Por: Redacción Pares La Procuraduría General de la Nación, en desarrollo de la investigación por la muerte del joven Dilan Mauricio Cruz Medina, durante una manifestación el pasado 23 de noviembre, solicitó al director de la Policía Nacional suspender de manera inmediata el uso de la Escopeta calibre 12 y su munición de impacto dirigido, empleada por el Escuadrón Móvil Antidisturbios para disolver revueltas, manejo de multitudes y bloqueos de vías; por falta de capacitación a los miembros de la unidad sobre el manejo de esa arma. “Para el Ministerio Público el uso de la Escopeta calibre 12, -relacionada como un arma mecánica cinética-, en el control de disturbios por parte de la Policía Nacional representa un serio peligro para la comunidad, lo cual se ha hecho palpable no sólo en Colombia, sino de manera reciente en Chile y desde épocas pretéritas en varios países, tal como ha quedado documentado en distintas publicaciones a nivel mundial”. En la comunicación al general Óscar Atehortúa Duque, precisó el ente de control que “la solicitud formulada lleva implícito un condicionamiento en el sentido que la Policía Nacional acredite la existencia de un protocolo específico de operación de dicha arma y de otro que permita acreditar que sus funcionarios certificados han recibido, de manera efectiva y real, una capacitación de altos estándares de calidad que les proporcione la pericia, habilidades y destrezas que demanda el uso de un elemento de tales características”. En su solicitud el ente de control advirtió que con la incorporación al inventario del ESMAD en 2017 de la Escopeta calibre 12 y su munición de impacto dirigido, se vulneran la Constitución Política en su artículo 216, que precisa que el fin de la fuerza pública “es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”. Recordó que de acuerdo con el artículo 166 del Código Nacional de Policía y Convivencia, el uso de la fuerza solo debe ser empleado por el personal uniformado “como último recurso físico para proteger la vida e integridad física de las personas incluida la de ellos mismos, sin mandamiento previo y escrito, para prevenir, impedir o superar la amenaza o perturbación de la convivencia y la seguridad pública, de conformidad con la ley”. Advirtió el ente de control que la Resolución 02903, del 23 de junio de 2017, que reglamentó el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales, para la Policía Nacional, precisó que para su entrega se requiere que el profesional de policía previamente “deberá contar con la debida capacitación”. Adicionalmente, la Resolución N°03002 del 29 de junio de 2017, las armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales con que deben contar el ESMAD para la prestación del servicio en manifestaciones y control de disturbios, están limitadas a “mecánicas cinéticas, agentes químicos, acústicos y lumínicas y dispositivos de control eléctrico y auxiliares”, al tiempo que determinó los parámetros que deben tener en cuenta los comandantes para autorizar la intervención del grupo especializado antidisturbios, que en todo caso debe considerarse como “ultima ratio”. La Procuraduría encontró que los programas académicos, de 48 horas, promueven el conocimiento del uso de la fuerza, tácticas y técnicas para la correcta intervención policial así como el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales, sin que hay capacitación específica para el uso de la Escopeta calibre 12 y su munición de impacto dirigido, toda vez “que ésta sólo es llevada a la práctica cuando existe disponibilidad de munición, aunque comúnmente, dado su elevado costo, hay déficit, al punto que en muchas ocasiones para el desarrollo de un seminario sólo proporcionan 100 cartuchos para capacitar 1000 hombres”. “A juicio del Ministerio Público, resulta imposible que un miembro del ESMAD adquiera tal destreza en el uso de la Escopeta calibre 12 cargada con un cartucho de impacto dirigido, en cualquiera de las dos capacitaciones existentes, en tan limitados espacios de tiempo, y menos aún si se tiene en cuenta que dichos ejercicios no se limitan al uso exclusivo de esa arma, sino respecto de todas las menos letales que le son entregadas para el servicio, ello sin dejar de mencionar el hecho que en aquellos eventos donde sólo 100 uniformados la disparan en una oportunidad, los 900 restantes observan”. De acuerdo con los testimonios que obran en el proceso, en las manifestaciones de fin de año de 2019 fue la primera vez que esa arma y su munición de letalidad reducida fue utilizada en Bogotá y su operación no tiene en cuenta jerarquías, por lo que llamó la atención que ninguno de los instructores que declaró ante el despacho la hubiera portado en esas fechas. “Todo lo anterior nos lleva a inferir que esa destreza, habilidad, agilidad y “memoria muscular” respecto del uso de la Escopeta calibre 12 con su munición de impacto dirigido, la adquiere el policial sólo cuando se enfrenta a la realidad del caso en el que participa, es decir con ciudadanos”.

Por: Redacción Pares El Comité Nacional de Paro en Colombia, conformado por las centrales obreras, estudiantes, campesinos e indígenas, entre otros, anunció que el próximo martes 21 de enero se reanudarán las movilizaciones en el país. Los voceros indicaron que la movilización está convocada en varias regiones del país y se espera tenga gran afluencia de participantes. “Hemos decidido participar con un cacerolazo a partir de las 17H00 horas en todas las plazas centrales de los municipios”, indicó Nelson Alarcón, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode). Como continuidad de las movilizaciones iniciadas con el paro masivo nacional del 21 de noviembre pasado, está previsto un cacerolazo en las plazas del país. «Desde el Comité Nacional de Paro apoyaremos la movilización que se realizará el próximo 21 de enero. Esta movilización ya está convocada en varias ciudades del país y hace parte de esa agenda nacional, de la cual en la cual el paro nacional otra vez se reactiva» , señaló Moreno a la cadena RCN. El objetivo de esta movilización será el pliego de peticiones denominado el «paquetazo», que fue presentado al Gobierno del presidente Iván Duque, así como el rechazo al asesinato de líderes sociales, entre otros.

