Por: Redacción Pares El Comité Nacional de Paro en Colombia, conformado por las centrales obreras, estudiantes, campesinos e indígenas, entre otros, anunció que este martes 21 de enero se reanudarán las movilizaciones en el país. Los voceros indicaron que la movilización está convocada en varias regiones del país y se espera tenga gran afluencia de participantes. El objetivo de esta movilización será el pliego de peticiones denominado el «paquetazo», que fue presentado al Gobierno del presidente Iván Duque, así como el rechazo al asesinato de líderes sociales, entre otros. Marchas y concentraciones Bogotá En la capital comienzan las movilizaciones pacíficas desde la madrugada. 4-7 a.m. Plantón por la vida, la paz, nuestros líderes, la naturaleza, la educación y el empleo digno. 4 a.m. Marcha. Estación San Mateo hasta Estación Bosa. 4:30 a.m. Movilización. Punto de Encuentro La Y de Fontibón. 5 a.m. Plantones. Portal Norte y Portal de Suba. 5 a.m. Plantón. Kennedy, Plaza Banderas. 5 a.m. Plan Tortuga por varias avenidas de la capital. 7 a.m. Marcha Monumento Los Héroes. Plantón calle 80 con caracas. Autopista Norte. Carrera séptima, parque de la 93. Carrera 15 con calle 116. Calle 179 barrio San José de Bavaria. 7 a.m. Movilización hacia la Plaza de Bolívar desde Avenida Gaitán Cortés con Avda. Boyacá. 8 a.m. Marcha – Al Norte con Arte. Puntos de encuentro: Plaza Ché Guevara, Universidad Nacional. Universidad Distrital Carrera séptima calle 40. 9 a.m. Movilización. Engativá, Concentración en plazoleta de DiverPlaza. 9 a.m. Movilización – Sevillana (Avda. Boyacá con Autosur) hacia la Plaza de Bolívar. 11 a.m. Marcha – El día del ruido. Tarima móvil. Parque de los hippies Carrera séptima con calle 60. 11 a.m. Movilización. Elaboración de carteles. Parque Nacional esquina norte. 5 p.m. Marcha y cacerolazo. Contra las chuzadas ilegales, el genocidio de líderes sociales, ESMAD, y cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar. 5 p.m. Cacerolazo nacional. Todo el día. Apagón a medios de desinformación. Medellín Marchas. Tendrá como puntos centrales: el parque de Los Deseos a las 9 a.m. San Juan con la 65 a las 9 a.m. el parque de Las Luces a las 10 a.m y su recorrido terminará en el parque del Poblado a las 5 p.m. Cali 5:00 a.m. Concentración en el sector de Puerto Resistencia (Puerto Rellena, sobre la Autopista Simón Bolívar). A este punto llegarán los estudiante de la Universidad del Valle, quienes marcharán temprano hacia Puerto Resistencia. 3: 00 p.m. Concentración en Puerto Resistencia, desde allí, saldrán hacia el Parque de las Banderas, donde se realizará a las 5:00 p.m. el “Gran Cacerolazo”. 5:00 a.m. Concentración en la Portada al Mar. Será indefinida anunciaron los organizadores del Paro a TuBarco. 7:00 a.m. Concentración por parte de organizaciones sociales y estudiantes en el Parque de las Banderas. 10:00 a.m. Marcha del gremio de carretilleros de Cali, que partirá desde la Carrera 15 con Calle 15 rumbo al CAM. Barranquilla 3 p.m. Plantón y cacerolazo. Los movimientos estudiantiles se reunirán en la Plaza Alfredo Correa para la realización de lo que se denomina como ‘Cacerolazo 21E. Popayán 9 a.m. Movilización, Plazoleta de Santo Domingo.

Por: Daniela Gómez. Coordinadora de la Línea Democracia y Gobernabilidad, Pares. A lo largo de la historia en la estrategia militar del Estado colombiano parece primar la concepción según la cual “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”. La fuerza pública ha demostrado tener una limitada capacidad para sostener varios frentes de batalla, lo que ha acarreado no solo connivencia y alianzas entre ésta y algunos grupos ilegales, sino también la persistencia de estos grupos y su fortalecimiento. Actualmente, la historia parece repetirse con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC, con el agravante de que las revelaciones hechas en el último año por la revista Semana apuntan a que habría altos mandos del Ejército Nacional promoviendo dicha concepción entre sus tropas. A finales de los ochenta e inicios de los noventa la fuerza pública centró su accionar en los grandes capos de la droga, específicamente contra una fracción del cartel de Medellín, comandada por Pablo Escobar, quien había declarado una guerra total contra el Estado y contra todos sus competidores en el negocio de la droga. El peligro era evidente. Se conformó entonces el grupo de los Pepes -Perseguidos por Pablo Escobar, que constituían a sus antiguos enemigos del Cartel de Cali, los hermanos Castaño, Don Berna y otro puñado de narcos del Cartel de Medellín así como miembros de la Policía, el Ejército e incluso de la DEA. Muerto Escobar, la Policía, entre los años 94 y 97, debió adelantar una importante purga interna en la que fueron expulsados más de cinco mil miembros de la institución, muchos por sus alianzas con el Cartel de Cali, siguiente frente de batalla del Estado en la lucha contra el narcotráfico. Mientras tanto, los hermanos Castaño, con sus antiguos socios del Cartel de Medellín y bajo el manto de la lucha contrainsurgente que compartían con el Estado, crearon las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC, a la par que se fortalecían y expandían las FARC-EP y el ELN. Una vez desmantelado el Cartel de Cali y las capacidades militares para la guerra irregular aumentaron, el objetivo fue acabar con las FARC. Nuevamente primó la estrategia de el enemigo de mi enemigo es mi amigo y hoy es de conocimiento público que buena parte de las masacres desarrolladas por las AUC , desde Putumayo hasta la Costa Caribe, se realizaron en alianza con miembros de la fuerza pública, mientras las estrategias para desmantelar a dicha organización paramilitar eran marginales o incluso inexistentes. Ahora que las FARC se desmovilizaron y pasó el tiempo del gobierno de las negociaciones de paz, el nuevo frente en la lucha contra el terrorismo es el ELN y las disidencias. En diferentes regiones del país las comunidades han denunciado la posible connivencia de la fuerza pública y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que se disputan regiones estratégicas para el negocio de la droga con ELN, que ha optado por alianzas, limitadas, con grupos como los Caparrapos y las disidencias de FARC. Este parece ser el panorama en el Bajo Cauca y el Sur de Córdoba, donde Pares ha podido corroborar denuncias de incursiones armadas de más de 20 hombres portando armas largas y camuflados en poblados donde hace presencia el Ejército o éste se encuentra a pocos kilómetros. En una de las veredas del municipio de Cáceres-Antioquia, durante noviembre y diciembre de 2019, se presentaron dos incursiones de este tipo, que por fortuna no dejaron civiles heridos o asesinados; el Ejército está actualmente en el albergue del poblado, pero dice la comunidad que todo sigue igual, las reglas son impuestas, el orden social es controlado por los mismos. Un campesino de la zona aseguró que el Ejército mientras se “tapa la cabeza se destapa los pies” para referirse a que mientras hacen patrullajes en una zona, los grupos frecuentan otra. Algo similar denunciaron en días pasados comunidades del bajo Atrato, donde se presentó una incursión armada a pocos kilómetros de un batallón, cuyo comandante aseguró que al hacer presencia en el lugar de la denuncia no encontraron a nadie. Cabe preguntarse, ¿será este el resultado de la incapacidad del Ejército, o por el contrario una estrategia militar deliberada e impartida a las tropas? En cualquier caso, algo nos debería decir la frase que, según militares que hablaron con Semana, pronunció el recién ascendido general Villegas, encargado por Duque de la “transformación” del Ejército: “El Ejército de hablar inglés, de los protocolos, de los derechos humanos se acabó. Acá lo que toca es dar bajas. Y si nos toca aliarnos con los Pelusos, nos vamos a aliar; ya hablamos con ellos, para darle al ELN. Si toca sicariar, sicariamos; y si el problema es de plata, pues plata hay para eso”.

