Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Durante más de 20 años la lideresa afrocolombiana Francia Márquez Mina, ha estado trabajando en la defensa por el cuidado del planeta. Su lucha inquebrantable en contra de los modelos económicos que afectan al medio ambiente le ha costado amenazas, y por eso rechaza la “política de muerte” promovida por quienes gobiernan y que pone en riesgo a la humanidad. Francia, de 36 años, que ganó en 2018 el premio ambiental “Goldman”, equivalente a un Nobel ambiental, hoy, 18 de octubre de 2019, fue designada por la BBC de Londres como una de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras en el mundo 2019. “Gracias por este reconocimiento. Mi lucha como mujer afrodescendiente, es parte de la lucha colectiva de los pueblos racializados y violentados por la política de muerte que hoy tiene en riesgo la vida en la #CasaGrande, en el planeta. #SoyPorqueSomos #ElpuebloNoSeRindeCarajo”, expresó en su cuenta de Twitter. Por eso, la Fundación Paz & Reconciliación-Pares conversó con la lideresa ambiental Francia Márquez, nacida en la vereda Yolombó que hace parte del Consejo Comunitario La Toma, en el municipio de Suárez, Cauca, sobre los procesos de lucha como mujer negra. Pares: ¿Cómo sería el mundo si estuviera gobernado por mujeres? Francia Márquez Mina: Tengo que decir que el estar como mujeres gobernando un país no significa necesariamente que haya cambios en términos de justicia para ese país o población. Vemos el ejemplo en Colombia; ahora tenemos a la vicepresidenta por primera vez en la historia, pero sus políticas son contrarias a cómo garantizar el acceso a la justicia y a pensar en la equidad de género. Pero yo sí creo que muchas mujeres debemos tomar conciencia de nuestro papel, y la importancia que podría tener nuestro papel en la transformación de la política de muerte, a partir del instinto maternal -aunque muchas feministas no estén de acuerdo con esto- y a partir del instinto del cuidado en el caso de las mujeres que no han parido la vida. Yo creo que el que haya mujeres empoderadas, o por lo menos pensándonos en esas otras visiones de reconocernos en la diferencia, reconocernos desde otras visiones del mundo, yo estoy segura de que, si muchas mujeres en el mundo estuvieran gobernando, el mundo no estaría tan agotado. Sobre todo porque la política de la muerte o la guerra no ha sido impulsada por mujeres y eso sí lo tengo que decir bien claro. No hemos sido nosotras las que hemos armado batallones de guerra para matarnos; al contrario, así algunas hayan participado, no han sido las creadoras de esto. Hemos sido más de conciliar, de dialogar, y de ver cómo resolver. Pares: ¿Qué inspiró a Francia Márquez a luchar por el territorio? F.M.M: Resido en una zona rural a la orilla del río Ovejas, viendo minería ancestral, con mi familia y con la comunidad. Mi territorio es un territorio ancestral, y cuando digo ancestral es porque hemos estado ahí como pueblo negro desde 1636, es decir, desde que mis ancestros fueron traídos en condición de esclavitud. Uno todavía recorre los lugares de ese territorio y todavía encuentra las piedras colocadas de las minas esclavistas donde trabajaron los mayores de nosotros, y bueno, yo hago parte de una comunidad extensa que representa la dignidad, que representa el orgullo de lo que significa ser un hombre o una mujer negra en este país. Esa dignidad de luchar por la libertad, por parir la libertad de este país, por vivir en mejores condiciones de vida, o porque seamos reconocidos como seres humanos aquí. Pares: ¿Qué aprendió de sus ancestros? F.M.M: Soy hija de mayores, abuelos y abuelas que no saben leer y escribir, pero que han tenido gran sabiduría de cómo se hace la crianza colectiva con valores y con principios donde nos enseñan que la dignidad no tiene precio, donde nos enseñan que resistir no es aguantar. Tienen toda una sabiduría ancestral, transmitida de generación en generación por sus mayores y que ha llegado a nosotros. Ahora la tarea es seguir luchando para que en este país se nos reconozca como pueblo negro, como mujeres negras, y se reconozca que hemos aportado a la construcción de esta nación. Que el mundo reconozca que, como pueblos, negros, indígenas, que hemos sido marginados y como mujeres que hemos vivido las consecuencias del machismo y de la política de muerte que se sigue imponiendo sobre la vida de mucha gente. Yo aprendí de los mayores de mi comunidad que, así como cuidábamos los hijos, cuando el hombre no asumía su responsabilidad, así mismo teníamos que cuidar el territorio como un espacio de vida y para mí ha sido una regla fundamental para caminar de la mano de mis ancestros, de la mano de los mayores, de la mano del pueblo y articulación con otros pueblos que luchan por justicia. Yo soy de esa comunidad, una comunidad como muchas en este país que no tienen todas sus necesidades básicas satisfechas, donde por ejemplo no hay agua potable y estamos tomando agua con mercurio, producto de la minería que se ha hecho en el territorio. Y que a pesar de no saber cuánto mercurio tenemos en nuestro cuerpo seguimos luchando por unas mejores condiciones de vida en este país. Pares: ¿Qué temas son sensibles en Colombia y por los cuales ha recibido amenazas? F.M.M: Yo creo que la lucha por la gran minería en este país necesariamente es un tema que pone en riesgo la vida de muchos defensores y defensoras. Tenemos el deshonroso papel de ser uno de los países del mundo donde más líderes ambientales se asesinan, igual que líderes sociales. Y yo creo que una de las grandes preocupaciones está en el modelo de desarrollo que no está pensado como una estrategia para generar condiciones de vida digna a la sociedad colombiana, sino que está pensada como una forma de seguir acumulando capital. Otro tema es el de la paz, de cómo lograr que la paz sea una realidad en este país. Ese es un desafío y a veces hablar de esto estigmatiza. Para el caso de nosotros que estamos en territorio nos tocó crecer donde el conflicto armado estaba entre nosotros, no porque quisiéramos sino porque fue la vida que nos tocó. Y por estar en esos territorios, y hablar de la manera decidida, de querer que haya paz, pues se pone en riesgo la vida porque te ven como la que está impulsando ideologías políticas de un sector político. Entonces yo creo que esa es una situación de riesgo que empieza con estigmatizaciones y se concreta en el asesinato de personas. Pares: ¿Cuál es su mayor preocupación con respecto al cambio climático? F.M.M: Que no tomemos conciencia de la realidad que estamos viviendo como humanidad, que no tomemos conciencia de lo que hoy afronta el planeta, y que es necesario garantizar la vida. Por eso tenemos que entender que entre las miles de especies que habitan esta casa grande, los seres humanos somos uno más y tenemos que asumirlo. Somos la parte más frágil. Entonces creo que no tomar conciencia de eso es una de mis mayores preocupaciones y eso pasa porque los Estados y los gobiernos no asumen la necesidad de priorizar el bienestar colectivo en términos de cuidado del medio ambiente. Debe ser un interés general de la humanidad. Y esto implica transformar las políticas de muerte y pensarnos unas política de construir la vida. Eso implica pensarnos entre sociedad, cómo transformamos nuestra cultura del consumismo, y pensamos en una cultura más armónica, más solidaria, más recíproca con la naturaleza y lo que somos como pueblo. Pares: ¿Qué le dice al gobierno? F.M.M: Es triste ver que en campaña este gobierno le prometió a mucha gente para que votara, no hacer Fracking, y no lo ha cumplido. Lo de las fumigaciones sigue siendo un problema en este país, y sobre todo porque -hay gente que no habla de eso-, fumigar en este país tiene que ver con el racismo ambiental porque a quienes se les va a fumigar son a las poblaciones más vulnerables y descuidadas de este país. Yo creo que la mejor estrategia para cuidar el medio ambiente es enfrentar el tema de los cultivos de uso ilícito en diálogo con las comunidades, pero pensar en suplantar o transformar esos cultivos. Por eso, sobre todo creo que Colombia debería pensarse en cómo mejorar la estrategia contra las drogas. Por último, lo que yo quiero decir es que Duque es el presidente más joven de este país, y por eso debería ser un presidente que piense en la juventud, pero también que utilice su creatividad joven para hacer políticas que transformen y que ayuden al bienestar social, de la gran parte de gente excluida en este país. En ese sentido, que ayude significativamente a que Colombia sea un ejemplo de cuidado de la naturaleza y del cuidado del planeta en el mundo; y eso implica transformaciones estructurales en las políticas neoliberales de explotación que paradójicamente él mismo ha venido promoviendo.

