Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares De acuerdo con la información entregada por la Organización Indígena de Antioquia (OIA), un nuevo hecho victimizante se presentó en contra de las comunidades indígenas en Colombia. Justamente, el asesinato de Luis Enrique de la Cruz Suárez, indígena Senú, se registró en el municipio de Cáceres, vereda El Tigre en el departamento de Antioquia. Asimismo, las comunidades indígenas señalan que, con el asesinato del líder indígena ya son 135 asesinatos los que ya se han presentado durante los 15 meses que lleva el presidente Duque en la Casa de Nariño. Así las cosas, el asesinato de Luis Enrique de la Cruz Suárez, de 43 años, se suma al asesinato del indígena Embera Eyábida —e integrante de la Guardia Indígena en Chigorodó—; Gilberto Dominicó, el pasado viernes 1 de noviembre. Es decir, en menos de una semana se han reportado dos asesinatos ante el silencio del Gobierno Nacional que parece atender situaciones solo cuando los asesinatos asciendan a 15, como en el Cauca. Fuentes en terreno le comunicaron a Pares que no es cierto que la Policía y la Sijín hayan colaborado con el levantamiento del cadáver de Luis Enrique de la Cruz Suárez. Contrario a las versiones de las autoridades, el papel de los uniformados no contribuyó al procedimiento postmortem del líder indígena. Entre otras cosas, hay premura de que las autoridades actúen para establecer quiénes son los responsables del asesinato. Hasta el momento las versiones apuntan como perpetrador a algún grupo armado de los que se están disputando el control territorial de la región antioqueña. Sin embargo, de acuerdo con investigaciones hechas por Pares, en el municipio de Cáceres —tras la ida del Frente 35 de la otrora guerrilla del Farc—; el Clan del Golfo cooptó el municipio y ejerce control. A continuación, Pares presenta una radiografía de los componentes más predominantes en materia de seguridad que configuran los hechos victimizantes en la región y que están afectando a las comunidades indígenas en el Bajo Cauca. Zona de disputa Precisamente, el municipio Cáceres hace parte del Bajo Cauca Antioqueño que, a su vez, hace parte de las zonas con mayor presencia de organizaciones criminales y grupos armados ilegales. Bajo Cauca, específicamente se ubica en la región denominada como Nido del Paramillo que incluye al sur de Córdoba y al Norte y Nordeste Antioqueño. De hecho, el Bajo Cauca se ha convertido en un clúster de mercados ilegales, aprovechadas por las estructuras armadas y élites ilegales en tanto que allí encuentran las materias primas de mercados ilegales, como la coca o el oro; también se da el procesamiento y desde allí son comercializadas hacia el interior y fuera del país, puesto que conectan con Medellín, con la Costa Caribe y con el Urabá. Esta situación la ha venido alertando la Fundación Paz & Reconciliación tras el lanzamiento del informe “Más sombras que luces, la seguridad en Colombia a un año del gobierno de Iván Duque”, ante la opinión publica y ante el Gobierno Nacional; resaltando la preocupante situación en materia de seguridad que atraviesan esta subregión del país. Sumado a este panorama, se encuentra la incapacidad del Estado local y central para generar un ambiente de gobernabilidad y legalidad; una dificultad que se debe no sólo al aspecto técnico y de infraestructura institucional, sino también a la facilidad que tienen las estructuras armadas ilegales para permear la institución. Bajo Cauca Según investigaciones de Pares, la disputa y el recrudecimiento de la violencia en la violencia en el Bajo Cauca se ha prolongado desde 2018, año en el que —entre otras cosas— resultó ser el más violento en los últimos seis (6) años. Un ejemplo de ello se refleja en el aumento del homicidio en los municipios de Cáceres (lugar del asesinato del líder indígena) y Caucasia; que llegó al 150%. Para 2019, la situación de violencia sobre el municipio de Cáceres se ha mantenido. Sin embargo, Pares advirtió que hubo un cambio de táctica se ha presentado; se dejó a un lado las confrontaciones y se priorizó la violencia selectiva, tal como resulta el asesinato de Luis Enrique de la Cruz Suárez. Asimismo, Pares ha denunciado que los municipios mayormente victimizados por los Grupos Armados Ilegales son Cáceres, Caucasia y Tarazá. De hecho, el Clan del Golfo opera asentado en el Casco Urbano y los Caparrapos operan en la ruralidad. Las investigaciones en terreno por parte de Pares han permitido reconocer que, en el Bajo Cauca, “las comunidades afirman que en muchos casos no logran identificar quiénes son los hombres armados que pasan por sus veredas pues en muchos casos usan pasamontañas, pero no insignias que los identifiquen. Asimismo, todos usan armas largas y tienen repertorios de acción caracterizados por la sevicia”. Así las cosas, de acuerdo con el informe, la zozobra sobre los habitantes de la región ha desatado desplazamiento forzado de las zonas rurales y de los casos urbanos, en donde Cáceres se ubica como uno de los municipios más afectados. Frente a las amenazas, en el Bajo Cauca, Pares ha alertado que las familias vinculadas al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos – PNIS han sido amenazas, específicamente, en los municipios antioqueños de Cáceres y Tarazá. El devenir de las comunidades indígenas Pares habló con Aída Quilcué, Consejera indígena de ONIC, para saber qué viene para las comunidades frente a las masacres reportadas. “Nosotros desde los pueblos indígenas consideramos que la situación trae un despojo territorial en contra de las comunidades indígenas avanza con mucha fuerza. Además, considera que “una forma de desestructurar, seguramente, tiene que ver con el rompimiento del tejido social y organizativo que tenemos desde los pueblos indígenas”, señala. La Consejera explica que esa forma de desestructurar dicho tejido social lo hacen por medio del narcotráfico, la presencia de grupos armados en las distintas zonas en la que históricamente han hecho presencia las comunidades indígenas a los largo y anchos del país. Es decir, para Quilcué lo que se configura es “un ataque directo a la autonomía, al ejercicio de las autoridades regionales y generar miedo, zozobra”. La líder indígena insiste que se debe empezar a generar espacios de diálogos y propuestas desde lo local, regional y nacional. Precisamente, reconocen que uno “uno de los grandes combustibles de la problemática es el narcotráfico, un tema que estamos abordando, para que las comunidades formulemos las propuestas que permitan vislumbrar una salida a las condiciones que deja las dinámicas de las economías ilegales y que ha resultado en masacres”. Finalmente, señala que “tenemos que seguir avanzando en las distintas rutas nacionales e internacionales, en el marco de lo jurídico y político, que permita fortalecer alianzas entre las distintas organizaciones sociales que permitan dar respuestas a los asesinatos sistemáticos que no son un tema aislado, ya que trasciende a la problemática del país.”

