Por: Redacción Pares Al menos 2.250 habitantes de las comunidades negras e indígenas del municipio de Bojayá, Chocó, están sufriendo una situación de confinamiento debido a la inminente confrontación armada entre las AGC y el ELN. Por el trabajo en terreno de la Defensoría del Pueblo se ha podido corroborar que esta situación se agravó durante el mes de septiembre y en lo corrido de esta semana. Además, los grupos armados ilegales amenazaron a 16 líderes y residentes de ese municipio que se han opuesto a su presencia. Y, como estrategia de guerra, estas estructuras armadas instalaron minas antipersonales en las zonas de cobertura telefónica para evitar las comunicaciones en la región. El pasado 9 de abril, la Defensoría del Pueblo había emitido la Alerta Temprana 017-19, relacionada con el riesgo al que se encuentran expuestas las comunidades indígenas y afrocolombianas de las cuencas de los ríos Napipí (Carrillo, Unión Cuity, Unión Cuity Central), Opogadó (Mesopotamia, Egoroquera, Unión Baquiaza), Doguadó (Playita, Villa Hermosa) y Bojayá. Por la más reciente situación, la Defensoría instó urgentemente a la Gobernación del Chocó a convocar de manera urgente al Comité de Justicia Transicional para coordinar la atención humanitaria a la comunidad que está confinada, sin acceso a la pesca o sus cultivos, y por lo tanto sin alimentación adecuada, y sin servicios de salud. El accionar del ELN Cabe recordar que según las investigaciones del informe ‘realizado por Pares ‘Más Sombras que Luces’, a julio de 2019 el ELN hace presencia en 136 municipios del país entre los que se encuentra la expansión en municipios como Bahía Solano, Juradó y Carmen del Darién en el caso chocoano. Ahora bien, en el informe se establece que las acciones del ELN alcanzan la cifra de 400 y han sido perpetradas por al menos 3.000 combatientes. De acuerdo con las investigaciones de PARES, el ELN es un actor dominante para el caso de la región del sur del Chocó. Justamente, los frentes Cacique Calarcá y Che Guevara, estructuras que hacen parte del Frente de Guerra occidental de las FARC. Con lo correspondiente al control ejercido por el frente Che Guevara, este estableció una consolidación sobre el corredor del San Juan llegando hasta la zona del Litoral. Tal y como lo advierte este informe Pares, el control de este frente es ejercido en los siguientes municipios: Medio San Juan, el Bajo San Juan, Istmina, Sipí, El Litoral del San Juan y, a través de Nóvita, hasta San José del Palmar, que se concentra sobre todo en la zona del Alto Tamaná y el Corregimiento de La Italia. Por su parte, el frente Cacique Calarcá opera fundamentalmente en el municipio de Tadó y en Río Iró. Precisamente, este frente genera grandes afectaciones a las comunidades indígenas y afrodescendientes ubicadas en la zona que limita entre el departamento de Chocó con Risaralda. De acuerdo con el informe de Pares “esta estructura tiene como escenario principal el municipio de Tadó en las veredas de Bochoromá, Oscordó, Playa de Oro, zonas donde se encuentran los resguardos indígenas de la etnia embera katío de Tarena, MondóMondocito y Bochoromá-Bochoromacito, y en Río Iró en la zona rural de Santa Rita.” Frente a la fuerte presencia de este grupo armado en el departamento y atendiendo a las denuncias hechas por la población víctima de desplazamiento, se espera atención humanitaria por parte del Gobierno Nacional. En lo corrido de 2019 en Chocó, según el Registro Único de Víctimas (RUV), se han registrado 671 casos de amenaza, 8.347 casos de confinamiento y 3.235 casos de desplazamiento forzado.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares A través de redes sociales y algunos medios de comunicación se conoció que el juez segundo civil de restitución de tierras, Alejandro Rincón Gallego, intimidó un mes atrás a una víctima de despojo en el Urabá antioqueño, en medio de la diligencia judicial que la llevaría a empezar con el proceso de restitución de un predio rural. Por lo ocurrido, la Comisión Colombiana de Juristas -CCJ denunció penal y disciplinariamente al juez. La frustrada indagatoria se realizó el 30 de septiembre a María René Murillo Rentería, de 65 años, en un juzgado del municipio de Apartadó, Antioquia para determinar su papel en este proceso. Rincón Gallego inició el procedimiento pero lo condujo en un tono amenazante y le advirtió a la víctima que tenía que decir toda la verdad, porque de lo contrario se sometería a una pena de entre 6 a 12 años de prisión. En el interrogatorio, Murillo pidió sus datos personales y posteriormente le preguntó porqué estaba reclamando por el predio Guatinaja, ubicado en la vereda Veracruz, en el municipio de Chigorodó, Antioquia, si en la actualidad había fincas bananeras en ese predio. La víctima le respondió que llevaba viviendo más de 40 años en ese lugar, y en ese sentido se sentía con derechos para hacer esa petición. Tras la respuesta, el juez se ofuscó y empezó a hostigar a Murillo de forma brusca y ni siquiera escuchó a la defensa, o a la procuradora delegada, quienes le estaban reclamando por su proceder. “¡No tenía porqué decir eso! ¿Por qué la representan para que restituya un predio que es de fincas bananeras? No es lo que usted quiere. Quiero que vuelva a responder, o sino compulso ya a la Fiscalía lo de ella”, expresó desafiante el juez a la abogada, Lizeth Montero, que hace parte de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ). En medio del tono hostil , Rincón repitió la pregunta de porqué Murillo estaba pidiendo la restitución del predio, y expresó que normalmente las víctimas solicitan predios porque fueron amenazadas y ella no fue amenazada. “Si la señora no es capaz de responderme eso no le hago más preguntas, la saco (…) y le envío a la Fiscalía”, agregó el juez. ¿Inexperiencia o jugada política del juez? Tras el desafortunado episodio, la CCJ rechazó la actuación del juez, pues ni siquiera la dejó hablar, ni explicar su afirmación; y en ese sentido, sólo se limitó a decir que era mentirosa y la intimidó, hasta que su abogada tuvo que intervenir. De acuerdo con la fundación Forjando Futuros, Antioquia es el departamento más afectado por el despojo de tierras y, asimismo, en ese territorio están 66 de los 143 municipios que priorizó la Unidad de Restitución, la Fuerza Pública y las alcaldías para resolver la problemática. A pesar de lo que dicen las cifras y los expertos, el juez Rincón aseguró que hubo zonas donde en realidad sí hubo despojo de tierras y amenazas; y en ese sentido, desconoció lo ocurrido en el Urabá. Según él fue “la situación del orden público” lo que ocasionó que los habitantes vendieran sus predios o empezaran a trabajar en fincas bananeras. Todo este proceso de reparación a las víctimas está enmarcado en Ley 1448 de 2011, más conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que pese a sus ocho (8) años de funcionamiento, el panorama desolador. Forjando Futuros calcula que se ha reparado administrativamente al 15% de las 1.417.166 víctimas registradas oficialmente en ese departamento; y con respecto a la devolución de los predios, tan solo el 6% de los campesinos despojados han recuperado sus tierras. Esto significa que un proceso puede llegar a resolverse con rapidez, pero el trámite posterior a la sentencia para retornar el predio al demandante muchas veces resulta insatisfactorio por situaciones administrativas o de seguridad. Cabe destacar que hay tres escenarios en esta disputa por la tierra que también pueden ralentizar o acelerar el proceso. El primer panorama es que el reclamante solicite un predio que está abandonado; el segundo se trata de un predio que esté ocupado por una empresa, y el tercero, que otras personas en la misma condición de despojo hayan ocupado esa tierra. Denuncia contra el juez La Fundación Paz & Reconciliación-Pares habló con Gustavo Gallón, director de la CCJ, quien expresó que lo que hizo ese juez es un prevaricato gravísimo. “Nuestra posición es de repudio absoluto. Nosotros recusamos en la audiencia, fuera de eso lo hemos denunciado penal y disciplinariamente”, apuntó. Gallón explicó que en este caso el juez se negó a darle curso al proceso de conformidad con la ley 1448 que aún está vigente, e invocó un proyecto de ley que no está aprobado (promovido actualmente en el Congreso por María Fernanda Cabal). “El juez dice que el país cambió, que el mundo también y que aquí no se va a seguir haciendo esto, y tendríamos que probar el derecho de pertenencia, cuando lo que establece la ley es la presunción de credibilidad de quien afirma haber sido desposeído de un predio”, agregó. Es clave mencionar el proyecto de ley de la congresista del Partido Centro Democrático ya que pretende modificar la ley 1448 con el argumento de que esta afecta al tipo de población en los escenarios dos y tres, mencionados con anterioridad. “Es verdad que la ley no previó medidas muy completas con esa población, pero la jurisprudencia dice que esas personas tienen derechos a que se les adjudiquen tierra en compensación. Para los que no hay medidas de compensación es para quienes no logren probar la buena fe”, aseguró Gallón. Este caso prendió las alarmas para revisar cómo se está llevando a cabo el proceso con los reclamantes de tierra. En casi una década no se ha logrado retornar ni siquiera la mitad de la meta a nivel nacional que es de más de seis (6) millones de hectáreas.