Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El nuevo ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, quien hasta el lunes ocupó el cargo como canciller, llegó a dirigir una cartera en la que tiene poca experiencia y la cual está en el ojo del huracán debido al aumento de la violencia a nivel nacional. Holmes Trujillo ha sido ministro del Interior, representante de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, alcalde de la ciudad y en su último trabajo se desempeñó como el ministro de Relaciones Exteriores, en el cual recibió fuertes críticas por el mal manejo en las relaciones diplomáticas. De todas maneras, pese a la falta de experticia de Holmes Trujillo en los asuntos de los que ahora en adelante estará a cargo, hay un alivio generalizado tras la salida de Botero, quien le heredó la compleja tarea de reducir la violencia en las regiones, el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales, la problemática del narcotráfico, las disidencias, los Grupos Armados Organizados, entre otros. Se debe cambiar la cúpula militar De acuerdo con el subdirector de la Fundación Paz & Reconciliación-Pares, Ariel Ávila, ninguna otra persona que ocupe el cargo lo va a hacer peor que Botero, y en ese sentido, Holmes Trujillo llega en un momento en el que la institución de defensa tiene una reputación tan baja, que su inexperiencia en estos asuntos no sería notoria. Pero a pesar de que no tiene una experiencia importante en seguridad y defensa, el analista aseguró que lo más probable es que Holmes Trujillo esté ahí por todo su bagaje en el tema jurídico e internacional, que son necesarios, tras el escándalo por el bombardeo contra menores de edad en Caquetá, y para proteger a las Fuerzas Militares. En segundo lugar, “en términos esenciales hay una crisis del tema jurídico. Los militares tienen mucho miedo a hacer operativos militares, no hay mando y control, entonces no va a haber cambios estructurales en uno o dos días, por ahí en tres o cuatro meses”, aseguró el analista. Mientras tanto, es clave que empiece a articularse con la Alta Consejería de seguridad ciudadana, con los nuevos alcaldes y gobernadores electos este 2019, y explique cómo será su gestión. “Lo último es que hay que cambiar la cúpula militar, ¿cuándo? no lo sé, pero de que la cambian la cambian. Y en definitiva cualquier persona es mejor que Botero”, apuntó Ávila. En ese sentido, el nuevo ministro tiene el desafío de garantizar la seguridad ciudadana, encargarse de los problemas de las disidencias y el ELN, del narcotráfico y la minería ilegal, hay que dedicar mucho esfuerzo a lo que llaman Grupos Armados Organizados-GAO y por último proteger todas la fronteras. El plan de Holmes Trujillo En su discurso de posesión, expresó que la fuerza pública seguirá contando con todo el apoyo y la confianza, “Los colombianos debemos gratitud a los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía por su sacrificio para conseguir la seguridad de todos”, agregó. También dijo que está convencido de que en la seguridad de los ciudadanos está la base de estabilidad y de progreso para el país. Por eso, va a trabajar en el bienestar de mujeres y hombres que integran a la fuerza pública, y pondrá en marcha la ley del veterano, que deberá ser implementada en la mayor brevedad. Otro de los puntos centrales que tendrá en su agenda, es la presentación de la Política Marco de Seguridad y Convivencia Ciudadana para la Legalidad que servirá como referente para los planes de desarrollo de los nuevos alcaldes y gobernadores. En definitiva, aseguró que la legitimidad de la fuerza pública está en su transparencia y pulcritud. Y en continuidad con las instrucciones de Duque “el uso de la fuerza debe sujetarse a la normas internacionales de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Que quede claro que en Colombia no se toleran las violaciones a los Derechos Humanos ni al D.I.H.”, apuntó Ávila. Así las cosas, el discurso de Holmes es el mismo que ha tenido el gobierno Duque desde el inicio del mandato. Más pie de fuerza para garantizar seguridad. Sin embargo, queda en duda la legitimidad de la fuerza pública que tanto proclaman, pues ya es necesaria una reforma a la cúpula que se ha visto involucrada como la responsable directa de los últimos episodios violentos en las regiones contra las poblaciones más vulnerables.

Por: Redacción Pares Este miércoles 13 de noviembre, en el centro de Bogotá, se realizará a las 5 p.m. el lanzamiento de la la Convergencia Ciudadana Colombia-Venezuela. Esta es una apuesta plural y diversa a favor de una diplomacia ciudadana binacional y regional, que busca articular y multiplicar iniciativas para apoyar los diálogos y acuerdos entre los distintos sectores sociales y políticos en favor de una salida política y pacífica en Venezuela, así como para tender puentes entre las dos naciones. El jueves 14 de noviembre, desde las 8:30 a.m. se realizarán los paneles de diálogo abierto con expertos y académicos de ambas naciones. El evento de lanzamiento #DiálogoCiudadanoBinacional tiene como objetivos visibilizar y posicionar la Convergencia Ciudadana Colombia-Venezuela como un espacio donde concurren ciudadanos y ciudadanas de ambos países para promover el diálogo y para promover la diplomacia ciudadana. Además, generar lazos entre organizaciones de la sociedad civil de Colombia y Venezuela. Programación de paneles Cerca de 100 Organizaciones Sociales de Colombia, Venezuela, Estados Unidos y más de 200 personalidades, crearon la Convergencia Colombia-Venezuela (CCCV) para impulsar una solución negociada desde la diplomacia ciudadana. Esta es la programación del evento -día jueves 14 de noviembre- y que está abierto al público: Contexto de la situación binacional La crisis que vive Venezuela ha golpeado tres frentes sobre los cuales el papel que ha desempeñado Colombia ha sido determinante: el económico, el migratorio y el institucional. En ese sentido, frente a la zozobra institucional que ha sufrido la vecina República en los últimos meses, se pueden aventurar cuatro (4) escenarios probables para lograr una salida: 1. Una implosión del Gobierno de Maduro por cuenta de un golpe de Estado que dan los militares, apoyando a la oposición liderada por Guaidó. 2. La permanencia del gobierno de Maduro ante la incapacidad de la oposición para movilizar a la FANB y a la sociedad venezolana. 3. La intervención militar de Estados Unidos y la imposición de la oposición en el Gobierno. 4. Una salida negociada entre el chavismo y la oposición, que deriva en un gobierno de transición y una restauración de la democracia. Diferentes actores internacionales se han involucrado en la búsqueda de una salida a la crisis, y le han apostado a alguna de estas cuatro (4) opciones mencionadas. En un principio, la salida menos probable parecía la de la negociación; los medios de comunicación se encargaron de mostrar la salida militar, por la intervención de Estados Unidos o vía Golpe de Estado, como la única oportunidad de transitar hacia un restablecimiento de la democracia. Colombia se embarcó en esa postura, y junto con el Grupo de Lima lideró el “cerco diplomático” y el desprestigio del gobierno de Maduro, anunciando que le quedaban pocos días. Pero con el paso de las semanas y de los meses es desvirtuó la probabilidad de que esa iniciativa fuera a llegar a un buen puerto. Entre tanto, otros países y actores como el Grupo Internacional de Contacto, la Unión Europea, Noruega y Cuba se encargaron de trazar una hoja de ruta que derivara en un escenario de negociación.