Por: Redacción Pares El pasado lunes en Barrancabermeja (Santander), 40 exguerrilleros del bloque Magdalena Medio de las extintas Farc-EP comparecieron ante la JEP para ampliar su versión colectiva ante la Sala de Reconocimiento sobre su responsabilidad por secuestros cometidos en su zona de injerencia. Entre estos, 15 comandantes de los frentes 4,20 y 23 del Bloque con roles claves en el secuestro. Se trata de Rodrigo Londoño Echeverry, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Erasmo Traslaviña Benavides, Jairo Reinaldo Cala Suárez, Emiro del Carmen Ropero Suárez, Carlos Iván Peña Orjuela, Felisa Vargas Quiroga, Berceley Niño Medina, Ludwin Gómez Niño, Álvaro García Velandia, Reinaldo Rincón Capacho, Siervo Antonio Pinilla Buitrago, Alfonso Méndez García, José Israel Castrillón, Heriberto Lascarro Vera. Igualmente, asistieron 25 exguerrilleros y milicianos del bloque. Durante la diligencia, el segundo acto de reconocimiento colectivo dentro del caso 01, los comparecientes reconocieron su responsabilidad en nueve casos representativos ocurridos en las zonas de operación del bloque, realizaron contribuciones importantes a la verdad y reafirmaron su compromiso de esclarecer los hechos. Estas versiones serán trasladas a las víctimas acreditadas dentro del caso que corresponden a este bloque para que hagan observaciones. La Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de la JEP decidió ampliar la versión colectiva, entregada el pasado 23 de septiembre en Bogotá, por 10 delegados del antiguo estado mayor de la extinta guerrilla de las Farc-EP en el Caso 01. En las ampliaciones de la versión colectiva los comparecientes tienen la obligación de aportar verdad plena y exhaustiva sobre los hechos y conductas del caso 01, cometidos por la organización guerrillera, respondiendo al temario entregado por la Sala y a las demandas de verdad de las víctimas. La Sala ordenó seis (6) ampliaciones bajo un esquema territorial, según las estructuras que componían a la antigua organización guerrillera y tendrán lugar en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), Icononzo (Tolima), por el bloque Oriental; en Llano Grande (Dabeiba), por el bloque Noroccidental, en Popayán (Cauca), por el bloque Occidental, en Pondores (La Guajira), por el Bloque Caribe y en Miravalle (Caquetá), por el Bloque Sur y la columna móvil Teófilo Forero. Las sesiones territoriales buscan, además de la ampliación de la versión, satisfacer las demandas de verdad de las víctimas acreditadas en el caso 01. Hasta el momento se han acreditado 1.276 víctimas en el caso 01 contra la extinta guerrilla de las Farc-EP. El proceso de acreditación continúa y podrá hacerse en todas las etapas del proceso en la JEP. Dentro del caso 01, también se ha llevado a cabo la versión individual de 33 comparecientes sobre su trayectoria en la guerrilla, el mando que ostentaron, y las operaciones de secuestro en las cuales participaron.​

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Colombia está a dos días del paro nacional, convocado para este jueves 21 de noviembre, que tiene el objetivo de rechazar el actuar del gobierno y del presidente Iván Duque en materia de seguridad, reformas laboral y pensional, educación, y derechos humanos. En esa medida, ha habido dos discursos que tienen en alerta tanto a los manifestantes, como a las autoridades. Por un lado, se ha propagado la idea de que este paro está infiltrado por vándalos o estructuras criminales; mientras quienes han convocado salir a las calles de forma pacífica, alegan que esta es una estrategia de sectores radicales que buscan atemorizar a la ciudadanía, y así mitigar la fuerza de la movilización. Sumado a lo anterior, el mismo gobierno ha participado de esta campaña de estigmatización contra el paro, tanto así que incentivó en redes sociales el numeral #YoNoParo, y a lo largo de esta semana lanzó medidas como el toque de queda o el acuartelamiento militar para “garantizar el orden público” el próximo jueves. Sin embargo, líderes políticos y de opinión han manifestado que las actuaciones del gabinete ministerial y el presidente Duque, dan cuenta del temor que parecieran tener por la protesta social que cada día toma más fuerza. Así las cosas, hay una serie de tratados internacionales que cobijan la protesta social, por medio de otros derechos fundamentales que están inmersos a ella como lo son la asociación o reunión pacífica, libertad de expresión y huelga. Ante la serie de marchas que se han presentado a nivel regional, varios organismos internacionales han lanzado las alertas a los países que han pactado el cumplimiento de los protocolos globales en el respeto por los derechos humanos. En octubre, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que “es claro que hay un déficit creciente de confianza entre la población y el establishment, además de que aumentan las amenazas al contrato social”. Guterres agregó que “algunas protestas son motivadas por cuestiones económicas como las alzas de precios, la persistente inequidad o los sistemas financieros que benefician a las elites, mientras que otras se deben a demandas políticas, la corrupción o la discriminación”. En ese sentido, los ánimos ciudadanos han tomado fuerza en contra de los gobiernos que en últimas no cumplen con lo prometido en campaña. Este es el punto en común de todas las tensiones sociales que se ha manifestado en las calles de Latinoamérica. Los tres derechos fundamentales de la protesta En primer lugar, está el derecho a la reunión pacífica que está concebido en varios artículos de convenciones o tratados internacionales tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 en su artículo 20, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 en su artículo 21, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, (artículo 21), También está protegido en la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 15; en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial de 1965, en su artículo 5; y en la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 15, entre otras. Por su parte el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, también se ha pronunciado en varias ocasiones por medio de resoluciones “en las que se les recuerda a los Estados miembros su responsabilidad en materia de protección y promoción de las libertades de manifestación pacífica, así como el deber de garantizar que sus legislaciones internas se ajusten al DIDH”. El segundo derecho contemplado en la protesta social es la libertad de expresión. Sin embargo, esta está atravesado por la dualidad entre aquel que participa en una protesta y aquel que no lo hace. En ese sentido, podría hablarse de la vulneración de un derecho, mientras se cobija otro. “Tanto a nivel individual como colectivo, es un derecho fundamental cuyo objetivo es lograr que todas las personas tengan derecho a buscar, recibir o difundir sus opiniones, de cualquier índole (moral, religiosa, política, etc.) de forma libre (oral, escrita, por medios artísticos, expresiones no verbales, etc.) y sin ningún tipo de discriminación”, apunta el informe ¿Cómo se rige la protesta Pacífica en Colombia? de la Fundación Ideas para la Paz, publicado en octubre del año pasado. El tercero, es el derecho a la huelga, que atañe directamente a los trabajadores. En esa medida, lo que contempla la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es que es los empleados tienen todo el derecho a manifestar de manera pacífica sus inconformidades frente a las condiciones laborales que viven a diario. En definitiva, es necesario garantizar que la protesta social sea una herramienta para los ciudadanos y ciudadanas en los escenarios políticos, sociales y económicos que ponen en riesgo sus necesidades e intereses colectivos. Cuando un gobernante incumple, cuando olvida los pactos internacionales, cuando viola los derechos humanos, entre otra serie de inconformidades, es normal que la ciudadanía reaccione. Y allí es clave que las manifestaciones pacíficas, como están contempladas en los protocolos internacionales, se den en el marco del respeto de ambas partes. Claro está que, en la práctica tanto el Estado como los sectores más radicales, terminan haciendo uso de la violencia ya sea por incitación de uno u otro bando. Por eso, a nivel internacional se contempla que la fuerza debe ser “completamente excepcional”. Pero el problema es que dichos pactos a nivel global también están sujetos a las políticas nacionales y en el caso colombiano a la Carta Magna, lo cual suscita a que, en cierta medida, la fuerza represiva del Estado se legitima cuando él mismo considera que el status quo está en riesgo.

