramientos y en general un ambiente de miedo es lo que se apoderó de los habitantes de la región, que han tenido que dejar sus territorios con una posibilidad muy baja de un posible retorno. Una radiografía de esta situación fue reportada en marzo del 2019 por la Unidad de Víctimas, donde se registra que a esa fecha había 1485 familias en Antioquia, de las cuales 587 era provenientes de Cáceres y Tarazá, lo que representa el 41% del total y alrededor de unas 1815 personas. El 2020 ha sido el deja vú de todas las alertas que se venían dando sobre la región. El pasado 16 de enero dos personas fueron encontradas decapitadas en la vereda del Toro, días antes la noticia del hallazgo de tres cuerpos en la vereda La Garrapata hacía parte de la agenda de los medios nacionales, y hoy, pasados 22 días del nuevo año, la cifra de asesinados ronda las 30 personas y se han registrado alrededor de 60 desplazamientos en la vereda La Pipiola. A este contexto se le suma la alta posibilidad del regreso de las minas antipersona sembradas en trochas de uso poblacional, situación que ha sido denunciada desde mayo de 2019, cuando un grupo de 5 militares cayó en un campo minado en zona rural de Tarazá. ¿Qué dice el gobierno nacional? En los últimos días el presidente Iván Duque ha visitado la región del Bajo Cauca donde anunció que reforzará la presencia de las Fuerzas Militares y la Policía. Sin embargo, así como se abrían varios escenarios en la zona desde el 2016 con la firma del Acuerdo de Paz, vuelve a quedar en un limbo la situación de la región si las fuerzas públicas no trabajan de la mano con el gobierno nacional y un PDET que valore la realidad y las necesidades de quienes habitan la zona y por quienes años atrás han venido presentado denuncias y alarmas que no se han escuchado en el momento oportuno. Además, si no es estudiada y analizada la realidad de esta zona y los grupos armados que allí ejercen control, la presencia de estructuras militares podrían agitar más los enfrentamiento que hay en el Bajo Cauca por el territorio y esto terminaría afectando, aún más, la situación de seguridad de los habitantes de la zona y los distintos liderazgos que allí operan.

Por: Redacción Pares Antanas Mockus Šivickas, el segundo senador más votado en la historia del país, no podrá volver al Capitolio. La decisión la dio a conocer el Consejo de Estado esta semana a través de un fallo que declaró la nulidad de la elección del senador Mockus, luego de que la Sala Plena del Consejo de Estado dejara sin efectos una acción de tutela que lo había devuelto transitoriamente a su curul. Confío en la justicia, estoy a la espera de conocer el contenido de la decisión del Consejo de Estado. En su momento me pronunciaré. Agradezco a la ciudadanía por el apoyo de siempre manifestó Mockus a través de su cuenta de twitter. La elección del congresista había sido declarada nula luego de que un fallo de la Sección Quinta de la máxima instancia contenciosa considerara que había incurrido en una inhabilidad, al figurar como el representante legal de una firma que había celebrado un contrato estatal seis meses antes de su elección como congresista. El parlamentario había recuperado el derecho a ocupar su curul en el legislativo, luego de que la Sección Primera del Consejo de Estado le concediera una acción de tutela que dejó sin efectos la nulidad de su elección. Al resolver el recurso de apelación contra esta acción de tutela, la Sala Plena del Consejo de Estado consideró que el recurso era improcedente, pues el parlamentario cuenta con otro mecanismo judicial para controvertir el fallo que declaró nula su elección, que es el recurso extraordinario de revisión. El caso Mockus en el Consejo de Estado El episodio inició cuando los abogados José Manuel Abuchaibe Escolar, Nesly Edilma Rey Cruz y Víctor Velásquez Reyes interpusieron una demanda contra Mockus. Sin embargo, en febrero del 2019, la Sección Primera del alto tribunal ya había dejado en firme su investidura. Pero el pasado 11 de abril de 2019 la Sección Quinta de ese mismo tribunal falló a favor de la demanda de nulidad presentada por los abogados que buscaban quitar del cargo al congresista del Partido Alianza Verde. Mockus fue demandado por un contrato adjudicado por la Gobernación de Cundinamarca en 2017 a Corpovisionarios, organización sin ánimo de lucro creada por el exalcalde y representada legalmente por él, al tiempo que se posesionó en el Congreso de la República. Y de acuerdo con las normas electorales, los congresistas no pueden haber celebrado contratos con el Estado en los seis meses previos a su elección. Una decisión en firme Luego de la incertidumbre sobre el futuro de Mockus, el Consejo de Estado aceptó la solicitud de medidas cautelares pedido por el segundo senador más votado en la historia, y por consiguiente, pudo volver al Congreso, pero aún faltaba la última decisión. Así las cosas, el excandidato presidencial Humberto De la Calle y abogado de Mockus presentó junto con su cliente una tutela ante el alto tribunal para tumbar el fallo de esa sección debido a la forma como procedió. Los magistrados resolvieron que la Sección Quinta sí se equivocó al declarar nula la elección de senador, puesto que, fallaron contra del congresista y no tuvieron en cuenta lo que sus compañeros de la Sección Primera habían determinado dos meses antes, y en ese sentido hubo un error de procedimiento. Mockus y su abogado, Humberto de la Calle, habían manifestado que siempre han respetado las decisiones de la justicia, y por consiguiente, no han argumentado ningún tipo de persecución en su contra, como suele suceder en estos casos de pérdida de investidura. En su momento, De la Calle expresó que “estamos fatigados de que a cada fallo judicial hay quienes dicen que hay persecución. Ni es persecución, ni queremos presionar al Consejo de Estado». Esta decisión vuelve a dejar en plena vigencia el fallo por medio de la cual la Sección Quinta estableció que la elección del senador Mockus era nula.