Por: Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares Pareciera que la palabra privacidad tenderá, con el tiempo, a desaparecer. En algunos años casi nadie la pronunciará, aunque por algún tiempo más se repita derivado de cualquier escándalo que involucre las fuerzas de seguridad de un Estado. En Colombia, a las interceptaciones telefónicas ilegales se les ha denominado chuzadas. Se hicieron famosas hace poco más de una década, cuando en el entonces gobierno de Álvaro Uribe Vélez se utilizó el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), algo así como la CIA colombiana, como una policía política. Interceptaciones telefónicas, seguimientos ilegales, así como listas de sindicalistas y académicos para que los paramilitares los asesinaran y hasta montajes contra la oposición salieron del DAS. El DAS desapareció y se creó la Agencia Nacional de Inteligencia. Pero en la transición entre las dos instituciones y, sobre todo, derivado del desarrollo de la lucha contra el crimen organizado, tanto el Ejército, como la Policía colombiana adquirieron sofisticados equipos de inteligencia. Al final, hoy en Colombia, muchos ciudadanos creen que los chuzan. El último de los escándalos estalló hace apenas unas horas. Por un lado, la revista Semana reveló como el excomandante del Ejército, el general Nicacio Martínez, ordenó interceptaciones ilegales a políticos, periodistas, magistrados y analistas. Nicacio asumió el mando a finales del año 2018 y fue retirado, sorpresivamente, hace apenas unos días en plenas festividades navideñas. Durante el año en que el general comandó el Ejército, estuvo envuelto en escándalos de corrupción, de derechos humanos y ahora habría ordenado estas interceptaciones. Igualmente, Semana dice que uno de los destinatarios de parte de esta información fue un alto dirigente del partido de Gobierno, el Centro Democrático. Por otro lado, horas después de que se conociera la información de estas interceptaciones se supo que en la oficina de una de las magistradas de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, se encontró un micrófono espía. No se revela el nombre del alto dirigente del Centro Democrático, pero lo que sí es claro es que esta magistrada llevaba el caso contra el expresidente y ahora senador de la república Álvaro Uribe, quien es investigado por el tema del volteo de testigos (presionar testigos para que cambien de versión). Igualmente, a pesar de que Nicacio Martínez desde un principio estuvo envuelto en escándalos, nadie se explicaba porque seguía en el cargo. Es como si alguien o algunos lo hubiesen mantenido en el cargo, incluso por encima de la voluntad del presidente Iván Duque. El ministro de la Defensa anunció que las investigaciones se iniciaron desde diciembre, es decir, desde la salida de Nicacio Martínez. Seguramente terminarán en nada, como todas las investigaciones sobre esta materia. Luego de los múltiples escándalos sobre interceptaciones ilegales en los últimos años, se puede decir que las chuzadas se hacen o bien desde instalaciones de autoridades colombianas o desde oficinas privadas que prestan estos servicios. Al menos, la Fiscalía, la Policía Nacional, el Ejército y la Agencia Nacional de Inteligencia tienen los equipos para hacerlo. Pero también existen instalaciones a cargo de exmiembros de fuerzas de seguridad del Estado o particulares que tienen los equipos necesarios para realizar estas interceptaciones. Quien tenga el dinero puede pagar para que chucen a otro. El expresidente Álvaro Uribe salió casi que de forma inmediata a victimizarse y decir que seguramente lo culparán de ser ese alto dirigente del Centro Democrático al que le llegó la información. Igualmente, el presidente Iván Duque pasa otra vergüenza, pues él explicó que la salida del general era producto de situaciones personales. Ha quedado como un mentiroso. Sin embargo, pasará lo de siempre, en algunas semanas estallará un nuevo escándalo y opacará este. La palabra privacidad con el tiempo tenderá a desaparecer. Ya nada es privado. Columna de opinión publicada en El País

Por: Redacción Pares La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos se pronunció en Ginebra, a través de su vocero, sobre el homicidio de defensoras y defensores en Colombia. Estamos, dice la comunicación, profundamente preocupados por el significativo número de defensores y defensoras de derechos humanos que han sido asesinado en Colombia durante el año 2019. De acuerdo a nuestros registros, 107 activistas fueron asesinados el año pasado, y nuestro equipo en Colombia sigue en proceso de verificación de 13 casos adicionales que fueron reportados a lo largo de 2019, los cuales, de ser confirmados, aumentarían el total anual de muertes a 120 asesinatos. Los ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos ya se habían intensificado durante el 2018, cuando 115 asesinatos fueron confirmados por ONU Derechos Humanos en Colombia. Y esta terrible tendencia, no muestra desaceleración en el 2020, en donde al menos 10 defensores de derechos humanos, según información preliminar, habrían sido asesinados durante los primeros 13 días de enero. Reiteramos nuestro llamado a que el gobierno de Colombia realice un extenuante esfuerzo para prevenir ataques contra personas que defienden los derechos fundamentales, para investigar todos y cada uno de los casos y enjuiciar a los responsables de estas violaciones, incluidos los responsables de instigar o ayudar e incitar violaciones. El ciclo vicioso y endémico de violencia e impunidad debe detenerse. Las víctimas y sus familias tienen derecho a la justicia, la verdad y la reparación. La gran mayoría de los 107 asesinatos en 2019 tuvieron lugar en áreas rurales, casi todos ellos (98%) en municipios con economías ilícitas, donde operan grupos criminales o armados, y el 86% del número total, tuvo lugar en veredas con tasa de pobreza por encima del promedio nacional. Si bien más de la mitad de los asesinatos ocurrieron en sólo cuatro departamentos (Antioquia, Arauca, Cauca y Caquetá), los asesinatos se registraron en 25 departamentos diferentes. El grupo más afectado, fue el de los defensores y defensoras de derechos humanos del ámbito comunitario y de grupos étnicos específicos, como los pueblos indígenas y los afrocolombianos. Los asesinatos de mujeres defensoras de derechos humanos aumentaron en casi un 50 por ciento en 2019, en comparación con el año 2018. Las cifras reflejan la gravedad del problema, pero ocultan las causas estructurales que sostienen la violencia contra los defensores y