Por: Lina Gaitán Mateus. Investigadora Pares. La participación de las mujeres en el marco del paro nacional se ha visibilizado a partir de la multitudinaria marcha que tuvo lugar el pasado 25 de noviembre en Bogotá, y otras ciudades del país, y de las múltiples versiones del performance ‘Un violador en tu camino’ que se han llevado a cabo a lo largo y ancho del territorio nacional. Sin embargo ¿cuáles son las exigencias y las propuestas tras estas expresiones? ¿se han logrado posicionar debates sobre las problemáticas que vivimos día a día las mujeres en la agenda pública? Más que una canción Aunque la letra y la coreografía de Un violador en tu camino son transgresoras al ser una denuncia pública de las violencias sexuales y de género que diariamente sufrimos las mujeres, parte de su impacto no se debe a ello, sino al momento coyuntural en la que se presenta. El escenario que se vive actualmente en muchos de los países latinoamericanos, en donde se exige un cambio del modelo político y económico neoliberal, ha hecho resurgir demandas de grupos que tradicionalmente hemos sido relegados, como es el caso de las mujeres. Lo que se proclama en cada estrofa ha sido denunciado históricamente, pero no ha recibido una solución por parte de los gobiernos. Lo anterior no niega que este acto ha sido transformador por la manera en que interpela a quienes ejercen esas violencias contra nosotras, y a quienes callan frente a escenarios de discriminación y vulneración. Nos ha confrontado como sujetos y como sociedad sobre la posición de comodidad que hemos tenido frente a estas agresiones, y cómo esa posición ha permitido que se sigan dando. Paralelo a la postura de quienes ridiculizan el performance argumentando que señala a todos los hombres como agresores y exagera las situaciones que vivimos las mujeres, ha sido evidente para quienes nos hemos movilizado en las últimas semanas que la posibilidad de sufrir una lesión física o de no volver a nuestras casas es un escenario real; como lo señaló la Fundación Paz & Reconciliación en un artículo anterior sobre el resurgimiento de las desapariciones forzadas. Entonces, el miedo y la zozobra con que las mujeres habitamos las calles es hoy compartido por todas las personas que se manifiestan y expresan su inconformismo ante el gobierno actual. Esto ha generado una identificación entre las mujeres que no participan de ninguna organización, colectivo o grupo feminista, potenciando la participación y la movilización desde los roles cotidianos. La igualdad de género es un derecho. Cumplir este derecho es nuestra mejor oportunidad para enfrentar algunos de los retos más importantes de nuestro tiempo, desde la crisis económica y la falta de atención médica, al cambio climático, la violencia contra las mujeres y la intensificación de conflictos. Foto: Pares. Adicionalmente, el performance ha demostrado que las consecuencias del patriarcado son tan severas como las del capitalismo. Incomoda porque, mientras existen demandas generalizadas como la garantía de un salario digno, las mujeres jugamos diariamente nuestra vida e integridad física en el espacio público, en nuestros hogares y en nuestros territorios, y éstas son situaciones que se ignoran. Esta canción y el baile que le acompaña se disputan la priorización y jerarquización de las necesidades que se incorporan en los espacios de negociación y de planeación de futuras políticas públicas. La movilización como sujetas La organización de las mujeres ha sido un pivote para el Paro Nacional porque no nos ha limitado al lugar de participantes, sino que hemos aportado desde la proposición de ideas, la planeación, la gestión de recursos, y la generación de formas de cuidado y de protección hacia quienes hacen parte de las movilizaciones. Recuperamos nuestro derecho a las calles abanderándonos como estudiantes, maestras, profesionales, sindicalistas y artistas; y con esto se ha permitido un reconocimiento de los distintos actores y sectores que confluimos en el paro nacional, resaltando la posibilidad de ejercer acciones políticas desde las individualidades y los sentires. Una muestra de ello fueron los hechos ocurridos en la noche del martes 10 de diciembre, tras los enfrentamientos que se presentaron en la Universidad Nacional de Colombia entre manifestantes pacíficos y el Escuadrón Móvil Antidisturbios, cuando mujeres de tercera edad residentes del sector conocido como el Parkway salieron en defensa de los jóvenes a quienes la Fuerza Pública pretendía detener y judicializar. Sucesos como este y los momentos en que las abuelitas han salido a dar agua a quienes marchamos permiten afirmar que las expresiones de las mujeres en el paro no han dependido de una planeación ni de la adscripción a grupos o colectividades, sino que han surgido también desde el rol que socialmente nos han designado como seres maternales, movilizando los lugares que tradicionalmente hemos ocupado y generando cuidados revolucionarios. En la inmensa mayoría de los países, el principal riesgo de violencia sexual para las adolescentes procede de su pareja o expareja, ya sean novios, compañeros sentimentales o maridos. Como sabemos por la labor que realizamos sobre otras formas de violencia, el hogar no es un lugar seguro para millones de mujeres y niñas. Foto: Pares. El movimiento de mujeres ha permitido evidenciar que son varios sectores los que se están disputando en este momento condiciones de vida digna y posiciones de poder para fiscalizar y hacer parte de los cambios que garanticen dichas condiciones; garantizando que las mujeres tengamos presencia y participación política en la toma de decisiones colectivas. Ha demostrado que existen divisiones internas desde la cuales se pueden reconocer potencialidades, especialmente en el marco de un pliego de peticiones, y que no estamos dispuesta a no ser incluidas en él. Re-posicionando exigencias Tras la asistencia masiva de personas a las marchas y manifestaciones con motivo del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias de Contra la Mujer, grupos y colectividades feministas, organizaciones de mujeres y mujeres decidieron organizarse a través de las redes digitales para pensar una forma de incluir las exigencias que cada una plantea al pliego de peticiones que se está presentando ante el gobierno nacional. Como resultado de este ejercicio se produjo el “Documento de aportes desde el enfoque de Derechos Humanos de mujeres diversas a las exigencias sociales en el marco del Paro Nacional de Colombia”. El texto plasma exigencias que se han presentado con anterioridad, como el acceso a servicios de salud con un enfoque de género, la participación de las mujeres en la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016, y la eliminación de las violencias sexuales y de género mediante el cumplimiento de la jurisdicción internacional. Pero también incluye discusiones en torno a la reforma tributaria, uno de los motivos centrales del Paro Nacional, mostrando la necesidad de contar con un enfoque diferenciado al momento exigir la mejora de las condiciones de vida y situando demandas específicas para las mujeres. Mediante cifras de estudios académicos y organismos internacionales, explica como la profundización de políticas de austeridad del gasto público derivadas de la posible privatización de empresas públicas con la creación del Holding Financiero aumenta el trabajo de cuidados no remunerado asumido por las mujeres, en tanto nosotras suplimos la deficiencia estatal de servicios educativos, de salud y de cuidado. También se expone cómo