Por Isaac Morales Pérez. Coordinador de la línea de seguridad urbana y crimen organizado, Pares. Este martes 21 de enero vivimos una nueva jornada de movilizaciones sociales que, como una segunda parte de lo que organizaciones civiles y ciudadanas comenzaron el pasado 21 de noviembre de 2019, se llevó a cabo impulsada por una larga lista de de exigencias que el país reclama al gobierno nacional. Hace un mes, miles de ciudadanos y ciudadanas salieron a las calles indignados por una fallida reforma tributaria, un bombardeo aterrador que dejó como saldo 18 niños muertos en Caquetá, una directiva militar que abrió, de nuevo, la puerta a los mal llamados Falsos Positivos. En noviembre y diciembre de 2019 vimos una muchedumbre colérica por el asesinato diario de líderes y lideresas sociales y el descubrimiento de una fosa común en Dabeiba; por los escándalos de corrupción en las universidades públicas, el desempleo, una futura reforma pensional, en fin, hace un mes había razones suficientes que despertaron la furia de miles de personas que, espontáneamente, salieron en medio de la noche a dar cacerolazos, como en la Argentina de los 80 cuando se exigían ajustes salariales. Durante un mes, en Colombia hubo multitudes en las calles expresando su molestia; un mes de movilizaciones quizá solo comparable con el Paro Cívico de 1977 donde las centrales obreras y sindicales, con el apoyo de sectores populares, alzaron su voz en contra de la angustiosa situación económica que atravesaba el país durante la presidencia de Alfonso López Michelsen. Varios episodios quedaron en la memoria del país producto de lo ocurrido a finales del 2019. La noche de pánico colectivo en Bogotá y Cali, la muerte de Dilan Cruz, los confusos hechos de la autopista norte en Bogotá donde un joven cayó de un puente, los muchos jóvenes que han tenido lesiones y pérdidas de sus ojos. A pesar de todos estos desafortunados hechos, también vale aclarar que estas jornadas de movilización han marcado un punto de quiebre en las características de la protesta social que ha vivido el país: surgió una generación dispuesta a cuestionar sus realidades y a no tragar entero, miles de jóvenes que se agolpan en las calles y plazas para levantar su voz junto a una generación anterior que siente, como una materia que le quedó pendiente, muchas de las exigencias de hoy. Sin embargo, y a pesar de que todas y cada una de las exigencias del año pasado se mantienen vigentes, este 21 de enero el debate se centró en la capacidad o no de las administraciones locales para controlar las manifestaciones. Desde el martes en la tarde la discusión se enfocó en si el Secretario de Gobierno de Bogotá hizo bien o no su trabajo durante las movilizaciones de este 21 de enero. La polarización, como un vicio común de la sociedad colombiana, hoy está entre quienes están abiertamente a favor de la protesta social sin ninguna restricción y quienes piden a gritos una represión total, sin ningún control, desconociendo que la protesta es una expresión legítima de la democracia y desconociendo que la movilización social es un mecanismo legal para reclamar reivindicaciones totalmente válidas. Y tal vez la manzana de la discordia, o uno de los grandes centros de polarización en esta discusión ha sido el papel del Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD en el marco de las protestas ciudadanas. Muchos han exigido su desmonte y otros su refuerzo. Sin embargo, no se trata de lo uno ni lo otro. Las fuerzas de policía suelen tener un grupo de operaciones especiales orientado al control de multitudes y a la disuasión de las manifestaciones, es algo normal, el problema principal se centra en cómo los miembros de estas fuerzas actúan contra los manifestantes, aunque existan protocolos de intervención, estos no son suficientes si los funcionarios de policía no adoptan una visión ética de su trabajo dentro de las manifestaciones: defender la vida y custodiar las movilizaciones. Acaso ¿es imprescindible apuntarle a la cara a un joven desarmado con una escopeta calibre 12? Es al gobierno de Iván Duque a quien se le plantea el reto de hacerle frente a estas decenas de exigencias y que articule un gran diálogo nacional y no una conversación cerrada como lo han manifestado varios miembros del ejecutivo. No, se trata de dejar de jugar a la guerra, de solucionar conflictos, de discutir y ponernos de acuerdo hacia dónde queremos ir como país. Las movilizaciones son oportunidades para dar solución a múltiples problemas que se han demandado, encontrar puntos en común y avanzar. Sin embargo, esta no parece ser la voluntad del gobierno y, por ahora, la protesta social es impredecible, lo que la convierte en una situación que se le puede salir de las manos a las administraciones locales, quienes no tienen la capacidad para atender las exigencias estructurales de dichas manifestaciones. Por ahora, y hablando de la capital del país, la alcaldesa Claudia López ha demostrado tener entera disposición para el diálogo. Un consejo: la protesta social es impredecible, hay que dejarla ser.