defensoras de derechos humanos. La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos reitera que cualquier ataque contra los defensores y defensoras de derechos humanos es inaceptable y constituye un ataque en contra de la democracia, menoscabando la participación y el acceso de las personas a sus derechos humanos. Hubo una serie de factores adicionales que contribuyeron a esta situación, incluida la penetración de grupos criminales y de grupos armados vinculados a economías ilícitas en áreas desocupadas por las FARC-EP, el favorecimiento por parte del gobierno de una respuesta militar para controlar la violencia. Los continuos desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente lo relacionado con el desmantelamiento de grupos herederos del paramilitarismo, la seguridad de las comunidades afectadas por el conflicto, la restitución de tierras y reforma rural, los programas de sustitución de cultivos ilícitos y el cumplimiento de los derechos de las víctimas, también ha jugado un papel importante. Reconocemos algunos avances positivos, como es la reciente reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), que fue convocada a principios de año por el Gobierno para abordar este problema. No obstante, la sorprendente cantidad de asesinatos muestra claramente que aún queda mucho por hacer. Hacemos un llamado a las autoridades para que redoblen sus esfuerzos en aras de garantizar un entorno libre y seguro para el participación cívica y aumentar la presencia de autoridades civiles estatales en áreas rurales para proporcionar servicios básicos como salud y educación. Disparidades en el disfrute de todos los derechos, particularmente en los derechos económicos, sociales y culturales – especialmente en áreas rurales- deben abordarse con suma urgencia. Medidas de protección colectiva que busquen proteger áreas geográficas o comunidades deben desarrollarse aún más.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares El departamento del Cauca, en los 17 meses de gobierno del presidente Iván Duque, no ha presentado mejora en términos de seguridad y protección a líderes, lideresas y exguerrilleros. Justamente, las constantes violaciones a los derechos humanos y la falta de acciones efectivas por parte del gobierno nacional; mantienen en zozobra a las comunidades caucanas. De hecho, en lo que va corrido del 2020 se han registrado en el departamento cinco (5) asesinatos a líderes y lideresas sociales: Cristian David Caicedo, Guapi, Cauca, 3 de enero, Virginia Silva, Paez, Cauca, 7 de enero, Amparo Guegia, Caloto, Cauca, 10 de enero, Juan Pablo Dicué Guejia, Caloto, Cauca, 10 de enero Nelson Enrique Meneses, Inza, Cauca; un (1) familiar de una líder y un (1) excombatiente, primer asesinato registrado en contra de la población reincorporada en este nuevo año. Asimismo, esta región del sur del país ha sufrido dos atentados: uno contra una estación de policía en Mondomo y otro en contra del secretario de planeación municipal de Argelia. Voces desatendidas Además, a este panorama se le suman denuncias hechas por el Resguardo Indígena Nasa de Pueblo Nuevo Ceral del municipio caucano de Buenos Aires, el pasado 10 de enero. La voz de alerta hecha por las comunidades indígenas habla de una serie de amenazas de las que estás siendo víctimas y que han desencadenado en desplazamientos masivos en dicho municipio. Fundamentalmente, los hechos victimizantes se registraron en las veredas La Silvia y La Elvira. La anterior denuncia resulta clave, entre otras cosas, para develar una grave situación que se ha complejizado luego del anuncio del gobierno nacional— el pasado 30 de octubre de 2019 en Santander de Quilichao (Cauca)—; sobre la creación de la Fuerza de Despliegue Rápido en Cauca, con lo que casi 2.500 uniformados harían presencia para mitigar los problemas de seguridad, bajo la lógica del presidente Duque. Sin embargo, las comunidades, tal como en el caso denunciado el pasado 10 de enero, señalan que estos hechos suceden ante los ojos de los militares y dejan en el aire la advertencia de que dicha presencia militar aumentaría el riesgo de las comunidades indígenas. Aída Quilqué, consejera de derechos humanos y paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), lo advirtió en noviembre pasado. Cabe señalar que el malestar no es reciente. Justamente, las comunidades tras el anuncio de Duque no tardaron en alertar las implicaciones que tendría dicha decisión teniendo en cuenta la alta presencia de grupos armados en el departamento caucano. Una de las voces que pretendían atizar la situación fue Eduin Capaz, coordinador de derechos humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca (ACIN). Militarización intrascendente Además de no atender las advertencias, se suma que el Cauca, durante años, ha tenido un gran despliegue de militarización que, teniendo en cuenta los hechos victimizantes, no ha significado una mejora frente a los graves problemas de seguridad y la crisis de Derechos (FUDRA) número 4 y el acompañamiento de la Brigada de Caballería (BLICA) para Cauca —el pasado 10 de enero en la Vigésima Novena Brigada del Ejército en Popayán—; esta FUDRA se sumará a Fuerza de Tarea Apolo que, desde finales de 2011, opera en Caldono, Miranda, Corinto, Suárez, Morales, Caloto, Páez, Jambaló y Toribío para el caso del departamento caucano. Justamente, una de las grandes incorfomidades tuvo que ver con la nula concertación por parte del gobierno nacional para construir con las comunidades acciones de autoprotección de acuerdo con las especificidades que presenta el territorio. De hecho, las comunidades en la Costa Pacífica Nariñense en donde hay un FUDRA, creado en enero de 2018, han denunciado recrudecimiento de acciones violentas que las han puesto en riesgo cuando, paralelamente, dicha FUDRA despliega operativos. Situación similar se presenta en la región del Catatumbo donde también hay una FUDRA y, paralelamente se han presentado cerca de 40 quejas ante la Defensoría del Pueblo. Causas estructurales De acuerdo con la investigación adelantada por la Fundación Paz y Reconciliación —Pares, y que quedó consagrado en el informe Más Sombras que Luces, en el departamento del Cauca se generó una profundización de la violencia tras la firma del Acuerdo de Paz. Este proceso, según Pares, puede ser entendido bajo los siguientes tres factores que componen el panorama de seguridad: (i) Llegaron nuevas estructuras que disputan el control territorial como el ELN con el Frente José María Becerra y el EPL proveniente del Catatumbo con el Frente Suroccidental