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares El Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC denunció el asesinato de tres personas indígenas asesinadas el pasado jueves 17 de octubre de 2019 en los departamentos de la Guajira, Quindío y Nariño, pertenecientes a los pueblos Wayú, Embera Chamí y Awá (Oneida Epiayú, Constantino Ramírez y Lilia Patricia García, respectivamente). Justamente, Luis Fernando Arias, presidente de la Organización Nacional Indígena, solicitó la presencia de la ONU —específicamente de la Relatora de las comunidades indígenas de la ONU— en Colombia. Precisamente Arias se refirió a un acompañamiento internacional ante la pobre acción por parte del Gobierno Nacional para atender la situación que enfrentan las comunidades indígenas en Colombia. Así las cosas, el panorama está compuesto por una andanada de violencia en contra de los procesos sociales que adelantan los liderazgos indígenas en territorios que están cooptados por actores armados y que generan asesinatos, amenazas, confinamientos y desplazamientos. El Consejo Regional Indígena del Cauca denuncia el genocidio que se presenta contra los pueblos indígenas en Colombia y la actitud del actual gobierno que «parece no darse por enterado que su finalidad es proteger la vida e integridad de todos los colombianos y colombianas, ya que, según reafirma todos los días, su única preocupación es la de proteger la inversión y la ganancia de los grandes capitales.» Otra de las voces que se levantan ante la situación de victimización es, justamente, la de la Organización Fuerza Mujeres Wayúu quienes han rechazado categóricamente los últimos asesinatos registrados. De hecho, le han solicitado al gobierno nacional que atienda las denuncias que, con anterioridad manifiestan, con lo que respecta a las amenazas que reciben las lideresas. Para la esta organización de Derechos Humanos resulta vital que el gobierno Duque reconozca la dimensión que representan las amenazas que, lamentablemente, se traducen en asesinatos al no ser atendidas. Un gobierno nacional sin reacción «El gobierno colombiano parece ser complaciente con las acciones violentas contra nuestras comunidades y procesos organizativos, lo cual estaría fortaleciendo dinámicas contrarias a nuestros procesos, promovidas desde la institucionalidad, como el paralelismo organizativo, las normas contra los resguardos y territorios tradicionales, el incumplimiento de los acuerdos y el señalamiento público a nuestras organizaciones y liderazgo, entre otras.» señaló el CRIC a través de un comunicado. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC, en el último año los pueblos indígenas han sido objeto de graves vulneraciones a los Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos. Ante el recrudecimiento del conflicto en diferentes regiones como el Chocó, Nariño, Antioquia, Norte de Santander, Putumayo, como el Cauca entre otros, el pasado 9 de agosto la ONIC en cabeza de la Asamblea Nacional de Autoridades, declaró la Situación de Emergencia Humanitaria, Social y Económica en todos los Pueblos Indígenas de Colombia. Ahora bien según datos del SIPARES, de los 28 departamentos en que se registran hechos victimizantes en contra de líderes y lideresas; el departamento del Cauca es el que mayor índice de asesinatos registra con un 17.1%. Lo sigue Antioquia con 15.4%, Nariño con 9.4%, Norte de Santander con 7.4%. y Chocó con 6.7%; siendo estos cinco departamentos los más violentos para los procesos y liderazgos sociales. Asimismo, la situación para los y las líderes indígenas, según cifras SIPARES, no es para nada alentador. Son el segundo liderazgo más victimizado en Colombia, concentrando un 14.3% de los asesinatos a líderes y lideresas. Ahora bien, este preocupante panorama genera mayores incertidumbre debido a que no se identifica más del 86% actores perpretadores no han sido identificados. La incapacidad de este gobierno para atender la difícil situación de derechos humanos, es una de las grandes consignas de los liderazgos indígenas. Un pulso perdido Cabe recordar que, según el informe ‘Más Sombras que luces: la seguridad en Colombia a un año del gobierno de Iván Duque’, una de las grandes incertidumbres que arroja este gobierno en materia de seguirdad tiene que ver con la expasión y consolidación de actores Armados ilegales en el país. Estos datos efectan directamente los liderzgos indigegenas pues, de los actores perpetradores, el Clan del Golfo concentra la identificación del 6% de los asisinatos a lideres y lideresas sociales, el ELN el 4% y Grupos aRmados postFarc cerca del 3%. Un ejemplo de ello tiene que ver con el Clan del Golfo que operan en 276 municipios en el país y, del total —durante el gobierno Duque—; se logró expandir en 26 municipios. El ELN, por su parte, consolidó presencia en 136 municipios, expandiéndose durante el gobierno Duque en 35 municipios. Es decir, el gobierno Duque no fue capaz de evitar que en 61 municipios estos actores armados operaran. En lo correspondiente a los grupos armados postFARC, esta investigación indica que operan en 85 municipios en Colombia. «La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea»

Por: Redacción Pares Según la organización internacional Reporteros Sin Fronteras, el ambiente en que trabajan los periodistas de Colombia es cada vez más hostil y quienes cubren asuntos delicados suelen sufrir violentos ataques, intimidaciones y todo tipo de presiones. La situación en la región, según RSF, no es muy diferente. En 2018, durante las elecciones celebradas en México, Brasil, Venezuela, Paraguay, Colombia, El Salvador y Cuba, se registró un aumento de las agresiones a periodistas. La mayoría, perpetradas por políticos, funcionarios y militantes de partidos (a través de internet). Estos incidentes contribuyeron a crear un clima generalizado de desconfianza, y a veces de odio, hacia la prensa. El país sigue ubicado en la lista roja (puesto 129, siendo Noruega, número 1 o más seguro) de naciones peligrosas para ejercer la profesión de periodista. La Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia -FLIP, expresa su preocupación por las agresiones que se han presentado en lo corrido de 2019 contra los periodistas y medios de comunicación que están informando sobre las elecciones regionales del próximo 27 de octubre. Estas violaciones evidencian que los periodistas, en especial los de ciertas regiones del país, se encuentran en un alto nivel de riesgo cuando hacen cubrimiento electoral. Nariño, Antioquia, Santander y Cauca son los departamentos donde es más crítica la situación de violencia contra la prensa. Faltando nueve días para que se realicen las elecciones regionales en el país, la FLIP ha documentado 24 violaciones a la prensa durante el cubrimiento de las acciones adelantadas por los candidatos y partidos políticos en época de campaña. «Esta cifra es alarmante si se tiene en cuenta que en 2015, cuando se realizaron las últimas elecciones regionales, la FLIP documentó un total de 22 agresiones contra la prensa, incluyendo las que se registraron durante el día de los comicios, en los que suelen registrarse números importantes de agresiones contra la prensa.» señala esta Fundación. Durante el 2019, los ataques a la prensa en medio del cubrimiento de temas relacionados con el proceso electoral se han presentado mayoritariamente en los departamentos de Nariño, Santander y Antioquia. Estos departamentos y Cauca, Norte de Santander y Arauca preocupan especialmente a la FLIP dado que viven contextos complejos, en los que los periodistas se enfrentan a un riesgo alto a la hora de realizar su labor. Asesinado periodista en Tumaco El último ataque ocurrió en el corregimiento de Llorente, jurisdicción del municipio de Tumaco, Nariño. En la noche del pasado viernes, el periodista radial Javier Córdoba Chaguendo fue asesinado por desconocidos cuando se encontraba laborando en la cabina de una emisora comunitaria. Según el reporte de las autoridades, dos sicarios ingresaron hasta la cabina de transmisión de la emisora Planeta Radio y sin mediar palabra le dispararon en varias ocasiones al periodista y después huyeron en una motocicleta. Javier Córdoba Chaguendo, periodista que trabajaba en Llorente, Nariño. Fue asesinado el viernes 18 de octubre a las 9 p.m. mientras hacía su programa musical en la emisora Planeta Stereo. Como es común en las violaciones a la libertad de prensa, en la mayoría de ocasiones se desconoce al responsable de estos hechos. De los 24 casos que la FLIP ha documentado en este 2019 relacionados con el cubrimiento de elecciones, en 12 ocasiones el perpetrador fue un agente desconocido y en el resto de situaciones el agresor tiene algún interés en la contienda política. En ese sentido, los candidatos han sido responsables de seis acciones de censura contra la prensa.

