Por: Redacción Pares En Colombia, unos 86 líderes sociales y 77 excombatientes de las FARC fueron asesinados en 2019. El Secretario General de la ONU llama a que se adopten medidas más efectivas para protegerlos, tales como una política pública para desmantelar grupos armados ilegales y organizaciones criminales que llevan a cabo reclutamiento forzado, homicidios, desplazamientos, ataques y amenazas. Unos 77 excombatientes de las FARC fueron asesinados en 2019, elevando la cifra a un total de 173 desde la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, firmado en 2016, señala un nuevo informe del Secretario General de las Naciones Unidas. La falta de seguridad es aún más crítica para los líderes sociales: desde la firma del Acuerdo de Paz, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha verificado 303 asesinatos de defensores y defensoras de las garantías fundamentales y líderes sociales, 86 de los cuales (incluidas 12 mujeres) ocurrieron en 2019. De acuerdo con António Guterres, la seguridad de los líderes sociales y defensores de los derechos humanos, así como de los excombatientes, está intrínsecamente vinculada a la seguridad de sus comunidades. “A pesar de las mejoras generales en la seguridad registradas tras el Acuerdo de Paz, las comunidades continúan siendo atacadas por grupos armados ilegales y organizaciones criminales en áreas donde la limitada presencia del Estado ha dejado vacíos institucionales y donde la falta de oportunidades económicas ha hecho que las comunidades sean vulnerables a las economías ilícitas”, aseguró el Secretario General. Dijo además estar alarmado por las consecuencias, especialmente para las comunidades étnicas, de los combates entre grupos armados ilegales en el corredor de tráfico ilícito que se extiende desde la región del Bajo Cauca, en el departamento de Antioquia, hasta el departamento del Chocó, así como la incesante violencia en el departamento del Cauca. “La presencia de grupos armados ilegales en los territorios étnicos sigue teniendo consecuencias devastadoras, como reclutamientos, reclutamientos forzados de menores, homicidios, desplazamientos, confinamientos y ataques y amenazas contra las autoridades y los líderes étnicos”, expresó. El Secretario General reiteró su llamamiento al Gobierno colombiano a adoptar medidas más efectivas para proteger la vida de los líderes sociales, los defensores de los derechos humanos y las personas involucradas en la implementación del Acuerdo de Paz, incluidas provisiones específicas para las lideresas y defensoras y para los líderes y lideresas indígenas y afrocolombianos. “Reitero también mis llamamientos a que se adopten medidas más efectivas para proteger la vida de los y las excombatientes, teniendo en cuenta especialmente que el 2019 ha sido el año más violento para los exmiembros de las FARC-EP desde la firma del Acuerdo de Paz. Los familiares, incluidos los niños, de los excombatientes asesinados desde la firma tienen vulnerabilidades particulares, y se deben considerar acciones específicas para apoyarlos”, dijo. António Guterres destacó que una política pública para el desmantelamiento de los grupos armados ilegales y organizaciones criminales y sus redes de apoyo, como se estipula en el Acuerdo de Paz, es esencial para frenar la violencia que estos grupos infligen a las comunidades vulnerables. “Aliento al Gobierno a que vuelva a convocar a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para avanzar en la finalización e implementación de esta política. Se debe considerar la posibilidad de seguir avanzando en la implementación del Decreto núm. 660 de 2018, relativo al Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios, que es otro vehículo importante para mejorar la seguridad de las comunidades en las antiguas zonas de conflicto”, agregó. El titular de la ONU recordó que, si bien el Acuerdo de Paz preveía una transformación a largo plazo de Colombia, particularmente de las zonas devastadas por el conflicto, los fundamentos de esa transformación deberían construirse desde ahora a través de acciones concretas de todos los actores para implementar el Acuerdo en su totalidad. “Con el Acuerdo de Paz como hoja de ruta, Colombia puede continuar construyendo la paz que sus ciudadanos tanto anhelan. Las Naciones Unidas siguen plenamente comprometidas con ese objetivo, trabajando en asociación con las partes, con la sociedad colombiana y con la comunidad internacional”, concluyó.

Por: Walter Aldana. Especial para Pares. Rodrigo y Nathalia ambientalistas asesinados en Santa Marta el pasado 25 de Diciembre y la bella, inteligente y sensible Lucy Villareal igualmente asesinada en Tumaco, tenían en común, no creer en este gobierno, en su modelo económico, en aspirar a otra Colombia posible. Ellos como Reinaldo Carrillo en Pitalito, se la jugaron por ayudar a cimentar la nación al nivel de sus sueños. Trescientas sesenta y dos personas asesinadas desde la elección de Duque, hasta el fatídico 25 de Diciembre de este 2019. El departamento del Cauca con noventa y seis víctimas ocupa el deshonroso primer lugar, sólo en el mes del natalicio del hombre justo y rebelde, son 23 las personas cuya vida han segado y aún no termina el mes. Ciento treinta y ocho excombatientes de las Farc-Ep han sido asesinados, hombres y mujeres que le cumplían a la democracia fortaleciéndola, ejerciendo actividades del agro, reconstruyendo en la legalidad sus familias, sus esperanzas de país; a ellos también les matan quienes disparan los tiros desde las armas, pero son igualmente responsables quienes han decidido hacer trizas los acuerdos para la “finalización del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” negociado en Cuba y firmado en el teatro Colón de Bogotá. No son líos de faldas, no son robos por parte de la delincuencia común, son planeados, operados con características de ser especialistas en la guerra; así como los falsos positivos, son la decisión de los poderosos de sembrar el terror para que no paremos, para que “trabajemos”, quizás como aquellos que por unas vacaciones o unas jugosas bonificaciones, reclutaron jóvenes, los tuvieron en guarniciones y meses después los asesinaron para “mostrar” los resultados exigidos por la mal llamada Seguridad Democrática. walteraldana2@gmail.com / Columnista

Por: León Valencia, director – Pares Muy apreciados miembros y amigos de la Fundación Paz y Reconciliación, 2019 ha sido un año especial por los cambios del país y por los avances de la Fundación. Mil y mil gracias por todo lo que han hecho por Colombia y por la organización. Mi enorme gratitud a todos los donantes. Este año fuimos la organización de la sociedad civil mejor calificada en el panel de opinión de Cifras y Conceptos. La Cruz Roja obtuvo el primer puesto entre las extranjeras. El reconocimiento es merecido, por los esfuerzos que hemos hecho en la investigación, en el debate y en la incidencia en la vida pública. Lo recibimos con alegría y buscaremos con tesón mantener este lugar en el año 2020. Sombras y luces en la política colombiana La vida política colombiana tuvo un viraje de 180 grados. El voto de opinión irrumpió con fuerza en la Colombia urbana. Un grupo de alcaldes y gobernadores recibió el apoyo de este voto de opinión, motivado, especialmente por la consulta anticorrupción. Recibió también el estímulo del acuerdo de paz que se firmó a finales de 2016. En Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta, Manizales, Villavicencio, Fusagasugá, Villavicencio y Santa Marta, se presentó claramente este fenómeno. También en el departamento del Magdalena. Esta realidad contrasta de manera lamentable con el triunfo de los clanes políticos tradicionales en otros lugares del país, especialmente en la Colombia profunda. Los Char, son un ejemplo clave del gran poder que aún tienen los clanes políticos. Barrieron en Barranquilla y en el Atlántico y ganaron en alianzas en la mayoría de los departamentos de la costa caribe. Otro ejemplo es el Clan de Dilian Francisca Toro en el Valle del Cauca, la gobernación y la inmensa mayoría de las alcaldías del departamento quedaron en sus manos. En otros nueve departamentos ocurrió cosa parecida. Las estructuras nacionales de los partidos sufrieron un duro golpe. Con excepción del Partido Verde, las élites políticas nacionales recibieron un castigo en las elecciones. Nominalmente registran votos y nombres en alcaldías, en gobernaciones, en concejos y asambleas, pero en realidad los elegidos obedecen a los clanes, no a los directorios nacionales de las colectividades. El libro Los Clanes Políticos Mandan en Colombia producto de nuestra investigación y editado por Planeta, que saldrá a librerías a finales de enero, da cuenta de esta situación. La protesta social, una nueva realidad Otra realidad nueva es la protesta social. Las clases medias y los jóvenes se tomaron las calles del país y obligaron al gobierno de Duque a abrir “Una conversación Nacional”. Hacía mucho tiempo que no se veía una protesta tan masiva y tan prolongada. El motivo, es, sin duda, la inconformidad con el gobierno nacional y detrás de esta inconformidad cada sector de la población esboza su demanda. El comité nacional de paro tuvo la gran idea de convocar la protesta, pero, en realidad, no representa la diversidad