Por: Redacción Pares La mala racha de las economías de América Latina y el Caribe no ha terminado y se espera una recuperación lenta y desigual, según el informe de perspectivas de la economía mundial 2020. Tras un crecimiento del 0,1% en 2019, las economías de la región podrían llegar al alza del PIB de hasta un 1,3% en 2020 y un 2% en 2021. Pero incluso esta modesta recuperación está sujeta a importantes riesgos, como un mayor deterioro del comercio mundial. El estudio indica que durante 2019 la renta per cápita se estancó o descendió en muchas de las economías de la región, como Argentina, Brasil y México, y que el PIB per cápita actual es un 4 % inferior al de 2014. “Entre una renta promedio inferior y una desigualdad persistentemente elevada, los niveles de pobreza han aumentado”. La economía global ha experimentado su crecimiento más bajo en una década, del 2,3 % en 2019. El informe apunta a la posibilidad de que se llegue a producir un crecimiento económico del 2,5% durante este año, aunque las tensiones comerciales, la inestabilidad financiera y las tensiones geopolíticas, podrían frustrar la recuperación.

Por: Dennis Arley Huffington. Investigador regional Pares-Pacífico Jamundí se convirtió en el centro de disputa violenta entre carteles y grupos armados ilegales por su posición como corredor estratégico y centro de negociación para los grupos ilegales, al punto que desde hace alrededor de un año se instalaron los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco, quienes disputan el control de las rutas del narcotráfico con las disidencias de las FARC y el ELN. La violencia en este municipio se reavivó después de los acuerdos de paz por dos razones, primero, debido al problema de los cultivos de usos ilícito dado que Jamundí no tiene PNIS. Mientras que los campesinos y comunidades negras del municipio insisten en la sustitución voluntaria de los cultivos con procesos alternativos, el gobierno nacional apuesta por la erradicación forzada y glifosato en la zona, lo que ha generado constante tensiones entre la comunidad civil, el policía antinarcótico y el ejército. Segundo, la salida de las FARC del territorio, como lo manifestó el fiscal Gonzáles en entrevista al periodista Édison Bolaños: “Antes había un dinamizador único que era las Farc, por el poder que tenían, y ahora se disgregó en varias organizaciones. Por eso, a veces se encuentran entre estos mismos bandidos y se dan bala”. Y es lo que ha ocurrido en el último año, donde se han registrado tres masacres y un caso de falso positivos. Un año violento La disputa por el control del corredor y las actividades asociadas al narcotráfico ha deteriorado la seguridad del municipio, principalmente, de aquellos acontecimientos alarmantes que atemorizan a la ciudadanía, como las tres masacres y el caso de falso positivo sucedidos durante el último año. Primero, los hechos de la noche anterior (16 de enero de 2020), en el corregimiento de la Meseta, zona rural de Jamundí, donde se registró un enfrentamiento armado entre el grupo ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de la FARC-EP y el Cartel mexicano de Sinaloa. Durante los enfrentamientos, que iniciaron a las 9 de la noche, entre estas dos agrupaciones, se perpetró una masacre de cinco personas a los cuales se les halló señales de tortura. Además, dejando el corregimiento sin fluido eléctrico ni señal telefónica. Ante esta situación, mañana (18 de enero de 2020) se realizará en el municipio un Consejo de Seguridad para evaluar la compleja situación. Segundo, la masacre de cuatro personas en el corregimiento de Guachinte, zona rural de Jamundí en octubre de 2019. Según el reporte oficial de la Policía de Jamundí, los cadáveres corresponden a tres hombres y una mujer, los cuales fueron asesinados con armas de corto alcance y con tiros de gracia en la cabeza. Tercero, el presunto caso de falso positivo perpetrado por unidades adscritas al batallón de Infantería Pichincha del Ejército, donde un joven de la Guardia Indígena identificado como Omar Guasaquillo Guasaquillo fue asesinado y otro resultó herido en el corregimiento de Villa Rica, zona rural de Jamundí, en el mes de octubre de 2019. En una primera versión presentada por la infantería del ejército, afirmaron se trató de un enfrentamiento, donde las víctimas habían disparado contra los uniformados. Sin embargo, posteriormente se conoció por parte de la comunidad que las víctimas estaban desarmadas, que los únicos que dispararon fueron los soldados, que el cadáver del indígena fue movido y que alguien quiso hacer parecer que ellos tenían en su poder un arma tipo changón y un arnés militar. La denuncia fue interpuesta por la Defensora de Derechos Humanos Lina Tabares, quien desde ese momento hasta la fecha ha estado recibiendo amenazas contra su vida. Y, como cuarto hecho, la masacre perpetrada en enero de 2019, donde se encontraron cuatro cadáveres los cuales fueron arrojados de un vehículo en el corregimiento de San Antonio y posteriormente fueron identificados todos como miembros de una misma familia propietaria de un predio en la zona rural de Jamundí. Presencia de actores armados en Jamundí Como en los años de guerra entre los grandes capos del cartel del norte del valle – Wilber Varela alias Jabón y Diego León Montoya alias Don Diego – Jamundí se ha convertido en el epicentro de una guerra armada por el control de la ruta del narcotráfico que el municipio ofrece por su conexión entre el Naya, el Norte del Cauca, cercanía a Cali y salida al Pacífico colombiano. En esta ocasión quienes se disputan dicho corredor son: el ELN, quien ha tenido presencia histórica en esos territorios; los Pelusos, cuya presencia data a inicios del 2018; la columna Jaime Martínez, al mando de alias Mayimbú de las disidencias de las FARC; y los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco, cuya presencia se evidenció a mediados del 2018 con emisarios, pero, que ya se confirman como estructura armada en la región. Estas agrupaciones han sido aliadas en su momento, como el caso del ELN con el cartel de Sinaloa, sin embargo, en los últimos meses, se ha vivenciado enfrentamiento entre estas organizaciones, como