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares A través de Noticias Uno se conoció más información sobre el bombardeo donde murieron varios menores de edad, presuntamente reclutados en un campamento de disidentes de las FARC en el departamento de Caquetá. El medio de comunicación indicó que habrían sido asesinados 18 niños, y no ocho (8) como lo denunció el senador Roy Barreras en el marco del debate de moción de censura que se realizó la semana pasada en contra del ministro de Defensa, Guillermo Botero en el Senado de la República. A finales de agosto, las Fuerzas Militares tenían el objetivo y la orden presidencial de realizar una ofensiva contra los disidentes que permanecían en esa zona. El 2 de septiembre, tras el accionar de los militares, el presidente Iván Duque, calificó la operación como “meticulosa e impecable”. De acuerdo con Duque, Gildardo “Cucho” -cabecilla de esa organización- fue dado de baja junto con otros disidentes, a dos días de que los excombatientes Jesús Santrich e Iván Márquez anunciaran su deserción al Acuerdo de Paz, firmado entre el anterior gobierno de Juan Manuel Santos y las otroras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Sin embargo, el primer mandatario no informó que dentro de los muertos -entregados como disidentes de las FARC- hubiese cuerpos de menores de edad. Por eso, el pasado 5 de noviembre el senador Roy Barreras, del Partido de la U, acusó al entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero en medio de la moción de censura, de la muerte de ocho (8) menores de edad en el bombardeo. Ante la situación, se despertó el furor de los sectores de oposición y de la sociedad civil que pidieron la renunciar de Botero, quien siempre sostuvo que el operativo se ajustó a los estándares internacionales, y no hubo ninguna violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Al final, Botero dejó el cargo, que este martes fue ocupado por el que fuera el Canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo. Mientras la tensión crece tras la publicación de Noticias Uno sobre el aparente asesinato de muchos más niños en el bombardeo. “18 niños muertos por el deseo de Duque de responder militarmente, y de inmediato a Márquez y Santrich. Bombardeados, descuartizados, perseguidos por perros los sobrevivientes en la selva húmeda, acorralados y fusilados. 18 niños y niñas Un crimen de guerra, un responsable: Duque”, expresó Gustavo Petro, senador del partido Colombia Humana-UP, en su cuenta de Twitter. Tensión en Caquetá De acuerdo con la Fundación Paz & Reconciliación-Pares, la situación en el departamento del Caquetá en materia de seguridad cada vez está más tensa. Según los registros del Sistema de Información-SIPARES, desde el pacto de paz con las FARC hasta la fecha han asesinado a 11 líderes y lideresas sociales en esa región, de las cuales 7 fueron muertas en el 2019. Por otro lado, en el mismo periodo se han registrado 10 asesinatos a excombatientes de esa guerrilla de los 116 que han ocurrido a nivel nacional. Y en ese sentido, todos estos episodios de enfrentamientos o “ajustes de cuentas” también han generado el desplazamiento de varias comunidades. Pares registró a inicios de octubre el desplazamiento de aproximadamente 18 familias y un total de 91 personas pertenecientes a la comunidad indígena de Bajo Aguas Negras del Pueblo Murui en el municipio de Solano (Caquetá), hacia el corregimiento de La Tagua en el municipio de Leguízamo (Putumayo) desde el 24 de septiembre, tras el asesinato del ex gobernador del resguardo indígena Agua Negra por parte de un grupo armado sin identificar. A todo lo anterior se suma el trágico operativo que, de acuerdo con Noticias Uno, se realizó contra un campamento en el que había niños y niñas reclutadas por las disidencias de las FARC. Un equipo periodístico de Noticia Uno llegó hasta el lugar de los hechos y relató que no se ha realizado una revisión exhaustiva del lugar, pues aún permanecen restos humanos y objetos que usaban los excombatientes en el terreno. El medio de comunicación habló con la comunidad aledaña al sitio donde ocurrió la arremetida militar, y contó que en el bombardeo estallaron ocho bombas pequeñas, y habría una que aún permanece sin explotar. Los habitantes de la Vereda Aguas Claras II del municipio de San Vicente del Caguán, alertaron sobre el número de menores de edad fallecidos que dio en su momento la Fiscalía y Medicina Legal. Según los pobladores, murieron entre 16 y 18 menores de edad, de los cuales tres (3) de ellos habrían quedado vivos tras la explosión, pero ulteriormente fueron acribillados. Por su parte, las Fuerzas Militares respondieron las denuncias recogidas en el informe periodístico, y expresaron que “posterior a la operación de interdicción aérea no se presentaron persecuciones, combates ni acciones que originaran la muerte de presuntos integrantes del grupo armado organizado residual”. Y agregaron que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses es la única institución que puede emitir los dictámenes científicos legales que permitan establecer posibles causas de muerte. Así las cosas, hay dos versiones sobre este trágico episodio: para la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil y los sectores de oposición, las fuerzas militares actuaron en contravía de la salvaguardia de los Derechos Humanos. Mientras que para el gobierno todo se hizo en el marco del DIH. Ahora bien, Botero salió de su cargo, pero llegó Holmes Trujillo, quien en la instancias internacionales tampoco logró una exitosa representación del país, y ya se ve la continuidad de su antecesor. En su primer discurso como ministro de Defensa, expresó que “la fuerza pública seguirá contando con todo el apoyo y la confianza. Colombia tiene unas fuerzas que son consideradas las más profesionales del mundo y a una de las policías más respetadas y admiradas”.

Por: Redacción Pares En este primer año de gobierno, el ejército de desempleados pasó de 2.3 millones de personas a una cifra de 2.7 millones de almas; cifra récord en la historia del país. Las centrales de trabajadores, las organizaciones sociales, el movimiento sindical nacional, trabajadores, organizaciones sindicales, sociales, estudiantes, maestros comunidades indígenas y ciudadanía en general, saldrán a las calles y plazas del país este 21 de noviembre con el objetivo de rechazar lo que se ha denominado el ‘Paquetazo de Duque’ el cual, comprende una serie de proyectos, medidas y políticas que prepara el actual Gobierno y que afectarán directamente a los trabajadores, ciudadanos, jóvenes y pensionados del país. El Paro se desarrollará con marchas y movilizaciones en las capitales del país y municipios. Además, el pasado 2 de septiembre el exministro de defensa, Guillermo Botero informó sobre un operativo militar en Caquetá donde habrían sido abatidos 14 disidentes de las Farc; sin embargo, al parecer la cruda verdad que el gobierno escondía es que en esa operación asesinaron a 18 niños que habían sido reclutados por esa organización criminal. Cinco razones para marchar pacíficamente el 21N 1- Un sinnúmero de necesidades básicas insatisfechas en la mayoría de la población como salud, educación, vivienda y alimentación. Los impactos ambientales, culturales, sociales y a la salud generados por una política extractivista mal planificada y cuyo principal objetivo es la mercantilización de los recursos naturales -el caso de Hidroituango es emblemático-. 2- La reforma pensional, dirigida al aumento de la edad de pensión, la eliminación de la pensión como derecho de todos los trabajadores, universalización del ahorro individual en los fondos privados, pensiones por debajo del salario mínimo y la privatización de Colpensiones, entre otros puntos. La reforma laboral planteada por el Gobierno, que incluiría contratación y pago de seguridad por horas, eliminación de las horas extras y los recargos nocturnos, dominicales y festivos, legalización de la inestabilidad y de la informalidad. 