By: The Pares Editorial Team Translated by: Rebecca Oswalt. From the article NUEVA CONVERGENCIA CIUDADANA COLOMBIA-VENEZUELA FOR A PEACEFUL RESOLUTION IN VENEZUELA AND THE RECONSTRUCTION OF BILATERAL RELATIONS The Colombia-Venezuela Civil Society Convergence is a diverse collection of social and political actors committed to a peaceful, political exit from the crisis in Venezuela. This diplomatic effort seeks to create bilateral, regional dialogues to accomplish this goal and to build bridges between the two countries. This citizen diplomacy effort is also committed to encouraging countries in the region to support legitimate negotiations between Venezuelans. Only then will it be possible to avoid forced departures from Venezuela and undue interference in the country’s affairs that further aggravate the crisis. Such an effort will also reestablish bilateral and multilateral mechanisms of understanding and cooperation, allowing the countries to address their mutual challenges and opportunities in their shared border areas. The situation in Venezuela and the status of the Colombian-Venezuelan relationship are becoming increasingly worrisome. The humanitarian emergency, social problems, and security issues combined with the acute economic and institutional deterioration not only impact the Venezuela internally, but it also has external impacts, particularly in Colombia. In turn, the severe problems within Colombia resulting from the decisions made by its government, also seriously affect Venezuela. The absence of relations between the governments of Iván Duque and Nicolás Maduro as well as Maduro’s intermittent orders to close the six border entrances along the 2,219 km border, have deepened the presence and actions of violent criminal groups engaged in smuggling, drug trafficking, illegal mining, human trafficking, sexual exploitation and the recruitment of minors into their groups. These groups impose their «laws» and illegally regulate the migrant flows between the two countries, which have shared a long, rich history of mutual exchange of many sorts. The perpetuation of this issue further erodes the state capacities and exacerbates bilateral tensions. Reactive diplomacy, such as Maduro’s movement of troops and military equipment to the border from September 10th to 28th, dangerously escalate the frictions in the area. Any action, including those that may be unintentional, can provoke a confrontation with grave, unforeseeable consequences. Furthermore, 12 OAS governments, including that of Juan Guaidó (president of the Venezuelan Parliament), are seeking to activate the International Treaty of Reciprocal Assistance (TIAR). Latin America and the Caribbean, due to the paralysis of their negotiating bodies and international cooperation organizations, are increasingly involved in global geopolitical tensions. The whole region loses by not reaching an agreement to promote a peaceful and democratic transition in Venezuela. Although the various attempts to establish dialogue between the government and the opposition have not borne fruit, these efforts and others aimed at reaching a consensus, underscore the need to create channels that will allow for a negotiated solution, as is hoped for by the vast majority of the Venezuelan people. Therefore, this Civil Society Convergence urgently calls for the strengthening of effective diplomatic, governmental, social and citizen initiatives. To that end, it will perform Citizen Dialogues in support of negotiation and peaceful transition in Venezuela. These dialogues will also enhance the reconstruction of the bilateral Colombia-Venezuela relationship and the transformation of the grave situation at the border, which we expect will contribute in turn to the consolidation of peace in Colombia.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Ya son 17 años son 882 semanas y 6,574 días. Es el tiempo que ha trascurrido desde la denominada ‘Operación Orión’ y, también, el tiempo en el que la comunidad ha adelantado procesos para hacerle el quite a la violencia. La mañana del 16 de octubre de 2002 cerca de 2000 uniformados y funcionarios judiciales del Ejército Nacional, el extinto DAS, la Policía, el CTI y las ‘Fuerzas Especiales Antiterroristas’ se tomaron la comuna 13 de la ‘ciudad de la eterna primavera’ con armas, helicópteros y tanquetas. Según el CNMH, esta intervención militar en el territorio urbano dejó más de 600 víctimas directas entre retenidos, desplazados, heridos, muertos y desaparecidos. Del total, hubo 105 personas desaparecidas forzosamente, 71 personas asesinadas por los paramilitares, 17 homicidios a manos de la fuerza pública y 80 civiles heridos. Por ese entonces, Álvaro Uribe Vélez estaba recién llegado a la casa de Nariño después de ser nombrado presidente Colombia (2002-2010) con la bandera de seguridad democrática. El alcalde de Medellín era Luis Emilio Pérez Gutiérrez, quien es ahora el Gobernador de Antioquia, y el gobernador del departamento era Eugenio Prieto Soto; quien fue nombrado después del asesinato de Guillermo Gaviria Correa —presuntamente a manos de la antigua guerrilla de las FARC—. Aquel miércoles 16 de octubre, la toma de la comuna 13 de la ‘capital de la montaña’ fue comandada por el general Mario Montoya, quien lideró la IV Brigada del Ejército, acompañado por Leonardo Gallego Castrillón, general de la Policía Metropolitana de Medellín. La Operación Orión se extendió a lo largo del mes de noviembre y diciembre. Hoy, Montoya comparece ante la JEP. Durante la operación, la población fue testigo del fuego cruzado y, ante la arremetida de fuerza pública y paramilitares, los habitantes salieron con pañuelos y sábanas blancas como símbolo de paz; pero el fuego como ‘la horrible noche’ no cesó. El general y sus presuntos delitos El 4 de noviembre de 2008, el General (r) Mario Montoya dejaba la comandancia de las Fuerzas Militares luego de que el país conociera sobre la trágica desaparición de jóvenes en Soacha que, posteriormente, fueron asesinados y presentados por el Ejército Nacional como guerrilleros muertos en combate en Ocaña, Norte de Santander. Más tarde, se sabría que esta práctica, denominada bajo el eufemismo de ‘falsos positivos’, fue recurrente entre el 2002 y 2008, y que fueron más de cuatro mil los jóvenes asesinados por la fuerza pública. Al General (r) lo señalan de ser el verdugo que ordenó miles de muertes. Se estima que, entre febrero de 2006 y noviembre de 2008, tiempo en que el Montoya comandó las fuerzas militares, una de cada tres muertes en combate fue una ejecución extrajudicial. Según la Fiscalía, el 59% del total de los casos se presentó en este periodo. Además, hay evidencias de que el General (r) tuvo conocimiento sobre las denuncias que, desde entonces, presentaron los familiares de las víctimas. Cabe recordar que Montoya había recibido, en seis ocasiones, la máxima distinción que se entrega en la República de Colombia a los militares: la Orden de los Libertadores ‘Cruz de Boyacá’. Detrás del General Montoya no sólo reposan las investigaciones sobre los homicidios extrajudiciales. Fue mencionado en las versiones libres del exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, quien confesó la complicidad que existió entre los ‘paras’ y la IV Brigada del Ejército Nacional mientras Montoya fue su comandante entre 2001 y 2003. Según ‘Don Berna’, entre el 16 y 19 de octubre de 2002, tropas de la IV Brigada, en compañía de paramilitares, realizaron el operativo militar urbano más grande de la historia: ‘La Operación Orión’, en donde hubo 88 homicidios y más de 600 víctimas. Otro de los paramilitares que mencionó en versiones libres al General fue Daniel Rendón Herrera, quien señaló que Montoya recibió dinero para ayudar a Miguel Arroyabe, del Bloque Centauros en la guerra contra ‘Martin Llanos’ por el control del Meta y Casanare. Es el militar de más alto rango que ha decidido someterse a la JEP. Desde el Ejército, participó en la coordinación de las recordadas operaciones La Mariscal, Meteoro, Marcial y Orión. Además, de acuerdo con publicaciones del diario El Colombiano, también ha estado involucrado en investigaciones sobre la masacre de San José de Apartadó, ocurrida en 2005, mientras comandaba la Primera División del Ejército. En justicia ordinaria se le adelantaba dos investigaciones: la primera por la connivencia con los paramilitares y el exceso en el uso de la fuerza durante la Operación Orión, ocurrida en 2002 mientras era comandante de la Cuarta Brigada. El operativo tuvo lugar en la Comuna 13 de Medellín y dejó 88 homicidios y más de 600 víctimas. La segunda se basa en las ejecuciones extrajudiciales de Valledupar y Santa Marta, cuando era comandante del Ejército. En 2016 la Fiscalía anunció que le imputaría cargos, pero hasta el momento no ha ocurrido. El 13 de septiembre de este año tuvo su primera cita en la JEP, sin embargo, no reconoció los cargos, tampoco pidió perdón y, al parecer, su sometimiento a la Jurisdicción es para defenderse. Se le citó nuevamente para el 17 de octubre junto con las víctimas para la audiencia de sometimiento militar.