Por: Redacción Pares Según denuncias realizadas a través de redes sociales, a esta hora se presentan allanamientos simultáneos en Bogotá, Medellín y Cali, por parte de la Policía, a integrantes de colectivos artísticos. Este procedimiento se lleva a cabo en el marco del Paro Nacional que se realizará este jueves 21 de noviembre en todas las ciudades y municipios del país. Quienes realizan la diligencia impiden que los familiares puedan tomar fotografías y registro del procedimiento. Están incautando pinceles, pinturas, carteles, stickers, entre otros materiales propios de su ejercicio artístico. Sobre las 06:00 am se realizaron allanamientos contra integrantes del Congreso de los Pueblos; de acuerdo con la denuncia realizada por el MOVICE, los uniformados habrían llegado a sus viviendas con órdenes de allanamiento por investigaciones relacionadas con el porte y fabricación de explosivos y terrorismo. La militarización y los pronunciamientos hechos por el Gobierno dejan abierta la posibilidad de decretar un toque de queda en todas las ciudades del país. https://twitter.com/ValentinaAvSS/status/1196805450383147009?s=20 También se allanaron las viviendas de tres personas que hacen parte del colectivo artístico Puro Veneno, que participó en el grafiti: «¿Quién dio la orden?», en la que se observa a varios oficiales retirados y en servicio del Ejército en cuyos periodos sucedieron casos de ejecuciones extrajudiciales. Un mural, que por lo demás fue tapado con pintura blanca por integrantes del ejército y la policía. Durante el allanamiento, jóvenes denunciaron que las autoridades se llevaron de su hogar memorias, una cámara, celulares, un computador y material gráfico. Mural ¿Quién Dio la Orden?, realizado en el marco de la #CampañaPorLaVerdad. Denuncia realizada este martes por el Consejo Estudiantil del departamento de Antropología de la Universidad Nacional. Entre las casas que fueron registradas por la Policía estuvo la Revista Cartel Urbano, un medio de periodismo alternativo con 15 años de historia. Por Facebook se realizó la siguiente denuncia: “Hoy allanaron mi otra casa: Revista Cartel Urbano. Tienen miedo, le tienen miedo a la prensa alternativa, al arte, a contar la verdad sin depender de los grandes empresarios como los Nule o los Santo Domingo. Cartel, como otros medios, solo se ha dedicado a dejar un precedente de las luchas y reivindicaciones de los jóvenes que transitan Bogotá y otros lugares llenos de cultura, arte urbano, grafiti, fotografía, pintura. No les tenemos miedo y no somos terroristas. Aguante siempre los medios alternativos, populares y los que están naciendo ahora con el mismo objetivo”. A dos días del Paro Nacional convocado para el próximo 21 de noviembre, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia – CUT, rechaza los allanamientos que se están realizando en Bogotá, Cali y Medellín contra organizaciones sociales y sindicales, que se encuentran promoviendo esta actividad. Recomendaciones en caso de allanamiento El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CAJAR, hace las siguientes recomendaciones en caso de allanamiento: Antes de permitir el ingreso No abra la puerta, verifique la identidad de las autoridades que realizan el operativo, pídales que le muestren el acta y órdenes de registro por debajo de la puerta y verifique la información, pregunte por el motivo de la diligencia. Comuníquese de inmediato con su pareja de seguridad y con un abogado de confianza, impida el ingreso a su vivienda hasta que este no se haga presente. Si no le muestran la orden de allanamiento por debajo de la puerta, bajo ningún motivo proceda a abrir la puerta ni a “autorizar un registro”. Recuerde que de no existir una orden, usted se encuentra frente a un allanamiento ilegal. Verifique la dirección a la que se remiten, el motivo y la autoridad de que se trate, pregunte si el fiscal o ministerio público se encuentran presentes en la diligencia, esto puede ayudarle a identificar si está ante un allanamiento o detención ilegal. Exija siempre la presencia de la Defensoría del Pueblo u otro delegado del Ministerio Público. Verifique la identidad de las autoridades presentes y la presencia de todas las autoridades que están facultadas para el operativo. Observe la hora en la que se realiza el allanamiento, estas solo se puede hacer de 6:00 am a 6:00 pm. Si se hace en el horario apuesto a este deberá contar con la presencia de la Procuraduría General de la Nación. (Art. 50 de la Ley 1453 de 2011). Verifique la fecha de expedición y de caducidad del allanamiento, esta solo tiene vigencia de un mes. Y si se encuentra por fuera de este límite de tiempo, puede ser declarada ilegal. Durante el allanamiento Conserve la calma y actué lo más respetuosamente posible. En lo posible grabe el operativo o pida a otra o persona presente y de su confianza que lo graba también.. Si ya ha transcurrido algún momento, vuelva a empezar el diálogo desde el principio (desde cuando pide que le entreguen la orden). Recuerde que la ilegalidad no está solo en hacer el operativo sin orden o por fuera de las fechas y horarios establecidos, sino también por el uso abusivo de la fuerza para llevar a cabo el mismo. Vigile que los funcionarios cumplan su función, no los descuide ni un momento, esto evitará que siembren pruebas para un posible montaje judicial. Acompañe personalmente toda la diligencia. Si está acompañado pida que le ayuden a vigilar la conducta de los funcionarios que practican el allanamiento. Sino solicite la presencia de vecinos y personas cercanas para que acompañen el registro de cada habitación. La orden debe especificar los lugares de la casa que se van a registrar, si usted comparte apartamento con otras personas, no permita que registren las habitaciones de otras personas. Exija que el registro de cada dependencia de la casa se haga en su presencia. No permita que los menores sean interrogados Recuerde que usted puede solicitar que los archivos de computador y demás dispositivos sean revisados en el lugar para evitar que se los lleven; así como solicitar copia del acta de la diligencia de allanamiento y objetarla. Lea cuidadosamente el acta, firme cada hoja, no deje ningún espacio en blanco y haga cualquier anotación que considere pertinente; malos tratos, daños en bienes, observaciones. Si no le permiten incluir anotaciones o no está de acuerdo con lo anotado, no firme el acta. Si lo obligan a firmas, altere su firma, deje signos y huellas que denoten violencia y/o intimidación. Esto pueda servir como prueba de que usted firmó bajo presión. Tome y guarde foto de lo firmado y de todos los documentos diligenciados por los funcionarios. Si en el acta aparecen cosas que no poseía, expréselo rotundamente, más aún si posteriormente es detenido. Para la posterior denuncia tenga presente la hora de la diligencia, el tiempo que duró, los funcionarios que intervinieron (nombres y cargos) las irregularidades etc. Si el allanamiento va acompañado de orden de captura, verifique que tenga sus nombres precisos e identificación, igualmente el motivo de detención. Exija que le informen a qué lugar va a ser trasladado. Si se trata únicamente de una orden de captura, no deje registrar ni allanar el lugar en que se encuentra.