3- La regulación, criminalización y restricción del derecho a la protesta social. Hay que recordar que la primera semana de octubre, en el marco de la conmemoración de los 170 años del Partido Conservador, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se pronunció sobre la protesta social y dijo que es necesaria reglamentarla. La protesta es un derecho esencial en una democracia, así como disentir, reclamar, rechazar lo que el ciudadano considera está mal en el Estado. «Pero una cosa es la protesta y otra las vías de hecho.»señaló la funcionaria. 4- Los primeros meses después de la posesión del presidente Duque en agosto de 2018, algunos analistas auguraron un camino difícil para el país. Tal y como lo pronosticaron, se ha demorado la implementación del Acuerdo de Paz, el asesinato diario de líderes y lideresas no se detiene y por el contrario va en aumento; así como la no continuidad de las negociaciones de paz con el ELN. 5- La movilización ciudadana del 21 de noviembre es una manifestación pacífica de rechazo a la negación del conflicto social y armado, los derechos de las víctimas, el fortalecimiento del paramilitarismo y la militarización de los territorios como el departamento del Cauca. Así también, la ciudadanía de forma pacífica levantará su voz contra los casos de ejecuciones extrajudiciales -como el de Dimar Torres y Flower Trompeta entre otros quienes fueron torturados y asesinados mientras el gobierno salió a decir que dichos homicidios se produjeron en un forcejeo, ocultando los hechos- en los que están involucrados como autores de los homicidios miembros del Ejército Nacional. En ese sentido, organizaciones sociales y ciudadanía exigirán al gobierno durante la jornada de protesta pacífica el respeto del derecho a la vida de los estudiantes, docentes, líderes sociales, sindicales y comunidades, pues sigue la situación de amenazas, violencia, persecución y asesinatos en su contra ante la pasividad del Presidente Duque y su gabinete. La protesta social es un derecho fundamental La protesta o movilización social es un derecho fundamental que se desprende del derecho a la libertad de expresión y reunión, tal como lo contemplan la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación. Sin embargo, en el contexto colombiano queda en entredicho si esos pactos se cumplen a cabalidad, puesto que, el uso de la fuerza en la mayoría de las movilizaciones que empiezan siendo pacíficas, terminan en choques entre las partes. La protesta social, las personas marchando en la calle, explica Ariel Ávila, subdirector de Pares, son tal vez, uno de los signos que mejor muestra la salud de una democracia. Es un derecho en cualquier democracia, y como derecho se puede ejercer cuando una persona o colectivo lo decida, eso no los hace ni buenos, ni malos, los hace ciudadanos. La protesta social es legal y legítima en la democracia, es en modelos autoritarios donde no se puede protestar. “Lo primero que hay que tener en cuenta son las normas constitucionales en Colombia que consagran los derechos fundamentales que al mismo tiempo son el pilar del derecho a la protesta social y estoy hablando del derecho a la libre asociación, la libertad de expresión y de libre movilización. Ese sería el panorama constitucional”, explicó hace unas semanas a la Fundación Paz y Reconciliación-Pares, Reinaldo Villalba, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – Ccajar. Sin embargo, en la práctica es distinto. De acuerdo con Villalba, se juntan varios factores que imposibilitan el derecho de la movilización social como está contemplado en los estándares internacionales. En primer lugar, hay cuerpos represivos como el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) que no acatan ese ordenamiento constitucional, y las normas legales que les impiden hacer ese uso abusivo de la fuerza. En segundo lugar, ese mismo cuerpo además de no acatar esa normatividad utiliza armas que les está prohibida; y por último, la legislación misma contribuye a limitar el ejercicio de la protesta social, provocando la criminalización de la misma como ocurre con el Código de Policía. Dicho Código, que entró en vigencia en agosto de 2017, está compuesto por al menos 25 capítulos. En uno de ellos se estipuló cómo proceder en una protesta social, sin embargo, diversas organizaciones le hicieron seguimiento y demandaron el articulado. «Así son las democracias, con protesta social, y al que no le guste se puede ir a vivir a a un país autoritario, de hecho, hay unos cuantos bastante cerca.» enfatiza Ariel Ávila.

Por: Redacción Pares La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) revisó a la baja las proyecciones de crecimiento de la actividad económica de la región para 2019, año en que se espera una expansión promedio de 0,1% en América Latina y el Caribe, según informó este lunes mediante un comunicado de prensa. Para 2020, en tanto, el organismo proyecta que la región continúe en una senda de bajo crecimiento, con una expansión estimada del producto interno bruto (PIB) de 1,4%. Con esto se cumplirían siete años en que América Latina y el Caribe permanecería situada en un plateau de bajo crecimiento, que se ha traducido a su vez en un deterioro de los niveles de ingreso per cápita promedio. El PIB per cápita de la región se vería reducido en un 4% entre 2014-2019, lo que implica una caída promedio anual de -0,8%. La desaceleración del ritmo de crecimiento se extiende para la mayoría de las economías de América Latina (17 de 20 países) en 2019. Este año las economías de América del Sur, especializadas en la producción de bienes primarios, en especial petróleo, minerales, y alimentos caerían un -0,2%, la primera caída desde 2016. En 2020 se espera que el crecimiento en esta subregión sea de 1,3% en promedio. Para las economías de Centroamérica y México, por su parte, se prevé una tasa de expansión de 0,7% para 2019 y de 1,6% para 2020, valores que implican una reducción respecto de la tasa media de crecimiento observada desde 2014 en esta subregión. Para el Caribe de habla inglesa u holandesa se estima un crecimiento promedio de 1,5% para 2019, y la tasa esperada para 2020 es de 5,7%. Vale la pena destacar que este último dato está muy influenciado por el alto crecimiento que se espera para Guyana, vinculado al comienzo de la producción de petróleo que tendría lugar el próximo año, indica la CEPAL. Según la comisión regional de las Naciones Unidas, la dinámica de la actividad económica en América Latina y el Caribe se da en un contexto en que la economía global ha disminuido su contribución al crecimiento de la región en 2019, situación que muy probablemente se mantendrá para el próximo año. No solo el volumen de comercio global y el nivel de actividad global se han venido desacelerando de forma pronunciada -afectando la demanda por exportaciones que enfrenta América Latina y el Caribe- sino que también se han visto afectados a la baja los precios de las materias primas que exportan muchos de los países de la región. Además, los episodios de aumentos en la volatilidad financiera influyeron por momentos negativamente en las condiciones financieras y los flujos de financiamiento disponibles para los países, agrega el organismo. Ante este contexto externo caracterizado por tensiones comerciales y alta incertidumbre, se agravan las dificultades que en materia de inserción al comercio y producción internacional suelen exhibir las economías de la región, advierte la CEPAL. Las debilidades de la economía global llevan a que los componentes de la demanda interna tengan un mayor peso relativo en la dinámica de crecimiento futura. A las dificultades que enfrentan las economías de la región para expandir el espacio de política -tanto fiscal como monetaria-, se suman las crecientes demandas por cambios estructurales para enfrentar las profundas desigualdades que subsisten en la región, indica finalmente la Comisión.