Andrey Peñaranda Ramírez. Ambas estructuras armadas han querido demostrar su capacidad bélica a través de un repertorio de acción caracterizado por hostigamientos, pero también dirigido hacia las comunidades que se resisten al control social y territorial. (ii) El rápido surgimiento de grupos postfarc que con el tiempo se han agrupado en lo que hoy se autodenomina “Nuevo” Sexto” o “Frente Sexto” y “Frente 30 y las columnas móviles Miller Perdomo y Jacobo Arenas, conformados por miembros de la zona y que entraron en confrontación tanto con el ELN como con el EPL. (iii) Confrontación de estos tres grupos contra la Fuerza Pública. Una relación rota con el Cauca Cabe recordar que el presidente Iván Duque, para el mes de abril del año 2019, después de un mes de Minga Indígena, fue al municipio de Mondomo para hablar sobre el acuerdo alcanzado entre las comunidades indígenas que adelantaban la movilización y la delegación del Gobierno Nacional, conformada por la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, el Alto Comisionado para la Paz Miguel Ceballos y la directora de Planeación Nacional, Gloria Amparo Alonso. Sin embargo, Duque se retiró del lugar frente a la exigencia de las comunidades de que la reunión se diera en la plaza principal del municipio. Este suceso, en su momento, advertía un dialogo roto entre las comunidades indígenas del Cauca y el gobierno nacional. En este sentido, los siete (7) meses que trascurrieron después de su fugaz vista —en la que el mismo Duque expresó que cumplió ante el pedido de las comunidades—; demostraron que, efectivamente, la situación no fue atendida por el presidente de la República. La Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, aseguró que en lo que va corrido del presente gobierno del presidente Iván Duque, han sido asesinados 121 indígenas en todo el territorio nacional, siendo el departamento del Cauca, la zona con mayor riesgo para estas comunidades. “Asesinar a un indígena es asesinar la paz y la esperanza de construir una sociedad más justa y equitativa, por eso hacemos un llamado a ayudar, acompañar y detener el derramamiento de sangre que hoy enluta el espíritu indígena nacional”, afirmó en un comunicado la Onic. Ahora, tal como lo evidencia en el Sistema de Información de PARES -SIPARES —justamente— los municipios que más han registrado hechos victimizantes son Caloto, Corinto y Balboa. Además, en más del 80% de los asesinatos en el Cauca no se ha podido determinar su autor material. La vida, la paz y la seguridad de las comunidades indígenas del Cauca deben estar garantizadas por las autoridades colombianas, afirma la Organización de las Naciones Unidas en su comunicado. «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»

Por: Redacción Pares El responsable de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, alertaba este lunes al Consejo de Seguridad sobre las amenazas a la paz en una sesión dedicada a los últimos acontecimientos en el país. “La violencia generalizada en las zonas afectadas por el conflicto sigue amenazando la consolidación de la paz, como lo demuestran varios acontecimientos profundamente preocupantes ocurridos en las últimas semanas”, indicó. Tras enumerar una serie de sucesos violentos, el representante especial del Secretario General destacó que no se logrará plenamente la paz si no cesa la violencia contra los líderes sociales y los excombatientes. “El anuncio hecho ayer por las autoridades de que han frustrado un intento de atentado contra la vida del presidente de las FARC, Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, puso de manifiesto los riesgos que corren los ex miembros de las FARC-EP y el propio proceso de paz, y la importancia crucial de garantizar su seguridad”, dijo. Cauca, Chocó y Nariño: tres focos violentos A continuación, Ruiz Massieu indicó que la violencia persiste especialmente en tres departamentos: Cauca, Chocó y Nariño. El diplomático indicó que estos tres “epicentros de la violencia” son los mismos que el Secretario General ha denunciado reiteradamente en sus informes y que poseen unas características comunes: zonas rurales afectadas por una limitada presencia del Estado y una pobreza persistente, y en las que los grupos armados ilegales y las estructuras criminales siguen victimizando a las poblaciones, especialmente a las comunidades étnicas, para controlar las actividades ilícitas. Añadió que todas estas “causas subyacentes” de la violencia están planteadas en diferentes partes del Acuerdo de Paz, y que esta es una razón más para avanzar urgentemente en su plena aplicación. En relación con los avances indicó que los logros del proceso de paz se alcanzaron gracias a la participación del Gobierno colombiano, de las FARC, el apoyo de la comunidad internacional y, sobre todo, gracias a los propios colombianos que trabajan a diario para consolidar la paz en sus comunidades. “El aumento de la participación y la mejora de la seguridad en las elecciones regionales de octubre demostraron el impacto positivo del proceso de paz en la democracia colombiana. El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición continuó su inestimable labor, con la participación de las víctimas. Miles de excombatientes que hace apenas unos años estaban armados continúan construyendo nuevas vidas a través de las oportunidades que ofrece la paz, a pesar de las muchas dificultades y riesgos de seguridad”, resaltó. Del mismo modo, destacó que todos estos avances han de protegerse, preservarse y aprovechase, y que el mejor modo de conseguirlo es a través de la aplicación integral del Acuerdo de Paz. Hoja de ruta para le reintegración Acto seguido recordó que el pasado 27 de diciembre se aprobó la «hoja de ruta para la reintegración», que establece el marco para el proceso de reinserción a largo plazo, y que la Misión espera apoyar a las partes en su aplicación. Igualmente, destacó que unos 2500 excombatientes se benefician de la aprobación de doce proyectos colectivos pero que más allá de su autorización y financiamiento “es importante asegurar su viabilidad y sostenibilidad a largo plazo, incluyendo el acceso a la tierra, la asistencia técnica y los mercados”. Por último, indicó la necesidad de prestar atención especifica a los más de 9000 excombatientes, que viven fuera de las antiguas zonas territoriales ya que se “que se enfrentan a mayores riesgos de seguridad y a obstáculos adicionales para acceder a los servicios básicos y a las oportunidades educativas, laborales y productivas”, y a los más de 2000 hijos de antiguos combatientes.

