Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Anualmente y desde 1948 cuando se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los 10 de diciembre se conmemora el día de los Derechos Humanos a nivel global. Por eso, el gobierno de Iván Duque y las organizaciones de derechos humanos empezaron este año a trabajar a nivel nacional en un protocolo ante el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales, sin embargo, no llegaron a consensos y al final el ejecutivo no escuchó las demandas sociales. Y llegó el día. En el marco de esta celebración las organizaciones de la sociedad civil y otras entidades no gubernamentales, tales como USAID, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y foros SEMANA, prepararon en la ciudad de Cartagena el evento Lidera la Vida para dialogar sobre la situación en la que se encuentran los defensores y defensoras de Derechos Humanos en el territorio nacional. “Los #DDHH tienen que salir de Bogotá, de las bibliotecas, tienen que estar en los territorios con los #LíderesSociales”, expresó el defensor del Pueblo, Carlos Negret, en medio foro Defender a los Defensores. Por su parte, el representante en Colombia de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunoni, expresó que en lo corrido del año 2019, unos 86 líderes y lideresas sociales han sido asesinadas. Al mismo tiempo en el que se desarrolla el evento de las organizaciones, el gobierno decidió realizar el lanzamiento del Marco de Política Pública de Protección integral y garantías para líderes sociales, comunales, periodistas, y defensores de Derechos Humanos y el cual, se suponía, que iba a ser construido entre ambas partes y al final el ejecutivo lo presentó sin la presencia de quienes más han sido afectados en su labor como defensores y defensoras. Y es que la seguridad para los líderes y lideresas en Colombia no es una garantía. De acuerdo con el Sistema de Información-SIPARES de la Fundación Paz & Reconciliación-PARES, desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016 hasta la fecha, han sido asesinado 311 líderes y lideresas sociales en todo el país. Ante el panorama de riesgo en la labor que desempeñan los defensores de la vida, se dispuso de unos talleres para construir un diagnóstico y una ruta entre el gobierno de Duque y las organizaciones de derechos humanos que defienden los territorios, sin embargo, los segundos se retiraron porque sus peticiones no fueron tenidas en cuenta. ¿Por qué se rompió el diálogo? La Fundación Pares habló con una fuente en territorio quien aseguró que la iniciativa de esta política pública inició con problemas desde el momento en el que se convocaron a las organizaciones. A todas las personas que estaban construyendo la política les dieron el ultimátum de que debía estar lista para el 10 de diciembre y eso incomodó a la mesa, debido a que, parecía una medida hecha a las carreras. A pesar de las inconformidades, las plataformas de DD.HH continuaron en la construcción de dicho protocolo y se propusieron diez (10) talleres subregionales, de los cuales se realizaron seis (6), pero funcionaron bien sólo tres (3) , y hubo quejas ante la falta de organización. “Las organizaciones tuvieron que avanzar apresuradamente en el diagnóstico de la situación de Derechos Humanos porque el gobierno no relacionaba todos los elementos de riesgo con la paz, y todas las consecuencias que les ha traído defenderla”, aseguró la fuente en terreno. Asimismo, expresó que el gobierno tampoco reconoció algunas de las tareas que han sido perjudiciales para los líderes y lideresas como defender el medio ambiente. Y, por consiguiente, aplazaron los encuentros, y antes del paro se retiraron de esta construcción de política pública. En ese sentido, dicho Marco de Política Pública que fue presentado este martes, empezó a ser deslegitimado con anterioridad, pues los beneficiarios directos ni siquiera estaban participando en esta propuesta. Por ello la comunidad internacional también empezó a pronunciarse para que ambas partes pudieran llegar a acuerdos, y recomendaron que de ser necesario era mejor ampliar el tiempo del diagnóstico y de diálogo. Sin embargo, el gobierno decidió hacer el evento al mismo tiempo que el de Lidera la Vida, y en definitiva no escuchó las razones por las cuales los líderes y lideresas aseguran ser estigmatizados y amenazados. “Es decir que al gobierno no le importó que tuviera la deslegitimidad entre las personas que iban a ser beneficiarias de esta política pública. Ahora va a presentarla con una construcción bastante precaria y sin consenso alguno entre las plataformas de Derechos Humanos”, concluyó. Por su parte, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez anunció la presentación del Marco de política pública de protección integral, en el mismo recinto en el que conmemoró la labor de los líderes sociales y lideresas. Acto seguido aseguró que dicho Marco se formuló en 114 mesas de trabajo con defensores de DD.HH., 160 servidores públicos nacionales y territoriales, sociedad civil, comunidad internacional, entidades territoriales, sector privado e instituciones del Estado. Así las cosas, hay una gran parte de las organizaciones que no están de acuerdo con lo presentado por el gobierno de Duque este martes, tampoco se sienten representados, y a su vez lo recibieron como una bofetada a las demandas que plantearon durante meses y que no fueron escuchadas, tales como el desconocimiento de las causas por las cuales han sido amenazados y asesinados los defensores y defensoras de la naturaleza y la vida.

