Por: Redacción Pares Para tener certeza de la grave situación de amenaza que están viviendo los pueblos indígenas en el país, basta con repasar las cifras: en lo que ha corrido del nuevo gobierno van 190 asesinatos de líderes, autoridades y guardias indígenas. Esta semana 13 personas indígenas fueron asesinadas entre los días 29 y el 31 de octubre.El 29 de octubre cinco miembros de la Guardia y Autoridad tradicional, en Tacueyó, Cauca; el 31 de octubre cuatro personas asesinadas en Corinto, Cauca; dos Kamentzá en Putumayo; un Guardia, Embera de Chigorodó, Antioquia; y un indígena Wiwa en la Sierra Nevada de Santa Marta. Además, este domingo se denunció el asesinato del lider social coordinador de la Guardia Indígena en Tacueyó, Jesús Eduardo Mestizo Yosando, uno de los más representativos del Paro campesino en la región. Por consiguiente, la Organización Nacional Indígena ONIC, convoca a todos los pueblos indígenas y a todos los ciudadanos a lo largo y ancho del país a que se unan en una gran movilización nacional en el Paro programado para el próximo 21 de Noviembre. Además, los pueblos indígenas mediante comunicado difundido por el Consejero Mayor de la ONIC, Luis Fernando Arias, solicitan al presidente Iván Duque la renuncia inmediata del Ministro de Defensa Guillermo Botero, «por su incapacidad para dar garantías efectiva para la vida los líderes y comunidades en los territorios.» Las organizaciones indígenas del orden local, regional y nacional manifiestan que siguen en defensa del territorio, la vida y la paz como Pueblos Indígenas y manifiestan que existe un grave incumplimiento de los acuerdos de paz que están llevando al incremento de los cultivos de marihuana y coca en todo el territorio nacional, en especial en la zona norte del departamento del Cauca. «Ante esta situación, las autoridades indígenas y las guardias en su ejercicio de control territorial y la autonomía enmarcada en las Leyes de Origen, la Constitucional Nacional y los tratados y convenios internacionales han sido perseguidos, amenazados, asesinados y masacrados. Al Estado Colombiano le exigimos que pare el desangre de los Pueblos Indígenas que se configura en un GENOCIDIO. En virtud de ello, exigimos adoptar las medidas necesarias para superar la grave Situación de Emergencia Humanitaria, Social, Económica y Cultural que sufren los pueblos indígenas del Cauca y todos los Pueblos Indígenas de Colombia. » señaló la ONIC.

Por: Redacción Pares La relatora especial de ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, su colega experta en ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard, y el relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, han condenado este jueves “en los términos más enérgicos” el ataque contra la comunidad Nasa perpetrado el 29 de octubre en el departamento colombiano del Cauca. La gobernadora Cristina Bautista Taquinas y cuatro integrantes de la Guardia Indígena desarmados murieron el martes a manos de grupos armados ilegales. Otros cinco miembros de la comunidad Nasa resultaron heridos en el ataque, que tuvo lugar en la aldea de La Luz, en el resguardo (tierras comunales indígenas) de Tacueyó. En una declaración conjunta, los expertos* de la ONU expresaron su profundo dolor y solidaridad a las familias de los asesinados y heridos, y al pueblo Nasa. «Este no es un evento aislado. Las comunidades y pueblos indígenas del Cauca están sufriendo una violencia incesante e inaceptable. La situación está empeorando a pesar de los repetidos llamamientos para abordarla. Instamos al Gobierno a que adopte medidas urgentes, en el marco del cumplimiento de los Acuerdos de Paz, para poner fin a estos mortíferos ataques», señalan los relatores en una declaración conjunta. Cincuenta y seis personas han sido asesinadas en lo que va de año en territorios indígenas de la zona, según la Asociación de Consejos Indígenas del Norte del Cauca, frente a 46 asesinatos en todo el 2018. Entre los muertos se encuentran miembros de la comunidad, autoridades y miembros de la Guardia Indígena. Los expertos aseguraron que «las autoridades colombianas, incluida la Fiscalía General de la Nación, deben hacer todo lo necesario para llevar a los asesinos ante la justicia”. Además, consideran que “el presidente y el Gobierno también deben adoptar las medidas apropiadas para poner fin a la situación insostenible de violaciones de los derechos humanos fundamentales que sufre el pueblo Nasa”. La autoridad Neehwesx de Tacueyó, y asesinada esta semana, Cristina Bautista, indicaba “A todos los defensores de derechos humanos invitarlos a que se unan a esta causa… no es una problemática solo de los pueblos indígenas, está pasando con las comunidades afro, está pasando con los campesinos; y hemos dicho, si nos quedamos callados nos matan y si hablamos también, entonces hablamos…hay un panfleto que dice que nadie ande con los símbolos de nuestras organizaciones y como movimiento indígena… ahora vamos a hacerlo y con mayor fuerza”. Una relación rota con el Cauca Cabe recordar que el presidente Iván Duque, para el mes de abril de este año—después de un mes de Minga Indígena, fue al municipio de Mondomo para hablar sobre el acuerdo alcanzado entre las comunidades indígenas que adelantaban la movilización y la delegación del Gobierno Nacional, conformada por la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, el Alto Comisionado para la Paz Miguel Ceballos y la directora de Planeación Nacional, Gloria Amparo Alonso. Sin embargo, Duque se retiró del lugar frente a la exigencia de las comunidades de que la reunión se diera en la plaza principal del municipio. Este suceso, en su momento, advertía un dialogo roto entre las comunidades indígenas del Cauca y el Gobierno Nacional. En este sentido, los siete (7) meses que trascurrieron después de su fugaz vista —en la que el mismo Duque expresó que cumplió ante el pedido de las comunidades—; demostraron que, efectivamente, la situación no fue atendida por el presidente de la República. La Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, aseguró que en lo que va corrido del presente gobierno del presidente Iván Duque, han sido asesinados 121 indígenas en todo el territorio nacional, siendo el departamento del Cauca, la zona con mayor riesgo para estas comunidades. “Asesinar a un indígena es asesinar la paz y la esperanza de construir una sociedad más justa y equitativa, por eso hacemos un llamado a ayudar, acompañar y detener el derramamiento de sangre que hoy enluta el espíritu indígena nacional”, afirmó en un comunicado la Onic. Ahora, tal como lo evidencia en el Sistema de Información de PARES -SIPARES —justamente— los municipios que más han registrado hechos victimizantes son Caloto, Corinto y Balboa. Además, en más del 80% de los asesinatos en el Cauca no se ha podido determinar su autor material. La vida, la paz y la seguridad de las comunidades indígenas del Cauca deben estar garantizadas por las autoridades colombianas, afirma la Organización de las Naciones Unidas en su comunicado.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Las cifras de desempleo no son alentadoras en Colombia. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para el mes de septiembre de 2019 la tasa de desempleo fue 10,2%, mientras que en el mismo mes del 2018 fue de 9,5%. Asimismo, la tasa global de participación se ubicó en 62,8% lo que representó una disminución de 1,6 puntos porcentuales frente a septiembre de 2018 que fue de 64,4%. Y en cuanto al trimestre móvil de julio a septiembre, el desempleo se ubicó en 10,6%, lo que también significó un aumento de 1,1 puntos porcentuales comparado con el mismo periodo de 2018, que tuvo un 9,5%. El panorama de los últimos meses muestra la tendencia de que este índice va en crecimiento y la empleabilidad no mejora, pese a que el gobierno colombiano ha manifestado que la economía va por mejor camino. El DANE también informó que las ramas que más cayeron fueron agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con 5,4%, seguido de Industria manufacturera con 5,3%. Dos de los sectores más importantes de la economía colombiana. ¿Impacto global en la economía de Colombia? La Fundación Paz & Reconciliación-Pares conversó con el analista en economía, José Roberto Acosta, quien habló sobre los retos que tiene este gobierno para solventar el problema del desempleo, y la lupa con la que está analizando la economía nacional que, según el experto, es de forma errada. “Hoy supimos el dato de creaciones de empleo en Estados Unidos, y superó la expectativa del mercado, favoreciendo los indicadores de desempleo, es decir que Estados Unidos sí está generando empleo, mientras que Colombia lo está destruyendo como lo dan las cifras de septiembre, así que se debe circunscribir el análisis a lo que es nuestro mercado laboral interno”, explicó el experto. Así las cosas, la imagen de la economía colombiana es la siguiente: una industria que sigue estancada, en la que la oferta o producción interna se está restringiendo, y donde lo que hace crecer la economía es el consumo y no la producción. Esto quiere decir que aumenta la demanda y