la de la noche anterior del jueves, principalmente, por el poder territorial. Retos para el nuevo alcalde La violencia acompañó al municipio hasta final de año y con ella ha dado inicio, a pesar del cambio en su dirección administrativa por parte de Andrés Felipe Ramírez Restrepo, el joven candidato del Partido Verde que derrotó las mafias locales en los anteriores comicios y que se posesionó el 1 de enero de 2020. Si bien, se presume un cambio en término de lo político para el municipio, como lo estableció la Fundación Paz y Reconciliación: Así que este municipio del sur del Valle está atravesando por un periodo de cambios en su composición urbana y demográfica a partir de su acelerado crecimiento, pero con los resultados de las elecciones locales recientes, se puede afirmar que comienza su transformación política. La realidad en términos de seguridad es otra, lo que se constituye como el principal reto que tiene el alcalde electo, pues a tan solo 16 días de su posesión, ya debe afrontar una guerra entre arteles mexicanos, guerrillas y disidencias. En el Consejo de Seguridad que se realizará el día de mañana debe trazar la ruta para evitar que nuevas tragedias, como lo ocurrido en el último año se sigan presentando en el municipio vallecaucano. Debe comprender que parte de la violencia que se registra es producto de la disputa por una de las zonas más privilegiadas y apetecidas para el narcotráfico en Colombia. Tiene el reto de contener, ya no solo las organizaciones criminales locales y nacionales que emergieron producto del conflicto armado como el ELN, sino, los residuos de los grupos paramilitares, las disidencias de la FARC y los carteles mexicanos – Sinaloa y Jalisco – que, tienen presencia y ejercen control en el municipio sin que las autoridades departamentales y nacionales lo quieran reconocer.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Un día el escritor Uruguayo Eduardo Galeano decidió escribir que, para el hincha, en el momento del pitazo inicial la ciudad desaparece, la rutina se olvida, sólo existe el templo. En este espacio sagrado, la única religión que no tiene ateos exhibe sus divinidades. De acuerdo a como lo describió Galeano, cuando la gramilla queda sola, se supone que el hincha se aleja, se pierde, y el domingo es melancólico como un miércoles de cenizas después de la muerte del carnaval. Sin embargo, la Hinchada del Ciclón —del Unión Magdalena— se las arregló para prolongar el carnaval y llevarlo los barrios de Santa Marta con música y un mensaje claro: una apuesta juvenil para desestigmatizar los imaginarios de violencia que encasillan al barrismo. Se la jugaron con una arenga rebelde. Una que le canta a la posibilidad de transformar las maneras de ser jóvenes barristas y de atreverse a plantarle cara a los escenarios de riesgo desde la promoción de convivencia. Una arenga por la desestigmatización De acuerdo con el relato de Claudia Cuartas, que hace parte de la iniciativa, el caso de la Hinchada del Ciclón surge de las ganas de cambiar realidades. De pensarse qué permitían las lógicas del barrismo, es decir, pensarse la posibilidad de alternativas, que, entre otras cosas no es una tarea sencilla para la juventud en Santa Marta. Uno de los retos más complejos, señala Claudia, tuvo que ver con el hecho de que al ser jóvenes barristas, se supone, la identificación debe centrarse en la violencia. A pesar de ello, la hinchada se desmarcó de ese estigma y proyectó su aguante, su sentir popular e incluso un inconformismo social en la ciudad de Santa Marta; por medio de acciones tangibles que le contribuyen a la comunidad. En este proceso, cuenta Claudia, los y las jóvenes de la barra comienzan a reconocerse internamente desde otros ámbitos y, en la misma dirección, la ciudad empieza a hacer una lectura distinta de aquellos barristas que por tanto tiempo —como en cualquier otra ciudad de Colombia— fueron reducidos a la categoría de una violencia incomprensiva. Compartir con otras hinchadas, trabajar con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, habitar el espacio público en articulación con los habitantes de los barrios de Santa Marta empezaban a vislumbrarse como el horizonte de la Hinchada del Ciclón. Foto: Cortesía. Esta voluntad orquestada por los y las jóvenes pertenecientes a la Hinchada del Ciclón, contó con la vinculación a un proyecto de la Fundación Paz y Reconciliación- PARES que viene adelantando desde 2017. Durante estos años, ha contado con el respaldo de la Embajada de Suecia y PNUD, y con el tiempo, se han sumado esfuerzos por parte de UNFPA, Colombia Joven, Cámara Verde de Comercio, USAID – Acdi Voca y la Unidad Especial de Organizaciones Solidarias del Ministerio del Trabajo. Esta suma de voluntades le apostó al fortalecimiento de capacidades locales y el apoyo a los procesos juveniles en municipios de Buenaventura, Medellín, Río Quito, Riosucio, Tumaco y Santa Marta. Las calles son graderías del estadio Tal como lo cuenta Claudia, paralelamente al trabajo con el proyecto, la Hinchada del Ciclón empezó a realizar actividades desde los parques, en las calles que; resultan ser una suerte de extensión de la tribuna sur del estadio Sierra Neveda. Es decir, para los y las hinchas, el fútbol no se reduce a los 90 minutos, sino que se extiende a la cotidianidad y, constantemente, se encuentra reproducido en prácticas culturales populares. En este caso, la música y el deporte son los lenguajes más idóneos que como jóvenes, desde la Hinchada del Ciclón, encontraron para pensarse la ciudad y contribuir a la trasformación de entornos. “A 100 integrantes de la barra de la Hinchada del Ciclón se le ha socializado el proyecto y, son quienes están llevando a cabo actividades en clave de la iniciativa”, señala Claudia. Esta voluntad orquestada por los y las jóvenes pertenecientes a la Hinchada del Ciclón, contó con la vinculación a un proyecto de la Fundación Paz y Reconciliación- PARES que viene adelantando desde 2017. Foto: Cortesía. Claudia insiste en que el proceso ha sido posible por el constante reconocimiento de las capacidades, los discursos y las formas que tiene la barra. Es decir, sin encartonarse o forzarse a