Por: Redacción Pares La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exalcalde de Cúcuta, Donamaris Ramirez Paris Lobo, por presuntas irregularidades en la construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de la Urbanización Cormoranes, por más de $4.000 millones de pesos. La decisión también cobijó a los exsecretarios de Despacho Área Dirección de Fortalecimiento Corporativo, Jimy Galán Villamizar; de Infraestructura, Oswaldo Grajales Rosas para el año 2013, y Juan Carlos Sierra Castellanos para el 2015, y la Secretaria Privada Área Dirección Relaciones Institucionales para el 2015, Irly Yesenia Sandoval Pacheco. El órgano de control reprochó el presunto actuar irregular de los secretarios, quienes al parecer desconocieron el principio de planeación de la contratación estatal al elaborar los estudios previos y suscribir las contrataciones mediante las cuales se construyeron las etapas I y II del CDI de Cormoranes, que posteriormente presentaron fallas estructurales que imposibilitan su funcionamiento. Para la Procuraduría los estudios que sirvieron de fundamento a los contratos de obra nro. 876 de 2013 y 767 de 2015, al parecer, eran deficientes por cuanto permitieron el desarrollo de la edificación en un terreno que presentaba inestabilidad y saturación del suelo por aguas de infiltración, lo cual conllevó que las obras ejecutadas presentaran fallas estructurales que impiden la prestación de los servicios a niños y niñas de la primera infancia. El ente de control cuestionó al exmandatario local por presuntamente omitir la vigilancia y control sobre la delegación otorgada al secretario de la Dirección de Fortalecimiento Corporativo, lo que permitió la suscripción del contrato de obra número 876 el 30 de agosto de 2013, pese a que los estudios eran deficientes. Entre las pruebas recaudadas en el proceso se encuentra el informe emitido por la Oficina Municipal para la Gestión de Riesgo y Desastres que recomendó demoler las estructuras que componen el CDI Cormoranes y restringir el uso del suelo para cualquier tipo de edificaciones que se planeen construir en el sector y las zonas aledañas, y concluyó que las obras de mitigación de riesgos en este caso resultan insuficientes. La Procuraduría calificó provisionalmente la presunta falta de los investigados como gravísima a título de culpa gravísima, por desatención elemental de deberes.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El presidente Duque no sale de un problema cuando ya tiene otro en espera. Desde que posesionó al actual director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), Darío Acevedo Carmona, recibió el rechazo de las organizaciones de víctimas, de varios sectores políticos y de la sociedad civil que hoy claman su salida del cargo al negar la existencia del conflicto armado colombiano. Este martes, Acevedo fue citado en el Congreso de la República de Colombia para un debate de control político llamado “Protejamos la memoria” sobre la nueva línea narrativa que ha impreso en la institución, que durante siete (7) años (2011-2018) estuvo en cabeza del sociólogo Gonzalo Sánchez con una mirada central en las víctimas. Por consiguiente, el nuevo director del CNMH ha sido criticado por sus constantes arremetidas a la que él supone la “verdad oficial” -que se construyó durante el periodo de Sánchez-, la cual habría justificado el accionar de los grupos subversivos. Y en últimas, y lo más preocupante es que desconoce la existencia del cruento conflicto de más de 50 años en Colombia. Ante la serie de pronunciamientos, el senador Iván Cepeda, quien convocó el debate, también pidió la renuncia del director y señaló que “tras un seguimiento riguroso a declaraciones y denuncias que han llegado desde la posesión de Acevedo, se logró identificar cinco líneas negacionistas en la política institucional del funcionario que cuestionan fuertemente su idoneidad para seguir al frente de la institución”. De acuerdo con el congresista, las líneas institucionales que pretenden evocar al negacionismo son las siguientes: 1) Negar la existencia del conflicto armado. 2) Volver a la época en que se desconocía las víctimas del Estado, las víctimas de la desaparición forzada, del desplazamiento e impedir que se reconozcan las víctimas del genocidio y de los ‘falsos positivos”. 3) Minimizar la responsabilidad del Estado, los terceros y los paramilitares. 4) Poner en duda la usurpación masiva de la tierra como causa del conflicto armado. 5) Negar la legitimidad del proceso de paz. Tras el debate, varios sectores de izquierda se sumaron a la petición de Cepeda; quien anunció que presentará una queja disciplinaria contra Acevedo para que la Procuraduría investigue su conflicto de intereses; censura y desconocimiento de las iniciativas de las víctimas; desconocimiento a los requerimientos del Congreso; y declaraciones en contra del proceso de paz. Por su parte, Acevedo se ha defendido con el argumento de que su posición es otra parte de la historia, y la “verdad oficial” no es necesariamente la que se ha tratado de reconstruir a lo largo de estos años desde que se creó el CNMH a través de la ley de víctimas. El peligro del negacionismo El negacionismo está atado al ocultamiento de una parte de la historia, la memoria, o la verdad de un acontecimiento, y en ese sentido, se legitima un discurso oficial sobre un episodio que afecta a un grupo social. La Fundación Paz & Reconciliación-Pares conversó con Johanna Moyano, administradora pública de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) e investigadora en el tema del negacionismo, sobre el uso de esta conducta que usualmente es utilizada discursivamente por los gobiernos. “En los primeros estudios de la negación se puede citar a la filósofa alemana Hannah Arendt. Ese el antecedente más lejano que he podido encontrar, y en esa literatura no se hizo referencia directa al término, sino a la mentira. Una clase de mentira organizada”, expresó Moyano. En el caso de Colombia, el fenómeno del negacionismo no se ha estudiado lo suficiente. Pero, por ejemplo, en el caso de las violaciones a los Derechos Humanos, sobre todo ha sido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la que ha señalado o acusado al Estado colombiano de negar lo sucedido. Sin embargo, “no hay estudios en el discurso oficial para saber cómo se utiliza la negación para favorecer su propia legitimidad. Yo creo que definitivamente a la negación acuden los servidores públicos”, expresó. Así como Acevedo, está el ministro de Defensa quien también se encuentra en el ojo del huracán, debido a que de manera recurrente niega hechos que son evidentes. Según la investigadora, en cualquier caso, ambos acuden a la negación. “Los ciudadanos tienen un papel clave porque son los veedores de que ese discurso de la negación no sea absorbido en su totalidad, sino que sea impugnado, y se cuestione”, apuntó. Por eso el rol de los ciudadanos siempre es clave en la construcción de la “verdad oficial”, pues es justamente lo que ha ocurrido ahora con el rechazo a Acevedo. De otra manera no habría forma de hacerle contrapeso al discurso oficial de la negación. “El peligro es que no sepamos qué está pasando, es un peligro para la misma democracia”, concluyó.