no la oferta, y una demanda al debe, en la cual la ciudadanía resulta endeudada para consumir. Y, por otro lado, una demanda alimentada por el choque demográfico de migración de venezolanos. El mito de los venezolanos y el desempleo Desde el 2017 cuando se conoció la oleada más grande de migraciones de venezolanos y venezolanas, se infundió por medio de redes sociales y medios de comunicación la idea de que la llegada masiva de extranjeros iba a deteriorar la economía del país. Sin embargo, el DANE corroboró que las altas tasas de desempleo no se deben a la migración venezolana, y en cambio, han estimulado el consumo de los productos y servicios nacionales. En ese sentido, una vez se estabilice la migración, implicará un estancamiento total del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), que ronda en el 3%. Cifra que que según el gobierno se debe a la reforma o la ley de financiamiento, que sí tuvo un efecto en el crecimiento. “Yo les respondo que no es cierto, que deben confirmar que el principal impulsor de crecimiento durante el primer semestre de 2019 es la demanda de venezolanos, como lo dice el DANE. Entonces si es el consumo y demanda de los venezolanos lo que justifica el crecimiento económico, lo fundamental es que el gobierno sea consciente de que la ley de financiamiento o la reforma tributaria como la llama ahora para volverla a pasar no es el motor de crecimiento”, aseguró Acosta. Esto quiere decir que es un problema estructural de un estancamiento del sistema productivo que no genera empleo, ni en servicios, ni en industria, ni en agricultura. Tal como quedó registrador por el DANE. Así que es un tema de modelo económico, un tema de política económica que está fracasando. Según el experto, Colombia es el peor país del indicador costo-beneficio del mercado laboral de los 28 países que conforman la OCDE. Así que el desempleo se debe a un mercado laboral operacionalizado, con un salario que no alcanza a cubrir las necesidades mínimas del trabajador, y que le llevan a la decisión de no contratarse porque eso le implica casi que una pérdida en bienestar. Recomendaciones al gobierno “Lo primero que la economía sea el eje central de la política del gobierno, que Duque se dedique a preocuparse por el bolsillo de los colombianos. Entonces yo creo que, si el gobierno sigue pensando erróneamente en su reforma tributaria como el motor de crecimiento, se va a llegar una gran sorpresa y vamos a ver mayor deterioro laboral”, destacó. En definitiva, la economía va mal, y la cuestión es que la economía se tiene que medir por el PIB, y como el gobierno ha señalado el crecimiento del 3% por encima del promedio latinoamericano y global, entonces asegura que todo está bien, pero no es así. “Una vez visto ese 3% uno tiene que preguntarse por qué y cuáles son los motores de ese crecimiento. Y el motor es demanda, no oferta, y si ese es el único motor hay que analizar por qué es la demanda y en este caso la demanda es la migración venezolana”, apuntó. En últimas la migración de venezolanos prácticamente ya se estabilizó, puede que aumente un poco más, pero ese choque externo no va a ser tan fuerte como el que ya vivió Colombia durante 2017-2018. Así que “esa gasolina que nos impulsó en este primer semestre no se va a volver a ver de aquí en adelante y esa cifra de 3% va hacia abajo, desnudándonos de la realidad que tenemos”, concluyó.

Por: Carlos Castelblanco Pinedo – Redacción Pares «Muchos ciudadanos queremos que la paz que se hizo con las FARC se fortalezca y se hagan todos los esfuerzos para que otros grupos armados también negocien y se desarmen. La educación, las bibliotecas, la lectura, los libros, la escritura son importantísimos. Yo lo vi en las Bibliotecas Móviles de Paz construidas en los sitios donde se congregaron los ex combatientes de las Farc en un primer paso a la vida civil; allá trabajé con niños , exguerrilleros y población civil. Fue emocionante ver cómo a través de una biblioteca se reconstruye una comunidad destruida por la guerra. El hijo del guerrillero, el hijo del soldado, del policía todos alrededor de un libro. Se siente una brisa de esperanza. En este país hay tanta gente a la que nadie le ha puesto cuidado, que han sido ignorados y sus historias y sus vidas son tan valiosas.» Pares habló con Pilar Lozano, escritora, promotora de lectura y periodista. Fue de las reporteras que contribuyeron a abrir espacios para mujeres en los medios de comunicación y por más de 20 años fue corresponsal en Colombia del diario El País de España. Nacida en Bogotá, ha viajado por todas las esquinas del país escribiendo crónicas y reportajes. Autora de una extensa producción literaria para niños y jóvenes, su primera obra para niños fue Socaire y el capitán loco a la que siguieron trabajos como el cuento La estrella que le perdió el miedo a la noche. En 1987 publicó una geografía literaria para niños titulada Colombia, mi abuelo y yo. Su última obra es La historia, los viajes y la abuela. La novela juvenil Era como mi sombra -que relata la vida de dos adolescentes en la guerrilla -fue incluida en la lista White Rabens 2016. Después de tres años en Alemania, está actualmente radicada en Bogotá dedicada a recorrer cada rincón de Colombia promoviendo la lectura y la escritura en niños y jóvenes. «Allá está El Salado. Luego de un silencio raro en una joven de quince años, agrega: Extraño todo; es mi pueblo. La lista de las añoranzas la encabeza el agua: Allá tenemos tres pozos, riachuelos, arroyos, quebradas; aquí toca ir a buscarla». Fragmento del libro Crecimos en la guerra. Pares: ¿Cómo ha sido la experiencia de todos estos años recorriendo tantas regiones de Colombia: las trochas, los ríos, las comunidades, las montañas, las bibliotecas, los valles y las selvas? Pilar Lozano: Toda la vida me ha gustado viajar y el mapa de Colombia para mí es una guía , una inspiración. Desde muy joven quería conocer las cuatro puntas del país y cuando me volví periodista lo hice. Empecé a viajar y a descubrir un país que nadie me había contado. «Si no hubieras sido periodista, jamás hubieras sido escritora”, me dijo un niño luego de escucharme en un taller. Cierto; mi alma y mis experiencias como periodista han marcado mi vida de escritora. Y como necesito ver para creer, mis historias han nacido de hechos, de frases, de imágenes conocidas en mis recorridos . Conozco rincones del país a donde muy pocos han tenido la oportunidad de llegar. En uno de mis viajes como cronista hice una travesía en un buque oceanográfico. Quedé fascinada: tenía tres pisos, laboratorios llenos de instrumentos para estudiar las riquezas del mar. Cuando terminé de recorrer los laboratorios y rincones del barco, pensé: ¿qué sentirá un niño en un barco como este? Le pasé mi inquietud al capitán: Él me miró muy serio y soltó la frase que me convirtió en escritora: “Nunca suben a este barco niños porque molestan mucho y los oceanógrafos necesitan silencio para trabajar”. Decidí, en ese mismo instante, escribir una historia de una niña que, gracias a un pequeño truco, logra conocer un buque oceanográfico. Nació así «Socaire y el capitán loco», mi primer libro. «Me fascina la geografía, entender cómo de una manera maravillosa la gente domina y maneja esos lugares inhóspitos, me fascina entender cómo se va de un lado a otro, cuánto se demoran, cómo viajan, cómo consiguen las cosas. Eso me gusta mucho y es mi material de escritura.» Foto: Pares. La Estrella que le perdió el miedo a la noche nació de un trabajo periodístico en la Ciénaga Grande de Santa Marta, en un pueblo a donde fui para escribir sobre los problemas de los pescadores. Allí, en medio de niños que juegan todo el día en el agua encontré un niño que le tenía miedo al agua. De inmediato sentí ganas de escribir una historia para romper el miedo que lo mantenía acorralado. Terminé comparando su miedo con el de una pequeña estrella –María Luisa- que le tiene pavor a la noche, a la oscuridad. Lo primero que me deslumbró fue la geografía de este país, viajando me enteré de que había ríos negros, ríos blancos y nadie me había contado eso tan bello en el colegio. Cada libro es una disculpa para viajar, por ejemplo en mi último libro La historia los viajes y la abuela – una historia de Colombia desde la entrada de los primeros hombres a lo que es hoy Colombia hasta que se fueron los españoles- es un recorrido por el país de una abuela con sus dos nietos en busca de las huellas del pasado. Fui hasta el lugar donde estuvo Santa María la Antigua del Darién, hasta el sitio donde existió Santiago las Atalayas. A Pore y Nunchía en Casanare , a Buriticá y Santa fe de Antioquia. Crecimos en la guerra – uno de mis tres libros sobre el conflicto – me llevó a La Gabarra y a El Salado. Siempre que voy a los sitios más apartados me fijo en cómo vive la gente, cómo hacen para salir si están enfermas. Conozco maestros que hacen colectas para que uno de ellos salga a cobrar los sueldos. Nosotros en las ciudades no tenemos ni idea cómo viven, cómo llevan – por ejemplo- alimentos y objetos a Puerto Inírida en largas tractomulas por las sabanas de Meta y Vichada