Por: Redacción Pares La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra la Defensora del Pueblo y actual gobernadora (e) de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Tonney Gene Salazar, por presunta participación en política. El ente de control busca esclarecer si la funcionaria pudo participar en reuniones de carácter político con una representante a la Cámara de San Andrés y miembro del Partido Liberal. Asimismo, determinar si Gene Salazar pudo actuar, al parecer, de forma intimidante contra contratistas y trabajadores de la gobernación para que respaldaran al candidato que, presuntamente, ella apoya. De acuerdo con las quejas presentadas, al parecer, la funcionaria habría asistido a reuniones lideradas por el candidato Nicolás Gallardo, portando distintivos oficiales como el chaleco de la Defensoría del Pueblo. La Procuraduría ordenó la práctica de diferentes pruebas para verificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que al parecer se cometió el perjuicio causado a la administración pública, y la responsabilidad disciplinaria de la funcionaria. La investigada tendrá derecho a ser escuchada en versión libre.

Por: Redacción Pares Mientras en la JEP, este jueves 17 de octubre fue la primera audiencia pública en la que los familiares de personas de Soacha, presentadas ilegítimamente como muertas en combate, hicieron sus observaciones a las 31 versiones rendidas por comparecientes del Ejército; al día siguiente en horas de la noche y en un atentado a la libertad de expresión, una docena de militares intimidó al grupo de artistas que se encontraban realizando un mural sobre los llamados ‘falsos positivos’; y posteriormente dichos miembros del Ejército borraron el mural en memoria de las víctimas de los falsos positivos ubicado en el puente vehicular de la calle 80 con carrera 30, sentido occidente – oriente en Bogotá. Audiencia pública en la JEP Según las versiones entregadas por miembros de la Brigada Móvil 15 y el Batallón de Infantería “Francisco de Paula Santander», en el marco del caso 03, “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado» y conocido como el de “falsos positivos» serían integrantes de estas dos unidades militares los responsables de por lo menos 69 muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate en el Catatumbo (Norte de Santander), entre 2007 y 2008, incluidas las ejecuciones extrajudiciales de 15 jóvenes en Ocaña, reclutados en Soacha (Cundinamarca). La organización Madres de los Falsos Positivos de Soacha (MAFAPO) entregó el primer informe, en septiembre de 2018, presentado directamente por las víctimas dentro del caso 03 a la Sala de Reconocimiento. En la audiencia de este jueves participaron 13 familiares de las víctimas de Soacha que, durante ocho horas, reivindicaron a sus seres queridos y cómo este hecho cambió sus vidas para siempre. La magistrada Catalina Díaz, que presidió la audiencia, concluyó la diligencia diciendo: “Los familiares de las víctimas que hoy nos acompañan se han visto forzados a ser ellos mismos los investigadores judiciales de los hechos que vivieron. Queremos agradecer el esfuerzo con el que han mantenido vivo el deseo de conocer la verdad sobre lo que ocurrió con sus seres queridos». También hizo énfasis en que las víctimas manifestaron los vacíos que existen, los pendientes frente a la verdad y los silencios que no pueden admitirse en este proceso, pues “restan valor a la necesidad de saber y al compromiso con el esclarecimiento pleno y detallado en el que las víctimas, y todos, hemos confiado». Polémica por el mural blanqueado En un video grabado en la noche de este viernes en Bogotá y difundido en redes sociales, se observa a un militar pintando de blanco el adelanto de un mural que denunciaba las ejecuciones extrajudiciales, asesinatos de civiles cometidos por militares para reportarlos como muertos en combate en el periodo 2000-2010. En la grabación, militares, acompañados por una patrulla de la policía, impidieron la finalización de la obra. El mural expresa el número de ejecuciones extrajudiciales en el periodo 2000-2010 y los rostros de los altos mandos militares de esa época y que fueron cubiertos con pintura blanca. Algunas organizaciones de derechos humanos a través de redes sociales expresaron su rechazo por borrar un mural que denuncia los más de 5000 casos de falsos positivos en el país y los rostros de quiénes estaban al mando cuando éstos asesinatos se dieron.»Pueden borrar la imagen pero NO la memoria y lucha por la verdad.» expresaron. Una tragedia imborrable La tragedia fue enorme: según los cálculos de los organismos de derechos humanos, a lo largo de 40 años se produjeron cerca de 4000 mil ejecuciones extrajudiciales de las cuales 1800 tuvieron ocasión en los dos gobiernos de Álvaro Uribe. Algunos de los implicados, muy pocos aún, están concurriendo a la Jurisdicción Especial para la Paz a contar las circunstancias en que se dieron estos crímenes. Las revelaciones iniciales son realmente escabrosas. Tanto las revelaciones surgidas al interior del Ejército, como su difusión en el pasado mes de junio por un medio internacional tan prestigioso como el New York Times son una clara demostración de que algo muy profundo ha cambiado en Colombia. El diario The New York Times reveló cómo en el Ejército colombiano había documentos que comprobaban que a los comandantes de brigadas y regiones se les ordenaba aumentar los resultados en capturas y bajas de miembros de grupos armados organizados. A cambio, se daban una serie de gratificaciones. Como se sabe, una orden similar en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-2010) llevó a que poco más de 4.000 colombianos civiles fueran asesinados por agentes de las fuerzas de seguridad del Estado y los presentaron como miembros, en su mayoría, de grupos guerrilleros. Esto, que fue “normal” hace algunos años en la Fuerza Pública, ahora tiene el rechazo de una parte importante de ella. La deshonra que significó esta práctica ignominiosa en las filas militares, tuvo el efecto de poner en guardia a muchos oficiales respetuosos de la ley ante cualquier directiva que pueda ir en contravía a las obligaciones constitucionales de una fuerza dedicada a cuidar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos.