Por: Redacción Pares Según la definición clásica, un golpe de Estado es la interrupción inconstitucional de un jefe de Gobierno por parte de otro agente estatal. En el reciente caso de Bolivia el mandato del presidente fue interrumpido por parte de las fuerzas armadas bolivianas. «Morales cambió el país, hizo cosas extraordinarias, pero prolongó demasiado su mandato y las élites tradiciones estaban al acecho, capitalizaron la inconformidad, le están cobrando su revolución.» indicó León Valencia, director de Pares. En ese sentido, un grupo de organizaciones defensoras y promotoras de derechos humanos latinoamericanas manifestaron «repudio y preocupación ante el Golpe de Estado instaurado en nuestro hermano pueblo de Bolivia bajo la modalidad de “invitación a la renuncia” por parte de las fuerzas armadas bolivianas y la violencia azuzada por los golpistas comités cívicos que se están llevando a cabo en estas horas contra los integrantes del gobierno, violencia en la que se juegan la vida y la salud sectores populares del oficialismo y de la oposición.» A través de un comunicado difundido por internet, afirman que «Condenamos las nuevas prácticas de violencia para derrocar gobiernos e intervenir en la autodeterminación de los pueblos que se están dando en nuestra región lo cual nos regresa a los años más oscuros de nuestro reciente pasado.» El deplorable manejo de la OEA «Con comunicado de la OEA sobre posible alteración de Actas, se dio salida pacífica: convocar nuevas elecciones. Aún así, se dio golpe de Estado. Militares obligaron a renuncia.» explicó Ariel Ávila, subdirector de Pares. El secretario General de la OEA, Luis Almagro, ha jugado un papel protagonista en los hechos violentos perpetrados por grupos opositores que han roto el equilibrio constitucional de Bolivia. El organismo declaró a través de un comunicado que «Frente a la crisis política e institucional en Bolivia, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) rechaza cualquier salida inconstitucional a la situación. (…) Asimismo, es importante que la justicia continúe investigando las responsabilidades existentes respecto a la comisión de delitos vinculados al proceso electoral celebrado el 20 de octubre, hasta las últimas consecuencias.» Organizaciones latinoamericanas de derechos humanos como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) – la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) – República Dominicana, el Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL) – Perú, la Comisión de Derechos Humanos (CDHES) – El Salvador, el Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH) – Brasil y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) – Ecuador, entre otras, afirmaron que: «Condenamos el irresponsable manejo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) al emitir públicamente su informe sin previamente conformar una mesa de diálogo con la participación de las organizaciones políticas del gobierno y la oposición en la búsqueda de garantizar la preservación de la institucionalidad democrática y una transición pacífica. Igualmente es condenable su silencio ante la situación de escalamiento de la violencia de fuerzas de la oposición y su no respaldo inmediato al comunicado del presidente Evo Morales anunciando nuevas elecciones y la renovación de los integrantes del órgano electoral.» El llamado es a las fuerzas políticas y sociales democráticas de Bolivia es a no retroceder en los avances económicos, políticos, sociales y culturales alcanzados en los últimos tres lustros. Y finalizan el documento señalando que «Por lo expuesto, solicitamos también a los organismos internacionales y los gobiernos democráticos de la región que contribuyan al restablecimiento de la democracia del país hermano, con todas las garantías para que el pueblo pueda elegir con libertad, en un nuevo proceso en el que puedan participar todas las fuerzas políticas debidamente registradas a la fecha.»

Por: Redacción Pares Ante la grave crisis institucional que se vive en Bolivia a esta hora tras la renuncia a la presidencia por parte del líder Evo Morales Ayma, la Organización de las Naciones Unidas ONU reitera su compromiso por la paz social, el respeto de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia en el país andino. «El Secretario General de ONU, António Guterres, está profundamente preocupado por la situación en Bolivia y toma nota de los acontecimientos recientes, incluida la dimisión del presidente Evo Morales”, ha asegurado este domingo su portavoz, Stephane Dujarric. Guterres “insta a todos los actores relevantes a abstenerse de la violencia, reducir la tensión y ejercer la máxima moderación”. Además, les pide que cumplan con el derecho internacional, especialmente los principios fundamentales de derechos humanos. El Secretario General también les hace un llamado “para que se comprometan a lograr una solución pacífica de la crisis actual y a garantizar elecciones transparentes y creíbles”. La declaración se produce después de conocerse la dimisión del presidente del país, Evo Morales, este domingo tras varias semanas de protestas que comenzaron después de que la oposición y varios movimientos cívicos denunciaran un supuesto fraude en el recuento de votos de los comicios del 20 de octubre a favor de Morales, lo que le habría dado su cuarto mandato consecutivo. Poco antes de conocerse la dimisión de Morales, la Oficina de las Naciones Unidas en Bolivia publicó un comunicado en el que asegura que “se une a las voces de la sociedad boliviana por restablecer el orden y la paz social”. Y hace un llamado para prevenir la vulneración de los derechos humanos de todos los bolivianos, en especial el derecho fundamental a la vida. Por su parte, la ONU hace un llamado a todos los bolivianos, a reducir tensiones, rechazar todo acto de violencia en estos difíciles momentos que enfrenta el país, y buscar soluciones en base al diálogo y la tolerancia.

Por: Redacción Pares Frente a la avanzada genocida que corre por el Norte del departamento del Cauca, las Autoridades Indígenas y la comunidad en Asamblea Permanente, en Tacueyó, han decido emprender acciones urgentes proponiendo al Gobierno Nacional, iniciar conjuntamente un «Plan Piloto de Erradicación y Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito» de manera inmediata en esta zona del país, en el marco del Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. En concordancia con esta propuesta, la comunidad y las Autoridades también han cuestionado la militarización de la zona, como la salida al conflicto, pues es evidente que su presencia intensifica la tensión en la región y no garantiza el cumplimiento de sus derechos, por lo que es necesario comenzar alternativas que frenen el exterminio al que están expuestas las comunidades de la región. El Consejero Mayor Luis Fernando Arias manifestó: «La comunidad ya tomó la decisión, pero necesitamos llegar con la inversión social en este territorio, y estoy seguro que en menos de un año, se habrá acabado la guerra y el narcotráfico en esta región del país (…) En el Norte del Cauca no necesitamos más militares, lo que la gente está pidiendo es inversión social, inversión en las necesidades insatisfechas que hoy tienen las comunidades. Si el Gobierno adelanta este plan que nosotros estamos proponiendo, estoy seguro que conjuntamente vamos a cercar la violencia y se va a ir la guerra de este territorio.» Los asesinatos recientes que se han registrado en el Cauca y otras zonas del país son los siguientes: Una Autoridad Tradicional Nasa asesinada y cinco guardias indígenas Nasa asesinados (Tacueyó, Cauca – 29.10.19). Cuatro personas asesinadas (Corinto, Cauca -.31.10.19). Una pareja indígena Kamentsá asesinada (Putumayo – 31.10.19). Un guardia indígena Embera asesinado (Chigorodó, Antioquia – 31.10.19). Un indígena Wiwa asesinado (Sierra Nevada de Santa Marta – 31.10.19). Un joven indígena asesinado (Toribío, Cauca 02.11.19) Un comunero indígena asesinado (Tacueyó, Cauca 03.11.19). La Organización Nacional Indígena ONIC hace un llamado a la sociedad civil y a la comunidad internacional a solidarizarse con los pueblos Indígenas de Colombia, que hoy enfrentan este contexto duramente adverso en sus distintas comunidades a lo largo y ancho del país, como consecuencia del conflicto armado y social y de la desidia y abandono estatal. También, le solicitan a la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas, Victoria Tauli Corpuz, haga una visita al Cauca y verifique la situación que se vive en la región.