esta reforma profundiza la feminización de la pobreza y el desempleo femenino dado que en el país las mujeres somos las más pobres entre los pobres, el aumento de edad para pensionarse y su equivalencia entre géneros desconoce la carga de trabajo no remunerado que asumimos en el hogar y disminuye nuestras posibilidades de pensionarnos, y la tasa de desempleo afecta mayormente a las mujeres jóvenes. Finalmente, el documento revela cómo, con un parágrafo del artículo 368 del Estatuto Tributario, la reforma da apariencia de legalidad a quienes se lucran mediante la explotación sexual a través de plataformas y estudios webcam. Legalizando como federación de comercio electrónico para adultos a los intermediarios que administran este tipo de economías y nombrándolos agentes de retención lo que se traduce en que cobrarían un impuesto a las mujeres a quienes explotan. Un grito que también viene de las regiones Sin embargo, las demandas de las mujeres no se han limitado a las grandes ciudades y a los espacios de movilización que ha posibilitado el Paro Nacional. En los territorios que continúan siendo azotados por el conflicto armado, la delincuencia común creciente y la violencia estatal, los liderazgos comunitarios son protagonizados e impulsados en muchas ocasiones por mujeres. Un ejemplo de ello lo constituye Luz Marina Cuchumbe, oriunda de Inzá, Cauca, cuya participación en el evento El Campo Cuenta la Verdad organizado por la Comisión de la Verdad el viernes 13 de diciembre en Tolima, se ha viralizado en redes y expone el trabajo constante de las mujeres en el campo colombiano. Aunque se han constituido como escenarios que reflejan los papeles que desempeñamos las mujeres en la movilización social, las expresiones ocurridas en el Paro no son los únicos lugares en los que participamos y construimos sociedad y ésta coyuntura no ha sido el único momento en que hemos disputado y desempeñado posiciones de representatividad. Una de cada tres mujeres en todo el mundo sufre maltrato. La violencia contra las mujeres es sorprendentemente habitual y, en ocasiones, podemos presenciar comportamientos no consensuados o violentos. Foto: Francesco Tetti. El movimiento de mujeres en Colombia es sumamente amplio y diverso, y el posicionamiento que nuestra participación ha tenido en las últimas semanas debe llevar también a una reflexión sobre las desigualdades que experimentamos quienes nos movilizamos en la ciudad y quienes lo hacen desde el campo. Ello permitirá enriquecer nuestras exigencias y perspectivas, y garantizar la inclusión de las necesidades y realidades que vivimos todas las mujeres. Lo cierto es que al dar cabida a las acciones individuales y recoger las luchas que las mujeres hemos llevado a cabo desde hace mucho tiempo, las diferentes expresiones del movimiento de mujeres en el Paro actual han permitido la conformación de una sujeta política que no necesariamente pasa por ser feminista y, a su vez, demuestra la pluralidad de los feminismos. Son muestra de que las mujeres hacemos parte de los escenarios de transformación desde hace años, y de que no seremos silenciadas por más tiempo.

Por: Redacción Pares La Jurisdicción Especial para la Paz adelanta desde el 9 de diciembre una diligencia de prospección y exhumación de cuerpos en el Cementerio Católico Las Mercedes de Dabeiba, Antioquia. Esta diligencia se realiza en el marco del Caso 03 “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado» y del estudio de medidas cautelares en 17 territorios del país, donde se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas durante el conflicto armado. Es así que la JEP adelanta trabajos de prospección en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, dando como resultado, hasta la fecha, de la exhumación de siete cadáveres completos de presuntas víctimas de estos hechos. Este trabajo se realiza por parte de la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP en movilidad en la sala de Reconocimiento junto con la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA). Sigue ahora el trabajo de identificación por parte de Medicina Legal. Adicionalmente, hasta la fecha se han recuperado numerosas estructuras y fragmentos óseos de otras posibles víctimas. Es importante señalar que estos hechos nunca habían sido investigados por la justicia ordinaria y que es una respuesta de la JEP para investigar y encontrar la verdad plena sobre la desaparición forzada, en el cual se viene trabajando con otras medidas. Esta diligencia se realiza luego de una serie de versiones voluntarias, en el que un exintegrante del Ejército indicó tener conocimiento de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por parte de agentes del Estado en Dabeiba. Dicha información fue contrastada con un conjunto de pruebas. Se presume que en el cementerio de Dabeiba se encontrarían los restos de más de 50 personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate (“falsos positivos»). Los indicios preliminares indicarían que se trata de hombres entre los 15 y los 56 años, con domicilio en Medellín y entre los que se encontrarían personas en condición de discapacidad. En el marco de este último trámite, la JEP ya decretó medida cautelar de protección sobre algunos cuerpos custodiados en el Laboratorio de Osteología Antropológica de la Universidad de Antioquia. También se han realizado tres audiencias públicas: el pasado 17 y 18 de julio, sobre la Comuna 13 de Medellín; el 8 y 9 de octubre, sobre la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Hidroituango; y el 20 y 21 de noviembre sobre los restos de los desaparecidos de San Onofre (Sucre). La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) acompañó esta diligencia como observadores de la misma, y también se contó con el apoyo del Instituto Colombiano de Medicina Legal. En el marco del Caso 03 ya se han adelantado 160 versiones por parte de uniformados de la fuerza pública y se han acreditado alrededor de 400 víctimas. ​La tragedia fue enorme La tragedia fue enorme: según los cálculos de los organismos de derechos humanos, a lo largo de 40 años se produjeron cerca de 4000 mil ejecuciones extrajudiciales de las cuales 1800 tuvieron ocasión en los dos gobiernos de Álvaro Uribe. Algunos de los implicados, muy pocos aún, están concurriendo a la Jurisdicción Especial para la Paz a contar las circunstancias en que se dieron estos crímenes. Las revelaciones iniciales son realmente escabrosas. En Colombia, la historia de las ejecuciones extrajudiciales es larga, se cree que pueden ser más de 8.000 colombianos, aunque el periodo violento se dio en las dos administraciones de Álvaro Uribe. La comparación es más que increíble.Durante la dictadura de Pinochet se asesinaron y desaparecieron forzadamente a cerca de 3.200 personas, eso en un periodo de 17 años. En cambio, en Colombia, en ocho (8) años, bajo una supuesta democracia, se asesinaron alrededor de 4.000 civiles. En todo caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rastreó casos de ejecuciones extrajudiciales desde 1978. En el informe sobre Colombia, publicado en 1981, se narran hechos increíbles. Por ejemplo, el de Fabio Vásquez Villalba, quien fue llevado al Batallón Voltígero, donde fue incomunicado, torturado y asesinado. También el caso de Luis Arcesio Ramírez, detenido, torturado y asesinado. O uno de los hechos más dramáticos de eso años, el famoso caso Contador, en 1978. Como se sabe, han sido miles los colombianos que han sido asesinados por agentes estatales y los han hecho pasar por miembros de grupos armados ilegales.