y la profundidad de estas manifestaciones. En todo caso, le ha propuesto al gobierno un pliego de 13 puntos y le ha exigido una negociación nacional, en vez de una conversación nacional. Los escenarios hacia el año entrante pueden ser los siguientes: 1. Optimista, la protesta continua con singular fuerza y el gobierno, el Comité Nacional de Paro y una variedad de actores sociales implicados en la protesta, llegan a un acuerdo nacional y el país entra en un camino de reformas liderado por Duque; muy poco probable, pero no descartable 2. Pesimista, la maniobra de la conversación nacional, sin negociación, le da resultado al gobierno y la protesta se apaga sin mayores cambios 3. Esperanzador, la protesta continúa sin acuerdo nacional y busca otros cauces para el cambio y las reformas, el gobierno entra en una profunda crisis y se habla incluso de la renuncia del presidente. El Congreso y su papel protagonista Otra situación inédita ha sido el protagonismo del Congreso en el año que termina. El régimen político colombiano, de gran concentración de poder en el presidente, ha relegado siempre al Congreso a un segundo lugar, en ocasiones es sólo un apéndice del ejecutivo. Pero la emergencia de una bancada de oposición de izquierdas con el 25% del Senado y la incapacidad del presidente Duque para armar una coalición estable con los liberales y Cambio Radical, han puesto al gobierno en minoría en discusiones claves en el Congreso. En algunos momentos ha habido un parlamentarismo de facto. Duque tiene desaprobación cercana al setenta por ciento; se raja en la encuesta empresarial del diario La República, donde el presidente obtiene una calificación de 2.8 sobre 5 y la vicepresidenta 2.7; afronta divergencias en su propio partido; y no tiene una agenda de reformas y cambios para salir del hueco en que se encuentra. Parece un boxeador que esta recibiendo una paliza de su rival en una esquina del cuadrilátero y su manager le está dando cocotazos por detrás exigiéndole que reaccione. La situación tiene un telón de fondo muy interesante. En realidad, estamos en el hundimiento del proyecto político del uribismo. Las segundas partes de grandes proyectos caudillistas en América Latina nunca han sido buenas. Esto es válido para la izquierda y la derecha. Maduro después de Chávez en Venezuela; Dilma Roussef después de Lula en Brasil; Lenin Moreno después de Rafael Correa en Ecuador; el segundo momento de Fujimori en Perú; el segundo gobierno de Piñera en Chile. Es muy probable que eso sea lo que esta ocurriendo en Colombia con este segundo momento del uribismo encarnado en Iván Duque. El proceso de paz y la división de las élites políticas tradicionales en torno a este proceso, abrió las puertas a una nueva agenda para el país y al protagonismo de nuevas fuerzas políticas y sociales. De resultar cierta esta hipótesis, estaríamos en un momento de transición política hacia un nuevo proyecto político que ojalá sea profundamente democrático en lo político, decisivamente equitativo en lo social y ambiciosamente contemporáneo, incluyente, postmoderno y pacifista en lo cultural. Resultados y desafíos de Pares La Fundación Paz y Reconciliación debe contribuir a un desenlace de reformas y cambios en el país en esta coyuntura crítica. Aportar a una esperanzadora transición política. Su papel, desde luego, está en el debate público, contribuyendo en el diseño de una agenda de renovación de la política, de transformación social y de reconciliación del país. También puede contribuir a acercar las tres realidades: los alcaldes alternativos, la protesta social y las bancadas independientes y de oposición. La confluencia de estos tres factores conformaría un nuevo sujeto político nacional, capaz de liderar la transición, un proyecto más colectivo donde surjan nuevos liderazgos menos contaminados por el caudillismo. Continuamos con el seguimiento al postconflicto y dimos cuenta de los esfuerzos del gobierno por limitar o acabar con el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición; de su fracaso en las objeciones a la JEP; y de su pretensión de utilizar el caso de Jesús Santrich para deslegitimar a esta jurisdicción. Informamos, en exclusiva, sobre la decisión de Iván Márquez, Jesús Santrich y diez jefes de las extintas Farc de rearmarse. Documentamos en detalle la situación de los territorios dejados por esta guerrilla en su proceso de desmovilización y desarme y el desafortunado crecimiento de las disidencias. Nuestro plus en este campo es el trabajo de terreno, el conocimiento de las regiones, la red de amigos que tenemos en diecisiete zonas del país. Debemos fortalecer esta relación con las regiones en 2020. Mantuvimos el ojo puesto en la frontera con Venezuela y en las disputas entre el gobierno de Duque y el régimen de Nicolás Maduro. Denunciamos la grave torpeza del gobierno nacional al dedicar grandes esfuerzos a encabezar una coalición internacional para tumbar al gobierno del vecino país por la fuerza y por las presiones desde afuera. Alertamos sobre las consecuencias negativas de esa actitud para los intereses de Colombia y para la tranquilidad de la larga línea de frontera que une a los dos países. Además de los informes sobre la situación de seguridad de la frontera, promovimos la conformación de una convergencia ciudadana entre Colombia y Venezuela para hacer oír la una voz que aboga por una salida pacífica a la crisis venezolana, por restablecer las relaciones entre los dos países y por un alivio humanitario para los migrantes. Esa convergencia está en acción. Hicimos una intensa labor de investigación sobre el comportamiento de los clanes políticos en las elecciones locales, los candidatos cuestionados, la violencia electoral y las irregularidades en la campaña con una importante influencia en la opinión pública, algunos de los candidatos cuestionados salieron de la contienda o fueron derrotados después de nuestras denuncias. Ahora eso queda consignado en un libro que tendrán a mano los analistas y el público en general. Concomitante con esta labor denunciamos graves hechos de corrupción pública que tuvieron una importante repercusión en los medios de comunicación y junto a notables investigadores de estos fenómenos conformamos una coalición anticorrupción que vio a la luz denunciando las irregularidades alrededor de la escogencia del Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega. Esta coalición se denomina FUERSA y dará mucho de que hablar en los próximos años. En un esfuerzo por entregarles conocimientos sobre seguridad y convivencia a los candidatos a las alcaldías y gobernaciones, trajimos al país a expertos internacionales y organizamos, en alianza con otras fundaciones, seminarios en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Cartagena en los que participaron quinientos candidatos de todas las tendencias políticas. En esa labor forjamos un dossier con propuestas y herramientas para que los alcaldes y gobernadores elegidos puedan realizar buenas prácticas de seguridad y convivencia en sus ciudades y en sus regiones. Continuamos la tarea de acompañamiento a once iniciativas económicas y culturales de organizaciones juveniles en todo el país y empezamos a poner en práctica la caja de herramientas construida con base en la investigación sobre jóvenes en riesgo. Esperamos continuar con esta labor con nuevas alianzas en el año 2020. Con un abrazo de navidad y año nuevo León Valencia Director Fundación Paz y Reconciliación Bogotá, diciembre de 2019

Por: Dennis Arley Huffington Arroyo. Investigador Oficina Pares Pacífico Uno de los desafíos del próximo alcalde de Víctor Vidal, en términos de construcción de paz, consiste en evitar una nueva oleada de violencia en los barrios de Buenaventura. De las tres décadas de conflicto armado en el Distrito, se observa que los periodos de “tensa calma” donde decrecen las acciones violentas se deben a la reorganización de los grupos armados, sustancialmente porque es un lapso temporal de reclutamiento, principalmente de jóvenes. Si bien, en el programa de gobierno presentado durante la campaña existen propuestas en el marco de la seguridad ciudadana tales como promover acciones inmediatas de atención a familias con menores infractores, crear la Subsecretaría de seguridad y prevención del delito con la dirección de un funcionario de alto nivel especialista en seguridad. Estrategias como la creación y puesta en marcha del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano C5, permitirá la atención y solución integral de las emergencias en la ciudad con 500 cámaras en su primera etapa. Construcción con todos sus requerimientos del Centro de Reclusión del Menor Infractor, están orientadas a combatir el delito no organizado, a disciplinar para reformar delincuentes y vigilar la actividad delictiva no organizada. Cabe recordar los períodos de reorganización de los grupos armados ilegales, previo a una intensificación del conflicto armado en la ciudad. El primero se remonta a la expulsión del Frente 30 de las FARC-EP por parte del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC –, después de cuatro años de enfrentamientos transcurridos entre 2000 y el 2003, que dejó 42.306 víctimas (Red Nacional de Información, 2019). La agrupación paramilitar se dedicó al reclutamiento