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares “De hoy en adelante no quiero/lacear mi cabello/No quiero/Y voy a reírme de aquellos,/que por evitar -según ellos-/que por evitarnos algún sinsabor/Llaman a los negros gente de color/¡Y de qué color!/NEGRO/¡Y qué lindo suena!/NEGRO/¡Y qué ritmo tiene!” Son versos de Victoria Santa Cruz, peruana, quien un día escribió rebeldemente el poema ‘Me Gritaron Negra’. Estos versos viajaron por el Pacífico, hasta llegar a las costas de Tumaco. Allá, los y las jóvenes de Pacific Dance los usaron de inspiración para crear la obra de baile que denominaron ‘Racismo’. Somos lucha y resistencia Tal como lo cuenta Diana Cortés, quien lidera el proceso de Pacific Dance —que lo integran cerca de 70 personas— ‘Racismo es una obra que ha permitido como población afrodescendiente empezar a transformar los paradigmas que hay sobre el cuerpo negro. “Es recurrente escuchar que asuman que por ser negros sabemos bailar, pero lo que ignoran es que hay un cuerpo pensante, un cuerpo que entiende, un cuerpo que está proyectando la etnia negra, como una etnia de poder. Es decir, capacidades que no nos reducen, sino que nos permite decir que somos lucha y resistencia”, sentencia Diana. Precisamente, esta conversación se dio en la zona de la comuna Ciudadela en Tumaco, situación que permitió que Diana hablara de la importancia de una iniciativa como la de Pacific Dance en el marco de las distintas dinámicas que confluyen en Tumaco. Diana me cuenta que Pacific Dance es una iniciativa que nació hace nueve (9) años y, desde ese momento, se la jugó por ser un proceso educativo. “Nace con el fervor de la danza y las implicaciones que los años venideros nos fueron llenando de aprendizajes”, resalta. Ella cuenta que surge la idea de crear un espacio en el que los y las jóvenes tuviesen una alternativa para poder expresarse por medio del cuerpo. Asimismo, insiste que Pacific Dance tiene como objetivo brindar espacios a la mayor cantidad de jóvenes de la comunidad. “En ellos está la esperanza del territorio, la razón de ser del territorio”, frase que sostiene Diana para referirse a las y los niños de Tumaco, es decir, son “el motor humano de la iniciativa de Pacific Dance”. Mujer negra, ¿Negra?… Sí, ¡Negra! Para Diana, liderar Pacific Dance reconociéndose como mujer negra le ha permitido romper paradigmas; me cuenta que es atípico encontrar que las mujeres lideren los espacios de baile. Sin embargo, desde Pacific Dance “trabajamos ese empoderamiento de la mujer, porque yo considero que todos tenemos las mismas capacidades. Más allá de la formación de la danza, trabajamos para que las mujeres reconozcan su importancia y puedan abanderar sus causas como lideresas; lo cual resulta una lucha importante en Tumaco”. Pacific Dance trabaja para que las mujeres reconozcan su importancia y puedan abanderar sus causas como lideresas. Foto: Cortesía. Diana encuentra a Pacific Dance como vital, teniendo en cuenta que, apostarle al trabajo con los jóvenes, brinda la posibilidad de cambio. De hecho, Diana insiste que la posibilidad de transformación de territorios es clave debido a que territorios como Tumaco han sido fuertemente azotados por la violencia. “Por esa razón considero que los jóvenes somos la llama que se resiste. Creemos que a partir de los que hacemos —arte—; podemos contribuir de manera significativa a nuestro territorio”, comenta. Soberanía del cuerpo Tras los años que lleva Pacific Dance, el espacio se convirtió en una forma de hacer resistencia a la violencia”, me responde anticipándose a mi pregunta sobre el papel de la iniciativa en el marco de la violencia. Es más, me dice con fuerza, “a dónde quiera que vayamos llevamos el territorio como muestra de resistencia”. Asimismo, mientras va contando lo vivido en la iniciativa atina a decir que han logrado “crear una conciencia frente a cada cosa que hacemos, pues esta contiene un poder transformador que la misma comunidad nos lo hace saber”. Sobre los actores armados que hacen presencia en el territorio, explica que ellos han entendido el proceso que están adelantando con los jóvenes del territorio. En sus propias palabras, «ha existido un margen de respeto y eso ha permitido que no hayamos tenido inconvenientes; es decir, Pacific Dance es espacio autónomo”. Me explica, a su vez, que el arte permite expresar cuando “uno no encuentra las palabras correctas para decir lo que a uno le molesta, para alzar la voz en protesta, para expresar incomodidades. Asimismo, el cuerpo nos permite plantearnos en un escenario y decirle —algunas veces literal, otras metafóricamente—; que nuestro discurso sobre la memoria los hacemos por medio del baile”. Hay una obra que habla muy bien de ese papel contestatario que permite el baile frente a la violencia. La obra VAE —que significa Violencia Arte y Esperanza—; es uno de los montajes más queridos por el equipo de Pacific Dance. De hecho, y lo narra con genuina emoción, que esta obra “nos ha permitido llevar nuestro contexto real al mundo del arte, a un escenario. Con esa obra hemos podido tocar el corazón de muchas personas”, señala «es una obra que muestra cómo las formas de violencia a través del arte se puede transformar.» La obra VAE muestra cómo las formas de violencia a través del arte se puede transformar. Foto: Cortesía. La obra nace de una canción de una Fundación Plu con Pla, que se llama ‘No más Velorio’. A partir de esa canción planteamos el siguiente ejercicio: pararse frente al espejo, mientras escuchamos la canción, y preguntarnos ¿qué ha pasado con nuestra vida sobre los estragos de la violencia? ¿A quién se te han llevado? Paulatinamente empiezan a responder por medio del cuerpo, así vamos construyendo todo un discurso que permite enunciar que Tumaco no es solo violencia, sino que permite visibilizar procesos sociales como el de nosotros.

Por: Carlos Castelblanco Pinedo – Redacción Pares «El Centro Nacional de Memoria Histórica no se puede convertir en el lugar para hacer memoria sólo con aquellos que están de acuerdo conmigo y tienen las mismas posturas políticas y partidistas que yo. Por el contrario, el esfuerzo de memoria emprendido por el CNMH debe reconocer que hubo víctimas de todos los lados en este conflicto. La categoría “conflicto armado” es justamente la que permite poner a todas las víctimas en el mismo plano moral de reconocimiento. Cuando el Centro Democrático propone una lectura alterna para nombrar lo que ocurrió, reemplaza la categoría de conflicto armado por la de ataque terrorista contra un Estado legítimo porque es legal. En esta propuesta, de entrada, pone a un actor, el Estado, por encima de los otros y le otorga un lugar moralmente superior al de los demás actores violentos. Lo inquietante de esta postura es que no revisa hechos, patrones y contextos sino que produce un juicio moral parcializado como punto de partida para la construcción del relato de memoria histórica. Con esta defensa moral del Estado, pone unas víctimas por encima de otras. Por esto decir que aquí no hubo conflicto armado es introducir una división moral entre la comunidad de víctimas en este país, y eso es profundamente nocivo y doloroso.» Pares habló con María Emma Wills Obregón, profesora en la Facultad de de Artes y Humanidades de la Universidad de Los Andes. Fue asesora de la Dirección General del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) e integrante de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Es Doctora en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas en Austin, Magíster en Ciencia Política de la Universidad de Montreal y politóloga de la Universidad de los Andes. Durante la mayor parte de su vida profesional se desempeñó en la academia como profesora del Departamento de Ciencia Política de Los Andes y como investigadora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia. «Si queremos vivir en una sociedad sin violencia necesitamos fundamentalmente reconocer el dolor de todas las víctimas, incluidas aquellas que no comparten, ni mis posturas políticas partidistas, ni mis formas de vida. No se puede tener preferencias emocionales frente a unas víctimas para desconocer a las otras si queremos salir de estas violencias. Para transitar a la paz necesitamos hacer un duelo nacional y sentir el dolor de aquel que no piensa como yo, como si fuera propio.