Por: Carlos Castelblanco Pinedo – Redacción Pares Bajo un cielo de noviembre apareció una multitud de ciudadanos inconformes y que hoy, cuatro semanas después, siguen juntándose para marchar pacíficamente por las calles y las plazas de Colombia. Ya son millones quienes a diario han salido a proclamar su profundo desacuerdo con un gobierno torpe e indolente. Y esas personas juntas nos hemos constituido en un pueblo que es tierra, aromas, vientos y la cosecha de años de abandono y desprecio que una clase dirigente egoísta ha sembrado en la nación. Hoy, en cada esquina del territorio, somos gente que nos encontramos en la sinfonía de las cacerolas y los sartenes, en los mensajes escritos para el presidente Iván Duque sobre un trozo de cartón o de tela. Somos un pueblo que se convirtió este año en el gran protagonista político y social del país. La Fundación Paz & Reconciliación –Pares saluda con entusiasmo y admiración a ese pueblo libre y pacífico que se ha movilizado desde la mañana del jueves 21 de noviembre y al que consideramos el personaje del año 2019. El Paro Nacional #21N comenzó con una marcha convocada por estudiantes, grupos indígenas y centrales obreras el 21 de noviembre. Hoy, tres semanas después, se ha convertido en una gran manifestación ciudadana pacífica, multicultural y diversa que ha sorprendido al gobierno nacional. Fotos: Sergio Saavedra. León Valencia, director de Pares ve este fenómeno como una primavera colombiana. Todos los días, dice el analista, hay lugares con aglomeraciones más nutridas que en otras; además, la gente se está inventando formas alegres de protesta, con música, haciendo que la protesta sea a la vez una especie de fiesta en muchas partes. La democracia no significa gobernar sin oposición política, por tanto, la oposición política fortalece un sistema democrático y reduce las posibilidades de una dictadura. La primavera fue un término acuñado en 2011, cuando la gente tomó las calles en todo el mundo árabe, presionando a sus dirigentes para que pusieran fin a decenios de opresión. En Oriente Medio hubo un estallido sin precedentes de protestas populares y exigencias de reformas. Comenzó en Túnez y, en cuestión de semanas, se extendió a Egipto, Yemen, Bahréin, Libia y Siria. Hoy, hay un estallido social popular en Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia. A pesar de los mensajes y las acciones del gobierno, los ciudadanos han salido a las calles a manifestarse pacíficamente. Las demandas de los manifestantes incluyen temas políticos, sociales, económicos y ambientales. El Gobierno queda muy debilitado, porque la estrategia de desincentivar la marcha no funcionó. También queda clara la situación del partido de gobierno, que se queda con dos visiones internas, una de concertación y una más radical, que le restó importancia. Fotos: Sergio Saavedra. Un pueblo de mujeres, de indígenas, de afros, de estudiantes, empleados, de artistas y de familias. Un pueblo de muchos colores y sonidos, un pueblo que trabaja y canta, que sueña despierto y que vive con un montón de quejas represadas. Un pueblo que no está dispuesto a dejarse robar el país. Esa es la verdad de la democracia, la de ese pueblo que está en las calles pacíficamente reclamando un gobierno que lo escuche: una verdad irrefutable. Si no se sintonizan con esta verdad será imposible que podamos avanzar, explicó Adriana Lucía, una de las artistas creadoras del concierto Un canto X Colombia, que se realizó el domingo 8 de diciembre en las calles de Bogotá y que tuvo una asistencia de alrededor de 300 mil personas. «Antes, indica Ariel Ávila, subdirector de Pares, con las FARC, la gente veía la movilización como una estrategia de la guerrilla, y el Gobierno utilizaba esa estrategia para desmantelar cualquier marcha. La gente le ha perdido miedo a las calles.» La conversación nacional abierta por Duque está programada para que continúe hasta marzo del próximo año. Sin embargo, ni la propuesta de conversación ni los proyectos que está impulsando el gobierno en el Congreso como la reforma tributaria, han tranquilizado a los ciudadanos que se han movilizado en contra. El próximo año será difícil para el gobierno Duque, ya que las reformas económicas (pensional, laboral, tributaria), será una concertación que demoraría un año. Fotos. Sergio Saavedra. «Yo sabía que algo tenía que pasar a través de la juventud”, dijo la cantante y folclorista Totó la Momposina sobre la tarima de la calle 85 con carrera 15 en el norte de Bogotá el domingo 8 de diciembre, y en medio de un aguacero que no movió a ninguno de las miles de personas que ese histórico día salieron a las calles a marchar en la capital. Desde el 21 de noviembre el presidente Iván Duque ha brillado por su incapacidad de diálogo con el Comité Nacional del Paro. Una serie de pronunciamientos desafortunados por parte del ejecutivo y miembros del partido de gobierno han avivado la protesta social. El pueblo de Colombia despertó y este, presidente Iván Duque, es un pueblo vivo, un pueblo con los ojos abiertos, un pueblo que ha recordado lo que significa la dignidad. Un pueblo que no se rinde, carajo. “¿Habían oído alguna vez una cacerolazo? Eso era cosa de Chile y de otros lados. Anoche escuché el ruido de las cacerolas hasta arriba de las diez de la noche” indicó León Valencia después del gran cacerolazo del 21 de noviembre. Por ahora, el Paro continúa, y múltiples sectores de la sociedad, un pueblo, se suma ante la crisis de gobernabilidad del presidente Duque. Por ahora, hay una seguidilla de convocatorias a la calle para decirle al gobierno que la ciudadanía aún está a la espera de hablar con él. Hay un pueblo vivo en las calles.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares En la mañana de este 13 de diciembre se registró un ataque con arma de fuego en el municipio de Bolívar, al sur del departamento del Cauca. Precisamente, según versiones en terreno, la balacera tuvo lugar en la vereda conocida como ‘Los Pinos’, en el corregimiento de EL Rodeo. Asimismo, según el alcalde del municipio de Bolívar —Rodrigo Hernán Pérez— en el ataque fueron asesinados dos hombres, y una mujer en estado de embarazo fue herida. De acuerdo con las autoridades del municipio al sur del departamento caucano, una de las victimas era Jerson Oswaldo Zúñiga Ancona, quien fue un exintegrante de la junta comunal de la vereda de ‘La Caldera’ y, a quien, le reconocen haber trabajado en el proceso fundacional de la vereda de ‘Los Pinos’. La otra víctima es su hermano Jhon Alexander Zúñiga Anacona. Dolly Milena Imbachí Alvarado., tiene tres (3) meses de embarazo se encuentra en el hospital de Popayán a donde fue trasladada por cuenta de las heridas que sufrió tras el ataque. El ataque De acuerdo con las versiones entregadas por las autoridades en el municipio de Bolívar, hombres