Por: Redacción Pares La Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP convocó a una audiencia pública en Cartagena, los próximos 20 y 21 de noviembre. Esta diligencia busca establecer si en el cementerio de San Onofre (Sucre), en el cementerio del corregimiento Rincón del Mar y en las fincas La Alemania y El Palmar, y sus alrededores, existen lugares de inhumación no reportados o no inventariados, en los podría haber cuerpos de personas desaparecidas. A la audiencia están convocadas la alcaldesa de San Onofre y el gobernador de Sucre, quienes, en caso de no poder asistir, solo podrán delegar a un secretario titular de despacho. Además, están citados el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Unidad de Restitución de Tierras. En esta diligencia las instituciones públicas y privadas, nacionales, regionales y locales, deben explicar sus planes, medidas, acciones, procesos, logros, retos y propuestas para saber cómo están los lugares cuya protección, preservación y conservación se solicita. A su vez, los asistentes, especialmente las víctimas y organizaciones, podrán manifestar sus consideraciones, preguntas y observaciones sobre el tema.​ Por razones de seguridad, la audiencia se realizará en el Claustro San Agustín de la Universidad de Cartagena. Sin embargo, las víctimas realizarán una serie de actos simbólico en San Onofre este 19 de noviembre, desde las 9:00 a.m. Antecedentes El 29 de agosto de 2018, nueve peticionarios -dos representantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y siete familiares de desaparecidos- le solicitaron a la JEP tomar medidas cautelares anticipadas sobre 16 zonas del país, en las cuales «se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto armado». Posteriormente los peticionarios agregaron una zona más, y a la fecha son 17 sitios en los que la JEP estudia tomar medidas cautelares. Entre estos lugares se encuentra el municipio de San Onofre, Sucre. El 14 de septiembre de 2018, la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP avocó conocimiento de la solicitud de medidas cautelares y corrió traslado de la solicitud a varias las instituciones públicas y privadas de los ámbitos nacional, regional y local. Así mismo, le solicitó al Movice ampliar la información suministrada con el fin de “poder determinar, con la mayor certeza posible, los lugares de efectiva inhumación, los niveles de riesgo naturales o por acción humana, y avanzar hacia la toma de las decisiones más convenientes». A partir de las respuestas allegadas con ocasión de las órdenes, requerimientos y solicitudes que se han hecho en el presente trámite, la JEP consideró necesario convocar a la audiencia que se celebrará los próximos 20 y 21 de noviembre en Cartagena. En el marco del mismo trámite la JEP ya decretó medida cautelar de protección sobre algunos cuerpos custodiados en el Laboratorio de Osteología Antropológica de la Universidad de Antioquia. Y se han realizado dos audiencias públicas en Medellín: el pasado 17 y 18 de julio, sobre la Comuna 13 de Medellín, y 8 y 9 de octubre, sobre la zona de Hidroituango.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El próximo jueves 21 de noviembre está previsto el Paro Nacional contra el “Paquetazo de Duque”, que agrupa una serie de propuestas que al parecer serían presentadas por el gobierno de Iván Duque, y afectarían el sistema pensional y laboral. A lo anterior, se suma el rechazo por el asesinato sistemático a líderes y lideresas sociales, a la violación a los derechos humanos, y a la política de seguridad democrática que puso al descubierto la forma cómo operan las Fuerzas Militares en las regiones. El descontento generalizado llegó a su punto más alto a principios de noviembre luego de la denuncia presentada ante el Congreso de la República sobre la ofensiva de las Fuerzas Militares en el departamento de Caquetá contra un grupo de disidencias de las FARC en el cual fueron ejecutados varios menores de edad que hacían parte de esa estructura. Sin embargo, este episodio dejó en evidencia las irregularidades con las cuales se realizan estos operativos. De acuerdo con el que fuera ministro de Defensa, Guillermo Botero, inteligencia no sabía que en dicho campamento había niños y niñas y acto seguido se realizó el bombardeo. De todas maneras, los sectores políticos de oposición y la sociedad civil han sostenido que el gobierno sí violó los protocolos internacionales en materia de Derechos Humanos. Y en ese sentido, esto suscitó a que se caldearan los ánimos para rechazar varios proyectos, propuestas y medidas de la era Duque. Así las cosas, se espera que este jueves se logre una gran marcha nacional, pese a los varios tintes que ha tenido la convocatoria a lo largo de estas semanas. Por un lado, ha generado varias tensiones porque algunos incitan a la violencia, mientras otros hacen un llamado a la protesta pacífica. Por consiguiente, el gobierno ha dispuesto decretar el paro que se avecina. Por eso, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró en una rueda de prensa realizada este lunes que el gobierno decidió entre otras cosas, decretar un toque de queda (opcional para cada ciudad o municipio) de acuerdo a la forma como se desarrolle la marcha; la militarización en la capital bogotana, sumado al comunicado que se filtró el fin de semana sobre el acuartelamiento de primer grado de todos los miembros de la Fuerza Pública en el marco del Paro Nacional; suspender el porte de armas. Asimismo “se ha instalado un Puesto de Mando Unificado a nivel nacional, junto con la @PoliciaColombia y @FuerzasMilCol. En cabeza del Presidente @IvanDuque se han revisado los riesgos de la convocatoria del paro, también se habló con los gobernadores para tomar medidas de seguridad, Nancy Patricia”, aseguró la ministra desde su cuenta de Twitter. Por su parte, Duque aseguró el domingo que la protesta social pacífica es un derecho de los colombianos y es un deber del Estado de los gobernantes locales garantizar el ejercicio de la protesta pacífica. Pero puntualizó en que también es un deber de todos “rechazar, censurar, acusar, develar y sancionar ejemplarmente a quienes pretendan apelar a la violencia, al vandalismo y el pillaje para atentar contra los derechos de los colombianos”. ¡Es una marcha pacífica, no una insurrección! De acuerdo con el director de la Fundación Paz & Reconciliación, León Valencia, hay una preocupación enorme por las medidas que tome el gobierno para el próximo jueves porque “se está preparando como para una insurrección y no para una marcha pacífica y eso puede traer que de verdad induzca esa violencia”. Y es que es un gran problema cuando se habla del acuartelamiento de las Fuerza Militares, cuando se habla de la posibilidad del toque de queda, cuando se habla de que van a estar organismos de seguridad, vigilando cada paso de esta protesta pacífica que ha sido convocada por varios sectores. Ese mensaje al final es contraproducente, si es que el gobierno quiere un escenario pacífico. “Lo que le da a uno es una impresión de que o el Estado piensa, o el presidente o el gobierno piensa que ahí va a haber una cosa muy grande y que va a haber una cosa que se puede desbordar o, la segunda opción que es un poco perversa, es que ahí van a buscar promover que eso se desborde y eso sí tenga unas connotaciones de violencia similares a las que ya están ocurriendo en varias partes de América Latina”, apuntó Valencia. Así las cosas, el gobierno tiene una gran preocupación dado lo que está sucediendo en la región, y es que, eso puede darse. Podría haber contagio de lo que ocurrió en el cono sur, y lo que está ocurriendo en otros lados, sobre el ascenso de una protesta social. “Ahora, los organizadores de las marchas deben