incursionar en prácticas que les resultaran ajenas a los y las integrantes de la hinchada. Por estas razones, es que ‘La instrumental’ ha sido clave para darle vida a la iniciativa de la Hinchada del Ciclón. Pasa algo similar a lo que escribió Galeano “jugar sin hinchada es como bailar sin música”, pues para la hinchada el lenguaje más poderoso; no podría encontrarse en otra parte que no fuera en su murga, en el redoble, la trompeta, el platillo, el bombo, el trapo y la consigna en letra. Siempre la consigna del aguante. La música, el clamor y la inclusión Con los ensayos de la instrumental empezaron a convocar más parche al parque del barrio la Ciudadela. Además, los ensayos fueron conformando una forma de relacionarse con la ciudad y de creerse el apropiamiento del espacio público como un derecho, explica Claudia. Esto, entre otras cosas, permitió acercar la hinchada a los niños, niñas y adultos mayores a través de la música. Es decir, según como se lo piensa la Hinchada del Ciclón: la música puede ser una atmósfera transformadora de imaginarios de violencia y un espacio de inclusión para la juventud. “Cabe en lo inverosímil como un cuento”, escribió una vez Gabriel García Márquez, oriundo de Magdalena. Tan inverosímil como tan fantástico resulta que, lejos de la “obligación” de la violencia que pesa sobre las formas de ser barrista —desde la Hinchada del Ciclón— se está llevando a cabo una práctica que auspicia que, en la antesala del partido, puedan compartir la hinchada del Unión Magdalena con hinchadas como las del Medellín, Santa Fe, América, Once Caldas, Huila, entre otras. Este recibimiento de las barras busca cambiar las prácticas de violencia que han cobrado tantos hinchas muertos al largo del país, como señala Claudia. Por la soberanía de la apuesta social Para financiar sus actividades en aras de que fueran autosostenibles, cuenta Claudia, se pensó que ‘La instrumental’ fuera una agrupación que pudiera tocar en distintos lugares y eventos para conseguir recursos. El trabajo vinculado con PARES y las demás organizaciones—como la de Unidad Especial de Organizaciones Solidarias— “ha permitido que la Hinchada del Ciclón establecer estrategias que permitan ampliar el impacto positivo, vincular más personas e ir a los lugares más empobrecidos de Santa Marta. Para ello, resultó vital pensar la autosotenibilidad para hacer viable la iniciativa”, según cuenta Claudia. El proyecto está trabajando en el fortalecimiento de las iniciativas juveniles, entre las que se encuentra la de la Hinchada del Ciclón. Ahora bien, hay una articulación con la iniciativa para la entrega de un capital semilla. Para ello se plantaron el fortalecimiento productivo, fortalecimiento organizacional, fortalecimiento comunicativo y fortalecimiento de reconciliación, empoderamiento y confianza; como los cuatro componentes que permitan que a través de la generación de alternativas de inclusión social y trasformación de entornos; prevengan la vinculación de las y los jóvenes a la ilegalidad. Otra de las actividades que realizan para financiarse es impulsando el estampado de prendas y accesorios con mensajes alusivos al equipo profesional para la venta. Con estos esfuerzos, precisa Claudia la Hinchada del Ciclón pretende mantener las actividades de la barra, los ensayos semanales de ‘La Instrumental’, la intervención social en espacios públicos, las jornadas de limpiezas como la del corregimiento de Taganga, las actividades anuales del día del niño, la entrega de regalos en hospitales para navidad, la proyección de películas en los barrios y poder hacer entregas de alimentación a perros callejeros. Además, de mantener los torneos de fútbol entre barras en Santa Marta de equipos como Medellín, América o Nacional; que contribuyen al tejido social para la ciudad. De tal suerte, para la Hinchada del Ciclón tener recursos les permite construir autonomía y soberanía sobre su apuesta social.

Por: Redacción Pares Foto: Semana La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negó el sometimiento, como exmiembro de las Autodefensas Unidas de Colombia, a Rodrigo Tovar Pupo, más conocido como ‘Jorge 40’. Sin embargo, la Sala aceptó estudiar su sometimiento en calidad de tercero. La decisión de rechazarlo como excombatiente se tomó teniendo en cuenta que la JEP no tiene competencia material sobre los exintegrantes de grupos paramilitares ni de otros grupos armados ilegales distintos a las Farc EP. Así lo indica el Acto Legislativo 01 de 2017, y fue reafirmado por la Corte Suprema de Justicia, por la Corte Constitucional y por la Sección de Apelación de la JEP. Frente a este tema, la Sala señaló: “El señor Rodrigo Tovar Pupo tuvo la oportunidad, en su calidad de exparamilitar, de someterse a Justicia y Paz, (…) pero fue excluido de ella por no contribuir con la verdad a la cual estaba obligado y haber incumplido los compromisos que había asumido. La JEP no es una justicia subsidiaria a la de Justicia y Paz, ni un nuevo escenario de justicia transicional que pueda ser utilizado como una estrategia oportunista para evadir los procedimientos y sanciones de la justicia ordinaria». Sometimiento como tercero en el conflicto armado La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas decidió estudiar su sometimiento como tercero, basándose en el Auto TP-SA 199 de 2019 de la Sección de Apelación de la JEP, que precisó: “los miembros de las ‘autodefensas’ –incluso si llegaron a estar revestidos del estatus de combatiente– pueden comparecer si y solo si, antes o después de portar armas, actuaron como terceros financiadores o colaboradores. Acogiendo la interpretación de l​a Corte Constitucional sobre el conflicto, según la cual éste es un fenómeno social complejo y multicausal». En dicho Auto, la Sección de Apelación juzgó que “quienes hicieron parte de la estructura paramilitar no necesariamente desempeñaron un único papel. Por el contrario, algunos de ellos transitaron o circularon alrededor de funciones distintas». En la solicitud de sometimiento hecha por Tovar Pupo, en septiembre de 2019, manifestó que fue “ideólogo, propulsor e integrante del proyecto de Autodefensa», que desarrolló estrategias “para