Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El exalcalde de Barranquilla Bernardo “el Cura” Hoyos, condenado por peculado, exsacerdote y amigo de Aida Merlano contó este domingo a Canal Uno que, la prófuga le entregó una carta hace un año con varias confesiones sobre el sistema electoral corrupto. En una parte responsabilizó a varias familias de la costa caribe del gran entramado de corrupción en la compra de votos. Merlano fue capturada el 11 de marzo del 2018, -minutos después de haber sido elegida senadora- y enviada a la cárcel El Buen Pastor donde alcanzó a estar un poco más de un año. De todas maneras, cuando conoció la condena de 15 años de prisión empezó a solicitar una rebaja de pena. El pasado 2 de octubre cuando tenía una cita con la Fiscalía para brindar información sobre este sistema de compra de votos, la excongresista decidió fugarse y hasta el momento no se tiene rastro de ella. Lo único que se conoce es esta carta que escribió al exsacerdote. En la supuesta misiva señaló a las familias Char y Gerlein, las más poderosas de la región, junto con el senador del Partido Conservador, Laureano Acuña como responsables de ser “los tres mayores compradores de votos en el Atlántico”. Por eso pidió perdón, pero agregó haberse sentido víctima de esta estructura politiquera colombiana. “Averigüen de dónde salieron los votos de (César Augusto) Lurduy, Modesto Aguilera, (Karina) Rojano, y (José Gabriel) Amar”, añadió el texto. Lo curioso del caso es que Merlano fue la única acusada de este caso -que demostró- que más que un episodio de corrupción se trata de un sistema electoral totalmente enlodado. «Es muy difícil pagar una campaña sin dineros ilícitos« Lo de Merlano demuestra que ese sistema era sofisticado, tenían hasta un sistema biométrico y tenían un monto específico para pagar por cédula. La Fundación Paz % Reconciliación-PARES calcula que una campaña de ellos al Senado les costó de 12.000 a 15.000 millones de pesos. Para Esteban Salazar, investigador nacional de la línea de Democracia de la Fundación Paz & Reconciliación-PARES esto denota varios problemas. Uno de ellos, es que la financiación de campañas en Colombia está viciada porque en su gran mayoría es de carácter privado y esto la vuelve corrupta. Se incrementa el monto de dinero para la campaña y en últimas el candidato no tiene cómo pagar “el préstamo”. Los casos como el de Aida Merlano son los de personas que no tienen plata propia para financiar las campañas, entonces resultan accediendo al dinero de estos personajes y empeñados toda la vida. “Ahora bien, si se calcula que al menos 14 personas fueron financiadas para las campañas, así no hayan quedado electas, serían más o menos 150.000 millones de pesos invertidos. ¿Y cuál es la contraprestación de toda esa cantidad de dinero? que efectivamente todo eso lo empiezan a cobrar a las campañas locales, entonces este año evidentemente la democracia queda secuestrada porque los que son aliados de ellos deben financiar la candidatura de los puestos locales”, agregó Salazar. Así las cosas, se sigue replicando ese sistema de extorsión porque ¿Quién va a denunciar eso si al final está financiado por la misma plata corrupta? El panorama es preocupante para el país porque los entes de control también trabajan entre los dientes. “Ya sabiendo cómo funciona el mecanismo cómo es posible que digan que sólo es el caso de Aida Merlano, eso no tiene sentido”, agregó el investigador. Por ejemplo, este año el sistema de Cuentas Claras, que es un sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE), en teoría es obligatorio, pero lastimosamente nadie está reportando, y eso es más problemático. No se reporta ni cuánta plata se está perdiendo, pero tampoco se hace nada para obligarlos. La conexiones de la Costa La Fundación PARES ha señalado en varias de las investigaciones a Fuad Char como el barón electoral más importante de la costa norte, además de ser el líder del Clan Char y dueño de las tiendas Olímpica, de la cadena radial Olímpica, entre otros negocios. Así las cosas, ha sido una de las figuras más influyentes en esa región y por medio del Partido Cambio Radical logró mover sus fichas hasta llevar a sus hijos a participar en política. En uno de los partidos más cuestionados, y con más casos de parapolíticos. Arturo Char obtuvo una curul al senado en el 2006, luego Alejandro Char llegó a la Alcaldía (2008-2011), y luego impulsó a Elsa Noguera dentro de diversos cargos para convertirla en su sucesora (2011-2015). Esto suscitó un proyecto para avalar a varios congresistas y financiar campañas de otros candidatos. Por eso, Fuad estableció otras alianzas con otros partidos y en este caso recogió la herencia que tenía Roberto Gerlein, del Partido Conservador. Una de esas herencias fue Aida Merlano, quien había recibido todo el apoyo de Roberto a lo largo de su trayecto político en el Atlántico y era una de las mujeres más fuertes electoralmente. Sin embargo, en 2018 cuando se pensó que Merlano reemplazaría la cuota de Roberto, su hermano Julio financió la campaña junto con los Char y al parecer hubo roces entre las familias. Otros de los beneficiados en la campaña fueron Karina Rojano, hijastra de Merlano y actual representante a la Cámara; César Augusto Lurday, Representante a la Cámara; y José Gabriel Amar, representante a la Cámara; estos últimos de Cambio Radical. Prácticamente se podría hablar de una estrategia “trasdepartamentalizada” de compra de votos que apenas se ha podido descubrir en Barranquilla por lo de Aida Merlano. Pero si ellos hicieron campaña con otros congresistas es poco probable que Merlano sea la única responsable porque esas alianzas venían gestándose de tiempo atrás. “Para este año lo que están haciendo es que ellos no van a poner un peso para la compra de votos, sino que les están exigiendo a los congresistas que, así como ellos los financiaron, ahora ellos les tocan financiar a sus candidatos”, agregó el investigador.