y luego en barcazas por los ríos Vichada, Orinoco, Guaviare e Inírida. Pares: Los libros infantiles, los relatos, las crónicas que leen y escriben los niños en las escuelas de Toribío en el Cauca o de Cumaribo ¿cómo aportan para poder salir de esta trampa de violencia y desigualdad? P.L: Yo creo en la educación, en la lectura y la escritura como el único camino para arreglar este país tan desbaratado, tan desigual, tan injusto. La lectura nos convierten en ciudadanos, nos convierte en personas críticas y personas que vamos a conocer nuestros derechos y vamos a pelear por ellos. Yo creo que es el camino, por eso me encanta  mi trabajo como promotora de lectura y escritura y cuando a uno le gusta algo lo hace con pasión. En todas partes: en las bocas del Atrato o en Cumaribo, los niños siempre quieren quedarse con un libro, lo abrazan, lo arrullan como si fuera un muñeco de peluche. Si yo fuera millonaria  le regalaría un libro a  cada niño; un libro especial  que le llegue  al alma; lo que te toca el alma te cambia en algún sentido. Todos tenemos historias para contar. La escritura es una herramienta valiosa que, como la lectura, nos facilita la vida. Debemos dejar atrás la idea de que los niños solo escriben cuando aprenden el alfabeto. Los talleres de escritura me han dejado grandes enseñanzas. Hoy tengo guardadas en la memoria crónicas que retratan lugares fantásticos que solo conocen los que han estado en la guerra, escritos sobre los sonidos cuando se atraviesa un páramo; pequeños relatos sobre el miedo y el terror que produce estar en medio de un combate.. Y crónicas y relatos de niños de Cazuarito – en Vichada- o de estudiantes de Puerto Asís y Mocoa . Hay mucho talento y muy pocas oportunidades para los jóvenes de la ‘otra Colombia’. En uno de mis libros, «Historia de un país invisible», cuento la historia de una escuela en Sesteadero, en Toribío, que tiene el modelo de reinserción de jóvenes que han estado en la guerra. Los niños y jóvenes ex combatientes han sido ignorados por la sociedad por el Estado. en la guerra tenían un fusil «yo era alguien, tenía poder» y vuelven a ‘la civil’ y no son nadie otra vez. Sienten ese vacío . En esa escuela los jóvenes que han estado ‘allá’ los valoran, porque en la guerra también se aprenden cosas. Cuando los estudiantes salen a la montaña a tener clases ‘vivas’ , el guía es un niño que las recorrió con un fusil al hombro; conoce todos los senderos, no se pierde. Entonces son importantes, les dicen: tú vales, tú sabes. Todos tenemos un don, todos servimos para algo y el deber de la escuela es ayudar a encontrar eso para lo cual cada uno de sus alumnos es valioso, que lo apoyen y lo admiren por eso. Pares: Desde el periodismo, desde los medios de comunicación ¿cómo hacer visible el trabajo de los bibliotecarios, de las maestras, de los promotores de lectura que están comprometidos con los libros y la educación? P.L: Yo creo que este país no le pone cuidado a esas cosas tan hermosas que están pasando. La Red de Bibliotecas de Colombia ha crecido en los últimos años. Hay promotores de lectura en todas partes pasan ríos, atraviesan sabanas. Llevan libros y sueños a todos los rincones de Colombia. El periodismo es contar lo que se sale de lo normal, y aquí todos los días tenemos suficiente material para reportar tragedias, escándalos y cosas realmente muy tristes. Pero debería existir un espacio para contar que los niños de Cazuarito a orillas del río Orinoco son grandes cronistas, que los de Puerto Asís y Mocoa aman escribir, que muchos hacen poemas que hablan de soledad y olvido, que hay maestros y bibliotecarios muy pilos. Siempre he creído que en este país lo que tiene que ver con niños y jóvenes no es importante. Colombia ha estado de espaldas a la realidad de sus niños y jóvenes. «Pienso que niños y jóvenes necesitan, y tienen derecho a contar cómo han vivido el conflicto y también cómo están viviendo este camino hacia la paz en esas zonas olvidadas del país. En varios de mis libros les he podido dar voz.» Foto: Cortesía. Pares: ¿Qué autores han sido y son sus principales influencias y qué está leyendo por estos días Pilar Lozano? P.L: A los 12 años llegó a mis manos El llamado de la selva, de Jack London. Me transformó. Descubrí que podía viajar sin necesidad de moverme, dejándome llevar por historias de aventureros en tierras lejanas y me regaló la magia de la lectura. Hoy estoy leyendo mucho sobre historia del siglo XIX en Colombia, El país que se hizo a tiros de Gonzalo España, El año del sol negro de Daniel Ferreira, dos libros fundamentales. A José Saramago, lo amo profundamente; escribe de una manera muy bella. A Juan Rulfo -Pedro Páramo lo puedo leer miles de veces- a García Márquez. La lista de los escritores que amo es larga. Me gusta la literatura africana porque tienen una magia y una poesía que me encanta. Quiero conocer más el trabajo de las poetas colombianas. Hay muchas y su trabajo es desconocido: Beatriz Vanegas, María Tabares, María Gómez, Patricia Iriarte, María Paz Guerrero, Mery Yolanda Sánchez, que es a la que más he leído tiene una fuerza y un poder increíble, igual que Beatriz Zuluaga y Maruja Vieira.

Por: Pares Pacífico Contrario a lo que sucedió en municipios del sur del Valle como Jamundí y Palmira, donde las maquinarias electorales, clanes políticos y candidatos cuestionados por el informe de Pares fueron derrotados por candidatos jóvenes apoyados por Catalina Ortíz la Actual Representante del Valle del Cauca a la Cámara por el Partido Verde, en el Norte del Valle las mafias políticas cuestionadas en los informes presentados por Pares se mantuvieron o llegaron al poder. Por ejemplo, Nydia Lucero Ospina López, suegra del temido ‘Capitán Mira’ o ‘Gafas’, acaba de ser elegida alcaldesa en el municipio de Obando. Por otro lado, en Cartago ganó Víctor Alfonso Álvarez apoyado por el clan de los Londoño-Zabala, siendo la continuidad de la actual administración y bajo el nefasto mando de Jesusita Zabala. Está también el caso del municipio de La Unión, donde hay una disputa voto a voto en el escrutinio, pero que por ahora tiene como triunfador a William Palomino quien representa la continuidad del actual alcalde y se dice que es un candidato que está bajo el mando de la exalcaldesa, y hoy detenida, Diana Fabiola. Así que la renovación política no llegó al Norte del Valle y por el contrario se perpetúan las mafias electorales y clanes políticos en una zona que fue catalogada entre las de mayor violencia política por los informes de la Fundación Paz & Reconciliación presentados según resultados del monitoreo en el año electoral. El clan Londoño Zabala se perpetúa en Cartago El pasado domingo 27 de octubre, Víctor Alfonso Álvarez, candidato del Partido ASI y el bendecido del Clan Londoño Zabala fue elegido alcalde de Cartago para el periodo 2020 – 2023 con 17.623 votos. Sus principales contrincantes fueron el ingeniero civil Gabriel Benjamín Agrado del Partido MAIS que quedó en segundo lugar con 15.674 votos y el abogado Carlos Eduardo Marín del clan de la gobernadora Dilian Francisca Toro, que ocupó el tercer lugar con 14.240 votos. Víctor Alfonso Álvarez. Foto: Pares En los informes de Candidatos Cuestionados a Alcaldías y Gobernaciones 2019, Pares señaló que Álvarez es el candidato de la administración actual de Carlos Andrés Londoño Zabala y su madre la exalcaldesa Jesusita Zabala de Londoño, quien desde hace cuatro años ejerce como alcaldesa en cuerpo ajeno desde su casa, lugar en el que paga prisión domiciliaria por haber direccionado tres contratos públicos -entre ellos el plan de alimentación escolar- por más de 2.000 millones de pesos y haber cobrado coimas. En suma, Víctor Álvarez sería la nueva marioneta de Jesusita. Igualmente, cabe resaltar que la administración actual está en el lente de la Procuraduría por irregularidades en el contrato de concesión del alumbrado público municipal. El contrato fue adjudicado por más de 20 años al nuevo consorcio Alumbrado Público de Cartago SAS, único proponente que presentó la propuesta de licitación superado el calendario oficial; a esto se suma que, la representante legal de este consorcio es la hija del dueño de Diselecsa, empresa que hasta diciembre de 2018 estuvo a cargo del alumbrado municipal por más de quince años. “Víctor no camina, sino que levita, tiene toda la maquinaria institucional a su disposición”, comentario de cartagüeño semanas antes de las elecciones. La campaña de Víctor Alfonso Álvarez estuvo marcada por el clientelismo, la compra de votos en barrios populares y la presión a funcionarios públicos. En el pueblo no es un secreto que el apartamento de Jesusita fue convertido en directorio alterno de la campaña de Víctor. Una fuente consultada señala que el clan Londoño Zabala obligó a cada secretario de la alcaldía a vender diez bonos por el valor de 100 mil pesos cada uno para apoyar la candidatura de Alzate. A la par, fueron presionados a pegar los afiches de la campaña en sus carros y/o casas. Igualmente, se acusa al Clan Londoño Zabala y a Alzate de tener relaciones con la banda criminal de los Flacos. En una denuncia anónima remitida a Pares, se afirma que la cooperativa Servisa – Servicios Varios y Salud, la cual se encarga de la contratación del personal de vigilancia y servicios varios en el municipio, ha sido coaptada por Los Flacos: este año la cooperativa contrató a más de 120 personas de las cuales un tercio las puso esta banda. La denuncia agrega que lo mismo sucede en la Secretaría de Tránsito, el 40% de los guardas son cercanos a Los Flacos y reciben órdenes de ellos. Por su parte, Gabriel Benjamín Agrado candidato quien ocupó el segundo lugar, aceptó la curul en el concejo al que tiene derecho según el Estatuto de Oposición (Ley 1909 de 2018). Este candidato presentó múltiples dificultades en el ejercicio de su candidatura: por un lado, no pudo inscribirse por firmas debido a que buena parte fueron rechazadas por el Consejo Nacional Electoral – CNC, por otro lado, fue inhabilitado el 1 de octubre mediante la resolución No. 5575 de 2019 bajo el argumento de que su hermano es rector de una institución educativa en Cartago. Gabriel Benjamín Agrado (al centro). Foto: Pares Sin embargo, dicha resolución fue revocada el 15 de octubre, después de que el CNE encontró que el rector no maneja recursos públicos ni tiene potestad para realizar traslados de docentes, dado que se rige por el Estatuto Docente 2277 de 1979 que asigna estas labores a la Secretaría de Educación del municipio. La Unión: mafia y posible fraude electoral La Unión es un pueblo pequeño ubicado en todo el centro del Norte del Valle, por tanto, no es ajeno a los eventos relacionados con narcotráfico, mafias y bandas criminales. Su vecino El Dovio es un pueblo recóndito y olvidado por el Estado, está en el Cañón de Garrapatas que conecta al Valle con el departamento del Chocó. Esto significa que es codiciado por bandas criminales y narcotraficantes para el cultivo de coca, la implantación de laboratorios y la posterior exportación de clorhidrato de cocaína a los mercados de Centroamérica y Estados Unidos. En los últimos cuatro años los homicidios en el Dovio, la Unión, Bolívar y Roldanillo han aumentado significativamente, según la Policía departamental esto se debe a confrontaciones entre estructuras del Narcotráfico como Los Urabeños/Clan del Golfo con narcos del Cartel del Norte del Valle que han salido de la cárcel y quieren retomar el control del negocio. Incluso se rumora que a El Dovio y Bolívar -también municipio de cordillera- han llegado personas procedentes de México –Cartel de Sinaloa- posiblemente a negociar directamente la cocaína. A este escenario se suma que la principal fuente del empleo del municipio, la Casa Grajales S.A principal empresa de vinos del país, fue intervenida por la Dirección Nacional de Estupefacientes por lavado de activos y narcotráfico, situación que ha acrecentado el desempleo, el microtráfico y el sicariato en el pueblo. El nuevo alcalde del pueblo, William Fernando Palomino, deberá enfrentar este tensionante panorama; empero, aun no es seguro su triunfo. La disputa por la alcaldía entre Palomino y Muñoz William Palomino de la Coalición por la Alcaldía de la Unión – Partido de la U, Cambio Radical, Partido Liberal, entre otros- obtuvo 6.063 votos, seguido de Juan Carlos Muñoz del Partido Colombia Justa Libres con 6.021, es decir, ganó por sólo 42 votos. Esta irrisoria diferencia despertó la indignación de buena parte de los hateños quienes se reunieron en la noche del domingo en el parque principal a exigirle a la Registraduría el reconteo de votos y garantías. Esta movilización generó enfrentamientos con la policía e incluso intervino el Esmad. El equipo de campaña de Muñoz afirma que sí hubo fraude electoral. En primer lugar, señalan que en varias mesas los jurados de votación quemaron votos de Muñoz bajo el argumento de que no coincidía el número de personas votantes con el número de votos en la urna, estos últimos eran más. En segundo lugar, desde el domingo han exigido el reconteo en las 86 mesas, pero hasta el momento la Registraduría no ha accedido. Por último, al revisar los formatos E-14 encontraron que 14 votos no fueron sumados, es decir, que ahora la diferencia es de 28 votos, afirman que el no registro fue intencional. Ante este panorama, el Partido Colombia Justa Libres solicita el acompañamiento de la MOE y presión de la opinión pública. Pero ¿quiénes son Palomino y Muñoz? William Fernando Palomino Zúñiga del Partido AICO es el candidato de la administración actual, significa la continuidad del Clan de Diana Fabiola y su esposo. Tal como sucede en Cartago con Jesusita Zabala y su hijo Carlos Andrés Londoño, en La Unión se dice que Hernández Aguirre no es el alcalde sino su esposa, también se rumora que tienen vínculos con bandas criminales de la región. En 2017, la Contraloría realizó una visita fiscal al municipio para atender una denuncia de varios ciudadanos que afirmaban que la Diana Fabiola intervino en la reforma administrativa municipal, en el trámite de un crédito de 5 mil millones de pesos por parte de la administración, y hablaba en programas de radio y televisión local sobre asuntos municipales que no son de su competencia. Sin embargo, la Contraloría tras su visita concluyó que no existían pruebas que relacionaran a la señora con los eventos mencionados. Una fuente consultada expresa que la administración de Hernández Aguirre ha sido una de las más corruptas en el municipio: supuestamente amplió el personal de la alcaldía de 65 a 99 empleados mediante la creación de cargos burocráticos innecesarios los cuales le han costado cerca de 7 mil millones de pesos a los hateños. Igualmente, la fuente acusa a la administración actual de generar presión laboral a los funcionarios para que voten por Palomino, así como a los adultos mayores y beneficiarios de Familias en Acción a quienes les dijeron que si no votaban por el candidato se les suspenderían los subsidios. El otro candidato, Juan Carlos Muñoz Sepúlveda, es caleño y graduado de ingeniería de sistemas del ICESI, varios lugareños critican su candidatura porque no es oriundo de La Unión, aunque él alega que vive en el pueblo desde hace 29 años y se siente como un hateño más. Muñoz es exconcejal y siempre se ha caracterizado por hacer oposición al clan de Diana Fabiola. Según él, no le interesa acercarse a los políticos tradicionales porque los considera corruptos. Inicialmente iba a inscribir su candidatura por firmas, pero tuvo varios inconvenientes con el CNE y finalmente decidió solicitar el aval al Partido Colombia Justa y Libres. En este momento él, su equipo de campaña y votantes esperan la Registraduría acceda al reconteo de votos y que salgan favorecidos.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Después de 17 años, el Estado colombiano confirmó este miércoles la entrega de los cuerpos de la mayoría de las personas que murieron en la masacre de Bojayá, el 2 de mayo de 2002, cuando se encontraban en la Parroquia San Pablo Apóstol en medio del fuego cruzado entre las otroras FARC y un grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Por esto, el Estado fue condenado a pagar una millonaria indemnización por su responsabilidad, puesto que, no actuó de manera rápida en la protección de los derechos humanos, de un centenar de personas. Semanas atrás varios organismos, como la Defensoría del Pueblo, advirtieron del riesgo en el que vivían las comunidades y la posibilidad de que quedaran atrapadas por los combates entre estos grupos. En la masacre, cometida y reconocida públicamente por las FARC, fueron asesinadas 119 personas, de las cuales, unas 80 personas pertenecían a una misma familia: los Palacios. De acuerdo con los relatos de sobrevivientes y de líderes de ese municipio, el 1 de mayo de inició la confrontación entre los dos actores armados, lo cual generó el desplazamiento de muchas familias hacia la iglesia San Pablo. Tras varias horas de combate que se concentraron en la cabecera de Bellavista, el frente 58 de la exguerrilla lanzó un cilindro bomba al lugar en el que se encontraban refugiados niños, niñas, mujeres embarazadas, y adultos mayores. Al día siguiente, prácticamente toda la población se había trasladado al municipio de Vigía del Fuerte. Ante el macabro episodio, la comunidad empezó a retornar poco a poco y desde los más jóvenes empezaron a plantear iniciativas para recuperar el tejido social que les fue arrebatado. El trabajo tomó tanta fuerza que varias de las víctimas viajaron a La Habana, Cuba, en el marco de los diálogos de paz con la entonces guerrilla de las FARC. Ahora es el Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá quien reúne a todas las organizaciones de la región para discutir sobre temas asociados a lo que ocurrió, pero también para hablar sobre temas coyunturales de la región, como lo que actualmente está sucediendo. Hay presencia de nuevas estructuras armadas ilegales como el Clan del Golfo y el Ejército Nacional de Liberación (ELN) que tienen azotada a la población. Uno de los miembros más representativos de dicho Comité, es Leyner Palacios, quien perdió a gran parte de su familia en ese lamentable suceso. También lo es Yuber Palacios, y quien estuvo en el momento en el que la Unidad de Víctimas realizó el pronunciamiento oficial sobre la entrega de sus familiares. “Las víctimas quieren que todos los cuerpos de sus seres queridos reposen en Bojayá, es un descanso para los corazones de los habitantes», expresó Palacios en la rueda de prensa. Los indígenas celebran la noticia La Fundación Paz & Reconciliación-Pares conversó con el líder indígena, Plácido Bailarín, del resguardo Opogadó Doguadó, de la comunidad boroquera del municipio de Bojayá; y quien hizo parte del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá. “Nos alegra mucho que después de tantos años, definitivamente hayan hecho este tipo de acciones para que las familias y las personas que cayeron el 2 de mayo con el cilindro bomba puedan darle una cristiana sepultura como lo han hecho de costumbre”, expresó el líder indígena. Otro aspecto es el sentido social, del dolor, que como pueblos indígenas han compartido con la comunidad afro. Sin embargo, la noticia de la entrega de los cuerpos es un paso para que las familias afectadas puedan sentirse un poco tranquilas. En esa masacre no hubo víctimas indígenas, las víctimas en su gran mayoría fueron de la comunidad afro. De todas maneras, cuando ocurren casos de estos la guerra no diferencia. Y la mayoría de las personas eran amigos o conocidos, por lo cual, afectó de forma generalizada a la región que ha vivido durante siglos en un contexto interétnico. “El que se atraviesa en medio de las balas, cae. A cualquiera de nosotros le hubiera podido ocurrir, entonces en ese sentido nos sentimos afectados porque el territorio que entre los indígenas y los afros compartimos en este caso el municipio de Bojayá, es un solo”, agregó. En la actualidad, ambas comunidades mantienen un diálogo de respeto, un diálogo de solidaridad, de hecho, como organizaciones indígenas y como organizaciones afro a través de los cabildos indígenas, y los consejos comunitarios han fortalecido la comunicación en toda la región. La reconstrucción del tejido social En primer lugar, fue necesario mantener la relación interétnica, esa relación interétnica entre líderes y afros ha jugado un papel importante. También fue indispensable la concientización de las comunidades indígenas, para que todos pudieran entrar a contar lo que pudo haber pasado y lo que pasó. “La comunidad ha estado a la expectativa de este resultado de los cuerpos, por lo menos ya hay una información oficial donde las comunidades saben que los restos de todas estas víctimas van a ser devueltas. Este papel va a ser muy a favor y fundamental porque cada uno ya sabe dónde va a estar, o dónde va a tener a su ser querido”, agregó Plácido. Cabe destacar que, a lo largo de esa reconstrucción de la verdad a través de los relatos y experiencias por cada una de las víctimas, se ha realizado un trabajo amplio en materia de reparación. Pero el trabajo no termina, el hecho de recibir el cuerpo es parte del duelo, y de acuerdo con el líder indígena este es un proceso constante. Por lo pronto, el próximo 18 de noviembre se realizará un acto de conmemoración con los cuerpos, con los cuales harán un recorrido por Bellavista y el posterior entierro. Y entre otras actividades de reparación simbólica la comunidad de Bojayá plantará cerca de 100 árboles en Bellavista y algunos en el corregimiento de Pogue.

Por: Redacción Pares Tras comprobar que el exministro Fernando Londoño Hoyos, autor de la frase «haremos trizas la paz» que se hizo dramáticamente célebre, no tuvo la calidad de trabajador de la empresa Inversiones Gases de Colombia S.A. (Invercolsa) y por ello no podía participar como exempleado en el proceso de democratización de la propiedad accionaria del Estado en esa compañía, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la devolución a Ecopetrol de los 145 millones de acciones de Invercolsa adquiridos por el exdirectivo. A juicio de la mayoría de la Sala de Casación Civil, también quedó claro que debía decretarse la ineficacia de la compraventa de acciones, por existir una sentencia previa dictada en una acción popular que amparó los derechos colectivos a la moralidad administrativa y patrimonio público, y ordenó deshacer la enajenación, amén de su ilicitud, sin devolución del precio pagado. Según la providencia, “al existir una sentencia con efectos erga omnes, como es la resultante de la acción popular, que resolvió el tópico relativo a las restituciones que debían concederse al adquirente de los títulos valores, estableciendo la improcedencia de ordenar la devolución de lo pagado, no resulta posible que el tema pueda ventilarse nuevamente en un proceso civil, so pena de desconocer el principio de la cosa juzgada”. Además, sostiene el pronunciamiento, el expediente “permite deducir que el demandado sabía de su vinculación no laboral con la sociedad Invercolsa, lo cual es tan cierto que él mismo pretende combatir ese colofón con un análisis probatorio distinto… La decisión mayoritaria de la Corte, que ratifica la de segunda instancia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, tampoco acogió los reclamos de la Arrendadora Financiera Internacional Bolivariana S.A. – Afib S.A., acreedor prendario, entre otras razones, porque al privarse al exdirectivo de Ecopetrol de los bienes, las prendas se tornaron inviables por recaer sobre bienes que no le pertenecían al deudor. “Puede verse que para el Tribunal la cancelación del derecho de prenda tenía raíz, además de los efectos de la ineficacia reconocida a la compra que efectuó Fernando Londoño, en dos reflexiones adicionales: a) la cosa juzgada con efectos erga omnes de la sentencia proferida por el Consejo de Estado en la acción popular, con puntal en el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil; y b) la carencia de facultad del adquirente inicial de las acciones, para darlas en prenda, por cuanto en aplicación de la ineficacia se entiende que no tuvo ningún derecho, con estribo en el precepto 2412 del Código Civil, que prohíbe la prenda sobre un bien que no es propio”, puntualizó la Sala de Casación Civil.

Por: Redacción Pares Este jueves, la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, dictaría medidas cautelares sobre zonas de la Comuna 13 de Medellín con el fin de proteger los restos de los desaparecidos y conservar las evidencias que permitan realizar la correspondiente investigación. realizó una inspección de La Escombrera y La Arenera, como también en la Universidad de Antioquia y del Cementerio Universal con el objeto de levantar registros fotográficos y/o fílmicos de los lugares, fosas, osarios, bóvedas, etc., donde se presume se encuentran cuerpos de personas víctimas de desaparición forzada, o cuerpos humanos no identificados. Desde el pasado 19 de julio, las familias de quienes perdieron a sus seres queridos en octubre de 2002, durante la denominada ‘Operación Orión’, le habían solicitado a la JEP que se cerraran dos zonas donde estarían enterrados sus seres queridos, además que las empresas de construcción dejaran de depositar sus desechos en La Escombrera y La Arenera en la comuna 13. Para la JEP, en la Comuna 13 operó una estructura paramilitar y ya le había ordenado a la Fiscalía General “remitir toda la información sobre el asentamiento de dicha base en la parte alta de la comuna, de manera específica en la zona colindante a la ‘laguna’, al parecer los predios La Arenera y La Escombrera”. En ese sentido, la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP realizó el pasado 29 de agosto una audiencia pública en la capital antioqueña para recoger información e insumos que permitieran determinar si se dictaban medidas cautelares en la Comuna 13 de esa ciudad, donde habría cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada.​ En el caso particular de la Comuna 13, los peticionarios requirieron el cierre de los lugares conocidos como la Arenera y la Escombrera, a manera de medida cautelar anticipada para reparar a las víctimas y preservar la memoria del conflicto» como «garantía de que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) pueda actuar en mejores condiciones en estos lugares» en el futuro, o los sitios de inhumación donde se pudieren hallar cuerpos o restos esqueletizados relacionados con los solicitantes. «En la JEP hemos entendido que la reparación no es algo que se da al final, sino que es un elemento constante que implica considerar a las víctimas y darles un lugar en todas las etapas del proceso, concertar con ellas todo aquello que les da un tipo de consuelo, pero sobre todo de dignidad ciudadana», afirmó el magistrado relator, Gustavo Salazar, al final de esa audiencia pública. Otra de las decisiones fue vincular a las empresas El Cóndor S.A. y Bioparques S.A.S., y ordenarles que remitan toda la información sobre la posible existencia de restos o cuerpos esqueletizados de personas dadas por desaparecidas dentro de sus propiedades ubicadas en la Comuna 13. La Operación Orión, una cicatriz en la Comuna 13 Vale la pena recordar que la mañana del 16 de octubre de 2002 cerca de 2000 uniformados y funcionarios judiciales del Ejército Nacional, el extinto DAS, la Policía, el CTI y las ‘Fuerzas Especiales Antiterroristas’ se tomaron la comuna 13 de la ‘ciudad de la eterna primavera’ con armas, helicópteros y tanquetas. Según el CNMH, esta intervención militar en el territorio urbano dejó más de 600 víctimas directas entre retenidos, desplazados, heridos, muertos y desaparecidos. Del total, hubo 105 personas desaparecidas forzosamente, 71 personas asesinadas por los paramilitares, 17 homicidios a manos de la fuerza pública y 80 civiles heridos. Por ese entonces, Álvaro Uribe Vélez estaba recién llegado a la casa de Nariño después de ser nombrado presidente Colombia (2002-2010) con la bandera de seguridad democrática. El alcalde de Medellín era Luis Emilio Pérez Gutiérrez, quien es ahora el Gobernador de Antioquia, y el gobernador del departamento era Eugenio Prieto Soto; quien fue nombrado después del asesinato de Guillermo Gaviria Correa —presuntamente a manos de la antigua guerrilla de las FARC—. Aquél miércoles 16 de octubre, la toma de la comuna 13 de la ‘capital de la montaña’ fue comandada por el general Mario Montoya, quien lideró la IV Brigada del Ejército, acompañado por Leonardo Gallego Castrillón, general de la Policía Metropolitana de Medellín. La Operación Orión se extendió a lo largo del mes de noviembre y diciembre. Hoy, Montoya comparece ante la JEP. Durante la operación, la población fue testigo del fuego cruzado y, ante la arremetida de fuerza pública y paramilitares, los habitantes salieron con pañuelos y sábanas blancas como símbolo de paz; pero el fuego como ‘la horrible noche’ no cesó.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Las elecciones regionales del pasado 27 de octubre dejaron un sinsabor en algunas poblaciones de Colombia, ya sea porque no quedó el partido político de preferencia, el partido tradicional, o por presunto fraude electoral. Por eso, en al menos seis (7) zonas del país se han presentado disturbios en contra de las instituciones locales. Entre los departamentos afectados están Antioquia, Bolívar, Atlántico, Cesar, Boyacá, Casanare y Norte de Santander. Sin embargo, la violencia se ha incrementado en los dos primeros mencionados, tras la presunta irregularidad en el conteo de los votos que catapultaron a ciertos candidatos por una diferencia muy corta frente su mayor contendor político. Antioquia En la subregión del bajo Cauca antioqueño se han presentado varias asonadas contra las instalaciones municipales en dos municipios principalmente: Nechí y Tarazá. Sin embargo, las autoridades ya tienen en la mira a otros como Arboletes, Cáceres y El Bagre para prevenir problemas de orden público. En Nechí un grupo civil quemó el lunes las sedes de la Alcaldía y el Concejo como forma de rechazo al ganador Marcos Javier Madera, del Partido de la U, con 2.695 votos; y exigió el reconteo de los votos, pues José Camilo Echeverri Díaz, del Partido Cambio Radical quedó muy cerca con 2.588 votos. Sin embargo, esta manifestación se escaló, debido a que, en medio de la turba muchos documentos de la Alcaldía fueron incinerados, y de acuerdo con el gobierno local, se perdió mucha información del municipio. Por lo pronto, el actual alcalde, Homer Gil, dio la orden de realizar el conteo de nuevo, pero la situación de zozobra no se ha detenido. También fueron afectadas la Casa de la Cultura y la Justicia. Una situación similar ocurrió en Tarazá. El candidato del Partido Conservador, Héctor Leonidas Giraldo ganó en un inicio con 3.928 votos, pero al quedar tan cerca de su rival Miguel Ángel Gómez 3.915, generó que sus seguidores salieran a protestar por los resultados y pedir un reconteo. Por eso, una delegación fue puesta a revisar los E-14 y entre el lunes y martes se llegó a la conclusión que el ganador había sido Gómez, del Partido Liberal. Este episodio también causó revuelo entre la población por la cercanía que existe entre Gómez y la actual alcaldesa, Gladis Miguel Vides, por lo cual el reconteo habría sido irregular. Pero lo más grave que ocurrió este miércoles, es que, en horas de la madrugada, hombres desconocidos accionaron un artefacto explosivo al frente de la casa de Giraldo, quien afortunadamente resultó ileso. La camioneta dada por la Unidad Nacional de Protección fue la que recibió todo el impacto, puesto que estaba estacionada en su residencia. Bolívar En este departamento hay tres municipios afectados, que son Achí, Marialabaja y Zambrano. En el primer caso, el liberal Juan Carlos Becerra Guzmán fue elegido próximo alcalde con casi 6.000 votos, mientras que Yeimis Rojas Rojas del Centro Democrático se quedó con 5.140. Por lo cual, un grupo de ciudadanos y ciudadanas decidieron salir a las calles para protestas en contra de Becerra. En definitiva, la diferencia de votos entre los aspirantes Achí, Marialabaja y Zambrano provocaron desmanes con ataques a la sede de la administración municipal. Por ejemplo, en Marialabaja rompieron tres vidrios de las ventanas de la Alcaldía, pero luego intervino el Esmad, quien “controló” la situación. Atlántico En el caso del Atlántico la mayoría de los municipios quedaron en manos de la casas políticas tradicionales. Sin embargo, habitantes de Soledad han manifestado fraude electoral. Por consiguiente, el actual alcalde solicitó mayor presencia policial en su territorio por temor a manifestaciones más fuertes por parte de la comunidad. El martes un grupo de personas realizó un plantón a las afueras de la Registraduría Especial del municipio, denunciando las anomalías de la jornada electoral. Cesar De acuerdo con las denuncias registradas en medios de comunicación y en redes sociales. En el departamento de Cesar hay varios municipios que han decidido alegar frente a los resultados obtenidos el pasado 27 de octubre. Un segundo caso se presenta en el municipio de Chiriguaná, donde el alcalde electo, Carlos Caamaño Cuadros, del Partido de la U, acusó a una familia de la región de incitar a la población a salir a protestar, y tras la advertencia, llegó el Esmad para evitar una asonada. También se han presentado situaciones similares en Chimichagua, Bosconia y Pueblo Bello donde han pedido el reconteo de los votos. En la ciudad capital, Valledupar, se ha pedido la revisión de la votación, pero ha sido de manera pacífica. De todas maneras, el alcalde electo, Mello Castro González denunciará a Ernesto Orozco y Moisés Gil por promover aparentemente ataques contra los escrutinios. Boyacá En medio del escrutinio, en Paz del Río, Boyacá se presentaron disturbios alrededor de uno de los puestos de votación, donde al parecer se intentaron quemar urnas de votación. Mientras que, en Santana, Boyacá se presentaron problemas de orden público tras conocerse los resultados. De acuerdo con información que circuló por redes sociales, los seguidores de Juan Carlos Sánchez, que aspiraba a la Alcaldía de Santana por el Partido Centro Democrático, tumbaron a patadas una valla de seguridad y se enfrentaron con la Policía. Al final, el cargo fue para Raúl Fernando Moreno con una diferencia de 700 votos, en la Coalición Unidos de Verdad, que reunió al Partido Liberal y al Partido Verde. Casanare En la ciudad de Yopal se presentaron altercados tras conocerse de forma oficial que la vieja maquinaria quedó por fuera del cargo. En ese sentido, Salomón Sanabria del Partido Centro Democrático, derrotó en las urnas a Marco Tulio Ruíz, en la Coalición Juntos por Casanare que agrupó al Partido Liberal y a Cambio Radical. En el lugar donde se realizó el escrutinio de la Gobernación se reunieron simpatizantes a la campaña de Ruíz y denunciaron la entrada de votos alterados por lo cual intervino el Esmad. Hasta el momento, Sanabria es el virtual ganador, pero se espera que durante el transcurso de la semana se resuelva quién será el próximo alcalde, debido a que, esta votación entró a revisión. Tras el suceso, el actual gobernador ad-hoc en Casanare propuso un pacto de convivencia entre los candidatos, y recordó el caso del municipio de Villanueva en el que Oscar Franco y Oswal Fontecha quedaron empatados, y por consiguiente, realizaron ese mismo pacto mientras se realiza el reconteo por parte de una Comisión que determine quién será el Alcalde. Norte de Santander Luego del preconteo, en el municipio de Villa del Rosario, se presentó una diferencia entre los candidatos punteros de tan solo 67 votos. Esto generó que los seguidores de Carlos Socha Hernández, del Partido de la U – y quien resultó en segundo lugar-, se aglutinarán en la plaza central. Incluso Socha y Eugenio Rangel -ganador virtual-, se fueron a golpes por los resultados. Y hasta el momento se espera que se resuelva este episodio por medio del reconteo de votos. Por otro lado, en el municipio de San Calixto fue secuestrado en horas de la mañana este miércoles el registrador, Hernán Javier López, designado para las elecciones de ese territorio. De acuerdo con la prensa, el funcionario fue bajado del bus en el que se desplazaba hacia el municipio de Ocaña. Horas más tarde, la Registraduría informó sobre la liberación de López; y se presume que su retención fue por las irregularidades electorales.