« Pares: Luego de escuchar al director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), Darío Acevedo, en el debate de control político que se realizó en el Congreso esta semana, hay preocupación frente a conceptos como si hacer memoria es un ejercicio de interpretación y la negación del conflicto armado ¿cuál es su análisis de esa intervención? María Emma Wills Obregón: Este tipo de debates son escenarios de pedagogía de la memoria porque ofrecen los argumentos desde posturas antagónicas y se le explican a una opinión pública que está presente a través de los medios de comunicación y las redes sociales. La cuestión central que se trató fue cómo hacer memoria histórica para transitar hacia la paz y lo que se vio en el Congreso fue una exposición de argumentos, por una parte de Iván Cepeda y otros senadores sobre por qué creen que la manera como está asumiendo Darío Acevedo la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica va en contravía de los pilares de la ley de víctimas y restitución de tierras. Lo que está en juego es sumamente importante porque estamos debatiendo qué narrativa, qué tipo de interpretación y qué tipo de aprendizajes hacemos de estos 50 años de conflicto armado y qué legado le entregamos a las nuevas generaciones. Darío Acevedo ha dicho algunas cosas que son ciertas y otras que no, y en esa mezcla es que está un poco la tensión. Él ha dicho que no ha censurado ninguno de los informes del Centro y que tampoco ha retirado las cifras del conflicto, y eso es cierto. Pero bajo el argumento de que él es pluralista dice que aquí no puede haber una verdad oficial, como lo estipula la ley, y cualquier tipo de interpretación, cualquier intento de darle un sentido general a esa cantidad de hechos de violencia que han ocurrido en este país, es, según él, una mera interpretación. Entonces lo que él propone es que nos quedemos con un montón de incidentes de violencias y sobre ellos no hagamos ningún tipo de lectura crítica acerca de las condiciones que hicieron posible esos hechos, de los que además podemos derivar patrones porque ese es el ABC de las Ciencias Sociales. Si hay un hecho que se repite en distintas regiones, como científicos sociales hablamos de algo reiterativo, un patrón, y Acevedo lo que está diciendo es que no hay patrones, no hay posibilidad de darle profundidad al análisis, es decir, sigamos jugando a una cantidad de incidentes de sufrimiento que ha habido en este país, y no más. «En un proceso de esclarecimiento histórico que pretende reparar a las víctimas, la rectitud e independencia intelectual deben venir acompañadas de una trayectoria que traduzca la sensibilidad y la disposición a escuchar a las víctimas de todos los actores del conflicto, sin sospechas.» Foto: Pares. Aquí hay algo más que incidentes, hay responsabilidades y a mí lo que me pareció aterrador es que en el fondo él está diciendo que las Ciencias Sociales no te pueden ir acercando a una mirada cada vez más exacta de qué fue lo que pasó, no es una discusión teórica, es un acervo empírico del que tú extraes los sentidos y las condiciones de posibilidad de esos hechos. Acevedo sostiene que no podemos hacer eso porque eso es interpretativo y no, él está confundiendo a la opinión pública porque básicamente lo que está haciendo es decir que todo es interpretativo y le está quitando a las Ciencias Sociales su razón de ser. Pares: ¿Hay una intención política por parte del director Darío Acevedo al hacer ese tipo de análisis sobre el trabajo de cómo hacer memoria histórica? M.E.W.O: No hablemos de una intención política. Hablo de lo que él va diciendo y es constatable. En su discurso sobre que no podemos interpretar porque vamos a producir verdad oficial, yo le respondo que está cayendo, y está haciendo caer en una trampa a la opinión pública, porque sí se pueden establecer patrones y puedes preguntarte si eres un científico social riguroso por los contextos que dieron lugar a esos patrones. Además, el señor Acevedo dice el CNMH dirigido por Gonzalo Sánchez tenía sesgos, pero nunca dice cuáles son los sesgos, y señala que como el Centro tenía sesgos él tiene que corregirlos para balancear la historia que se contó. Si eres riguroso como historiador das pruebas de lo que dices ¿cuáles son las pruebas de que fuimos sesgados? Yo lo único que he oído de él es una reiteración circular de los argumentos: es que son sesgados porque son sesgados, con todo respeto, porque yo no quiero desconocer que él es un ser pensante, pero ese es un argumento circular. Pares: ¿Es posible que el director Acevedo llame sesgo al hecho de que el CNMH antes de él reconocía que en Colombia existió un conflicto armado de más de 50 años? M.E.W.O: Él dice que cuando se habla de conflicto armado se le está dando una ventaja moral a las guerrillas, cuando desde su punto de vista las guerrillas fueron unos terroristas que atacaron a un Estado que tenía todo el derecho de defenderse. A mí como científica social me aterra ese argumento. Ellos están señalando, con ese argumento que es el del uribismo, que hay una parcialidad del CNMH cuando utiliza la categoría de conflicto armado y yo quisiera explicarle a la opinión pública a través del portal de PARES que es al contrario. La categoría de conflicto armado no habla de si los actores tienen justificaciones morales o no, la categoría de conflicto armado simplemente dice que hay unas organizaciones, legítimas o no, que están organizadas estratégicamente alrededor de unas tácticas militares para la conquista del poder y de los territorios. Yo no estoy diciendo si son buenos o malos, como científica social que le ha puesto a este trabajo el corazón y la cabeza durante tantos años, estoy tratando de comprender las dinámicas de un conflicto y las condiciones de posibilidad que dieron origen a esas dinámicas. Me hago preguntas de rigor científico social. Lo que le incomoda a Acevedo es que pusimos a todos los actores en el mismo nivel moral. No se puede volver la memoria histórica un objeto de deseo de la discusión partidista. Entonces, cuando hablo de conflicto armado lo que digo es que hay distintas organizaciones, unas de orden institucional y otras de orden no institucional, que se organizan alrededor de unos propósitos militares y de esa forma quiero entender los repertorios de violencia y las estrategias que ellos van utilizando para avanzar. En cambio, cuando él dice que no hay conflicto armado sí está introduciendo un argumento moral en el centro mismo de su evaluación que pretende ser rigurosa e imparcial. Al hablar de buenos y malos está suspendiendo un juicio científico racional a favor de un argumento político y moral. Pero, ¿cómo vas a reconstruir 50 años de conflicto diciendo «estos son buenos y estos son malos»? No, aquí no estamos predicando la biblia, sino sustentándonos en bases de datos y acervos fácticos. Pares: ¿Cuál es entonces el campo de la memoria histórica en la construcción de paz en Colombia? M.E.W.O: Es un campo donde básicamente lo primero que tienes que hacer es suspender tus afectividades políticas para escuchar a todas las víctimas del conflicto armado con la misma empatía, y revisar una cantidad de bases de datos con el mismo rigor, sin establecer de antemano quiénes son buenos y quiénes malos. Como dice una amiga: es la tozudez de los hechos la que te va señalando las infracciones al Derechos Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos que cometieron todos los actores del conflicto, empiezan a emerger de las bases de datos, tal y como ocurrió con las bases que compiló el CNMH. Pares: ¿Qué muestran y prueban esas bases de datos? M.E.W.O: Muestran que los actores se especializaron en cierto tipo de repertorios de violencia. Por ejemplo las guerrillas sabemos que son las mayores responsables del secuestro, y detrás de ese secuestro se fue constituyendo una organización especializada en eso. Hoy en día cuando se dice que necesitamos que la opinión pública reconozca ciertos hechos y ciertas responsabilidades, lo que necesitamos es que esa opinión pública sepa reconocer las condiciones que dieron origen a esos secuestros para que eso no vuelva a ocurrir, es decir, necesitamos saber cuáles son las condiciones de posibilidad: por ejemplo hubo un discurso eufemístico que en vez de decirle secuestro le decían retenciones; y lo que han descrito las víctimas del secuestro es una