estar felices porque se ve que esto ha tenido una atención enorme, y a esas organizaciones de las marchas sabiendo de lo que se está haciendo desde el lado del gobierno, solo les queda amarrarse muy bien los pantalones”, aseguró. Y es que el gobierno pareciera sentirse acorralado con el paro, que a nivel mediático y en redes sociales ha tomado mucha fuerza. De hecho, desde que se convocó en estas plataformas ha sido tendencia #YoMarcho entre otras insignias, mientras que el gobierno intenta posicionar el numeral #ColombiaNoPara. En esa tarea por contrarrestar las marchas, el gobierno lanzó una propuesta gráfica en sus redes sociales sobre las que consideran son noticias falsas y que han promovido los sectores de oposición y sociedad civil para fomentar el paro nacional. “De manera que en esas estamos. Un gobierno que se prepara para una protesta enorme con medidas que pueden a su vez hacer que esa protesta se desborde, un movimiento social que piensa que va a haber un contagio también con todo lo que está ocurriendo en las distintas partes, pero que lo ha dicho y lo sigue reiterando en todas la voces de los líderes que encabezan estas marchas, de que debe ser pacífica”, apuntó el analista. Hay varios escenarios En últimas caben varios escenarios de la protesta social. Un primer escenario, y que sería el ideal, es que la protesta sea enorme y que haya un respeto enorme por parte del gobierno, y lo más importante que el gobierno baraje de nuevo a partir de esa protesta social y que diga que hay que hacer cambios y hay que hacer reformas, buscar un acuerdo nacional. Este sería un escenario virtuoso, destacó Valencia. Un segundo escenario, sería una protesta enorme, pero con una mala respuesta del gobierno nacional para enfrentar toda la inconformidad, y eso terminaría en confrontaciones muy negativas para el país. Y un tercer escenario, es que incluso dentro del gobierno y el Estado haya una actitud de respeto a la protesta, que haya una protesta enorme, pero que saboteadores de esa protesta impulsen este malestar. Y los responsables de ello, serían sectores del uribismo, o sectores extremos del lado de la izquierda, o la confluencia de estos dos sectores. “Este sería un escenario muy negativo porque motivarían acciones del Estado y también acciones de los manifestantes en contravía de lo que es un propósito nacional que es marcha pacifica y conquistar reivindicaciones, de manera que estos son los tres escenarios posibles, y hay que mirar cuál es el mejor de ellos, y cómo se evita el segundo y el tercero”, agregó. En definitiva, desde Pares se hacen dos llamados. Primero que el gobierno respete las marchas y atienda las reivindicaciones. Y segundo, a los organizadores de las marchas que se preocupen por evitar hechos de violencia, y que sean capaces de denunciar si hechos de violencia vienen de otros sectores interesados en golpear estas marchas. Lo que ha ocurrido en el sur de continente y algunas veces aquí en Colombia, es que este paro es el inicio de un largo proceso de marchas. “Esto puede ser apenas la acción inaugural de un camino de protestas sociales en Colombia, todo depende de lo que pase al día siguiente”, concluyó Valencia.

Por: Redacción Pares La protesta o movilización social es un derecho fundamental que se desprende del derecho a la libertad de expresión y reunión, tal como lo contemplan la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación. El informe “Protesta Social y Derechos Humanos: Estándares Internacionales y Nacionales” de la ONU, explica que los Estados tienen la responsabilidad de “promover y proteger los derechos humanos e impedir que se vulneren esos derechos”. Y en ese sentido, los gobiernos deben “evitar” las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, las detenciones y reclusiones arbitrarias, las desapariciones forzadas y las torturas y otros tratos o penas crueles. Siga estas recomendaciones de autoprotección para la movilización del 21 de noviembre: Pares exhorta al Estado a que impida en todo momento que se abuse de los procedimientos penales y civiles o que se amenace con acciones violentas contra los manifestantes pacíficos.

Por: Redacción Pares A través de información suministrada por las comunidades a la Comisión de la Verdad, se denuncia que el 12 de noviembre un grupo armado al margen de la ley produjo el desplazamiento masivo de más de 73 personas de la comunidad Embera Dochama y 53 campesinos en Altos de Uré en la Vereda Batatalito del corregimiento de Versalles en el Sur de Córdoba. Este hecho se suma a las comunicaciones entregadas por los pobladores sobre el escalamiento de la violencia en el municipio de San José de Uré, en el cual, en lo corrido del mes de noviembre, han reportado la masacre de tres personas, al tiempo que se han dado alertas por desplazamiento masivo de la Defensoría del Pueblo. Es urgente que el Gobierno Nacional tome medidas que garanticen la vida y pervivencia en paz de las comunidades, y que se aclare y tomen medidas eficaces contra estas formas de violencia en el Sur de Córdoba. El sentir de las comunidades es que las medidas de protección requieren incluir el reconocimiento formal del resguardo Embera Dochama, solicitud elevada por sus autoridades étnicas hace 40 años, piden igualmente el cumplimiento concertado y efectivo del Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección (Decreto 660 de 2018) y estrategias de protección de la población civil, sus líderes y lideresas que no se reduzcan a la militarización del territorio. Asimismo, las comunidades reclaman el cumplimiento de las iniciativas del Pacto Municipal para la Transformación Regional de San José de Uré y su enfoque étnico, en el marco del PDET y la implementación del Acuerdo de Paz. La crítica realidad del desplazamiento Así lo reveló la Defensoría del Pueblo en su último informe «Situación de desplazamientos masivos y confinamientos en el país». Según el boletín oficial, han ocurrido alrededor de 35 desplazamientos masivos en todo el país que han provocado el desarraigo de más de ocho mil personas durante los primeros seis (6) meses del año. El informe también indica que el 43% de desplazamientos masivos en Colombia durante el primer semestre de 2019 ocurrieron en el departamento de Nariño, lo que corresponde a 3540 personas que han sufrido desplazamiento en esta región del sur del país. También se ha presentado este fenómeno en los departamentos de Norte de Santander, córdoba, Antioquia, Chocó, Magdalena, Valle del Cauca y el Cauca. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja – CICR, que publicó en marzo de este año el balance anual sobre los “Retos Humanitarios 2019”, en el que se revela la grave situación humanitaria en más de siete departamentos del país durante el año pasado. Por su parte, de acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR, en el 2017 hubo 14.594 personas desplazadas forzosamente frente a las 27.780 de 2018. En ese sentido, aumentó en 90% este fenómeno. “Hubo un deterioro significativo de las condiciones de seguridad. No hemos visto ninguna mejora, y hemos visto a personas, civiles, familias en situaciones más difíciles, más precarias, más expuestas a todo tipo de violencia tras la salida de la exguerrilla Farc de las zonas históricamente ocupadas», indicó Christoph Harnisch, jefe de la Delegación del CICR en Colombia. Respecto a esta tragedia, la Corte Constitucional afirmó que “si bien la magnitud del desplazamiento no es la misma que se presentaba al momento de la declaratoria, en años recientes, los escenarios de riesgo que afrontan las comunidades, en algunas zonas del país, presentan transformaciones asociadas a los cambios en las dinámicas de la violencia y el conflicto armado en Colombia.