armados llegaron hasta la residencia de los hermanos Zuñiga Anacona, quienes antes de ser asesinados habrían sido sujetos de maltratos. Ante la alerta de la comunidad del corregimiento de El Rodeo, tanto la Defensa Civil como integrantes del cuerpo de Bomberos atendieron la emergencia. A su vez, la comunidad ha señalado la poca capacidad de reaccioón de autoridad competente como la polícia, así como de que brinden garantías de seguridad a los habitantes del municipio y, en general, de la crisis de Derechos Humanos que viene atravesando el departamento del Cauca. ¿Qué pasa en el sur del Cauca? Uno de los puntos más álgidos se registra en el municipio de Argelia, debido a las diversas victimizaciones que azotan a este importante sector del sur del Cauca. De hecho, según el informe ‘Más sombras que luces’ de la Fundación Paz & Reconciliación, en el municipio de Argelia, el homicidio entre 2018 y 2019 se ha disparado vertiginosamente. Precisamente, Pares ha señalado la disputa de grupos y bandas dedicadas al narcotráfico con el ELN. Sin embargo, ha señalado que la presencia del Frente Carlos Patiño Farc-Ep a Argelia, en donde llegaron a disputar al ELN, ha disparado la violencia. Este grupo postfarc, no proviene del antiguo frente 6 de las FARC-EP; sino del Frente 29 de Nariño, según información del informe. De igual forma, Pares alertó sobre este tipo de ataques en el departamento del Cauca, y que los ataques de las Estructuras Armadas Ilegales (EAI), frecuentemente, están dirigidos a comunidades y organizaciones locales, por la resistencia histórica que estas han ejercido a la presencia de dichos actores armados. La alerta de las comunidades Antes y después de lo ocurrido en el corregimiento de Tacueyó, las comunidades en el Cauca habían manifestado que la presencia del Estado no se debía traducir en presencia de Ejército, sino en presencia institucional. Ya que encontraban necesario que se establecieran unas acciones que pudiesen revolver la crisis de Derechos Humanos que atraviesa el departamento por cuenta de la disputa territorial de grupos armados. Tal como lo advirtió la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, por medio de la vocería de liderazgos indígenas en Cauca; la decisión del presidente Duque de desplegar cerca de 2.500 militares para mitigar los problemas de seguridad trajo mayor incertidumbre para las comunidades. De hecho, señalaron que “la militarización del Cauca traería más muertos”.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, señaló este jueves que el gobierno tiene información acerca del apoyo que Rusia y Venezuela estarían brindando a la protesta social que ya cumple tres semanas en el país. Sin embargo, esto conmocionó a expertos que aseguran que este tipo de declaraciones deslegitiman la movilización de la ciudadanía e intentan disfrazar las motivaciones por las cuales hay un descontento social generalizado. En el marco de la celebración del XXI aniversario de la Policía Fiscal y Aduanera la vicepresidenta aseguró que “nosotros sabemos que no es solo por la inconformidad que hay en Colombia, sabemos que hay un proyecto internacional, sabemos que hay una red de apoyo internacional para estimular este malestar social”. Y agregó que tienen “certeza de que hay plataformas que, desde Venezuela, desde Rusia, han venido moviendo buena parte de todos estos mensajes en las redes sociales”. Sin embargo, varios líderes de opinión ya le han pedido al presidente que se pronuncie con pruebas contundentes de ser cierta esta afirmación. Y es que a Venezuela no es la primera vez que se le acusa de intervenir en asuntos internos en Colombia, tanto al gobierno de Nicolás Maduro y a algunos de sus ciudadanos y ciudadanas que viven en el territorio nacional. De hecho, el viernes 22 de noviembre, un día después del paro nacional, la Policía Nacional capturó alrededor de cincuenta extranjeros de nacionalidad venezolana por estar presuntamente involucrados en desmanes y saqueos. En esa medida, a la estigmatización de los venezolanos y venezolanas ahora se ha sumado la supuesta colaboración de Rusia. La hipótesis que deslegitima la movilización social El exembajador de Estados Unidos en Venezuela, y en Colombia, William Brownfield, también secretario adjunto de la oficina internacional antinarcóticos en su país y actualmente adscrito a un Think Tank, advirtió en medios de comunicación que la protesta social desatada en América Latina ha estado promovida por grupos criminales o de guerrilla, pero que tan sólo sería el 1% beneficiado. En ese sentido, expresó que el 99% de los manifestantes han salido a las calles por convicción propia, y por peticiones sociales como el acceso a una educación de calidad, el rechazo a reformas pensionales, la tributación, entre otras inconformidades. De todas maneras, las declaraciones del exembajador no fueron bien recibidas ni por algunos líderes de opinión, ni por los manifestantes, debido a que, aseguraron que ese tipo de comentarios sin pruebas lo que genera es descalificar la protesta. Ahora bien, lo que se percibe es una búsqueda de un culpable externo. Y de acuerdo con el director de la Fundación Paz & Reconciliación-PARES, León Valencia, este tipo de señalamiento se hacen con la “pretensión de crear un enemigo, de justificar la represión sobre los movimientos sociales y también es una idea de esconder las graves dificultades que atraviesan los regímenes políticos y los problemas de gobernabilidad que tienen”. Esto se refleja en el caso de la vicepresidenta cuando asegura que Rusia está detrás de la protesta social, y en ese sentido, Valencia indicó que lo que quieren es achacarles a otros la emergencia de esta protesta social cuando hace parte de las dificultades sociales que vive el continente. Asimismo, criticó la salida en falso, puesto que ese no es el oficio el de las relaciones internacionales, para este tipo de declaraciones está el presidente y la canciller que tienen la voz sobre las relaciones internacionales de Colombia. “Pero esto hace parte de todas las torpezas que ha cometido el Gobierno colombiano en las relaciones exteriores: la política frente a Venezuela, la idea de que podíamos encabezar una cruzada para tumbar a Maduro, los desaciertos en la política con Estados Unidos. Son demasiados errores y este es uno más”, apuntó. Así las cosas, las consecuencias de acusar sin pruebas a una potencia mundial son dos. En primer lugar, un desprestigio de Colombia; y en segundo lugar el que podemos entrar en incidentes diplomáticos. Es últimas, puede que Rusia desestime esto porque no somos un país importante para ellos y porque puede ser algo tan absurdo que pase desapercibido. Sin embargo, estos episodios siempre tienen consecuencias en la política internacional y lastimosamente Duque no dice nada, ni aclara nada, ni interviene.