y consolidación del control territorial en la ciudad. Un segundo periodo se registró durante los años 2009 y 2010, cuando culminó la guerra entre los capos del Cartel del Norte Del Cauca, protagonizada por las agrupaciones armadas Los Machos y los Rastrojos, a la cual se le sumó el Frente 30 de las FARC-EP, quien pretendía retomar el control de la ciudad ante la desmovilización de las AUC como consecuencia de la Ley de Justicia y Paz. Fue el escenario ideal para que Los Rastrojos irrumpieran en la ciudad, y durante esos dos años reclutaron nuevos integrantes para ejercer su dominio territorial (Centro Nacional de Memoria Histórtica, 2015). Y un tercer periodo, surgido a partir del año 2016 después de que el conflicto armado en Buenaventura llegara a su máxima expresión con la entrada de las AGC/Clan del Golfo en el 2011 a Buenaventura. Los enfrentamientos con los Rastrojos – La Empresa – dejó en cuatro años más de 85.000 víctimas (Red Nacional de Información, 2019). La aparente “calma” se ha visto amenazada en dos ocasiones con la incursión de milicias urbanas del ELN y disidencias de las FARC, quienes se establecieron en algunas comunas. Actualmente, estas agrupaciones se encuentran haciendo trabajo de reclutamiento, especialmente de jóvenes, y reorganizando sus estructuras para nuevamente disputarse el control de las economías ilegales y el territorio bonaverense (Defensoría del Pueblo , 2019). Cabe recordar los períodos de reorganización de los grupos armados ilegales, previo a una intensificación del conflicto armado en la ciudad. Asimismo, existen conflictos asociados al desarrollo entre la comunidad, el Estado y sector privado. El principal tiene que ver con la expansión portuaria, donde los barrios ubicados en los denominados terrenos ganados al mar de la comuna 5 se encuentran proyectados para la actividad portuaria, lo que significaría la construcción de infraestructura requiriendo el reasentamiento de los habitantes de la zona. En situación similar se encuentran las personas de los terrenos ganados al mar de las comunas 1, 3, 4 y 5 de la Isla Cascajal, amenazados por megaproyectos como el Malecón Bahía de la Cruz consignado en el Master Plan Buenaventura 2050, documento guía para el desarrollo económico de la ciudad, el cual no contempla las cosmovisiones de los habitantes del distrito, como lo expresó uno de los líderes del comité del Paro Cívico: “el malecón construirá más ciudad y menos ciudadanía” (Lider del Comité del Paro Cívico, 2019). Atender la juventud de manera integral, una prioridad Esta es la realidad del Distrito que recibe el alcalde electo, proveniente del movimiento cívico. Vidal, asume la alcaldía en un momento de recrudecimiento del conflicto armado en el país, con las disidencias de las FARC, el ELN y las AGC/Clan del Golfo como principales actores armados ilegales. Todos con presencia armada en Buenaventura, lo que permite intuir posibles nuevos enfrentamientos armados en el casco urbano. Se debe prevenir el reclutamiento de jóvenes por parte de los grupos armados, para ello, es imperioso una atención focalizada sobre esta población. Actualmente existen la Ley 1622 del 2013 Estatuto de Ciudadanía Juvenil y Ley 1885 del 2018 de atención a la juventud. Los líderes juveniles denuncian que esta política no se ha implementado, además, que solo existe una oficina articulada llamada Coordinación de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud, que pertenece a la Secretaría de Convivencia para la Sociedad Civil. Esto impide la realización de una atención focalizada sobre la juventud. En consecuencia, debe ser una prioridad la creación de una secretaría autónoma de juventud, con presupuesto que permita realizar un trabajo de atención y prevención sobre los jóvenes de manera oportuna. No para reformarlos, sino, evitar su ingreso a los grupos organizados ilegales que tiene presencia en la ciudad. De manera análoga, se debería constituir la secretaría del posconflicto, articulada a la Consejería presidencial para la estabilización y consolidación – anteriormente Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto –, la Consejería para los DDHH, el Alto Comisionado para La Paz y la Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional, donde de manera conjunta se construyan las estrategias para la implementación de los Acuerdos de Paz de la Habana e implementación del PDT para Buenaventura. Finalmente, es menester apostar por la participación ciudadana en la toma de decisiones, en cuanto a desarrollo y ordenamiento territorial se refiere. Hay un Plan de Ordenamiento Territorial recientemente construido, en proceso de revisión a espera de ser aprobado, se deben realizar las modificaciones que la ciudadanía crea necesaria, garantizando una participación amplia y objetiva de todos los sectores políticos y grupos sociales. La ciudadanía debe sentirse partícipe en la construcción de una nueva ciudad, promesa de Vidal por la cual fue electo. Los jóvenes deben sentirse parte de la ciudad, principalmente sentir que tiene esperanza en ella para no ser tentados a engrosar las filas de los grupos armados con presencia en el Distrito.

Por: Redacción Pares La Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP ordenó la entrega e identificación de 33 cuerpos, que se encuentran custodiados en el Laboratorio de Osteología Antropológica de la Universidad de Antioquia, en Medellín, a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA), y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). A través del Auto 107 del 20 de diciembre de 2019, dicha Sección también ordenó el mantenimiento de la medida cautelar, que consiste en el sellamiento parcial y temporal del Laboratorio de Osteología Antropológica de la Universidad de Antioquia, con el fin de que los 33 cuerpos que están en custodia sean preservados y conservados hasta que se tomen las medidas pertinentes por parte de la UBPD para proceder a la identificación y entrega a sus familiares, en los casos que esto sea posible. Igualmente, la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad decretó la ampliación por 45 días, contados a partir del 7 de enero de 2020, de la medida cautelar de protección sobre algunos cuerpos custodiados en dicho laboratorio, provenientes de los cementerios de Sabanalarga, Barbacoas y Peque, y del cementerio El Universal, de Medellín. También se resolvió: – Vincular dicho trámite al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. También notificar la ampliación de los términos a su representante legal. – Ordenar a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, a través del Grupo de Apoyo Técnico Forense, seguir con la elaboración técnica del inventario general de los cuerpos hallados y avanzar en las labores para identificar si corresponden o no a víctimas del conflicto armado. – Comunicar la decisión de ampliar los términos de la medida cautelar al Ministerio Público y a la Policía Nacional, para que realice la custodia permanente del laboratorio que es materia de sellamiento. – Comunicar la decisión al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y a EQUITAS para que actúen en calidad de intervinientes especial. Es importante destacar que la JEP instaló el 2 de mayo de 2019 una Mesa Técnica con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para apoyar el proceso de estudio de medidas cautelares para la protección de 16 lugares en los que se presume que habría cuerpos de personas desaparecidas. Dicha Mesa hará un monitoreo permanente al proceso de identificación de los cuerpos que se encuentran en el Laboratorio de Osteología Antropológica de la Universidad de Antioquia Antecedentes de la medida cautelar El 29 de agosto de 2018, nueve peticionarios —dos representantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y siete familiares de desaparecidos— le solicitaron a la JEP tomar medidas cautelares anticipadas sobre 16 lugares del país, en los cuales «se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto armado». Entre estos lugares se encuentra la Comuna 13 de Medellín y la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Hidroituango. Frente a esto, la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP dio conocimiento de esta solicitud y corrió traslado a varias instituciones públicas y privadas de los ámbitos nacional, regional y local. Así mismo, le solicitó al Movice ampliar la información suministrada con el fin de “poder determinar, con la mayor certeza posible, los lugares de efectiva inhumación, los niveles de riesgo naturales o por acción humana, y avanzar hacia la toma de las decisiones más convenientes que tengan en cuenta con leit motiv los derechos de las víctimas». Esta es la primera medida cautelar que se toma en el marco de este trámite. Sobre el tema también se han realizado dos audiencias para ampliar la información. La primera, sobre la Comuna 13 de Medellín, tuvo lugar el pasado 17 y 18 de julio, donde se decretaron varias diligencias judiciales. La última de ellas se realizó el pasado 31 de octubre en los terrenos conocidos como La Escombrera y La Arenera de la Comuna 13, donde se hizo un levantamiento detallado del terreno con el apoyo de la Policía Nacional. La segunda audiencia, sobre la zona de influencia de Hidroituango, fue el 8 y 9 de octubre.