Por: Redacción Pares Entre el 21 de noviembre y el 7 de diciembre, la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP, a documentado que por lo menos 19 reporteros han sido detenidos de manera ilegal en Colombia. En los registros recientes de esta Fundación no se había presentado una situación similar. La FLIP expresa su grave preocupación y rechazo por el descomunal aumento de las detenciones ilegales por parte de la Policía Nacional a reporteros en varias ciudades del país. El aumento inusitado de las detenciones, explica la FLIP, establece patrones similares en la conducta de los funcionarios y hace que la FLIP se cuestione si los uniformados están recibiendo una directriz según la cual se debe impedir el trabajo de la prensa. Entre el 5 y 7 de diciembre, la FLIP ha documentado tres casos de detenciones arbitrarias que han afectado a por lo menos seis reporteros en las ciudades de Bucaramanga, Medellín y Bogotá. Los anteriores se suman a los casos de detenciones arbitrarias que iniciaron el 21 de noviembre con el Paro Nacional. Detenciones documentadas por la FLIP El jueves 5 de diciembre fue detenida en horas de la noche la periodista María Montiel de Colombia Informa, luego de salir de un evento cultural. La reportera cuenta que fue agredida física y psicológicamente durante su detención, ya que no se le permitió ingerir alimentos y tuvo que permanecer de pie, atada con las esposas a las rejas de su celda. La reportera fue liberada a las diez de la mañana, luego de que la Fiscalía determinara que no había sustento para las acusaciones en su contra. La periodista ya había sido agredida por el ESMAD en medio del cubrimiento de manifestaciones y cuenta que la detención estaría relacionada con las denuncias que ha hecho sobre irregularidades de la Policía durante el Paro Nacional. El general Manuel Antonio Vásquez, comandante de la Policía de Bucaramanga, manifiesta que no tiene conocimiento de maltrato contra la reportera pero que se encargará de direccionar la solicitud de investigación que sea interpuesta por la comunicadora. El viernes 6 de diciembre, la periodista Maritza Sánchez y uno de sus colegas del medio Universo Centro fueron detenidos en Medellín mientras apoyaban a una mujer que estaba siendo víctima de lo que serían arbitrariedades durante un operativo judicial. Si bien los comunicadores no se encontraban en cubrimiento periodístico, sí fueron identificados como periodistas por los oficiales, quienes expresaron su resentimiento por publicaciones donde cuestionaban acciones de la Policía. Una vez en el Centro de Traslado por Protección (CTP) fueron liberados luego de que se les dijera que la detención había sido un error. El sábado 7 de diciembre, por lo menos tres reporteros independientes fueron detenidos ilegalmente mientras cubrían las detenciones de la Policía a algunos manifestantes del plantón realizado en el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Además, el celular de uno de ellos fue decomisado. A la hora de la publicación de este comunicado los reporteros siguen en detención, sin que les hayan sido explicadas las razones de su detención*. La FLIP explica que las acciones de la Policía en estos casos, así como los documentados desde el 21 de noviembre, tienen en común que ocurren después de que los periodistas hubieran registrado o denunciado arbitrariedades cometidas por integrantes de la Fuerza Pública. Son acciones que tienen como efecto la interrupción definitiva del cubrimiento de los hechos. *En la noche del 7 de diciembre fueron liberados los periodistas. Una violación al derecho a la información En el marco del Día de los Derechos Humanos que se celebra este 10 de diciembre, vale la pena recordar que según la UNESCO la libertad de información puede definirse como el derecho a tener acceso a la información que está en manos de entidades públicas. Es parte integrante del derecho fundamental a la libertad de expresión, reconocido por la Resolución 59 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1946, así como por el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), que dispone que el derecho fundamental a la libertad de expresión incluye el derecho de «investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. La libertad de información es también fundamental en el marco de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, que ha reafirmado la libertad de expresión y el acceso universal a la información como piedras angulares de las sociedades del conocimiento integradoras.

Por: Carlos Castelblanco Pinedo – Redacción Pares «La conquista de los derechos humanos jamás ha sido fácil y no lo será nunca, pero el hecho de que sea difícil no significa que sea imposible ya que no hay un solo derecho que exista que no se haya luchado. Por eso, no es suficiente con que haya leyes, tratados o declaraciones; es necesario movilizar esos tratados y esas leyes para que sean una realidad, y esa es una tarea permanente de las sociedades y los pueblos.» Pares habló con Luz Marina Monzón Cifuentes , directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas – UBPD. Ha trabajado en la defensa de derechos humanos durante más de veinte años representando a víctimas colombianas ante instancias judiciales internas y el sistema interamericano de derechos humanos. A partir de la experiencia y del conocimiento de las expectativas de las víctimas ha desarrollado investigaciones sobre el derecho a la verdad y la justicia. Se graduó en 1988 como abogada de la Universidad La Gran Colombia y tiene una especialización en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Externado, otra en derechos humanos de la Escuela Superior de Administración Pública, y una maestría en Derecho de la Universidad Nacional. Entre 1997 y 2009 fue parte del equipo de abogados de la Comisión Colombiana de Juristas y tuvo a su cargo expedientes como la desaparición de 19 comerciantes en el Magdalena Medio en 1987, la masacre de Pueblo Bello en 1988, el crimen de Jesús María Valle en 1998, el magnicidio de Jaime Garzón en 1999 y el exterminio de la Unión Patriótica desde 1985 al presente, entre otros. Pares: ¿Por qué es importante celebrar el Día de los Derechos Humanos este 10 de diciembre? Luz Marina Monzón Cifuentes: Es muy importante celebrarlo porque tenemos que ser conscientes de que la lucha por los derechos humanos y su garantía es un desafío permanente, no es algo que se concluya y que se haya ganado, sino que siempre lo que conquistas de manera tan difícil y larga, a veces con costos muy altos, son conquistas que están en riesgo. Entonces, por un lado es importante celebrar este día porque es fundamental reconocer que los derechos humanos son producto de procesos sociales que han movilizado avances jurídicos y normativos internacionales que amparan y amplían los derechos de las personas en el mundo. A la vez, también hay que hacer énfasis en que estas conquistas están en riesgo permanente por parte del ejercicio del poder, por contextos adversos, por políticas económicas e incluso de seguridad que llevan a que regularmente se revisen los contenidos de las conquistas de esos derechos y sus garantías. «Según el Centro Nacional de Memoria Histórica hay 80.000 personas desaparecidas forzosamente y eso es muy grave; es una realidad alarmante y dramática porque representa un enorme desprecio por la vida humana.» Foto: Pares Pares: Se tiene la percepción que la comunidad internacional y los sistemas regionales y universales de protección de derechos humanos están muy atentos a lo que ocurre en el país con relación a la situación de derechos humanos. ¿Qué papel juegan y qué impacto tienen el Sistema Interamericano y el sistema universal de derechos humanos en Colombia? L.M.M: Desde mi punto de vista han sido sumamente importantes porque Colombia respeta estos sistemas internacionales. El Estado nunca ha dicho que se deslinda de ese mecanismo o de ese sistema, y aunque puede ser difícil que cumpla lo que los