Por: Pares Pacífico El triunfo en las urnas de Víctor Hugo Vidal Piedrahíta, como nuevo alcalde del distrito de Buenaventura, refleja el sentir de un pueblo cansado pero que no se rindió frente al maltrato de la corrupción, las desigualdades y las violencias del conflicto armado. Para las comunidades y el Comité de Paro Cívico, Víctor H. Vidal Piedrahita es un hombre que refleja la esperanza en el consenso, para enfrentar el difícil desafío que implica gobernar en Buenaventura. Sus 30 años de trayectoria por la lucha de los derechos de las comunidades hizo que la mayoría de los votantes depositaran su confianza en él, considerándolo el líder que el distrito necesita: comprometido y sensible a las problemáticas y luchas del territorio. Vidal es Administrador de Empresas de la Universidad del Valle sede Pacífico, padre de tres hijas: Deysi Samara, Yensi y Dara, y tiene una esposa que se llama Edith Obando Angulo, abogada con larga trayectoria en los temas de Derechos Humanos y construcción de paz en el Pacífico. Trayectoria social, territorial y política A lo largo de su vida se ha caracterizado por ser un activista, líder social y político, defensor de DD.HH con militancia en el “Proceso de Comunidades Negras” (PCN) y “Palenque Kongal”; ha acompañado comunidades, especialmente, de las zonas de los ríos Naya, Yurumanguí y Raposo, como también, algunos sectores del contexto urbano de Buenaventura, como la comuna 5 y 6 de la ciudad. Vidal ha militado en el partido Polo Democrático Alternativo, salió electo concejal en las elecciones del 30 de octubre del 2011, con un total de 649 votos, quedando en primer lugar y siendo el único concejal por su partido; sin embargo, en las siguientes elecciones para el periodo entre 2015-2019, Víctor Vidal no contó con la misma suerte, pese a superar su anterior votación en unos 500 votos, con su tercer lugar en la lista del Polo no consiguió la curul. El Paro Cívico catapultó a Vidal Víctor Vidal fue uno de los líderes más visibles de lo que se denominó “Movimiento Cívico” en Buenaventura. Este proceso surge de la dinámica del Paro Cívico en la ciudad, impulsada por el “Comité de Marcha y el “Comité Interorganizacional” al que pertenece el Proceso de Comunidades Negras. Vidal consigue un protagonismo tal, que se posiciona en las discusiones como uno de los interlocutores más importante en los escenarios y espacios de exigibilidad de derechos ante el gobierno nacional y la administración del entonces hoy encarcelado ex alcalde Eliécer Arboleda Torres. La lentitud de la implementación de los acuerdos del Paro, con la administración local sin interés real por implementar los acuerdos por los que la comunidad bonaverense luchó 22 días, y el paro cívico suspendido en mesas estratégicas para abordar las principales problemáticas de la ciudad, el Movimiento Cívico tomó la decisión de participar de la arena política a través de una consulta interna, en la cual Vidal compitió por la candidatura frente a Judith Segura, resultando victorioso. Estas votaciones internas, a pesar de algunos procesos contrarios, validaron el respaldo del proceso y sus militantes a Vidal. El salto a la política por parte del Comité del Paro Cívico Para lanzar a la arena política a Víctor Vidal, la Asamblea del Movimiento Cívico recurrió a la recolección de firmas, constituyéndose un grupo significativo de ciudadanos de la “Buenaventura con Dignidad” que salieron a las calles logrando recoger aproximadamente 60 mil firmas. Este grupo significativo de ciudadanos de la “Buenaventura con Dignidad”, no solo recoge la mayoría de la militancia de quienes hacen parte del “Movimiento Cívico”, sino que también, comienza a incorporar otras expresiones populares, gremios de docentes, estudiantes y personas del común que se identificaron con el proyecto político, lo cual permitió fortalecer el proceso. El 27 de junio del 2019, después de un trabajo arduo de recolección, en las instalaciones de la Registraduría Nacional el candidato por la Coalición “Buenaventura Digna”, hace entrega oficial de las 60 mil firmas recogidas, con el objetivo de formalizar su candidatura impulsada por la ciudadanía. Sin embargo, la Registraduría nunca contestó la solicitud de inscripción por firmas a Víctor, lo que se percibió como una intencionalidad de dejarlo por fuera de la contienda política al único candidato del sector alternativo y cívico de la ciudad. Vidal, además de contar con el respaldo de organizaciones de mujeres, étnicas, jóvenes, consejos comunitarios, resguardos indígenas que hicieron parte del Paro Cívico, estuvo avalado en coalición por la “Colombia Humana – UP” y el partido “Polo Democrático Alternativo”, acompañando el programa de gobierno que lideraba. Para ello, se respaldó en el liderazgo y acogida que tienen en Buenaventura los senadores Alexander López, Gustavo Petro y Jorge Enrique Robledo, por ser aliados estratégicos del “Movimiento Cívico”, peo en definitiva el voto fue una expresión del pueblo bonaverense y contra las maquinarias electorales. Los desafíos para derrotar a las maquinarias En las encuestas locales estuvo liderando la contienda electoral con estrecho margen y con tres opciones de poder junto a él representadas en: Jaime Marínez del Partido Verde, Ligia del Carmen Córdoba, cuestionada por Pares y respaldada por la gobernadora Dilan Francisca Toro del partido de la U; y el ‘eterno candidato’ Héctor Copete. Vidal puso en jaque los partidos políticos tradicionales, quienes veían con nerviosismo el ascenso significativo con una campaña austera sin financiación ilegal, con el compromiso de la gente, con la identidad de un proceso cívico y con el reconocimiento suficiente para disputar la alcaldía. El domingo, Vidal se impuso, según el último conteo de la Registraduría y a falta de un 3,0 % de mesas por informar, con 28.002 votos (24,13%), convirtiéndose en el nuevo alcalde de los bonaverenses. Pero el proceso de escrutinio no ha estado libre de polémicas, pues entre lunes y martes se hicieron denuncias de fraude y se estaba pidiendo el reconteo voto a voto por parte de las campañas de Jaime Marínez, quien inicialmente aceptó el triunfo y la curul en el Concejo Distrital, y de Ligia del Carmen Córdoba. Sin embargo, hasta el momento esas denuncias no han trascendido, por el contrario, son mayoritarios los pedidos de aceptar los resultados y arropar la nueva administración que comienza el 01 de enero de 2020. No obstante, es importante tener en cuenta que el Concejo Distrital electo tiene nuevas caras, cambio en un 85% y la mayoría no son aliados estratégicos de Vidal, pues hacen parte de los partidos políticos tradicionales. Su principal aliado es Humberto Hurtado, miembro del “Polo Democrático Alternativo”, luchador sindical, quien defiende los intereses de los comerciantes y es uno de los emblemas del Comité del Paro Cívico.

Por: Sebastián Camilo Mora, Investigador Pares. “Es muy vergonzoso el papel de las encuestas, no le atinaron a nada, ni en las regiones ni en las ciudades”, ha señalado Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación PARES. Este martes, en la Universidad del Rosario de Bogotá, se realizó el conversatorio ¿Qué pasó en elecciones y qué viene para el país en política? Allí participaron varios representantes de las encuestadoras más conocidas del país y que, debido al reciente resultado electoral del 27 de octubre, han estado en medio de fuertes críticas por parte de la opinión pública. Entre los invitados se encontraron Carlos Lemoine del Centro Nacional de Consultoría (CNC); Cesar Valderrama, de Datexco; César Caballero de Cifras y Conceptos; Carlos Ariel Sánchez de DYSET y Alejandro Pinzón de Guarumo. La conversación giró alrededor del comportamiento de las encuestas que no fueron lo suficientemente exactas a la hora de comparar sus mediciones con los resultados del 27 de octubre. Esta discusión da pie para iniciar un debate sobre cómo actualizar la ley que regula a las encuestadoras, cómo hacer accesible sus datos a auditoria ciudadana y con esto aumentar la credibilidad de la opinión pública en las encuestas sin que estas se conviertan en un direccionador de votos. Una reflexión importante que se hizo durante el evento, fue la necesidad de cambiar la imagen de que las encuestadoras direccionan y manipulan a la opinión pública antes de las elecciones políticas, pero para que esto ocurra, es necesario entonces que todos sus datos de medición y análisis sean completamente públicos. ¿Qué dicen las encuestadoras? La ley 130 de 1994 dicta el estatuto básico de los partidos y movimientos políticos. El Título VI hace referencia a las encuestas políticas, en el que se exponen requisitos mínimos para hacer públicos los resultados de las encuestas, entre estos: quién la encomienda, quién la financia, tipo y tamaño de muestra, candidatos por los que pregunta, las preguntas, fecha, período de tiempo y margen de error. Todo lo anterior es lo que conocemos como ficha técnica. Adicionalmente, las encuestadoras solo deben cumplir con tres requisitos para realizar estos ejercicios, ya sean electorales o políticos: experiencia en realización de encuestas no menor a un año, certificado de existencia, junto con representación legal para personas jurídicas o registro mercantil para particulares y tres referencias de cualquier institución o particular sobre la seriedad de su trabajo. De esta forma, es claro que existen muy pocas restricciones para convertirse en una encuestadora para períodos electorales. Esto se puede leer de dos maneras: Primera, el acceso a este nicho es muy democrático, abierto y cualquier ciudadano con conocimientos suficientes puede participar de este. La segunda manera es la