Por: Redacción Pares Faltan dos semanas para las elecciones regionales y el país continúa sumido en una ola de violencia electoral que se hace cada vez más letal y se expande a un mayor número de territorios. En los 349 días que cubre el presente informe, PARES ha registrado 230 víctimas de 177 hechos ocurridos en 28 departamentos y 136 municipios. La magnitud del problema es tal que, en poco menos de un año, puede decirse que se ha producido una víctima de violencia electoral cada 1,5 días. Del total de víctimas, un 45,65% (105) ha ocurrido luego de que se oficializaran las candidaturas el 27 de julio de 2019. En tan solo los últimos dos meses y medio del calendario electoral, tuvieron lugar 9 de los 22 asesinatos registrados, 74 de las 171 amenazas y 13 de los 27 atentados. Parece claro que, a medida que se acerca el día de las votaciones se intensifican los ataques y sube el riesgo para distintos actores relacionados con el desarrollo del proceso electoral. Todo, en el marco de un accionar insuficiente por parte del gobierno nacional. El presente informe analiza el acumulado de víctimas y hechos de violencia electoral desde el inicio del calendario, el 27 de octubre de 2018 y hasta el 11 de octubre de 2019, describiendo las tendencias de victimización, los hechos, las víctimas y los perpetradores involucrados en este tipo de violencia política. Lea y descargue el Informe completo Siete conclusiones del Informe 1. La violencia electoral se ha tornado más letal e individualizada. Es decir, se han registrado menos casos de amenazas colectivas y han aumentado distintas formas de violencia selectiva. Graves casos como la masacre de Suárez, Cauca, en la que fue asesinada Karina García (candidata a la alcaldía) y el candidato al Concejo, Yeison Obando, o el asesinato de Bernardo Betancourt, candidato a la alcaldía de Tibú son muestra de esta tendencia. 2. La violencia electoral continúa ejerciéndose como mecanismo de competencia política y ha afectado principalmente a liderazgos y actores electorales de carácter local. 3. Los sectores políticos más victimizados han sido la coalición de oposición y la coalición de gobierno, que son quienes mostraron un potencial en las elecciones nacionales de 2018. Los sectores independientes, por su parte, también han sido constantemente victimizados, abarcando en distintos periodos entre 15% y 18% de todas víctimas registradas. 4. La identidad de los agentes perpetradores es desconocida en una amplia mayoría de los casos. Para el 71,7 % de las víctimas registradas en las bases de datos de PARES no figura un actor material o intelectual al cual pueda atribuírsele responsabilidad de los hechos. 5. La anterior conclusión, sumado a investigaciones en terreno, permiten concluir que los homicidios, atentados o amenazas, son ordenados o cometidos, en su mayoría, por competidores políticos de las víctimas y no se trata de una estrategia nacional para asesinar o amedrentar determinada corriente política. 6. Igualmente, en un análisis geográfico, concluir que hay una relación entre zonas de posconflicto y violencia política electoral no es cierto o no se puede sostener. Una buena parte de este tipo de violencia se cometió en zonas donde no hay un vacío de poder dejado por la extinta guerrilla de las FARC: Norte del Valle, zonas de la Costa Atlántica son un buen ejemplo. 7. Los lugares donde se ha concentrado gran parte de la violencia electoral se han mantenido relativamente constantes, sin mucha variación geográfica, a pesar de que en los últimos dos meses ha sido posible identificar nuevos hechos en departamentos en que antes de septiembre no se tenía registro. Actualmente, en el 85% de las 33 divisiones político-administrativas del país han ocurrido hechos de violencia electoral. Metodológicamente, este informe ha sido construido a partir de fuentes primarias y secundarias trianguladas por medio de revisiones de prensa, fuentes de territorio y la consulta con autoridades e instituciones. Para efectos de registro, se han incluido hechos en contra de funcionarios públicos, candidatos y precandidatos, miembros de partidos o movimientos políticos y personas denunciantes de casos de corrupción que han sido victimizadas por ejercer control sobre dinámicas o grupos políticos corruptos.

Por: Redacción Pares En un conversatorio en el ETCR de Tierra Grata, Cesar, víctimas de la violencia y dirigentes de Farc coincidieron en que el camino es luchar por la convivencia pacífica y trabajar por fortalecer el proceso de paz, a pesar de los problemas que afronta. Representantes de las víctimas y exintegrantes de las Farc dijeron que no hay otro camino que el de la reconciliación y el sostenimiento de “la tranquilidad que hemos ganado en muchos de nuestros territorios tras la firma del Acuerdo de Paz”. El encuentro fue convocado por la Comisión de la Verdad, Naciones Unidas, la Conferencia Episcopal y la Procuraduría General. Según información difundida por la Comisión de la Verdad, Juan Manuel Hernández, víctima de la violencia del conflicto armado, dijo que muchos de ellos están comprometidos con la causa de la paz” y pidió que “el gobierno no nos abandone, que sigan aportando a este proceso, que sigamos adelante por lograr la paz anhelada”. Jairo Barreto, víctima de la masacre de Chengue, en los Montes de María, sostuvo que el camino de la paz no es fácil, “toca sortear lo que se presenta para avanzar lo más que se pueda, vamos a avanzar, tenemos que trabajar, el Estado y nosotros tenemos la responsabilidad de avanzar”. Por su parte, el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco De Roux, manifestó que el abandono de los jefes guerrilleros Jesús Santrich, Iván Márquez y El Paisa, entre otros, fue un duro golpe para el proceso de consolidación de los Acuerdos de Paz. También hizo referencia a las intenciones de acabar con la Justicia Especial para la Paz (JEP) y las reformas que se pretenden desde el partido de Gobierno al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. También indicó que el propósito de las víctimas que llegaron a la vereda de Tierra Grata, donde hay más de 160 exintegrantes de las Farc y sus familias, es decirles a los exintegrantes de la desaparecida organización subversiva que se reincorpora a la vida civil, que sigan adelante con sus proyectos de convivencia pacífica, que ellos son una esperanza para este país y que no se amilanen. Los dirigentes de las Farc en Tierra Grata, Carolina Vargas, Yarledis Yajure y Abelardo Caicedo aseguraron que esta zona del Cesar es “cuna de la paz”, que fue el sitio donde dejaron sus armas y que están comprometidos con el proceso. Asimismo, reiteraron que no volverán a las armas y que les han incumplido en muchos aspectos, pero no volverán a la guerra, sino que lucharán por conseguir la paz definitiva en el país. El Estado debe honrar su palabra Una gran preocupación generan los hechos victimizantes que afectan a los exguerrilleros que están trabajando de frente en el proceso de reincorporación. Los hechos victimizantes y asesinatos configuran un desafío para consolidar la paz, pues los exguerrilleros que le están apostando a la implementación del Acuerdo no encuentran garantías de protección por parte del Gobierno Nacional. Según datos de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, desde el 24 de noviembre de 2016 —día de la firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón— a septiembre de este año, se registra el asesinato de 110 exguerrilleros y 26 de sus familiares. Según el registro de SIPARES, las zonas del país con mayor índice de victimización son los departamentos del Cauca, Nariño y Antioquia. Asimismo, los municipios más violentos para las personas en proceso de reincorporación son Ituango, El Charco y Tumaco. Frente a esta situación, la Fundación Paz y Reconciliación— Pares, ha alertado para que el Gobierno Nacional proteja los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Ya que —a pesar de que la presencia actual de las disidencias en Colombia a nivel municipal llega a 85, frente a los cerca de 300 municipios en donde hacían presencia en el momento de la firma del Acuerdo de Paz y que en la actualidad las disidencias son cerca de 1.800 exguerrilleros y antes de la desmovilización eran alrededor de 13.000—; estos nuevos sucesos sumados a las dinámicas de violencia podrían desembocar en una desbandada de exguerrilleros de los ETCR.

Por: Redacción Pares En Colombia, según el Índice Global de Impunidad 2019, son 16 departamentos los que se encuentran por encima de la media nacional, Sucre encabeza el listado con 75.93 puntos, y entre los 17 que están por debajo de la misma, Tolima es el departamento con menor impunidad con 36.39 puntos. La mayor responsabilidad de la presencia del fenómeno de la impunidad recae en las autoridades nacionales y no en las locales: la Policía nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial a través de los tribunales y el sistema penitenciario, principalmente. Los departamentos y territorios con muy alta impunidad según el IGI-COL son: 1) Sucre, 2) Norte de Santander, 3) Guaviare, 4) Meta, 5) Cundinamarca, 6) Huila y 7) Arauca. Los departamentos y territorios con alta impunidad según el IGI-COL son: 8) Magdalena, 9) Cauca, 10) Bolívar, 11) Nariño, 12) Guainía, 13) Vichada, 14) Putumayo, 15) Chocó, 16) San Andrés y Providencia, 17) Valle del Cauca, 18) Cesar y 19) Caquetá. Los departamentos y territorios con impunidad media según el IGI-COL son: 20) La Guajira, 21) 8 índice global de impunidad de colombia (igi-col) 2019 Atlántico, 22) Boyacá, 23) Antioquia, 24) Casanare, 25) Amazonas, 26) Córdoba, 27) Bogotá, 28) Santander, 29) Quindío y 30) Risaralda. • Los únicos dos departamentos con bajo nivel de impunidad son: 31) Caldas y 32) Tolima. El territorio de 33) Vaupés es considerado como un caso atípico porque los datos estadísticos no reflejan la realidad debido, principalmente, a la ausencia de cifras en algunas de las variables y a la inexistencia de centros penitenciarios en su jurisdicción. Al igual que otros departamentos de su grupo, la impunidad en este departamento podría ser catalogada como impunidad estadística. Sucre, medalla de oro de la impunidad nacional Sucre es el departamento con mayor impunidad en el país, encabezando el ranking general y el de su grupo. El componente que más aporta a dicho desempeño es el funcional del sistema de seguridad, seguido muy de cerca del funcional de justicia. Frente a este último, Sucre es el tercer departamento con mayor número de encarcelados sin sentencia en primera instancia y el segundo en causas penales entre investigaciones. Asimismo, su porcentaje de encarcelados entre averiguaciones previas es muy bajo, al igual que el personal destinado a labores de seguridad pública. Este departamento continúa con la tendencia de la recurrencia en crímenes como el hurto a personas y lesiones personales, las cuales representan un 26.7% de la totalidad de crímenes registrados y responden a los patrones de criminalidad común. No obstante, en este departamento la amenaza sigue muy de cerca y se ubica en la tercera posición de recurrencia con 1,131 registros que puede responder a la presencia de distintos actores armados, lo que igualmente indicaría un registro alto y negativo en la cifra negra por la cantidad de denuncias que no llegan a ser formuladas antes los entes investigativos. Para 2018 se registraron 17,038 delitos y 12,812 (75.2%) se reportan en indagación, pero tan sólo 1,621 (9.5%) se encuentran activos y avanzando de manera efectiva. Sólo 148 casos llegaron a la etapa de investigación divididas en 103 activas y 45 inactivas. 