Por: Redacción Pares Este jueves 21 de noviembre las centrales de trabajadores, las organizaciones sociales, el movimiento sindical nacional, trabajadores, organizaciones sindicales, sociales, estudiantes, maestros comunidades indígenas y ciudadanía en general, saldrán a las calles y plazas del país con el objetivo de rechazar lo que se ha denominado el ‘Paquetazo de Duque’ el cual, comprende una serie de proyectos, medidas y políticas que prepara el actual Gobierno y que afectarán directamente a los trabajadores, ciudadanos, jóvenes y pensionados del país. El Paro se desarrollará con marchas y movilizaciones en las capitales del país y municipios. Vale la pena recordar que la protesta o movilización social es un derecho fundamental que se desprende del derecho a la libertad de expresión y reunión, tal como lo contemplan la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación. Sin embargo, en el contexto colombiano queda en entredicho si esos pactos se cumplen a cabalidad, puesto que, el uso de la fuerza en la mayoría de las movilizaciones que empiezan siendo pacíficas, terminan en choques entre las partes. Horarios y sitios de concentración de las marchas Bogotá -Plantón el 20 de noviembre en la Plazoleta de la SED (AV. El Dorado # 66-63) desde las 10:00 am hasta las 2:00 pm. -21 de noviembre sindicato educadores ADE Hora: 09:00 am Lugar:Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar -CUT: Hay cuatro puntos de concentración en Bogotá hasta la Plaza de Bolívar: Hora: 10:00 am 1- Hortúa, en la calle 9 con Avenida Caracas 2- Sevillana, ubicada en la calle 30ª sur #34; 3- La Gobernación de Cundinamarca, en la Avenida Calle 26 con carrera 51, 4- Parque Nacional. – Otros puntos de concentración 9 am: Sector de la Sevillana con Autopista sur y el Parque Virrey en la calle 85 al norte de la capital. – Partido Alianza Social Independiente saldrá desde su sede ubicada en la calle 34 con carrera 21 y desde allí marcharán hasta el punto de concentración de La Gobernación de Cundinamarca para unirse a esta marcha. -Madres de Falsos Positivos de Soacha. Lugar de encuentro: Planetario de Bogotá. 10 a.m. -Barras de fútbol: La Guardia AlbiRoja Sur de Santa Fe. Lugar de encuentro: Gobernación de Cundinamarca, 10 a.m. Comandos Azules de Millonarios. Lugar de encuentro: Parque Nacional 9 a.m. -Gobernación de Cundinamarca (Avenida El Dorado con carrera 50). Tomarán la Calle 26, luego la Carrera 10, Avenida Jiménez y, finalmente, Carrera 7 hasta llegar a la Plaza de Bolívar. -La Sevillana (Autopista Sur con Avenida Boyacá). Los manifestantes que saldrán desde este puto tomarán Autopista Sur, NQS, Calle 13, Avenida Jiménez y Carrera 7 hasta llegar a la Plaza de Bolívar. -La Hortúa (Carrera Décima con calle Primera). La salida desde este punto será en la Carrera 10; tomarán la Avenida Jiménez y la Carrera 7 hasta llegar a la Plaza de Bolívar. -Estadio de Techo (carrera 71D con calle 6 sur). En este punto habrá una movilización de taxistas. Tomará la Avenida de las Américas, luego Calle 13, la NQS, la Calle 26 hacia el oriente y, finalmente, Carrera 7 hasta llegar a la Plaza de Bolívar. –Acueducto de Bogotá (Avenida La Esperanza con carrera 40). Dos de las movilizaciones de centrales obreras saldrán del Acueducto de Bogotá, tomarán la Avenida La Esperanza, la Calle 19 y la Carrera 7 hasta llegar a la Plaza de Bolívar. -Campincito – Movistar Arena (Carrera 24 con calle 61). La movilización de moteros tomará la Carrera 30, la Calle 26, la Avenida Caracas y, finalmente, llegará a la intersección de la Calle 19 con Carrera 10. -Universidad Nacional (Ciudad Universitaria) La principal movilización de estudiantes saldrá desde la Universidad Nacional al Parque Simón Bolívary tomará la Avenida El Dorado a la altura de la Avenida 68. Llegará a Carrera 10, la Avenida Jiménez y la Carrera 7 hasta llegar a la Plaza de Bolívar. -Universidad Militar (Carrera 11 con calle 85). Otra de las movilizaciones de estudiantes inicia en la Carrera 11 con calle 85; llegará al Parque Nacional y tomará la Carrera 7 hasta llegar a Plaza de Bolívar. -CTU. Estos manifestantes tomarán la Avenida La Esperanza. -Plazoleta de la Calle 85 con carrera 15. Estos manifestantes tomarán hacia el Parque de los Hippies hasta llegar al Parque Nacional. Allí se unirán a los otros manifestantes. -SENA de la calle 52 con Avenida Caracas. Los manifestantes tomarán la Avenida Caracas y luego la calle 53, la carrera 13, la calle 45 y la Carrera Séptima hasta llegar a Parque Nacional. Desde allí se unirá a otras movilizaciones hasta llegar a Plaza de Bolívar. Medellín -Recorrido Sindicato de educadores 21 de noviembre: Hora: 09:00 am Lugar: Parque de las Luces. Recorrido: San Juan – Oriental hasta la playa – (En La Playa plantón hasta la 1:00 pm) Después de la 1:00 pm habrá desplazamientos hasta la sede de ADIDA en la calle 57 con 52) (Por establecer otros recorridos de otros sindicatos). Cali -SUTEV: (Sindicado Educadores del Valle) Realizará el día 21 de noviembre la «Gran Toma a la Capital del Valle del Cauca», un plantón de resistencia. lugar: Sameco HORA: 7:00 A.M. (Por establecer concentraciones de otros gremios). Palmira -Se hará una concentración a partir de las 8 am en la rotonda de Versalles. Buenaventura, Cartago, Tuluá y Buga también adelantarán concentraciones y movilizaciones. Barranquilla -Punto de encuentro: Parque Esthercita Forero Cll 74 #42f, esquina. Hora: 9:00 a.m. Cartagena -Universidad de Cartagena, sede Piedra de Bolívar 9 am y recorrido por la avenida principal hasta llegar al centro de la ciudad (zona Portuaria). Popayán – ASOINCA la protesta será el día 21 y 22 de noviembre. Punto de encuentro 1: Los Faroles Punto de encuentro 2. Facultad de Derecho Unicauca. Punto de encuentro 3. Sena Norte. Manizales -Parque Antonio Nariño 9 am y recorrido por la Avenida Santander hasta la Plaza de Bolívar. Valledupar -Punto encuentro: Glorieta del Obelisco (salida a Bosconia) 7:00 am, tomando La Avenida Fundación pasando por La Glorieta de La Ceiba, haciendo un alto en la Gobernación del Cesar hasta La Plaza Alfonso López. Montería -Universidad de Córdoba, toda la circunvalar hasta la calle 46, pasarán por la electrificadora hasta la calle 41 y por la carrera cuarta hasta el parque Laureano Gómez. Villavicencio -Punto de encuentro 1 : 9:00 am al frente del Sena multisectorial Vía Acacías Punto de encuentro 2: Puente de Ocoa vía Puerto López Punto de llegada: Universidad