falta de rigurosidad que pueden generar estos requisitos, y, en ese mismo sentido, una de las razones por las que la credibilidad en las encuestadoras ha disminuido. Es importante mencionar que todos los representantes de las encuestadoras en el evento demostraron su interés en discutir el cómo se aplican encuestas en los procesos electorales colombianos y por qué estas han perdido credibilidad frente a la opinión pública. El principal argumento de los encuestadores frente a sus “descaches” en los resultados del 27 de octubre es la visión errónea entre encuestas y predicción infalible, cuando ellos las consideran aportes para el debate público, un insumo para la interlocución entre candidatos y ciudadanía. Además, señalaron la interdependencia que han desarrollado las encuestadoras de los medios de comunicación, sus objetivos, más que todo comerciales y lo más importante, la falta de profundidad que esto puede propiciar en los resultados. Finalmente, existe un malestar alrededor del tipo de cuestionamientos a las encuestadoras y su carácter técnico, es decir que los reclamos a las encuestadoras carezcan de conocimiento técnico alrededor de los elementos científicos que constituyen el instrumento de medición. De hecho, alrededor de lo anterior, 11 encuestadoras enviaron una propuesta de regulación al CNE en septiembre de este año, en la que proponen actualizar a la ley 130 de 1994, aumentar la trazabilidad de sus datos para permitir auditorías y regulación de nuevas metodologías de investigación correspondientes con la era digital. Aunque poco tocan el tema de los requisitos para la aplicación de encuestas. ¿Qué proponen las encuestadoras? Aunque es rescatable y justo que las encuestadoras reconozcan que solamente el acceso a una ficha técnica no resulta suficiente para obtener resultados legítimos para la ciudadanía, no se aprecian esfuerzos más allá de esperar el cambio de la legislación para confrontar las consecuencias de la diferencia de encuestas en la era digital como la distorsión que causan o la posibilidad de ser utilizadas como una herramienta para direccionar el voto. Las firmas proponen fortalecer la trazabilidad de las encuestas públicas pagadas por los medios de comunicación, a sus metodologías de muestreo y dispersión con el acceso a sus datos planos, así como poner en conocimiento a la ciudadanía de la realización de encuestas privadas a partidos, precandidatos y candidatos políticos en calendario electoral. En ese sentido, Pares considera que, además de las anteriores modificaciones, también deberían permitir el acceso a sus datos, hacerlo de manera fácil y sencilla, de lo contrario se convertirá en un desincentivo y exigir una temporalidad en la que no se puedan publicar encuestas cuando se está demasiado cerca a las elecciones, lo que evitará que estas pueden ser vendidas por las campañas como una predicción. En ese sentido, también sería importante homogeneizar los tiempos de recolección de datos según el tipo de encuesta. Por lo tanto, no es estrictamente necesario cambiar la ley para empezar a generar estos incentivos con el fin de aumentar el debate, cumplir el propósito que los mismo encuestadores arguyen y de generar incentivos a la ciudadanía y la opinión pública que las encuestadoras no trabajan de espalda a quienes pretenden dar voz en campaña, como si lo hace la mayoría del sistema electoral.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares “No hay ejecuciones extrajudiciales, ni un regreso de ellas” son las palabras y la postura que ha demostrado el ministro de Defensa, Guillermo Botero, a pesar de todos los escándalos que han sucedido durante su periodo como jefe de esta cartera en el Gobierno Duque. Ninguna circunstancia ha sido suficiente para que renuncie Botero: ni los los prontuarios salpicados por las ejecuciones extrajudiciales que tiene la cúpula de FFMM, ni la ejecución extrajudicial de Dimar Torres (Catatumbo), ni el del joven Rafael Caro (Santander), ni el reciente asesinato de Flower Jair Trompeta Paví en Corinto (Cauca). Lo querían hacer pasar como disidente Nuevamente, como en el caso de Dimar, la comunidad fue la que permitió que se conociera ante la opinión pública el asesinato de Trompeta Paví. Precisamente, los habitantes de la de verda de Laguna fueron los que denunciaron que alrededor de las 10:30 am de este lunes se escucharon disparos y, acto seguido, sobrevuelo de helicópteros en los aires del municipio caucano. Además, la denuncia de la comunidad resaltó que los uniformados del Ejército habrían torturado a Trompeta Paví metiéndole una mano en una máquina despulpadora. Trompeta Paví era defensor de derechos humanos e integrante de la Asociación de Trabajadores Pro-contrucción Conas de Reserva Campesina de Caloto (Astrazonacal). La comunidad, a su vez, señaló que el Ejército pretendió hacer pasar al líder campesino como un miembro de la disidencia de las FARC muerto en combate. De esta forma, el macabro capítulo del asesinato de Trompeta Paví, otra vez, configura una disputa de versiones entre el Ejército y las denuncias de la comunidad. Por su parte, el Ejército a través de un comunicado emitido este martes señaló: “En el momento de la diligencia, las unidades militares y policiales fueron objeto de una asonada por parte de la comunidad, que alteró el lugar de los hechos, sustrajo el cuerpo, y logró retener el material explosivo y el lanzagranadas artesanal, pero no el fusil. La investigación está en manos de la Fiscalía, que tiene a disposición mediante el SPOA correspondiente, el material de guerra incautado a la persona muerta, además del material fílmico y fotográfico realizado por el personal militar”. Davir Hurtado —también defensor de Derechos Humanos— se refirió al asesinato de Trompeta Paví en los medios de comunicación. Por un lado, Hurtado puntualizó que »Lo que conocemos es que este joven campesino fue retenido por tropas del ejército y minutos después fue encontrado por la comunidad que evitó que fuera presentado como un muerto en combates”. Asimismo, agregó que »Uno ve que esta persona no tenía uniformes ni armas en el momento del homicidio y nunca hubo confrontación como lo quiere presentar el Ejército» Por ahora, tres funcionarios de la Fiscalía fueron designados para iniciar la investigación de estos hechos, así lo confirmó el Ejército en un comunicado de prensa en el que además dieron más detalles de su versión de lo ocurrido en la zona. La entidad castrense aseguró que hacia las 9:40 de la mañana, tropas del batallón ocho de alta montaña entraron en combate con un Grupo Armado Organizado conocido como Dagoberto Ramos. El resultado de ese enfrentamiento fue la muerte de Flower Jair Trompeta. ¿Un crimen como el de Dimar? Tal como lo reveló Revista Semana, el asesinato de Dimar Torres fue planeado y coordinado desde un chat de Whatsapp. Los involucrados en el chat que planeó la muerte de Torres, hace un poco más de nueve (9) meses, son el cabo segundo Daniel Eduardo Gómez Robledo, el coronel Jorge Armando Amézquita y John Javier Blanco. En el chat, los uniformes del Ejército se expresaron de la siguiente manera: “No aguanta que se vaya de engorde a la cárcel” o “Sí mi coronel, ya lo maté”. Tal como lo anunció Pares, las comunidades de Campo Alegre y del Catatumbo en general aún esperan la investigación, esclarecimiento y posterior judicialización por lo acontecido, ya que esto representa un acto de ruptura de la frágil confianza existente de la población civil hacia la Fuerza Pública quienes deben velar por la protección de las y los colombianos. Asimismo, los pobladores siguen exiguiendo que se cumpla lo suscrito en el Acuerdo de Paz en aras de garantizar “el derecho fundamental de cada individuo y de la sociedad a no sufrir la repetición de la tragedia del conflicto armado interno”. Impunidad insufrible De igual forma, Pares informó sobre el asesinato de Rafael Caro, el pasado 6 de agosto. Era un joven de 16 años asesinado a manos de uniformados en la base militar de La Lizama (Santander). Tras el asesinato del menor, la versión entregada por Martínez Espinel está presentado contradicciones. Mientras la versión oficial dice que “cuando una persona vulnera la seguridad de una base militar, pues alguien se siente herido, se siente indefenso y acciona su arma. Por fortuna para nosotros es un arma que se acciona al piso”, los vídeos que se conocen del asesinato en la base militar de La Lizama dicen otra cosa. Al parecer, la ráfaga de seis (6) disparos, la frase “¡Ay mi cabo! pégueselo cabo, pégueselo” fueron elementos que el general del Ejército de Colombia, Nicacio Martínez Espinel, no advirtió cuando decidió señalar que se trató de una esquirla accidental la que acabó con la vida del menor de edad, Rafael Caro de 16 años. Las dudas no se han hecho esperar, debido a que Martínez Espinel salió ante la opinión Pública con la “versión oficial”. En micrófonos de prensa calificó la razón de la muerte, de manera categórica, como producto de un rebote. El general agregó: “esa bala, impacta desafortunadamente a este joven, quien resulta herido y que desafortunadamente, posteriormente, fallece”. Ante la cadena de asesinatos en donde han estado implicados de forma directa miembros del Ejército, y a quienes el ministro de defensa ha salido a exculpar, en las redes sociales se siente la indignación por el asesinato de Flower Trompeta. El fotógrafo y periodista Jesús Abad Colorado expresó: «No hay palabras, es grito. La orden de matar a Dimar Torres la dio un coronel. Dónde está el respeto a la vida? Cuántas órdenes más hay así en el país @IvanDuque y @mindefensa? Sigan blanqueando murales y hablando bonito en el exterior. La memoria no es pasado! «