mecanismos nos ordenan, nunca el país ha dicho que lo va a dejar de cumplir. Ese respeto se refleja en la existencia y presencia de los mecanismos y la comunidad internacional en el país. Tenemos un mandato de la oficina del Alto Comisionado de la ONU que fue difícilmente prorrogado porque el gobierno estaba tratando de bajarle el alcance, pero finalmente se prorrogó. Aunque el gobierno esté molesto con la comunidad internacional o con los mecanismos internacionales, Colombia los atiende. Por otra parte, el Sistema Interamericano ha jugado un papel importante ya que a través de su competencia en la promoción de derechos humanos ha establecido ciertas lecturas muy oportunas del contexto colombiano y por lo tanto ha realizado recomendaciones al Estado que nos han ayudado, a quienes hemos defendido los derechos humanos, a tener herramientas de argumentación para para poder hacer nuestro trabajo. A través de su competencia, el Sistema Interamericano ha venido develando y poniéndole punto final a discusiones sobre hechos que han ocurrido en el país sobre los que había una obstinación en aceptar: por ejemplo, el origen del paramilitarismo dentro del propio Estado a través de un marco jurídico que le dio lugar. En relación con los órganos de Naciones Unidas, creo que es un sistema que ha fortalecido y visibilizado la situación de derechos humanos del país. Luego están los mecanismos de comités que redactan informes sobre situaciones como la violencia contra la mujer o las desapariciones forzadas y que a mi parecer han ayudado a darle herramientas a los Estados y a Colombia para poder implementar acciones o mecanismos que ayudan a la mayor garantía de los derechos humanos. «Estamos frente a un desafío en materia de derechos humanos y es en relación con la práctica, porque una cosa es el marco normativo y otra cosa es la aplicación; en ese sentido yo veo que algunas manifestaciones públicas que ha habido en estos días preocupan, al sentir que hay retrocesos en la aplicación de derechos humanos por partes de algunas autoridades.» Foto: Pares Pares: ¿Cuál es su evaluación sobre el delito de desaparición forzada en Colombia y cómo la UBPD puede hacer un aporte importante al fortalecimiento de los derechos humanos con respecto a ese delito que afecta a varios de estos derechos? L.M.M: Espero que la Unidad, con la tarea humanitaria y extrajudicial que tiene de buscar a las personas desaparecidas y de contribuir a la verdad en la búsqueda de esos desaparecidos, pueda sacar de la incertidumbre y del desconocimiento sobre qué es la desaparición y qué ha sido la desaparición forzada en Colombia. La Unidad va a contar quiénes son los desaparecidos, cuándo fueron desaparecidos y a dónde fueron llevados. Yo creo que esto es una verdad que ayudaría cualitativamente a pasar de la cifra al contenido sustantivo de qué significa y qué ha sido la desaparición en Colombia. Yo esperaría que esto ayudara a que esa verdad permita, no solamente a la sociedad civil a conocer lo sucedido, sino sobre todo al Estado a implementar políticas públicas que apunten a algo tan fundamental que es la no repetición. Es muy dramático y muy doloroso que hoy sigan desapareciendo a las personas; entonces, yo esperaría que la Unidad ayude a generar condiciones de no repetición. Una víctima me decía en estos días que aunque no encontremos a su ser querido desaparecido, ella quiere que se hable de los desaparecidos, que se hable de quiénes son los desaparecidos porque son seres humanos. Parece sencilla la frase pero es muy potente, y es eso lo que perdemos con la desaparición, ya que los perpetradores lo que quieren es que de esa persona no quede rastro. Además, la dinámica de la impunidad y la falta de aclaración sobre lo que pasó llevan a que toda la sociedad asuma que las personas desaparecidos no han existido. Tenemos que hacernos cargo y ayudaría a que seamos conscientes de que hay 80.000 o más personas, seres humanos como nosotros, de los cuales no se sabe qué pasó. Pares: El anterior Gobierno y las FARC-EP lograron un acuerdo de paz que le puso fin a más de 50 años de conflicto armado. Uno siente que el país no puede bajar la guardia ante el sufrimiento de las víctimas y las heridas que aún quedan por sanar. ¿Hay diferencias hoy en la situación de derechos humanos de Colombia a raíz del Acuerdo de Paz, o la situación es la misma? L.M.M: Yo creo que es muy pronto para evaluarlo. Uno podría decir que hay un incremento o que hay una profundización de la violencia y efectivamente hay hechos que lo están demostrando: los asesinatos de líderes y de personas que quieren acceder al ejercicio del poder. Sin embargo, creo que no estamos en condiciones de hacer ese balance aún. La paz es una construcción que significa que en Colombia deberíamos hablar de una deconstrucción: es decir, si estamos construyendo paz para deconstruir la guerra y el conflicto de más de 50 años, pues la tarea de deconstrucción es bastante desafiante, y aspirar a que la paz va a dar resultados inmediatos porque ya se firmaron los acuerdos es demasiado ingenuo. Yo creo que es un proceso lento y complejo este de construcción de paz. Por ejemplo los asesinatos de los líderes, las amenazas, los ataques a las personas que entregaron sus armas, los asesinatos de las personas que aspiraron en las últimas elecciones a cargos de elección pública, son la muestra de que el escenario sobre el que tenemos que construir paz es violento y no ha cambiado, pero es la realidad con la que tenemos que trabajar. Hoy en día el escenario de violencia es el mismo, pero mi objetivo es distinto; si yo antes no tenía claro que mi objetivo era la paz, hoy el acuerdo de paz me pone en esa perspectiva. Es decir, puede haber violencia, puede haber iniciativas legislativas en contra de la paz, puede haber discursos polarizantes, pero mi horizonte es la paz. Entonces, ese contexto adverso tiene que servirnos para poner los pies en la tierra, pero también para retarnos en mantenernos en el objetivo y el horizonte que es la paz. La construcción de paz, por naturaleza, tiene que desmotivar la guerra, y en eso tenemos que estar de acuerdo. Por otro lado toda esta violencia nos muestra que la guerra ha generado beneficios de control territorial, beneficios de concentración de poder, beneficios de hegemonías políticas territoriales y nacionales, entonces un acuerdo de paz pone en cuestionamiento esos privilegios. La guerra mantuvo un orden de poder en este país; el acuerdo lo que hace es cuestionarlo. El acuerdo de paz significa que el poder se tiene que distribuir, entonces tiene que haber otras representaciones políticas, tiene que haber una distribución de la tierra y eso no se acepta fácilmente. Pares: Acerca de esa reflexión de que el Acuerdo de Paz nos enruta como sociedad hacia un solo objetivo que es precisamente la construcción de paz, las movilizaciones y protestas pacíficas que se están llevando a cabo en el país y que ya completan casi tres semanas, ¿se pueden catalogar como consecuencia de ese acuerdo de paz? L.M.M: Las movilizaciones son la demostración más impactante del acuerdo de paz, no solamente por la manifestación que es en sí misma muy importante en términos de perspectiva democrática, sino porque hay una agenda en esas manifestaciones de reivindicaciones que coincide con lo que dice el acuerdo. Me parece hermosísimo que esto se exprese de esta manera pacífica y diversa. Estas marchas son un clamor ciudadano que dice que tenemos derecho a la paz y eso es lo que la gente está reivindicando con estas movilizaciones. Yo creo que la gente cuando ha salido a la calle y a las plazas no se ha sentido sola, y no se siente sola porque hay algo en lo que apoyarse: el Acuerdo de Paz. No es una movilización porque las Farc o el narcotráfico les ordenó salir a marchar, no, es un acuerdo que es público y es de toda la sociedad y yo estoy hablando de ese acuerdo que me acompaña a donde vaya. «Mi lucha ha sido por la defensa de los derechos de las personas y esa fue la razón por la que decidí estudiar derecho. Ha sido mi motor y sigue siendo parte de lo que hago: defender los derechos de las personas que necesitan saber qué pasó con sus seres queridos y determinar dónde están o qué pasó con ellos. Me asumo como defensora de esas víctimas en la búsqueda de sus seres queridos.» Foto: Pares