Por: Redacción Pares «La presión ciudadana y una labor de oposición inteligente y documentada han tumbado un ministro incompetente y complaciente con el crimen y la violación de los derechos humanos.» con este mensaje León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, explicó la renuncia que presentó esta tarde Guillermo Botero, exministro de Defensa del gobierno de Iván Duque. Hay un refrán popular en las sabanas de los llanos orientales que indica un final inminente, inevitable: «se le entró el comején» . Desde hace meses, Pares advirtió los fracasos, los crímenes y las mentiras sobre las cuales Botero construyó un proceder ministerial y una doctrina militar que buscó un enemigo interno y la criminalización de cualquier asomo de protesta y oposición. Hoy, esa estructura que levantó el exministro se le vino encima, ya no podía sostenerse más. Era sólo una cáscara que por dentro estaba vacía, comida por el comején, que como la verdad de los muertos, es implacable. Botero, los hechos son tercos El primer hecho fue el asesinato de Dimar Torres, un desmovilizado del ahora partido Farc, quien habría sido torturado. Inmediatamente se conoció el homicidio, el ministro se apresuró a decir que había muerto en medio de un forcejeo, sin embargo, apenas, horas después, se supo que no hubo forcejeo y que serían varios militares los que participaron en un homicidio, que además habría sido planeado. En otras palabras, el ministro no solo dijo mentiras, si no que quedó como cómplice al intentar encubrir un homicidio. En segundo lugar, cuando ocurrió el asesinato de la lideresa María del Pilar Hurtado, el exministro de la Defensa dijo que habría sido el ELN. Nuevamente era una gran mentira, incluso para los más desprevenidos en el tema, esa versión era más que ridícula, ya que en la zona del sur del departamento de Córdoba no opera el ELN desde hace varias décadas. Además, la versión según la cual María del Pilar no era lideresa rápidamente tomó fuerza en las autoridades, en este caso posición secundada por el alcalde de Tierralta, lo cual a su vez llevó a que gran parte de la sociedad colombiana sintiera que había algo más complicado que no se había dicho y los intentos por torpedear las investigaciones eran más que evidentes. Sin embargo, de la indignación con las posiciones del ministro de Defensa se pasó a la burla. En un Taller Construyendo País, el exministro manifestó que los mayores problemas de seguridad en Puerto Carreño, la capital del Vichada, eran producto del robo de ropa. No debe olvidarse que actualmente el Vichada es una de las zonas donde hay cultivos de hoja de coca, el sur del departamento es dominado la disidencia de la exguerrilla de las Farc y particularmente Puerto Carreño es zona de paso de droga y ahora es ruta de trata de personas. Todo parece indicar que Botero ni siquiera sabía de esta división básica que debe hacerse a la hora de analizar los problemas de seguridad en un territorio. Al final, hay una sensación entre risa y preocupación por el papel del ministro Botero. El tercer hecho grave, y como en el caso de Dimar, la comunidad fue la que permitió que se conociera ante la opinión pública el asesinato del joven Flower Trompeta Paví. Precisamente, los habitantes quienes denunciaron que que los uniformados del Ejército habrían torturado a Trompeta Paví metiéndole una mano en una máquina despulpadora. Trompeta era un comunero indígena. La comunidad, a su vez, señaló que el Ejército pretendió hacer pasar al líder campesino como un miembro de la disidencia de las FARC muerto en combate. De esta forma, el macabro capítulo del asesinato de Trompeta Paví, otra vez, configura una disputa de versiones entre el Ejército y las denuncias de la comunidad. Y en el marco del debate de moción de censura que se realizó este martes en contra de Botero en el Senado de la República, el citante senador del partido de la U, Roy Barreras, develó un informe que demuestra que en un operativo realizado en el mes de agosto, y que fue presentado como un éxito del Ejército, en realidad fue contra niños y jóvenes menores de 20 años. El congresista aseguró que el 2 de septiembre el ministro Botero informó sobre un operativo militar en Caquetá, unos días después del anuncio que hicieran Iván Márquez y Jesús Santrich sobre la creación de una nueva guerrilla, donde habrían sido abatidos 14 disidentes de las Farc; sin embargo, el senador Barrera acusó a Botero de esconder que en ese bombardeo fallecieron varios menores de edad. El joven Abimiller Morales tenía 17 años, Willmer Castro 17, Diana Medina 16 años, José Rojas Andrade 15 años, Jhon Edinson Pinzón 17, la niña Ángela María Gaitán tenía 12 años y Sandra Patricia Vargas 16. Ministro, Usted le escondió a Colombia que ese día de septiembre bombardeó a siete niños», señaló Barreras. Además, y para rematar con broche de oro, el presidente Iván Duque, en su afán de hostigar el régimen de su homólogo venezolano con quien tiene rotas las relaciones desde el mes de febrero, presentó en septiembre un informe ante las Naciones Unidas en el cual enseñó una foto del ELN supuestamente reclutando a menores de edad en territorio venezolano, sin embargo, resultó ser falsa. El periódico El Colombiano presentó en exclusiva una nota sobre el origen de dicha imagen y señaló que ellos obtuvieron esa imagen en 2015 por medio de Inteligencia Militar, a cargo del hoy exministro Guillermo Botero, en el marco de un especial que realizaron sobre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el municipio del Tambo, departamento del Cauca, ubicado en el suroccidente de Colombia. En ese sentido, señaló el diario, que la fotografía presentada ante la ONU fue publicada el 7 de junio de ese año y no corresponde al supuesto reclutamiento de esa guerrilla el Estado de Táchira en Venezuela en 2018, sino a los eventos realizados por el ELN en un pequeño poblado llamado Huisitó, Cauca. Otras razones que hundieron a Botero Botero ha negado la existencia del conflicto armado en Colombia, ya que, según su doctrina, es un riesgo para la seguridad jurídica de los miembros de la fuerza pública. En la actualidad, el gobierno le ordena a los militares a conducir operaciones militares ofensivas en contra de los grupos residuales de las FARC del ELN, del clan del golfo y de por lo menos otros dos grupos de crimen organizado sin reconocer la existencia del conflicto armado. El lanzamiento de operaciones militares con un grado de certeza entre el 60% y 70%. Cabe destacar que esta es una directiva aplicada desde 1993. Sin embargo, hace muchos años que desde la fuerza aérea exigió que la certeza de la inteligencia fuera mucho más cercana al 80% – 85%. Para proteger el “principio de distinción”. Y Botero, en vez de garantizar que se elevaran los niveles de certeza para lanzar operaciones, sacó a relucir doctrinas del 93 y las reiteró como su doctrina de combate. Además, durante su ministerio, se presentó la aproximación de resultados operacionales que obliga a los generales a decir cuántas muertes en combate podrían llevarse a cabo durante el 2019. A lo cual se suma lo ocurrido con la investigación del periódico norteamericano The New York Times, en la cual denunciaba que el comandantes del ejército les obligaba a duplicar los “resultados”. «La ingobernabilidad del presidente Duque tenía su mejor muestra en el Ministerio de Defensa y la política de seguridad del país. Lo que ocurre en el Cauca, y en otras regiones del país, amerita cambiar a la cúpula militar por corrupta. Por inepto, el exministro Botero ya renunció esta noche» indicó Ariel Ávila, subdirector de Pares.