enfrentar a la guerrilla fuera de los cánones institucionales» y que financió y auspició organizaciones paramilitares, desde 1996. Además, manifestó que desde 1998 decidió formar parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, extendiéndose a otras zonas, hasta convertirse en segundo al mando del Bloque Norte de las Autodefensas. Para poder estudiar su sometimiento como tercero, la JEP le solicitó a Tovar Pupo subsanar su solicitud, y allegar las pruebas con las cuales acredite que financió y auspició organizaciones paramilitares antes de formar parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Asimismo, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP le pidió a Tovar Pupo proceder a la firma del Acta de sometimiento (dentro de diez días hábiles) y expresar de manera escrita (en el término de veinte días) el compromiso concreto, claro y programado en relación con su voluntad de contribuir a la realización de los derechos de las víctimas a la verdad plena, la reparación integral y a la no repetición. Estos dos trámites son obligatorios, tal y como lo dispuso la Corte Constitucional y la Sección de Apelación que endureció las condiciones de sometimiento de terceros y agentes del Estado no miembros de la fuerza pública a la JEP. En la misma resolución la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas también le solicitó a Tovar Pupo que remita copia de la decisión judicial por la que se encuentra privado de la libertad en el centro penitenciario Correction Complex – Allenwood en Estados Unidos de América. Además, la Sala ordenó librar un exhorto por medio de la Secretaría Judicial al Ministerio de Relaciones Exteriores para que, a través de un agente consular, notifique a Tovar Pupo sobre esta decisión de la JEP. Vale la pena recordar que Tovar Pupo fue procesado bajo la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz) por los delitos de desplazamiento forzado, homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida, desaparición forzada y reclutamiento ilícito, destrucción y apropiación de bienes protegidos, entre otros. Posteriormente, Tovar Pupo fue expulsado de Justicia y Paz y extraditado a Estados Unidos el 13 de mayo de 2008.

Por: Redacción Pares Foto: Semana Los consejeros políticos de las Embajadas de Alemania, España y Francia, junto con el Jefe Adjunto de la Delegación de la Unión Europea en Colombia, iniciaron este jueves una misión de dos días a Buenaventura para conocer sobre el terreno la evolución de la situación humanitaria y acompañar a líderes sociales y defensores de Derechos Humanos que se encuentran amenazados o han sido víctimas de atentados. La visita de seguimiento a la realizada por los Embajadores de la Unión Europea en septiembre de 2018 se enmarca dentro de la campaña #DefendamosLaVida y busca visibilizar, fortalecer y apoyar a líderes y defensores de Derechos Humanos y los retos a los que se enfrentan. Igualmente continuar escuchando a la población frente a su problemática social y expresar la solidaridad europea. La misión estará acompañada por Marta Mancera, Directora de la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales que atentan contra defensores de derechos o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, de la Fiscalía General de la Nación, unidad que viene siendo apoyada por la Unión Europea. «En Buenaventura estamos trabajando y apoyando organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de sus pobladores y nos interesa llamar la atención sobre las labores que realizan los líderes sociales y la importancia fundamental de respetar y proteger sus vidas acá y en general en todo el territorio colombiano», indicó Lars Bredal, Jefe Adjunto de la Delegación de la UE en Colombia Entre los objetivos de esta visita está el encontrarse con múltiples actores de la sociedad civil e instituciones públicas como la Defensoría del Pueblo y Procuraduría, para conocer las apuestas, dificultades, retos y logros que tienen actualmente en este territorio colombiano. También, establecer un diálogo de colaboración con las autoridades locales, resaltando la llegada del nuevo alcalde de Buenaventura, Víctor Vidal. Este viernes la agenda continúa con reuniones con organizaciones de la sociedad civil y de forma simultánea se llevarán a cabo visitas a los programas de cooperación y apoyo de la Unión Europea a Colombia que se implementan actualmente en Buenaventura en materia de Derechos Humanos y Sociedad Civil.

Por: Redacción Pares Este jueves en rueda de prensa, la alcaldesa de la capital, Claudia López, presentó el nuevo protocolo de la Alcaldía mayor para la protesta y la movilización social e indicó que A todos los que marchan queremos decirles: NO VAMOS A PERMITIR NI TOLERAR NINGÚN USO ABUSIVO DE LA FUERZA, y vamos a hacerle seguimiento a cada una de las denuncias que lleguen en el transcurso de la movilización. Y agregó que la administración distrital confía en los ciudadanos, el ESMAD NO saldrá. Una marcha es una expresión positiva que debemos respetar. Por eso apoyamos la solicitud de la @PGN_COL de suspender el uso de escopetas calibre 12, estas armas representan un peligro para la comunidad” explicó López. Sin embargo, la alcaldesa fue enfática en afirmar que la protesta no puede ir en contra de la seguridad, ni del derecho a trabajar y a movilizarse. – Vamos a proteger el @TransMilenio y el patrimonio público y privado. Según López, habrá madres gestoras de paz: madres de jóvenes que marchan y madres de jóvenes del ESMAD, que lo único que esperan es que sus hijos regresen a casa sanos y salvos. Ellas nos ayudarán a cuidar los hijos de Bogotá. El nuevo protocolo protocolo de la Alcaldía Mayor para la movilización y la protesta social señala que en todo momento habrá un acompañamiento de los organismos de control como la Personería y la Veeduría Distrital, las comisiones de verificación y las organizaciones de defensores de derechos humanos en las movilizaciones sociales de la capital. En los casos donde la sanción social no sea suficiente, intervendrá la Policía Nacional con los miembros de la fuerza disponible, que NO ES ESMAD, y que estarán equipados únicamente con un escudo y un bastón.