Por: Redacción Pares El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, coincidiendo con la fecha en que la Asamblea General adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948. Se trata de un documento histórico que proclamó los derechos inalienables inherentes a todos los seres humanos, sin importar su raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, propiedades, lugar de nacimiento, ni ninguna otra condición. Los Derechos Humanos son el epicentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ya que sin dignidad humana no podemos impulsar el desarrollo sostenible. Los derechos humanos están impulsados ​​por el progreso de todos los ODS, y los ODS están impulsados ​​por los avances en los derechos humanos. Ambos están interconectados. DescubrE cómo las agencias de la ONU se esfuerzan por priorizar los derechos humanos en cada uno de sus trabajos. Los Días Internacionales de las Naciones Unidas son la oportunidad de sensibilizar al público en general sobre temas de gran interés, tales como los derechos humanos, el desarrollo sostenible o la salud. Al mismo tiempo pretenden llamar la atención de los medios de comunicación y los Gobiernos para dar a conocer problemas sin resolver que precisan la puesta en marcha de medidas políticas concretas. En el marco de esta celebración, este lunes 9 de diciembre se realizó el lanzamiento del Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD. El Informe de este año trata sobre las desigualdades en el siglo XXI y sobre cómo debilitan la cohesión social y el crecimiento económico, y cómo dañan la confianza de las personas en los gobiernos, en las instituciones y en las personas. Cuando las desigualdades son llevadas al extremo, generan descontento social. El turno para los jóvenes El objetivo es celebrar el potencial de los jóvenes como agentes constructivos del cambio, ampliar sus voces e involucrar a una amplia gama de audiencias globales en la promoción y protección de estos derechos. La campaña, dirigida por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), está diseñada para alentar, reactivar y mostrar cómo los jóvenes de todo el mundo defienden los derechos humanos y muestran su oposición al racismo, el discurso de odio, la intimidación, la discriminación y el cambio climático, entre muchas otras temáticas. ¿Por qué los jóvenes? La participación de la juventud es esencial para lograr un desarrollo sostenible para todos La participación en la vida pública es un principio fundamental de los Derechos Humanos. Los jóvenes buscan participar en todas las decisiones que tienen un impacto directo e indirecto sobre su bienestar y debemos escuchar sus opiniones para poder tomar decisiones más efectivas y sostenibles para todos. Los jóvenes pueden desempeñar un papel crucial en el cambio positivo La juventud siempre ha sido la principal impulsora de la transformación política, económica y social. Son los jóvenes los que están a la vanguardia de las movilizaciones de base por un cambio positivo y aportan nuevas ideas y soluciones para conseguir un mundo mejor. Empoderar a los jóvenes para conocerlos mejor y reclamar sus derechos generará beneficios a nivel mundial Los jóvenes a menudo están marginados y tienen dificultades para acceder y disfrutar de sus derechos debido a su edad. Debemos defenderlos y empoderarlos. Sólo de esa manera seremos capaces de conocer mejor a los jóvenes e incluirlos en un debate que generará beneficios a nivel mundial.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El expresidente Álvaro Uribe Vélez, uno de los líderes políticos más influyentes en la historia reciente colombiana, ha perdido en los últimos meses la popularidad que durante 17 años logró consolidar a nivel nacional, y al cual se suma la investigación que tiene abierta por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos. La más reciente encuesta de Invamer S.A.S, que se conoció el pasado miércoles en la prensa, arrojó varios resultados de la favorabilidad de este gobierno, pero lo que generó más sorpresas fue la caída de la imagen de favorabilidad de Uribe Vélez. En ese sentido, la opinión desfavorable del expresidente pasó del 58% al 66%, y el porcentaje de personas que lo veían con buenos ojos cayó del 34% al 26%; con lo cual le quitó el primer lugar a su acérrimo opositor Gustavo Petro, quien siempre lo había superado en imagen desfavorable. Abogado de Uribe en la mira de justicia A la percepción negativa de más de mil personas que participaron en la encuesta, se sumó este lunes la noticia de que Diego Cadena -el abogado del ahora senador Álvaro Uribe Vélez- fue citado ante la Fiscalía General de la Nación a la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento intramural. De acuerdo con información del periódico El Tiempo, la citación está programada para el próximo 18 de febrero de 2020 para que responda por los mismos delitos por los cuales está siendo investigado Uribe. La Corte Suprema de Justicia primero llamó a indagatoria en 2018 a Diego Javier Cadena Ramírez, de 39 años, debido a que con su firma de abogados Cadena y Asociados, tomó el caso en el que pretendía demostrar que el congresista Iván Cepeda estaba buscando falsos testigos en contra de Uribe para demostrar los vínculos con el surgimiento del grupo paramilitar del Bloque Metro en su finca Las Guacharacas. Sin embargo, cuando interpuso las pruebas ante el alto tribunal, las pesquisas cambiaron de rumbo y desde julio de 2018 tuvo que rendir cuentas al tribunal por soborno y falsos testigos, y por consiguiente se apartó del caso como defensor de Uribe. El 8 de octubre del presente año cuando Uribe fue llamado a indagatoria y vinculado oficialmente en la investigación, Cadena habló con la prensa a quien le contó que durante el proceso de investigación para inculpar a Cepeda realizó unos “subsidios” al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, testigo en este caso. Según Cadena el primer acercamiento fue en 2017, pero después de un tiempo y de recibir unos pagos “se volteó” y terminó declarando en contra del expresidente, quien supuestamente desconoció sobre dichos pagos. Así las cosas, Cadena será el primero en ser condenado en este entramado de falsos testigos en el que también está Uribe Vélez y el Representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada. Asimismo, le imputarán cargos a su amigo y socio, Juan José Salazar por el delito de soborno en actuación penal. Procesos judiciales En 2013 el abogado Cadena inició las pesquisas contra Cepeda, y por consiguiente recolectó las pruebas, que en 2014 fueron presentadas ante la Procuraduría General de la Nación. De acuerdo con el expresidente y su defensa, Cepeda tenía la intención de que los desmovilizados manifestaran en una grabación esa supuesta relación con el grupo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Por eso, la alta corte aprobó la interceptación de llamadas, revisión de documentos y seguimientos -en el marco legal, y la investigación contra Cepeda fue cerrada. Acto seguido, la Corte abrió la investigación contra Cadena, Uribe, y Prada, quienes han estado en el ojo del huracán al ser los protagonistas de este polémico caso que por primera vez ajusticiaría a un expresidente de Colombia. Hasta la fecha se sabe que Cadena será condenado por los delitos mencionados con anterioridad, mientras que se desconoce cuál será el rumbo de Uribe Vélez. Pero lo que sí ha sucedido en estos últimos meses, es que su favorabilidad baja cada vez más, y la coyuntura lo aparta de ser ese líder que años atrás representaba a la mayoría de los colombianos y colombianas.