mercantilización del ser humano que estaba en una postura de enorme vulnerabilidad y una serie de prácticas cotidianas donde básicamente iban quebrando la resiliencia a las personas. Por eso la JEP arrancó para el lado de la guerrilla con secuestros, porque es evidente que en ese caso les corresponde a ellos dar cuenta de por qué lo hicieron y cómo lo hicieron. No fueron simples incidentes. Del otro lado los paramilitares resolvieron que la guerra se libraba a través de las masacres, y no es que las guerrillas no cometieran masacres o que agentes de la fuerza pública no estén implicados en masacres, pero cada uno hizo de un repertorio su repertorio central y para los paramilitares fue masacrar. Usaron un discurso que básicamente dice que es una necesidad histórica, eso está en las memorias de Castaño. Y no, no hay necesidades históricas, lo que hay son decisiones y discursos que normalizan lo que no es normal y justifican lo que no se puede justificar. «Todos quisiéramos dejar atrás este horror. Pero, para desprendernos de ese pasado, sería necesario que cada actor reconociera las infracciones que cometió, pusiera en evidencia los engranajes que las hicieron posibles y asumiera su responsabilidad frente a los daños causados.» Foto: Pares. Y para las masacres tenía que haber también una cantidad de aperturas logísticas que permitían que estos paramilitares se movieran por el país como Pedro por su casa, entonces había complicidades con la fuerza pública, yo no digo que toda la fuerza pública fuera paramilitar, pero por ejemplo en la masacre de El Salado sabes que los perpetradores fueron 350 hombres. ¿Cómo entraron y como salieron? Yo no estoy contando todo la historia gigantesca de por qué hay paramilitarismo en el país, estoy enfocándome en una historia local concreta para hacerme preguntas concretas que no son interpretaciones, y que a medida que salen más archivos y más fuentes, vamos concretando más. Pero no nos podemos devolver al punto cero. No se puede hacer memoria histórica de una manera rigurosa negando el conflicto armado. Pares: El informe Basta Ya, que tiene como objetivo ser un elemento de reflexión para un debate social y político abierto, ha sido el caballo de batalla del director Acevedo para señalar el trabajo anterior del CNMH como una labor de interpretación. ¿Cómo analiza esa postura? M.E.W.O: Yo no voy a decir que no podemos discutir el Basta Ya, claro que se puede discutir porque este es un esfuerzo de generalizaciones, no es una historia local. Pero lo que no ha explicado Acevedo es qué fue lo que nos pasó reconociendo todas las víctimas y reconociendo todas las responsabilidades sin aminorar unas y agrandar otras, y eso se ve reflejado en el hecho de, por ejemplo las FARC se disgustaron con el informe y por eso pidieron la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, porque dicen que ahí no se ven reflejados. A su vez, la fuerza pública lo leyó como si fuéramos guerrilleros porque si tú lees en esas categorías binarias, eres guerrilla o eres pro status quo, no puedes ver justamente la pluralidad que ellos reivindican. El mundo no está hecho en blanco y negro y eres o amigo o enemigo y así, pensando de esa forma no vamos a salir de la guerra. Hay unos intelectuales que acompañan a la fuerza pública que tienden a ver estos textos de memoria desde esquemas mentales que buscan al amigo y al enemigo. Y pensando así, en binarios, no sales de la guerra. La perpetúas desde tus esquemas mentales, y actúas en consecuencia. Como nosotros hablamos de conflicto armado, inmediatamente nos ponen del lado de las guerrillas y cometen fallas de rigor conceptual y académico. Dicen que no somos democráticos porque hablamos no de que no había democracia en Colombia y eso nunca lo decimos, sino que había una democracia durante el Frente Nacional que limitó la competencia política, pero eso es fáctico, el Frente Nacional fue un pacto que distribuyó cargos y militancias entre dos partidos, eso es un hecho. «Los colombianos y las colombianas compartimos un suelo, pero hasta ahora hemos sido incapaces de transformar nuestra diversidad en pluralidad. Nos falta, para vivir juntos en democracia, aprender a celebrar nuestras diferencias y simultáneamente asumirnos como comunidad.» Foto: Pares. Nunca dijimos que no hay democracia, sino que hubo una restricción de la competencia democrática y una serie de miradas más cercanas a la guerra que a la paz que impedían el desarrollo de la democracia. Lo dijimos bajo el argumento de que la democracia requiere pluralidad política y partidista. Es decir, que haya un sistema de partidos abierto y que haya elecciones entre todas esas corrientes políticas, pero también que haya un respeto por la acción contestataria porque esa acción es la manera que tiene la ciudadanía de mandar un mensaje al poder en una democracia, y decir «no me gusta lo que está haciendo». Esa mirada antidemocrática les hace pensar que si la gente sale a la calle es desleal con la democracia. Ahora lo estamos viendo con los estudiantes, que no tienen nada que ver con una opción armada, pero esa mirada antidemocrática lo que hace es construir estereotipos y generalizaciones que le permiten a la autoridad defenderse por la vía más violenta. Por ejemplo sacar el ESMAD, pero eso no soluciona el problema porque la gente está protestando y está tratando de decir que está inconforme por algo. La movilización social es tan importante como el voto, esos son los dos pilares que tiene la ciudadanía para manifestarse frente a un poder que tiene rendir cuentas. Si Acevedo tuviera la suficiente delicadeza teórica para ver las distintas posturas que hay frente a la democracia, sabría que desde donde se enuncia el Basta Ya tiene mucho más que ver con críticas liberales a la democracia. Nosotros nunca dijimos que aquí no había democracia, claro que hay democracia, pero esa democracia puede ser más robusta, puede ser más dinámica siempre y cuando se acepte que la crítica es parte de los regímenes democráticos. Por hacer una crítica yo no me convierto en enemiga de la institucionalidad. Yo creo que hay que encontrar salidas institucionales y eso lo digo con toda firmeza.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El presidente Iván Duque, jefe de las Fuerzas Militares, ha estado en el ojo del huracán desde el pasado martes cuando su ministro de Defensa fue acusado por negligencia en un bombardeo en el que murieron ocho (8) menores de edad. Sin embargo, ese fue el punto de quiebre que hoy lo tiene en el pico más alto de desaprobación. La más reciente encuesta de Invamer S.A arrojó que el 69% de los colombianos y colombianas desaprueban y el 26% aprueban el gobierno de Duque, siendo este el resultado más bajo que ha podido tener a lo largo de este primer año que lleva como presidente. Asimismo, fue muy criticado en varios aspectos en los que los encuestados y encuestadas respondieron de forma negativa a temas como la corrupción, la economía, el desempleo, los costos de vida y la seguridad. Así las cosas, más del 75% piensa que el país está empeorando. Y es que esta percepción reventó tras la denuncia del senador del Roy Barreras, del Partido de la U, ante el Congreso de la República sobre la muerte de ocho (8) menores de edad en medio de un bombardeo a finales de agosto en el departamento de Caquetá, y la cual fue publicada oficialmente como bajas en combate. Tanto Duque como el ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguraron que no tenían conocimiento de este hecho, lo cual causó un amplio rechazo social y político hasta el punto de convocar una moción de censura contra Botero. Sin embargo, la renuncia llegó primero que la moción de censura que había convocado el Senado para sacarlo del cargo. Las víctimas fueron identificadas como Aibimiller Morales, de 17 años; Wilmer Alfredo Castro, de 17; Diana Medina, de 16; José Rojas, de 15; Jhon Edison Pinzón, de 17; y Ángela María Gaitán, de 12. Sin embargo, al principio se habló de siete menores, por lo que aún se desconoce el nombre del octavo menor de edad que murió en el bombardeo. Denuncia ante la CPI De acuerdo con los protocolos internacionales y en específico el Derecho Penal Internacional, “las conductas punibles como crímenes de guerra, son reclutar o alistar niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o utilizarlos para participar activamente en hostilidades, tanto si se trata de fuerzas