464 delitos se encuentran en etapa de ejecución de penas y 1,195 personas se encuentran detenidas en las cárceles del departamento. Tolima, campeón nacional contra la impunidad Tolima es el departamento con menor impunidad en el país, seguido de Caldas. Los componentes funcionales de los sistemas de justicia y seguridad explican el resultado. Es uno de los departamentos con el menor porcentaje de encarcelados sin sentencia en primera instancia y uno de los que presenta mayor número de causas penales entre carpetas de investigación. Según el Informe Global de Impunidad Colombia 20189 IGI, el porcentaje de encarcelados por homicidio entre homicidios en averiguaciones previas es atípico, estando muy por arriba del promedio nacional. Se encuentra entre los departamentos con mayor número de jueces y magistrados por habitantes, y el personal carcelario entre capacidad instalada es de los más bajos del país. Al igual que en otros departamentos con niveles aceptables de acceso a la justicia y confianza en sus instituciones, Tolima registra un número de delitos atípico, muy por encima del promedio nacional. Para el departamento del Tolima, el hurto a personas y las lesiones personales son los dos principales delitos, esto corresponde al 27.7% de los 39,774 delitos que se registraron en el departamento. Posteriormente, y más relegados, se presentan los delitos de violencia familiar e inasistencia alimentaria y lesiones culposas por accidentes de tránsito. Se presentaron 39,774 delitos. Del total de delitos, 27,194 (68.3%) se encuentran en indagación y tan sólo el 1.2% del total se está investigando. El porcentaje de estados activo, tanto de indagación como de investigación, se reduce aún más drásticamente alcanzando el 27.5% y el 0.8% respectivamente. Finalmente, del total de delitos llegaron a condena 1,694 delitos. ¿Qué es el Índice Global de Impunidad de Colombia? El IGI-COL es un instrumento cuantitativo para medir la impunidad en el ámbito subnacional de los departamentos y territorios de Colombia. Tiene como base metodológica al Índice Global de Impunidad (IGI) elaborado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas Puebla, México (que comenzó con este proyecto en 2014). Es la herramienta de interpretación cuantitativa de mayor reconocimiento académico internacional para medir el fenómeno multidimensional de la impunidad. El IGI-COL utilizó como referencia para medir la impunidad subnacional el Índice Global de Impunidad de México (IGI-MEX) que pudo medir este problema para los 32 estados de la República mexicana; además , tomó en cuenta las particularidades del caso colombiano en términos de su organización administrativo-gubernamental y las condiciones propias de un país que vive, al mismo tiempo, un proceso de paz histórico, así como la permanencia de conflictos armados en buena parte de su territorio.

Por: Redacción Pares Colombia ocupa el quinto lugar en América Latina en el Índice Global de Impunidad 2017, sólo detrás de Venezuela, México, Perú y Brasil, y el octavo en el ámbito internacional de los 59 países que se pudieron medir. La impunidad es un fenómeno que se presenta en niveles elevados en Colombia, el 57% de departamentos se clasifica en un nivel alto o muy alto de impunidad y sólo el 9% se encuentra en un nivel bajo. El Índice Global de Impunidad Colombia 2019 es un instrumento cuantitativo para medir la impunidad en el ámbito subnacional de los departamentos y territorios de Colombia. Tiene como base metodológica al Índice Global de Impunidad (IGI) elaborado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas Puebla, México (que comenzó con este proyecto en 2014). Hay algunas grandes conclusiones producto de este estudio. Por una parte, las economías ilegales asociadas a la producción de cocaína, la extracción ilícita de minerales y otros recursos naturales son probablemente una de las variables más importantes que explican el fenómeno actual de la impunidad en Colombia. Además, la desmovilización de las FARC-EP ha provocado que otros movimientos guerrilleros tradicionales como el ELN y grupos neoparamilitares ocupen territorios y espacios criminales, provocando el incremento de diferentes tipos de delitos en el territorio colombiano y, en consecuencia, elevando los niveles de impunidad en algunos departamentos. Otra conclusión de este Informe Global de Impunidad Colombia 2019 es que existe una concentración atípica de personal de la Fiscalía General de la Nación y la Policía nacional en departamentos productores de petróleo y con presencia de actores armados organizados. Lo anterior no guarda igual relación con el número de delitos en los departamentos. Adicionalmente, existe una concentración atípica de delitos en los departamentos con mejor desempeño en el índice de acceso a la justicia, elaborado por el DNP, entre ellos Cundinamarca y San Andrés. En contextos de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, como en Colombia y México, las historias de impunidad salen a la luz pública cada día. Y aunque es innegable la responsabilidad de las instituciones estatales en la perpetuación del fenómeno, también es cierto que –dada la magnitud y frecuencia de los delitos– la configuración actual de los sistemas penales de justicia ordinaria (orales, inquisitivos y mixtos) parecen estar fracasando en la reducción de los niveles de impunidad, no sólo en el sentido del castigo de los responsables, sino también en el esclarecimiento de los crímenes (derecho a la verdad), la reparación y las garantías de no repetición para las víctimas, que, contrario a lo que se cree, no sólo son estándares de la justicia transicional sino de todos los sistemas de justicia. Como explica León Valencia, director de Pares, «Es claro que el fenómeno de la impunidad es la fuente de las conductas antisociales que nos afectan como ciudadanía día tras día: la corrupción, inseguridad y violencia se perpetúan y propagan por la falta de castigo a los individuos que las comenten. Según ONU-Mujeres, en Colombia, por ejemplo, sólo el 13% de los feminicidios llega a una condena; en el caso de la desaparición forzada, según el Movice, de los ochenta mil casos reportados al 2018 se había investigado apenas 7,700 y, de éstos, sólo 337 tuvieron una sentencia condenatoria. Es decir que el 99.5% se encuentran sin resolver.» En el caso del hurto, otro de los delitos más frecuentes en el país, además de los altos niveles de impunidad, de los más de 240,000 capturados en 2017 «91,423 ya habían sido arrestados entre dos y nueve veces. Cerca de un centenar tienen el impresionante récord de haber sido apresados cometiendo delitos entre 41 y 70 veces». Justamente, la generalización de la impunidad en Colombia y las similitudes con el caso mexicano llevaron a Pares y a la Universidad de las América Puebla a implementar el Índice Global de Impunidad para Colombia (IGI-COL 2019), que tiene como objetivo evaluar estadísticamente el fenómeno de la impunidad a nivel subnacional desde una perspectiva integral, no sólo como medición del castigo de los delitos sino como una cadena de eventos que comienzan al momento de la comisión de un delito y termina en la reparación de la víctima, pasando por un proceso de denuncia, esclarecimiento de los hechos y enjuiciamiento de los responsables. El proceso de construcción del índice fue, en sí mismo, una evaluación del fenómeno de la impunidad en Colombia. El primer paso, la consecución de las cifras, nos llevó a la conclusión de que en el país aún prevalece la impunidad estadística. A la falta de transparencia de las instituciones de seguridad y justicia en la publicación de los datos –que son por naturaleza públicos y que permiten la veeduría ciudadana sobre su labor– se suma que, para algunos departamentos, en especial los de las regiones Orinoquía y Amazonía, los datos ni siquiera son reportados. A continuación presentamos el Índice Global Impunidad Colombia y los resultados de su primera edición. En la primera parte se hace un recuento de las principales conclusiones del análisis de los resultados y algunas recomendaciones de política pública acordes a éste. A partir de allí se expone el marco conceptual y metodológico adoptado, y por último se presentan los resultados y análisis por departamento. Esperamos que esta herramienta sirva para orientar reformas que permitan avanzar en la consolidación de la paz y el estado de derecho en el país. Lea y descargue aquí el Informe Completo

Por: Redacción Pares Foto: TeleSur El sistema de la ONU en Ecuador anunció que el presidente del país, Lenín Moreno, ha logrado un acuerdo con las tres principales organizaciones indígenas, en una mesa de diálogo facilitada por las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal ecuatoriana. El mandatario y los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas y Negras, y el Consejo de Pueblos Indígenas Evangélicos del Ecuador, acordaron dejar sin efecto de manera inmediata el decreto 883, que retiraba el subsidio de la gasolina, la razón por la cual comenzaron las protestas. Tras un largo diálogo que fue televisado y transmitido en redes sociales durante varias horas, las partes también acordaron trabajar en la elaboración de un nuevo decreto que “permita una política de subsidios, con un enfoque integral, que precautele que éstos no se destinen al beneficio de personas de mayores recursos y a los contrabandistas, con criterios de racionalización, focalización y sectorialización”. “Con este acuerdo se terminan las movilizaciones, y medidas de hecho en todo el Ecuador”, expresó el coordinador residente de las Naciones Unidas, Arnaud Peral. Por otro lado, el sistema de la ONU en Ecuador también anunció que este martes se llevará a cabo una reunión entre el Gobierno y el movimiento de trabajadores, otro sector que había mostrado su descontento. El domingo, el Secretario General de la ONU, António Guterres, dio la bienvenida al diálogo en el país, que estuvo sumido en protestas durante más de una semana, algunas que se tornaron violentas. António Guterres hizo un llamado a todos los actores para que se comprometan a un diálogo inclusivo y efectivo, y trabajen de buena fe en busca de una solución pacífica a los importantes retos que enfrenta el país.