Por: Solange Bonilla Valencia. Investigadora Oficina Pares – Pacífico. El Capítulo Étnico es el resultado del trabajo mancomunado de los pueblos étnicos por el reconocimiento en la mesa de conversaciones de las victimizaciones diferenciadas que padecieron por parte de los grupos armados, tanto legales como ilegales, en el marco del conflicto armado colombiano. Este esfuerzo marca un precedente en los pactos de paz en el país y en el mundo: es el único que ha exigido que la implementación de todo lo pactado cuente con la participación de las poblaciones étnicas y que se garantice el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, teniendo en cuenta sus intereses y cosmovisiones. Desde el 12 de agosto de 2012 fecha en que inició la fase pública de las negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP en la Habana, un conjunto de organizaciones nacionales representativas de pueblos indígenas y negros, afros, raizales y palenqueros – NARP exigieron su participación en la mesa con el fin de salvaguardar sus derechos en el proceso de negociación y en la implementación de lo pactado. Para lograr este objetivo, conformaron la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales; empero, esta Comisión solo tuvo acceso a la mesa hasta febrero de 2016, es decir, cuatro años después de iniciado el proceso. Los días 26 y 27 de junio de 2016, la Comisión Étnica en una audiencia pública que durante meses solicitó a las partes, expuso las múltiples afectaciones que los pueblos étnicos sufrieron en el marco del conflicto armado y la necesidad de que el enfoque étnico estuviera presente en la arquitectura del Acuerdo y en su implementación. Esta jornada brindó insumos importantes para el diseño del Capítulo Étnico que hoy reposa en el numeral 6.2 del Acuerdo de Paz, el cual fue incluido horas antes de su suscripción tras arduas discusiones con los representantes del gobierno. En el Capítulo Étnico, el gobierno y la ex insurgencia reconocen que los pueblos indígenas y NARP han contribuido a la construcción de la paz y al desarrollo económico y social del país; además, que han sufrido condiciones históricas de injusticia a causa del colonialismo, la esclavización, la discriminación, y la desposesión de sus tierras y territorios. Y, en el caso del conflicto armado, reconocen que fueron las principales víctimas, por tanto, es imperativo que sean reparadas y protegidas para que no sufran nuevamente el flagelo de la guerra. Sin embargo, hoy después de tres años de la firma del Acuerdo de Paz y pasado un año de la llegada de Iván Duque a la presidencia, los avances en los compromisos pactados, tanto a nivel general del acuerdo como en el tema del enfoque étnico, van a paso lento. Hacia el nuevo campo colombiano El eje que más ha avanzado del Punto 1 es la construcción de los PATR, es decir, la fase de planeación de los PDET, una serie de planes y programas a desarrollarse en un periodo de 10 años en los 170 municipios que constituyen las 16 subregiones priorizadas en el Acuerdo. En el diseño de los PATR los pueblos étnicos tuvieron una fuerte incidencia, debido a que quince de los dieciséis PDET se encuentran en territorios predominantemente indígenas y afros, como es el caso de: Pacífico Medio; Alto Patía y Norte del Cauca; Pacífico y Frontera Nariñense; y Chocó. Los PATR crearon múltiples expectativas en las comunidades étnicas y rurales del país, debido al anhelo de por fin contar con los bienes y servicios básicos que por décadas el Estado les adeuda. Sin embargo, hoy a dos años de la construcción de los primeros PATR la ejecución se encuentra estancada. Manuel Bernardo Pinilla, funcionario de la Defensoría Delegada para Grupos Étnicos, señala que: La Defensoría destaca el esfuerzo que hizo el gobierno para hacer un proceso participativo con las organizaciones en la fase de formulación, que es la fase más fácil en donde la gente tira corriente y plantea necesidades; pero nos preocupa qué va a pasar a partir de ahora, porque ya pasaron dos años de la terminación de los primeros PDET y no hay mucha información en los territorios; además, preocupa la poca asignación de dineros para tierras de pueblos y comunidades étnicas, y la participación de estás en la implementación (Entrevista a Manuel Bernardo Pinilla, Defensoría Delegada para Grupos Étnicos, octubre de 2019). A las dificultades presupuestarias, se suma la falta de coordinación entre diferentes entidades públicas en materia de rutas de acción y de priorización de los presupuestos para la ejecución de los PATR. Por ejemplo, entre el Ministerio de Educación y la ART, ya que la mayoría de las propuestas de los PATR son de carácter educativo. La participación política El Instituto Kroc en la última versión del tercer informe sobre implementación del Acuerdo, señala que el Punto 2 “ha avanzado en algunos elementos como el Estatuto de Oposición, la participación directa de las FARC en el Congreso y algunos mecanismos de participación ciudadana como los Consejos Nacionales y Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia” (2019, p. 4). Sin embargo, preocupan los tropiezos que ha tenido la mayoría de las medidas que buscan garantizar la movilización y la protesta social –especialmente en la coyuntura actual de Paro Nacional-. El tema de la protesta social es de especial importancia para los pueblos étnicos ya que sus movilizaciones suelen ser estigmatizadas y acusadas de estar infiltradas por grupos armados ilegales. De igual manera, inquieta la no aprobación de las 16 Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz –tema que revivió en la última semana con la polémica propuesta de Duque de realizar una reforma constitucional, en la que los partidos cedan algunos escaños a las víctimas en la Cámara de Representantes- y de la reforma política electoral en el Congreso cuyo objetivo era la apertura democrática, garantizar la financiación en igualdad de condiciones, promover la participación de las mujeres, entre otras propuestas. El tema de las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz despertó grandes expectativas en los pueblos étnicos y su rechazo en el Congreso se ha interpretado como un claro ejemplo de la histórica discriminación y segregación que viven las comunidades campesinas y étnicas apartadas de los centros de poder del país (Entrevista a Javier Betancourt, Secretaría Técnica de la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, octubre de 2019). La implementación del Punto 2 no demanda tanta asignación presupuestal como sí sucede con otros puntos del Acuerdo de Paz; en otras palabras, su cumplimiento radica más en la voluntad política del gobierno nacional para construir consensos con diversas fuerzas políticas del país y de comprometerse realmente con la implementación. Sin embargo, como bien sabemos el Partido Centro Democrático al cual pertenece y rinde cuentas el presidente Iván Duque, fue un fehaciente opositor al proceso de paz y ahora representa uno de los principales obstáculos en la aprobación de la normatividad para la implementación. Reincorporación y garantías de seguridad El Punto 3 es el que más ha avanzado en la etapa de implementación del Acuerdo de Paz, el Instituto Kroc (2019) señala que 45% de los temas pactados se encuentra en etapa completa, estos refieren especialmente a la etapa de cese al fuego, acantonamiento de tropas, dejación de armas y constitución de las ZVNT. En etapa intermedia se encuentra el 17% de lo pactado, lo que atañe a reincorporación socioeconómica y política, y de menores de edad. Mientras que el 18%, no presenta avances significativos o no ha arrancado, aquí se encuentran todos los temas de garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales. Este último tema, es uno de los retos más grandes que tiene el gobierno de Duque, debido a que en los últimos dos años han aumentado exponencialmente los asesinatos selectivos y las amenazas a líderes, lideresas, defensores y defensoras de DD.HH. que trabajan en temas como la implementación del Acuerdo de Paz, la restitución de tierras, la sustitución de cultivos de uso ilícito y los sistemas de protección colectiva y de justicia propia, la guardia indígena y la guardia cimarrona. Lo alarmante de estos asesinatos es que generan fuertes impactos a nivel comunitario que socavan el tejido social y construyen un ambiente generalizado de zozobra el cual limita el ejercicio político y de defensa de DDHH. Según cifras del SIPARES desde la firma del Acuerdo de Paz hasta el 23 de septiembre de 2019, 299 líderes y lideresas sociales han sido asesinados en el territorio nacional. Las regiones más afectadas son: Tumaco, centro y norte del Cauca, sur del Valle, Antioquia, sur de Córdoba, Catatumbo y la frontera con Venezuela. El departamento del Cauca registra 51 homicidios y Antioquia, 46. Ante este panorama, es necesario que el gobierno nacional implemente una estrategia integral que ataque los principales factores de victimización en las subregiones tales como: los GAO y GAOR; las economías ilegales, en particular el narcotráfico y la minería ilegal; la inequidad y la pobreza extrema; y la corrupción. En el caso específico de los territorios étnicos, es indispensable aplicar los enfoques de género y étnico dentro de las medidas de seguridad, así como construir con las comunidades estrategias para el fortalecimiento de los sistemas de seguridad propios (Misión de Verificación de la ONU, 2019). Justicia Especial para la Paz La Justicia Especial para la Paz – JEP, ha hecho una gran apuesta por la inclusión del enfoque étnico en la institución y en las medidas que adopta en aras de garantizar la participación y respetar la autonomía de los pueblos étnicos. Lo anterior se refleja en la creación de la Comisión Étnica y Racial que busca generar diálogos permanentes con las justicias propias de los pueblos indígenas, garantizar una correcta puesta en funcionamiento del enfoque étnico y evidenciar las afectaciones diferenciadas sufridas durante el conflicto. Igualmente, se reconoce la labor que ha adelantado la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas en la definición de los sietes casos priorizados sobre violaciones a los derechos humanos y el DIH en el marco del conflicto. Entre estos, se destacan por su incidencia en territorios étnicos: el Caso 002, en relación a la situación humanitaria de los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en el departamento de Nariño; el Caso 004, sobre la situación humanitaria en Urabá; y el Caso 005, que analiza las victimizaciones a las comunidades en el Norte del Cauca. No obstante, preocupa el recorte presupuestal que el gobierno de Duque está haciendo a todo el SIVJRNR, ya que afecta las investigación de los casos priorizados y el funcionamiento de todo el sistema. Estos casos han despertado muchas expectativas en los territorios y su efectivo desarrollo es un deber con las víctimas.