de los Llanos sede San Antonio Cúcuta -Punto de encuentro 1: 8:00 am – El Sena (Centrales Obreras) Punto encuentro 2: Redoma intercambiador atalaya (magisterio – Asinort) Punto de llegada: Parque Santander. Ibagué -Puntos de encuentro 1: Hora: 7:00 am Avenida 37 desde el estadio Manuel Murillo Toro hasta la avenida Ambalá (transversal estratégica), también hay movilizaciones avenida 60 y terminan en un plantón sobre la avenida 37. Punto de encuentro movimiento estudiantil: Concentración en la autopista sur Boquerón (Carretera Panamericana). Risaralda -Dosquebradas, vía a Caldas. Hora: 10: 00 am Mercasa, vía al Valle – San Luis, vía al Quindío. Armenia -Punto de encuentro: 8:00 am Plaza de Bolívar. Bucaramanga En la Plazoleta Luis Carlos Galán 9 am y recorrido hasta la Gobernación. Neiva -Habrá cuatro sitios de salida y rutas de las marchas que se han citado a partir de las 8: am. 1- Zona norte del puente del Tizón, coordinada por delegados de la CUT Huila, la USCO y la USO. 2- Zona oriente Hospital General de Neiva, coordinada por delegados de la CUT Huila. 3- Zona nororiente SENA norte, coordinada por delegados de la CUT Huila. 4- Zona sur glorieta Jardines el Paraíso. coordinada por la ADIH y delegados de la CUT Huila, delegaciones de campesinos de municipios de Campoalegre, Rivera, Hobo y Algeciras y el CRIHU. La llegada de todas las marchas será el Parque Santander después del mediodía, donde se habrá intervenciones de líderes, presentaciones culturales y artísticas incluyendo la banda sinfónica del Huila. Yopal -Concentración en el parque Resurgimiento 9 am y recorrido por vías principales. Lo primero que hay que tener en cuenta son las normas constitucionales en Colombia que consagran los derechos fundamentales que al mismo tiempo son el pilar del derecho a la protesta social: el derecho a la libre asociación, la libertad de expresión y de libre movilización.

Por: Redacción Pares La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, informó este sábado que su Oficina ha recibido denuncias de muertes de manifestantes que habrían sido causadas por las fuerzas públicas de Bolivia, por lo que urgió a las autoridades a garantizar la integridad y el derecho a la vida de quienes protestan por el cambio de Gobierno en el país. En un comunicado, Bachelet reportó que el viernes murieron por lo menos cinco manifestantes en Sacaba, Cochabamba, “presuntamente a consecuencia del uso de munición letal por parte de las fuerzas de seguridad”. “Tenemos información de que al menos 17 personas han fallecido en el contexto de las protestas, incluidas 14 sólo en los últimos seis días”, señaló. Uso desproporcionado de la fuerza “Mientras que las primeras muertes se produjeron como resultado de enfrentamientos violentos entre manifestantes rivales, las más recientes parecen derivar de un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial o militar”, abundó la Alta Comisionada. Luego de condenar las muertes, Bachelet afirmó que implican un peligro extremo puesto que lejos de apaciguar la violencia “es posible que la empeoren”. “Realmente me preocupa que la situación en Bolivia pueda salirse de control si las autoridades no la manejan cuidadosamente, de acuerdo con las normas y estándares internacionales que rigen el uso de la fuerza, y con un respeto pleno por los derechos humanos”, dijo. País dividido Agregó que el país está dividido y que existe indignación en los distintos sectores del espectro político. “En una situación como esta, las acciones represivas de parte de las autoridades simplemente avivarán más esa ira, y pueden poner en peligro cualquier camino de diálogo posible”, insistió Bachelet. Expresó gran inquietud no sólo por los muertos y centenares de heridos, sino porque se han registrado múltiples arrestos y porque habría más de 600 personas detenidas desde el 21 de octubre, “muchas de ellas durante los últimos días”. La Alta Comisionada llamó a las autoridades a revelar el número de personas arrestadas, heridas y fallecidas durante las protestas e instó a investigar con celeridad, imparcialidad, profundidad y transparencia los hechos para que haya una rendición de cuentas de los responsables. Además, las conminó a abstenerse de emplear a las fuerzas militares en operaciones de orden público, incluyendo durante las protestas. “Esta situación no será resuelta por medio de la fuerza y la represión. Todos los sectores tienen el derecho a hacer oír sus voces, cuestión fundamental para la democracia. Insto a todos los actores, incluyendo a los manifestantes, a que renuncien a la violencia para transitar hacia una solución pacífica a la crisis actual”, concluyó Bachelet. La crisis Bolivia celebró elecciones presidenciales el pasado 20 de octubre. Tras suspender durante más de 24 horas el recuento, el Tribunal Supremo Electoral dio como ganador al presidente Evo Morales sobre su contrincante el expresidente Carlos Mesa con una ventaja suficiente para evitar una segunda vuelta de votaciones. Una delegación de la Organización de los Estados Americanos que monitoreó y auditó los comicios reportó irregularidades durante el proceso. Los días que siguieron a las votaciones fueron de manifestaciones en contra y a favor del Gobierno en las que empezaron a registrarse actos de violencia a medida que pasaron los días. Las movilizaciones continúan hasta el momento y la cifra de muertos ha aumentado a cerca de 20. Los heridos suman centenares. El domingo 10 de noviembre por la mañana el presidente Morales comunicó que se realizarían nuevas elecciones pero más tarde los responsables del Ejército le “sugirieron que renunciara” para que el país lograra pacificarse. Evo Morales renunció al Ejecutivo y denunció un golpe de Estado, además de agresiones contra sus ministros y las familias de éstos, así como contra la suya. Actualmente se encuentra asilado en México. El Gobierno de Bolivia quedó acéfalo varios días hasta que el 13 de noviembre, la vicesecretaria del Senado por un partido opositor, Jeanine Áñez, se proclamó presidenta interina del país sin contar con el quórum requerido por ley. El partido de Evo Morales, Movimiento al Socialismo, mantiene la mayoría parlamentaria. El 14 de noviembre, después de realizar consultas con varias partes, el diplomático Jean Arnault viajó a Bolivia en calidad de enviado personal del Secretario General de la ONU, António Guterres, para apoyar los esfuerzos en busca de una solución pacífica a la crisis.