Por: Redacción Pares Mediante un comunicado, el recientemente conformado Frente de Respuesta Social Anticorrupción (FUERSA) conformado por Iván Velásquez, León Valencia, Camilo Enciso José Roberto Acosta, Catherine Juvinao y Ariel Ávila, pone en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia que en los próximos días se espera que se pronuncie sobre el candidato designado para ocupar el puesto de Fiscal General de la Nación de la terna enviada por el Presidente de la República, y por lo tanto, considera que el cargo amerita una revisión exhaustiva no solo de las hojas de vida de los postulados sino también de la ética de sus actuaciones, por consiguiente desde FUERSA creemos que es de suma importancia que se considere lo denunciado por Noticias Uno sobre la candidata Clara María González. La abogada Clara María González, actual secretaria jurídica de presidencia, representó durante el 2008 a la ex congresista Yidis Medina en el proceso que se adelantaba contra esta por recibir dadivas a cambio de votar a favor de la reelección del ex presidente Álvaro Uribe. Según relata la ex congresista en la declaración entregada a Noticias Uno, González la habría “entrenado” para mentir a la Corte, con el fin de proteger al ex presidente. Por estos hechos la Corte Suprema compulsó copia al Consejo Superior de la Judicatura, para que en el marco de sus funciones investigara el actuar de la abogada Clara María González, proceso sobre el cual se desconocen avances. En vista de lo anterior, dice el comunicado, y dada la importancia del cargo a suplir, esperamos que esta honorable Corte tome en consideración lo expuesto. Lea y descargue el comunicado completo

Por: Redacción Pares El Tribunal Administrativo de Quindío acogió los argumentos presentados por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Personería de Armenia, en la acción popular interpuesta por el estado de contaminación por vertimientos que presenta el río Quindío, y lo declaró sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración, desde su nacimiento hasta su desembocadura. Las entidades presentaron una acción popular contra el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Corporación Autónoma Regional de Quindío (CRQ), los municipios de Armenia y Salento y la Asociación de Suscriptores del Acueducto Rural El Rosario, de la vereda Boquía, con el fin de que fueran protegidos, entre otros, los derechos al medio ambiente sano en conexidad con la vida, la salud, la salubridad pública de los ciudadanos. Para las entidades no se logra abarcar con la infraestructura existente todas las necesidades que garanticen la protección del río como fuente abastecedora de agua potable de Armenia, sin que se haya minimizado el impacto de los vertimientos aguas arriba de la bocatoma que surte de líquido vital a los ciudadanos, amenazando con una emergencia sanitaria como se ha evidenciado con las constantes suspensiones por parte de Empresas Públicas de Armenia. En la decisión, el Tribunal Administrativo ordenó al gobernador del Quindío ejercer la tutoría y representación de los derechos del río a través de la Secretaría de Aguas e Infraestructura, y garantizar la protección, recuperación y debida conservación del afluente hídrico, y velar por la debida operación y funcionamiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), que se encuentran ubicadas en el curso del río, para de esta forma evitar su contaminación. Asimismo concedió el amparo de los derechos colectivos de la población de Armenia y dispuso la recuperación del área forestal protectora que se encuentra intervenida. También pidió al municipio de Salento y al departamento de Quindío, adelantar las gestiones administrativas, técnicas, presupuestales, operativas y contractuales para implementar, construir y poner en funcionamiento la PTAR en la vereda Boquía. Ordenó al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio prestar asistencia técnica para viabilización del proyecto, y a la Asociación de Usuarios del Acueducto Rural El Rosario de la vereda Boquía, a EPA, EPQ, y a la corporación autónoma, que de manera conjunta programen los mantenimientos periódicos al pozo séptico de la vereda, evitando el vertimiento al río Quindío. El fallo indicó la necesidad de conformar un Comité Técnico de Verificación, del cual hará parte el Tribunal Administrativo el Quindío, dirigido por el Ministerio Público (Procuraduría, Defensoría y Personería), que deberá rendir informe mensual sobre el avance de lo ordenado hasta la finalización de la PTAR de la vereda Boquía de Salento.