Por: Redacción Pares La Contraloría General de la República, a través de su Unidad de Regalías, determinó un presunto detrimento patrimonial de $19.436 millones de pesos por las distintas situaciones que han convertido en otro elefante blanco el proyecto para construir el Sistema de Masificación de Gas Natural en nueve (9) municipios del departamento del Chocó: Tadó, Unión Panamericana, Condoto, Itsmina, Certeguí, Novita, Bagadó, Andagoya y Cantón de San Pablo. Los proyectos en cada uno de los municipios están desfinanciados, sin posibilidad de garantizar su operación, funcionamiento y mantenimiento. El proyecto, por un valor de $35.459 millones, tiene un pobre avance y las obras no han entrado en funcionamiento y se encuentran en estado de abandono, dejando así de prestar el servicio y la utilidad para el cual se concibió en términos de beneficio social. De esta manera, se están afectando las 167.315 personas que se consideraba iban a beneficiarse con su ejecución. La Contraloría evidenció que faltan recursos para garantizar el suministro del gas natural hasta la estación descompresora y de almacenamiento, para disponer el servicio. Asimismo, los proyectos en cada uno de los municipios están desfinanciados, sin posibilidad de garantizar la operación, funcionamiento y mantenimiento en el tiempo a la estructura general de la distribución del gas. Las obras se encuentran suspendidas y abandonadas en los siguientes municipios cubiertos por el proyecto: Istmina, Tado, Quibdó, Unión Panamericana, Condoto, Certeguí, Atrato y Cantón de San Pablo. La situación particular de cada uno de estos municipios, es la siguiente: MUNICIPIO DE ISTMINA *Se construyeron 23.630 metros lineales de las redes de distribución y se instalaron 111 acometidas domiciliarias. *En el lote donde debe construirse la estación faltante, no hay ningún tipo de intervención en el terreno y se encuentra lleno de maleza, por falta de mantenimiento. *Actualmente las obras de ejecución del sistema de masificación de gas natural por redes del municipio de Istmina se encuentran suspendidas, abandonadas y no están generando ningún beneficio para la comunidad. MUNICIPIO DE TADÓ *En el Municipio de Tado se construyeron 29.768 metros lineales de las redes de distribución y no se instalaron acometidas domiciliarias y acometidas internas certificadas y aprobadas por la interventoría. *Se evidenció que nunca se prestó el servicio de gas natural comprimido por redes. *Actualmente las obras se encuentran suspendidas y abandonadas. MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA *Se construyeron 16.722 metros lineales de las redes de distribución y se instalaron 363 acometidas domiciliarias. *Las obras se encuentran suspendidas, abandonadas y no están generando ningún beneficio para la comunidad. MUNICIPIO DE CONDOTO *En el Municipio de Condoto se construyeron 30.268 metros lineales de las redes de distribución y se instalaron 93 acometidas domiciliarias, *Actualmente las obras de ejecución del sistema de masificación de gas natural por redes del municipio de Istimina, que es la que le suministra el gas al Municipio de Condoto, se encuentran suspendidas. *No hay suministro del servicio del gas natural por redes. Las obras están también suspendidas y abandonadas. MUNICIPIO DE QUIBDÓ *Se instalaron 4.030 centros de medición (Medidores o contadores). Se construyeron 8.085 acometidas internas y se firmaron 15.642 contratos. *Hay 3.700 conexiones certificadas y hay 11 conexiones por certificar, para un total de 3.711 certificaciones. *En la vista de campo se observó que la estación descompresora y de almacenamiento se encuentra ubicada en la vía nacional Quibdó – las Animas aproximadamente en el PR97+ 400 margen derecha, el cerramiento es en malla eslabonada, suelo en gravilla. Hay una oficina de operación. *A la fecha de la visita la planta no está en funcionamiento, le falta un panel solar y el software para controlar y supervisar la presión de la red de distribución. El represente de la Empresa manifiesta que estos elementos fueron hurtados (El panel solar y el computador con el software). *Actualmente el servicio del sistema de masificación de gas natural por redes del municipio de Quibdó se encuentra suspendido, las obras abandonadas y no están generando ningún beneficio para la comunidad. MUNICIPIO DE CERTEGUI *En el Municipio de Certegui se observó que no se construyó la estación descompresora y sistema de almacenamiento. *Nunca se prestó el servicio de gas natural por redes y no hay un consolidado por la interventoría y la supervisión sobre el número de acometidas domiciliarias internas construidas y el número de usuarios con el subsidio adjudicado. *Actualmente las obras de ejecución del sistema de masificación de gas natural por redes del municipio de Certegui se encuentran suspendidas. *Las obras construidas para el desarrollo del proyecto se encuentran abandonadas y no están generando ningún beneficio para la comunidad. MUNICIPIO DE ATRATO *No existe la construcción de la estación descompresora y sistema de almacenamiento y se advierte construcción de pasos especiales sin terminados. *Se realizan trabajos de pavimentación de las vías principales, donde probablemente están quedando enterradas las redes de distribución (acometidas), que deben ir conectadas a los centros de medición. *Nunca se prestó el servicio de gas natural por redes y no hay un consolidado por la interventoría y la supervisión sobre el número domiciliarias internas construidas y el número de usuarios con el subsidio adjudicado *Actualmente las obras de ejecución del sistema de masificación de gas natural por redes del municipio de Atrato se encuentran suspendidas. *Las obras construidas para el desarrollo del proyecto se encuentran abandonadas y no están generando ningún beneficio para la comunidad. *Al municipio de Novita no se realizó visita técnica porque no hubo avance de obra física ejecutada. MUNICIPIO DE CANTÓN DE SAN PABLO *En el Municipio de Cantón de San Pablo se observó que no se construyó la estación descompresora y sistema de almacenamiento. *Nunca se prestó el servicio de gas natural por redes y no hay un consolidado por la interventoría y la supervisión sobre el número de domiciliarias internas construidas y el número de usuarios con el subsidio adjudicado. *Actualmente las obras de ejecución del sistema de masificación de gas natural por redes del municipio de Cantón de San Pablo, se encuentran suspendidas. *Las obras construidas para el desarrollo del proyecto se encuentran abandonadas y no están generando ningún beneficio para la comunidad.

Por: Redacción Pares Por solicitud del abogado Alex Alberto Morales Córdoba, identificado con cédula de ciudadanía 71.723.789 y T.P. 121671, la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, realiza la siguiente rectificación sobre la información publicada en el artículo con el título BELLO, EN MANOS DE LOS CRIMINALES II el día 30 de septiembre de 2019 en este portal digital . En el artículo en mención PARES publica cómo Macaco habría frenado el conflicto armado en Bello, detrás de desmembrados en Bogotá estaría criminalidad de Bello, Fiscalías en Bello, el cartel de abogados y el concierto para delinquir y Empresas del crimen: Baluarte Seguridad CTA. A continuación se transcribe la información que apareció publicada en el artículo y en la que se menciona al solicitante de esta rectificación. (…) Según investigadores de inteligencia policial, Otro gran problema para que esto ocurra es tener ubicadas las oficinas de la Fiscalía dentro Bello ya que, por medio de intimidación constante a sus funcionarios o por medio de sobornos, todo proceso se estanca o se soluciona mediante absurdos preacuerdos, figura que es legal en la Fiscalía. En el Edificio Los Virreyes, que está a poco más de una cuadra del parque de Bello, estarían ubicadas las oficinas de la Fiscalía (ver Imagen A), y según información de inteligencia policial a la que se tuvo acceso para este informe, las bandas habrían puesto una oficina en todo el frente del Virreyes y allí estarían todos los abogados de todas las estructuras criminales de Bello (ver Imagen B y C) . De allí haría parte un abogado de nombre Alex que también hace parte de la Corporación Sinergia, corporación que estuvo relacionada con Julio Perdomo y el exsecretario de seguridad Gustavo Villegas antes de ser ambos capturados (una suerte de Corporación Democracia). Rectificación Esta investigación, dice el afectado, abogado Morales Córdoba, falta a la verdad. Esto toda vez que: 1. Soy abogado y reconocido defensor de derechos humanos 2.  Desde el año 2016 hasta la captura de Julio Perdomo tuve relación por asuntos académicos y políticos democráticos  y lo estim, e igualmente tuve relación co  con el señor Gustavo Villegas, y no fueron las más cercanas, por relación laboral igualmente en la alcaldía de Medellín. 3. El movimiento ciudadano SINERGIA, siempre actuó bajo los parámetros legales y deben de respetar su imagen y de cara al público y a la opinión pública  y en ningún momento se hizo reuniones secretas o reservadas 4. No tengo oficina en el municipio de Bello 5. No soy de los abogados que buscan preacuerdo 6. Son muy pocos, escasos los procesos que llevo por el delito de concierto para delinquir 7. He venido denunciando falsos positivos judiciales contra personas que injustamente los vinculan a grupos guerrilleros y de organizaciones al margen de  la ley, denuncias elevadas incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 8. Tengo una hoja de vida intachable, sin ningún proceso disciplinario o penal abierto 9. No tengo relación alguna con fiscales 10. En el transcurso de la semana pasada y esta semana, tuve que interponer denuncia por fraude procesal a funcionarios de la fiscalía por la captura de una persona a la que se le adelantan preliminares por el delito de fraude procesal 11. En las cámaras de la fiscalía general ubicadas en Bello, a los funcionarios que trabajan en este tema, en las minutas de ingreso y registro y en mi abonado celular podría verificar si tengo relación  con fiscales o funcionarios de apoyo, igualmente con los del cuerpo de inteligencia. 12. Igualmente este ejercicio investigativo  lo pidieron haber realizado en los juzgados del municipio de Bello, con la simple investigación de preguntar en cuantos procesos participó o he participado y en cuantos preacuerdo, para llegar a la conclusión que no son más de 4 y que en algunos casos  no son por esos delitos, ni tienen relación. 13. He solicitado cambio de radicación del procesos penal que se lleva contra Alexander Uribe, implicado por ser miembro de la organización al margen de la ley para tener garantías procesales en otra jurisdicción fuera del municipio de Bello. Radicado en la judicatura y con queja disciplinaria radicada. 14. Todo lo acá expuesto y narrado  está oficialmente radicado ante los jueces y fiscales de Colombia e incluso ante la Comisión Interamericana de derechos humanos.

Por: Fernando Quintero. Coordinador Proyecto Jóvenes Pares. Tumaco es uno de los municipios que hoy vive de manera dramática los embates de un postconflicto mal gestionado. A pesar de la esperanza que significó la firma de los acuerdos con la FARC para este municipio nariñense, las cosas no parecen mejorar y la esperanza de la población acerca de la posibilidad de una paz estable, se diluye con las situaciones que, dos años después de la firma de los acuerdos, se mantienen, incluso se agravan. Después de la firma de los acuerdos, incluso, mucho antes de concluidas las conversaciones, la Fundación Paz & Reconciliación -Pares, junto con otros analistas del conflicto, del proceso de paz y el postconflicto, advertían sobre la importancia de generar victorias tempranas para mantener vivo el clima positivo en los territorios, en torno a la posibilidad real de paz. Estas victoria tempranas se entendían como aquellas acciones e intervenciones inmediatas que el Estado debía implementar para hacer participe a las poblaciones en el desmantelamiento de las economías ilegales de guerra que financian el conflicto y ponen en pugna a los grupos armados; y por el otro, prevenir las “pequeñas” guerras territoriales que, se advertía, podrían venir debido a la disputa por el poder dejado por las otrora guerrillas de las FARC. Esas advertencias tristemente no fueron atendidas y, en razón a ello, tenemos una situación dramática en dicho municipio. Una radiografía de la violencia Para el 2018 Tumaco era el segundo municipio, después del Tibú, con más hectáreas cultivadas de coca del país (16.046); además hacen presencia en él grupos armados ilegales entre los que se cuentan aquellos que no se circunscribieron al acuerdo inicialmente como un grupo de milicianos que posteriormente se constituiría en la base del naciente grupo Gente de Orden, como también, aquellos que han abandonado el acuerdo argumentando incumplimientos a éste por parte del Estado como son: Guerrillas Unidas del Pacífico –GUP- y el Frente Óliver Sinisterra; y finalmente, la proliferación de grupos armados ilegales dentro de los que también se cuentan carteles mexicanos dedicados al narcotráfico principalmente. Esta situación también se ha visto agravada por el incremento significativo en homicidios y actos de victimización a lideres locales, especialmente a aquellos relacionados con las organizaciones socio-comunitarias. Según el Sistema de Información de PARES –SIPARES-, desde la firma del acuerdo al día de hoy se registran 13 lideres sociales asesinados, siendo éste el municipio que más registra este tipo de casos en el país. Por su parte, la tasa de homicidios también tiende al alza. Según FORENSIS, para el 2016, Tumaco registraba una tasa de homicidios que ascendía al 22%; mientras que para el 2017 siguió en ascenso hasta ubicarse en el 23.4% y siguiendo la tendencia, registrándose, para el 2018, una tasa de 25%, afectando principalmente a los jóvenes entre los 18 y los 30 años, quienes aportan el 53% de los homicidios sucedidos en dicho municipio. Justo en el momento en el que se advertía de la necesidad acerca de la importancia de las victorias tempranas, se advirtió también de la necesidad de que estas acciones tuvieran como una de las poblaciones estratégicas la juventud. No es un secreto que esta población ha sido finalmente la mano de obra de la guerra y de no obtener estas victorias tempranas, esta población volvería a ser altamente vulnerable de ser vinculada a las nuevas dinámicas de la violencia. Según los registros sobre población carcelaria en Tumaco el 34.6% de la población en cárcel se encuentra entre los 18 y los 29 años de edad y el 80% de los casos por los que se encuentran en dicha condición es por la fabricación, posesión y tráfico ilegal de armas; lo que indica una participación importante de jóvenes en actividades ilegales y ligadas a la confrontación armada. Foto: Pares. Contra la alianza de jóvenes e ilegalidad Ante la ausencia de las ya mencionadas victorias tempranas y ante una oferta institucional casi inexistente que garantice una efectiva inclusión social, económica y cultural de la población joven en esta ciudad, las economías ilegales y las dinámicas de violencia que de ellas se desprenden, se constituyen en la oferta concreta mediante la cual los jóvenes, no sólo acceden a recursos económicos, sino también, a posiciones de poder y autoridad fáctica en sus contextos. Sin duda, la ilegalidad ve en las capacidades de los jóvenes grandes potencialidades útiles a sus intereses, a diferencia del mundo institucional y formal que ve a los jóvenes con recelo y desconfianza. Vaya paradoja. Justamente, el hecho de haber crecido en medio de situaciones en las que las consecuencias del conflicto armado han ocasionado la pérdida de vidas queridas para muchos jóvenes, la desarticulación del tejido social y comunitario y un impacto ambiental debido a los efectos que arroja la economía de la coca y su combate por parte del Estado, ha cimentado sentimientos de resistencia frente a estas situaciones adversas y trabajar por construir un presente y un futuro mejor para ellos y para sus comunidades. Y es por esto que en este municipio existen organizaciones de jóvenes que se juegan la vida resistiendo a los embates que ha significado, no sólo, la ausencia de dichas victorias tempranas en un contexto de “postconflicto” que las requiere de manera urgente, sino también, la carencia absoluta de una oferta institucional pertinente para esta población. En ese sentido, desde hace más de cuatro años la Fundación Construyendo Jóvenes, Paz y Medio Ambiente, ha venido gozando de protagonismo en el barrio exportadora de la comuna cinco, debido a su compromiso en la construcción de una conciencia ciudadana sobre la base de la cultura de paz y el cuidado del medio ambiente. Estos jóvenes han logrado involucrar a 250 niños, niñas y jóvenes del sector, en actividades de cuidado del medio ambiente que han contribuido a la prevención del uso y vinculación de éstos niños y jóvenes de este sector a los grupos ilegales y a las economías de la coca. Actualmente están desarrollando un proyecto de servicio social denominado: Yo construyo paz y medio ambiente, el cual consiste en realizar actividades de carácter socio-ambiental y educativo con estudiantes de grados 10º y 11º en el marco de las 80 horas correspondientes al servicio social estudiantil. También hacen parte del Comité Interinstitucional socio-ambiental en el que participan también sectores sociales, gremiales e institucionales del municipio. La Fundación Construyendo Jóvenes, Paz y Medio Ambiente, ha venido gozando de protagonismo en el barrio exportadora de la comuna cinco, debido a su compromiso en la construcción de una conciencia ciudadana sobre la base de la cultura de paz y el cuidado del medio ambiente. Fotos: Fundación Construyendo Paz y Medioambiente. 2019 De igual forma, la Fundación Maestros y Maestras del Entretenimiento que tiene presencia en el municipio desde hace 15 años, es un grupo de jóvenes que han heredado de generaciones anteriores la batuta de esta organización juvenil. Esta organización trabaja con un grupo de 300 jóvenes de la zona rural, específicamente de las veredas Tangareal y Chilví y de la zona urbana correspondiente al barrio Ciudadela de la comuna 5, en procesos de participación juvenil. Su trabajo se basa en la metodología del teatro del oprimido mediante la cual ponen en discusión, con otros jóvenes, temas de interés y problemáticas que los afectan como son: el embarazo adolescente, la prevención de violencias; la participación juvenil. Estos temas socializados bajo el formato de las artes escénicas, tienen la virtud de generar una gran sensibilización entre quienes participan de las actividades, lo que motiva ejercicios reflexivos que les permite proponer acciones para la prevención de dichas situaciones. Durante los últimos años, han venido asesorando a la Fundación Plan en el marco de los proceso de fortalecimiento de la participación juvenil que esta fundación internacional adelanta en el municipio. La Fundación Maestros y Maestras del Entretenimiento que tiene presencia en el municipio desde hace 15 años, es un grupo de jóvenes que han heredado de generaciones anteriores la batuta de esta organización juvenil. Trabajan con un grupo de 300 jóvenes de la zona rural, específicamente de las veredas Tangareal y Chilví y de la zona urbana correspondiente al barrio Ciudadela de la comuna 5, en procesos de participación juvenil. Foto: Fundación Maestros y Maestras del Entretenimiento. 2019. El trabajo de estas dos iniciativas contribuyen, sin duda alguna, a la prevención de la vinculación de jóvenes a las dinámicas que afectan la vida, la sociabilidad y el medioambiente del municipio, pero también se constituyen en un tejido ciudadano que lentamente crece y configura, seguramente, las condiciones de posibilidad distinta a la violencia como elemento constitutivo de la realidad presente para esta región. Debemos tener claro que estas generaciones son quienes elegirán los próximos dos presidentes y representantes legislativos, lo que obliga entonces a la construcción d en una ética ciudadana que aporte a las transformación de las prácticas corruptas y mafiosas que caracterizan también las dinámicas electorales en el municipio y en el país y estas dos organizaciones aportan, sin duda, a esos propósitos.

Por: León Valencia, director – Pares Suceda lo que suceda después de la indagatoria al expresidente Álvaro Uribe, se habrá sentado un precedente. Los colombianos, y las propias cortes, le están perdiendo el miedo al exmandatario. Uribe tendrá que concurrir muchas veces a los tribunales de justicia en lo que le resta de vida. Si la Corte Suprema de Justicia decide que las pruebas son suficientes para continuar el proceso, y finalmente llamarlo a juicio por soborno y fraude procesal, se abrirán de par en par las puertas para que las acusaciones de fondo, las que lo implican en la conformación de grupos paramilitares y en delitos que van desde homicidios hasta masacres, comiencen a prosperar. Pero aún si la Corte Suprema decide archivar el proceso porque según sus valoraciones Uribe no participó de la manipulación de testigos, la controversia continuará y las víctimas y los testigos de las acciones del expresidente seguirán apareciendo motivados por este primer llamado a indagatoria. La audiencia crecerá día tras día en la medida en que decaiga el poder político y social de Uribe y sus seguidores. Álvaro Uribe fue el principal protagonista del periodo más oscuro de la última violencia. Según el Registro Único de Víctimas, entre 1995 y 2005 se produjo el 67% de las ocho millones doscientas mil víctimas contabilizadas a lo largo de todo el conflicto. En ese tiempo, Uribe fue gobernador de Antioquia -quizás el departamento más afectado por la guerra- y presidente de la república. La verdad sobre ese triste momento del país ha empezado a salir lentamente a medida que avanzan las labores de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. En esa verdad tendrán una presencia muy importante los líderes políticos que guiaron a la nación en esos días azarosos. Uribe no será la excepción. Ahora bien, lo que más le conviene a Colombia y al propio expresidente Uribe, es que el exmandatario decida concurrir a la JEP y a la Comisión de la Verdad para dar cuenta de todas sus acciones y revelar las verdades por incómodas que éstas sean. En ese caso, Uribe recibiría los mismos beneficios que los subalternos suyos, algunos militares y políticos, que ya están hablando en esos tribunales. Eso, desde luego, tiene un alto costo para la conciencia del expresidente. Hasta ahora Uribe ostenta una conciencia heroica sin pliegue alguno, sin ninguna fisura, piensa que defendió una causa justa, la de la democracia, y también que actuó conforme a la ley y al derecho internacional humanitario en defensa de esa causa. Aceptar que, a pesar de la justeza de la causa y en medio de la feroz guerra irregular que vivió el país, pudo desviarse del camino de la ley en algunas ocasiones y pudo vulnerar a personas inocentes o indefensas. Ese sería el gran reto íntimo, la batalla que tendría que librar en lo más hondo de su conciencia. El resultado para Uribe sería retirarse a vivir su vejez en la tranquilidad de su familia y sus allegados sin tener que seguir de tribunal en tribunal defendiendo su inocencia ante la justicia ordinaria. El beneficio para el país sería mayor. En ese momento entraríamos de lleno en la reconciliación nacional. Se acabaría por fin la justificación de la violencia política que asoló a Colombia en los últimos cincuenta años y pondríamos freno al resurgimiento de nuevas violencias.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El expresidente Álvaro Uribe Vélez, actual senador y cabeza principal del partido Centro Democrático, está citado en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que rinda indagatoria el próximo martes ocho (8) de octubre por la responsabilidad en el soborno de testigos y fraude procesal. El caso se remonta al 2014 cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por un presunto chantaje de falsos testigos, sin embargo, la investigación viró hacia otra dirección y la CSJ abrió las pesquisas en contra del primero. Así las cosas, se cerró la investigación contra Cepeda, y ahora se espera que Uribe asista a dicha audiencia en la cual se supone ya deben tener todos los testigos de ambas partes para tomar una decisión: si continúa el caso con Uribe adentro o fuera de prisión. Pero ante la polémica que ha suscitado este caso, se avecinan movilizaciones a favor y en contra del proceso. En redes sociales se volvieron tendencia #ALaCallePorUribe y #EstamosConUribe por parte de los internautas que le han seguido el rastro al caso desde el ala más conservadora y de derecha radical del país. A continuación, la Fundación Paz & Reconciliación-PARES presenta algunas de las figuras que a lo largo del caso y en general en su respectivas carreras han apoyado a Uribe.