Por: Carlos Castelblanco Pinedo – Redacción Pares «El periodismo debe ayudarnos, a partir de una mirada seria e informada, a encontrar respuestas ante la complejidad del país en el que vivimos y ante la expectativa de paz en la que estamos. Es importante que este oficio no se convierta en un instrumento político, ni del gobierno ni de la oposición, sino que cumpla con su papel que es el de estar cerca de la gente. Y esa función debe cumplirla el periodismo haciendo una buena investigación, con conocimiento, con relatos que estén bien escritos, bien narrados, pero sobre todo explicándoles a las comunidades qué es lo que está pasando en sus regiones y en su país.» Pares habló con Jaime Abello Banfi, director y cofundador de la Fundación Gabo, en cuya creación y gestión trabajó desde el primer día, cuando el premio Nobel de 1982 lo buscó para que lo ayudara a realizar su idea de ofrecer talleres para la formación práctica y la búsqueda de la excelencia en el periodismo. Antes de vincularse a la Fundación fue, entre 1990 y 1995, director-gerente de Telecaribe, canal público de televisión regional del Caribe colombiano. Es egresado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, pero ha dedicado su vida profesional al periodismo, la comunicación y la cultura. Hace parte de juntas directivas y consejos consultivos de estos sectores, entre otros el Consejo de Agenda Global sobre Sociedades Informadas del Foro Económico Mundial de Davos en 2010 y 2011, así como la representación de América Latina, desde 2006, en el consejo directivo del GFMD (Global Forum for Media Development), alianza internacional de organizaciones líderes en programas de apoyo y desarrollo de medios periodísticos. Pares: A propósito del reciente lanzamiento en Bogotá del libro de la Fundación Gabo ‘La paz con los ojos abiertos: periodismo, comunicación y construcción de paz en Colombia’ ¿cuál fue el origen de este proyecto que propone un camino hacia la transformación de los conflictos de manera no violenta y entendiendo la paz como un proyecto de país? Jaime Abello Banfi: Este libro es un hito importante de un proyecto que iniciamos en 2018, pero que empezamos a estructurar desde finales de 2017. El objetivo era el de propiciar un proceso colaborativo de reflexión sobre el rol que han asumido el periodismo en la construcción de espacios de diálogo, convivencia y reconciliación en Colombia después de haber logrado la firma de un acuerdo de paz con las FARC. Colombia, de la mano del periodismo, necesita emprender el camino hacia la transformación de los conflictos de manera no violenta, fortaleciendo mecanismos como el diálogo, entendiendo la paz como un proyecto de país incluyente, en el que haya espacio para la vida, la diversidad y los derechos humanos. Dada la complejidad de esta realidad que vive el país, los periodistas y medios estamos ante la responsabilidad de sembrar esperanza y no desesperanza. De reconocer la realidad, pero también apostarle a la búsqueda de soluciones, y de defender valores fundamentales como lo son los derechos humanos, el sistema democrático y la paz. ‘La paz con los ojos abiertos: periodismo, comunicación y construcción de paz en Colombia’ es fruto de un proyecto en alianza con USAID y ACDI/VOCA, y recopila los aprendizajes extraídos de las relatorías que dejaron los siete talleres realizados en un periodo de seis meses del año 2018 en Bogotá, Medellín y Cartagena. En esta obra quiero resaltar el trabajo realizado por mis colegas Ana Cristina Navarro y Nubia Rojas, quienes han realizado un trabajo de pedagogía, investigación y comunicación. Pares: ¿Qué esperan las comunidades que haga el periodismo en temas de paz, de reconciliación y de construcción de democracia? J.A.B: Yo creo que los colombianos estamos esperando del periodismo una actitud responsable y que el periodismo no se preste a servir simplemente como una plataforma de reproducción de discursos de confrontación, discursos que al final van contra la idea de la paz. Necesitamos un periodismo que refleje más el pluralismo del país, la diversidad, y es un tema clave salirnos de unas pocas voces dominantes. En segundo lugar creo que la gente está aburrida del periodismo que se queda en la denuncia y que contribuye a la desesperanza, ese no le sirve mucho a Colombia. Sobre este asunto yo le hago un homenaje a Javier Darío Restrepo, quien se nos fue este año, y que insistió mucho en que el periodismo, sin volverse positivo simplemente, no puede estar sembrando la desesperanza. Por eso la Fundación ha optado por un camino, que sabemos que puede ser polémico pero nos parece interesante, que es lo que estamos llamando “periodismo de soluciones”. «Para que un un periodismo sea indispensable una de las cosas que debe hacer es distinguirse de la oferta de las redes sociales. Si simplemente es un ruido más en el barullo de la redes sociales, no aporta nada nuevo. No, el periodismo tiene que aportar rigor, cuidado e investigación.» Foto: Pares. Yo diría que estamos en un momento en el que el papel de los medios globalmente se está reestructurando y esa restructuración pasa por el tema de cómo encontrar un modelo sostenible del servicio periodístico; al parecer el único camino es que los lectores paguen por el contenido, pero el requisito para eso es credibilidad y confianza, percibir que hay un periodismo indispensable, tan necesario que entonces se animen los lectores a sacar de su bolsillo un dinero. Pares: Haití, Ecuador, Chile y más recientemente Bolivia, han enfrentado manifestaciones que, al parecer, van a continuar mientras persista el creciente descontento social con las élites en el poder y la falta de respuesta a demandas de la ciudadanía. Y el turno será para Colombia este 21 de noviembre ¿Cuál debe ser el papel de los medios de comunicación frente a la protesta social? J.A.B: Va a ser muy importante el papel de los medios frente al contexto de la protesta social. En cada país hay distintas razones pero al final también se refleja en todos los casos un profundo descontento de la sociedad hacia los sistemas políticos porque, de una u otra manera, no son lo suficientemente incluyentes o fomentan la desigualdad y al gente se siente abusada. Yo creo que vamos a tener que convivir un tiempo con esta realidad de la protesta social mientras los sistemas se reajustan, sobre todo cuando existen contextos de economías en declive como es el caso de América Latina, aunque Colombia es un caso excepcional ya que aún tiene una tasa positiva de crecimiento. Yo diría que el periodismo tiene que estar preparado para hacer una cobertura de esa realidad que se nos viene, por ejemplo el paro del 21 de noviembre. Son realidades que hay que tratar de entender porque, es cierto que hay descontento, pero también puede haber un aprovechamiento político, es cierto que hay factores objetivos para protestar, pero también se han creado climas o estados de opinión de crispación. Yo considero que todo eso es un reto para el periodismo y lo que se espera en esta etapa es más independencia de los poderes del gobierno y de los poderes políticos en general, un compromiso real con la ciudadanía y con lo que está pasando. Y por supuesto, que se señalen todas las violaciones a los derechos humanos que puedan llegar a ocurrir en el marco de esta movilización. «El periodismo colombiano no se puede olvidar que el conflicto no es el pasado sino que el conflicto también es el presente, y me refiero al hecho de que la sociedad está inmersa en altas contradicciones por la pobreza, por la desigualdad y por la falta de representación política de muchos sectores, pero también al hecho de que el conflicto armado está vivo en muchas regiones.» Foto: Guillermo Legaria. Pares: ¿Qué lecturas recomienda? J.A.B: Deberíamos releer a Alfredo Molano, quien narró a Colombia desde sus dolores, y las obras de otra persona que también partió recientemente pero que ha dejado un legado muy importante sobre ética periodística: Javier Darío Restrepo. Hay casi 2000 casos resueltos por él que están debidamente clasificados y catalogados en el portal de la Fundación Gabo. Estos casos resueltos por Javier Darío Restrepo ahondan en muchos temas interesantes que tienen que ver sobre el papel del periodismo en la construcción de paz y de un periodismo, insisto, que no siembre desesperanza sino que contribuya a que la gente se dé cuenta que la sociedad puede salir adelante y puede superar sus problemas sin volverse un periodismo propagandístico de nada, ni positivo porque sí.