Por: Redacción Pares La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de JEP acreditó como víctimas colectivas a la Asociación campesina de Tumaco y al grupo de campesinos de Ricaurte, en el marco del Caso 02 que investiga las graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario presuntamente cometidas por exguerrilleros de las Farc-EP y miembros de la fuerza pública, entre el 1 de enero de 1990 y antes del 1 de diciembre de 2016, en los municipios de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas, en Nariño. De esta manera, la JEP acredita como víctimas a más de 5 mil familias que les permite participar como intervinientes especiales en todas las etapas del proceso ante la Jurisdicción. Con esta acreditación colectiva, la JEP avanza en las garantías de la participación de las víctimas en las diferentes etapas judiciales del proceso en el marco del caso 02. Entre los criterios, la Sala de Reconocimiento tuvo en cuenta el enfoque territorial con el que se reconocen las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades. A través de la Corporación Jurídica Yira Castro, alrededor de 5.000 familias campesinas de 25 veredas, habían solicitado acreditarse en calidad de víctimas para participar ante la JEP en las diferentes instancias de los procesos que cursen en el Caso 02. Igualmente, en un informe preliminar, entregado a esta Jurisdicción el pasado 8 de agosto, denunciaron las conductas violentas ocurridas en el marco del conflicto armado contra las personas que pertenecen a las comunidades campesinas de los territorios priorizados. Actualmente, la Sala de Reconocimiento se encuentra en la etapa de recepción de versiones de presuntos responsables y, más adelante, pondrá a disposición de las víctimas acreditadas y su representante, las versiones practicadas hasta la fecha en el marco del Caso 02. Los derechos de las víctimas que se acreditan ante la JEP Las víctimas que se acreditan ante la JEP tienen derecho a: – Participar en todas las instancias del proceso, de acuerdo con lo establecido en la ley – Recibir asesoría, orientación y representación judicial a través del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD), de la Secretaría Ejecutiva de la JEP. – Estar informadas del avance de la investigación del proceso. – Aportar pruebas, asistir a las diligencias e interponer recursos contra las decisiones que profieran – Solicitar acompañamiento psicosocial y jurídico en los procedimientos – Solicitar medidas de protección en el caso que sus derechos fundamentales sean amenazados por participar ante la JEP. – Presentar observaciones a las versiones que les sean trasladadas. – Asistir a la audiencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad y presentar observaciones finales. – Presentar observaciones en relación con los proyectos restaurativos formulados por los comparecientes, entre otros.

Por: Walter Aldana Q. Es mentira decir que el problema del Cauca es el narcotráfico, ello es una consecuencia del irrespeto a la autonomía territorial de los pueblos indígenas y a creer que los derechos a ejercer autoridad en sus resguardos es una extralimitación de sus facultades de ley. Por ello han centrado la atención en el postulado de nuestros hermanos de NO permitir el asentamiento en sus tierras de grupos ilegales y de la misma fuerza pública. Han querido culpar a esta postura indígena como la responsable de que bandas ilegales estén y actúen en espacios territoriales de los nativos; la pregunta es: si el ejército y la policía están presentes alrededor de los resguardos; ¿por dónde entran los precursores químicos? ¿por dónde sale la droga?¿ con la complacencia de quién? Han sido días difíciles El problema en el norte, como en todo el departamento del Cauca, es la desigualdad, la postura de la fuerza pública como simples notarios del conflicto armado, la improvisación y fracaso del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, y claro; la llegada de narcos a la región. Sólo dos actividades productivas tienen garantizada su comercialización en el departamento: el café ( con precio en crisis) y la hoja de coca ( con paso de 3 a 4 cosechas al año, aumentó de precio de arroba de hoja de coca de 25 mil pesos en 2017 a 60 mil en 2019, y por su tecnificación, da como resultado que en una hectárea anteriormente se daban 350 arrobas y aumento a 500 arrobas). Ayer, el presidente Duque habló de un plan social. No sólo aumentar la presencia de la fuerza pública, ya que para ser exitosa esta iniciativa, es necesario ver LA FORMA. No puede ser que sea la tradicional intervención, no, se requiere concertación y coordinación con las autoridades indígenas, afros y campesinas, y es imperioso para su éxito darle forma a un fondo económico-gubernamental dirigido autónomamente, aunque en perfecta complementariedad y subsidiaridad tal y como lo estableció la Constitución del 91. Presidente Duque, hacerlo concertadamente, fortaleciendo los planes de vida de las comunidades como el objetivo central será quitar el agua al pez de los cultivos de uso ilícito y a sus comerciantes.

Por: Redacción Pares En el marco del debate de moción de censura que se realizó este martes hasta altas horas de la noche en contra del ministro de Defensa, Guillermo Botero en el Senado de la República, el citante senador del partido de la U, Roy Barreras, develó un informe que demuestra que en un operativo realizado en el mes de agosto, y que fue presentado como un éxito del Ejército, en realidad fue contra niños y jóvenes menores de 20 años. Muy grave la denuncia realizada acerca del asesinato de los menores de edad en un bombardeo contra «disidencias», entre estas, una niña de 12 años de edad. Niños y niñas murieron por un bombardeo del Ejército, en donde señalaron que habían matado a 14 disidentes de las Farc, uno de los pocos operativos exitosos luego del rearme de unos cuantos líderes de esa guerrilla. «Tengo que decirles que hemos vuelto a los Falsos Positivos. Ministro, no puede decir que sus hombres le informaron que fue un forcejeo o que no le informaron nada como es el caso del Asesinato, Flower Trompeta. Las equivocaciones aquí se cuentan en vida.» indicó Barreras en el debate. El congresista aseguró que el 2 de septiembre el ministro Botero informó sobre un operativo militar en Caquetá, donde habrían sido abatidos 14 disidentes de las Farc; sin embargo, el senador Barrera acusó a Botero de esconder que en ese bombardeo fallecieron varios menores de edad. El joven Abimiller Morales tenía 17 años, Willmer Castro 17, Diana Medina 16 años, José Rojas Andrade 15 años, Jhon Edinson Pinzón 17, la niña Ángela María Gaitán tenía 12 años y Sandra Patricia Vargas 16. Ministro, Usted le escondió a Colombia que ese día de septiembre bombardeó a siete niños», señaló Barreras. Barreras señaló además, que el ministro Botero es incapaz de darle confianza y tranquilidad a los colombianos, ya que «la Seguridad Nacional se le salió de las manos. La seguridad de los Colombianos, está en sus manos Senadores.! El recuerdo de estas muertes y de otros errores del Ministro, no se les va olvidar en tres ni en siete días.» Barreras le pidió al Presidente del Congreso, Lidio García, llevar a cabo la votación de esta moción -que se realizará la próxima semana- de forma privada y no públicamente. Hasta el momento la oposición y los partidos de izquierda, el Liberal y Cambio Radical han manifestado que votarán afirmativamente la iniciativa de control político. Los territorios campesinos del país siguen cargando, sin descanso, con estas tragedias injustificables.