Por: Redacción Pares El año 2019 fue el segundo año más cálido registrado después de 2016, según el análisis de los principales datos internacionales recopilados por la Organización Meteorológica Mundial. Promediada, la temperatura global anual en 2019 fue de 1,1 grados centígrados más que el promedio de 1850-1900, utilizado para representar las condiciones preindustriales.Pero las temperaturas medias tanto del último quinquenio con como de la última década han sido las más cálidas de la historia desde que se tienen registros y, desde 1980, cada década ha sido más cálida que la anterior, confirmando que el cambio climático está en marcha, como han observado los científicos. La noticia más preocupante es que la tendencia continuará debido a los niveles récord de gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera poniendo en peligro la vida en el planeta. «En el camino actual de las emisiones de dióxido de carbono, nos dirigimos hacia un aumento de la temperatura de 3 a 5 grados centígrados para finales de siglo», aseguró el secretario general de la Organización Meteorológica, Petteri Taalas. Las temperaturas son solo una parte de la historia, señala la Organización. El año y la década pasados ​​se caracterizaron por la retirada de hielo en los casquetes polares y glaciares, la subida récord del nivel del mar, el aumento del calor y la acidificación de los océanos y un clima extremo. Todos esos acontecimientos se han combinado para impactar notablemente en la salud y el bienestar de los humanos y el medio ambiente, como destaca la Declaración Provisional de la Organización Meteorológica sobre el Estado del Clima Global en 2019, que se presentó en la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, COP25, en Madrid. La declaración completa se emitirá en marzo de 2020. “El año 2020 comenzó donde terminó 2019, con eventos climáticos de alto impacto. Australia tuvo su año más caluroso y seco , preparando el escenario para los incendios forestales masivos que están siendo tan devastadores para las personas y las propiedades, la vida silvestre, los ecosistemas y el medio ambiente «, destacó Taalas. El experto afirmó que «desafortunadamente” debemos esperar ver muchos más eventos de clima extremo a lo largo de 2020 y en las próximas décadas, impulsados por esos niveles récord de gases de efecto invernadero que atrapan el calor en la atmósfera. El calor de los océanos Más del 90% del exceso de calor se almacena en los océanos , por lo que el contenido de calor del océano es una buena manera de cuantificar la tasa de calentamiento global. Un nuevo estudio publicado el 13 de enero en Advances in Atmospheric Sciences, con datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y el Centro Nacional de Información Ambiental de los Estados Unidos, y el Instituto de Física Atmosférica alemán, mostró que el nivel de calor del océano estaba marcó un récord en 2019. Los registros modernos de temperatura comenzaron en 1850. La Organización Meteorológica Mundial utiliza conjuntos de datos basados ​​en los registros climatológicos mensuales de los Sistemas de Observación Global, entre los que figuran la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, el Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA, el Centro Metley Hadley del Reino Unido y la Universidad de Unidad de Investigación Climática de East Anglia en el Reino Unido. También utiliza conjuntos de datos del Centro Europeo para Pronósticos Meteorológicos de Medio Alcance y su Servicio de Cambio Climático Copérnico, así como de la Agencia Meteorológica de Japón. Este método combina millones de observaciones meteorológicas y marinas, incluso desde satélites, con modelos para producir un análisis completo de la atmósfera. La combinación de observaciones con modelos permite estimar las temperaturas en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo, incluso en áreas con escasez de datos, como las regiones polares.

Por: Redacción Pares Así lo manifestó Gerardo Cuetia, autoridad tradicional indígena del resguardo Paez de Corinto, Cauca este miércoles en el balance que realizó la JEP de su segundo año de funcionamiento. En 2019, la JEP profirió 16.500 decisiones judiciales y realizó 82 audiencias. Además, en el marco de los siete macrocasos que ha abierto la Sala de Reconocimiento, la JEP recibió 256 versiones presenciales y 43 versiones escritas de comparecientes. En el Caso 01, sobre secuestro, se rindieron seis versiones colectivas en las que participaron 350 comparecientes, ex integrantes de las Farc. Al concluir el año 2019 un total de 12.235 personas se habían sometido a la JEP (9.720 ex Farc, 2.431 de la Fuerza pública, 72 agentes del Estado diferentes a Fuerza pública y 12 por protesta social). Asimismo, la JEP estudiaba las solicitudes de sometimiento de 916 terceros y agentes del Estado diferentes a Fuerza pública. El evento tuvo lugar en Fragmentos, la obra elaborada por la artista Doris Salcedo y un grupo de mujeres víctimas de violencia sexual con parte de las 8.994 armas entregadas por la antigua guerrilla de las Farc. La presentación del informe de gestión se inició con un minuto de silencio en memoria de los líderes sociales asesinados en el país. La presidenta de la JEP, magistrada Patricia Linares Prieto, destacó en su discurso que en 2019 la JEP profirió 16.500 decisiones judiciales y realizó 82 audiencias. En el marco de los siete macrocasos que ha abierto la Sala de Reconocimiento, se recibieron 256 versiones presenciales y 43 versiones escritas de comparecientes. En el Caso 01, sobre secuestro, se rindieron seis versiones colectivas, en las que participaron 350 comparecientes, ex integrantes de las Farc. Patricia Linares, presidenta de la JEP, destacó la sanción de la Ley estatutaria de la JEP (Ley 1957), en junio de 2019, luego de un debate democrático difícil y complejo en el Congreso de la República alrededor de las objeciones presidenciales. Foto: JEP. ​Además, gracias a la gestión de la Secretaría Ejecutiva, la JEP consolidó su presencia territorial en 28 departamentos, a través de 20 enlaces territoriales, 39 profesionales de atención psicojurídica a víctimas, 32 profesionales de atención psicojurídica a comparecientes y 3 sedes territoriales en Corozal, Cúcuta y Pasto. Desafíos para la JEP Entre las dificultades afrontadas por esta Jurisdicción, la magistrada Linares lamentó el rearme anunciado por una docena de antiguos miembros de las Farc, situación que calificó como “una traición de esas personas a las víctimas, a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional», y que la JEP sorteó en el menor tiempo posible, procediendo a su expulsión. Hasta la fecha, la JEP ha expulsado a siete ex integrantes de las Farc. La presidenta de la JEP también subrayó la importancia del apoyo de la comunidad internacional no solo a la Jurisdicción, sino a la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Con esas entidades, que hacen parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición se ha podido avanzar en un trabajo articulado, señaló la magistrada Linares.