Por: Redacción Pares Desde el mes de diciembre del año pasado, la Defensoría del Pueblo había alertado al gobierno y a la Fuerza Pública adoptar las respectivas medidas frente a la presencia de los grupos armados, así como la atención de la población que se pudiera desplazar del territorio. De acuerdo con información presentada por la Alcaldía de Tumaco, habría 1.179 familias desplazadas, equivalentes a 3.031 personas. La defensoría del Pueblo ingresó este domingo en la vereda Calabazal constatando que la mayoría de los hogares se encontraban deshabitados. «Hago un llamado a todas las autoridades para darle sostenibilidad a las acciones desplegadas como parte de la respuesta a la contingencia humanitaria y profundizar las acciones que impacten en el bienestar de las comunidades afrodescendientes del Consejo Comunitario del río Chagüí. Exijo a los actores armados ilegales respetar la vida e integridad de la población civil, manteniendo al margen de las hostilidades a los habitantes del territorio como lo dispone el Derecho Internacional Humanitario, y cesar sus acciones», señaló Carlos Negret, defensor del pueblo. Avanzada criminal y violencia política Los habitantes de los consejos comunitarios de Río Rosario, Río Mejicano y Bajo Mira y Frontera, coinciden en afirmar que inmediatamente después de la posesión del presidente electo Iván Duque, empezaron a llegar a su territorio grupos paramilitares. La referencia a los paramilitares tiene que ver con el repertorio de acción que se ha comenzado a desplegar en el territorio y que es similar al de las extintas AUC, caracterizado por la sevicia y la crueldad con la que se ejerce la violencia. Afirman que estos están en un franco proceso de expansión y destacan el regreso de hombres como alias “Mario Lata” quien a principios del 2000 se había establecido en zonas del Bajo Mira y Frontera y había desaparecido todos estos años. Alias “Mario Lata” hizo parte de la Columna Daniel Aldana de la ex guerrilla de las Farc y de los Rastrojos del Loco Barrera. La intimidación y la violencia en el municipio de Tumaco se viene presentando mediante panfletos intimidatorios en contra de líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas. Algo que ha tenido como consecuencias el paulatino desplazamiento forzado o ‘gota a gota’ de líderes de la región. Gran parte de los representantes legales de los 15 consejos comunitarios de Tumaco se encuentran amenazados, en algunos casos han tenido que salir del territorio y establecerse en la cabecera municipal. Algo similar ocurre con los gobernadores indígenas del pueblo Awá, con los líderes que trabajan en sustitución de cultivos y restitución de tierras. También han denunciado amenazas, presidentes de las JAC, y militantes de la Colombia Humana. Como consecuencia de esta situación, el movimiento social se debilita cada vez más, las luchas reivindicativas de los derechos de negros e indígenas de Tumaco, se han visto significativamente silenciadas dada la sensación de zozobra y la escasa o nula protección del Estado a través de sus instituciones responsables. Reclutamiento Forzado de Menores Personas entrevistadas de los corregimientos de Llorente y la Guayacana, lugares de muy alta conflictividad debido a que es un importante epicentro de narcotráfico, señalan a alias “Contador”, de origen antioqueño, como el principal responsable de los asesinatos y desapariciones forzadas que diariamente se comenten en esta zona. La desaparición forzada tiene allí una particularidad que complejiza la comprensión del fenómeno, y es que esa zona cuenta con una gran población flotante, muchos menores de edad, que diariamente llegan atraídos por negocios y tareas relacionadas con la coca. A alias “Contador” se le acusa del reclutamiento de menores para la conformación de verdaderos escuadrones para ejercer violencia. Según relataron algunos testigos a Pares, los niños entre 13 y 14 años son sacados de las instituciones educativas para ser instruidos en áreas como el manejo de armas y especialización como francotiradores. En el municipio que se ha vuelto común la práctica de tiro al blanco, a plena luz del día y desde carros utilizados por integrantes del grupo de “Contador”; los sicarios disparan