Por: Redacción Pares La Sección de Apelación rechazó las solicitudes de sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz presentadas por el general en retiro Miguel Maza Márquez y por el excongresista Alberto Santofimio Botero, condenados por la Corte Suprema de Justicia por el homicidio del líder político Luis Carlos Galán Sarmiento (auto 401 del 13 de enero de 2020). La JEP se apoyó en las sentencias de la Corte Suprema de Justicia -cosa juzgada- que condenaron a Maza Márquez y a Santofimio Botero por considerar que el delito cometido contra el líder político Luis Carlos Galán Sarmiento se produjo por razones de narcotráfico y sin ninguna relación con el conflicto armado. Frente al delito de concierto para delinquir por el que igualmente fue condenado Maza Márquez, la Sección de Apelación devolvió el proceso a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para que decida sobre su sometimiento, en su condición de ex director del DAS, como compareciente voluntario en este caso. La Sección encontró que habría relación con el conflicto frente al delito de concierto para delinquir en relación con los grupos paramilitares del Magdalena Medio.​

Por: Redacción Pares Las disidencias de las Farc hicieron un “juicio” a Rodrigo Londoño y al senador Carlos Lozada en el que determinaron que ambos traicionaron los principios de esa guerrilla y, posteriormente, pusieron en marcha el plan del ataque terrorista.determinaron que ambos traicionaron los principios de esa guerrilla y, posteriormente, pusieron en marcha el plan del ataque terrorista. Así lo indicó en Red+ Ariel Ávila, subdirector de la Fundación paz y reconciliación -Pares. El analista sostiene que las Farc se dividieron en tres líneas: un grupo que está en la ilegalidad, el partido político, y otro que hace resistencia política, liderado por Fabián Ramírez. «Es un partido totalemtne fracturado, y entre ellos se acusan de traiciones» sostuvo. La guerra entre las disidencias Ávila explica que mientras el país se concentró en el paro nacional, varias regiones se desangraban. Por un lado, un crecimiento impresionante de las disidencias de las extintas Farc y del ELN; además, un fortalecimiento del Clan del Golfo, que se derivó de su victoria militar en territorios como el Bajo Cauca antioqueño; en tercer lugar, el incendio de la zona de frontera entre Colombia y Venezuela. Todo ello con un telón de fondo: los malos resultados en materia de seguridad del gobierno de Iván Duque. No se ha logrado detener la expansión de las estructuras criminales. En su columna la guerra entre las disidencias publicada en revista Semana, Ávila indica que una de las expansiones más impresionantes ha sido la de las disidencias. Luego del video en el que Iván Márquez y Santrich anunciaron un rearme, el país entró en preocupación, pues una nueva guerrilla era posible. Sin embargo, lo que se ha presentado es un crecimiento de estos grupos, pero con una guerra sin cuartel en varias zonas entre estos grupos rearmados. El mapa es el siguiente: Son 23 grupos de disidencias, los cuales operan en 85 municipios del país. Se componen de al menos 1800 exintegrantes de las Farc y no menos de 600 nuevos reclutas, es decir, su actual crecimiento se deriva de los nuevos reclutamientos y no tanto de la reincidencia de antiguos excombatientes. De esos 23 grupos, cerca de 11 se han reunido bajo la estructura de Gentil Duarte, principalmente en departamentos de Meta, Guaviare, Arauca, Caquetá y parte de Putumayo. Los demás grupos andan por su lado y en guerras entre ellos. Todo indica que el anuncio de Márquez del rearme no fortaleció las disidencias, sino que las dividió. La situación en el norte del país En Arauca, el anuncio de Iván Márquez y Jesús Santrich en lugar de fortalecer la estructura posFarc Frente 10 Martín Villa que existe allí desde 2017, la dividió. De un lado está alias Jerónimo, quien lideró la conformación de esta estructura con el apoyo financiero y militar de Iván Mordisco, del Frente 1. Del otro lado está alias Porrón, que fue enviado por Los Marquetalianos que tuvieron control en el estado de Apure, previo a la firma del acuerdo final, es decir, Romaña y Aldinever. Existe otro grupo liderado por alias el Paisa, que está buscando incursionar en la zona fronteriza de Norte de Santander y Táchira, pero este grupo no se ha involucrado aún en ninguna disputa. Alias Jerónimo obedece a la línea del Frente 1, que ha buscado ampliar sus finanzas y se ha dedicado exclusivamente a eso en la región. Ante la actitud de Jerónimo, luego de la aparición de Los Marquetalianos, que consistió básicamente en ignorarlos y dejarlos por fuera de los planes militares y financieros, Romaña y Aldinever buscaron excombatientes que eran cercanos a ellos previo a la firma del acuerdo final y comenzaron a conformar una estructura que les obedeciera a ellos, restándole mando a Jerónimo y en ocasiones desautorizando o criticando públicamente las decisiones que este tomaba. En el mes de octubre se esperaba que este asunto fuera resuelto en una reunión de los altos mandos de los grupos posFarc presentes en el Catatumbo, oriente y sur del país, pues esta disputa interna se está presentando en otras regiones, pero no fue así. De tal manera que a su regreso de dicha reunión Jerónimo decidió anticiparse a que el grupo de alias Porrón creciera, y amenazó de muerte a quienes le estuvieran obedeciendo y atentó contra él y su círculo más cercano el pasado 25 de noviembre en La Victoria, en el estado de Apure, Venezuela, en la zona colindante con Arauquita. En la emboscada no murió nadie, pero sí se convierte en una declaración de guerra. Y por el sur no escampa Otra historia se vive en Nariño, allí a la confrontación entre disidencias en la costa Pacífica se ha sumado una verdadera guerra en la zona de la cordillera. En los municipios de Cumbitara, El Rosario, Leiva y Policarpa, hay dos organizaciones en disputa: algunos excombatientes del antiguo frente 29 de las