Por: Pares Pacífico. La Fundación Paz & Reconciliación y su oficina regional Pares-Pacífico, ubicada en el Distrito de Buenaventura, realizó con éxito el evento «Desafíos Territoriales para la Construcción de Paz» con apoyo de la FORD FUNDATION, el pasado lunes 02 de diciembre en las instalaciones del Hotel Cosmos Pacífico de la ciudad-puerto de Buenaventura (Valle del Cauca). Además de un público diverso y cualificado, se contó con la presencia de invitados e invitadas nacionales que vienen trabajando desde los territorios por la construcción de paz, con el objetivo de realizar un intercambio de experiencias, especialmente entre los líderes de procesos juveniles afrodescendientes en Buenaventura, mujeres lideresas indígenas Nasa del municipio de Toribío-Cauca y delegaciones de defensores y defensoras de DD.HH de Cali y Jamundí. El objetivo del encuentro fue realizar un intercambio de experiencias, especialmente entre los líderes de procesos juveniles afrodescendientes en Buenaventura, mujeres lideresas indígenas Nasa del municipio de Toribío-Cauca y delegaciones de defensores y defensoras de DD.HH de Cali y Jamundí. Coyunturas y perspectivas Como apertura del espacio hubo un intercambio interactivo con el subdirector académico de Pares y reconocido analista Ariel Ávila, quien comenzó su intervención con un análisis sobre el Paro Nacional que inició el 21 de noviembre. Recalcó que ha sido un ejercicio relevante en términos de la diversidad en las manifestaciones y los distintos reclamos que se le hacen al Presidente de la Republica Iván Duque, sin embargo, opinó que las actividades serían menos intensas en diciembre y retomarían en enero con mayor fuerza, por lo que si el Gobierno no está dispuesto a negociar su agenda, el 2020 será un año de constantes movilizaciones en un país que ha cambiado. Ante las preguntas del público asistente, consideró que hay posibilidades interesantes para candidaturas alternativas y de líderes regionales en las presidenciales de 2022 y que mucho de ello dependerá de cómo asuman los desafíos gobiernos como el de Claudia López en Bogotá, Daniel Quintero en Medellín y Jorge Iván Ospina en Cali. Foto:Pares. Por otro lado, sobre las pasadas elecciones de autoridades locales, manifestó la importancia de que ciudades como Palmira, Buenaventura y Jamundí cuenten con alcaldes que derrotaron a las maquinarias tradicionales, pero que en definitiva fueron los clanes regionales unos de los grandes ganadores de la jornada. La “Uramba” por la juventud de Buenaventura continúa Pares-Pacífico viene haciendo acompañamiento a varias iniciativas juveniles con apoyo en formación y capital semilla, además, ha sido aliado de procesos juveniles como la Uramba por la Juventud organizada en el mes de octubre y que contó con la presencia de varios de los candidatos a la Alcaldía Distrital de Buenaventura. Dentro del panel, se concluyó que la juventud en Buenaventura está atravesada por una dualidad territorial con realidades propias. Por un lado, se encuentran las realidades de los jóvenes de la zona rural se ve atravesada la permutación de sus prácticas ancestrales y costumbres propias de sus territorios rurales por las prácticas de la ciudad. En medio de eso, los jóvenes de la zona rural carecen de condiciones para afrontar el futuro de su comunidad, muchos de ellos, desde los 18 años se ven en la obligación de encontrar mecanismos para el sostenimiento propio y des sus familias. Por otro lado, la juventud de la zona urbana se encuentra atravesada por la violencia. Es así que en medio de los conflictos sociales y armados que viven en el distrito, los jóvenes se han convertido en las principales víctimas y victimarios al hacer parte de estas estructuras. En términos de oportunidades, por ejemplo, cuentan con enormes dificultades para el acceso a la educación superior y empleos lícitos. Estas son consecuencia de la ausencia de implementación de política pública de juventud, que se firmó en noviembre de 2015 mediante Acuerdo 012, después de un ejercicio de actualización por parte de las organizaciones juveniles y la alcaldía distrital de Bartolo Valencia. La primera dificultad se encontró cuando en el debate del concejo fue modificado el documento presentado por las organizaciones y al final fue firmado pero sin designación presupuestal. En estos momentos, los jóvenes esperan que se realice una nueva actualización de la política pública de juventudes y el plan decenal de juventud, también solicitan mayor visibilización de la juventud de la zona rural y que se realice a través de mesas territoriales como canal comunicación entre lo rural y lo urbano. Finalmente, se requiere de la veeduría ciudadana, principalmente de los jóvenes del distrito de Buenaventura para la implementación efectiva de la política pública de juventud. Se tiene la expectativa que la nueva administración distrital cuente con la participación de otras políticas orientadas hacia los jóvenes, como las de reconciliación y educativas, para contar con una educación pertinente al contexto que viven los jóvenes de Buenaventura. Hilando pensamientos: un homenaje a Cristina Bautista Desde Pares se hizo seguimiento cercano al caso de Cristina Bautista, la autoridad asesinada en la masacre en Tacueyó a finales del mes de octubre. Gracias a ello y al trabajo de investigación que se viene adelantando en el Norte del Cauca, conocimos el trabajo del “Movimiento de Mujeres Nasa Hilando Pensamiento del Plan de Vida”, por lo que nos dimos a la tarea de invitarlas a un panel del evento. En el panel participaron Flor Vitonás, Caribel Musicue, Yoli Astrid Chantré, Amalfi Bautista, Jennifer Luna y Solange Bonilla. Flor Vitonás es una indígena Nasa de Toribio y trabajadora de la Universidad del Valle como lo era Cristina, habló sobre los resultados de Encuesta sobre violencias contra la mujer desarrollada en Toribio en 2015. Contó que los datos revelaron altos índices de violencia emocional, física y sexual hacia mujeres en el municipio, siendo las mujeres entre 20 y 45 años las más afectadas. Estos datos impulsaron a un grupo de lideresas a conformar el Movimiento de Mujer Nasa, en el cual participa Caribel Musicue actual coordinadora del movimiento, Yoli Astrid Chantré y otras quince mujeres. Por su parte, Yoli Chantré manifestó que el movimiento de mujeres no ha tenido buena acogida por parte del cabildo, el cual les ha negado apoyo económico y visibilidad política, ya que consideran que la mujer no debe tener un grupo aparte del de la Familia, al cual sí le transfieren recursos. Para Yoli es indispensable que la comunidad Nasa reflexione sobre las problemáticas de violencia hacia las mujeres que se están presentando en los hogares y que no consideren que hablar del tema es dividir la lucha. Igualmente, expuso que al territorio han llegado nuevos grupos armados después de la retirada de las FARC-EP, como la columna Dagoberto Ramos y el Cartel de Sinaloa están cooptando el negocio del narcotráfico que dejó la insurgencia. Estos grupos y otros están amenazando a través de panfletos y asesinando a líderes y lideresas indígenas y campesinos de la zona, tal es el caso de la autoridad Ne’h Wesx Cristina Bautista Taquinás y cinco integrantes de la guardia indígena, masacrados el 29 de octubre en la vereda la luz por hombres de la columna Dagoberto Ramos. En uno de los momentos más conmovedores del espacio, Amalfi Bautista, hermana de Cristina Bautista, expresó el dolor que ha generado en su familia y en la comunidad nasa la pérdida de Cristina. Comentó que su hermana fue una de las promotoras del Movimiento de Mujeres, que hasta destinó recursos propios de sus ahorros para su sostenimiento y la visibilización de las violencias hacia la mujer en el territorio. Otra de las participantes fue Claribel Musicue, quien habló sobre la situación de miedo y zozobra que hoy se vive en Toribio: “los grupos armados están fracturando el tejido social, ha crecido la desconfianza, los jóvenes están ingresando a los grupos incentivados por el dinero y el poder; a la par, se está perdiendo la seguridad alimentaria, ahora solo pululan los cultivos de marihuana”. Foto: Pares. Finalmente, Yoli agregó que todo esto está sucediendo con la complicidad del Estado al cual le interesa militarizar más la zona, debilitar al movimiento indígena y tener acceso a los recursos naturales como el agua y los bosques, para darlos a las multinacionales. Los desafíos para las nuevas autoridades locales Como cierre se llevó a cabo un conversatorio entre Juan Manuel Torres, coordinador de la oficina Pares-Pacífico y la defensora de DD.HH de Jamundí y excandidata al concejo municipal Lina Tabares, sobre los desafíos que van a enfrentar las nuevas autoridades electas en municipios como Palmira, Jamundí y Buenaventura que lograron derrotar a las candidaturas tradicionales y que formaban parte del Clan de la Gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro. Como conclusión se dijo que la oportunidad que se abre para estos importantes municipios del departamento del Valle, afectados por fenómenos de violencia urbana, el conflicto armado y por el narcotráfico, al tener como mandatarios personas de los movimientos sociales, requiere del acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil y de un ejercicio de veeduría ciudadana, para lograr recuperar la confianza de los habitantes y así adelantar la agenda de políticas sociales que construyan paz

Por: Redacción Pares El Comité de Paro, mediante pronunciamiento realizado este martes, expresa la necesidad de establecer una mesa de negociación que ha sido rechazada nuevamente por le gobierno nacional. Hay dos peticiones principales por parte del Comité: la primera es que no se presenten más agresiones por parte de la fuerza pública contra los manifestantes a lo largo de las jornadas del Paro Nacional y que sobre estas el gobierno se pronuncie rechazándolas. También se presentó un pliego de peticiones para discutir en una mesa de negociación y no de conversaciones. Sin embargo, el Comité manifiesta que el gobierno no muestra una voluntad política para comenzar la negociación. Anuncian novenas navideñas con cacerolazos. El pliego de peticiones La nueva agenda que el Comité pretende discutir con el Gobierno es tan amplia que contempla profundas transformaciones que van más allá de la protesta original, como la reforma a la política de seguridad nacional, la revisión de los TLC, derogar la Ley Naranja y retomar la agenda con el ELN, entre otros. Algunas de las peticiones son: Abstenerse de promover cualquier acción que tenga como fin regular la protesta social, y disponer la libertad inmediata de los presos políticos. Desmontar el Esmad y prohibir el uso de armas de letalidad reducida e inaplicación inmediata de los traslados de personas por protección. Trasladar todas las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales que son conocidas por la Justicia Penal Militar, a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía. Eliminar la tercerización laboral y la intermediación de entidades privadas en la red pública de salud, en donde todos los recursos deben manejarse a través de instituciones públicas. Dignidad laboral y pensional para los artistas y trabajadores de la cultura, y garantizar su contratación para eventos y producciones financiados con recursos públicos. No tramitar las leyes de pensiones, ni laboral. Derogar el impuesto o tarifazo para salvar a Electricaribe, desmontar el Holding Financiero y derogar las leyes Naranja, TIC y Zidres. Implementar y asignar presupuestos para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Realizar investigaciones eficaces que revelen los vínculos entre diversos sectores económicos, políticos y militares con los paramilitares; reconocimiento integral por parte del Estado de la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, la eliminación de las batidas militares con fines de reclutamiento. Prohibir el fracking y cancelar los proyectos piloto, así como el uso del glifosato para la fumigación de cultivos ilícitos. Reconocer el agua como derecho humano fundamental, bien público y común, garantizando su flujo natural, al igual que declarar la emergencia climática y ecológica.