Por: Redacción Pares Este martes, en Miravalle, San Vicente del Caguán (Caquetá), culminaron las seis versiones colectivas territoriales en que exmiembros de las Farc-EP ampliaron su versión colectiva ante la Sala de Reconocimiento de la JEP, en el marco del caso 01 (secuestro). En estas diligencias, realizadas entre el 18 de noviembre y el 10 de diciembre, la JEP recibió las versiones de 350 comparecientes, entre mandos altos, medios, guerrilleros rasos y milicianos. Los excombatientes reconstruyeron casos emblemáticos de secuestro, reconocieron su responsabilidad y revelaron cómo operaba cada bloque de las Farc en su zona de injerencia durante el conflicto armado. De esta manera, respondieron a las 1.709 víctimas acreditadas que demandan verdad por este caso y de las que 754 ya solicitaron el traslado de dichas versiones para hacer observaciones y aportar pruebas. Estas diligencias colectivas se cumplieron en Barrancabermeja (Santander), por el Bloque Magdalena Medio; en Llano Grande (Dabeiba-Antioquia), por el Bloque Noroccidental; en Icononzo (Tolima), por el Bloque Oriental; en Popayán, por el Bloque Occidental; en Pondores (La Guajira), por el Bloque Caribe, y en Miravalle (Caquetá), por el Bloque Sur y la columna móvil Teófilo Forero. La Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de esta Jurisdicción ordenó ampliar la versión colectiva, entregada el pasado 23 de septiembre en Bogotá, por parte de 10 delegados del antiguo estado mayor de la extinta guerrilla de las Farc-EP en el Caso 01. La Sala ordenó las ampliaciones bajo un esquema territorial, según las estructuras que componían a la antigua organización guerrillera y que tienen lugar en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Por versión colectiva se entiende el documento o audiencia en el que los comparecientes del caso hacen un aporte a la verdad desde una dimensión colectiva, es decir, como grupo u organización. En estas diligencias los comparecientes tienen la obligación de aportar verdad plena y exhaustiva sobre los hechos y conductas del caso 01 cometidos por la organización guerrillera, respondiendo al temario entregado por la Sala y a las demandas de verdad de las víctimas. En Pondores (La Guajira) y Miravalle (Caquetá) El pasado viernes 6 de diciembre en Pondores, Fonseca (La Guajira) 150 exmiembros del Bloque Caribe de las Farc-EP, ampliaron su versión colectiva por este caso. En la diligencia reconocieron cómo se desarrollaban los secuestros en la Región Caribe de Colombia. Igualmente, hicieron aportes sobre el funcionamiento de la estructura y expusieron nueve casos representativos. Y el pasado martes 10 de diciembre en Miravalle, San Vicente del Caguán (Caquetá), 47 exmiembros del Bloque Sur y de la columna móvil Teófilo Forero de las Farc-EP ampliaron su versión colectiva en la que respondieron a las demandas de verdad de las víctimas acreditadas, reconocieron cuál era su política de retenciones y ampliaron información sobre las distintas prácticas que adoptaron en Huila, Caquetá, Nariño, Putumayo y Amazonas. De esta manera, se han se han adelantado 33 versiones individuales, una versión colectiva y 6 versiones territoriales de ampliación de la versión colectiva en el caso 01, y se inicia le etapa de observaciones de las víctimas a estas versiones.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El gobierno de Iván Duque presentó en los últimos días la ponencia definitiva del proyecto de ley de la Reforma Tributaria en cabeza de su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, al Congreso de la República que de acuerdo con el ejecutivo beneficiará a la economía de los colombianos y colombianas, mientras que expertos aseguran que esta medida ayudará a los más ricos, y afectará a la clase media y baja del país. Al parecer, nada le sale bien al Presidente. Este martes Carrasquilla radicó el proyecto de ley denominado “Ley de Crecimiento” con el aval de partidos como Cambio Radical y de la U que ya aseguraron su voto en el último debate por el cual debe pasar la ponencia antes de que sea aprobada en última instancia. Sin embargo, el Partido Liberal decidió apartarse el miércoles y expresó que su bancada no apoyaría dicho proyecto, aunque dejó abierta la posibilidad de que cada miembro de los liberales pudiera tomar la decisión que mejor considere. “Urgente / Bancadas de senado y cámara del @PartidoLiberal deciden votan negativamente la reforma tributaria / #AbajoLaTributaria”, señaló el partido en su cuenta de Twitter. Un proyecto accidentado El proyecto ha pasado por altibajos desde la anterior legislatura del Congreso cuando el gobierno presentó un proyecto similar y en su momento fue rechazado por la mayoría de los partidos, quienes pidieron adherir y reformar decenas de los artículos que componían la ponencia. Ante el panorama, el ejecutivo retiró el proyecto y el pasado 22 de octubre lo presentó de nuevo como Ley de Financiamiento, pero fue hundido por la Corte Constitucional por vicios de trámite. En ese sentido, Duque insistió y presentó la Ley de Crecimiento que está ad-portas de ser avalada. En el primer debate realizado en el Congreso se presentaron varias proposiciones de distintas bancadas que fueron anotadas por Carrasquilla. Tras las observaciones, el ministro regresó el martes con lo cambios y un total de 152 artículos que componen el proyecto definitivo. El ministro de Hacienda expresó que “el Gobierno trajo al Congreso la misma reforma de hace un año, se actualizaron algunas fechas y se introdujeron artículos que favorecen a los colombianos de estratos más bajos. Por ejemplo, vamos a demostrar que la devolución del IVA se puede implementar». Y agregó que «no es necesariamente cierto que si se pone a tributar más a las empresas, los ricos paguen más. Eso no es así. Como si no hubiera empresas pequeñas o dueños de empresas medianas». Un golpe al ciudadano de a pie La Fundación Paz & Reconciliación-PARES conversó con el experto en economía, José Roberto Acosta quien ha sostenido que este proyecto de ley no favorece a la clase media y sí beneficia a las personas más adineradas de Colombia. En ese sentido, uno de los temas principales y que más preocupa de esta ley es el de las exenciones tributarias. De acuerdo con el analista, alrededor de 9 billones de pesos es lo que se ahorrarían los más ricos y el hueco fiscal con el que quedaría el gobierno. Según el gobierno este sería un beneficio para el capital bajo el argumento de que ese capital va a generar crecimiento y empleo; empleo para muchos y crecimiento que se redistribuya para mejorar la equidad. Sin embargo, para el experto son dos escenario que no están probados fácticamente, empíricamente o si quiera simulados académicamente, por tanto, es un argumento falso. “Asimismo agregaron la devolución del IVA al sector más pobre de la población. Esperemos a ver si eso funciona porque lo cierto es que el SISBEN IV no está todavía actualizado, entonces cualquier devolución va a ser absolutamente ineficaz, inequitativa y que no mejora la distribución del ingreso”, expresó el