Por: Hugo Acero Velásquez. El Gobierno Nacional, a pesar de las buenas intenciones, se ha quedado corto en la solución de los problemas de violencia y delincuencia por los que atraviesa el país en la actualidad. A continuación, se exponen una serie de propuestas que intentan enderezar el camino. Para comenzar, es necesario reconocer que hoy los problemas violencia y delincuencia están más asociados a la seguridad ciudadana que al conflicto armado, situación de “guerra interna” que predominó hasta la desmovilización de las FARC y que persiste en la visión de algunos funcionarios, instituciones y fuerzas políticas. Esta nueva realidad, supone que la concentración de esfuerzos y recursos de las instituciones del Estado nacional y territorial se deben orientar hacia la seguridad de los ciudadanos. Por otro lado, más que los problemas de violencia y delincuencia, que son ampliamente conocidos por las instituciones de seguridad y justicia y por centros de pensamiento especializados en estos temas, el gran problema es de gestión y coordinación entre las instituciones que tienen la obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Prueba de lo anterior es la Política de Seguridad y Defensa del actual gobierno que desconoce a los alcaldes y gobernadores, quienes son responsables de estos temas a nivel local. Por otro lado, hasta ahora el país no cuenta con una política nacional de seguridad y convivencia y las intervenciones en los territorios donde hay graves problemas de violencia y delincuencia son variadas y no se coordinan, como es el caso de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII), las de Construcción de Legalidad (ZCL), las de Legalidad Emprendimiento y Equidad (ZLEE) y las recientes Zonas Futuro (ZF) presentadas por el Consejero de Seguridad Sergio Guarín. Hoy en Colombia, existen varias instituciones del orden nacional que tienen que ver con la seguridad ciudadana, que desde luego debe incluir el tema de justicia; instituciones que desde su ámbito de responsabilidad cumplen con sus funciones, pero que no coordinan con las demás instituciones de seguridad y justicia como se debiera, para solucionar los problemas de violencia y delincuencia de manera integral. No existe una cabeza administrativa que lidere y coordine las distintas instituciones. De manera gráfica, si un alcalde o gobernador quiere coordinar algunos temas especiales en materia de seguridad ciudadana con el Gobierno Nacional debe pedir varias citas en Bogotá, una con el Ministro de Defensa o con el director de la Policía Nacional para pedir más policías, una más con el Ministro del Interior si quiere algunos recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana –FONSECON-, o con el Presidente o la Vicepresidente para que le ordene a todas las anteriores instituciones trabajar con el Alcalde. También debe pedir una cita con el Fiscal General de la Nación para que esta institución asigne más fiscales y se fortalezca la investigación criminal en su municipio. Ahora, si el tema tiene que ver con la justicia, debe reunirse con el Ministro de Justicia y del Derecho para tratar los temas cárceles, de resolución pacífica de conflictos y de justicia cercana al ciudadano. Si el problema es de justicia juvenil debe ir al ICBF que coordina el Sistema de Responsabilidad penal de Adolescentes -SRPA- y es con los jueces, hay que ir al Consejo Superior de la Judicatura o reunirse con el Consejo Seccional. Es decir, si los alcaldes y gobernadores quieren contar con apoyo de las instituciones nacionales de seguridad y justicia, anteriormente mencionadas, deben permanecer un buen tiempo en Bogotá cumpliendo las citas o consiguiéndolas con el apoyo de algún congresista, funcionario o amigo cercano a estos funcionarios. No todos los mandatarios locales tienen “palanca” que les ayude en esta tarea. Esta situación, no solo afecta la gestión territorial y local de la seguridad ciudadana, sino que a nivel nacional no existe coordinación adecuada entre estas instituciones, como tampoco una cabeza que las gobierne o coordine de manera adecuada y permanente, situación que se hace manifiesta en las diferencias y discusiones públicas entre distintos funcionarios de seguridad y justicia del orden nacional. Esta falta de cabeza y de directrices claras de coordinación, también ha contribuido para que el país hoy no tenga planes públicos nacionales, en materia de seguridad y convivencia y de política criminal. Es decir, no hay cabeza, ni hojas de ruta para enfrentar de mejor manera la criminalidad y la violencia nacional y local. Frente a esta situación, a nivel nacional, es urgente que el Presidente defina quién o qué institución debe liderar este tema, cómo se van a coordinar las instituciones de seguridad y justicia, inclusive las de desarrollo social si se tienen en cuenta los distintos programas de intervenciones interinstitucional en los territorios donde se concentran los principales hechos de violencia, delincuencia. Igualmente, debe definir cómo se va a coordinar con los alcaldes y gobernadores que serán elegidos el 27 de octubre y comenzarán a ejercer a partir del 1 de enero de 2010. A su vez los nuevos alcaldes y gobernadores deberán asumir las responsabilidades constitucionales y legales que tienen en materia de seguridad. Además de contar con buenos diagnósticos sobre los problemas de violencia y delincuencia a nivel nacional y local, es importante contar con una arquitectura institucional que coordinen todas las instituciones de seguridad y justicia, bajo el liderazgo del Presidente o quien él designe. Este trabajo liderado y coordinado, además de potenciar los esfuerzos institucionales individuales, ahorra recursos y los resultados son mejores, como lo pueden certificar las ciudades capitales que desde hace algunos años cuentan con institucionalidad, tienen políticas públicas integrales y trabajan en equipo con las instituciones de seguridad y justicia. Qué hacer frente a la criminalidad cada vez más organizada En materia de seguridad ciudadana se está ante una delincuencia cada vez más organizada, en algunos casos empresas criminales constituidas desde hace muchos años y que tienen varias líneas de acción, como es el caso de algunos grupos que se dedican al narcotráfico para la exportación, al microtráfico, que es la distribución al menudeo en municipios y ciudades del país, al robo, recepción, transporte y comercialización nacional e internacional de bienes hurtados, como celulares, vehículos, motos y autopartes, a la minería ilegal, a los préstamos “gota a gota”, entre otras actividades ilegales. Frente a esta situación, es necesario que las autoridades nacionales y locales fortalezcan el trabajo en cinco campos: uno, de inteligencia e investigación criminal, dos, concentración de esfuerzos policiales en zonas de alta incidencia de violencia y delincuencia, tres, fortalecer la participación ciudadana en materia de seguridad y convivencia y cuatro, intentar solucionar el grave problema carcelario y penitenciario. Estas propuestas complementarían los planes integrales de convivencia y seguridad ciudadana, tanto el nacional, como los de los entes territoriales. Inteligencia e investigación criminal en contra de empresas criminales Hay que fortalecer el trabajo interagencial de las instituciones de inteligencia e investigación criminal de la Policía, la Fiscalía y contar con la participación del Ministerio de Hacienda, a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF-, para no solamente enfrentar y desarticular las organizaciones criminales, sino para identificar y expropiarles los bienes y recursos mal habidos de quienes hacen parte de estos grupos y sus familiares. Expropiar “sus bienes” es lo que más les duele a los criminales. En este campo, es importante mirar la experiencia que en los últimos dos años ha adquirido Medellín con la formulación y aplicación de su Política Criminal Territorial, que se ha orientado hacia la identificación de las estructuras criminales que existen en la ciudad, así como a cada uno de los miembros que la componen para desarticularlas. Esta política prioriza los fenómenos delincuenciales de mayor impacto, unifica criterios de intervención de todas las instituciones de seguridad y justicia sobre un objetivo común y establece una única línea de seguimiento y evaluación. Hoy la ciudad cuenta con el Inventario Criminal Unificado que identifica