Por: Carlos Castelblanco Pinedo – Redacción Pares «No debería sorprender la propuesta de Anif de pagarle a los menores de 25 años -durante su primer año de trabajo- solo el 75 % del salario mínimo. La verdad es que va en la misma línea de lo que vienen planteando los empresarios colombianos. Esta postura simplista y egoísta ya se está reconociendo en muchos ámbitos como típica del empresariado del país. Esta postura del sector privado que se ha vuelto recurrente no es insólita, solo refleja la falta de compromiso que este sector ha demostrado frente a los problemas de la sociedad donde se ubican sus negocios, no solo en Colombia sino en toda América Latina. Así lo afirmó recientemente el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Pero es necesario aclarar que no es que los empresarios estén aislados, es que sólo les importan sus ganancias.» Pares habló con Cecilia López Montaño, economista de la Universidad de Los Andes y actualmente Presidenta de la Fundación Centro Internacional de Pensamiento Económico y Social -CISOE. Senadora de la República 2006-2010, Embajadora en Países Bajos, ministra de Medio Ambiente, de Agricultura, directora de Planeación Nacional. Columnista de Portafolio, El Tiempo, El Heraldo, y otros medios. Ha sido consultora en organizaciones de desarrollo internacional como UNICEF, PNUD, IPPF, El Banco Mundial, BID y Cepal. Pares: En las movilizaciones de trabajadores y estudiantes que se dieron este jueves en algunas ciudades del país, los manifestantes anunciaron un nuevo paro nacional el próximo 21 de noviembre para rechazar lo que han denominado el «paquetazo de Duque», nombre que le pusieron a la reforma pensional que prepara el Gobierno nacional, entre otras medidas ¿Cuál es su análisis de la polémica reforma pensional que está proponiendo el gobierno de Iván Duque? Cecilia López Montaño: Desde el Centro Internacional de Pensamiento Económico y Social -CISOE, tenemos en imprenta un libro que es el resultado del seminario internacional que hicimos en septiembre 2018 con el Banco de la República y la Organización Internacional del Trabajo -OIT. En ese libro están consignadas todas las alternativas posibles de reforma del sistema pensional colombiano, y para lograrlo no solamente participaron todos los sectores que tienen responsabilidad del tema: Asofondos, Fedesarrollo y Anif, sino también los sindicatos, además vinieron cuatro expertos internacionales. En esta investigación queda claro que el tema pensional es muy complejo, y que lo único que no puede pasar es que la propuesta de un gremio interesado sea la que determine qué es lo que se va a hacer. Lo que el presidente salió a calificar como ‘chismes’ nos indica es que algo se está ‘cocinando’ dentro del gobierno en esa dirección, que es absolutamente equivocada. Me parece irresponsable que se haga una reforma de esa manera, que se ignore una de los elementos fundamentales del debate que es la bomba social que significa tomar ese tipo de decisiones. Pasamos de un debate que era cómo coger una plata que era del Seguro Social y meterla en el mercado de capitales en donde pronosticamos lo que está pasando: no aumentó la cobertura, no se redujo el déficit fiscal, no se resolvió nada de lo más importante, pero lo interesante es que hoy el debate se está dando en otros términos, la preocupación es la gente y principalmente la gente mayor que está sin cobertura. Yo me sobresalté cuando leí que esta reforma sugería liquidar el sistema de prima media. Eso creó un mal clima sobre la propuesta, a eso le cayó una bomba, y es que en mi opinión lo que pasó ayer marcó la presentación de la reforma de pensiones y de la reforma laboral este año, y para mí es imposible; es como si le hubieran caído dos lápidas: una mala salida de una información que salió de alguna parte del gobierno y que indica una dirección equivocada y en segundo lugar, el gobierno tiene que ver cómo resuelve este problema que tiene, porque lo que dijo es muy grave en el sentido en que van a volver a pasar la misma propuesta. Por otra parte, este debate sirve para sacar a la luz cosas que el país no sabe sobre la ley de financiamiento. Pares: El presidente Duque ha respondido las críticas diciendo que esta reforma va a aumentar, por una parte la formalización laboral y por otra la protección de la vejez con equidad C.L.M: Al presidente Duque le pasa una cosa muy rara, y es que él cree que con frases se hacen reformas de fondo. La situación del mercado laboral es muy grave. Tenemos una tasa de desempleo que si saliera la población que está desalentada a buscar trabajo, no estaríamos hablando del 10% sino del 11 o 12%, es decir, la tasa más alta de desempleo de América Latina con los jóvenes y las mujeres en una situación crítica, y fuera de eso lo quieren solucionar de la manera más absurda, que es precarizando más su situación. «El peor problema social que tiene el país en estos momentos es el desempleo abierto que en algunas capitales ya está en el 14%. Esto sumado al desaliento de la población en edad de trabajar que ni siquiera busca empleo, más los bajos ingresos de la población trabajadora, el sub empleo y la informalidad, explican no solo la precariedad de la vida de millones de colombianos sino la debilidad de la demanda interna, motor actual de la economía colombiana.» Foto: Pares. Ante este panorama tan preocupante, el presidente demuestra su falta de experiencia. No se puede formalizar con frases y deseos, la formalización es producto de unas políticas económicas y sociales que se conjugan en el mercado laboral. La equidad para la vejez tampoco es una frase. Para que usted logre atender a la vejez con equidad tiene que reconocer que casi el 70% de la población mayor de 65 años está sin pensión, entonces hay que tomar decisiones. Se le quitó al Seguro Social toda la base para financiar a los pensionados que tiene más del 80% de los pensionados, pero la plata de los nuevos está en los fondos, entonces si usted toma esa decisión y los fondos son los que tienen la plata usted tiene un déficit, porque le quitó el sustento a un sistema de reparto. Entonces ¿cómo va a a lograr equidad, de dónde va a sacar la plata? y si lo hace a través de los BEPS (Beneficios Económicos Periódicos) hay una propuesta que me parece muy peligrosa, y es que tras una pelea dura se logró que los fondos construyeron un gran fondo de solidaridad, pero ese fondo, que hoy tiene todos los millones que usted quiera porque esos fondos eran para la gente que cumple la edad pero no cumple todos los requisitos y tenía que aplicar a una pensión mínima, sin embargo ¿qué hicieron los fondos sin que nadie los regulara? le exigen a una persona que llega a la situación que ha cotizado durante todo el tiempo pero no cumple con los otros requisitos, qué el y su familia tienen que recibir menos de un salario mínimo. Es absurdo. Son personas que van a terminar su vejez con 250,000 pesos mensuales y aunque eso es más que no tener nada, sí se hubiera podido tener una pensión mínima más alta, y no se hizo. Esa propuesta no formaliza, no genera equidad ni hace nada. Pares: El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras -Anif, le propuso al gobierno activar por decreto un sistema de contratación para jóvenes menores de 25 años. Se trata de un salario diferencial en el que se les pagaría el 75 % de un salario mínimo y con el que se pretende combatir el desempleo, uno de los principales problemas de la economía nacional ¿Qué opinión tiene sobre esta propuesta? C.L.M: ¿Cómo se atreven los empresarios a proponer esto cuando tienen el 60.3% de las mujeres por debajo del salario mínimo y el 56% de los jóvenes en América latina por debajo del salario mínimo? Sin embargo, no debería sorprendernos porque va en la misma línea de lo que vienen planteando los empresarios colombianos. Esta postura simplista y egoísta ya se está reconociendo en muchos ámbitos como típica del empresariado del país. Pero, además de los serios problemas legales que tiene y que los abogados han denunciado, hay otro elemento que quienes manejan temas económicos no pueden soslayar. En el último Panorama Social de la Cepal 2018 demuestra que la propuesta de Anif no solo es insólita, sino que peca de absoluta ignorancia. En América Latina y de pronto en Colombia -donde el resultado puede ser peor por tener mayor grado de informalidad laboral que el promedio de la región- los grupos de población que reciben remuneraciones por debajo de los mínimos legales son dos, aquellos entre 15 y 24 años, precisamente los que quiere sacrificar Anif, y los mayores de 65 años-. Cómo es posible que antes de hacer semejante propuesta, Anif no se haya informado. Son las mujeres jóvenes las que saldrán más perjudicadas dado que representan la mayor proporción en el primer grupo poblacional mal remunerado, 60.3 %. Segundo, en los dos grupos siguientes de edad, se reducen dramáticamente los porcentajes de personas con estos salarios bajos. En síntesis, o no analizaron seriamente las cifras para medir el impacto de esta propuesta, o pelaron el cobre mostrando lo poco que les importa la búsqueda de equidad. «Aún más grave es que los representantes del sector financiero agrupados en Anif le dan un duro golpe a la educación. Suponen que todos los jóvenes son mal preparados académicamente y por eso la experiencia les debe costar, o simplemente en aras de bajarse los costos de mano de obra les pagan lo mínimo como para demostrarles que no vale la pena esforzarse tratando de aprender y formarse.» Foto: Pares. Una propuesta así acaba con la educación, es una falta de estímulo para que la gente se eduque. Ya las universidades en Colombia lo están sintiendo porque se les fue la mano en el costo de las el matrículas y la gente no tiene plata para pagar, además la calidad de las universidades deja mucho que desear porque la plata se la metieron a infraestructura pero le pagan muy mal a los profesores, y fuera de eso, muchas están aisladas de la realidad nacional; mire lo que pasó con la ley de financiamiento: la Corte Constitucional pidió apoyo y muchas universidades no quisieron participar. Pares: La ley de financiamiento del gobierno de Duque acaba de sufrir un golpe mortal en la Corte Constitucional. Los magistrados votaron por mayoría para declarar inexequible casi la totalidad de los artículos de la ley por vicios en su trámite. ¿Cuál es su análisis de esta Ley? C.L.M: Lo primero que hay que decir es que el gobierno tiene que volverse serio. Esto que pasó es inaudito y el gobierno cree que tiene el control porque de su lado está el Centro Democrático y el presidente Uribe en el Congreso, y porque tiene de su lado a todo el empresariado tan envalentonado, como jamás había visto. No. Lo que pasa con este proyecto de ley que empezó mal, ha llevado a que Colombia tenga un peso de impuestos sobre el Producto Interno Bruto extremadamente bajo, tan bajo que la OCDE, que no es la izquierda ni mucho menos, hace un mes dijo que no podemos seguir con un peso de impuestos del 13%, eso es imposible. Esta ley de financiamiento pretende bajar ese peso de impuestos sobre el PIB de la siguiente manera, y ese es su gran falla: en el 2015 el peso de impuestos sobre PIB era 14.5% con esta ley de financiamiento en el 2020 sería 13.6% y en el 2022 sería 13.2. Eso quiere decir que se abre una brecha con América Latina de tres puntos del PIB. El gobierno colombiano le sube un poquito los impuestos a los ricos, le sube un poquito a otros sectores, pero ¿sabe cuánto le entregan entre el 2019 y el 2022 a los empresarios colombianos? le entregan una rebaja de un punto del PIB, es decir, le están entregando entre 9 y 10 billones de pesos. Eso por eso que los empresarios están dando alaridos, porque este es un regalo gigantesco, esta es la misma confianza inversionista del uribismo bajo el supuesto de que con esto se van a generar empleos. «Hay una gran dispersión en temas de los impuestos que pagan las industrias porque un sector contribuye al fisco con impuestos menores al 20% y otro sector lo hace con impuestos superiores al 60%. Es hora de que el Estado defina claramente quiénes son los que tienen tan bajas tasas de contribución. ¿No serán las grandes empresas que se beneficiaron de la “confianza inversionista” con los Contratos de Estabilidad jurídica, y las zonas francas a domicilio?» Foto: Pares. Pares: Ante este diagnóstico que usted hace en el que el gobierno repite todo lo que los empresarios proponen para bajarles costos, impuestos, y así seguir contribuyendo a que crezcan sus ganancias independientemente de que al resto del mundo le vaya mal, y cataloga este gobierno como el de los empresarios, como sociedad colombiana ¿cuál es la salida? C.L.M: Colombia tiene una academia de muy buen nivel, tiene una tecnocracia de buen nivel, tiene centros de pensamiento de buen nivel pero todos terminan obedeciendo lo que dice el gobierno. Aquí hay suficiente capacidad para sentarse y entender qué es lo que está pasando con la industria, que es lo que está pasando con el mercado laboral y dónde están los problemas y los frenos. No tenemos capacidad productiva porque abandonamos la base productiva, la industria está en las mismas características que tenía desde que nació, es decir no exporta e importa insumos y no genera una cantidad de bienes de consumo durables. Mientras no se dinamice el sector rural y no se genere la base para una agro industria, que es la única industria en la cual tenemos posibilidades, mientras eso no se haga porque no se puede tocar la tierra -seguimos con la concentración de la tierra en unos índices críticos- no se va a resolver nada de fondo. El gobierno está metido en un discurso tan primitivo, tan elemental que no permite comprender la complejidad de la situación colombiana. Hoy están desmayados de la emoción porque estamos creciendo al 3% cuando el promedio de América Latina está cercano a 0%, pero resulta que Panamá y Bolivia están creciendo casi que al 4%. Llegó la hora de cuestionar la política económica. Ya Kalmanovitz lo empezó a plantear en su columna reciente: se alaba la política macro, la de los grandes agregados, pero nadie cuestiona por qué no se ha desarrollado la verdadera capacidad productiva del país. ¿Es que acaso producir para crecer, generar empleo y bienestar no es responsabilidad de la política económica? ¿No será que en esa indiferencia de los responsables de la política económica en los temas productivos, no estarán las causas del crecimiento sin empleo que hoy sufrimos y que poco explican quienes deberían hacerlo? Pares: Cuando la economía va mal la indignación diaria del ciudadano crece como la espuma. ¿Qué piensa de las más recientes movilizaciones de estudiantes, de centrales obreras y trabajadores? C.L.M: Aquí hay una cosa histórica que mucha gente no sabe. Uno de los grandes problemas del conflicto de más de 50 años que tuvimos es que se acabó la posibilidad de salir a protestar, porque al que salía a decir algo lo calificaban como de las FARC y eso fue una limitación muy grande para nuestra democracia; obviamente cuando las FARC firmaron un acuerdo, la gente siente que puede salir porque ya no lo van a clasificar como guerrillero y sí hay mucha insatisfacción popular, a eso súmele una falta de liderazgo muy grande por parte del gobierno. Uno ve al presidente y a su equipo cometiendo demasiados errores. «Las condiciones actuales del país son muy difíciles y el problema es que tenemos un presidente que definitivamente no tiene la capacidad, no tiene cómo entender este país tan complejo. Uno no puede llegar tan mal preparado y tan mal rodeado. Él anda de foro en foro creyendo que eso es ser presidente, no, el presidente tiene que sentarse a pensar, a trabajar con la gente que conoce el país a oír toda clase de opiniones y a diseñar unas prioridades. El gran drama de Duque es que no tiene prioridades.» Foto: Pares. Estoy en total desacuerdo con los encapuchados y no puedo entender cómo si se sabe dónde están y quiénes son no se actúa, para eso está la inteligencia del Estado. Por otra parte, considero que no se puede acabar con la protesta y con las marchas, eso sería un freno a esta democracia que cada vez está más débil y las marchas y la insatisfacción son una prueba de que lo que está pasando es una absoluta falta de control que el gobierno tiene sobre todo, porque el gobierno debería tener la capacidad, sin llegar a los extremos del ESMAD, de identificar quiénes son los encapuchados y usar la inteligencia. En la costa caribe hay una expresión que dice estás trapeando con la pluma abierta.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares “Yo pronto me voy de aquí,/ Con mi mochilita al hombro/Yo pronto me voy de aquí/Con mi mochilita al hombro/Yo pa’ África me voy/Yo me marcho para el Congo” Este arrullo se escucha en el barrio Esfuerzo en la zona de la ciudadela, en donde, cerca de 30 mujeres de Tumaco están construyendo un espacio entorno a los saberes y los sazones. El anterior arrullo es tradicional del Pacífico colombiano; uno de los tantos arrullos que componen un espacio de preservación de cultura. Este espacio esta compuesto por la Fundación Verde Humano, la Asosiación de Mujeres Con Futuro y, especialmente, por el Grupo de Sazones tradicionales de la Perla del Pacífico, en un proyecto denominado; Del Mar a la Olla. Primeras reflexiones Karen Gómez, quien hace parte de la iniciativa de la Fundación Verde Humano, cuenta que esta fundación se constituyó en 2013 para darle vida a los sabores y saberes populares de los y las campesinas. El camino inició en Sandoná, Nariño en 2015 tratando de dinamizar una biblioteca pública. Para 2016 lograron un apoyo de la Dirección Administrativa de Cultura por medio de un estímulo que desencadenó en el trabajo con niños y niñas alrededor de la promoción de la lectura. Sin embargo, cuenta Karen, “yo siendo una mujer de la sierra, andina, de la montaña y una mujer que quizá ha priorizado el saber por medio de la lectura. Estas reflexiones de quién soy en contraste con Tumaco me llevaron a un proceso de reconocimiento sobre lo que hacíamos con la biblioteca”. Los niños y niñas también estaban interesados en la aprehensión del mundo de forma alternativa; por medio de cuerpo, la música, el movimiento, la oralidad. Es decir, otro tipo de acercamiento al conocimiento por medio del sentir, sostiene Karen. Procesos de preservación Desde ese momento, continúa narrando Karen, “empezamos a explorar desde otras formas de sentir que nos indicaban mayor acercamiento al Pacífico Nariñense. Desde la oralidad, “la historia de La tunda fue clave para ponernos en sintonía con los niños y niñas”, según cuenta Karen. Estuvimos investigando a la tunda y los procesos que nos permitía. Estas reflexiones han conducido que el proceso, por ejemplo, hay logrado un estímulo de la Dirección Administrativa de Cultura para el proyecto de Salvaguarda de la Décima Cimarrona un Canto de Paz. Karen cuenta que emprendieron un proceso de formación en torno a hacer Décimas y trabajamos con alrededor de 150 niños, niñas, adolescentes y jóvenes. A finales de septiembre llevamos a cabo el primer torneo infantil y juvenil de la Décima Cimarrona. Esto, explica Karen, ha tenido un gran recibimiento por parte de la comunidad que está muy interesada en preservar la cultura Afro del Pacífico Sur, además, que le permite espacios de alternativa a los niños, niñas y jóvenes frente a la vinculación de las economías ilegales o los grupos delincuenciales. El sentir de las mujeres “Unas mujeres se nos acercaron y nos preguntaron, ¿ustedes por qué solo trabajan con niños y con nosotras no? Ahí fue que arribamos a las prácticas y saberes que permite la cocina en el pacífico”, recuerda Karen. Uno de los momentos más importantes fue encontrar el proceso de la Asociación de Mujeres con Futuro. Un conjunto de mujeres que han sido víctimas del conflicto armado, que se agruparon para denunciar la muerte de sus fijos, esposos y cuñados. “Ahí nos articulamos a su proceso y a su experiencia de trabajo de base. Eso nos permitió conseguir recursos para los alimentos para empezar a consolidar el espacio. Fue entonces, para 201, cuando logramos fortalecer el proceso de cocina tradicional con las mujeres. En 2018 y 2019 continuamos cocinando y estamos a punto de legalizar el espacio ante la Cámara de Comercio, para darle autonomía a la iniciativa”, precisa Karen. Una apuesta comunitaria “La Fundación Verde Humano no tiene sede, sin embargo, trabajamos en la casa de una de las mujeres de la iniciativa —el barrio Esfuerzo en la Ciudadela—; se ubicaban en el patio, que allá colindan con la calle y permite acercar la iniciativa a la comunidad”, señala Karen. Ahora lograron hacer una alianza con la Junta de Acción Comunal del barrio Esfuerzo, lo que les permite trabajar en el comedor comunal, en una casa palafítica. Con la posibilidad del uso del dicho espacio, desde Verde Humano, contribuyen a mejorar los implementos y la cocina. De esta forma, Karen cuenta que el Grupo de Sazones tradicionales de la Perla del Pacífico, por medio de la Fundación Verde Humano han podido conseguir recursos. Este año, se postularon con un proyecto al Ministerio de Cultura para el reconocimiento de las iniciativas comunitarias para transmisión de practicas alimenticias, lo cual resulta un gran avance. Saberes, Sabores y fogón Los espacios se desarrollan entre las tardes y las noches de los viernes y los sábados y, nos enfocamos en la cocina tradicional del Pacífico Nariñense. Encocado de concha, encocado de jaiba, de camarón, entre otros tanto, reza Karen. Además, cuenta que Sugar— quien es un cocinero de tradición y que ha investigado alrededor de la cocina del pacífico—; genera en el espacio un sincretismo entre la alta cocina y las tradiciones del pacífico. Por ejemplo, en los emplatados. Ahora, recalca Karen, Sugar y las mujeres insisten en el uso de alimentos de la región para salvaguardar la forma en que se cocina. Nada de conservantes ni condimentos artificiales. “Las sesiones de cocina son amenas, hablan del origen del palto que van a cocinar, también los espacios permiten que las mujeres se amiguen y que permite que el tejido social del sector de la Ciudadela se reconstruya”, recuerda Karen. Es decir, relata que las amistades también permiten que se fortalezcan lazos entre las juventudes del sector. “Esto es un efecto muy poderoso porque permite el reconocimiento de los y las habitantes de la Ciudadela, genera confianza en los pobladores y abre posibilidades de procesos comunitarios. Generar comunidad es como le gusta denominar a Karen el poder de este espacio”.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares La Organización de Naciones Unidas (ONU) eligió este jueves a Venezuela como miembro del Consejo de Derechos Humanos en representación de América Latina. Sin embargo, fue una elección polémica debido a la crisis que vive ese país en medio de acciones que van en contra de los estipulado por el organismo internacional: la protección de los derechos humanos. El director de la Fundación Paz & Reconciliación-Pares, León Valencia, habló sobre la decisión de la ONU, y expresó que esto es un bofetón para la política colombiana porque la pretensión de Colombia era aislar a Venezuela, pero esto es una muestra de que el mundo no está sintonizado con la política y la idea colombiana. En la Asamblea General, Venezuela recibió 105 votos a favor y Brasil obtuvo 153 para representar al continente latinoamericano, en un grupo de 14 países que van a hacer parte del Consejo a nivel global. Para la región sur había dos puestos, de los cuales Costa Rica intentó hacerle el quite a Venezuela, pero quedó fuera por 12 votos. Ahora ambos países sustituirán a los miembros salientes a partir del 1 de enero del 2020 por un periodo de tres (3) años, si es que la presión de otros países -que quedaron en desacuerdo con esta decisión- no logra tumbar a Venezuela de este asiento. Por ejemplo, Estados Unidos fue el primero en saltar ante la sorprendente votación. En cabeza del secretario de Estado, Mike Pompeo, este país se pronunció y dijo que China y Rusia votaron para poner a Nicolás Maduro en el Consejo: “Farsa. Es por eso que necesitamos la comisión de derechos inalienables del departamento de Estado. Maduro está destruyendo intencionalmente los derechos humanos de todos los venezolanos”, agregó Pompeo. Asimismo, el ex presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y Representante Permanente de Venezuela Diego Arria, parte de la oposición a Maduro, inició una campaña global para expulsar a Nicolás Maduro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. acuerdo con Arria, el compromiso de la Resolución 60/251 de la Asamblea está enmarcado en la elección al Consejo de países que respetan y aplican normas estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos, caso contrario de lo que sucede en Venezuela. El régimen de Maduro que tiene hundido a su país en una crisis económica, política y social, ha cometido una serie de violaciones contra los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, líderes políticos de oposición y en general personas que no militen a favor de sus propuestas. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) el año pasado fueron asesinados alrededor de 7.523 venezolanos y venezolanas que se resistieron a los organismos policiales y militares en medio de las protestas en rechazo al gobierno de Maduro. Cabe destacar que dicha resolución del 2006, en su artículo 8, promueve que la Asamblea General debe suspender a un miembro del Consejo que cometa violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Por eso, Arria creó una página de peticiones, para recoger firmas y pedirle a la ONU que suspenda a Venezuela. “Un bofetón a Colombia” “Puede ser muy criticable y de hecho me parece que es criticable que una sociedad donde hay una violación tan alta de derechos humanos, la vinculen a un consejo que es para proteger los derechos humanos. Pero el mismo caso se podría decir de Colombia, ¿Cuál es la autoridad moral de nosotros?”, dijo León Valencia. Con más de 200 líderes y lideresas sociales asesinadas, una violencia electoral y política tan grande, fenómenos complicadísimos de derechos humanos, tampoco dejan bien parado a Colombia. De hecho, el actual gobierno tampoco podría si quiera considerar que es un ejemplo a seguir en la protección de los derechos humanos. Según el director de Pares, hay que recordar que la elección del Consejo es un derecho para todos los miembros o países que integran la Asamblea General, y en ese sentido, esas decisiones se toman de forma rutinaria. Claro está que hay países que tienen más experiencia en ciertos temas, y por otro lado, en ese proceso de rotación de las responsabilidades de las Naciones Unidas muchas veces recae en países que no tienen la autoridad moral en determinados temas. Este es el caso de Venezuela, pero Colombia tampoco la tiene. Pese a los dilemas morales, jurídicos y políticos en esta polémica decisión, lo que sí muestra de manera clara es la equivocación Colombia en las hipótesis con las que trabaja en sus políticas a nivel internacional. “Por ejemplo, eso de que van a aislar al gobierno de Maduro, y lo van a tumbar desde afuera y que las presiones económicas y políticas van a tumbar a Maduro, son hipótesis que no están dándose”, agregó. En definitiva, las hipótesis sobre Venezuela son erradas: no ha funcionado el cerco diplomático, el trabajo conjunto con el Grupo de Lima, el apretón económico de Estados Unidos y en general no ha funcionado nada. Todos los días los hechos muestran que el camino escogido por Colombia en relación con Venezuela es muy errado.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Los estudiantes de la Universidad de La Guajira llevan más de un mes pidiéndole al gobierno departamental un subsidio que les garantiza el acceso a la educación superior. Sin embargo, las manifestaciones han terminado en disturbios los últimos días, al mismo tiempo que, en el Congreso de la República se aprobaba el presupuesto nacional que incluyó un artículo que afecta a las universidades. En ese sentido, hay dos ‘micos’ que salieron a la luz pública y afectan a la educación superior, sin contar la histórica ausencia estatal en la promoción de una educación de alta calidad a nivel nacional. El primero es la falta de recursos para subsidiar a los jóvenes guajiros que ingresan a la educación superior; y el segundo, es el artículo 44 enmarcado en la ley 30 de 1992, que fue aprobado este miércoles en la ley de presupuesto Nacional, promovido por el gobierno de Iván Duque, en cabeza de su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. El caso de La Guajira En el año 2007 la Asamblea Departamental acordó la ordenanza 214 bajo el amparo de la ley 30 por medio de la cual se estableció una política de subsidios y becas a los jóvenes guajiros que quieren acceder a la educación superior. Por consiguiente, el Ministerio de Educación certificó esta norma y creó un fondo educativo para apoyar a los bachilleres que estuvieran ad-portas de graduarse. Luego fue modificada con la ordenanza 232 de 2008 con la adición de unos artículos, y desde ese momento, más de 15.000 jóvenes empezaron a beneficiarse. No obstante, desde que el gobierno centralizó los recursos en el 2018, debido a los casos de corrupción que llevaron a La Guajira a un estado de ingobernabilidad, aparentemente dichos recursos dejaron de girarse. Y es que estos recursos no están destinados directamente a las universidades, sino a los estudiantes que son los beneficiarios de estos pagos; pero lógicamente la institución educativa se ve afectada por