Por: Rodrigo Barrera Molano se fue entre aplausos de su querida ‘Nacho’ después de una singular liturgia en la capilla del cura Camilo Torres Restrepo, el mismo que lo entrevistó para ingresar a la facultad de Sociología en los años sesenta del siglo pasado. Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, más que oficiar una misa sirvió de maestro de ceremonias en un acto político y cultural de despedida. Primero convocó a reflexionar en silencio sobre el compromiso y la verdad y la defensa de la paz como hubiese querido Molano. Su última esposa, Gladys Jimeno, tomó la palabra para destacar que todos los procesos vividos por Molano y con Molano fueron guiados por el amor en todas sus manifestaciones y quería hacerle el honor de reconocerlo y agradecerlo. Su hijo, tocayo y colega, Alfredo Molano Jimeno, relató el camino doloroso que recorrió hacia la muerte desde el primer signo de la enfermedad, que no le dio tregua pero tampoco pudo menoscabar su dignidad. Contó que en 2016, cuando comenzó el viaje final, eran días de alegría porque se había firmado la paz. Había recibido el Honoris Causa de la Nacional, el reconocimiento Vida y Obra del premio de Periodismo Simón Bolívar y había sido escogido como miembro de la Comisión de la Verdad. Un amigo contó las confidencias de Molano sobre el misterio de la fe en un viaje nocturno en avión, de regreso de una correría, y leyó el poema ‘ante el misterio’. De Roux retomó para recordar que Molano siempre les insistió en la Comisión que no tuvieran miedo y se comprometieron con la verdad, sin pensar en su seguridad personal o en su futuro propio, porque estaba seguro de la necesidad de persistir en la paz firmada. «Cuando Santos nos recibió en Casa de Nariño algunos se pusieron traje y corbata. Molano llegó con tenis y mochila. Osuna, que no entendió de qué se trataba, nos dibujó y dijo que había llegado el marxismo – leninismo maoista’, recordó de Roux y provocó risa entre los asistentes. Su nieta Antonia, de once años, emocionó cuando improvisó unas palabras para decir cuánto amó a su abuelo y que seguiría su legado ‘de tenis y mochila echando pata por todo el país’. De Roux, que ya había pedido al inicio que hicieran círculo alrededor del altar para que cupiera más gente, explicó que la ofrenda, como manda el rito católico, serían los libros de Molano y que los depositaran frente a unas canastillas de pan que estaban ahí. Así se hizo, y ese mismo pan sirvió de comunión como expresión de vida. »Tenemos 400 pedazos de pan y espero que alcancen. Acérquense, tomen un pedazo de pan y reciban un texto de homenaje a Alfredo», dijo. El texto recordaba sus palabras donde confiesa que su escritura es »un puente construido sobre los escombros del prejuicio, incluido el mío…». Circular por la iglesia sirvió para que los que estábamos en la puerta o en las escaleras de la entrada pudiéramos ver que el ataúd de Molano estaba adornado con sus tenis rojos, flores y una foto con su gesto picaresco como aparecía en la reuniones o actos a donde acudía. Unas botas de caucho con flores, a manera de florero, y un machete en su funda para el caminante en el más allá, estaban junto a un mensaje escrito en un cartón: »Eres raíz de otros mundos posibles, los mundos de paz». El ataúd de Molano estaba adornado con sus tenis rojos, flores y una foto con su gesto picaresco como aparecía en la reuniones o actos a donde acudía. Fotos: Rodrigo Barrera. Mientras la ‘romería’ en la iglesia terminaba, entre los asistentes se distinguían viejos académicos y académicos viejos que compartieron aulas y estudios, análisis y batallas por la paz. Políticos y exfuncionarios que ya caminan lento y muchos ilustres desconocidos con mochila, zapatos de suela de goma y canas de la ‘social bacanería’ que también compartieron caminos de bohemia y letras con Molano. La música no podía faltar. Después del Himno de la alegría, un grupo llanero escogió “Ayer se murió un amigo” y “En silencio” para recordarlo y retratarlo. Otro amigo hizo sonar una dulzaina. Y tampoco podían faltar las arengas propias de sus compañeros de la Nacional de los años del tropel. Sus propios hijos lanzaron la “clásica” al subirlo al carro fúnebre. “Por nuestros muertos, ni un minuto de silencio, toda una vida de combate”. “Compañero Alfredo Molano, presente, presente, presente”. Junto a los medios que registraban la ceremonia, estaban también compañeros y directivos del periódico que albergó sus columnas y otros colegas, que como yo, tuvimos el privilegio de cruzarlo en el camino. Fue con ocasión de los ‘trabajos de campo’ del libro ‘Perdonar lo imperdonable’, de Claudia Palacios, donde nos brindó su visión de los fallidos procesos de paz hasta ese momento. Compartimos el paso de los dos por la facultad de Sociología de la Nacional y el periodismo, y entre risas le dije que a veces lamentaba haber dejado la universidad porque me hubiese gustado su trabajo de viajar y escribir libros, sin el afán de la noticia diaria, y que por eso a veces me sentía como sociólogo extraviado en el periodismo. Me contestó: “a mí me pasa lo mismo, pero al revés”. Estaba contento por cumplir 70 años y le hice notar otra grata coincidencia: cumplía el mismo día que mi madre. Era el 3 de mayo de 2014. Hasta siempre Molano.