analista. Y apuntó que esos cerca de 50.000 pesos que el gobierno estima retornar a los más pobres, probablemente no lleguen. Pero lo cierto es que el proyecto mantiene las exenciones a los sectores productivos y eso es lo que han tratado de maquillar con el artículo social. Ahora bien, si eso no se ve reflejado en empleo y crecimiento económico, sería un fracaso para el gobierno y daría mayor margen de utilidad a los ricos y dejaría al resto de la población con problemas financieros. Para Mario Valencia, vocero de Justicia Tributaria, el balance del proyecto es negativo. De acuerdo con los cálculos de Valencia, los hogares de clase media en Colombia tendrían que pagar aproximadamente 100.000 pesos más en IVA y no van a obtener ninguna devolución. Y la supuesta devolución para SISBÉN I, II, III también es algo que por lo menos en la práctica y en la actualidad es imaginario. “¿Cómo le van a devolver el IVA a una persona que compra un puñado de arroz, una cucharada de aceite?,¿Cuál es el mecanismo técnico que está estableciendo el gobierno para devolver esto?”, se preguntó el analista. Por su parte, Acosta expresó que esta reforma es un golpe a los colombianos y colombianas, a uno de sus pilares del Plan de Desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” y a la campaña que tuvieron el tema de la equidad y el tema de la legalidad como eje central. Además de la exención, el gobierno propuso tres días al año sin IVA exonerando a los bienes que tienen ese gravamen. “Esto lo que genera es ilegalidad, un boquete al recaudo tributario que da una mala señal en la cultura de pago de impuestos de Colombia que ya es bien deteriorada”, apuntó. Y en cuanto a la equidad, el principal golpe se da porque está beneficiando a las grandes inversiones, a los más ricos de este país generando mayor concentración del ingreso en el país más inequitativo de América Latina. Es por eso, que “está dejando en sólo palabras vacías el concepto de equidad y legalidad de los que tanto se ufanó en campaña y que hace parte de la columna vertebral de su plan de desarrollo”, aseguró Acosta. Así las cosas, lo más probable es que en el Congreso le den vía libre al proyecto de ley, puesto que, todo indica que alcanza a tener las mayorías en ambas cámaras con Cambio Radical y la U, entre otros partidos. Lo infortunado es que los expertos aseguran que es una bofetada a los ciudadanos y ciudadanas de a pie que no se verán beneficiados en ninguna medida.

Por: Redacción Pares La situación para alrededor de 160 personas, entre ellas 50 niños, en el municipio de Tarazá, sigue siendo preocupante. El asesinato de tres mineros artesanales en la vereda San Antonio el fin de semana pasado, produjo un desplazamiento masivo en dicho municipio del Bajo Cauca. La mayoría de las familias desplazadas ya se encuentran en el corregimiento El Doce en casas de familiares o amigos, mientras que 35 personas son atendidas en el albergue adecuado por la alcaldía. Esta población abandonó la vereda San Antonio tras la incursión de integrantes de un grupo armado ilegal el pasado fin de semana, quienes asesinaron a tres habitantes e hirieron a una persona más. De acuerdo con la Unidad Nacional de Víctimas (UNV) desde finales de 2018 se han presentado desplazamientos masivos en esta zona que está integrada por seis municipios: Tarazá, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí y Zaragoza, y en los cuales habitan alrededor de 319.000 personas. Según registros de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, el año pasado 8.983 personas fueron expulsadas de estos municipios, mientras en 2016 la cifra fue de 4.139, lo cual deja demostrado, en parte, la incapacidad estatal de retomar el control de estas zonas y mitigar la violencia. Una población bajo amenazas La situación de desplazamiento en la zona cada vez es más problemática debido a las amenazas a la población por parte de distintos grupos armados que están en constante disputa y control territorial como la Autodefensa Gaitanista de Colombia (AGC), los Caparrapos, grupos postfarc, neoparamilitares y ELN. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas activó la ruta de atención para las 42 familias que se desplazaron de la vereda San Antonio de Tarazá, como consecuencia de hechos violentos en ese municipio de la subregión del Bajo Cauca antioqueño. “En articulación con la Alcaldía se registró el censo de 134 personas (70 adultos y 64 menores de edad), el cual sigue abierto en caso de que otras personas lleguen de esa zona para garantizar su acceso a la declaración por desplazamiento forzado y la ayuda humanitaria inmediata”, indicó el director de la Unidad para la Reparación a las Víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba Mena. De acuerdo con los protocolos para la atención de estas emergencias, los primeros respondientes son los municipios y demás entes regionales y luego, si sus recursos no son suficientes, interviene el Gobierno Nacional a través de la Unidad para las Víctimas. Con el fin de tomar medidas para atender estas situaciones de emergencia, la Unidad ha participado en los comités de justicia transicional junto con la Procuraduría, las alcaldías, Ejército y Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, Gobernación de Antioquia y Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Expansión territorial del delito en el Bajo Cauca El Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016 con la ex guerrilla Farc auguraba la disminución de la violencia, al menos en las zonas más golpeadas por el conflicto armado. Sin embargo, las zonas dejadas por este grupo poco a poco han sido cooptadas por distintas bandas criminales que actualmente tienen amenazadas a las poblaciones, caso tal de la subregión del Bajo Cauca Antioqueño. De hecho, con respecto a la presencia de grupos armados en el departamento de Antioquia, en el informe “Más sombras que luces, la seguridad en Colombia a un año del gobierno de Iván Duque”, elaborado por la Fundación Paz & Reconciliación, se evidencia que, desde la firma del Acuerdo de paz hasta la actualidad, el Clan del Golfo se ha expandido en seis (6) municipios de Antioquia: Anorí, Ituango, Vigía del Fuerte, Peque, Urrao y Amalfi. Por su parte, el ELN dentro del mismo lapso del tiempo se expandió en dos municipios antioqueños: Yondó y Murindó. A su vez, el informe de Pares arroja que, en el norte y el nordeste de Antioquia, en los municipios de Yarumal, Briceño e Ituango, se registra presencia de Grupos Armados Postfarc—GAPF. Dicha presencia, tal como lo señaló Pares, proviene de los extintos Frentes 18 y 36, logrando que su influencia se extienda hasta el Urabá, sobre todo en Dabeiba. De igual forma, preocupa la situación en Antioquia por cuenta del homicidio, pues de los 30 municipios con mayor aumento de homicidio se encuentra Valdivia en segundo lugar, Cocorná en séptimo lugar, Don Matías en noveno lugar, Nechí en el decimosegundo lugar y Tarazá en el lugar número 20.