Por: Redacción Pares Este domingo 8 de diciembre de 2019 será un día que quedará grabado en las páginas de la historia de las movilizaciones ciudadanas y pacíficas en Colombia. Definitivamente esta enorme movilización ciudadana es un hecho político clave: es la manifestación de una ‘primavera’ política muy importante en la que el mensaje de la ciudadanía es que está dispuesta a reclamar y defender sus derechos y sus conquistas, su democracia, en las calles de manera festiva y pacífica. Y también es un mensaje contundente acerca de los reclamos y exigencias que el pueblo tiene para un gobierno impopular y que está contra las cuerdas. León Valencia, director de Pares, lo definió de la siguiente forma: La situación en que está el presidente Duque es la de un boxeador en una esquina recibiendo una paliza de su rival mientras que su manager por detrás lo insulta y la da cocotazos para que reaccione. A lo largo de la histórica carrera séptima de Bogotá se realizó la manifestación artística denominada «Un Canto por Colombia», una de las actividades del Paro Nacional. Más de trescientos mil ciudadanos se movilizaron festiva y pacíficamente por la avenida y hacia las plazas y parques en los que estaban programados los conciertos. El concierto fue una iniciativa liderada por las cantante cordobesa Adriana Lucía, por el música y productor Santiago Cruz y el actor Santiago Alarcón. El evento comenzó en el Planetario Distrital, y tuvo su cierre después del mediodía en la Calle 85 con Carrera 15. A lo largo de la carrera séptima las tarimas fijas se situaron en el Parque Nacional, Parque de los Hippies y Calle 85, así como también hubo una tarima móvil que realizó un recorrido hasta la calle 85 de manera festiva, colorida, musical y pacífica, en una palabra: una impecable demostración de democracia. Presidente Duque: la verdad está en las calles La verdad está en las calles; esta es una verdad irrefutable. La esperanza que produce la música es una verdad implacable. Si no se sintonizan con esta verdad será imposible que podamos avanzar como país. dijo Adriana Lucía, una de las artistas creadoras de este evento. Y así como este poderosos mensaje, otros artistas y decenas de miles de ciudadanos que se unieron a este llamado, le exigieron, una y otra vez al gobierno nacional, que no puede ser sordo a esta enorme manifestación de valentía y de dignidad ciudadana. Por fin la primavera colombiana , indicó León Valencia. https://twitter.com/cantoxcolombia/status/1203722921438527490?s=20

Por: Rebecca Oswalt. Especial para Pares. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está enfrentando un proceso judicial en el cual podría ser el primer presidente en la historia de los EEUU en ser expulsado del cargo por juicio político. La investigación comenzó por una llamada realizada este año, el 25 de julio, entre el presidente Donald Trump y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Trump le pidió a Zelensky que investigara al candidato demócrata y ex vicepresidente, Joe Biden. La historia es la siguiente: el mandatario norteamericano le habría pedido al presidente de Ucrania que certificara que Biden tendría conexiones con una empresa de energía ucraniana llamada Burisma, y que por consiguiente iniciara una investigación pública acerca de estas relaciones. Presuntamente, en esta llamada Trump amenazó con parar la asistencia militar a Ucrania en el conflicto que tiene con Rusia si no se cumplía su solicitud. Aunque estas acciones serían claramente un abuso de su poder, Trump niega cualquier acusación y llamó a la investigación una “cacería de brujas.” En respuesta a la denuncia que fue realizada por un funcionario de Inteligencia de los estados Unidos, el Congreso comenzó la investigación de estos crímenes potenciales en un proceso de juicio político que podría resultar en la destitución de Trump. Los crímenes potenciales de Donald Trump La constitución de los EEUU autoriza a los legisladores para destituir al presidente “al ser acusado y declarado culpable en juicio político de traición, cohecho u otros delitos y faltas graves.» Hay tres posibles conductas sobre las cuáles se puede acusar al presidente Trump: 1. El abuso de poder: usar su puesto para beneficios políticos y personales, y el detrimento de la seguridad nacional por pedir ayuda de un gobierno extranjero en una elección nacional. 2. Soborno: retener la asistencia militar a un Estado extranjero a cambio de un favor personal. 3. Obstrucción de justicia: prohibir a los empleados de la Casa Blanca testificar en el Congreso sobre los crímenes potenciales de Trump. Además, aunque no todos piensen que estos cargos deben estar incluidos en los artículos de juicio político, también es posible que se incluya un cargo sobre la obstrucción de justicia en la investigación criminal sobre la interferencia de Rusia en las elecciones nacionales estadounidenses en 2016. En esta investigación, dirigida por el FBI y el Fiscal Especial Robert Mueller, Trump trató de restringir la investigación sobre los vínculos entre asociados de Trump y oficiales rusos. Un juicio político que enfrenta dos poderes El juicio político consiste en presentar cargos contra el presidente, pero no es un proceso criminal sino el equivalente a una acusación. En el contexto de Donald Trump, es el proceso en el cual la Cámara de los EEUU determina si hay suficiente evidencia para que el Senado emita un juicio para investigar los crímenes potenciales del presidente. Si Donald Trump es enjuiciado, sería el tercer presidente estadounidense en estar acusado de crímenes potenciales. En el mes de septiembre la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció el inicio oficial de los procesos en contra de Trump. En respuesta a eso, los comités de la Cámara empezaron a investigar los cargos que podrían justificar la declaración de un juicio político. Los comités han pasado el proceso para que fuera celebrado en las audiencias públicas. El miércoles, el Comité Judicial tuvo su primera audiencia de la investigación en la que tres expertos en derecho constitucional presentaron testimonios. Declararon que las acciones del presidente de tratar de obtener ayuda con una nación extranjera, son suficiente justificación para realizar un juicio político. Sin embargo, otro experto dijo que, aunque las acciones fueron erróneas, no podían justificar dicho juicio. El Comité seguirá escuchando a los testigos y se espera que comience a desarrollar los cargos oficiales a las infracciones de los artículos de juicio político contra el presidente. La Cámara de Representantes, en la cual la mayoría de los miembros son parte del partido demócrata, votará supuestamente al final del año. Se anticipa que el proceso pasará a la siguiente instancia, y que el juicio podría empezar a partir de enero del próximo año. No hay que olvidar que la mayoría de los miembros del Senado pertenecen al partido republicano, el partido político del presidente. Esta semana, Trump publicó en su cuenta de Twitter: «si vas a votar a favor del juicio público, hazlo ahora y rápido, para que podamos tener un juicio justo en el Senado, y para que nuestro país pueda volver a lo de siempre.” «Nuestra democracia es lo que está en juego, el presidente no nos deja otra opción que actuar.” manifestó Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes (Photo by Alex Wong/Getty Images) Como respuesta a ese mensaje, la presidenta Pelosi agregó: “nuestra democracia es lo que está en juego, el presidente no nos deja otra opción que actuar.”