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El contralor General de la República, Felipe Córdoba, anunció este jueves la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal contra 34 personas que hicieron parte de la planeación y ejecución del proyecto Hidroituango y que dejó a varias familias damnificadas por las irregularidades en la gestión. De acuerdo con información suministrada a medios de comunicación, los responsables serían miembros de la junta directiva de Hidroituango, tres (3) representante legales de EPM, dos (2) exalcaldes de Medellín, dos (2) Gobernadores de Antioquia y varios contratistas. El proyecto de Hidroituango fue propuesto desde mediados de los años 80, pero a causa de factores económicos no se había puesto en marcha. Es así como en 1997 varias firmas se propusieron a ejecutarlo e iniciaron la fase de diseños, que más tarde fueron entregados al Ministerio del Medio Ambiente para que diera el aval de construcción. A finales de 2010 se dio el visto bueno para iniciar la obra, que fue asumida por Empresas Públicas de Medellín (EPM), que a principios de 2011 aseguró que esta sería la hidroeléctrica más grande del país y potencia energética en América Latina. Asimismo, se supone que debía ser entregada en 2018 con el propósito de generar 2.400Mw y abastecer a más de 25 municipios, y otras zonas de la región de Antioquia. Sin embargo, el entramado de un presunto caso de corrupción se destapó, debido a que, factores climáticos hicieron que uno de los túneles de la presa que desviaba el Río Cauca, se taponara y causara una emergencia medioambiental y social. Así las cosas, debido al bajo nivel del cauce, varias especies de peces murieron, lo cual fue alarmante para el proceso de la cadena alimenticia, y en ese sentido, terminó afectando a las comunidades que se sostienen de la pesca y a su vez se alimentan de ella. Por eso, la Fiscalía General de la Nación reveló detalles acerca de estas irregularidades que se presentaron en el año 2011, y también solicitó una audiencia de imputación de cargos contra Luis Guillermo Gómez Atehortúa y Luis Javier Vélez Duque, exgerentes de EPM. Por su parte, el contralor anunció el inicio de un proceso de responsabilidad fiscal contra 34 presuntos responsables de detrimento de $ 4 billones de pesos por fallas en planeación y ejecución del proyecto. A causa de este episodio, varias familias tuvieron que salir de sus hogares por el peligro que corrían de una eventual avalancha, y posible destrucción de algunos corregimientos aledaños a la construcción que abarca varios departamentos. A lo anterior también se suman las luchas por la memoria que han dado los habitantes de esa región para que el Estado no olvide los episodios de violencia, en los cuales se han perpetrado alrededor de 110 masacres y yacen 2.345 desaparecidos, según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica. El costo de la corrupción Hasta ahora se conoce que los exfuncionarios que serán investigados son los exgobernadores de Antioquia Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo; también figuraran, Federico José Restrepo, representante legal de EMP y miembro de la junta de Hidroituango; Alejandro Antonio Granda, miembro principal de la junta directiva de Hidroituango, y Fabio Alonso Salazar Jaramillo, exalcalde de Medellín. En este caso también está implicado el gobernador electo, Aníbal Gaviria, cuando fue alcalde de Medellín, en el momento que tenían un asiento en la junta directiva de Hidroituango. La apertura de la investigación se logró tres meses después de que una unidad de investigación contra la corrupción de la Contraloría recibió el informe de “Actuación Especial de Control Excepcional”, y en definitiva concluyó, que hubo manejos irregulares en todo el proceso. De acuerdo con la Contraloría, la suma del detrimento patrimonial por parte de estas 34 personas corresponde a cuatro billones setenta y cinco mil seiscientos ochenta millones de pesos 4.075.680.000.000, por los cuales deben responder. Dicha cifra está discriminada de la siguiente manera: dos billones novecientos setenta y un mil cuatrocientos millones de pesos ($2.971.400.000.000) que concierne a las inversiones realizadas no justificadas, que llevaron a que se diera una pérdida o destrucción del valor del proyecto. Y un billón ciento cuatro mil doscientos ochenta millones de pesos ($1.104.280.000.000), por concepto de los recursos dejados de percibir por el Estado como consecuencia de la no entrada en operación de la hidroeléctrica en las fechas planeadas originalmente. “El anuncio de esta decisión se hizo en el marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del primer año gestión del Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte”, agregó la entidad. Ahora, queda en las manos de la Contraloría citar a los implicados, quienes deberán rendir cuentas en versión libre, y posteriormente definir su situación: si archivar el proceso, o imputar cargos a estas personas.

Por: Redacción Pares La Sala de Reconocimiento de la JEP recibió este 14 de noviembre el informe de la Corporación Vivamos Humanos sobre secuestros por la extinta guerrilla de las Farc-EP, así como la práctica del intento de rescate militar. Además, el informe describe con detalles las circunstancias de 20 casos individuales. También alude a las distintas gestiones adelantadas entre 1990 y 2011 para la liberación de políticos, militares y policías en poder de esta guerrilla. Hasta el momento se han acreditado 1.276 víctimas en el caso 01 contra la extinta guerrilla de las Farc-EP. El proceso de acreditación continúa y podrá hacerse en todas las etapas del proceso en la JEP. Es importante reiterar cual es el objeto del caso 01: es un caso nacional contra la extinta guerrilla de las Farc-EP por la política de secuestro y las condiciones de cautiverio de civiles, policías y militares. Es conocido como el caso de “retenciones ilegales» puesto que así tituló la Fiscalía General de la Nación el primer informe recibido por la Sala sobre este tema. La competencia en este caso se circunscribe a dicho objeto. Este es el séptimo informe que recibe la Sala de Reconocimiento por parte de la sociedad civil dentro del caso 01, siendo los anteriores informes de la Fundación País Libre, la agrupación de políticos secuestrados para efectos de canje y personas que compartieron su cautiverio, Fundegán, y una agrupación de siete comerciantes de Pitalito, Huila, así como dos informes de Acomides. La Sala cuenta además con los informes de la Fiscalía General de la Nación y del Centro Nacional de Memoria Histórica, así como datos aportados por la Procuraduría General de la Nación, y por las víctimas acreditadas como intervinientes especiales en este caso. Dentro del caso 01, también se ha llevado a cabo versión individual de 56 comparecientes sobre su trayectoria en la guerrilla, el mando que ostentaron, y las operaciones de secuestro en las cuales participaron. También una versión nacional de los firmantes del Acuerdo de Paz sobre las instrucciones dadas por los órganos superiores de esta guerrilla a sus unidades militares sobre la forma en que se deberían adelantar lo que denominan “retenciones». En los meses de noviembre y diciembre de este 2019 se adelantarán ampliaciones de la versión colectiva en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación y en ciudades capitales. Estas ampliaciones serán con mandos medios y rasos, organizados por bloques de frente, y profundizarán en el reconocimiento de los hechos específicos que corresponden a cada Bloque. Conforme a la ley, tanto las versiones individuales como la versión colectiva serán trasladadas a todas las víctimas acreditadas para sus observaciones. La Sala de Reconocimiento contrastará rigurosamente lo dicho por los comparecientes con los informes y observaciones de las víctimas, y con toda la información que ha recabado de las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales.