Por: Redacción Pares De las 522 candidaturas monitoreadas, el 35% cuenta con cuestionamientos: 130 cuestionados aspiran a alcaldías, 47 a gobernaciones, 4 a asamblea y 2 a concejo distribuidas a lo largo de 28 departamentos y 107 municipios del país. A continuación Pares selecciona los 20 candidatos más representativos de esta lista por categorías: 1) corrupción 2) vínculos con grupos al margen de la ley (paramilitares y otros grupos) 3) heredar el capital político de personas o clanes políticos con vínculos comprobados con grupos al margen de la ley y 4) otros. Lea y descargue aquí la lista completa 1. Álvaro León Flórez (Centro Democrático – Aspirante a gobernación del Vichada) Se ha dado a conocer por sus presuntos nexos con el narcotráfico. El pasado 18 de agosto, personas de Vichada y Guainía denunciaron ante la Fiscalía, la Procuraduría y la MOE los presuntos nexos con el narcotráfico que guarda León en el Vichada. Adicionalmente, la demanda también contempla la utilización de comunidades indígenas con fines electorales. Ahora bien, aunque para el momento León no aparezca con ningún proceso de investigación, la Fundación Arcoiris ya había adelantado una investigación al respecto en 2011. Por otro lado, es apoyado por Andrés Espinosa, ex gobernador de Vichada que fue destituido e inhabilitado por 12 años, por vulnerar los principios de transparencia y responsabilidad de la contratación. Las anteriores irregularidades, fueron encontradas al investigar el proceso de construcción de la sede del Centro de formación e Investigación en Energías Renovables de la amazonía y Orinoquía -cuyo costo superó los 23000 millones de pesos-. Adicionalmente, durante las anteriores elecciones regionales, apoyó a Luis Carlos Álvarez, quien actualmente tiene siete investigaciones vigentes, relacionadas con la celebración irregular de contratos. 2. Andrea López Zabala (Coalición – Aspirante a alcaldía de Ocamonte, Santander) Su firma aparece entre uno de los documentos que conforman todo el paquete recolectado por la oficina jurídica en relación con el proceso de corrupción que denunció Pares. En específico con el convenio 00001615 del año 2014 por un monto de $12.000.000 que falsificó presuntamente las firmas de 27 personas que se vieron beneficiadas con este proyecto. Lo anterior indica que presuntamente López Zabala debía tener conocimiento de las irregularidades que existían en ese convenio. 3. Anuar Fernando Tapias Ruiz (Firmas – Aspirante a alcaldía de Unguía, Chocó) Según distintas fuentes en territorio es apoyado por una banda criminal que operaría en la zona. Este grupo, habría apoyado también a la candidatura de Otoniel Pérez Sáenz en las elecciones atípicas del 2016. Otoniel (el actual alcalde Unguía) estaría apoyando Fernando a la alcaldía y, adicionalmente, estaría movilizando votos desde el municipio de Turbo para que voten por él. 4. Buanerges Rosero Peña (Firmas – Aspirante a gobernación del Putumayo) La Fundación Paz y Reconciliación realizó una investigación en la que encontró que Buanerges intentó contratar a su cuñado, John Pardo, como asesor durante su administración como alcalde. Ya que tenía la tarjeta profesional suspendida, contrató al padre de John, Horacio Pardo, como asesor. Aún después de fallecido Horacio, aparece en la firma de documentos y giros de la alcaldía en el 2015. 5. Daniel Enrique Montero Montes (Coalición – Aspirante a alcaldía de Tierralta, Córdoba) Montero Montes empezó su carrera política apoyado por el cuestionado exsenador corrupto Bernardo “Ñoño” Elías, quien lo respaldó en su aspiración al Concejo de Tierralta en 2011 cuando resultó elegido. Posteriormente, en 2015 se lanzó a la alcaldía de Tierralta, con el aval del partido Conservador y el respaldo del entonces representante a la Cámara David Barguil, pero perdió contra el cuestionado alcalde Fabio Otero Avilez. De ahí, pasó a las toldas del Clan Besaile, debido a que fue una de sus cuotas durante la gobernación del destituido exgobernador Edwin Besaile como director de Vivienda Departamental (VIS). Como un saltimbanqui político, busca aspirar por segunda vez a la alcaldía municipal con el apoyo del Clan Besaile y del cuestionado alcalde Otero, quien había sido suspendido por tres meses de manera provisional tras la apertura de las investigaciones en torno a una presunta omisión por parte de la institucionalidad que habría desencadenado el asesinato de la lideresa María del Pilar Hurtado Montaño. Por esta suspensión, la prima de Otero, Angélica Avilez Argel, declinó en su aspiración y se adhirió a la campaña de Montero. Cabe resaltar que, a pesar de los reparos de la Procuraduría, el 19 de septiembre de 2019 fue ratificado el fallo judicial que ordena la continuidad del alcalde de Tierralta, Fabio Otero Avilez. Como si lo anterior no fuera suficiente, Montero cuenta con un equipo de campaña bastante cuestionado por sus presuntos nexos con los otrora grupos paramilitares en Tierralta. De acuerdo con fuentes de la Fundación Paz & Reconciliación y con un medio regional, su estructura es la siguiente: Humberto Santos Negrete: coordinador General, exalcalde de Tierralta elegido para el periodo de 2004 al 2007. Según el portal Verdad Abierta, en declaraciones de Salvatore Mancuso, Santos Negrete personalmente suscribió compromisos con los políticos de Tierralta. Cabe resaltar que, por estos y otros hechos, fue capturado en noviembre de 2009 por miembros del CTI de la Fiscalía, para que respondiera ante la justicia por el delito de concierto para delinquir agravado. Marciano Argel Yanez: de acuerdo con las bases del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría, Argel registra como gerente de campaña de Montero. Argel se desempeñó como alcalde de Tierralta en el periodo 1998 al 2000, quien fue demandado por fraude electoral, y suspendido ocho meses antes de finalizar su periodo. De acuerdo con diversas investigaciones de la Fiscalía y sentencias de Justicia y Paz, Argel aparece referenciado como uno de los firmantes del Pacto de Ralito, razón por la cual estuvo recluido en la cárcel La Modelo. Sigilfredo Senior Sotomayor: coordinador político. Exalcalde de Tierralta, en el periodo 2001 al 2003. Senior fue acusado por la Fiscalía en 2008 y se acogió a sentencia anticipada y recibió una condena de seis años y tres meses de prisión por parapolítica por haber firmado el pacto de ralito. Daberlys Arrieta: coordinador financiero. Es uno de los grandes contratistas del departamento, además es cuñado de Montero. 6. Francisco Álvaro Fajardo Pinilla (Centro Democrático – Aspirante a alcaldía de Facatativá, Cundinamarca) En una grabación revelada por Blu Radio, se compromete al candidato con el representante del partido Liberal Óscar Sánchez León, en un negocio para cambiarle el uso del suelo a una finca. En las grabaciones, Fajardo, quien era notario primero, le habría cobrado 500 millones de pesos a un habitante para cambiar el uso del suelo de una finca de rural a agroindustrial de 100.000 metros cuadrados. Estos hechos habrían ocurrido cuando Óscar Sánchez León era alcalde del municipio (2008/2011), en un negocio relacionado con la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial. La denuncia la habría interpuesto el habitante de Facatativá el 8 de febrero de 2018. 7. Gerardo Abel Cujia Mendoza (Coalición – Aspirante a alcaldía de Uribia, La Guajira) Cujia Mendoza ha trabajado durante más de 20 años en la alcaldía de Uribia, y desde hace más de una década como asesor jurídico de la temida cacica Cielo Redondo. Esta última ha sido dueña y señora del municipio, fungiendo dos veces como alcaldesa en anteriores alianzas con el representante Alfredo Deluque y el exsenador Bernardo ‘Ñoño’ Elías (quien actualmente se encuentra privado de la libertad). 8. Giovanni Murcia Leyva (Partido de la U – Aspirante a alcaldía de Carmen de Carupa, Cundinamarca) GEs un político local que ha tejido una presunta red de corrupción para apoderarse del municipio desde 2011, cuando se lanzó a la alcaldía y obtuvo una votación de 3.346 votos con el aval del Partido de la U. De acuerdo con fuentes en territorio consultadas por la Fundación Paz y Reconciliación, su administración estuvo presuntamente rodeada de diversos cuestionamientos por el manejo clientelista, así como por supuestos contratos con presupuesto que no se ejecutaron. 9. Hamilton Raúl García Peñaranda (Firmas – Aspirante a alcaldía de Fonseca, La Guajira) García Peñaranda, abogado de profesión y quien tiene parentela con el temido narcotraficante Marquitos Figueroa, aspira a quedarse con la alcaldía de Fonseca en 2019. Sus vasos comunicantes con cuestionados personajes del departamento empezaron en 2012, cuando fue nombrado asesor del despacho por parte del exgobernador condenado a 55 años de prisión por homicidio, además de vínculos con grupos paramilitares y socio de Marquitos Figueroa, “Kiko” Gómez. A pesar de que este último fue capturado en 2013, García mantuvo su cargo en la Gobernación de José María ‘Chemitas’ Ballesteros, quien llegó como sucesor de Kiko gracias a su apoyo. Durante su gestión, García fue recordado más por protagonizar acciones irregulares, entre las cuales El Espectador resalta las extrañas visitas a la Contraloría en 2013 cuando la entidad realizaba un seguimiento de tres contratos de 200 mil millones de pesos, de la administración anterior y de la del entonces gobernador Kiko Gómez. Siguiendo la misma línea política del Clan de la Gran Alianza, García apoyó al hijo de kiko, Fernando Gómez Bacci, al Congreso de la República en 2018, y este año estaría apoyando a su otra hija, Juana Gómez Bacci a la asamblea departamental. Sin embargo, también apoya a la gobernación al contradictor del Clan y del Kikismo, pues estaría haciendo campaña con el candidato del congresista Alfredo Deluque, Nemesio Roys. Esto significaría una supuesta ruptura con el Kikismo, pero cabe resaltar que seguiría teniendo presuntos apoyos de Marquitos, por medio de su hijo y, al parecer, también de otro de sus familiares, el prófugo Dailmer Paul Corrales Figueroa, alias “Parru”, sobrino y señalado jefe sicarios de Figueroa. Como si lo anterior no fuera suficiente, a García también lo investigan por una supuesta inhabilidad, pues existe una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para iniciar una investigación debido a que García Peñaranda es hermano de Flor García Peñaranda, quien actualmente es gerente del Hospital Nuestra Señora de los Remedios en Riohacha y al tratarse de una entidad departamental de segundo nivel, también presta servicios de salud en el régimen subsidiado en el municipio de Fonseca. Cabe recordar que Flor García se había desempeñado hasta noviembre de 2018 como gerente del hospital de San Agustín de Fonseca para no inhabilitar a su hermano. 10. Hernando Acevedo Liévano (Firmas – Aspirante a alcaldía de Cúcuta, Norte de Santander) La empresa familiar TRASÁN fue condenada por colaborar con las AUC en Norte de Santander, mediante la sentencia Sentencia SP16740-2014 de diciembre 9 de 2014 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En esta se hace referencia a pagos mensuales a este grupo entre 10 y 50 millones de pesos. Tanto la madre y hermanos del actual candidato, Hernando Acevedo Lievano, fueron condenados. En el espacio ´Hablemos de verdad´ en Cúcuta, organizado por El Espectador, 15 de agosto de 2019, Jorge Iván Laverde alias “El Iguano” reafirmó el papel activo de la empresa TRASÁN en la financiación de las AUC. Ninguna de las acusaciones afecta directamente a Hernando Acevedo y públicamente niega haber hecho parte de ese tipo de actividades. 11. Iván Javier Gelvez Jiménez (Centro Democrático – Aspirante a alcaldía de Cúcuta, Norte de Santander) Ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá de Jorge Iván Laverde alias “El Iguano”, comandante del Frente Fronteras de las AUC, perteneciente al Bloque Catatumbo. En el numeral 175, página 84, nombra las empresas que la Fiscalía señala, fueron las financiadoras de los paramilitares en la región. Dentro de estas se encuentra la FERRETERÍA EL PALUSTRE. Ferretería que fue manejada por Luis Martin Gelvez, hasta su muerte cuando fue heredada a sus hijos, entre ellos el actual candidato a la alcaldía Gelvez Jiménez y sus hermanos, Martín Herney Gelvez Jiménez y Deasy Fabiola Gelvez Jiménez. De hecho, en una nota de prensa de febrero de 2002 esta ferretaría fue un objetivo militar, mediante un carrobomba activado por la guerrilla del ELN. En esta misma nota se entrevista a Gelvez Jiménez como propietario del negocio. Por otro lado, esta no es la única vez que El Palustre es mencionado dentro de tan controversial afirmación. En agosto de 2016 los tribunales de Justicia y Paz enviaron a la Justicia Especial para la Paz (JEP) un listado de 57 empresas que serían investigadas por la JEP por colaboración con grupos paramilitares en el que también se encontraba El Palustre Finalmente, en el espacio ´Hablemos de verdad´ en Cúcuta, organizado por El Espectador, 15 de agosto de 2019, Jorge Iván Laverde alias “El Iguano” reafirmó el papel del PALUSTRE en la financiación de las AUC. Específicamente en el minuto 2:57:34, responde a la pregunta de un periodista afirmando que el Palustre fue mencionado por ORLANDO BOCANEGRA ARTEAGA, Alias El Viejo, perteneciente al Bloque Catatumbo, y quien murió tres meses después de la desmovilización, como empresa financiadora de los paras. Aunque los señalamientos de financiación a las AUC se atribuyen a la empresa familiar de los Gelvez, no se ha comprobado que el actual candidato, Iván Gelvez, esté relacionado con tales actividades. 12. Javier Aristides Guerra Castillo (Firmas – Aspirante a alcaldía de Puerto Triunfo, Antioquia) Según declaraciones de Ramón Isaza, excomandante paramilitar de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y de su hijo, Oliverio Isaza, alias ´Terror´, en febrero de 2019 ante la Fiscalía 47 de Justicia y Paz, existió una relación de los paramilitares con Guerra Castillo. De acuerdo con estos a mediados de 2001 robaron 17 tractomulas cargadas de cemento a la empresa Río Claro. El material robado fue entregado a Guerra Castillo, entonces alcalde, para que pavimentara la autopista Medellín-Bogotá al corregimiento Las Mercedes. Adicionalmente, existe registro de un contrato para la pavimentación de este proyecto por 153 millones de pesos y no existen los comprobantes de las transacciones realizadas al contratista. Ya en 2012 Guerra Castillo había sido capturado por la Fiscalía con medida de aseguramiento por presuntamente haber participado del homicidio de la líder comunitaria Damary Mejía Ramírez, líder social reclamante de tierras de la Hacienda Nápoles. En versión libre, Ramón Isaza había declarado que ordenó la muerte de la líder, pero no se pudo comprobar la participación del exalcalde que fue declarado inocente en noviembre de 2014. 13. Jorge Camilo Abril Tarache (Firmas – Aspirante a alcaldía Paz de Ariporo, Casanare) Aparece con 24 procesos fiscales ordinarios y 3 verbales, por diversos aspectos de la contratación realizada como alcalde de Paz de Ariporo; en todos ellos aparece como medida cautelar el embargo de cuentas bancarias. Fue cuestionado porque uno de sus apoyos para llegar a la cámara de representantes fue el exgobernador William Pérez, condenado por parapolítica. Además, se cuestiona su paso por la secretaría de cultura de Casanare, debido a la firma de un contrato con la empresa Ctela para inseminación artificial de ganado; empresa que funcionó como fachada del narcotraficante Gustavo Tapias Ospina, alias «Techo». Adicionalmente, ha tenido quejas de la policía municipal por irregularidades y faltas disciplinarias en su campaña. 14. José Fernando Zabaleta López (Partido Conservador – Aspirante a alcaldía El Molino, La Guajira) De acuerdo con denuncias allegadas a la Fundación Paz & Reconciliación, Zabaleta López es un candidato fuertemente cuestionado por diversas investigaciones que pesan en su contra. Para el periodo 2008-2010 Zabaleta ejerció el cargo de tesorero y en 2012-2015 fue elegido alcalde. Actualmente se encuentra aspirando a su reelección a pesar de que enfrenta investigaciones por presuntos delitos contra la administración publica y procesos disciplinarios en la Procuraduría General de la Nación por presunta celebración indebida de contratos. En 2016 fue capturado debido a que un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento dentro del proceso por los delitos de concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público, corrupción de sufragante y además por fraude en inscripción de cédulas. De acuerdo con fuentes regionales, además de Zabaleta, Rusbel Esneider Duarte Balcázar, excandidato a la Alcaldía; José Guillermo López Móscate, administrador del programa social del Sisben para ese momento y Guillermo Luis Builes Medina, registrador municipal, estuvieron vinculados al mismo proceso por las mismas causales. Las investigaciones indican que las personas vinculadas habrían cometido el delito de trashumancia electoral o acción de inscribir la cédula para votar en un lugar distinto a aquél en el que se reside y constituye, también se les acusó de expedir registros civiles falsos y adicionalmente expedición de cédulas a personas oriundas y traídas de Venezuela. Además, según el Portal La Guajira Hoy, a los ciudadanos se les habría pagado entre los 100 mil pesos 2 millones por voto, entre otras dádivas. Pero esto no es todo. De acuerdo con fuentes de la Fundación Paz & Reconciliación, la actual campaña de Zabaleta tendría presuntos riesgos de financiación de parte de organizaciones ilegales de la alta Guajira. 15. Lorenzo Javier Iguarán Solano (Coalición – Aspirante a alcaldía de Barrancas, La Guajira) El ingeniero Iguarán guarda una relación directa con el criminal Kiko Gómez desde su natal Barrancas, de donde ambos son oriundos. En este municipio, que es el bastión electoral más importante para Kiko, Iguarán aspira a llegar con su respaldo y el de sus hijos: Juana (quien va para la asamblea departamental) y Francisco Gómez Bacci (quien se quemó en las elecciones al Congreso en 2018). La trayectoria política de Iguarán se remonta a 2014 cuando creó el movimiento político Gente Pila, que es con el que aspira en 2019. Esta plataforma política le sirvió, junto con el padrinazgo de Kiko, para llegar a uno de los cargos más importantes, pero mal manejados del departamento: la Secretaría de obras e Infraestructura. Como cuota del Kikismo y del Clan de la Gran Alianza, a tan solo 2 meses de haber iniciado su mandato, la exgobernadora prófuga de la justicia Oneida Pinto nombró en 2016 a Iguarán en el cargo. Desde ahí, manejó la ejecución de los planes de Vivienda, Agua, Saneamiento Básico y Electrificación Urbana y Rural. Un cargo que controlaba el kikismo desde que llegaron a la gobernación en 2012. El nombramiento de Iguarán en el cargo también responde a una contraprestación por los votos recibidos de parte de Jorge Cerchiario Figueroa, familiar de Kiko, quien hizo campaña para Pinto a la gobernación y quedó elegido como alcalde de Barrancas en 2015, con el apoyo de Gente Pila. Sin embargo, el 5 de noviembre de 2016, sin siquiera haber cumplido un año en el cargo, Iguarán fue declarado insubsitente por ausentarse de sus funciones. Sin embargo, la estela de la relación de Iguarán como heredero de la estructura política mafiosa de Kiko Gómez se remonta a tiempo atrás. Dos hechos son relevantes. El primero, de acuerdo con La Silla Vacía, se trata del favorecimiento de Iguarán como contratista de la Alcaldía de Barrancas en 2013, cuando el alcalde era el liberal Javid Figueroa Brito, sobrino del narcotraficante Marquitos Figueroa, quien llegó con el apoyo del Kikismo. El segundo hecho es que su papá, José Javier Iguarán Zárate, fue uno de los testigos presentados por la defensa de Kiko en la investigación que enfrentó por la muerte del exconcejal de Barrancas Luis López Peralta. De acuerdo con una denuncia realizada por el portal La Nueva Prensa, contrastadas con fuentes de la Fundación Paz & Reconciliación, a Iguarán Zárate, quien fue portero de la alcaldía de Barrancas durante ocho años, le ofrecieron por esa declaración falsa que su hijo (Lorenzo Iguarán) sería candidato oficial a la alcaldía de Barrancas. Sin embargo, luego de una serie de irregularidades en las declaraciones presentadas por Iguarán, condenaron a Kiko Kómez por este homicidio. Como si lo anterior no fuera suficiente, el ingeniero Iguarán ha recibido el apoyo de Kiko desde la cárcel, de su hija Juana Gómez, y también tendría el respaldo de manera ilegal de funcionarios de la actual administración que estarían participando en política. 16. Luis Alejandro Villegas Cano (Centro Democrático – Aspirante a alcaldía de San Roque, Antioquia) Su padre fue Luis Alberto Villegas Uribe, ganadero y empresario del municipio que participó de la creación de la Convivir El Cóndor con presencia en los municipios de San Roque, Maceo, Yalí y Yolombó, la cual fue una de las bases para la creación del Bloque Metro. Villegas fue detenido en junio de 1998 por la Fiscalía por concierto para delinquir por sus relaciones con el paramilitarismo. No obstante las contundentes pruebas presentadas en noviembre de 1999 este fue absuelto. El 5 de diciembre de 2004 fue asesinado por orden de ´Julián Bolívar´, quien posteriormente declaró que las AUC tuvieron relaciones con el empresario y ganadero, en especial en el corregimiento San José del Nus, donde se encontraba el centro de operaciones de estos. Asimismo, su tío se encuentra investigado por la creación de estructuras paramilitares desde la hacienda Guacharacas junto con los hermanos Uribe Vélez. De hecho, Luis Alberto Villegas y su esposa, Gloria Elena Cano López compraron dos haciendas a los Uribe en 1984 y 1990, respectivamente. Manuel del Cristo Cadrazco Salcedo (Partido MAIS – Aspirante a alcaldía de San Benito Abad, Sucre) De acuerdo con denuncias allegadas a la Fundación Paz & Reconciliación y de una investigación realizada en este municipio, Manuel Cadrazco Salcedo, quien fue alcalde por dos períodos (1998 –2000; 2008-2011) y es esposo de Milagro Piedad Martelo, ha acumulado un poder en el municipio tan grande, que es propietario de grandes haciendas, junto con su esposa, cada una titulada con un nombre corporativo «CAMAR» (Cadrazco- Martelo). Hoy en día este municipio no cuenta con servicio de agua potable; sin embargo, los únicos espacios que tienen este servicio son las grandes haciendas de Manuel Cadrazco Salcedo. En febrero de 2017, el exalcalde fue capturado en el marco de la operación de la Fiscalía denominada Bolsillos de Cristal, donde varios funcionarios y exfuncionarios resultaron retenidos por las autoridades por delitos relacionados con malos manejos de recursos públicos. Sus grandes influencias en la región le permitieron presuntamente enredar la justicia, donde obtuvo detención domiciliaria. La investigación contra Cadrazco se deriva de un informe presentado por la Contraloría General de la Nación, tras una auditoría realizada en el año 2008, donde se encontraron supuestos hallazgos y se reportaron a la Fiscalía. El señalamiento al exalcalde se realiza por incurrir en los delitos de peculado por apropiación y falsedad en contrato de compra de carpas para los botes del transporte público y escolar fluvial. A pesar de las sucias jugadas por parte de Cadrazco, la Procuraduría lo inhabilitó en el año 2017 hasta el 2022, para contratar con el Estado y así mismo para desempeñar cargos públicos. Sin embargo, para las elecciones de 2019 está aspirando a la alcaldía de este mismo municipio con el aval del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). Así mismo, cuenta con el apoyo del exconcejal Ever Truco Tovar y de la familia Villarreal Aragón. 17. Marcial Andrés Tapias Fernández (Partido Centro Democrático – Aspirante a alcaldía de Unguía, Chocó) Siendo un delfín en el campo político, es heredero político de su padre el exalcalde de Unguía Cayetano Tapias Romero, quien fue condenado a 8 años de prisión a una multa de 105 millones de pesos por una juez penal del Circuito Especializado de Descongestión de Quibdó por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir. Los hechos habrían ocurrido en el 2006 cuando Cayetano giró cheques a personas con números de cédulas falsas. Estos recursos habrían quedado en las cuentas del Bloque Elmer Cárdenas de las autodefensas, bajo el mando de Alias el Alemán. Actualmente, Cayetano tiene una pena privativa de la libertad, casa por cárcel. 18. María de Jesús Blanco Jiménez (Cambio Radical – Aspirante a alcaldía de María La Baja, Bolívar) En el año 2011 la fiscalía 41 local de Calamar, Bolívar solicitó al juzgado de control de garantías del municipio de Mahates, la celebración de la audiencia preliminar de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento contra María de Jesús Blanco Jiménez. La señora Blanco Jiménez fue acusada por el presunto delito de invasión de tierras agravado, perpetrado contra algunos campesinos de la región. Sin embargo, la alcaldesa de esa época, Diana María Mancilla, nunca procedió a darle cumplimiento al desalojo que exigían los campesinos donde se encontraba la familia Jiménez. Por este hecho, la exmandataria fue suspendida de su cargo por tres días tras no dar cumplimiento a un fallo de tutela que buscaba proteger los derechos de los campesinos. 19. Nydia Lucera Ospina López (Partido Verde – Aspirante a alcaldía de Obando, Valle del Cauca) Fue alcaldesa del municipio de Obando para el periodo 2012-2015. Es la suegra de José Ignacio Mira, conocido como Capitán Mira o alias Gafas, a quien se le acusa de pertenecer al temido cartel del Norte del Valle y de haber participar del asesinato del ex ministro Álvaro Gómez. Ha sido abogado de los hermanos Comba, líderes de la temida banda Los Rastrojos, así como intermedidador en el proceso de sometimiento de estos y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC, también conocidas como Clan del Golfo, que no se concretó en el gobierno de Juan Manuel Santos. Recientemente el ex fiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, denunció amenazas por parte del Capitán Mira o alias Gafas para que no mencionara en su proceso a Álvaro Ashton ni a Juan Carlos Abadía. También se le atribuye asesoría legal a los Flacos, banda que tiene azotado el Norte del Valle y que sería responsable de los atentados contra el candidato a la alcaldía de Cartago y el actual alcalde Obando. 20. Mario Alexander Hurtado Quiñones (Coalición – Aspirante a alcaldía de Barbacoas, Nariño) Su padrino político es Juan Carlos Quiñones, exalcalde de Barbacoas para el período 2001-2003, fue mencionado en una sentencia de Justicia y Paz por haber inscrito a alrededor de130 paramilitares al SISBEN. La Procuraduría inhabilitó al exalcalde p or 20 años para ejercer cargos público en marzo del 2008. En el 2003 omitió hacer una transferencia de 3.213 millones de pesos provenientes del Sistema General de Participación al sistema de salud del municipio. Pares tiene en su poder un audio de una reunión política en la que Hurtado afirma que apoya a los habitantes de Barbacoas con materiales de construcción a cambio de votos y que no se detendrá, ya que la razón de realizar esta actividad es la mala administración de la actual administración municipal.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad, Pares. Para las elecciones locales de 2019, la Fundación Paz & Reconciliación –Pares monitoreó en total 522 candidaturas, 243 para la primera entrega y 279 para esta segunda entrega, distribuidas a lo largo de 28 departamentos y 107 municipios del país. Este esfuerzo se realizó con el objetivo de establecer si dichas candidaturas presentaban cuestionamientos por alguno de los siguientes aspectos: 1) Corrupción. 2) Vínculos con grupos al margen de la ley (paramilitares y otros grupos). 3) Heredar el capital político de personas o clanes políticos con vínculos comprobados con grupos al margen de la ley. 4) Otros. Lea y descargue el informe completo Las agrupaciones políticas con más cuestionamientos Encabezando la lista de agrupaciones políticas con mayor número de cuestionados, encontramos las coaliciones de partidos y movimientos representativos de ciudadanos con 50 candidatos cuestionados, seguido de las candidaturas por firmas con 20 cuestionados. Frente a los partidos políticos, la lista la encabezan los tradicionales Partido Conservador y Partido Liberal, con 20 y 18 cuestionados respectivamente, seguidos por el Partido de la U también con 18 y el Centro Democrático con 17. La categoría de corrupción está encabezada por las coaliciones, seguida por los movimientos significativos de ciudadanos quienes tienen el mismo número de cuestionados con el Partido de la U. En esta se encuentran casos como el de Jorge Camilo Abril, quien aspira a la alcaldía de Paz de Ariporo en Casanare por firmas y aparece con 24 procesos fiscales ordinarios y tres verbales por diversos aspectos de la contratación realizada como ex alcalde de dicho municipio. En la categoría de herederos de parapolítica prevalecen los candidatos de coaliciones y del Centro Democrático, un ejemplo es el aspirante a la alcaldía de Uribia por coalición Gerardo Abel Cujia Mendoza, abogado por 15 años de Cielo Redondo, quien ha sido dueña y señora del municipio de Uribia, fungiendo dos veces como alcaldesa en anteriores alianzas con el representante Alfredo Deluque y el exsenador Bernardo ‘Ñoño’ Elías (quien actualmente se encuentra privado de la libertad). Los cuestionados por parapolítica los encabezan los movimientos significativos de ciudadanos y las coaliciones. Además de los muy sonados casos de Acuña en Sucre y Gelvez en Cúcuta, se encuentran casos como el de Javier Arístides Guerra Castillo, aspirante por firmas a la alcaldía de Puerto Triunfo, Antioquia, quien según declaraciones de Ramón Isaza, excomandante paramilitar de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, y de su hijo, Oliverio Isaza, alias ‘Terror’ habría tenido relaciones con dicho grupos. En cuanto a candidatos cuestionados por presuntos vínculos con grupos al margen de la ley, la lista la encabeza el Partido Conservador, seguido de los movimientos significativos de ciudadanos y las coaliciones. Llama la atención que esta es la categoría, junto con corrupción, donde están los partidos étnicos. En esta categoría sobresale el caso de Danilo Rafael Palomino Varela, candidato a la alcaldía de Guaranda, Bolívar con aval del recién creado partido ADA, quien a mediados de julio de 2013 fue capturado mientras se desempeñaba como concejal del partido de la U en el municipio de Guaranda, señalado de ser miembro del grupo armado ilegal de los ‘Los Urabeños’ o ‘Clan del Golfo’. Algunas conclusiones Las diferencias entre el 2015 y el 2019 en la distribución de cuestionados por agrupación política, parecen comprobar dos de las hipótesis que Pares ha venido planteando desde el año anterior. En primer lugar, los clanes políticos en decadencia se han unido, han cooptado partidos políticos y utilizado la recolección de firmas para hacerle trampa al sistema electoral colombiano. Con ello han garantizado candidaturas fuertes, y han hecho hasta lo imposible por anular la competencia política. En segundo lugar, las candidaturas cuestionadas por firmas también aumentan respecto a las elecciones anteriores superando a los partidos políticos, por lo que se podría suponer que: a) han aumentado los costos de entregar dichos avales para los partidos políticos o b) es tal el desprestigio de los partidos que lo que ha aumentado son los costos de cargar con su marca; en todo caso, los candidatos cuestionados se han visto obligados a inscribirse por grupos significativos de ciudadanos. Es importante lanzar una alerta al respecto, dado que la vaga regulación en la etapa de recolección de firmas de personajes cuestionados por vínculos con grupos al margen de la ley o corrupción podría aumentar los costos de campañas políticas de recursos provenientes, posiblemente, de fuentes non sanctas, poniendo la competencia política en desbalance, a la par que aumenta el riesgo de cooptación del Estado por parte de actores criminales. Encuentre aquí la lista completa de candidatos cuestionados

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El presidente Iván Duque nombró el pasado viernes al actual ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, como ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible ad hoc para que emita un “concepto técnico” sobre la posibilidad de exploración minera en el Páramo de Santurbán. La decisión no caló muy bien en las organizaciones medio ambientales como el Comité Santurbán, quien le expresó a Duque: “preferimos la vida y el agua. No queremos que se realice megaminería en nuestro bosque alto andino de Santurbán”. Y es que el ministro de Ambiente oficial, Ricardo Lozano, se declaró impedido para formular un concepto sobre el licenciamiento para la explotación minera en esa zona por parte de la Sociedad Minera de Santander S.A.S – Minesa. Ahora bien, para los cuidadores del medio ambiente y expertos en el tema, esta decisión cae en lo absurdo y se ubica más en los intereses económicos de este gobierno. Más explotación del páramo “Sin duda no es fiable la elección de Carrasquilla. Es insertar de la forma más descarada, la protección de la naturaleza, y de las zonas de interés ambiental en Colombia, en una lógica exclusivamente de costo-beneficio”, señaló a la Fundación Paz & Reconciliación, Mateo Córdoba experto y activista ambientalista. Según Córdoba, hay que tener en cuenta que a Carrasquilla le transfirieron ciertas funciones porque no se trata solamente de una consulta en un Consejo Técnico, sino también de grandes decisiones que van a afectar a los ecosistemas. En ese sentido, el polémico ministro también conocido por el escándalo de los “bonos de agua” está reemplazando las funciones de Lozano, quien a pesar de que tiene diferencias con los activistas, al menos posee el conocimiento y la experticia en estos temas. “Entonces ahí el mensaje es claro: importa más el interés de exprimir económicamente los tesoros ambientales que conservarlos. Y entonces aquí Duque nos pone frente a un teatro en el que nos dicen que Carrasquilla va a analizar la situación de las licencias ambientales, pero que lo digan de frente, Carrasquilla va a entrar a abogar en favor de unos intereses económicos y en detrimento de los ecosistemas, entonces que lo digan de frente y no planteen este teatro”, insistió el experto. Así las cosas, el gobierno está priorizando la explotación del páramo y eso habla muy mal de los compromisos ambientalistas en espacios tan vulnerables como son los páramos. Esto también habla de esa doble moral de Duque cuando afuera del país tiene una retórica “Pro-paz” y de medio ambiente, pero una vez Duque pisa suelo colombiano, se le olvida todo lo que dice. Duque no entiende Duque cómo puede poner a Carrasquilla a proteger el medio ambiente, un señor que defiende los intereses económicos, y que ha estado inmerso en escándalos de malversación de recursos públicos y naturales, en un asunto tan delicado como lo son los páramos y siendo Colombia el país que más cuenta con este recurso. Para los expertos, el ministro de Hacienda no tiene el perfil y tampoco el conocimiento para proteger los ecosistemas. Y lo peor del asunto es que la decisión que tome es vinculante al interior de ese consejo técnico. Ahora los gremios están presionando para entrar ahí, o mejor dicho buscando más terreno porque ya hay empresas en el páramo, y el problema es que estos son ecosistemas muy frágiles, en los que tristemente siempre terminan primando estos intereses. En un principio había una zona limítrofe, pero lo que no entienden los gobiernos o las multinacionales es que la naturaleza no entiende de fronteras técnicas y al final se perjudica el hábitat de cientos de especies. Por eso, esta decisión habla tan mal del gobierno porque Colombia ha asegurado a nivel internacional que está comprometida con la lucha del calentamiento global, y eso incluye la protección de los ecosistemas que se ven afectados por proyectos extractivos. Desde hace cuatro años, Minesa le propuso al gobierno poner en marcha un proyecto minero a los alrededores del Páramo de Santurbán para extraer oro y cobre durante 20 años, y por eso es tan controversial esta elección de Carrasquilla, en un momento tan crucial para que dicha empresa se quede o se vaya. En últimas, es una decisión del gobierno, y los únicos mecanismos que quedan para proteger al territorio es por medio de la resistencia de las comunidades y las movilizaciones. De acuerdo con el experto, la protesta es la última instancia que se tiene para dialogar y concientizar a más personas acerca de la catástrofe ambiental que se avecina, si no se corrigen esos proyectos que van en contravía de la naturaleza.

Por: Redacción Pares «El proceso de paz ha seguido avanzando desde última presentación del informe. Después de la exitosa finalización de dejación de armas por parte de guerrilla de FARC-EP, la gran mayoría de los excombatientes siguen involucrados y comprometidos con los Acuerdos de Paz». Así comenzó su intervención Carlos Ruiz Massieu, Jefe de la Misión ONU en Colombia y Representante Especial del Secretario General en Colombia, este jueves 8 de octubre en la presentación ante el Consejo de Seguridad del Informe Trimestral del Secretario General de sobre la Misión de verificación en el país. Ruiz Massieu señaló que todos los esfuerzos de reincorporación deben involucrar y beneficiar a las comunidades locales, así como empoderar a las mujeres. Acojo con satisfacción que todos los proyectos productivos aprobados por el Consejo Nacional de Reintegración incluyan un enfoque de género. "Las esperanzas de los colombianos de un futuro pacífico y próspero pueden hacerse realidad si todos nosotros – Gobierno, sociedad colombiana y comunidad internacional- trabajamos para garantizar que el espíritu del #AcuerdoDePaz se convierta en hechos y acciones concretos" pic.twitter.com/YhjOxfOBF4 — Misión de la ONU en Colombia (@MisionONUCol) October 10, 2019 Por su parte, la representante del Reino Unido manifestó que “La financiación para el aspecto rural es fundamental para cumplir con los Acuerdos. También se necesitan recursos para el Sistema Transitorio de Justicia y para que los excombatientes sigan participando en el proceso”. Otras delegaciones reiteraron su confianza en el gobierno y el pueblo de Colombia en la implementación del Acuerdo de Paz. y los continuos esfuerzos con este compromiso. «Es necesario infundir confianza en el Acuerdo de Paz para que pueda trabajarse de manera productiva, proactiva y trabajar en la reinserción social y económica de los excombatientes para garantizar un empleo y una remuneración» indicó el representante de Rusia ante la ONU. «El proceso de paz en Colombia es esencial para la estabilidad del país y para su desarrollo. Felicitamos al gobierno nacional por los esfuerzos significativos en la implementación del Acuerdo. Sin embargo, aún permanecen desafíos en cuestiones de seguridad» expresó la Misión representante de China. «Nos preocupan las amenazas a líderes y lideresas en el contexto de las elecciones. De ahí que nos tranquilice la firma de un Acuerdo para la No Violencia.» indicó el representante de Alemania y añadió que celebran visitas conjuntas de FARC y Gobierno a los antiguos ETCR para garantizar una transición. El respaldo a las instituciones es fundamental. La labor de la JEP, la Comisión de la Verdad, es indispensable para alcanzar la plena realización de los Acuerdos. ¿Qué dijo Holmes Trujillo? El canciller colombiano manifestó que «Quiero manifestar nuestra gratitud con el Consejo de Seguridad por su compromiso con Colombia y la implementación del Acuerdo. Muestra de ello es la adopción de resolución 2487 gracias a la cual de manera unánime decidió prorrogar por un año más el mandato de la Misión de ONU en Colombia.» Además, Holmes Trujillo explicó que la implementación del Acuerdo es uno de los componentes transversales del Plan Nacional de Desarrollo y de los objetivos de la política de Paz con legalidad y fue enfático en señalar que el gobierno sí está cumpliendo «(…) y no es algo que defendemos únicamente en escenarios internacionales, si no que se evidencia en resultados.»

Por: Redacción Pares El nuevo llamado a las calles lo hicieron los universitario para hoy, jueves 10 de octubre, y esta esta vez fue convocada en el resto del territorio nacional y no solo en Bogotá. Voceros de los estudiantes insisten en que este nuevo llamado se da a raíz de los desmanes ocurridos durante las manifestaciones de las universidades Distrital, Pedagógica, Javeriana y Nacional en Bogotá, y la Universidad del Norte en el Atlántico, así como la falta de garantías del derecho a la protesta. La defensa de la autonomía universitaria, contra la corrupción en las instituciones educativas y la protesta pacífica por la defensa de la educación con financiación son las tres consignas de este jueves. Según lo ha señalado en medios de comunicación Jenifer Pedraza, vocera estudiantil “Protestamos por la poca cobertura en educación de las instituciones de Educación Superior y la garantía de seguridad en las movilizaciones estudiantiles. El gobierno aún no ha hecho mucho, porque desde que se creó la Comisión Permanente de Derechos Humanos del sector educativo para contrarrestar la represión del Esmad no se ha tenido solución sobre estos aspectos. Podemos decir que faltan 600 mil millones que se habían comprometido por parte del ministerio.” Por su parte, la ministra de Educación, María Victoria Angulo respondió y aseguró que sí se ha cumplido todo los pactado en octubre de 2018. “Se han llevado a cabo acuerdos con recursos asignados a la inversión, la infraestructura y el fortalecimiento de competencias científicas. Se han trabajado iniciativas de proyectos que le dan nuevas oportunidades a la Educación Superior pública, entre ellos, la creación de 62 espacios colectivos” indicó. En las marchas también participará la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), pues consideran que el sistema educativo «requiere una reforma estructural que permita financiar y superar la crisis y la asfixia presupuestal sistemática» a la que han sometido diferentes gobiernos. La protesta social es un pilar de la democracia La protesta o movilización social es un derecho fundamental que se desprende del derecho a la libertad de expresión y reunión, tal como lo contemplan la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación. Sin embargo, en el contexto colombiano queda en entredicho si esos pactos se cumplen a cabalidad, puesto que, el uso de la fuerza en la mayoría de las movilizaciones que empiezan siendo pacíficas, terminan en choques entre las partes. La protesta social, las personas marchando en la calle, explica Ariel Ávila, subdirector de Pares, son tal vez, uno de los signos que mejor muestra la salud de una democracia. Es un derecho en cualquier democracia, y como derecho se puede ejercer cuando una persona o colectivo lo decida, eso no los hace ni buenos, ni malos, los hace ciudadanos. La protesta social es legal y legítima en la democracia, es en modelos autoritarios donde no se puede protestar. El problema de estos regímenes demócrata-autoritarios es que utilizan un discurso del miedo eficiente y, por ende, la destrucción lenta de la democracia no se ve o no se percibe. Esos analistas, opinadores y políticos que dicen ser demócratas y lo primero que hacen es atacar el ejercicio democrático son los más peligrosos. «Así son las democracias, con protesta social, y al que no le guste se puede ir a vivir a a un país autoritario, de hecho, hay unos cuantos bastante cerca.» enfatiza Ávila.

Por: Redacción Pares Desde 2013 no se registraba un desplazamiento masivo en Caquetá, siendo un motivo de preocupación el impacto humanitario por las nuevas dinámicas de la violencia armada en esta zona del país. Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios –OCHA– en Colombia, aproximadamente 18 familias y un total de 91 personas pertenecientes a la comunidad indígena de Bajo Aguas Negras del Pueblo Murui en el municipio de Solano (Caquetá), se desplazaron hacia el corregimiento de La Tagua en el municipio de Leguízamo (Putumayo) desde el 24 de septiembre. La desaparición y posterior homicidio del ex gobernador del resguardo indígena Agua Negra por parte de un grupo armado sin identificar fue la causa de este desplazamiento masivo. Del total de las personas desplazadas se identificaron 39 adultos, 52 niños, niñas y adolescentes y seis madres gestantes. Dada la presencia de los grupos armados en la zona, persiste el temor generalizado en la comunidad y la exposición a riesgos contra la vida e integridad de las familias desplazadas. Teniendo en cuenta que la población es indígena y existe un fuerte arraigo territorial, las personas en situación de desplazamiento han manifestado su deseo de retornar; para que se inicie este proceso se requiere fortalecer el conocimiento y cumplimiento del Decreto Ley 46331 a nivel local, el cual establece la ruta de protección para pueblos indígenas. De acuerdo a comunicación emitida por OCHA, la información y las cifras presentadas fueron verificadas con la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas (UARIV), a partir de los censos realizados por la Personería y las dos administraciones municipales que atienden la emergencia; se desataca que esta información es susceptible a cambios y/o actualizaciones conforme a las dinámicas del contexto de los municipios en mención. La tragedia del desplazamiento En su último informe «Situación de desplazamientos masivos y confinamientos en el país», la Defensoría del Pueblo señala que han ocurrido alrededor de 35 desplazamientos masivos en todo el país que han provocado el desarraigo de más de ocho mil personas durante los primeros seis (6) meses del año. El informe también indica que el 43% de desplazamientos masivos en Colombia durante el primer semestre de 2019 ocurrieron en el departamento de Nariño, lo que corresponde a 3540 personas que han sufrido desplazamiento en esta región del sur del país. También se ha presentado este fenómeno en los departamentos de Norte de Santander, córdoba, Antioquia, Chocó, Magdalena, Valle del Cauca y el Cauca. Asimismo, la Defensoría del Pueblo denuncia que 63 poblaciones en los departamentos de Chocó y Nariño han sufrido confinamiento entre enero y junio de 2019, afectando aproximadamente a 14773 personas. Todas las poblaciones confinadas son miembros de grupos étnicos, señala el informe. Respecto a esta tragedia, la Corte Constitucional afirmó que “si bien la magnitud del desplazamiento no es la misma que se presentaba al momento de la declaratoria, en años recientes, los escenarios de riesgo que afrontan las comunidades, en algunas zonas del país, presentan transformaciones asociadas a los cambios en las dinámicas de la violencia y el conflicto armado en Colombia”. En este panorama, Nariño es actualmente el departamento que más desplazamientos masivos presentó en los dos últimos años.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares A raíz de la histórica indagatoria que realizó la Corte Suprema de Justicia al expresidente Álvaro Uribe Vélez por falsos testigos y fraude procesal que pretendía enlodar al senador Iván Cepeda, el abogado de Uribe, Diego Cadena, -investigado por los mismos delitos- habló este miércoles con la prensa y desató más polémicas sobre el caso. Pares habló con el senador Cepeda sobre su balance de la jornada judicial de este martes 8 de octubre. Luego de que el actual senador del Centro Democrático fuese vinculado oficialmente este martes al proceso, Cadena, uno de sus más cercanos defensores jurídicos salió a respaldarlo, debido a que, uno de los testigos en su contra señaló haber recibido sobornos por parte del abogado. Por esas declaraciones, Uribe expresó que no tenía conocimiento sobre estos pagos, y de haber sabido no lo hubiera autorizado. Pues se trata del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, que aparentemente tuvo un primer acercamiento en 2017 con Cadena, pero después de un tiempo y de recibir unos pagos “se volteó” y terminó declarando en contra del expresidente. De acuerdo con Cadena, el expresidente “desconocía de esos subsidios”, y nunca le dijo nada porque no lo consideró relevante. “Yo fui muy claro, le dije: señor presidente no lo consideré relevante porque es como llamarlo a decirle que voy a comprar una pasaje en avión o estoy pagando un hotel. Eso estaba dentro de mi ejercicio profesional recopilando información y aún sigo pensando que actué dentro del marco legal”, expresó Cadena en W Radio. Cadena, con su firma de abogados, Cadena y Asociados, integrada por once (11) abogados empezó a liderar las pesquisas en esta línea del caso con el fin de demostrar que el congresista Cepeda estaba buscando falsos testigos en contra de Uribe, sin embargo, cuando interpusieron las pruebas ante el alto tribunal, este le dio un giro a la historia. La Corte expresó que Uribe sería el presunto responsable del fraude procesal y los falsos testigos, así como el Representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada y Cadena, a quienes también se les abrió un proceso de indagatoria. Desde julio de 2018 cuando el abogado tuvo que rendir cuentas al tribunal, se apartó del caso y por lo pronto están suspendidas las labores con Uribe. Por lo pronto, los tres están a la espera de la decisión que tome la Corte Suprema luego de haber realizado las indagatorias respectivas. Un paso histórico en Colombia La Fundación Paz & Reconciliación- PARES habló con el senador Iván Cepeda, del Partido Polo Democrático, y quien ha estado inmerso en este caso desde el 2011, en un principio como acusado, y después como víctima de falsos testigos por parte de Uribe. “Es un proceso muy significativo por primera vez en la historia del país permite que un ciudadano que ha ostentado un cargo como el de haber sido jefe del Estado comparezca ante la justicia a rendir explicaciones, es un proceso que es complejo, que tiene una serie de detalles y de hechos, que se prestan para la confusión si es que no se les conoce bien”, expresó a PARES. Y resaltó que este es un proceso de una temporalidad extensa, y no es que haya comenzado en febrero del año anterior cuando la Corte dictó un auto inhibitorio para Cepeda, y una compulsa de copias en el caso de Uribe para iniciar las pesquisas. “Ya llevamos siete años y ya vamos para los ocho de este proceso. Entonces por eso es que es tan importante no quedarse en la superficie, sino entender bien lo que sucede. Ahora lo real es que son hechos que están allí. Es decir, ya han sido examinadas una serie de acusaciones que hizo el senador Uribe que quedaron descartadas”, aseguró Cepeda. No hubo tal catástrofe por la indagatoria de Uribe Para el congresista lo que ocurrió ayer durante la indagatoria de Uribe muestra que el país no está tan polarizado como se nos ha dicho. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Ayer en el Parque Nacional hubo unos 1.500 seguidores del senador Uribe y en el Palacio de Justicia hubo cientos de jóvenes; y en ninguno de los dos escenarios pasó algo extraordinario. “No ocurrió esa debacle que nos estaban anunciando, que si a Uribe lo llamaban a rendir cuentas en la Corte iba a ser el fin de la vida política de este país, sobre este país iban a caer rayos y centellas. Y no, nada de eso pasó. Totalmente normal”, apuntó. De igual manera expresó que si ocurre una decisión como es posible que ocurra, -y que está dentro de lo que un proceso judicial puede incluir-, como lo es detener al senador Uribe, ese día el país tampoco se sumirá en las tinieblas. “Creo que se ha intentado generar un ambiente de opinión en el que se busca exagerar y maximizar circunstancias que no son tales. En cualquier país del vecindario, en América Latina es normal que un expresidente o que incluso un presidente en ejercicio sea interpelado por la justicia, incluso sea llevado a la cárcel”, aseguró el congresista, quien ha recibido más amenazas desde que inició este proceso judicial. En últimas, el congresista espera que la Corte tome una decisión correcta, tras un examen riguroso del material probatorio de los hechos que han acontecido. Por eso dijo: “yo estoy seguro de que esa verdad está de mi lado. Yo tengo esa convicción y la defiendo”. Ahora, la justicia tendrá la última palabra y sea cual sea la decisión, Cepeda dijo que la acataría, pero si no la comparte la apelaría en el marco de los mecanismos y procedimientos dentro del derecho colombiano.

Por: Redacción Pares Esta semana, la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP realiza en Medellín la audiencia para indagar por los restos de los desaparecidos en zona de influencia de Hidroituango. A través de esta audiencia se quiere ampliar la información e insumos necesarios para determinar si se dictan medidas cautelares en lugares en los que se presume habría cuerpos de personas dadas por desaparecidas y que se ubican en municipios de influencia del proyecto Hidroituango. La Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP requiere precisar el universo de víctimas de desaparición forzada, ubicar lugares formales e informales de inhumación de personas dadas por desaparecidas y determinar el número de cuerpos exhumados, identificados o no, en esos municipios. Los antecedentes El 29 de agosto de 2018, nueve peticionarios -dos representantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y siete familiares de desaparecidos- le solicitaron a la JEP tomar medidas cautelares anticipadas sobre 16 lugares del país, en los cuales “se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto armado». Entre los lugares se encuentra la zona de influencia del proyecto Hidroituango. La JEP ha solicitado información sobre este tema a varias instituciones públicas y privadas de carácter nacional, regional y local, buscando acopiar la mayor cantidad de información posible sobre el asunto. Así mismo, le solicitó al Movice y al movimiento Ríos Vivos ampliar la información suministrada, con el fin de determinar los lugares de efectiva inhumación y los niveles de riesgo naturales o por acción humana a los que se enfrentan. Luego de un proceso de indagación que ha tomado más de un año, la JEP ha recibido información por parte de la Gobernación de Antioquia, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Defensoría del Pueblo, las Empresas Públicas de Medellín (EPM), la Fundación SOCYA, Hidroituango S.A. E.SP, la Fundación EQUITAS y las alcaldías y personerías de los municipios en zona de influencia del proyecto Hidroituango. Tras la verdad de los desaparecidos En noviembre de 2018, cientos de familias de la región denunciaron que se sienten amenazados por los reclamos que adelantan y que los ejercicios de memoria en busca de los desaparecidos se han visto truncado. Recordemos que —según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica— en los 17 municipios que rodean el río Cauca en Antioquia se han perpetrado alrededor de 110 masacres. «Queremos manifestar nuestro profundo deseo y empeño para que los objetivos de esta Audiencia se logren y podamos avanzar en la respuesta que ustedes madres, esposas, hijas, familiares, allegados, habitantes del territorio han clamado por tanto tiempo. La JEP está empeñada en su tarea y desafío: sembrar verdad para cosechar paz»manifestó en la audiencia de este martes 8 de octubre el magistrado de la JEP, Gustavo Salazar. En ese sentido, el magistrado Salazar agradeció a las comunidades de la región por depositar su confianza en la JEP, y reivindicó el compromiso de la JEP por conocer la verdad de los desaparecidos en la zona. Y agregó que como consecuencia de la falta de respuesta de dependencias del MinInterior (Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías, y Dirección de Consulta Previa), se activará por parte de esta Sección los poderes correccionales que se tienen como autoridad judicial. "Quiero saludar, especialmente, la presencia altiva de los habitantes de los municipios de Ituango, Peque, Valdivia, Sabanalarga y Toledo, así como a los demás miembros de las comunidades de esas extensas pendientes que son el río Cauca y sus laderas": magistrado Gustavo Salazar. pic.twitter.com/Z57B8xASo1 — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) October 8, 2019 Por su parte, la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, Luz Marina Monzón, señaló que «La Unidad de Búsqueda acordó con la JEP apoyar técnicamente el análisis de los riesgos, para lo cual constituimos una mesa técnica para prestar asistencia a la Jurisdicción». «Dar sepultura al desconocido es una forma de reivindicar la humanidad nuestra a partir de la humanidad del otro» señaló el magistrado Gustavo Salazar, quien preside audiencia para indagar por los restos de los desaparecidos en zona de influencia de Hidroituango Por su parte, el Movice y el Movimiento Ríos Vivos, en su calidad de peticionarios de la medida cautelar, han formulado preguntas a las instituciones públicas y privadas sobre las acciones y medidas emprendidas para precisar el universo de víctimas de desaparición forzada. Hay que recordar que el río Cauca, desde la lengua del Buey —en el Macizo Colombiano— hasta el Brazo de Loba cerca del municipio de Pinillos, en Bolívar, podría perder el 20% de su caudal y todos los colombianos tendríamos que asumir, no solo este crimen ambiental de proporciones incalculables, sino el inmenso descalabro financiero de un proyecto fallido. En la investigación realizada por la Contraloría General entre el 4 de marzo y el 17 de julio de 2019, se pudo determinar que la gestión de la gerencia y control del proyecto Hidroituango no solo ha incumplido los objetivos que se propuso en materia de resultados físicos y financieros, sino también los principios de eficiencia y eficacia, en este último caso generando una destrucción de valor. El controlde la CGR al proyecto Hidroituango deja ver situaciones de riesgos de daño o deterioro de algunos equipos, mayores costos por almacenamiento de los que no se han podido poner en servicio, así como riesgos de estabilidad en algunas zonas.

Por: Redacción Pares Este martes 8 de octubre y tras más de siete horas de indagatoria, la Corte Suprema de Justicia vinculó formalmente al senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez al proceso que adelanta el alto tribunal por los delitos de fraude procesal y soborno en concurso homogéneo y sucesivo. La indagatoria completa, que comenzó a las 8.00 de la mañana y terminó después de las 5:00 pm por lo que Uribe Vélez no tendrá que volver a este miércoles a continuar su testimonio. De ese modo, la Corte pidió a los colombianos confiar en la Justicia durante el proceso. La Corte, contrario a lo que los uribistas esperaban, no archivó el proceso en esta etapa preliminar, ahora empieza la investigación a fondo y se tomará mínimo diez días para tomar una decisión con respecto a si ordena la detención o no del expresidente Uribe. A lo largo de la jornada hubo manifestaciones al frente del Palacio de Justicia de simpatizantes y opositores de Uribe. Mientras tanto, en el Parque Nacional centenares de ciudadanos se reunieron para expresar su apoyo incondicional a Uribe, mientras que sus detractores protestaron frente a ellos. Cientos de ciudadanos manifestaron este martes en las calles de la capital el apoyo o el rechazo hacia el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Foto: Pares. Al respecto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia señaló que “ninguna presión, manifestación o protesta pública influirá en las decisiones que están obligados a tomar los magistrados en ejercicio de su función”. “Los jueces solo se basan en las pruebas legalmente incorporadas a los expedientes y los contenidos de la Constitución y las leyes”, agregó. Es por ello que la Corte Suprema de Justicia insistió en que Uribe cuenta con “plenas garantías constitucionales, judiciales y procesales que le ha brindado la sala especial de la Corte” y recordó que “la indagatoria es el medio de defensa por excelencia para explicar personalmente los hechos que se investigan”. Se abren las puertas para acusaciones de fondo Tal y como lo explicó en su columna de opinión de este domingo el analista y director de la Fundación Paz & Reconciliación -Pares, León Valencia, si la Corte Suprema de Justicia decide que las pruebas son suficientes para continuar el proceso, y finalmente llamarlo a juicio por soborno y fraude procesal, «(…) se abrirán de par en par las puertas para que las acusaciones de fondo, las que lo implican en la conformación de grupos paramilitares y en delitos que van desde homicidios hasta masacres, comiencen a prosperar.» Álvaro Uribe, señala Valencia, fue el principal protagonista del periodo más oscuro de la última violencia. Según el Registro Único de Víctimas, entre 1995 y 2005 se produjo el 67% de las ocho millones doscientas mil víctimas contabilizadas a lo largo de todo el conflicto. En ese tiempo, Uribe fue gobernador de Antioquia -quizás el departamento más afectado por la guerra- y presidente de la república.

Por: Redacción Pares A través de un comunicado difundido este martes, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresa su profunda preocupación por los vacíos de acceso a la justicia en la masacre del Tandil, Nariño, perpetrada en 2017, y por los homicidios en contra de integrantes de los pueblos indígenas en el Cauca. En ambos casos, ONU recomienda una lucha efectiva contra la impunidad y redoblar los esfuerzos para superar las causas estructurales que originan la violencia buscando prevenirnuevos homicidios, y garantizar los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparacioìn y las garantías de no repetición. Tandil A dos años de la ocurrencia de la masacre que dejó 7 muertos y 22 heridos, las víctimas y los familiares siguen esperando que se garantice su derecho a la justicia. Naciones Unidas recuerda la importancia que tiene el acceso a la justicia como medida para prevenir la reiteración de este tipo de agresiones. La debida diligencia en casos de presuntas violaciones de derechos humanos reviste especial importancia para garantizar el acceso a la justicia. A su vez constituye un poderoso mensaje del rechazo social a la impunidad que está orientado a impedir la repetición de esto graves hechos. La Oficina de ONU hace un llamado a las autoridades -judiciales y disciplinarias- para redoblar esfuerzos que permitan la investigación, el esclarecimiento pleno de los hechos y en su caso, la individualización y sanción de todos los responsables. Pese a las acciones impulsadas por las autoridades y a la complejidad del caso, dos años después de ocurrida la masacre, aún persisten desafíos para garantizar los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas y sus familiares. A la fecha, los resultados de las investigaciones son exiguos. En este contexto, es de particular importancia reiterar que conforme con las obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos humanos, el amparo efectivo de los derechos a la protección judicial efectiva y las garantías judiciales requieren que la investigación y el procesamiento de presuntas violaciones a derechos humanos sean tramitadas por autoridades de la justicia ordinaria. A la luz de las normas y estándares internacionales, la jurisdicción penal militar carece de competencia para conocer conductas que puedan configurar graves violaciones de los derechos humanos. Cauca Pese a los esfuerzos realizados por las autoridades estatales, se han intensificado las agresiones en contra de los integrantes de los pueblos indígenas del Cauca. Los ataques incluyen homicidios, amenazas (individuales y colectivas) y atentados que se han extendido sobre la zona de Tierra Adentro (Nasa Cxha Cxha) y Caldono (Sat Tama Kiwe). Durante septiembre y en lo que va transcurrido del mes de octubre, la Oficina ha recogido información sobre el homicidio de nueve (9) integrantes de los pueblos indígenas del Cauca, entre los que se encuentran: 2 integrantes de la guardia indígena; 1 autoridad tradicional; 1 líder de proceso juvenil y 5 comuneros. Adicionalmente, se produjo:un atentado con arma de fuego contra una persona que se desempeñaba como autoridad (ex gobernador); la retención y presunta tortura del coordinador regional de la guardia indígena; amenazas individuales y colectivas frente autoridades, guardias y líderes quienes han sido declarados “objetivo militar”; el reporte de la desaparición de un niño indígena y el reporte de varios casos de reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales. «Ante la reiteración de estos graves ataques, destacamos nuevamente la necesidad urgente de concertar con las autoridades de los pueblos indígenas, e implementar, medidas integrales y oportunas en materia de prevención y protección, en el marco de sus derechos a la autonomía y gobierno propio.»