Por: Carlos Castelblanco Pinedo – Redacción Pares «Durante todos estos años mi lucha ha sido fundamentalmente tratar de enseñar la bioética como el cuidado y respeto a la dignidad de la vida sobre todo, y transmitirla, no solamente en los ámbitos académicos y estrictamente científicos, sino que llegue a la gente, a las escuelas, a los niños para que el país pueda tener planteamientos y soluciones a la forma en la que aplica las tecnologías. A diario tenemos que decidir qué hacemos, si es un acierto o una equivocación la manera en la que estamos aplicando la tecnociencia. Esa ha sido nuestra tarea, llevar la bioética a todos los niveles de la sociedad, que salga al país y se aplique todos los días.» Pares habló con Jaime Escobar Triana, quien lleva más de treinta años dedicado a desarrollar los estudios de bioética en Colombia. Sus aportes tocan temas como la eutanasia, la muerte digna y la clonación. Médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, se especializó en coloproctología en la Universidad de Londres, desde muy temprano en su profesión se dedicó a pensar en el paciente como ser humano, en sus derechos y en su dolor. En 1975, cuando dirigía la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Juan de Dios, comenzó a cuestionar hasta dónde llega la vida y cuándo comienza la muerte, con qué criterio se definía conectar o no a los pacientes a los ventiladores que los mantenían vivos. Profundizó sus conocimientos haciendo estudios de posgrado en filosofía de la ciencia y en bioética en los años noventa. Fundador de la Escuela Colombiana de Medicina y rector en seis ocasiones de la Universidad El Bosque, es el creador y director del programa de Doctorado de Bioética. Además, es el pionero del estudio y pensamiento de la bioética en Colombia y a su vez es considerado como una autoridad en la materia. Pertenece a la Comisión Intersectorial de Bioética creada por el Ministerio de Salud en 2001 como órgano consultivo y asesor del Gobierno Nacional, para el estudio, análisis y formulación de políticas públicas en temas relacionados con la protección del ser humano, frente a la investigación, desarrollo y a la aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos. Pares: ¿Qué es la bioética y cómo surge? Jaime Escobar Triana: La bioética es el estudio interdisciplinario de la mezcla de condiciones que exige una gestión responsable de la vida humana,o de la persona humana, en el marco de los rápidos progresos y complejidad del saber y de las tecnologías biomédicas. Hoy, la bioética, plantea ante los grandes hechos científicos, los interrogantes éticos que ellos suscitan, alrededor de una discusión interdisciplinaria y transdisciplinaria a la que deben confluir todas las áreas de conocimientos surgidas en los últimos siglos, y en especial, los avances en el conocimiento biológico,y como consecuencia, de la biomedicina, que se hizo científica, participando de la crisis de las ciencias. «Los aspectos filosóficos, políticos, éticos, jurídicos, así como los asuntos sociales, económicos, entre otros, son del interés de la bioética debido a la necesidad de revisar los problemas y dilemas que emergen por el impacto, uso, distribución de los avances en ciencia y tecnología.» Foto: Pares. La bioética surge en Estados Unidos, en la ciudad de Seattle, a partir de la segunda mitad del siglo XX ante la necesidad de responder y tratar de solucionar los grandes conflictos que plantean hoy los hechos científicos y las tecnologías, su uso y aplicación al ser humano, a la vida y a la supervivencia en el planeta. Su reciente aparición y rápida expansión tienen antecedentes históricos y filosóficos que hunden sus raíces en la evolución cultural occidental, ligados a la ciencia, sus revoluciones paradigmas, al estallido y dispersión del conocimiento. Pares: En términos prácticos ¿de qué forma se aplica la bioética en Colombia? J.E.T: Le voy a dar algunos ejemplos. Muchos de los problemas que afronta el país tienen que ver con la bioética, como por ejemplo la fumigación aérea de los cultivos ilícitos. Como somos parte de la cadena de la vida, al fumigar estos cultivos no solamente se mata el cultivo sino se causa daños enormes al resto de la flora y de la fauna, seguramente por sustancias que no se mencionan y que forman parte de la mezcla utilizada. Hoy se dice que la vida de los seres humanos debe ser una vida digna. La muerte forma parte de la vida, luego la muerte tiene que ser digna también. Algo que antes era tan sencillo, porque si la persona no respiraba, significaba que estaba muerta, se convirtió en un gran problema a través de las técnicas. Hay entonces una redefinición de lo que es la muerte y la muerte digna tiene mucha relación con la vida digna y no con la vida como valor absoluto. Sin embargo, no se trata de temas fáciles y por eso el análisis de cada caso forma parte de las discusiones de los expertos. En bioética se usa mucho la casuística; en cada caso se discuten los pros y los contras, las posibles consecuencias de las decisiones que se tomen. Todos estos temas hacen parte de un proceso de posibilidades que tiene la humanidad, para bien o para mal. Pares: En Colombia la Corte Constitucional ha solicitado al Congreso, en reiteradas oportunidades, la reglamentación sobre el tema de la eutanasia que es el derecho que tiene una persona que sufre una enfermedad sin cura, en fase terminal o con una condición que afecte la calidad de vida pudiera decidir morir dignamente. ¿Cuál es su concepto sobre este tema desde la bioética? (Posterior a la realización de esta entrevista se hundió el proyecto para reglamentar la eutanasia en segundo debate de la Cámara de Representantes) J.E.T: En el país, debido a una larga tradición católica, también ha habido participación de sacerdotes, teólogos con un enfoque confesional que insisten en la protección de la vida y de la persona humana desde la concepción hasta la muerte, con una clara oposición al aborto, a la eutanasia y otras intervenciones. El interés por la bioética se ha seguido extendiendo en el país, a través de iniciativas académicas de formación de diferentes profesionales de diversas regiones del país, de inclusión de la bioética en los diferentes currículos, de la institucionalización con Comités Hospitalarios de Ética y Comités de Ética en investigación. La bioética es un campo complejo de encuentro y, por supuesto, de desencuentro, más o menos conflictivo, en donde convergen diferentes perspectivas desde y entre las disciplinas, múltiples morales, religiones e ideologías y varios grupos de poder y de interés de la sociedad civil. Hasta qué límite se puede hacer ese tipo de intervenciones a los pacientes, quién le pone límite. Para eso se crearon los comités de bioética, para tomar esas decisiones. Morir es un ejercicio final del derecho a una vida digna Por lo tanto, exige una interacción en la que se busca enriquecimiento mutuo y evolución de las posiciones respectivas, comprometida con el objetivo ético de aclarar y explicitar las nociones, los conceptos, los valores y los argumentos con miras a formular conclusiones. Estas conclusiones van