Por: María Alejandra Ramírez Galvis. Investigadora ParesPacífco La consolidación de una paz estable y duradera en el Pacífico colombiano se ha venido construyendo a partir alternativas al modelo agroalimentario industrial como la agroecología, un ejercicio integral que busca que las personas vivan en consonancia con la naturaleza. Hay que resaltar que las comunidades rurales del pacífico se han caracterizado por desarrollar prácticas sociales agroecológicas, haciendo una apuesta de vida por la sustentabilidad, lo que aporta profundamente a la construcción de paz. Esta es una opción política que rescata los procesos tradicionales de agricultura. Una práctica perseguida La Agroecología es una práctica que implica para las comunidades el ejercicio de autonomía en el territorio y otras formas de habitar el mundo integrando distintos elementos y actores que conviven en armonía y tejen redes de solidaridad. El ingeniero agrónomo, líder social y escritor del libro “Relatos Cimarrones”, Wilson Sánchez, sostiene que: “la agroecología en sí misma es una práctica generadora de paz dentro del espacio comunitario para reconstruir el tejido social; tejer la vida; y defender el territorio, los elementos étnicos y las expresiones comunitarias: la agroecología permite que las comunidades en sus escenarios territoriales puedan tener un ejercicio práctico, político y técnico que responda a los principios fundamentales de sus aspiraciones en el orden social y comunitario”. Por esta razón algunos actores armados en la búsqueda del control territorial persiguen a quienes se dedican a estas prácticas. Asimismo, el Gobierno ha construido un marco jurídico que ha permitido la apropiación de recursos naturales por parte de multinacionales, imponiendo su visión de habitar el mundo, que en ocasiones es disímil a la de las comunidades, por lo que se generan tensiones en el territorio. Sin embargo, los proyectos agroecológicos han buscado mantener y recuperar practicas ancestrales de agricultura, que se han sostenido a pesar del modelo económico que persigue estos ejercicios, ya que guardan toda una historia ancestral de tradiciones y pobrezas, por lo que han sido marginadas e invisibilizadas. Paz para comunidades étnicas, rurales y excombatientes La agroecología para las comunidades rurales del Pacífico representa una posibilidad de sanar las heridas de la guerra, “hay unos ejercicios que las comunidades han adelantado pese al conflicto armado, al narcotráfico y a la minería legal e ilegal, con los que han logrado resistir, persistir y mantenerse, gracias a que han desarrollado un conjunto de prácticas vitales que podríamos denominar prácticas agroecológicas” afirma Sánchez. Algunos ejemplos de agroecología para en el Pacífico son las asociaciones de Piangüeras que responden a los principios generales de la agroecología, según Sánchez “producto de la herencia ancestral de los modos de vida y de cómo las comunidades negras comprenden el territorio, su propia cosmogonía y como eso se expresa en unas prácticas que tienen como propósito la defensa del territorio, de la vida y de la comunidad y la cultura”. Los pueblos indígenas también han venido fomentando la agroecología, e incluso, la han incluido dentro de sus planes de vida, como en el caso del pueblo Nasa que ha estimulado el desarrollo de modelos de producción propios basados en principios agroecológicos a fin de mitigar los impactos de la agricultura en la naturaleza y tener soberanía alimentaria. Dichas iniciativas responden a una serie de acciones por parte de las comunidades que se han constituido en un elemento cohesionador para mitigar el abandono del Estado hacia los pueblos étnicos y el campesinado. En Buenos Aires (Cauca) hay otro caso de agroecología donde los excombatientes del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación -ETCR- de la Elvira, han iniciado los proyectos productivos que se consagraron en el Acuerdo de Paz en clave de soberanía alimentaria y agroecología donde se llevan a cabo procesos para el autoabastecimiento del ETCR y la siembra del café “de la Esperanza” con el objetivo de comercializarlo y tejer relaciones con las comunidades aledañas. Mantener las prácticas agrícolas ancestrales en el Pacífico colombiano ha implicado la posibilidad de resistir en medio de la exclusión y el abandono, donde la comida ha jugado un papel de vital importancia en la permanencia en el territorio, incluso en medio del conflicto armado, donde el hambre, por parte de algunos grupos armados ilegales, ha sido un mecanismo de control de la población y una estrategia de guerra. Discusiones y obstáculos Los debates en torno al modelo agrario en Colombia han sido discusiones de vieja data, que fueron llevadas a los diálogos de paz en la Habana y que concluyeron en el acuerdo de Reforma Rural Integral, ofreciendo unos componentes que permitieran a las comunidades la posibilidad de avanzar “hacia un nuevo campo” que les ofrezca más garantías para el ejercicio de las labores rurales desde la producción hasta la distribución y comercialización de los productos de la tierra. Sobre las expectativas de las comunidades que desarrollan la agroecología en los territorios en lo que tiene que ver con la implementación del Acuerdo de paz, Sánchez expresa: “Que no se quede en la retórica del escrito, sino que por supuesto se convierta en una concreción en la vida de las comunidades. En estos momentos no podemos decir que se ha logrado implementar el acuerdo de paz, pero hay una luz, una esperanza, un documento formal y hay todo un entusiasmo por parte de las comunidades”. Sin embargo, encuentra algunas dificultades para la implementación del Acuerdo. Las principales dificultades en la implementación, observa Sánchez, están en un problema estructural que responde a dos variables: “1. El basto recorrido de una cultura de la corrupción política por parte de las administraciones departamentales y locales que se convirtieron en bastiones del saqueo del erario y la imposibilidad de la participación ciudadana. 2. El narcotráfico por ser una zona geopolíticamente estratégica para las economías ilegales, ha sido un escenario propicio su desarrollo porque conecta el mercado internacional con el mercado interno productor”. Entretanto, Sánchez muestra preocupación sobre las dinámicas en materia de seguridad que se desarrollan en el territorio “podemos señalar la configuración de una nueva manera de expresión de un conflicto armado, debido a que allí se expresan disidencias, el ELN, paramilitarismo y el terrorismo de estado, desarrollando una nueva guerra y eso genera dificultades para llevar a cabo la implementación de los acuerdos”, Al parecer, no hay un compromiso irrestricto de los tomadores de decisión con la implementación del Acuerdo de paz. A propósito, el plan Marco de Implementación del Acuerdo de paz ha señalado unas metas que involucran a distintas entidades en su realización, sin embargo, se avanza lentamente en la implementación. La consolidación de un ejercicio emancipatorio La reconfiguración del conflicto armado en los territorios requiere de mayores esfuerzos por parte del Estado para proteger a las comunidades que históricamente han sido abandonadas, proporcionando