Farc-Ep, ahora rebautizado como Frente Estiven González comandado por alias Sábalo o Gaspar, se encuentra en guerra con el ELN a través de la comisión de finanzas de la compañía José Luis Cabrera Ruales, frente Comuneros del Sur, al mando de alias Yair. También en la zona opera el Clan del Golfo con una estructura autodenominada Codillera Sur Gaitanistas. Hace apenas unos días, el 24 de noviembre de 2019, se produjo una masacre. De la misma hay dos versiones. Una es que, en medio de enfrentamientos entre disidencias de Farc y el ELN, cayó en combate Gonzalo Prado Paz, alias Sábalo, acción en la cual también cayeron siete miembros de la guardia personal de Sábalo. La otra versión es que alias Sábalo se encontraba visitando a su familia en un punto llamado El Turbio entre Santa Rosa, Damasco y Sidón, corregimientos de Cumbitara, el ELN le llegó al sitio, lo asesinó a él, a un hermano y a seis integrantes de su guardia personal. Una fuente de la zona confirma que “desde esta situación, no ha dejado de haber enfrentamientos y muertos en el Bajo Cumbitara, van 58 muertos de los disidentes a manos del ELN y todos echados al río Patía, tenemos mucho miedo y estamos solos”. La guerra en el Putumayo Una tercera guerra se libra en el Putumayo, allí la disidencia frente Carolina Herrera, el cual ha llegado desde el Caquetá, se encuentra en una disputa a muerte con el grupo que se hace llamar Sinaloa, este último compuesto por disidentes del frente 48, militantes de la banda La Construc y algunos sicarios. La disputa más fuerte se desarrolla entre los municipios de Puerto Asís y Puerto Leguizamo, en el Bajo Putumayo. Los reclutamientos de menores son por decenas, al igual que los muertos, pero nadie dice nada. Pero tal vez la zona más afectada es Norte de Santander. Durante los últimos dos años se ha identificado en el departamento de Norte de Santander la presencia de diez estructuras armadas ilegales: 1 Grupo Armado Ilegal (GAI): Ejército de Liberación Nacional (ELN); 5 Grupos Armados Organizados (GAO): Ejército Popular de Liberación, Clan del Golfo o AGC, Los Rastrojos y tres grupos armados posFarc; además de 3 Organizaciones criminales: Cartel de Sinaloa, Banda La Línea y Banda La Frontera. Los de mayor incidencia y alcance en el territorio son el ELN, EPL y los GAPF del Frente 33. Entre estas estructuras se presentan las disputas más significativas que se libran en Norte de Santander. Particularmente la guerra entre ELN y EPL o Pelusos ha cobrado la vida de decenas de personas. Sin embargo, se avizora una disputa armada adicional por parte de varios grupos armados posFarc. Todos ellos se hacen llamar Frente 33, pero se han identificado tres grupos. Por un lado, el GAPF liderado por alias Jhon Catatumbo, el cual representa el sector de Gentil Duarte y fue el primer grupo en rearmarse y tomar posición en la subregión del Catatumbo, principalmente en el municipio de Tibú, donde tiene amplia incidencia. Por otro lado, el GAPF comandado por Enrique Muñoz, alias Villa, exmando medio del antiguo grupo guerrillero que estuvo participando activamente en el proceso político de la Farc luego de la desmovilización, pero que desapareció de la escena politica en 2018, para reaparecer formando parte de la Dirección Política de la autodenominada “FARC-EP: Segunda Marquetalia”, constituida entre el 22 y 25 de agosto de 2019, que corresponde al sector de Iván Márquez, Jesús Santrich, el Paisa, Romaña, entre otros. Por último, el GAPF liderado por alias Roldán, producto del surgimiento de una disidencia en el interior del grupo liderado por Jhon Catatumbo y que tiene lugar luego de la expansión de este al municipio de Sardinata, en apoyo al ELN ante el repliegue del EPL a este municipio, donde la proliferación de los proyectos mineros configura este territorio en un actual escenario de disputa. La situación de seguridad se ha venido deteriorando en varias zonas del país y no se ve una mejoría a la vista.

Por: Redacción Pares La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el director Nacional de Escuelas de la Policía Nacional, mayor general Carlos Enrique Rodríguez González, y la directora de la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander, brigadier general Juliette Giomar Kure Parra, por los hechos que rodearon el atentado con carro bomba contra ese centro de formación, el 17 de enero de 2019, que dejó como resultado 20 cadetes muertos y 73 heridos, entre quienes figuran dos menores de edad, tres civiles, 65 cadetes, un oficial y dos patrulleros. Para el Ministerio Público se hace necesario investigar si existió o no una conducta que pueda ser reprochada disciplinariamente al mayor general y a la brigadier general, teniendo en cuenta que pese a las pruebas recopiladas en la indagación preliminar, no fue posible establecer si los oficiales ordenaron y adelantaron las acciones necesarias no solo para salvaguardar la seguridad de las instalaciones de la escuela, sino del personal que allí labora, se capacita o se encontraba de visita. Como parte de la apertura de la investigación se ordenó la práctica de nuevas pruebas tendientes a establecer el trámite que se dio a la valoración integral de seguridad física que realizó la Dirección de Inteligencia de la Policía, los protocolos implementados para brindar seguridad al personal y a las instalaciones y las acciones puestas en marcha para detectar las fallas de seguridad y los correctivos adoptados. La investigación busca determinar si la conducta de los implicados es constitutiva o no de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se habría cometido y su responsabilidad disciplinaria, conforme lo dispone el artículo 153 de la Ley 734 de 2002. El ente de control asumió el proceso disciplinario por el atentado terrorista contra la Escuela de Cadetes General Santander el pasado 20 de agosto, luego de que la Inspección General de la Policía Nacional ordenara remitir las diligencias al Procurador General de la Nación.