entre el ejercicio práctico de orientar las decisiones en casos específicos de conflicto moral, inventando la mejor solución en cada caso de acuerdo con el contexto particular y la formulación de reglas y principios morales más generales en una sociedad pluralista como esta. Pares: La crisis medioambiental refleja el fracaso de los métodos científicos tradicionales para desarrollar una visión adecuada de la relación humana con la naturaleza ¿Qué reflexiones podemos encontrar desde la bioética sobre esta profunda emergencia? J.E.T: La bioética también tiene una parte que es la crisis del hábitat o la crisis ambiental porque trata la vida, no solamente la que vivimos, sino la vida en general del planeta. Hay problemas muy serios como el calentamiento global, la deforestación, la producción y uso de tóxicos. Estamos en un momento en que la vida se pone a prueba. La bioética propone explorar la responsabilidad humana frente al problema ambiental. De esta manera se busca la protección del medio ambiente como un aspecto fundamental del derecho a la vida de las presentes y futuras generaciones, en el sentido de la responsabilidad del hombre en la teoría de la vida, como miembro interactivo y constitutivo de la comunidad biótica. Es necesario propiciar el desarrollo de una conciencia de superación del consumismo exacerbado y llamar la atención sobre la explotación racional de los recursos naturales con un desarrollo humano sostenible. «La bioética ha afrontado el desafío de abrir espacio a la discusión y aplicación de valores, derechos, principios morales, virtudes, concepciones del bien y de la justicia, la religiosidad y los conceptos sobre situaciones humanas como la vida y la muerte, la enfermedad y la salud, dimensiones todas que deben entenderse en la pluralidad de un diálogo ético de reconocimiento del otro.» Foto: Pares. Por eso es fundamental extender la enseñanza de la bioética general a todos los niveles de la sociedad, para que sean claros, sean visibles los mecanismos que gobiernan el origen, la continuidad y la diversidad de los seres humanos en sus relaciones recíprocas y con el medio ambiente, incluyendo aspectos de los efectos que la más reciente capacidad de la intervención humana sobre la naturaleza y sobre el hombre mismo ahora nos proporciona. La solución a los problemas que se han generado debe tener enfoques desde miradas que concilien entendimientos.

Por: Redacción Pares La Jurisdicción Especial para la Paz ya ha recibido 219 versiones por parte de ex integrantes de las Farc EP y de miembros de la fuerza pública. De estas, 33 se han rendido dentro del Caso 01, sobre secuestro; 18 en el Caso 02, sobre la situación territorial en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño); 156 en el Caso 03, sobre ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes de la fuerza pública; y 12 dentro del Caso 04 sobre la situación territorial de Urabá. Estas versiones se dan luego de haber recibido 229 informes de diferentes entidades del Estado y organizaciones sociales y de víctimas, los cuales fueron entregados a la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas. Con base en esta información, la JEP ha empezado un proceso de contrastación de los hechos, para lo que ha llamado a rendir versión a los comparecientes señalados de ser los máximos responsables y autores determinantes de los crímenes más graves y representativos del conflicto armado. “Estas versiones nos están acercando a los primeros reconocimientos públicos de responsabilidad por parte de los perpetradores. En ellas se están tocado temas que nunca se habían abordado en la justicia ordinaria en Colombia. Por ejemplo, en el caso de los integrantes del Estado Mayor de las extintas Farc, se ha logrado que rindan cuentas por primera vez ante la justicia», manifiesta el magistrado Óscar Parra Vera, presidente de la Sala de Reconocimiento. ​A estas 219 versiones se suma la versión colectiva que presentaron los ex miembros de las Farc EP dentro del caso sobre secuestro, que ha sido ampliada en cuatro versiones colectivas regionales en Barrancabermeja (Santander), Icononzo (Tolima), Popayán (Cauca) y Dabeiba (Antioquia). Asimismo, se suman las 61 versiones escritas que se han presentado dentro del Caso 03, de “falsos positivos». En estas versiones se ha materializado el principio de centralidad de las víctimas que rige esta Jurisdicción. Después de la publicación del Auto 80 del 28 de mayo de 2019, las víctimas del Caso 03 han podido participar en las versiones. Esto les ha permitido hacer preguntas a los comparecientes y manifestar sus opiniones frente el desarrollo de esas comparecencias. De la misma manera, en los casos en que las víctimas no han podido participar en las versiones, estas han recibido posteriormente las grabaciones y han hecho observaciones al respecto, como ya lo hicieron las víctimas de “falsos positivos» de Soacha en una audiencia el pasado 17 de octubre. Se espera que en los próximos meses ocurran nuevas audiencias como esta, que lleven a seguir avanzando en la construcción de la verdad en todos los casos, según se vaya progresando en las tareas de contrastación y las particularidades de cada caso.

Por: Redacción Pares Este jueves 5 de diciembre, por unanimidad la Corte Constitucional falló favorablemente la demanda en la que se solicita la prórroga de la ley de víctimas hasta el año 2030. Uno de los demandantes y autor de la ley de víctimas, Juan Fernando Cristo, calificó la decisión como «Gran triunfo de las víctimas en Colombia. La corte nuevamente de su lado.» De esta forma, la Corte extiende la vigencia de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras que iba inicialmente hasta junio de 2021. De acuerdo a este asunto, la Corte Constitucional realizó una audiencia pública en octubre dada la importancia del tema en la que la Defensoría del Pueblo, explicó la intención de «integralidad» que tiene la normatividad de víctimas -que creó, entre otras entidades, la Unidad de Víctimas, de Restitución de Tierras y la Mesa Nacional de Víctimas- con el Acuerdo de Paz. ¿Qué es la Ley de Víctimas? Es la Ley 1448 de 2011 Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Por medio de esta Ley, el Gobierno reconoce a las víctimas del conflicto. Todas las víctimas del conflicto armado reconocidas en la Ley de Víctimas tienen derecho a la reparación integral. Además, quienes han sido despojados de sus tierras o han sido obligados a abandonarlas tienen derecho a la restitución de las mismas. Es uno de los pilares de la ruta de Gobierno hacia la Prosperidad para Todos lo constituye la consolidación de la paz, garantizando el Estado de Derecho dentro de todo el territorio a través de la preservación de la seguridad y el orden público, la observancia de los derechos humanos, la aplicación de una justicia eficiente y oportuna, como también a través de la implementación de mecanismos de justicia transicional que allanen camino hacia la reconciliación. La Ley 1448 de 2011 creó en Colombia un completo sistema para proteger, asistir, atender y reparar integralmente a las víctimas del conflicto en el país.