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares La histórica función que han adelantado quienes lograron llevar al expresidente y máximo líder del partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, a rendir indagatoria, ha trasegado por más de diez (10) años repletos de complejidades propias de un proceso turbio que ha cobrado víctimas, ha generado amenazas y, actualmente, plantea un pulso entre las Cortes y el uribismo. Pares presenta un artículo con un recuento alguno de los pasajes que hicieron parte del caso Uribe. A su vez, presenta algunas de las figuras más preponderantes de la contraparte de Álvaro Uribe. El testigo, la muerte y el azaroso inicio del caso El testimonio de Francisco Villalba, jefe paramilitar, fue el que dio rienda suelta a un caso que tiene como próximo capítulo la indagatoria de Álvaro Uribe, en tan solo dos días. Hace once años, para febrero de 2008, en un tribunal de Justicia y Paz, Villalba señaló que en la Masacre de El Aro —en la que él y sus hombres participaron— existe responsabilidad absoluta de Uribe, quien en aquel entonces era el gobernador de Antioquia. Villalba relató una presunta conversación entre Salvatore Mancuso y Uribe en la que se decretó: “Borren el pueblo”. Villalba además aseguró que tras la perpetración de la masacre el “amarillo de la Gobernación” sobrevoló la región. En 2009 fue asesinado por sicarios y sobre su testimonio que nueve meses atrás vinculó a Uribe; murió diciendo “Yo nunca me voy a retractar (…) Si me van a matar, que me maten”. Dos años después, para septiembre de 2011, Iván Cepeda reveló a la opinión pública los testimonios de Pablo Hernán Sierra García, alias Alberto Guerrero’ y Juan Guillermo Monsalve, quienes aseguraron que la masacre de San Roque fue ordenada por Uribe. Asimismo, señalaron que Uribe, su hermano Santiago Uribe, los hermanos Villegas y los hermanos Gallón fueron todos partícipes en la fundación del Bloque Metro de las AUC. Amenazas y asesinato Tras estas versiones, en febrero de 2012 empieza la pugna de Uribe en contra de Cepeda, pues el expresidente interpone una denuncia contra el senador por abuso de función pública, soborno y fraude procesal. Esto, con base en las denuncias hechas por Cepeda que vincularían a Uribe con el paramilitarismo. Desde ese momento, testigos como Juan Guillermo Monsalve fueron objeto de hostigamientos, amenazas e intentos de asesinato. Por ejemplo, Carlos Areiza, testigo estrella en el caso contra Uribe fue asesinado en abril de 2018. La Corte Suprema de Justicia ya habría solicitado que se redoblara su seguridad, sin embargo, esto no sucedió. El asesinato se perpetró bajo la modalidad de ‘sicariato’. Sus testimonios fueron cambiantes, pues ya había expresado que estaba siendo objeto de amenaza en la cárcel y posteriormente también desmintió que Cepeda lo hubiera hostigado para declarar. Pérdida de pruebas También hubo episodios insólitos en los que, por ejemplo, en diciembre de 2014, se perdieron las grabaciones del Sistema de Interceptación de la Fiscalía, que hacían parte del material probatorio contra el expresidente Álvaro Uribe. La Corte Suprema más adelante ordenaría una investigación sobre lo correspondiente al aparato de la Fiscalía General de la Nación, pues alrededor de 10 llamadas claves en el proceso de Uribe no quedaron registradas por presuntas ‘fallas el sistema’, en un capítulo de incertidumbre sobre si el sistema fue o no manipulado. Hecho que generó que la Corte solicitara a una Agencia de Inteligencia Británica apoyo en el proceso de interceptaciones. Giro Inesperado Ya para febrero de 2018 hay un giro total en el caso, debido a que la Corte Suprema de Justicia cerró el proceso en favor del senador Iván Cepeda y abrió investigación preliminar contra el senador Álvaro Uribe, por los delitos de soborno y fraude procesal. De igual manera, se abrió investigación preliminar por las masacres de El Aro, en el municipio de Ituango, San Roque y La Granja, también en el departamento de Antioquia. Recordemos que los testigos sobre el caso de la creación de grupos paramilitares en la Hacienda ‘Guacharacas’, fueron visitados por Cepeda en la cárcel de donde extrajo señalamientos contra Uribe. Declaración Histórica Hay otro aspecto que cabe resaltar en el marco del caso Uribe. En mayo de 2018, la Corte Suprema de Justicia declara la masacre de El Aro, La Granja y San Roque como