Por: Redacción Pares Según el senador Iván Cepeda y quien es parte en el proceso que contra Álvaro Uribe que se lleva en la Corte Suprema de justicia, al amparo de un operativo realizado por el INPEC en las casas fiscales de la cárcel La Picota, en los días iniciales de este año se ha desarrollado un nuevo capítulo de la campaña de desinformación con la que se pretende minimizar la responsabilidad del senador Álvaro Uribe y del representante Álvaro Hernán Prada en hechos que podrían configurar soborno y fraude procesal, así como distraer a la opinión sobre el impacto de la audiencia de imputación de cargos y de solicitud de medida de aseguramiento contra Diego Cadena, abogado del senador Uribe. Ante esta situación, el senador Cepeda manifiesta: Juan Guillermo Monsalve ha testificado en ocho oportunidades ante autoridades judiciales acusando a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe de haber conformado y dirigido grupos paramilitares, y de haber sido presionado para retractarse. Algunas de dichas declaraciones se hicieron incluso antes de que, en septiembre de 2011, me solicitara hacer llegar a la Fiscalía sus denuncias. Luego de acusar a los Uribe, Monsalve fue víctima de dos atentados contra su vida, el primero en Cómbita, en marzo de 2012, y el segundo a comienzos de 2014. Por esta razón, la Corte Suprema de Justicia ordenó medidas de protección para este testigo, lo que demuestra en forma concluyente que no intervine en la definición del actual sitio de reclusión del interno. Es deber del INPEC realizar los controles necesarios sobre los sitios de reclusión y velar por el régimen disciplinario en las cárceles y penitenciarías del país. No obstante, las medidas que se tomen con ocasión del operativo realizado en el lugar en el que se encuentra el testigo Monsalve deben mantener las condiciones de protección del interno ante una posible conjura encaminada a atentar contra su vida, o a intimidarlo con el fin de que cambie su testimonio en el proceso que se sigue en la Corte Suprema de Justicia contra el senador Uribe y el representante Prada. La ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, y la dirección del INPEC deben aclarar por qué a pesar de haber sido realizado el operativo en sitios de reclusión en los que se encuentran otros internos, sus resultados se han filtrado selectivamente a los medios de comunicación, y no se ha informado las medidas para garantizar la cadena de custodia sobre los elementos incautados que deben ser entregados a las autoridades competentes sin alteración o manipulación de ninguna especie. El Ministerio de Justicia está en la obligación de aclararle a la opinión pública su actuación especialmente sesgada con relación a la situación del testigo Monsalve como también despejar la creciente inquietud sobre si el Gobierno Nacional está interviniendo con la intención de incidir en el curso de la investigación que lleva a cabo la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Dicha preocupación proviene también de las constantes declaraciones que el Presidente de la República ha realizado expresando su valoración sobre la supuesta inocencia del senador Uribe; o la de la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien calificó de “doloroso” el proceso de investigación; o la del embajador de Colombia ante los Estados Unidos, Francisco Santos Calderón, quien publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que se refirió a la Corte Suprema de Justicia como un tribunal con “cartel de la toga a bordo”. Es evidente que todas esas manifestaciones del alto gobierno, y la actitud de la dirección del INPEC y de la Ministra de Justicia son lesivas de la autonomía e independencia judiciales. A todo lo anterior se agrega que, como ha ocurrido en todos los estadios de este proceso, coincidencialmente la defensa del senador Uribe anuncia la producción de tres nuevos “testimonios” que habrían sido aportados a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. En esta oportunidad la lista de “testigos” la encabeza Raúl Agudelo Medina, alias ‘Olivo Saldaña’, exguerrillero y “gestor de paz” en el gobierno de Álvaro Uribe, quien entre otras turbias actuaciones se hizo tristemente célebre por haber sido “el cerebro” de la falsa desmovilización del frente Cacique La Gaitana de las extintas Farc[1]. Este conocido embustero y las otras dos personas de similar condición que declaran a favor del senador Uribe también serán desenmascarados ante la justicia.

Por: Redacción Pares La Contraloría General de la República realizó 28 hallazgos que configuran un presunto detrimento patrimonial por $3.740.794.997,39 relacionados con contratos del Ejército Nacional. Las evidencias fueron producto de una Actuación Especial de Fiscalización realizada por equipos de auditoría del nivel central y de la Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia. Uno de los casos más relevantes se relaciona con un contrato que tenía por objeto la reparación de componentes de la División de Aviación y Asalto Aéreo, en el que la institución militar hizo los desembolsos sin contraprestación alguna. A juicio de los auditores, se habría configurado entonces un daño fiscal estimado en $465.516.590. El contrato, con número de radicación 407-CENACAVIACIÓN, se vio además afectado porque los responsables de su ejecución fueron eximidos, sin sustento legal, de pagar una sanción por incumplimiento en cuantía de US$32.600 (cerca de $100 millones a la tasa de cambio actual). Posible beneficio irregular a contratistas La Contraloría General de la República encontró, paralelamente, que el contratista encargado del suministro de combustibles se habría visto favorecido irregularmente al utilizar bienes fiscales en beneficio propio. En efecto, consiguió que el Ejército le prestara aeronaves oficiales o le facilitara otras contratadas por horas de vuelo. El presunto detrimento patrimonial asciende en este caso a los $453.713.616.12. Otro contrato que atrajo la atención de los investigadores fue celebrado por la Central Administrativa y Contable Regional Usaquén, del Comando de Logística, para la realización de obras de infraestructura. Al comparar lo ejecutado contra lo cancelado, no fue posible evidenciar las cantidades descritas en las respectivas Actas. Las diferencias en cantidades llegaron a $160.349.266. Viáticos y seguros sin sustento La Actuación Especial de Fiscalización determinó también que, durante las vigencias 2016-2017 el oficial a cargo del Comando de Educación y Doctrina (CEDOC) recibió viáticos sin la debida legalización. De hecho, no existen Informes Ejecutivos sobre las actividades desarrolladas, requisito indispensable de conformidad con la Directiva 006 de 2015 y Plan 1037 del 9 de marzo de 2017, para