las distintas estructuras criminales y sus miembros. Este inventario se elaboró con base en la información compartida de la Policía y la Fiscalía y fue complementado con un diagnóstico participativo que se hizo a los principales líderes de las comunas y corregimientos de la ciudad, con el objetivo de actualizar la calificación de las principales problemáticas de seguridad y convivencia en los barrios y comunas. De esta manera, se identificaron las organizaciones delincuenciales que tienen presencia en cada uno de los territorios, se determinaron los delitos y modalidades ejecutadas, así como su relación con otras organizaciones delincuenciales que operan en el Área Metropolitana, en Antioquia e inclusive en el país. Con base en esta información y en un trabajo interagencial se diseñó y puso en funcionamiento el Modelo de Intervención del Crimen Organizado. Una estrategia orientada no solo a capturar los cabecillas de las organizaciones criminales que operan en la ciudad y en la región, que se reponen fácilmente, sino a acabar estas estructuras criminales con la captura de cabecillas, mandos medios e inclusive bajos Dentro de esta Política se fortalecieron y/o crearon grupos especiales por delito, como es el caso de: La Creación del Direccionamiento Integral Operativo para la Reducción del Delito (DIORE), un centro de análisis multidisciplinario que integra diferentes especialidades del servicio de policía y sirve de apoyo para distintos procesos de operativos y de investigación criminal, como el proyecto de Disuasión Focalizada de la DIJIN para la reducción del homicidio, al Modelo de Cuadrantes (MNVCC) a través de análisis de los turnos de vigilancia y la frecuencia delincuencial y la investigación criminal con análisis de redes sobre estructuras criminales. La estrategia Fuerzas Articuladas Contra el Crimen Organizado (FACON) de la Fiscalía General de la Nación, la cual se materializa en la Resolución 2110 de 2017, con las diferentes acciones que tiene la Policía Nacional, apoyando su integración bajo la estrategia CEFCO (Centro de Fusión contra el Crimen Organizado), el cual se materializó en la directiva 044 de 2018, documento mediante el cual por primera vez se distribuye la Policía Judicial por estructura de Grupos de Delincuencia Organizada -GDO- y los Grupos de Delincuencia Común Organizada -GDCO-, logrando resultados importante que apuntan a la desarticulación de estos grupos. Desde la creación de estos grupos, en Medellín se ha logrado la detención y privación de la libertad de más de 150 lideres, más de 350 mandos medios y cerca de 3000 de base de los diez (10) Grupos de delincuencia Organizada -GDO- y de los más de ochenta (80) Grupos de Delincuencia Común Organizada -GDCO que operan en la ciudad y en los municipios circunvecinos, como es el caso de Bello donde por décadas han operado varios organizaciones criminales como Los Pachelly, Los Triana, Los Mesa, Niquia, entre otros. Esta experiencia de trabajo conjunto, que optimiza y fortalece el accionar de las instituciones de seguridad y justicia involucradas frente a las estructuras criminales, debe replicarse a nivel nacional, así como en muchos municipios y departamentos donde hoy los delincuentes parecen imponer sus condiciones, mientras las instituciones del Estado siguen trabajando cada una por su lado. Menos policías: concentración de esfuerzos de seguridad, justicia e intervención social en sitios de alta violencia y delincuencia A pesar de la necesidad y solicitudes de incremento del pie de fuerza de la policía en casi todos los municipios y departamentos del país, esto no es posible, antes bien el número policías en el país va a seguir disminuyendo. A la fecha se registra una disminución de doce mil (12.000) policías que se han pensionado y en los próximos años puede llegar a superar los treinta mil (30.000), cifra que es imposible reponerla porque no se tiene la capacidad de seleccionar y capacitar igual número de policiales en tan corto tiempo. Frente a esta situación, además de aplicar las propuestas anteriores, hay que racionalizar los servicios de policía y distribuirlos de acuerdo con los problemas de violencia y delincuencia, como lo propuse en el artículo anterior. A manera de ejemplo, como lo muestra el siguiente cuadro, no se entiende la distribución de los policías en las Áreas Metropolitanas. Frente a esta situación, hay optimizar y concentrar los esfuerzos de los pocos policías que se tienen en los territorios donde se concentran los hechos de violencia y delincuencia, como bien lo expuso el Director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, el General Jorge Luis Vargas, en entrevista que le concedió a El tiempo el pasado 14 de septiembre. Esta estrategia se sustenta en: Concentración de esfuerzos policiales y de la Fiscalía en los territorios, barrios, días y horarios donde se presentan la mayor cantidad de hurtos y otros delitos. Cambio de la rutina de los policías en los territorios intervenidos, especialmente en los días y horarios que se presentan los delitos. Suele suceder que algunos delitos se incrementan los fines de semana y es cuando hay menos policías y la operatividad de la fiscalía y jueces disminuye. De esta estrategia, para tener un mayor impacto y garantizar la sostenibilidad de los resultados, deben hacer parte activa los alcaldes, los gobernadores y las comunidades de los territorios que se van a intervenir. Fortalecer el capital social En materia de cualquier política pública, la participación de los ciudadanos es fundamental y en particular en temas de convivencia y seguridad ciudadana, en la medida en que los ciudadanos no solo pueden apoyar a las autoridades en sus labores de seguridad y justicia, sino que pueden constituirse en veedores para que las funciones que desempeñan las autoridades se ejecuten en el marco del Estado de Derecho, no haya corrupción y se exijan resultados públicos y periódicos. En este aspecto, hoy están en segundo plano buenas experiencias como los Frentes Locales de Seguridad y las Escuelas de Seguridad y la policía está cada vez más alejada de los ciudadanos, como lo demuestran los resultados de la encuesta Gallup Poll donde la policía tuvo una opinión favorable por encima del 70% hasta 2010 y hoy está por debajo del 50%. Intentar solucionar el problema carcelario y penitenciario Pareciera que los distintos gobiernos no han tenido la voluntad política para realizar acciones de fondo para asumir y tratar de solucionar el grave problema de desgobierno que tiene las cárceles y penitenciarias colombianas y este campo se pueden realizar distintas acciones que avancen en la solución del grave problema que afecta la seguridad ciudadana, en la medida en que hoy este sistema es su “Talón de Aquiles “ porque ya no hay donde encarcelar más delincuentes y solo reproduce más violencia y delincuencia. En este caso, el Estado, en cabeza del Presidente, puede: -Realizar una reforma profunda reformado el INPEC y la USPEC, trasladando estas funciones al Ministerio de Defensa en cabeza de un viceministerio, haciendo parte de un nuevo Ministerio de Seguridad Ciudadana y Defensa, como lo propuso un estudio del Departamento Administrativo de la Función Pública de 2017. Si la reforma no es tan profunda, que las nuevas cárceles y penitenciarias sean administradas y controladas por personal distinto al INPEC, personal formado y entrenado para estas tareas y que no sean sindicalizados. Esto demostrará, en poco tiempo, que es posible unas cárceles que cumplan con las funciones de sanción y resocialización y unos buenos ejemplos marcarán el camino para solucionar los problemas actuales. Tramitar una ley que no permita que el cuerpo armado y servicio público esencial del INPEC, como sucede con las Fuerzas Armadas, tenga sindicatos. Tener una guardia penitenciaria y carcelaria de excelencia. Pensar en cárceles de mediana y baja seguridad, donde los municipios puedan invertir para sancionar a los infractores de delitos menores, pero no bajo los costos corruptos de funcionarios y constructores que tienen los precios más alto por metro cuadrado de construcción, alimentos y demás servicios que garantizan los derechos de los internos y que hoy se manejan desde la USPEC. Pensar en cárceles de fin de semana. Pensar, diseñar y ejecutar medidas alternativas a la privación de la libertad. En este grave problema, no se ven soluciones a la vista.