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Las comunidades indígenas del Cauca continúan en alerta roja tras la ola de asesinatos que se vienen presentando desde principios de octubre de manera sistemática. Por eso, a esta hora se encuentran reunidos en Asamblea General discutiendo la situación de seguridad del territorio y la visita del presidente Iván Duque para determinar si las medidas que tomó son efectivas para detener esta masacre. “Quiero de nuevo reiterar, no solamente mi solidaridad, sino también mis plegarias, por las familias de las personas que han sido brutalmente asesinadas por el narcotráfico en este departamento”, aseguró Duque el lunes en su visita a la ciudad de Popayán. En su paso por la capital del Cauca, el mandatario habló de cuatro puntos centrales: inversión social, militatización, Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), y contratación para hacer efectivos los proyectos sociales como unas medidas a corto y mediano plazo para solucionar el problema de seguridad. Y es que el segundo punto mencionado fue el que generó más controversias, debido a que, la guardia indígena prefiere -en lo posible- hacerse cargo de la seguridad de su territorio en todos los aspectos, pero ante la grave ola de asesinatos la presencia del gobierno es mandatoria. Duque informó sobre el despliegue militar con la llegada al norte del Cauca de la Fuerza de Despliegue Rápido número 4 (Fudra 4), con la misión de desarticular a las estructuras criminales vinculadas con el narcotráfico, y que son señaladas como responsables del “asesinato de líderes indígenas y de líderes sociales”. Por eso, la Fundación Paz & Reconciliación-Pares habló con el defensor del Pueblo regional del Cauca, Rossi Muñoz, para conocer qué está sucediendo en el territorio desde que iniciaron los asesinatos hasta la fecha. Sin embargo, aseguró que este martes las comunidades se encuentran dialogando sobre la visita de Duque y es posible que en horas de la tarde emitan un pronunciamiento sobre los cuatro puntos que propuso el presidente. Ahora bien, Muñoz aseguró que, si bien la militarización es orden del ejecutivo, es clave que esta sea acompañada por una pronta inversión social y el proceso de sustitución de cultivos para mitigar las amenazas de los grupos armados, de lo contrario esto sería como poner una cura donde hay una gran herida. Los hechos Las alarmas se encendieron a principios de octubre con la muerte del joven caucano Dumar Mestizo, en el sector de la Despensa, municipio de Toribío, quien era integrante del Grupo Juvenil Álvaro Ulcué. En su momento, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) hizo un llamado urgente a la Defensoría del Pueblo, la Comisión de derechos Humanos del Congreso, a la ONU, OEA y demás organizaciones de derechos humanos para el cuidado y la defensa de la vida. Sin embargo, desde ese 4 de octubre la violencia se fue escalando hasta llegar al estado de emergencia que se vive en la actualidad en toda la región del Cauca. Diez días después de la trágica muerte de Mestizo, el CRIC informó sobre el asesinato de Toribío Canas, guardia indígena activo, en el corregimiento de Tacueyó. Pero el gobierno no prestó mucha atención ante estos primeros episodios de violencia, de los cuales se presume la responsabilidad de los grupos armados ilegales o de bandas dedicadas al narcotráfico. Pero el caso que rebosó la paciencia de los caucanos y caucanas fue el hecho que se presentó el pasado 29 de octubre. Las disidencias de las FARC llegaron a Toribío y acribillaron a Cristina Taquinás Bautista, autoridad Neehwe’sx, José Gerardo Soto, Asdruval Cayapú, Eliodoro Inscue y James Wilfredo Soto. Asimismo, seis personas resultaron heridas en estos ataques entre los que se encontraban miembros de la guardia indígena. El lamentable episodio ocurrió cuando los mismos integrantes de ese grupo armado intimidaron a la comunidad mientras se desplazaban en varias camionetas, aparentemente asociadas a los negocios del narcotráfico. Cuatro días después de los homicidios, mientras se realizaba el entierro de la gobernadora Cristina Taquinás Bautista, fue asesinado el joven comunero indígena Alex Vitonás en Toribio. Por su parte, Jesús Eduardo Mestizo fue asesinado el 3 de noviembre en la vereda Loma Linda, corregimiento de Tacueyó, zona rural del mismo municipio Y en horas de la noche, se vieron afectados dos guardias en el municipio de Corinto por medio de hostigamientos. El mismo domingo, las autoridades indígenas confirmaron un atentado contra el coordinador de la Guardia de Tacueyó, Arbey Noscué, mientras se encontraba en su casa en la vereda La Playa. Afortunadamente logró escapar de sus atacantes. Ante la serie de violaciones a los derechos humanos, uno de los líderes de la comunidad Nasa, expresó en medios de comunicación que “la situación se nos pone cada vez más compleja y el gobierno nacional no ha dado respuesta y ahora vemos es un gobierno incapaz, que no es capaz de enfrentar a unos delincuentes”. Inversión social y Sustitución de Cultivos La firma del Acuerdo de Paz con la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) prometía tranquilidad en los territorios más afectados en el marco del conflicto armado. Y a raíz del pacto, entre otros proyectos, se crearon los PDET con el fin de promover el desarrollo económico en estos espacios que históricamente han vivido en medio del comercio ilegal. Sin embargo, los proyectos productivos no se han puesto en marcha de manera acelerada en esta región, que además implican un trabajo de la mano con la sustitución de cultivos de uso ilícito, que es uno de los factores por los cuales los indígenas o campesinos se han visto amenazados por las estructuras de narcotráfico. Por eso Duque hizo énfasis en el papel fundamental que juega la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, particularmente con la implementación de los Programas de PDET en 17 municipios del norte del Cauca y del Alto Patía. “Para la vigencia 2018, se adelantaron 94 proyectos, de los cuales 58 son obras PDET terminadas, 31 se encuentran en ejecución y 5 en estructuración. Para la vigencia 2019 tenemos 181 proyectos PDET. Esos productivos van a beneficiar a 3.053 familias”, aseguró el presidente. De todas maneras, en la región piensan todo lo contrario, y en ese sentido, todo indica que los proyectos van a paso lento. Así que, hay muchas promesas por parte del gobierno, varias propuestas, y también indicaciones que con el paso de los días se podrán medir si fueron efectivas o no. Ahora habrá que esperar si las comunidades acogen las medidas de Duque pues hay muchas propuestas sobre la mesa, pero pocos resultados en la disminución de asesinatos a líderes y lideresas sociales campesinos, indígenas, de JAL, entre otros.