garantías para el ejercicio de la agricultura en condiciones dignas y respetando la autonomía de las comunidades campesinas y étnicas en la definición de sus políticas agroalimentarias. Las comunidades en sus territorios, desde sus distintas resistencias, saberes y modos de habitar la tierra, han tenido procesos de articulación con los distintos sectores políticos, sociales y comunitarios, a fin de coordinar y consolidar una lucha política que les permita resistir en medio de la guerra. En este panorama, la agroecología se ha consolidado como un ejercicio emancipatorio que propone elementos en la agenda pública ambiental y agraria para la terminación del conflicto. Por lo tanto, la consolidación de la paz pasa por rescatar y conservar las prácticas de agricultura ancestral que conflicto armado ha ocultado, y fortalecerlas como una forma de reparación histórica de las comunidades campesinas y étnicas. Asimismo, se debe procurar por ponerle un “acelerador” al cumplimiento de los compromisos contenidos en el Acuerdo de Paz, específicamente en lo que compete al tema de ruralidad en aras de asegurar que se obedezca a los objetivos por los cuales fue concebido y priorizado este tema dentro de los diálogos. Finalmente, cabe resaltar y exaltar el papel que han tenido los hombres y mujeres que le han apostado a la agroecología para sanar las heridas de la guerra en un territorio como el Pacífico colombiano.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) solicitó desde el año pasado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal de justicia transicional creado en el marco del Acuerdo de Paz, decretar medidas cautelares sobre 17 lugares en los que se presume habría fosas con personas desaparecidas como resultado de las ejecuciones extrajudiciales, más conocidas como “falsos positivos”. Es por eso, que la reciente apertura de la JEP en el caso de “los falsos positivos” puso en el foco de la opinión pública los llamados previos que durante varios años las organizaciones sociales y de víctimas habían hecho con respecto a la responsabilidad del Estado en la desaparición y posterior asesinato de personas presentadas como guerrilleros. El 9 de diciembre de este año la JEP inició la diligencia de exhumación de cuerpos, ante la serie de información brindada por las organizaciones de víctimas y versiones voluntarias de exintegrantes de las fuerzas militares sobre las “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por parte de agentes del Estado” en un cementerio ubicado en el municipio de Dabeiba, Antioquia. “Se presume que en el cementerio de Dabeiba se encontrarían los restos de más de 50 personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate (“falsos positivos”)”, indicó el tribunal de justicia transicional en su cuenta de Twitter; y en cuanto a su identidad, también ha dicho que serían en su mayoría personas en condición de discapacidad. Dicha investigación se realiza en el marco del caso 03 denominado Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, en el cual se suman otras 16 zonas en cuatro departamentos del territorio nacional en las cuales habría más fosas con personas inhumadas y dadas por desaparecidas. Ahora bien, las medidas cautelares solicitadas por el MOVICE son urgentes debido al grado de descomposición en el cual se encuentran los restos, y el posible riesgo de exhumaciones clandestinas para torpedear el proceso de justicia. Antioquia, Caldas, Sucre y Santander son los departamentos en los cuales la JEP, junto con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desparecidas a razón del conflicto armado, han logrado obtener información sobre fosas y bóvedas en las que se encontrarían más víctimas. Avance en la reparación, y el llamado a la no repetición La Fundación Paz & Reconciliación-PARES conversó con el senador, Iván Cepeda, del Polo Democrático, vocero oficial del MOVICE, que reúne a familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad, y activista por los Derechos Humanos. “Lo primero es señalar que queda desvirtuada cualquier afirmación de que el proceso de justicia transicional es un proceso de impunidad y meramente decorativo. La actuación de la JEP, de la Unidad de Investigación de la JEP muestra que hay una decisión clarísima de avanzar hacia la reparación, la verdad y la justicia”, resaltó. En ese sentido, la denuncia realizada por el MOVICE y ahora las medidas tomadas por el tribunal de la JEP muestran que hubo una reacción eficaz del Sistema de Justicia Transicional que fue creado con el propósito de que las víctimas accedan a la verdad, la justicia, la reparación y no repetición. “Así es que la Justicia Especial para la Paz muestra que comienza a dar resultados, y eso, creo que es fundamental para el Proceso de Paz y las víctimas”, apuntó el senador. En Colombia aún no se tiene certeza de cuántas víctimas cayeron a manos del Estado en esta modalidad, sin embargo, las cifras oficiales estiman que fueron un poco más de 2.000 personas, mientras que organizaciones de derechos humanos han expresado que los colombianos y colombianas presentadas como subversivas asciende a los 8.000. En esa medida, Cepeda agregó que “a estas alturas no se puede poner en duda o en cuestión que los ‘falsos positivos’ era una política de Estado, a diferencia de lo que señala el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo”, quien en su corto mandato ha utilizado un discurso negacionista sobre el conflicto armado colombiano. “Existía evidentemente una concertación que permitía que hechos como los que estamos comentando se presentaran y esa circunstancia se ve agravada con el perfil que tiene en particular, (…) personas que no tienen ningún tipo de posibilidad de protegerse, ni de proteger sus derechos, ni sus familias de protegerlos y que son utilizados como blancos de una acción que persigue lo que se llama el resultado operacional”, añadió. Por otro lado, y en cuanto a los beneficios que trae la apertura de estos casos, es que la sociedad acceda a la verdad, además de la reparación y de la justicia, pues esto tiene que servir para la no repetición. “Esto es importante porque estamos en medio de una discusión en Colombia sobre todas estas prácticas que continúan a pesar de que ya no se presentan en la dimensión que se presentaron por ejemplo bajo los dos gobierno de Álvaro Uribe”, expresó Cepeda. Y es que hizo un llamado a la manera como se utiliza la inteligencia del Estado, el asesinato de líderes y lideresas sociales, la utilización de armas de guerra y de métodos de guerra contra menores, la utilización de cuerpos de policía para reprimir la protesta social. “Al final son temas que actualmente están en el centro de la discusión de la sociedad y este hallazgo en particular pone en evidencia a dónde pueden llegar esta clase de prácticas. Así que, este caso juega un papel preventivo, por supuesto de advertencia crítica para la sociedad”, concluyó. Por lo pronto, la JEP anunció que ya se han adelantado alrededor de 160 versiones por parte de uniformados de la fuerza pública y se han acreditado alrededor de 400 víctimas, mientras también se investigan otras zonas como la Comuna 13 de Medellín, y los restos de los desaparecidos de San Onofre, Sucre.