armadas o de grupos armados irregulares”, señala la sentencia C-40 del 2009 de la Corte Constitucional. En ese sentido, y ante la grave violación a los derechos humanos, el senador Alexander López Maya, del Partido Polo Democrático, expresó su intención de interponer una demanda contra el presidente Duque, quien sería el mayor responsable de la muerte de los menores de edad. “Sale del Gobierno el Ministro Botero, pero: ¿Quién responde por la masacre de los niños? ¿El presidente Duque? ¿Sus familias? o ¿el pueblo colombiano ? ¡A la luz del artículo 28 del Estatuto de Roma -que rige a la CPI- @IvanDuque es un responsable de la masacre! Denunciaré”, expresó el jueves en su cuenta de Twitter. Ahora bien, este tipo de procesos pueden tardar mucho tiempo en revisarse ante la Corte Penal Internacional (CPI), debido a que, esta instancia internacional abriría la investigación en sólo dos casos. El primero, si no se abriera una investigación formal en las instancias nacionales, y el segundo, si hubieran pasado muchos años en los que las instituciones judiciales tuviesen todo detenido. Sin embargo, los expertos aseguran que al ser un episodio tan reciente es poco probable a que se realice una apertura formal contra Duque. Duque sin piso El subdirector de la Fundación Paz & Reconciliación-Pares, Ariel Ávila aseguró que hay seis (6) puntos que tienen a este gobierno sumido en una crisis de gobernabilidad, por los cuales, es inevitable el descontento de la ciudadanía. “Lo primero que sucede es que Duque no tiene gobernabilidad en el Congreso. Segundo está muy mal en las encuestas. Tercero, el partido de gobierno quedó muy mal parado en las elecciones regionales. Cuarto, no hay una activación económica en el país. Quinto, por si fuera poco su gran bandera que era la seguridad se está deteriorando en muchas zonas. Y sexto, el partido de él se encuentra en una guerra interna por saber quién es el sucesor del uribismo para las presidenciales del 2022”, apuntó Ávila. Esas seis cosas se suman a este momento en el que Duque tiene a la opinión pública, a organizaciones nacionales e internacionales, figuras públicas y líderes de opinión en la mira por como va el rumbo de Colombia. Ahora bien, de acuerdo con el analista, el gobierno de Duque tiene tres (3) salidas. La primera sería radicalizar el discurso de miedo de odio, e irse con esas bases de derecha, pero eso sería aislarse a los demás sectores políticos y sociales. “La otra solución es abrir un proceso de concertación muy grande que significa un diálogo con la izquierda, diálogo con el centro, puestos burocráticos para los liberales y Cambio Radical, es decir, darle un giro al gobierno de manera total”, apuntó Ávila Y la tercera solución está en que logre reactivar la economía, que este país comience a fluir económicamente y eso disipe lo que está sucediendo. “Pero ninguna de las tres es tan fácil de hacer. La primera es una inmolada, que yo no creo que vaya a suceder, pues él es el más moderado. La segunda se echa de enemigo a su partido, y sería una traición. Y la tercera, yo no veo la reactivación económica”, aseguró. En definitiva, Duque tiene un panorama muy complejo a tan sólo un año y tres meses de gobierno. No tiene mayorías en ninguna parte, y cada vez parece más arrinconado a nivel económico, político y social. Por eso, Duque va a tener un viraje durante el primer semestre del primer año de 2020, algo tiene que cambiar, porque así como está no se va a quedar o sino sería hundirse mucho más.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Después de varios años de indicios sobre la relación entre Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez, y la creación del grupo paramilitar los “12 Apóstoles” en Yarumal, Antioquia; la Fiscalía y la Procuraduría pidieron un fallo condenatorio en su contra. El fiscal -encargado de este caso contra Santiago Uribe- expresó que el sindicado debe responder por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado, debido a que, existen suficientes pruebas que demostrarían su responsabilidad en la financiación y promoción a ese grupo paramilitar que fue creado desde principios de 1992. En ese sentido, pidió ante el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia que condene a Uribe Vélez por su participación indebida en este grupo armado que cometió unos (300) homicidios contra personas que supuestamente pertenecían o colaboraban a los grupos subversivos, y contra grupos marginados. El ente investigador validó las versiones de los testigos entre las cuales se resaltó la participación del mayor retirado de la Policía, Juan Carlos Meneses, quien fue el que destapó el caso por haber sido el comandante de ese municipio por esa época en la que se consolidaron los 12 “Apóstoles”; y quien además aseguró que dicho grupo estaba dirigido por Santiago Uribe. En 1997 la Fiscalía le abrió una investigación, pero no prosperó y fue cerrada en 1999. Más adelante, en el 2005, el entonces representante a la Cámara, Gustavo Petro realizó la denuncia en un debate en el Congreso de la República, pero fue hasta el 2010 cuando Meneses decidió contar su versión sobre Santiago. ¿Cómo se destapó todo? Ante un grupo de representantes de organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos, Meneses habló sobre sus conexiones con Santiago Uribe, en el marco de un evento en Buenos Aires, Argentina en el 2010. A continuación, un aparte de lo que dijo el mayor retirado: “En 1993, estando yo con el grado de teniente, me nombran comandante del Distrito Policial 7 de Antioquia con asiento en Yarumal. ¿Cómo llego yo a Yarumal? Yo siempre he sido una persona comprometida con la institución, muy de combatir a la guerrilla. En esa época Yarumal era muy peligroso, estaba asediada por la guerrilla. A los coroneles les daba miedo, entonces los comandantes me mandan a mí. Yo recibo el mando del entonces capitán, hoy coronel retirado Benavides. Él me recibe y me dice ‘vea, Meneses, aquí hay una situación muy especial, acá hay un grupo de personas que hace limpieza, o sea limpieza social, o sea desaparecer a las personas que se identifican como guerrilleros, como ladrones, como secuestradores, extorsionadores, o sólo expendedores de vicio, o viciosos. Vea, usted lo único que tiene que hacer es cuando ese grupo vaya a hacer un trabajo usted tiene que colaborarles’. Le pregunto ‘cómo es esto, capitán’, y me contesta: ‘vea, el grupo tiene un jefe que se llama Santiago Uribe Vélez, que es el hermano del (entonces) senador Álvaro Uribe”. Tras las declaraciones la Fiscalía le abrió una investigación, y en 2017 fue condenado a 27 años de prisión por el asesinato del conductor de bus, Camilo Barrientos, señalado de ser ayudante de la guerrilla de las FARC. Durante los años de indagatoria, Meneses responsabilizó a Santiago Uribe de ser el jefe de la organización, lo cual suscitó la reapertura del caso en su contra. Así las cosas, ambas audiencias transcurrieron en paralelo, pero Meneses fue encontrado culpable con anterioridad. Por eso, pidió pista en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el propósito de contar todo acerca del grupo paramilitar, y obtener una rebaja en la condena. El 10 de abril de este año, la JEP dejó en libertad a Meneses por su colaboración en el caso de los “12 Apóstoles”, y en cambio, Santiago continuó el proceso con el ente judicial. En 2016, Uribe Vélez fue capturado y estuvo dos (2) años en prisión, pero en 2018 fue dejado en libertad mientras su juicio estaba en curso. Durante ese año continuaron las audiencias en medio de altibajos, y finalmente la Fiscalía expresó este miércoles con certeza la responsabilidad de Uribe Vélez en la creación y financiación de ese grupo paramilitar que operó en el norte del departamento de Antioquia. Por otro lado, pidió al juez la compulsa de copias por presuntos falsos testigos, presentados por la defensa. En la Audiencia final de Juzgamiento que aún transcurre este jueves, la Procuraduría General de la Nación, representada por la procuradora delegada Liliana Marín, también le solicitó al juez, condenar a Santiago Uribe Vélez por sus nexos con el paramilitarismo. Por lo pronto, habrá que esperar cuál es la decisión definitiva del juzgado que podría tardar una semana más mientras terminan las audiencias. Pero lo cierto, es que Uribe Vélez cada vez está más arrinconado por la justicia, pese a su posición de que jamás conoció a dicho grupo paramilitar.