Por: Redacción Pares La Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP decretó medida cautelar de protección sobre algunos cuerpos custodiados en el Laboratorio de Osteología Antropológica de la Universidad de Antioquia. Esta medida implica el sellamiento parcial y temporal de este Laboratorio para que los cuerpos sean preservados y conservados, al igual que la información relacionada con estos. Con el sellamiento queda restringido el ingreso a algunas zonas del laboratorio, y solo podrá entrar el personal de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA), de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses. La decisión se tomó luego de dos inspecciones a este laboratorio. La primera fue ordenada en la audiencia de Hidroituango, los pasados 8 y 9 de octubre, que investigó por los restos de los desaparecidos en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico, y que especialmente indagó sobre los cuerpos que fueron transportados desde de los cementerios de Orobajo, Barbacoas y la Fortuna, de Antioquia. Este traslado lo hizo la Universidad de Antioquia en el marco de un convenio con Empresas Púbicas de Medellín. En la primera inspección, el 29 de octubre, la JEP encontró que el laboratorio no tiene una clasificación, registro y organización documental adecuada de los cuerpos que allí han sido trasladados. La JEP solo encontró clasificados restos que parecían provenir del cementerio de Orobajo (de Sabanalarga) y no los cuerpos procedentes de los cementerios de Barbacoas (Peque) y La Fortuna (Buriticá), aunque en la audiencia de octubre la antropóloga de esta Universidad, Timisay Monsalve, afirmó que se habían trasladado restos desde estos cementerios. En el Auto 076 de 2019, que ordena la medida cautelar, se afirma que entre los restos que presuntamente provienen de Orobajo había “varias cajas contenedoras de cuerpos esqueletizados con el rótulo de ‘DISPERSOS’. Cajas que contienen partes de cuerpos que corresponden a varios individuos, pero sin que exista registro alguno con nivel de certeza, del número de individuos a los cuales pertenecían». Desaparecidos de la comuna 13 La primera inspección hecha en el Laboratorio de Osteología Antropológica de la Universidad de Antioquia también le permitió a la JEP constatar que allí están cuerpos esqueletizados provenientes del cementerio El Universal de Medellín. Sobre este camposanto se evalúa tomar medidas cautelares porque en ese lugar podrían encontrarse restos de personas desaparecidas de la comuna 13. En ese sentido, esta jurisdicción ordenó, mediante el Auto 072 de 2019, realizar una segunda inspección en la Universidad de Antioquia para incluir los restos encontrados provenientes de El Universal. Esta inspección se hizo el pasado 30 de octubre. En esta segunda inspección se encontró que el 23 por ciento de los cuerpos provenientes del cementerio El Universal son de personas cuya muerte, posiblemente, fue por lesiones de causa externa, en forma violenta. Es por esta razón que la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP decidió decretar la medida cautelar de protección sobre cuerpos custodiados en el Laboratorio de Osteología Antropológica de la Universidad de Antioquia. En el auto que ordena el sellamiento de esta parte del laboratorio también se vincula formalmente al trámite de las medidas cautelares a la Universidad de Antioquia. Además, entre otras disposiciones, se ordena al Grupo de Apoyo Técnico Forense de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA) la elaboración técnica de un inventario general de los cuerpos hallados en este laboratorio, y un plan de trabajo y protocolo que permita la organización de los cuerpos no identificados que puedan corresponder a víctimas del conflicto armado. Antecedentes El 29 de agosto de 2018, nueve peticionarios —dos representantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y siete familiares de desaparecidos—le solicitaron a la JEP tomar medidas cautelares anticipadas sobre 16 lugares del país, en los cuales «se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto armado». Entre estos lugares se encuentra la Comuna 13 de Medellín y la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Hidroituango. Frente a esto, la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP avocó conocimiento de esta solicitud y corrió traslado a varias instituciones públicas y privadas de los ámbitos nacional, regional y local. Así mismo, le solicitó al Movice ampliar la información suministrada con el fin de “poder determinar, con la mayor certeza posible, los lugares de efectiva inhumación, los niveles de riesgo naturales o por acción humana, y avanzar hacia la toma de las decisiones más convenientes que tengan en cuenta con leit motiv los derechos de las víctimas». Esta es la primera medida cautelar que se toma en el marco de este trámite. Sobre el tema también se han realizado dos audiencias para ampliar la información. La primera, sobre la Comuna 13 de Medellín, tuvo lugar el pasado 17 y 18 de julio, donde se decretaron varias diligencias judiciales. La última de ellas se realizó el pasado 31 de octubre en los terrenos conocidos como La Escombrera y La Arenera de la Comuna 13, donde se hizo un levantamiento detallado del terreno con el apoyo de la Policía Nacional. La segunda audiencia, sobre la zona de influencia de Hidroituango, fue el 8 y 9 de octubre.​

Por: Redacción Pares Hay un oasis en el desierto. El domingo 27 de octubre se produjo una de las más grandes derrotas del uribismo en unas elecciones, como se dice popularmente, les fue como a los perros en misa. El partido de Gobierno se encuentra fracturado internamente y todos los sectores buscan culpables. Será un mapa que marcará las presidenciales del 2022 y que deja un balance complejo. El líder del partido, el actual senador y expresidente Álvaro Uribe reconoció rápidamente el fracaso, aunque algunos de sus seguidores hacían todo tipo de cuentas para matizar el revés. Un análisis postelectoral de Ariel Ávila, Daniela Gómez y con la moderación de Juan Diego Castro. Al revisar números y distribución política del territorio, no es solo un mal resultado, es una terrible derrota, pues, por un lado, se trata del partido de Gobierno y solo lograron un par de gobernaciones de 32 en disputa; de ellas, ninguna importante. Además, lograron 120 alcaldías de más de 1.100 que estaban en juego. Por otro lado, el objetivo del expresidente era llegar a más de una decena de gobernaciones y 500 alcaldías, al final, se logró muy poco. Por si fuera poco, el partido de Gobierno, el Centro Democrático, perdió en sus bastiones políticos, territorios emblemáticos para este movimiento le dieron la espalda. Por ejemplo, perdieron Medellín, la capital del uribismo; perdieron el departamento de Caldas y su capital Manizales, ambas estaban aseguradas días antes de elecciones. Fueron derrotados en el departamento del Huila; en la ciudad de Florencia, en el Caquetá; quedaron últimos en Bogotá y apenas lograron mantener la gobernación de Casanare y el selvático departamento del Vaupés lo conquistan por primera vez. Internamente el partido se encuentra fracturado y todos los sectores buscan culpables. El sector más radical manifiesta que el actual presidente, Iván Duque, no “ayudó”, es decir, que no hizo presión otorgando cargos burocráticos o proyectos de inversión a sectores políticos para lograr apoyos hacia el partido. En Colombia, tales prácticas son ilegales y antiéticas, pero muy normalizadas en el mundo político. Por su parte, los sectores moderados y autocríticos ven el problema en la forma como se escogieron los candidatos. Lo cierto es que, al hacer un análisis pausado, se podrían dar cuatro explicaciones. En primer lugar, la ciudadanía le está cobrando al uribismo lo mal que ha gobernado Iván Duque. En campaña para las elecciones nacionales de 2018 prometieron un país imposible, pero aun así convencieron a millones; manifestaron