la ausencia de los dineros de miles de jóvenes. Esa es la razón por la cual han salido a las calles a protestar porque están a un paso de quedarse sin estudio. Tal es la magnitud del problema que, si el aportante no desembolsa el dinero, el cobro deberá ser para los beneficiarios, y los universitarios no tienen cómo pagar esto. Esto significa que la ordenanza que rige hace doce años, paga la matrícula de miles de estudiantes. “Al incumplimiento del gobierno, incumple el estudiante, al incumplir el estudiante, no entran recursos correspondientes al funcionamiento, y por ende no estamos funcionando de la mejor manera porque están atrasados los salarios de los docentes, del personal”, explicó a la Fundación Paz & Reconciliación-Pares, uno de los líderes estudiantiles de la Universidad de La Guajira, una de las que más se ve beneficiada por los subsidios debido a que aglomera a la mayor cantidad de jóvenes de ese territorio. De acuerdo con el líder, que prefiere ocultar su nombre por motivos de seguridad, desde que el gobierno nacional centralizó los recursos del departamento, el gobierno departamental no cuenta con los recursos, y como los gobernadores que han ostentado el cargo no son elegidos popularmente sino designados por la ingobernabilidad esto hace que no se gestione nada. Pero el subsidio sigue siendo un derecho adquirido, que si no se cumple afectaría directamente a más de 15.000 jovenes que están en la Universidad de la Guajira y unos 3.000 alrededor en otras instituciones de educación superior. “No es puntual un beneficio para la Universidad, es un beneficio para que los jóvenes puedan acceder a la educación superior, pero la Universidad de La Guajira al ser pública, acoge a más estudiantes y se ven más beneficiados”, agregó el estudiante. Por eso, los estudiantes presentarán un pliego de propuestas para intentar llegar a un acuerdo. Puesto que, las directivas ordenaron este jueves suspender el calendario académico tras los disturbios con el Esmad, mientras el consejo toma una decisión final. Así las cosas, este viernes se decide si se cancela o no el semestre, en medio de las protestas que han agrupado a más de 3.000 estudiantes. Pero hasta ahora ninguna institución oficial se ha pronunciado frente a esta problemática. El dinero de la educación, a pagar demandas del Estado La Fundación Pares habló con la representante estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia, también miembro de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees), Jennifer Pedraza, quien contó sobre las dificultades del articulado, y las acciones que tomarán como agrupación. “Vale la pena aclarar que ese artículo ha estado en el presupuesto general de la nación desde el 2009, realmente no es algo nuevo. En este momento lo que quiere decir es que por parte del gobierno nacional podría acceder a las finanzas de las universidades públicas para financiar las sentencias en su contra”, expresó Pedraza. Según la representante, este punto es difícil de concebir en la práctica dado que las demandas millonarias no se podrían saldar con el presupuesto de las universidades públicas, que de por sí ya carece. Y por otro lado, la redacción del artículo en principio invoca a la autonomía universitaria, pero realmente la interpretación que hasta ahora se muestra no tiene que ver con autonomía. “Hay otra interpretación que se puede hacer a ese artículo que es la que se ha venido haciendo en los últimos años, y señala que ante cualquier fallo en el cual pierda una universidad o institución, entonces tendrá que asumir esos gastos que se derivan de esa sentencia”, apuntó. Esa sería entre comillas la mejor interpretación. Pero aún en esa interpretación, esta decisión es muy grave porque las universidades públicas tienen en muy mal estado su presupuesto. En ese sentido, descargar sobre ellas cualquier fallo o demanda implicaría que para que ellas pagaran esto, tendrían que dejar de contratar profesores. “En el caso de la Nacional existe ese rubro en caso de demandas, pero tocaría ver cómo está clasificado en todas las universidades. Pero así sean 100 pesos o más, esa plata ya está comprometida para el pago de los salarios de los profesores, entonces es muy preocupante”, señaló Pedraza. Según contó a Pares, ya ocurrió un episodio similar, cuando la Universidad del Atlántico fue demandada y el gobierno apeló a este tipo de artículos para decir que era la universidad quien tenia que asumir el pasivo pensional. Por eso, los pensionados apelaron al Consejo de Estado y este emitió una sentencia en la cual la mayor parte de estos recursos de pensiones tendría que ponerlos el gobierno nacional. Es decir, que el Consejo de Estado ya ha fallado y ha dicho que las universidades no tienen que asumir estos costos en su totalidad. Para poner más claro el panorama, si el pasivo pensional de la Universidad Nacional que es de 1,2 billones de pesos, es decir, todo su presupuesto, fuese adquirido por la Universidad Nacional tendría que cerrar un año entero. Así las cosas, se pueden hacer muchas cosas, pero lo primero que hará el ACREES es esperar a que sea un artículo de la nación y demandarlo por inconstitucionalidad. Por ahora, estos son dos ejemplos de un sistema educativo inestable, de muchos más que viven a diario los estudiantes en todo el país.

Por: Redacción Pares El mismo día en el que la Fundación Paz & Reconciliación lanzó el Cuarto Informe de Violencia y Dinámica Electoral, se registró un atentado en contra de Jorge Iván Ospina, candidato a la alcaldía de Cali. El hecho se registró en la sede del candidato, ubicada en la autopista sur oriental de la capital del Valle del Cauca. Tras el ataque con arma de fuego a la sede del candidato del partido Alianza Verde, Antonio Navarro Wolff —presidente vocero de la Alianza Verde—; rechazó el hecho y pidió al Gobierno Nacional garantías de seguridad. Este nuevo hecho victimizante se suma al total en 177 hechos de violencia electoral que denunció el informe de PARES, que viene registrando desde el 27 de octubre de 2018. Precisamente, este nuevo caso refuerza la tendencia de victimización que presenta el Valle del Cauca, como el departamento con más victimas por violencia electoral en Colombia y el segundo que más asesinatos registra. Además, a diez (10) días de que se celebren los comicios los hechos de violencia siguen en crecimiento. El mes de octubre ya superó el registro de agosto que tuvo un saldo de 25 víctimas y septiembre que llegó a 64. Frente a esta situación, el director de la Fundación Paz & Reconciliación, León Valencia, insistió en que los 32 asesinatos que se han registrado contrastan con las elecciones locales de 2015 y las elecciones nacionales de 2018; en las cuales no se registraron este nivel de violencia electoral. Sumado al desastroso panorama de violencia, para el analista político resulta preocupante que el Gobierno Nacional no han dispuesto a las autoridades para que se centren en el lugar donde anida la causa. Para Valencia, es necesario revisar la hipótesis de Pares que indica que “rivales políticos mandan a asesinar, amenazar o a contener a sus contradictores”. Asimismo, Valencia resalta que el Gobierno Nacional debe presentar acciones contra grupos ilegales que, desde luego, que también están ejerciendo como agentes perpetradores de los hechos. Justamente, según el informe de Pares, la mayoría de los hechos victimizantes no se conoce su agente perpetrador ubicando un 71,7% de casos con agente desconocido. De hecho, la situación es todavía más grave si se revisa los asesinatos; pues el 91% de los casos no se conoce autor material ni intelectual. Sin embargo, el informe deja en evidencia a grupos como Águilas Negras, Grupos Armados Postfarc, AGC, Caparrapos; como responsables de algunos de los hechos vitimizantes en época electoral. Hace cerca de cuatro meses, en julio, el presidente Iván Duque dio a conocer el denominado ‘Plan Ágora’, que presentó como una estrategia del Gobierno Nacional para blindar las elecciones locales del próximo 27 de octubre. En su momento, Nancy Patricia Gutiérrez, ministra de Interior, señaló que la iniciativa buscaría convocar una “sinergia institucional. El Estado tiene cómo dar respuesta.” La critica no tuvo espera, pues sectores de la sociedad civil y sectores políticos le exigieron a Duque acciones de prevención sobre los hechos que ya estaban violando las garantías para los y las candidatas. De hecho, la violencia política ha afectado mayoritariamente a candidatos de partidos de gobierno que representan el 29% de los casos, al igual que los de la oposición que tienen el mismo porcentaje de victimización. Con el tiempo ha dejado en evidencia que el Estado tal como lo ha dispuesto este Gobierno Nacional no ha podido dar respuesta. En agosto, frente a las exigencias sobre la creciente ola de violencia que enfrentaban los candidatos, el presidente Duque llevó a cabo un pacto en términos de “cultura política”. El Pacto que ha resultado simbólico pretendía la no violencia política, bajo la firma del Gobierno Nacional, los organismos de veeduría electoral y de partidos políticos. De hecho, en ese contexto, Duque señaló que “el deber de todos aquí es trabajar por una mejor democracia donde nadie puede ser estigmatizado por su forma de pensar, donde nadie sea asesinado o amenazado por la defensa de sus postulados”. Tristemente, el gobierno Duque no ha podido mitigar la violencia que hoy ha cobrado vidas por personas que han defendido sus postulados y han pretendido ocupar un puesto a nivel local. Ausencia de garantías pese a las advertencias. Su ultimo intento lo llevó a cabo en septiembre, cuando se reunió con partidos políticos, instituciones y fuerza pública para articular esfuerzos y tomar medidas que cesen los hechos de violencia. Dicho proceso lo denominaron la Comisión Nacional para la Coordinación y el Seguimiento de los Procesos Electorales.