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares La situación sobre el asesinato de líderes y lideresas en Colombia en estos primeros días del año sigue siendo crítica. A pesar de las constantes denuncias, los liderazgos en las distintas regiones continúan amenazados mientras el Gobierno Nacional insiste en negar la sistematicidad en estos crímenes. De hecho, además de no haber acciones de prevención, el panorama es poco alentador si se revisa el nivel de impunidad debido a que no se conoce quiénes son los actores intelectuales de este exterminio. En estos 15 días del año 2020, según cifras de la Fundación Pares, en Colombia se han registrado el asesinato de cinco (5) líderes y cuatro (4) lideresas. Mapa: Pares. Nueve líderes y lideresas asesinados en 2020 Gloria Ocampo, secretaria de la JAC La Estrella fue asesinada el 7 de enero en Puerto Guzmán (Putumayo); Virginia Silva, líder indígena asesinada el 7 de enero en Páez (Cauca); Mireya Hernández Guevara, líder comunal asesinada el 8 de enero en Algeciras (Huila); Anuar Rojas Isarama, defensor de DDHH asesinado el 9 de enero en Nuquí (Chocó); Amparo Guegia, lideresa indígena, quien fue asesinada el 10 de enero en compañía de su hijo en Caloto (Cauca); Henry Wilson Cuello, líder comunal asesinado el 10 de enero en Chiriguaná (Cesar); Julio Sandoval Chía, líder campesino asesinado el 12 de enero en Tibú (Norte de Santander) y Jorge Luis Betancourt, líder campesino asesinado el 13 de enero en Montelíbano (Córdoba) Cabe aclarar que, desde Pares, en línea con las definiciones nacionales e internacionales, en gran medida derivadas del desarrollo del concepto de “personas defensoras de derechos humanos”, se entiende que un líder o lideresa social es toda persona que se dedica a promover o procurar la protección y realización de las libertades fundamentales en los planos locales, regional, nacional e internacional (resolución 53/144 de 1999). “En este sentido, los líderes y lideresas sociales son quienes tienen la capacidad de articular valores, objetivos y visiones comunes para garantizar el goce efectivo de derechos de las comunidades frente a distintas temáticas y en diversos ámbitos. Sus repertorios de acción y lucha son pacíficos y legítimos y su liderazgo se deriva, bien del reconocimiento que goza en su comunidad, organización, colectivo o institución por dichas acciones, o bien de su activismo o vocería verificable en defensa de uno o varios derechos humanos. Esto quiere decir que su simple pertenencia a organizaciones defensoras de derechos humanos no implica el reconocimiento de su liderazgo”. Por supuesto hay titulares de prensa en las que las víctimas oscilan hasta las 19, pero en las que se tienen en cuenta el asesinato de exguerrilleros, campesinos y comuneros, que no necesariamente corresponden a la categoría de liderazgo social, lo cual no significa, de ninguna manera, que estos sean crímenes no sean condenables y que no deban ser sujeto de investigación por parte del Gobierno Nacional. Al tiempo de que, estos asesinatos, generan zozobra en las comunidades. Un ejemplo de ello se registró en la mañana del 14 de enero cuando fue asesinado Jaiber Alexander Quitumbo Ascué, en la vereda de Vichiquí en Toribío (Cauca). Pares habló con delegados de DDHH del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) quienes confirmaron que Quitumbo Ascué era un comunero indígena y no un líder social. De igual forma, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte Cauca – ACIN señaló que el asesinato de comunero indígena se dio en una parcela a 50 metros de su casa donde llegaron hombres armados quienes le dispararon en múltiples ocasiones. Tanto el CRIC como ACIN condenaron los hechos y señalaron la preocupación por el contante asesinato en los territorios del Cauca, al tiempo en que se dan anuncios y acciones de militarización por parte del Gobierno Nacional. ¿Qué pasa con los autores intelectuales? Precisamente, la gravedad de la situación no solo se traduce en cuántos líderes o lideresas sociales son asesinados, sino sobre el hecho mismo de que el asesinato no cese. Es decir, la sociedad colombiana se está enfrentando a la persistencia del asesinato al liderazgo social, mientras que con este repertorio de acción violenta de los actores intelectuales y materiales se configura una fragmentación de los procesos adelantados por las comunidades, en cabeza estos lideres y lideresas. Las luchas y causas se mantienen en los territorios, al tiempo que se mantiene el asesinato. León Valencia, director de la Fundación Paz & Reconciliación -Pares, explica que resulta vital analizar el hecho de que “no hay un discurso político de parte del Gobierno Nacional en contra de los determinadores intelectuales, que, muchas veces son políticos, empresarios, personas con intereses; debido a que, justamente, los lideres sociales y lideresas sociales afectan dichos intereses”. “A pesar de ello, el gobierno nacional ha resuelto achacar este tipo de violencia a actores armados criminales, cuando lo que hay es una serie de sicarios pagados por gente de la vida política y social colombiana. Por supuesto hay ilegales, bandas criminales, guerrillas que también matan líderes sociales; pero el grueso de los casos son pagos a sicarios por estas personas que ven amenazados sus intereses”, indicó Valencia. De esta forma, para el analista, “mientras no se aclare esta situación —mientras la justicia y la política no vayan detrás de los determinadores intelectuales, de gente asentada en la sociedad—; continuará ese fenómeno de asesinato de lideres y lideresas sociales”. Según Valencia, “los anuncios del gobierno nacional han resultado ser una estrategia en la que se persigue a los actores materiales, mientras se protege a cabezas más visibles del mundo político y social. Es decir, son medidas que son inocuas frente a la profundidad del fenómeno”. Sobre la negativa del gobierno nacional, Valencia insta a que, este hecho, “obedece a un discurso justificador, ya que aborda la sistematicidad por el actor que la realiza, pero no por la causa profunda. Es más, desde la víctima eso tiene una sistematicidad porque estos liderazgos tienen una identidad de lucha social”. Por lo anterior, insiste Valencia, “hay que hacer una revisión de la sistematicidad desde la víctima, teniendo en cuenta la característica de sus luchas”. De hecho, según Pares, dentro de los registros que hay de líderes y lideresas sociales asesinados entre la firma del Acuerdo de Paz, el 24 de noviembre de 2016, a la fecha de 2020; el 70% de los casos han sido perpetrados por actores no identificados, ahondando la crisis con impunidad. Asimismo, los cinco tipos de liderazgos más victimizados son líder comunal – JAC (29.1%), líder indígena (17.1%), líder campesino (13.8%), líder comunitario (8.7%) y líder de comunidades negras o afrodescendientes (6%). De los 27 departamentos en que han sido asesinados líderes y lideresas los más afectados son Cauca (18.7%), Antioquia (14.4%), Nariño (8.9%), Norte de Santander (7%) y Chocó (6.4%). Mapa:Pares. La mayoría de estos líderes sociales son de las zonas donde las Farc empezaron a marchar hacia los puntos de concentración y hacían labores de paz y que tenían liderazgo político y social en esas zonas. Los líderes sociales van a jugar un papel a futuro en los nuevos movimientos políticos y sociales. En la muerte de líderes hay algo sistemático contra el proceso de paz y el gobierno nacional no acepta esa realidad, dice que son casos aislados y con muchas causas distintas al proceso de paz. Eso es muy grave, enfatiza Valencia. «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»