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El Paro Nacional despertó la movilización social como principal mecanismo de protesta contra el gobierno del presidente Iván Duque. Esto ha suscitado que las calles se llenen de miles de ciudadanos y ciudadanas, sin embargo, en varios de los plantones han ocurrido episodios irregulares en las detenciones y en el uso de la fuerza. El caso más reciente y que alarmó a los organismos de Derechos humanos y a los sectores políticos y sociales, fue el ocurrido este martes en horas de la noche al frente de la Universidad Nacional de Colombia. En un video que se difundió rápidamente en redes sociales, se observó a varios policías y otros integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) forzando a una estudiante para que ingresara a un carro particular que no tenía ninguna insignia institucional de la Policía. Acto seguido varios jóvenes que estaban filmando desde su automóvil arrancaron detrás del carro donde estaba la mujer, quien empezó a gritar y posteriormente fue dejada en libertad a unas pocas cuadras. En un hecho similar, fue retenido otro joven que fue llevado hasta un CAI de la Policía. Lo extraño de ambos episodios es que tanto en la detención como en el proceso de judicialización se realizaron de forma irregular. Y de acuerdo con varios abogados consultados por la Fundación Paz & Reconciliación-PARES, sí existió una falla en el procedimiento de la policía, y en este caso tendrían que ser investigados disciplinaria y penalmente. Por ahora, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación de forma preliminar por “los presuntos abusos” cometidos por parte de la fuerza pública en la detención de estos dos jóvenes estudiantes en el marco del plantón pacífico. De acuerdo con la versión de la Policía y de los mismos estudiantes que se encontraban en el lugar de los hechos, los jóvenes fueron capturados supuestamente porque estaban obstaculizando el tráfico vehicular por la calle 26. De todas maneras, quienes presenciaron el momento, también denunciaron que no se cumplió con el derecho de la manifestación pacífica y tampoco con la presencia de agentes de Derechos Humanos. La versión de la Policía Por su parte, el Mayor General Hoover Penilla comandante de la Policía de Bogotá se pronunció frente a los hechos ocurridos y expresó que hay personas que necesitan que alguien les garantice llegar a sus lugares de trabajo, y a sus labores cotidianas. Y con respecto a lo ocurrido con la detención de la mujer dijo que ella estaba “interrumpiendo la libre movilidad de terceros. Iban pasando unos funcionarios de la policía en un vehículo institucional con placas que si se miran en los registros de las entidades correspondientes le figura a la Policía Nacional. Son funcionarios de la policía nacional que casualmente iban pasando por el lugar y prestaron la colaboración que les corresponde”. Según el comandante de la Policía, esta persona iba dirigida hacia una unidad policial, y agregó que “tal vez hubo una omisión en terminar el procedimiento como correspondía porque ante el reclamo de la ciudadanía, ellos sintieron temor -eso es lo que han manifestado- y optaron porque esta persona descendiera del vehículo y que siguiera con las partes que estaban reclamando que no fuera retenida”. En cuanto al segundo caso de un hombre, Penilla aseguró que los funcionarios del Esmad lo retuvieron y solicitaron la presencia de unidad de policía judicial, quienes llegaron al lugar en otro vehículo particular. Dicho automóvil no tenía emblemas de la Policía, pero de acuerdo con el comandante, estos carros pertenecen a la institución. Por su parte, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, expresó este martes en su cuenta de Twitter, horas después de conocerse sobre dichas capturas, que “bloquear TransMilenio es matonería que afecta a los ciudadanos más vulnerables. La obligación del Estado es hacer lo necesario para hacer respetar los derechos de los ciudadanos que necesitan ir a trabajar, a estudiar, o a sus casas”. “Ese grito pudo salvarla de una desaparición forzada” La Fundación Pares habló con Reynaldo Villalba, abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo-Cajar y defensor de Derechos Humanos, también cercano a procesos de desaparición forzada a manos de agentes del Estado. “La práctica como defensor de derechos humanos me ha enseñado que ese uso de vehículos particulares se ha utilizado para desaparecer personas. También ha sido una práctica en distintos momentos utilizada por las autoridades, en especial por organismos de inteligencia, de utilizar placas falsas para hacer acciones ilegales”, indicó a Pares. En 1989 cuando aún no existía el Esmad, agentes del Estado detuvieron a Amparo Tordecilla en horas de la mañana del 25 de abril de ese año, en la carrera 8ª con calle 47 en Bogotá. Este caso ha sido llevado por el Colectivo Cajar, que ha denunciado que agentes de la Brigada XX del Ejército Nacional la introdujeron por la fuerza en un taxi marca Chevrolet, modelo Chevette 89, placas SF 32-57 de propiedad del Ejército colombiano y se alejaron con rumbo desconocido, sin que Amparo Tordecilla haya reaparecido desde entonces. En ese sentido, Villalba hizo un llamado al no uso de vehículos particulares, ni para labores de inteligencia, ni mucho menos para retener a personas; y en este caso en particular, “los gritos de esta mujer que estaba siendo detenida de manera ilegal y arbitraria pudo haberla salvado de una desaparición forzada conforme a las prácticas que se han utilizado en este país”, apuntó. En cuanto a los hechos más recientes, señaló que toda privación de la libertad que no obedezca a un motivo fundado por la ley se convierte en una detención ilegal. Sin embargo, diferenció la detención ilegal de la detención arbitraria porque no es exactamente lo mismo. En algunos casos puede ser legal, pero constituirse arbitraria en el camino. “Ahora lo importante para resaltar es que en efecto utilizar vehículos que no sean oficiales para trasladar a personas y más de esa forma como son detenidas y más cuando las personas no saben para dónde van, es una conducta extremadamente grave”, agregó el experto. Y el mayor riesgo de utilizar este tipo de vehículos, a pesar de que, aunque digan que es de la Sijin, es el uso de las placas privadas. De acuerdo con Villaba, los organismos de inteligencia, ejército, policía y demás, en unas épocas más que en otras utilizaron este tipo de prácticas para desaparecer a las personas, y lo que reocupa también es eso que estemos dando pasos atrás. “Muchas de las personas desaparecidas en este país lo han sido precisamente a través de vehículos que tienen placas particulares. Al final en vehículos que no son oficiales y claro eso favorece a la impunidad y sobre todo el ocultamiento de responsabilidades por parte de agentes estatales”, agregó. Así las cosas, hay zozobra por parte de la ciudadanía ante la serie de hechos irregulares cometidos por las autoridades en medio de las manifestaciones que ya cumplen tres semanas, mientras que la Fuerza Pública asegura que ha actuado en el marco de la legalidad y su objetivo es mantener el orden público.