Por: Redacción Pares Este miércoles, el expresidente Ernesto Samper Pizano (1994-1998) habló ante la Comisión de la Verdad sobre el problema de las drogas en el marco del conflicto armado interno colombiano, los militares y dinámicas de la guerra en el período 1994-1998 y la expansión de los actores del conflicto armado en ese periodo de tiempo. “Vengo dispuesto a contribuir al esclarecimiento de los hechos de guerra acontecidos durante mi gobierno”, señaló el exmandatario en el primero de los Espacios de Contribución a la Verdad en los que la Comisión de la Verdad entrevista a personas, que de manera voluntaria, desean contribuir al proceso de esclarecimiento de la verdad. Según el exmandatario, hay una relación directa entre la política y la prohibición de las drogas como un elemento que conforma este problema en el marco del conflicto armado interno. “Se habla de raíces históricas del conflicto, raíces sociales, pero me parece que falta una tercera que es la influencia de la política internacional en el conflicto colombiano en los últimos 30 años”, señaló Samper en este primer Espacio de Contribución a la Verdad. Sobre la política de fumigaciones durante su gobierno, el expresidente Samper declaró que fue un error, ya que causó un grave daño ambiental y que por cada hectárea de coca que se asperjaba se destruían dos y media de bosques “Consideramos que la fumigación podía hacer parte de una política de interdicción. Hoy estoy arrepentido de pensar así”, a lo que también indicó que «El principal problema de la fumigación aérea es la resiembra, el 90% de lo que se fumiga se resiembra. Mientras que los que se sustituye socialmente no lo hace en una gran proporción”. Desde el 2017, el expresidente Ernesto Samper está buscando que su versión sobre la Toma de Las Delicias llegue a la JEP y a la Comisión de la Verdad. A través de una carta, el ex mandatario le pidió a ambas entidades surgidas del acuerdo de paz que acepten su ofrecimiento de dar testimonio sobre los hechos violentos que se dieron entre 1994 y 1998, tiempo que estuvo en el poder. También habló sobre el Plan Colombia sobre el que aseguró que desdibujó su componente social que se negoció al principio –80 % de recursos para inversión social–.y se convirtió en un plan de lucha antiguerrillera. El expresidente seguirá declarando de manera pública y privada sobre las dinámicas de la guerra durante su gobierno, la expansión de los actores armados en ese periodo, la creación de las cooperativas de seguridad Convivir y el asesinato del dirigente conservador Álvaro Gómez. ¿Por qué someterse a la JEP? Hace un año, Ernesto Samper envió una carta a Patricia Linares, presidenta del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz, y al padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad. En ella, expresaba su voluntad para atender todos los requerimientos de ambas instituciones en pro de aportar al esclarecimiento de la verdad. Pares habló con el expresidente Samper sobre esta voluntad de acudir a la JEP y a la Comisión de la Verdad para contar los hechos relacionados con el conflicto armado ocurridos durante sus cuatro años de mandato. Pares: ¿Qué lo motivó a tomar la decisión de solicitar a la Comisión de la Verdad y a la JEP para dar testimonio sobre los hechos violentos que se dieron entre 1994 y 1998, tiempo que fue mandatario de Colombia? Ernesto Samper Pizano: Lo que me motivó para solicitar a la JEP y a la Comisión de la Verdad a que recibieran mis testimonios relacionados con el conflicto durante mi gobierno, fue la decisión que tomó, infortunadamente, el Congreso de la República de modificar lo que se había acordado en la Habana en el sentido en que estos mecanismos de justicia transicional podrían llamar a declarar a personas de la sociedad civil que habían tenido alguna forma de participación en el conflicto por la vía pasiva o la vía activa. Entonces consideré que esta decisión violentaba el derecho que tienen, y siguen teniendo, las víctimas a reclamar la verdad sobre los hechos que los afectaron. Este sentimiento me llevó a dirigir esta carta a los sistemas de justicia transicional diciéndoles que yo no me escudaría en esta especie de fuero que se estaba extendiendo a los expresidentes para ayudar a construir la verdad en los hechos de violencia que habían ocurrido durante mi gobierno. Pares: ¿Qué espera que ocurra después de brindar estos testimonios? E.S.P: Sin que esto tenga un carácter provocador o conminatorio, sí espero que el acto de este miércoles, en el que los comisionados tuvieron la oportunidad de preguntar el contexto en el que ocurrieron episodios que hoy día ellos están investigando, sirva para construir lo que yo he llamado el gran edificio de la reconciliación del cual todos vamos a ser inquilinos. Pienso que mis colegas expresidentes deberían considerar seriamente la posibilidad de asistir a la Comisión de la Verdad, sin presiones ni amenazas de judicialización, al contrario, dentro del espíritu que tiene el concepto de justicia restaurativa con el fin de seguir adelante para lograr una convivencia entre los colombianos. Considero que es un deber ético con las víctimas ayudar a contribuir esta narrativa que necesitamos, entre otras cosas para que a partir del reconocimiento que hacemos los unos de los otros podamos seguir en una gran mesa de diálogo con nuestras propias diferencias. Pares: ¿Cuál es su mensaje al país y a la clase dirigente de Colombia? E.S.P: Pienso, sinceramente, que al país le está haciendo mucho daño la polarización; pero a mu juicio esta polarización no es entre paz o guerra ya que la mayoría de los colombianos estamos a favor de la paz. Tampoco es un problema de izquierda o derecha, aquí lo que tenemos son dos bandos enfrentados no por la paz, sino por los acuerdos de La Habana. Un lado que legítimamente acompañó al presidente Santos, y el otro lado en el que está el presidente Uribe y el presidente Duque, que hoy en día tienen la responsabilidad de sostener esos acuerdos. La mejor manera de superar esta polarización es que haya una gran convocatoria en la cual pudieran participar, no solo las fuerzas políticas, sino todas las fuerzas sociales y los agentes económicos, un gran acuerdo nacional, como en su momento fue el Frente Nacional, para que se creen unos protagonismos alrededor del sostenimiento de la paz con todos los matices que se le puedan introducir. El momento del presidente Duque es el momento del posconflicto que es quizá el momento más difícil porque habrá que entrar a reconstruir el tejido social que produjo siete millones de víctimas, el tejido económico de un conflicto que nos costó alrededor del 5% del Producto Interno Bruto y el tejido institucional que es llevar la presencia social del Estado a los municipios de donde salieron las Farc. En ese desafío también tendremos que ponernos de acuerdo. Hoy en día tenemos los compromisos de los acuerdos de La Habana como corchos en medio de un remolino de una polarización entre el presidente Santos y el presidente Uribe, alineados entre esas dos orillas y eso no es bueno para el país.