Por: Redacción Pares Foto: TeleSur El sistema de las Naciones Unidas en Ecuador anunció que tras la aceptación pública de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y del Gobierno para establecer una mesa de diálogo, se comenzará de inmediato el contacto directo con ambas partes y otros actores sociales para concretar próximos pasos y evitar la escalada de violencia. El país lleva más de una semana sumido en protestas tras el anuncio del mandatario del retiro del subsidio al combustible. Los líderes indígenas piden que se revierta la decisión. A través de las redes sociales, la ONU también saludó que el Frente Unitario de Trabajadores haya manifestado su voluntad de sumarse a una mesa de diálogo que permita la construcción de «un clima de paz y encontrar soluciones duraderas para el bienestar de todas las personas«. Este sábado, miles de personas están concentradas en Quito. Buscan la salida de Moreno o la derogatoria del decreto 883. Este sábado, las Naciones Unidas reiteraron su llamado a Ecuador a «unir fuerzas» desde todos los sectores para poner fin a la violencia y establecer un diálogo. La Confederación de Nacionalidades Indígenas en el Ecuador y el Frente Unitario de Trabajadores anunciaron su disposición para establecer una mesa de diálogo con el Gobierno de Lenin Moreno. Las Naciones Unidas facilitarán las conversaciones. «Estamos listos para apoyar un proceso eficiente e inclusivo que genere soluciones duraderas para el desarrollo y la paz del país», expresó el sistema de la ONU en Ecuador. El pasado jueves el portavoz de la ONU en Nueva York confirmó que el Gobierno de Lenin Moreno envió un pedido al Secretario General para apoyar un diálogo, a lo que se dijo que la Organización estaría lista para apoyarlo «solo si todas las partes están de acuerdo«. Según despachos de prensa, en las últimas horas el presidente de Ecuador declaró un toque de queda en Quito y las áreas aledañas. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos expresó su preocupación por los actos de violencia que habrían sido cometidos por las fuerzas de seguridad ecuatorianas contra manifestantes a lo largo del país el fin de semana pasado en el contexto de un Paro Nacional. En un comunicado, la Oficina también rechazó enfáticamente los hechos de violencia cometidos por terceros tales como agresiones a personas, destrucción de bienes públicos y privados, saqueos, bloqueos de la vía pública, entre otros.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares En la segunda entrega de Candidatos Cuestionados a Alcaldías y Gobernaciones en el marco de las elecciones regionales de 2019, la Fundación Paz & Reconciliación-PARES arrojó cuatro grandes conclusiones que enmarcan una investigación de 6 meses en los que se analizaron 522 candidaturas manchadas de corrupción y herencias políticas con la ilegalidad. Pero en general lo que PARES ha encontrado es que hay once (11) departamentos del país donde los clanes políticos, las viejas estructuras políticas van a ganar y van a barrer a la oposición. De acuerdo con el subdirector de la Fundación, Ariel Ávila, prácticamente se va a aniquilar a la oposición lo cual demuestra que esta democracia está en muy mal estado de salud. Así las cosas, los once (11) departamentos donde los candidatos con mayor probabilidad de quedar elegidos prácticamente ya tienen el cargo asegurado son Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre, La Guajira, Putumayo, Magdalena, Valle del Cauca, Chocó y Cundinamarca. Cabe destacar que los más de 500 investigados fue el número global del informe, y en la primera entrega se presentaron 243 candidatos cuestionados, y en esta última, PARES informó sobre 279 aspirantes. Las cuatro conclusiones En ese sentido, la primera conclusión es que hay un total de 184 candidatos y candidatas a alcaldías, gobernaciones, asambleas y concejos que tienen graves cuestionamientos por casos de corrupción, por relaciones con organizaciones criminales, por haber sido firmantes o condenados por escándalos como la parapolítica o por ser herederos de estructuras criminalizadas, es decir, gobierno en cuerpo ajeno. Y este año de elecciones tiene la particularidad a diferencia de las regionales de 2015, que en esta ocasión se incrementó el número de departamentos con candidatos cuestionados, teniendo en común que dichos cuestionados son los más opcionados para ganar en estas zonas del país. La segunda conclusión a la que se llegó PARES, es que de esos 184 candidatos hay departamentos donde literalmente no hay por quien votar, es decir, las dos o tres principales opciones están cuestionadas. Por ejemplo, en el departamento de La Guajira los tres principales candidatos que puntean a la gobernación están cuestionados. En el departamento de Bolívar los tres principales candidatos están cuestionados, como Vicente Blel heredero de un parapolítico, Hernando Padauí, muy cercano a Enilce López, más conocida como “la gata”. Y en el caso de Putumayo, también hay candidatos muy cuestionados como Jhon Molina y Jorge Coral Rivas; lo que en definitiva muestra que en todas esas zonas sin importar quién gane, van a ser muy corruptas. La tercera conclusión es que dichos candidatos utilizaron las coaliciones de partidos, y en ese sentido, ninguno asumió la responsabilidad directa de avalar a una persona con ese historial corrupto e ilegal. En otros casos, se fueron por movimientos de ciudadanos o firmas. Y los partidos que cobijan más candidatos cuestionados son el Conservador (20), el Liberal (18), el de la U (18), el Centro Democrático (17), el de ASI (8) y el de Cambio Radical (8). La cuarta y última conclusión a la que llegó PARES, es que hay unos “microterritorios” en los cuales confluyen desde presencia de grupos armados ilegales, infiltración de narcotráfico en campañas y hasta a candidatos cuestionados. Dichas zonas constituyen el norte del departamento del Valle, en sus 16 municipios; la región del bajo Putumayo, en los municipios de Puerto Asís, Valle del Guamez, entre otros; la región del Bajo Cauca, encabezado por Caucasia, Cáceres y Tarazá. A esos microterritorios donde todo confluye en materia de violencia electoral y política, se suman el Urabá antioqueño chocoano; la alta Guajira; el Sarare araucano, que es Saravena, Tame, Fortul y la capital Arauca; el Catatumbo, más la región de Tibú; Norte de Cauca; el sur de Córdoba, Montelíbano, Puerto Libertador y Tierralta; Bello que es del área metropolitana del Valle de Aburrá; buenaventura y el sur del departamento del Chocó. “Esto nos lleva a decir que en esos lugares van a ganar las viejas estructuras políticas, van a barrer con más del 70% de los votos, donde literalmente pues no habría que hacer elecciones porque van a ganar alcaldías, gobernaciones, y no van a tener prácticamente oposición”, agregó Ávila.

Por: Carlos Castelblanco Pinedo – Redacción Pares «Las sociedades necesitan mecanismos que amortigüen las desigualdades. Desigualdades sociales tan extremas como en Colombia no solo son injustas, sino también perjudican un desarrollo económico sostenible y ponen en peligro la democracia y la construcción de paz. ¿Cómo puede funcionar un sistema democrático si las desigualdades son tan extremas? Debe verse la relación entre la desigualdad y la violencia; lo que sabemos es que más desigualdad aumenta la posibilidad de que haya inseguridad, y es un tema que nos preocupa a todos en Colombia. No vamos a vivir en una sociedad segura mientras existan grandes desigualdades.» Pares habló con el Dr. Stefan Peters, Director Académico del Instituto Colombo-Alemán para la Paz – CAPAZ y catedrático de Estudios de Paz en la Justus-Liebig-Universität Gießen (Alemania). Realizó estudios en Ciencia Política en las universidades de Marburg (Alemania) y la Complutense de Madrid (España) y obtuvo su doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Kassel (Alemania). Stefan Peters trabaja en las áreas de neo-extractivismo y rentismo, desigualdades sociales, educación, estudios de memoria, teoría de desarrollo y relaciones Norte-Sur. Ha sido profesor/investigador visitante en varios países latinoamericanos como Cuba, Argentina, Ecuador y Puerto Rico. Pares: ¿Qué es CAPAZ y qué papel desempeña en Colombia? Stefan Peters: CAPAZ es una iniciativa de cooperación internacional financiada por el Servicio Alemán de Intercambio Académico, con recursos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania. El Instituto busca acompañar el proceso de paz en Colombia desde una perspectiva que combina la investigación, la enseñanza y la proyección del conocimiento a la sociedad. Tenemos una tarea fundamental: acompañar el proceso de paz desde la academia. Para esto en el Instituto colaboran veinte universidades de Colombia y Alemania. Nuestra tarea se centra en la investigación, pero en una investigación que no se enclaustre en la torre de marfil, sino que aterriza el conocimiento académico a la realidad y con la misión de acompañar científicamente el proceso de paz. Un aspecto importante de nuestro trabajo es la perspectiva internacional. Por supuesto, hay que tener en cuenta las diferencias de contexto. Pero también sabemos que las experiencias de otros países, entre ellos Alemania, nos pueden servir como ejemplos y fuentes de lecciones aprendidas para construir una paz estable y duradera en Colombia. Pares: ¿Cuál es el aporte que puede hacer Alemania a la situación del proceso de paz que vive Colombia? S.P: Alemania puede apoyar de diferentes formas. De hecho, el gobierno alemán como parte de la comunidad internacional hace mucho énfasis en que el apoyo al proceso de paz en Colombia es una de sus prioridades. Además, apoya con recursos – por ejemplo a través de la cooperación – al proceso de paz. Pero más allá de los recursos, las experiencias de Alemania – sin subestimar las diferencias de contexto – pueden servir como ejemplo como se puede lograr transiciones exitosas. Un punto clave es la memoria. En Alemania sabemos que hacer memoria y afrontar el pasado seguramente no es fácil, ni pasa de la noche la mañana. Es un proceso que duele y que genera conflictos. Pero aprendimos que si una sociedad hace ese ejercicio de memoria, de afrontar el pasado con todo lo que implica, la democracia se fortalece y en términos generales, la sociedad sale más fuerte. Un segundo punto que vemos en Alemania y la Europa de la posguerra es la importancia de la cohesión social. Para esto es fundamental amortiguar las desigualdades sociales a través de un fuerte Estado de bienestar y una política tributaria progresiva. La equidad es un componente muy importante para tener cohesión social y para una sociedad pacífica; justamente lo que vemos ahora en Alemania y en Europa, es el aumento de una derecha extremista, de un populismo de derecha con diferentes matices. Eso sucede en un momento en el cual el Estado de bienestar se está debilitando. «Las sociedades necesitan mecanismos que amortigüen las desigualdades. Desigualdades sociales tan extremas como en Colombia no solo son injustas, sino también perjudican un desarrollo económico sostenible y ponen en peligro la democracia y la construcción de paz.» Foto: Pares. Pero también se puede hacer cosas muy concretas desde Alemania: Por ejemplo, debemos reflexionar sobre el tema de la venta de armas. Alemania