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Llegó el 8 de octubre. Y es un día histórico para la democracia colombiana porque Álvaro Uribe Vélez, expresidente y ahora senador por el partido de gobierno, rindió indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia por su responsabilidad en el soborno de testigos y fraude procesal. Para llegar a esta instancia se ha trasegado por más de diez (10) años repletos de complejidades propias de un proceso turbio que ha cobrado víctimas, ha generado amenazas y, actualmente, plantea un pulso entre las Cortes y el uribismo. «Plomo es lo que hay. Plomo es lo que viene. 837 líderes asesinados» Foto: Pares. «Uribe, asesino, la cana es tu destino.» Una de las arengas que se escuchan a esta hora por parte de quienes realizan un plantón a las afueras de la Corte Suprema de Justicia, a un costado de la histórica Plaza de Bolívar Foto: Pares Este martes 8 de octubre Pares habló con Gregorio Alfonso Mejía Mancera, presidente de la Unión Sindical Obrera en Bogotá -USO, quien se encuentra en la Plaza de Bolívar dando un mensaje de respaldo a la Corte Suprema de Justicia y exigiendo exigiendo justicia ¨»Para que por fin Álvaro Uribe pague por todos los crímenes de lesa humanidad en su gobierno y que hoy pretende cometer en cuerpo ajeno.» La Fundación Paz y Reconciliación también habló en la Plaza de Bolívar con el senador Jonhatan Tamayo ‘manguito’ quien se encuentra acompañando y apoyando al expresidente Álvaro Uribe «En modo gratitud. Es un hombre que se ha ofrendado (sic) por Colombia». El congresista reclama que la Corte Suprema de Justicia actúe en derecho ya que «Colombia no está al nivel de Venezuela y se deben respetar las decisiones de la justicia.» «Venimos a apoyar al expresidente Uribe porque ha sido un ciudadano ejemplar y respetuoso de la ley. Su única culpa es amar a Colombia» Foto: Pares También hablamos con la hermana Adriana Torres, monja carmelita, antioqueña, y quien se declara una seguidora furibunda e incondicional del presidente Álvaro Uribe «Yo lo único que quiero es apoyar nuestra patria querida y apoyo al presidente Uribe porque no queremos que esto se vuelva como Venezuela» «Soy una mujer líder que trabaja por el país y apoya al presidente Uribe» Foto: Pares. «Suceda lo que suceda después de la indagatoria al expresidente Álvaro Uribe, se habrá sentado un precedente. Los colombianos, y las propias cortes, le están perdiendo el miedo al exmandatario. Uribe tendrá que concurrir muchas veces a los tribunales de justicia en lo que le resta de vida.» León Valencia. Fotos: Pares Plantón uribista -Parque Nacional de Bogotá Por: Sergio Saavedra Desde las 11 de la mañana cientos de manifestantes se reunieron en el Parque Nacional de Bogotá para expresar su incondicional apoyo al presidente Álvaro Uribe Vélez. «Álvaro Uribe es inocente, este es un montaje de la justicia corrupta» es una de las consignas de los simpatizantes del expresidente. Foto: Pares. Pares habló con Nelson García, ciudadano que expresa de forma vehemente su respaldo a Uribe Vélez «Uribe es el mejor presidente de la historia y esto es una afrenta contra la legalidad. Los jueces están dedicados a perseguir a la gente inocente. Esto es inaudito.» Raúl Cuesta afirma «Álvaro Uribe Vélez es el símbolo de nuestra nación. Hoy se va a demostrar que la razón la tiene él.» «Álvaro Uribe nos dio la libertad contra la guerrilla que nos tenía arrodillados» Foto: Pares También se pronunció Victoria López, esposa de un sargento mayor del ejército, muerto en combate con la guerrilla «Manchando a Uribe nos manchan a todos y él fue el que nos dió la libertad.» «Uribe, amigo, el pueblo está contigo.» Parque Nacional, Bogota. Foto:Pares. Hernán González, del municipio de Vergara, Cundinamarca manifiesta que es una falta de respeto para quien ha trabajado tanto por Colombia «Nuestro presidente Uribe va a salir triunfador y va a ser declarado inocente» El plantón de apoyo al expresidente Uribe contó con figuras de la política nacional como Paloma Valencia, María del Rosario Guerra, Rafael Nieto Loaiza y el congresista Jonhatan Tamayo ‘manguito’. Foto:Pares.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Páginas y páginas de publicidad política pagada en periódicos nacionales, vallas, volantes, pasacalles, pautas en televisión y radio, calcomanías pegadas en ventanas, en carros, gorras, camisetas, pancartas, manillas; todos estos elementos hacen parte del extenso pliego de objetos publicitarios que inundan las distintas plazas y calles de las ciudades y municipios en los que se desarrollarán los comicios locales del próximo 27 de Octubre en Colombia. Esto no es un hecho atípico de esta elección, pues es costumbre ver que en época electoral la publicidad se desborde. Sin embargo, se ha desatado gran preocupación en razón a que cerca de 97% de las campañas de campañas no han reportado gastos, a tan solo 20 días de que se celebren las elecciones de Gobernaciones, Alcaldías, Asambleas, Concejos y JAL. Así lo dio a conocer un informe de la organización Transparencia por Colombia. Sólo un 3% de las campañas políticas está cumpliendo su obligación por ley de hacer dichos reportes que contribuyen, entre otras cosas, ha llevar una veeduría sobre los topes electorales. Es decir, 114.479 de los 117.768 candidatos inscritos han registrado sus gastos de campaña ante el Consejo Nacional Electoral. Uno de los datos interesantes que arroja el informe de Transparencia por Colombia, tiene que ver con que el 53% de los gastos de campaña se van para propaganda electoral. Justamente, el CNE para el 30 de enero de 2019 estableció los topes de las elecciones locales. En el comunicado oficial, el CNE resaltó que para estos comicios se fijó “un incremento del 3.18% en los montos que podrá invertir cada campaña, teniendo en cuenta las categorías y segmentos poblacionales que el Consejo Nacional Electoral definió según el censo electoral”. De hecho, en la Resolución No 0253 de 2019, en el artículo 24, que “los límites de gastos de las campañas electorales a los distintos cargos y corporaciones de elección popular serán fijados por el Consejo Nacional Electoral en el mes de enero de cada año”. A su vez, señalan el censo electoral como una de las variables presupuestales. A pocos días de las elecciones locales, la opinión pública se pregunta sobre los registros de gastos y hay una presión sobre los candidatos —que por su puesto debe haberla—; sin embargo, resulta necesario señalar que tal como se estableció en la resolución señaló: “Para efectos del cumplimiento de esta disposición, el Consejo Nacional Electoral con el apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito público, deberá realizar periódicamente los estudios que correspondan con el objetivo de garantizar que los limites al monto de gatos fijados reflejen el valor real de las campañas electorales”. Según el informe de Transparencia por Colombia, las cinco gobernaciones que registraron de mejor manera sus ingresos son: Santander, Antioquia, Atlántico, Casanare y Valle. Por otra parte, las que menos han reportado son Vaupés, Tolima, San Andrés, Caquetá y Amazonas. El reporte de ingresos por ciudades capitales lo encabezan Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali y Barranquilla. Las que están en saldo rojo son San José del Guaviare, Quibdó, Mocoa, Mitú y Leticia. Por su parte, los gastos reportados a nivel de gobernaciones lo lideran Cundinamarca, Casanare, Atlántico, Antioquia y Valle. Las gobernaciones que menos han reportado son: Tolima, San Andrés, Caquetá, Bolívar y Amazonas. Sobre los gastos a nivel de ciudades capitales, Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cali y Barranquilla son las ciudades que más han reportado los gastos. Las que menos son Tunja, Quibdó, Mocoa, Mitú y Leticia. Para el caso de contienda electoral por la Alcaldía de Bogotá, Pares realizó hizo el ejercicio de la consulta, el día 7 de octubre de 2019, en el portal institucional de Cuentas Claras en Elecciones del Consejo Nacional Electoral – CNE– y encontró los siguientes datos: Miguel Uribe Turbay: sin fecha Ingresos: 1,456,500,000.00 Total, gastos de campaña: 1,214,338,342.00 de los cuales 1,122,863,384.00 fueron destinados para gastos de propaganda electoral. Para conocer las contribuciones, donaciones y créditos, en dinero o especie que han realizado a esta campaña, haga clic aquí Carlos Fernando Galán: 22 de julio de 2019 Ingresos: 1,853,215,000.00 Total, gastos de campaña: 1,024,832,375.00 de los cuales 728,557,315.00 fueron destinados para gastos de propaganda electoral. Para conocer las contribuciones, donaciones y créditos, en dinero o especie que han realizado a esta campaña, haga clic aquí Claudia Nayibe López: 25 de julio de 2019 Ingresos: 2,468,540,000.00 Total, gastos de campaña: 2,795,764,853.00 de los cuales 1,755,292,859.00 fueron destinados para gastos de propaganda electoral. Para conocer las contribuciones, donaciones y créditos, en dinero o especie que han realizado a esta campaña, haga clic aquí Hollman Morris: 27 de julio de 2019 Sin registro de ingresos. Total, gastos de campaña: 916,826,000.00, sin registro de gastos de propaganda electoral Sin registro de contribuciones, donaciones y créditos, en dinero o especie. Cabe resaltar que el monto máximo para la plaza de la capital, en lo que a inversión se refiere, es de 4.172’120.979. Es decir, que ninguno de los aspirantes a la alcaldía ha llegado o superado el tope.