Por: Francisco Daza Vargas. Investigador Pares. Fotos: Manuela Botero. Pares Pacífico. Es medio día en Mondomo, corregimiento de Santander de Quilichao. A esta altura de la Ruta Panamericana se encuentran descansando varios grupos de venezolanos y venezolanas con niños y niñas que esperan, en lo que queda del día, poder llegar a Popayán. Algunos entraron al país por Cúcuta otros por Arauca, entre los municipios recorridos en sus rutas migratoria se encuentran Pamplona, Bucaramanga, Medellín, Calarcá, Cali, Tame, Yopal, Sogamoso, Tunja y Bogotá. “Caminamos desde las 6 de la mañana hasta las 7 u 8 de la noche, siempre llegamos a un pueblo, así nos de las 11 de la noche” nos cuenta uno de estos migrantes. Los destinos son Perú y Ecuador porque “todo el mundo coge pa´alla”. Sin embargo, otros mencionan: “Así como nosotros estamos bajando hay otros que están subiendo de Perú, dicen que la cosa allá está fuerte, pero la cosa está fuerte en todo lado”. Cubrir las necesidades básicas depende de la suerte que puedan tener en la carretera ya que es poca la atención en salud y alimentación que reciben en los tramos del recorrido, por lo tanto, siempre tratan de llegar a algún centro urbano al finalizar el día. Contar con la suerte de subirse a algún medio de transporte facilita cubrir las grandes distancias que deben recorrer a diario. Foto: Manuela Botero. El recorrido lo han realizado a pie y en tractomulas; el aventón en este último medio no es fácil de conseguir, en muchas ocasiones se trepan a estas cuando se detienen en los peajes. Es visible el agotamiento y el desgaste de su ropa, el sol ha quemado varias zonas de su cuerpo como resultado de las largas jornadas de caminata y sus pies están maltrechos de acumular kilómetros de asfalto. Muchos migran solos, no quieren exponer a sus familias a las incomodidades que puede traer la salida forzosa de su país, además, es una ruta que no siempre tiene tiempos ni destinos definidos. Además, nos encontramos con que, para algunas de estas personas, esta es su segunda salida de Venezuela desde que inició la crisis en aquel país. A esta altura del recorrido por Colombia el desgaste material es visible. Las maletas y morrales van cediendo poco a poco a las condiciones de la carretera. Foto: Manuela Botero. Yo salí la primera vez el año pasado en octubre. Estuve dos meses en Cúcuta y de ahí me fui para Perú, allí duré un mes y medio, pero como no conseguí estabilidad baje hasta Ecuador y allá si me quede 6 meses. Regresé a Venezuela porque en ese momento mi esposa estaba dando a luz. Es cuestión de suerte y tener contactos, porque de aventurero uno pasa bastante trabajo. Humanidad y comunidad Si bien los y las migrantes de Venezuela que realizan estos recorridos lo hacen en el marco de la mencionada crisis humanitaria de aquel país, en las caminatas por las carreteras colombianas tienen la disposición para llevar a sus mascotas a pesar de los pocos insumos para sobrellevar el día a día. El acceso a comida o refugio no está garantizado durante las jornadas, sin embargo, tratan de que los animales que los acompañan cuenten con agua y alimento mientras están a su lado. De igual manera, quienes salen solos encuentran en los grupos de caminantes un espacio para hacer el recorrido más llevadero. Improvisadamente, se constituyen “familias de carretera” en las que se cuidan unos a otros buscando el bienestar colectivo; mientras que conversábamos con un grupo migrante se detuvo un bus que accedió a llevar a unos cuantos. La decisión se toma de manera conjunta, subir a niños, niñas y algunos adultos mientras los demás terminan de llegar a la capital del Cauca, nunca definieron como se reencontrarían. Migrantes venezolanos descansando a la orilla de la Ruta Panamericana. (Mondomo-Santander de Quilichao. Departamento del Cauca). El ánimo se vuelve fundamental para persistir en la carretera. Fotos: Manuela Botero. Para adquirir ingresos económicos, tratan de buscar algún trabajo en los municipios o ciudades donde se detienen. El que puedan acceder a algún trabajo temporal en estas paradas alarga aún más los tiempos dispuesto para el recorrido que tienen planeado y les permite enviar remesas a sus familiares en Venezuela. Riesgos y desgastes en la carretera En los relatos fue común la mención a los peligros de movilizarse a pie. A las lesiones producto de las caminatas se suma el riesgo de desplazarse en horas de la noche, el que puedan ser atropellados por algún vehículo o que sean increpados por personas que puedan hacerles daño o robarles sus pertenencias. Asimismo, para los niños y niñas el desplazamiento diario los y las mantiene lejos de dinámicas propias de la infancia, así como del acceso a algún servicio educativo. De igual manera, están expuestos a riesgos de desnutrición debido a la poca y regular alimentación que reciben. La vida se lleva a cada paso en los morrales y maletas. El desgaste del calzado es una muestra de la intensidad de las caminatas por las carreteras colombianas. Fotos: Manuela Botero. Salida y retorno La salida obligada del territorio venezolano no anula el propósito que tienen de retornar eventualmente a su país. Desde esta proyección conciben las jornadas de caminata como uno de los tantos pasos que les permitirá, en un futuro no tan distante, poder retomar la vida que dejaron atrás. Se percibe que, otra de las consecuencias de la migración es la ruptura del tejido social y familiar de los venezolanos y venezolanas. La carretera reconfigura las relaciones sociales, pero a su vez los aleja kilómetro a kilómetro de los familiares que se quedaron en Venezuela; comunicarse con ellos se vuelve más esporádico y el envío de remesas queda condicionado a las ganancias que puedan tener cada vez que se detiene en algún municipio. Queda claro que, en este punto del recorrido por el territorio colombiano, el agotamiento físico y mental condiciona los pasos que dan a diario. Sin embargo, asumen el recorrido por las carreteras de Colombia como una de las tantas acciones necesarias para cerrar el círculo de su migración y regresar con el tiempo a Venezuela.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016 entre el gobierno y las otroras FARC contempló 16 curules adicionales en el Congreso de la República para las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, el acto legislativo que avalaba esta iniciativa quedó en un limbo jurídico en 2017 y ahora el presidente Duque intenta reformarlo sin la esencia que estipuló el pacto de La Habana. En 2017 cuando el proyecto empezó a ser discutido en el Congreso no tenía amplia mayoría y al final en noviembre se dio una polémica votación. El resultado fue de cincuenta (50) votos a favor y siete (7) en contra, con el cual se había cantado la victoria para las víctimas. Sin embargo, algunos empezaron a discutir que el número de congresistas en el recinto no había sido suficiente para avalar la iniciativa. A partir de esa fecha la norma quedó archivada y la posibilidad de que las comunidades más azotadas por el conflicto armado tuvieran una representación directa en la Cámara baja. Por eso, el senador del Partido de la U, Roy Barreras, interpuso una acción de tutela ante el Consejo de Estado, mientras otro proceso se tramita en la Corte Constitucional sobre la validez de la votación. En esa medida, la reciente propuesta del presidente Duque caló negativamente en los sectores que han apoyado el Acuerdo de Paz, puesto que, esta modifica las características estipuladas en el Punto 2 del texto, en el que se adicionarían 16 curules a la Cámara de Representantes, que actualmente consta de 172. Adicionalmente, los sectores a favor de las 16 curules contempladas en el Acuerdo aún alegan que solamente hace falta la sanción presidencial, mientras que el gobierno actual propone un cambio a esa norma. La propuesta del gobierno En el marco del último Taller Construyendo País, el fin de semana el presidente Duque habló sobre la importancia de la participación política de las víctimas, “las verdaderas víctimas, en el Legislativo colombiano”. Por eso, se conoció que Duque realizaría una reforma a la constitución en marzo de 2020 para poner en marcha la norma que habilita 16 curules para las víctimas, pero a medida del gobierno, debido a que los puntos originales del Acuerdo están blindados a nivel constitucional. El calificativo de “verdaderas víctimas” también disgustó a los sectores de oposición que salieron a defender la votación dada en el 2017, y a la cual sólo solo le faltaría la promulgación del acto legislativo; por lo cual no se explican esta salida del ejecutivo. “El anuncio del gobierno de Iván Duque de presentar un proyecto que reviva las 16 curules para las víctimas, es una farsa. Ya fueron aprobadas hace un (1) año, pero el Pte. no ha querido sancionar el proyecto”, señaló por su parte la representante a la Cámara, Angela María Robledo. Mientras tanto, el gobierno indicó que la presencia de las víctimas es indispensable en el Congreso, y puede lograrse sin costo presupuestal adicional. Así las cosas, a diferencia de las 16 curules originalmente aprobadas, las que propone Duque tienen la característica de que no se adicionan al número de escaños que hay en la actualidad, sino que deberían ser acogidas en los partidos políticos. Duque también aseguró que no se trata de una “iniciativa de oportunismo político de nadie”, ya que “no tiene banderas de partidos”, sino que se trata de abrir una discusión nacional”. De todas maneras, quienes le han apostado a la implementación del Acuerdo rechazaron esta medida al considerarla “una farsa”, porque desconoce lo aprobado constitucionalmente en materia del pacto. “Piruetas mediáticas” La favorabilidad del gobierno y del presidente Duque están por el piso, por eso para muchos analistas este anuncio de las curules fue concebido como “populista” porque al final es más probable que las altas corte lo obliguen a firmar la norma que votó el Congreso, y más bien concuerda con una estrategia para mejorar su imagen. De acuerdo con el subdirector de la Fundación Paz & Reconciliación-PARES, Ariel Ávila esta “es una estrategia para dilatar el tema de las curules. Es una estrategia mediática en la cual él se tuvo que retractar porque su partido le dijo que no”. Y es que desde que se abrió el debate de las curules hace dos años, el partido de gobierno Centro Democrático lideró la campaña en contra de esta iniciativa, debido a que, en varias ocasiones aseguraron que los 16 escaños iban a ser tomados por miembros desmovilizados de la exguerrilla de las FARC y no por las víctimas. Para el senador Barreras las declaraciones brindadas por Duque en el municipio de Mompox, Bolívar, además de pretender reformar la Constitución, también intentan negar la existencia del acuerdo preestablecido y cubierto por la Carta Magna. “La circunscripción especial de la paz que daría 16 curules, claramente crea unas zonas nuevas. No se trata de dar curules al azar y crear esta farsa de que los partidos políticos puedan elegir políticos tradicionales vestidos de víctimas en sus departamentos, nada tiene que ver eso con el Acuerdo de Paz”, aseguró el congresista. Por eso, apuntó que el gobierno lo que ha hecho es crear un falso debate porque las denominadas Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz ya fueron votadas, y en esencia, una circunscripción especial consiste en que no está limitada por departamentos, -como lo es una curul de Cámara baja- sino que corresponde a las zonas más golpeadas, y más traumatizadas por la violencia. Asimismo, el senador Iván Cepeda, del partido Polo Democrático, se dirigió en redes sociales hacia Duque y le preguntó “¿Por qué en vez de anunciar nuevo trámite legislativo de las 16 curules para las víctimas, no procede a sancionar la norma que las creó y que fue tramposamente desconocida por su partido y sus socios políticos?”. En definitiva, lo más probable es que las altas cortes tomen una decisión antes de que Duque realice la reforma de las curules, y en ese sentido, tendría que firmar la norma para adicionar los escaños sin ningún reparo.