está entre los cinco países del mundo que más armas exporta. Es fundamental tener unos estándares muy rígidos en este asunto, sobre todo cuando se trata de ventas de armas pequeñas, pues sabemos que estas armas son las que causan la mayoría de las víctimas, especialmente en contextos de conflictos armados internos. Además, tenemos que hacer un esfuerzo para aumentar los estándares en relación con la industria extractivista. Alemania importa carbón y otros recursos naturales de Colombia. Vemos que muchas veces estas actividades tienen efectos sociales y ambientales muy negativos para la población local. Apoyar el proceso de paz también requiere garantizar que la industria extractivista cumple los estándares sociales y ambientales, proteja los derechos humanos y los recursos naturales. Alemania debe liderar un proceso que garantice que las cadenas de producción sean respetuosas de lo que menciono. Por otra parte, está el asunto de los cultivos de uso ilícito. Sin duda, la producción de estas sustancias es un problema central para la paz en Colombia. Pero no debemos cerrar los ojos frente al consumo. Creo que se necesita repensar la política de drogas ilegales a nivel internacional. El tema de los cultivos ilícitos no se puede solamente resolver en Colombia, necesitamos políticas internacionales. Pares: Permítame volver sobre un tema: usted dice que hacer memoria duele. Hay un sector en Colombia político y de la sociedad que se opone a que las verdades del conflicto sean públicas. ¿Cuál es el análisis, la explicación de la academia a eso? S.P: Hay que mirarlo con detalle: en primer lugar, reflexionar sobre por qué diferentes partes de la población no quieren hablar sobre el pasado. Hay diferentes formas de ese olvido/silencio: uno es el de las víctimas, que simplemente no quieren hablar. Eso puede ser por diferentes razones: porque les duele, porque se sienten avergonzados, por ejemplo, en casos de violencia sexual o porque no hay la seguridad que requieren para hablar. Por otro lado, hay el silencio por parte de los perpetradores, que muchas veces no quieren decir la verdad sobre sus atrocidades. Por esto, el tema de la Justicia Transicional es tan importante. Además, hay un voces que prefieren un silencio estratégico: no ejercemos memoria porque la memoria nuevamente va a abrir las heridas del pasado, va a causar nuevos conflictos. Esta tesis también la encontramos en ámbitos políticos y académicos: Y sí, es cierto que la memoria puede abrir heridas, pero necesitamos hacer esa memoria para que las heridas puedan en algún momento sanar. Dejar las violaciones de derechos humanos en el olvido o por debajo de la alfombra no es viable, porque en algún momento van a surgir. Hay varios ejemplos: en la Alemania después del Holocausto, en España después del franquismo y también durante un tiempo de la sociedad pos-dictatorial en Uruguay hubo un silencio sobre el pasado. Pero en estos y otros casos también vimos que en algún momento el pasado surge e importantes sectores sociales hacen que el pasado se imponga en la agenda política. «Las víctimas no suelen olvidar. El olvido no es una decisión que se puede tomar por decreto. Hay que acompañar a las víctimas en el proceso de memoria.» Foto: Pares. Las víctimas, la sociedad civil, los familiares en algún momento van a hacer preguntas. Puede ser la generación de los hijos, pero va a haber preguntas. Las sociedades tienen que afrontar su pasado violento. Tiene impactos tan fuertes que no es posible que se quede en el olvido. Además, es importante decir que ese “olvido” en las esferas públicas no significa que en las familias, en los espacios de las víctimas, exista también. Pares: ¿Puede desarrollar las ideas de cohesión social y desigualdad en Colombia? S.P: Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. No obstante, también cabe recordar que hay sectores que no están interesados en reducir las brechas porque se han beneficiado de la desigualdad social, han tenido una serie de privilegios que les ha dado la desigualdad y no los quieren perder. Reducir la desigualdad social significa también desafiar estos privilegios. Pero además, hay que hacer énfasis en lo siguiente: estas desigualdades sociales extremas son dañinas para la economía, la sociedad, la democracia y la paz. Las desigualdades muy extremas perjudican el crecimiento económico. Vemos que como consecuencia de las desigualdades sociales hay gente que no tiene las mismas oportunidades en educación: así se desaprovecha – en términos de la economía ortodoxa – ese valioso capital humano. Además, la informalidad es muy alta en Colombia: aproximadamente un 50% de la población trabaja en la informalidad y sabemos que eso es una máquina de generación y reproducción de desigualdades sociales. Además, la productividad de ese 50% de la población, en general, es muy bajo y eso también para la economía es perjudicial. Es decir, hay que crear trabajo formal y trabajo digno para aumentar la prosperidad y reducir las desigualdades. Algo que me llamó mucho la atención el año pasado fue una estadística que publicó la OCDE sobre la movilidad social. Tiene un resultado brutal, pues resulta que en Colombia se requieren once generaciones para que una persona se mueva desde el ingreso más bajo hasta un ingreso promedio (no estamos hablando de volverse rico). Es decir, casi 300 años. Estas estadísticas quizás no sean tan conocidas, pero la población sabe que realmente la desigualdad social no es solamente muy fuerte, sino que está cimentada y no tiene solución a la vista. Eso hace que muchas personas no vean posibilidades de realmente mejorar la vida para ellos y sus familias, y en algunos casos decidan involucrarse en actividades ilegales como los cultivos de uso ilícito. Saben que eso puede atraer violencia hacia ellos, pero digamos si no hay esperanza a través de la educación y del esfuerzo de salir de la pobreza o tener movilidad social ascendente, entonces lo ilegal se ve como una opción. La reducción de las desigualdades y la mejora de la movilidad social se vuelve pues en una necesidad para una política de seguridad sostenible. Pares: ¿Qué efectos tiene esa desigualdad en la forma en la cual nos relacionamos y construimos como colombianos? S.P: A mi juicio es fundamental plantearnos esta pregunta: lo que vemos – no solo en Colombia sino en muchas partes del mundo – es que hay cada vez menos espacios donde personas de muy diferentes contextos sociales se encuentren y dialoguen. Y si no tenemos esos espacios, perdemos lo que necesita la sociedad: saber lo que piensa el otro y construir empatía. Eso es esencial para la vida en sociedad. Pares: ¿Cuál es su balance sobre la implementación del Acuerdo de Paz? S.P: Sería equivocado pintar esa imagen en blanco o negro: es gris. Pero parece que estamos en un gris oscuro. Estamos en una fase muy difícil en la implementación y se requiere un mayor esfuerzo por parte del gobierno. Primero quisiera resaltar algunas cosas positivas: la desmovilización y el desarme funcionaron en comparación con otras experiencias internacionales. Las FARC ahora son un partido político y eso es algo muy positivo. Además, el número de las víctimas se ha reducido fuertemente, lo cual debería ser normal pero no siempre sucede. Que la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda estén funcionando también es algo sumamente positivo. «El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No-Repetición (SIVJRNR) causa mucho interés a nivel mundial y va a ser el próximo producto de exportación de Colombia.» Foto: Pares. Hay otros asuntos en los cuales es necesario aumentar los esfuerzos: es el caso de la reforma rural integral. Se trata de un aspecto central para el proceso de paz y justamente en este punto la implementación va tan lento que uno puede cuestionar si hay la suficiente voluntad política por parte del gobierno. Por otra parte, nos preocupa muchísimo la violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos, contra excombatientes, contra líderes y lideresas y ahora también contra los candidatos a las elecciones regionales. Cada uno de los asesinatos es muy doloroso. Pero las cifras son tan altas que ya no se puede hablar de acontecimientos aislados. Muchos de las víctimas son excombatientes o activistas políticas que se oponen a proyectos extractivistas o que luchan por una mayor justicia social muchas veces en zonas remotas del país. Si por ser activista mi vida está en riesgo, eso es algo que es muy problemático para el proceso de paz y para la vida democrática en general. Ahora, sobre el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No-Repetición: lamentablemente durante la primera parte del 2019 hubo un conflicto político innecesario. Las objeciones contra la ley estatutaria por suerte no prosperaron, pero sí dificultaron el trabajo de la JEP. Además, algo central. El acuerdo fue pactado entre el Estado y las FARC y hay que cumplirlo. Además, cabe resaltar que este proceso de paz no solo requiere el respaldo por parte del gobierno sino esto también tiene que reflejarse en términos de recursos. Creo que, desafortunadamente, en este ámbito faltan esfuerzos. Por último, cabe resaltar que el rearme de un pequeño grupo en torno a importantes figuras de las FARC es un error total y no se puede justificar. Pero también debería hacernos reflexionar. Si la implementación no funciona corremos el riesgo que surjan incluso más grupos armados y más personas en armas. Es urgente prevenirlo y para eso una implementación exitosa es fundamental. Pares: ¿Por qué cree que hay sectores sociales, liderados por sectores políticos, que prefieren la guerra a la paz? S.P: En primer lugar hay que entender que en muchas partes, también en Colombia, la guerra puede ofrecer las condiciones para hacer negocios. Para esto precisan una situación donde puedan ejercer el control territorial. También está el asunto de la tierra: Durante el conflicto se aumentó la concentración de la tierra y el despojo. Entonces allí también hay sectores que se beneficiaron. Esto quiere decir que algunos aumentaron sus fortunas gracias a la guerra; en ese contexto, lo que está bien para el país -la paz- no lo está para todos los grupos. Pares: ¿Cuáles son los retos que usted se propone en Colombia como director de CAPAZ? S.P: Con el Instituto nosotros estamos conscientes de que somos uno de muchos actores que están trabajando para apoyar el proceso de paz. Y esperamos poder hacer un aporte modesto a la construcción de paz en Colombia. Lo que nosotros desde la perspectiva internacional podemos hacer es simplemente apoyar y ofrecer la perspectiva externa y de comparación internacional. «Es como en la vida personal: uno quiere que los amigos estén y que a veces te digan de una forma clara y amable, pero sincera, cuando las cosas van mal. Pero reitero: el proceso es de ustedes, las colombianas y los colombianos.» Foto: Pares. No obstante, es preciso hacer énfasis en un punto central. Este proceso de paz debe ser las colombianas y los colombianos. La sociedad colombiana debe hacer suyo este proceso de paz y apoyarlo. La paz es demasiado importante para dejársela sólo a los políticos. Se requiere el apoyo de la sociedad civil porque al fin y al cabo es la sociedad la que tiene que construir paz en lo cotidiano.