que solucionarían un montón de problemas casi que de forma milagrosa y no lo han logrado hacer. Por el contrario, una fracasada reforma tributaria y el anuncio de otras dos reformas, la pensional y la laboral, han disparado las críticas ciudadanas. Igualmente, la situación de seguridad en el país no mejora, y la estrategia de atacar el proceso de paz, evitar la “invasión” castrochavista y revivir a las FARC como el fantasma de la inseguridad les ha fracasado. La imagen del presidente Duque está en el 30% y solo lleva poco más de un año en el Gobierno. En segundo lugar, en Colombia se podría decir que la estrategia de ser más uribistas que el propio Uribe no es exitosa. Un sector de la población colombiana ve al expresidente Uribe como un héroe y le perdonan casi todo, además le creen casi todo. Pero eso no pasa con sus candidatos uribistas. Muchos de ellos tienen discursos extremos, poco estructurados y muestran un radicalismo que asusta al país. Los discursos del odio y del miedo esta vez no lograron convencer a los ciudadanos. En tercer lugar, no se escogieron bien los candidatos. En Medellín, escogieron a un hombre sin carisma, poco estructurado e hijo de una persona envuelta en varios escándalos como el de la parapolítica y el cartel de la Toga. En Cúcuta, escogieron al dueño de una empresa que al parecer había financiado grupos paramilitares, y cuando fue denunciado por un periodista la única defensa fue acusar a dicho periodista de guerrillero. Por último, los problemas judiciales del expresidente Uribe le han mostrado al país la otra cara del exmandatario. De una popularidad cercana al 70% ha pasado a menos del 40%. Esto significa que la derecha y la derecha radical deben comenzar a pensarse más allá de Álvaro Uribe, de cualquier otra forma solo les queda decrecer. A todo lo anterior se le debe sumar la guerra interna que afecta al partido, una verdadera batalla campal. El panorama nacional , ganaron las viejas élites políticas Tal vez la primera conclusión es que pierden estruendosamente los dos ganadores del 2018. Por un lado, el partido de Gobierno, el Centro Democrático, sufrió una debacle impresionante. Lo perdió casi todo. Por ejemplo, perdieron la ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia, la casa del uribismo. Igualmente, perdieron la gobernación de Caldas y la ciudad de Manizales, así como el derechista territorio del Huila y el departamento del Meta. De las gobernaciones importantes solo conservan Casanare. Todo lo demás lo perdieron. Apenas logran más de 100 alcaldías de las más de 1.100 que tiene el país. La meta del senador Uribe era la de ganar en 500 alcaldías. El otro gran perdedor es Gustavo Petro. No logró nada y en su bastión, Bogotá, su candidato quedó tercero con poco más de 400.000 votos. Los ganadores tienen una doble cara. Por un lado, las fuerzas progresistas (Centro izquierda y Centro) lograron triunfos increíbles. Una mujer por primera vez fue elegida alcaldesa en la capital del país; además lograron Manizales la capital de Caldas; Florencia, la capital del sureño departamento del Caquetá. También, consiguieron arrebatarle al cuestionado clan político de los Cotes la gobernación del Magdalena. También están los triunfos de Medellín y Cali, la segunda y tercera ciudad del país. Todas estas victorias muestran una ciudadanía nueva, progresista y diversa, que se preocupa por el ambientalismo, el animalismo, la lucha por los derechos de minorías sexuales, que entraron de forma fuerte en la política. Los otros ganadores, son las viejas élites políticas de varias regiones del país. Los Char lograron controlar el departamento del Atlántico y la ciudad de Barranquilla; Dilian Francisca Toro colocó sucesora en el Valle del Cauca. Los Gnecco mantuvieron el control del Cesar; los Aguilar conquistaron de nuevo el departamento de Santander. Todas estas élites políticas se recuperaron de la derrota en 2018, se aliaron y ganaron en varias zonas del país. Ahora apostarán para las presidenciales del 2022. Una tercera conclusión, además de los perdedores y los ganadores, se refiere al impacto del proceso de paz sobre el ejercicio electoral. Hace 20 años, centenares de puestos de votación debían ser trasladados. En muchas zonas rurales se quemaba el material electoral y miles de ciudadanos se quedaban sin votar. Las guerrillas saboteaban el ejercicio electoral. Esta vez fue diferente. Solo se presentó un hecho de violencia en el departamento del Meta y un puesto de votación debió ser trasladado a la cabecera urbana del municipio de La Macarena. La paz rindió sus frutos y fueron las elecciones más tranquilas de los últimos años. En el tema de todo el calendario electoral, sí fueron elecciones muy violentas, sobre todo violencia selectiva. más que en el 2015. Más de 230 víctimas de violencia política, se produjeron 190 hechos y 24 homicidios. Esa violencia selectiva tiene una explicación como el uso de la violencia como una herramienta de competencia política, una situación muy complicada para el gobierno nacional. La cuarta conclusión se refiere al voto en blanco. En varios departamentos del país, allí donde ganaron las viejas élites políticas, el voto en blanco fue segundo o tercero en las votaciones. La población no tenía por quién votar, pues en muchos de estos departamentos estas élites ponían candidatos bisagras, es decir, de las mismas estructuras. O, en otros casos, promovían indirectamente candidaturas inviables. También cabe la posibilidad de que estos niveles de voto en blanco en muchas zonas sean una expresión de rebeldía e inconformidad y muestran una población asqueada con la corrupción. En definitiva, el mapa electoral de las locales arroja un panorama de nuevas ciudadanías, una derecha que debe pensarse más allá de Álvaro Uribe, viejos clanes renovados y autoritarismos regionales. Para las elecciones presidenciales de 2022 irían Federico Gutiérrez, una candidatura de los Char, Juan Manuel Galán va a jugar, Petro, Fajardo o Robledo -quien salga de la Alianza Verde- algún candidato del uribismo -Rafael Nieto Loaiza o Paloma Valencia – y Martha Lucía Ramírez también va a jugar de cara al 2022. Pero ojo, hay un cansancio del modelo de la democracia liberal en todo el mundo, y Colombia no sería la excepción.

Por: Redacción Pares La Procuraduría General de la Nación solicitó al Gobernador (e) de La Guajira, John Eduardo Fuentes Medina, aclarar la forma como se definieron los requisitos para escoger a la empresa que prestará el servicio de transporte escolar en las zonas rurales y urbanas de 12 municipios del departamento, contrato que tiene un costo superior a $27.926 millones y beneficiará un total de 7.968 niños y niñas. La solicitud del Ministerio Público, en desarrollo de una acción preventiva, tiene como fundamento principal la protección de los derechos fundamentales de los niños como sujetos de protección constitucional reforzada, y evitar afectaciones al ordenamiento jurídico y al patrimonio público. En comunicaciones enviadas a Fuentes Medina, el órgano de control pidió los estudios, análisis y justificación técnica aplicados por la gobernación para fijar los requisitos exigidos a los interesados en brindar el servicio, y así verificar que en el concurso se diera aplicación a lo establecido en la normatividad legal, en lo relacionado con la selección objetiva de proponentes y la múltiple participación de oferentes. Al proceso de licitación solo se presentó la empresa Unión Temporal EIKAJULUIN, integrada por la Asociación de Relacionistas y Transportadores Turísticos de La Guajira, Transportes Relaturg Limitada y Busservi del Caribe S.A.S. Ante la falta de respuesta y precisión a las observaciones en el proceso preventivo, la Procuraduría le requirió al gobernador Fuentes Medina revisar la pertinencia de modificar o ajustar el cronograma de la licitación pública, hasta tanto el ente de control tenga claridad sobre las transparencia del proceso.