Por: Redacción Pares Este miércoles, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al senador Julián Bedoya Pulgarín, por presuntas irregularidades en el uso de su investidura de congresista para obtener beneficios personales de parte de la Universidad de Medellín, entre ellos su título de abogado. Hay que recordar que Pares había denunciado el 11 de julio de este año en el informe La combinación de todas las formas de corrupción, el entramado de corrupción que involucra al senador liberal Julián Bedoya. Su vida ha estado por varios años en medio de escándalos políticos. Vale la pena mencionar tres de ellos. En primer lugar, en el 2018 su carrera política estuvo envuelta en el escándalo por el apoyo de políticos vinculados al Clan del Golfo. El Ministerio Público investiga si entre el 11 de octubre de 2018 y el 1 de marzo de 2019 Bedoya Pulgarín utilizó su condición de congresista para lograr ventajas ante la universidad, que se habrían traducido en la consecución, al parecer irregular e inusualmente rápida, del título de pregrado. El investigado deberá explicar si cumplió con los requisitos establecidos en las normas internas de la institución, que, según informe del Ministerio de Educación no se observaron. Uno de ellos sería el de la realización de exámenes de suficiencia y preparatorios, teniendo en cuenta que no es habitual que una persona presente en una misma fecha o en una semana, cómo habría ocurrido con los preparatorios de penal, civil II y político, que figuran como practicados el 23 de noviembre de 2018; el nivel de éxito del 100% y la acreditación del trabajo de investigación. Asimismo, deberá explicar cómo pudo realizar las pruebas de Estado sin haber terminado exámenes de suficiencia. La presunta falta de Bedoya Pulgarín fue calificada provisionalmente como grave a título de dolo. Un entramado de corrupción que involucra a un congresista liberal, a la Universidad de Medellín y a varias directivas de esta universidad denunciado por Pares.

Por: Redacción Pares La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación tanto por actos de represión registrados por parte de agentes del Estado colombiano, así como por los actos de violencia ocurridos en el marco del Paro Nacional iniciado el 21 de noviembre, que se desarrollaron en distintos puntos de Colombia. La CIDH urge al Estado colombiano a profundizar el diálogo efectivo e inclusivo requerido para abordar las demandas legítimas de la población, y garantizar el derecho a la protesta de acuerdo a los estándares interamericanos. De acuerdo con información de público conocimiento, a partir del 21 de noviembre del presente año se iniciaron una serie de movilizaciones en distintas partes del país en protesta por un mayor acceso a educación de calidad y otros derechos sociales, por el cumplimiento de los acuerdos de paz, así como por la situación de inseguridad y el creciente asesinato de líderes y lideresas sociales e indígenas, entre otras razones. La Comisión conoce que estas jornadas se caracterizaron por movilizaciones amplias y pacíficas. Sin embargo, la CIDH también fue informada sobre el uso desmedido de la fuerza por parte de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), detenciones arbitrarias de manifestantes, y actos de violencia. Los casos registrados Al respecto, en el marco de estas protestas, y de acuerdo con información de público conocimiento, entre los días 21 y 24 de noviembre un aproximado de 25 personas habrían sido heridas y habría 831 casos de retenciones de ciudadanos y ciudadanas. En este sentido, la CIDH advierte sobre el uso desmedido de la fuerza en la zona de Suba y la Plaza Bolívar, en la ciudad de Bogotá, el día 22 de noviembre, cuando integrantes del ESMAD habrían hecho uso de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que se encontraban reunidos. La Comisión conoció que el día 23 de noviembre, en el marco de la movilización ciudadana a la que denominaron “cacerolazo”, en la ciudad de Bogotá, integrantes del ESMAD nuevamente dispersaron a los manifestantes haciendo uso de gases lacrimógenos. Como resultado del uso desmedido de la fuerza, el joven Dilan Cruz fue impactado en la cabeza por uno de los artefactos y fue hospitalizado. La Comisión conoce que Dilan Cruz falleció el 25 de noviembre. La CIDH recuerda que los Estados deben actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas y que el hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve, per se, violenta toda la protesta, ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante uso de la fuerza ni a practicar detenciones masivas. A su vez, la Comisión condena los hechos de violencia donde ha habido la afectación a la vida e integridad de las personas; e insta a las autoridades a que investiguen de forma pronta y exhaustiva cualquier denuncia de violencia y establecer las sanciones correspondientes, tanto en denuncias del uso excesivo de la fuerza cometidas por los agentes de la policía y de las fuerzas de seguridad, como en hechos de agresiones y saqueos por parte de la población. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.

Por: Redacción Pares El informe sobre desarrollo humano de la ONU alerta de que está surgiendo una nueva generación de desigualdades impulsadas por los cambios tecnológicos y el cambio climático. Michelle Bachelet considera que la emergencia climática representa “la amenaza de mayor magnitud” para los derechos humanos desde la Segunda Guerra Mundial. El informe sobre desarrollo humano de la ONU alerta de que está surgiendo una nueva generación de desigualdades impulsadas por los cambios tecnológicos y el cambio climático. El cambio climático es quizás el mayor impulsor de desigualdades en el mundo de hoy y con certeza en las próximas décadas, dice Achim Steiner, Administrador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Ir a la universidad o disponer de internet de banda ancha, son también cada vez más importantes para acceder a las oportunidades del mundo actual, dice el informe. El documento señala que “nos estamos acercando a un precipicio y, si caemos en él, la recuperación puede ser muy complicada”. Para evitarlo, la ONU recomienda políticas que ayuden a todas las personas a acceder al mercado laboral con mejor preparación, pero también una mejor redistribución de impuestos. La situación en América Latina En América Latina y el Caribe, la percepción de injusticia respecto a la distribución de la riqueza ha aumentado desde 2012, recuperando niveles de finales de la década de 1990, asegura el nuevo informe del Programa de la ONU para el Desarrollo. Los niveles de desigualdad en cuanto a la felicidad comunicada por las propias personas (también conocida como “bienestar subjetivo”), que habían permanecido estables en la región hasta 2014, ha aumentado desde entonces, asegura el documento. Con los datos del 2018, Chile sigue siendo el país con mayor desarrollo humano en América Latina. Venezuela y Ecuador salieron del top 10 de la región, dándole paso a Colombia y Perú que subieron varias posiciones. El Informe recomienda políticas que no solo tomen en cuenta los ingresos, sino que también vayan más allá, y que se sustenten en intervenciones que abarquen todo el ciclo de vida y se inicien incluso antes del nacimiento; por ejemplo, mediante inversiones en áreas como el aprendizaje, la salud y la nutrición de los niños y las niñas de corta edad, que se activan antes de que las personas lleguen al mercado laboral. Tales inversiones deben continuar a lo largo de toda la vida de la persona mientras obtiene ingresos en el mercado laboral y posteriormente.