Por: Redacción Pares Con hallazgos fiscales por $55.195 millones de pesos concluyó una Actuación Especial de Fiscalización de la Contraloría General de la República sobre la conectividad en las Instituciones Educativas de 6 departamentos del país (La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander y Santander), así como el municipio de Acacías (Meta) y la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán (EMTEL). Adicionalmente, se envió a indagación preliminar lo relacionado con tres contratos, desarrollados en los departamentos de Magdalena y Norte de Santander, donde se evidencian presuntas situaciones irregulares hasta por un valor de $11 mil millones. “Nos preocupa lo que podamos llegar a encontrar en el resto de departamentos, si en una muestra tan pequeña detectamos situaciones tan delicadas”, expresó uno de los investigadores que adelantó esta Actuación Especial. El objeto de la Actuación Especial fue mirar cómo se había contratado el servicio de conectividad, es decir el internet que se adquirió en las Instituciones Educativas de estos departamentos, para lo cual se analizó una muestra de $157.745 millones de pesos, 12 proyectos y 25 contratos (aproximadamente por cada proyecto se auditaron 2 contratos). Es importante destacar que, de los 25 contratos auditados, el 80% corresponde a una sola empresa (FUNTICS), según se pudo determinar a través de la plataforma Oceáno de la CGR. Aquí se configura un caso claro de una malla empresarial, dada que la firma citada hace presencia en 16 departamentos. El total de hallazgos fiscales encontrados equivale al 35% de la muestra auditada. Siete“Mega Hallazgos” Pagos por períodos de inactividad económica 1. El primero fue el de pagos por períodos de inactividad académica, es decir que las Gobernaciones pagaron por servicios de internet en períodos donde los estudiantes estaban en vacaciones (junio-julio y diciembre-enero). En este caso, se determinaron hallazgos fiscales por $9.405 millones. Se pagaron 599 días de conectividad, que realmente nunca se prestaron. Los servicios se adquirieron sabiendo que los mismos no se podían prestar para esa época. Un caso donde se dio esta situación fue en Norte de Santander. En el contrato 1423 de 2018, por 4 años, hubo 260 días de inactividad académica, donde se pagó el servicio de conectividad. En promedio, por año se prestó tal servicio durante 65 día en recesos académicos, cuando esto no se debía hacer. Se llegaron a pagar $3.878 millones. Doble conectividad 3. Un segundo modelo de hallazgo es de la doble conectividad, es decir que las instituciones educativas contaban con un servicio de internet, que había sido suministrado por el Ministerio de Educación Nacional o por el Ministerio de las TIC, a través de algunas sus iniciativas. Ese servicio es gratuito y de buena calidad, y sin embargo las Gobernaciones contrataron una nueva instalación, generando un posible detrimento patrimonial por $9.294 millones. La Contraloría encontró que hubo 822 Instituciones Educativas que tenían al menos un proyecto de conectividad con el Ministerio de Educación o con el MINTIC. Un ejemplo palpable de esta situación se encuentra en Santander, en el contrato 1335 de 2017, donde se iban a beneficiar 320 Instituciones Educativas con el servicio de conectividad, de las cuales en 114 hubo traslape, o sea ya se tenía el servicio contratado. Pago por servicio no prestado 4. También se dieron hallazgos por pagos de servicios no prestados: la Contraloría verificó quiénes fueron los proveedores de los contratistas, o sea a qué operadores de telecomunicaciones les compraron su servicio de conectividad. Se determinó cuánto compraron y a cómo, lo que permitió concluir que no se entregaron la totalidad de los megas que tenían que entregar, situación que le costó al Sistema General de Regalías alrededor de $10.949 millones. Se dejaron de entregar 50.223 megas en 3 departamentos, cantidad con la que se hubiera podido atender el servicio de conectividad de 5 mil escuelas. En el departamento de Magdalena, por ejemplo, en el contrato 1929 de 2015, se contrataron 34.560 megas y se dejaron de entregar 17.576, o sea un poco más de la mitad, lo que le costó al Sistema General de Regalías unos $2.321 millones. Sobrecostos 5. Se encontraron igualmente sobrecostos. En un solo contrato los sobrecostos del valor del mega comprado llegaron a $ 1.664 millones. El precio que le cobraba el contratista a la Gobernación era un 65% superior frente a lo que este les pagaba a sus operadores. Por decir un ejemplo, mientras los operadores (Azteca Columbus y Ufinet) le vendieron al contratista Funtics el mega a $113.700, éste a su vez lo vendió a la Gobernación de la Guajira a $321.685, o sea valor superior en un 65 por ciento (contrato 009 de 2016). Intermediación innecesaria 6. También hubo un hallazgo fiscal por $2.030 millones, por intermediación innecesaria. La Gobernación adquirió un servicio de conectividad con un contratista, que a su vez lo subcontrató con quien finalmente lo prestó. Fallas en interventoría 7. Para la Contraloría, los hallazgos antes relacionados denotan una falta absoluta de idoneidad y de control en los procesos de interventoría de los contratos. En interventoría se encontraron hallazgos fiscales por $6.535 millones. Continuo desuso de software 8. Finalmente, la Contraloría realizó unas valoraciones sobre contratación de software en dos casos y se encontró lo que se puede llamar “Elefantes Blanco Virtuales”, o sea casos donde se pagó por un software que nunca se izó. Esto se determinó en 2 proyectos, uno en Nariño y uno en Santander, donde hay clara evidencia de “Elefantes Blancos Virtuales” por $15.315 millones. En ambos casos, se contrató software para prestar capacitaciones a estudiantes y educadores y se pudo establecer que los mismos ingresaron una vez a los contenidos de las plataformas y nunca lo volvieron a hacer. “Esto es tanto como decir que construimos un colegio, lo dotamos, le ponemos toda la infraestructura para que funcione y los estudiantes solo entraron una vez y se fueron”, indicó el Contralor Delegado Sectorial de Regalías que tuvo a su cargo esta Actuación Especial de Fiscalización, Iván Sánchez Arango. En el departamento de Nariño, en el convenio GN1737 de 2013 se presentaron 3 hechos: la plataforma tecnológica nunca se implantó en los colegios beneficiarios del proyecto; ninguna de las 750 Instituciones Educativas tuvo conectividad a internet, para acceder a la plataforma; y, por si fuera, la plataforma fue hackeada perdiéndose toda la información contenida allí. Tales situaciones generaron un presunto detrimento patrimonial por $8.433 millones.