acreditar el gasto. Los equipos de la Contraloría General de la República encontraron debilidades en la labor de supervisión de los contratos No. 004, 006, 016, 030, 055 de 2016, suscritos por la IV Brigada, que conllevó al pago de servicios sin los soportes que evidencien la efectiva realización de las actividades, lo que genera un presunto daño por $251.999.932. También hallaron evidencia del pago injustificado de la prima de seguro para el Hangar de oficinas en Guaymaral, que no pertenecía al Ejército. Con esta conducta se generar un presunto daño fiscal por $54.000.000. En la ejecución de los contratos No. 008, 028, 049 de 2016 y CO1_253281, C_141 y 080 de 2017, para la adquisición de productos de cafetería y restaurante para las diferentes Unidades de la Cuarta Brigada, no hay evidencia del uso y destino final dado a las compras realizadas. Estos hechos han sido atribuidos a debilidades en los controles, que han conllevado un posible detrimento al patrimonio público por $98.960.129. Una situación similar se ha presentado en una Orden de Compra de la Séptima División para contratar al operador logístico de sus actividades de bienestar social. No hay soportes de la ejecución física de este programa que permitan determinar y evaluar la calidad y cumplimiento de los requisitos exigidos a los proponentes y cuantificar las cantidades ejecutadas de cada actividad contemplada en la propuesta del contratista, acorde a los estudios previos. El detrimento aquí sería del $70.000.000. No aparecen excedentes de kit para soldados Al revisar con detenimiento el contrato Nro.309-BASPC4-2016, por $471.481.040 (incluido IVA), celebrado por la Cuarta Brigada del Ejército, los auditores se encontraron con un mayor gasto al requerido para la dotación a 4.402 soldados incorporados en la vigencia 2016. En este caso no existen soportes que permitan tener certeza sobre el destino final, justificación, utilización y beneficiarios de los elementos adicionales por valor de $140.659.200, monto del presunto detrimento patrimonial. Otras posibles irregularidades incluyen la débil supervisión a los trabajos de mantenimiento de inmuebles incluidos en el Contrato No. 298 de 2016, para las unidades centralizadas del BASPC4. Entre los documentos ligados a la operación contractual no aparece el registro fotográfico específico que permita comprobar que los trabajos fueron recibidos a satisfacción. Aquí se presume un detrimento al patrimonio por $275.659.120. ¿Mantenimiento a vehículos particulares? El ejercicio de fiscalización sirvió, adicionalmente, para verificar que en la facturación de pagos por mantenimiento de vehículos de la Cuarta Brigada aparecen relacionados varios vehículos que al parecer no pertenecen a esa unidad militar. Las dudas se acentúan por el hecho de que el contratista no incluyó la placa civil o militar de los vehículos en las facturas. Sumados a la incertidumbre sobre el cumplimiento del objeto contractual, los documentos y evaluaciones disponibles sugieren un presunto detrimento en cuantía de $607.795.230. En otros casos los informes de los supervisores de los contratos indicaron que los contratistas cumplieron con el objeto, pese a que en los expedientes fueron anexadas fotografías de la entrega de repuestos y mantenimiento para vehículos que no estaban contemplados en los contratos. “Los vehículos relacionados –advierten los investigadores en su informe- presentan inconsistencias en cuanto a su inclusión en la flota de vehículos de la Cuarta Brigada, su registro en el aplicativo SAP (almacén) y su inclusión en la póliza de seguros todo riesgo. Situaciones generadas por deficiencias en la supervisión del contrato, que ocasiona incertidumbre sobre la real ejecución del contrato y un presunto detrimento constituido por la sumatoria de las facturas sobre las que no hay registro fotográfico por valor de $940.754.488”. Chatarrización rezagada Las comisiones de la Contraloría hallaron también una relación de vehículos que a la fecha no han sido sometidos al proceso de chatarrización, pese a que se encuentran fuera de servicio. En estas condiciones, la institución se ha visto obligada a adquirir el SOAT respectivo y a incluirlos en la póliza de seguros para su flota vehicular. Dobles pagos en el mantenimiento de vehículos y la omisión del reintegro de elementos dañados o de entrega de los soportes respectivos fueron comunes en la Cuarta Brigada durante las vigencias examinadas. Los casos documentados hasta hoy sugieren un presunto detrimento por $47.980.214,64.

Por: Redacción Pares La Contraloría General de la República, encontró 33 hallazgos con presuntas incidencias administrativas, disciplinarias, penales y fiscales por más de $635.000 mil millones de pesos en Medimas EPS. La Contraloría General de la República dará inicio a los procesos de responsabilidad fiscal y procederá a dar traslado a Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia. Según los resultados de la auditoría realizada por la Contraloría Delegada del Sector Social, Medimás pagó por servicios médicos valores superiores a lo previsto en su regulación, pagó servicios médicos a personas fallecidas, a no afiliadas y entregó anticipos injustificados a contratistas. Se determinó que las auditorías a las facturas por la prestación de los servicios, realizadas por IQ Consulting y SyC (Sistemas y Computadores), fueron mal ejecutadas. Por cuanto para este ente de control esa mala gestión y la posterior aprobación de las facturas, hizo que la EPS le pagara a quienes no se les debía. Entre los casos más relevantes, se encuentra el pago de $3.695 millones en servicios médicos a personas fallecidas y $44.060 millones a personas que no se encontraban afiliadas a la EPS. Del mismo modo el informe cita que $118.783 millones se giraron de manera injustificada y sin respaldo a Century Farma, suma sobre la que no se observa que sea posible su recuperación. Las irregularidades que configuraron hallazgos fiscales para la Contraloría General de la República también incluyen pagos por servicios médicos superiores a lo presupuestado por un valor de $21.430 millones y medicamentos por encima del valor regulado por $28.490 millones. En el contrato con la institución prestadora de servicios ESIMED (Estudios e Inversiones Médicas S.A), la cual ya está en liquidación, Medimás también generó anticipos por $137.786 millones no legalizados, constituyendo otra irregularidad por parte de la EPS auditada. La auditoría de cumplimiento adelantada por la Contraloría General de la República se ajustó a los principios, fundamentos y aspectos generales en concordancia con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores ISSAI, desarrolladas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).