indiscriminadamente contra transeúntes, muchos de los cuales son sus primeras víctimas fatales. Crece el temor por el regreso de los ‘falsos positivos’ Gobernadores indígenas pertenecientes a resguardos del Pueblo Awá en el municipio de Tumaco, expresaron su gran preocupación ante la presencia de la Fuerza Pública en su territorio. Afirman que la seguridad alimentaria de su gente está en peligro debido a que temen salir de caza o pesca como suelen hacerlo, al igual que las mujeres a recolectar los productos que siembran debido a la presencia de la Policía. Afirman que hace poco han tenido la experiencia de ver a uno de sus miembros asesinado y presentado como disidente; sus mujeres han sido violadas, y dicen además, ser testigos, que no es sólo la guerrilla, disidencias o cocaleros quienes han puesto explosivos en sus caminos, sino también la Fuerza Pública. La incapacidad del Estado para recuperar la autoridad en el territorio y la Estructura Gente del Orden ha aprovechado la situación para crecer, de tal manera que se vive un aumento de reclutamiento y uso de NNA, quienes se ven sometidos a muestras de lealtad y de valentía como las que implementaban los grupos paramilitares, que consistían en asesinar y desaparecer personas como una primera prueba para ser admitidos en el grupos. Por otro lado, la situación de la extensa ruralidad en el municipio se encuentra en una nueva ola de violencia inaugurada por expansión y consolidación de otras estructuras armadas.

Por: Laura Cano, periodista Pares. De nuevo, y siguiendo un largo ciclo de violencia, llega una pregunta sin una respuesta aparente: ¿Quiénes son las Águilas Negras? En el año 2006, el proceso de Justicia Y Paz realizado para la desmovilización de paramilitares tuvo uno de sus resultados más cuestionados que fue la creación del grupo Águilas Negras, quienes desde ese momento fueron los responsables de realizar varias amenazas y hechos delictivos en distintas zonas del país, sin embargo, se sabe que desde el 2011 esta organización dejó de existir. Esa realidad no es la misma que retrata el presente nacional, pues el pasado sábado se conoció, a través de redes sociales, que varios líderes, lideresas, políticos y periodistas son objetivo de las llamadas Águilas Negras, entre ellos Ariel Ávila, subdirector de Pares. Si bien es cierto que la organización no registra campamentos, líderes o comandos armados que den pistas de su existencia real, no hay que dejar de lado que las amenazas existen y que no hay investigaciones, y al parecer tampoco interés por parte de las entidades encargadas, para dar con quienes se esconden detrás de este nombre. “Nuestra preocupación no es porque exista o no las Águilas Negras, ese no es el debate, es quién está utilizando ese nombre, quién está detrás de esas amenazas y que el gobierno nos lo diga, porque en ese panfleto aparecen nombres de líderes sociales regionales que requieren unos niveles de inteligencia para saber y para vincularlos en un solo panfleto”, indica Arial Ávila. No basta solo con negar la existencia de este grupo, pues la actual situación de seguridad del país demuestra que detrás del hostigamiento a estas personas pertenecientes a distintos sectores, hay sectores económicos y políticos en el el país que saben que estos liderazgos representan una amenaza para sus intereses. De esta forma, pareciera que las Águilas Negras resultaron ser una parte de la historia que terminó siendo conveniente y funcional a quienes desde sus lugares de privilegio, y a través de panfletos intimidantes y asesinatos diarios de líderes y lideresas tienen al país sumido en la zozobra. Es necesario sumar y analizar hasta dónde la inoperancia del gobierno nacional fortalece lo que podría ser un “grupo de seguridad privada” a través de sicarios pagos por quienes sostienen una Colombia con una democracia que se debilita más cada día. “Están asesinando la democracia colombiana, es decir, eso no es que maten líderes sociales en algunas regiones o que maten y que el país esté incendiado en algunas partes, sino que están asesinando de a poco la democracia colombiana y le pedimos a las autoridades que den respuesta a las peticiones de los colombianos”, afirmó el subdirector de Pares.