crímenes de lesa humanidad, así como también el asesinato de Jesús María Del Valle, emblemático defensor de derechos humanos. Cabe recordar que el homicidio de Del Valle ocurrió el 27 de febrero de 1998 a manos de la banda La Terraza, tiempo después de que el abogado defensor de derechos humanos declarara que militares participaran en las masacres del caso. Por su parte, las masacres de la Granja y de San Roque se perpetraron en 1996 y, la de El Aro en 1997. Es importante mencionar que la Corte Suprema de Justicia notificó de manera oficial que la declaración de estos crímenes de lesa humanidad, se dan “en el curso de la indagación previa 45110 contra el senador Álvaro Uribe”. Antes de que estuviera a cargo el Magistrado Cesar Augusto Reyes Medina, estuvo la magistrada Cristina Lombana adelante del caso Uribe. Lombana venía de trabajar como juez penal militar y pasó a las toldas del alto tribunal, es mayor del Ejército y después de haber intentado ocupar la bacante que dejó Leonidas Bustos y fracasar en su intento; llego a integrar la nueva Salsa Especial de Instrucción. En otras palabras, Lombana, investigó en primera instancia a los altos funcionarios del Estado, precisamente, iba a estar a cargo del caso de Uribe; pero un polémico impedimento la apartó la investigación. Antes, con Leonidas Bustos había incluso más incertidumbre por su papel en el polémico Cartel de la Toga. Después de conocer algunos de los más difíciles episodios del caso, a continuación, Pares presenta a quienes han sorteado los impases que han complejizado el caso Uribe:

Por: Redacción Pares El Consejo Regional Indígena del Cauca, a través de un comunicado divulgado en las últimas horas, informa sobre el asesinato del joven Dumar Mestizo integrante del Grupo Juvenil Álvaro Ulcué, en horas de la tarde del 4 de octubre, en el sector de la Despensa Municipio de Toribío. En lo corrido del año, según la Defensoría del Pueblo, en este departamento han sido asesinados 21 líderes sociales, de los cuales, ocho eran indígenas. Estos crímenes aún están en la impunidad. Dumar, dice el comunicado, era residente en la vereda la Esperanza del resguardo de Jambaló. En el momento acompañaba al programa Generaciones Étnicas con Bienestar del mismo resguardo, realizaba murales en la comunidad, e hijo del líder asesinado por actores armados, Marino Mestizo. El crimen sucedió horas después de que, en horas de la madrugada fue dejado un panfleto en el barrio La Mesa de Belalcázar en casa donde se estaba hospedando el consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC Hermes Pete Vivas. Este panfleto fue escrito, presuntamente, por el grupo residual de la extinta guerrilla de las FARC, donde le piden al Consejero no promover la reactivación y fortalecimiento de la guardia Indígena como defensores y garantía de vida. Además, en el mismo panfleto le piden a las Autoridades Indígenas de los resguardos de Lame, Mosoco, San José, Vitonco, Tálaga y Belalcázar salir del territorio, de no hacerlo según la misiva, asumirían las acciones militares de ese grupo armado delincuencial de las FARC. El CRIC hace un llamado urgente a la Defensoría del Pueblo, Comisión de derechos Humanos del Congreso, a la ONU, OEA y demás organizaciones de derechos humanos, a mantener y seguir brindando su apoyo a los procesos comunitarios de cuidado y defensa de la vida, ante estos hechos que buscan profundizar las dinámicas del conflicto.

Por: Carlos Castelblanco Pinedo – Redacción Pares «Los dos gobiernos, el de Colombia y el de Venezuela, han sido bastante torpes y no han podido darle salida a esta situación crítica. Esta Convergencia Ciudadana Colombia – Venezuela conformada por más de un centenar de organizaciones sociales, figuras académicas, políticos y colectivos culturales ha venido desarrollando diálogos con distintos sectores; por ejemplo ha tenido un diálogo muy interesante con sectores disidentes del chavismo y con sectores opositores que tienen perspectivas muy distintas, insistiendo en la necesidad de un acercamiento entre todos para construir una solución pacífica en Venezuela y la reconstrucción de la relación binacional. El próximo diálogo va a ser con las Cámaras de Comercio que articulan a venezolanos que están produciendo o vendiendo distintos tipos de productos en Colombia, a colombianos que ya habían hecho sus inversiones en Venezuela y a muchos productores o comerciantes a lo largo de la frontera. Las Cámaras han mostrado mucho interés en la normalización de la situación fronteriza.» Pares habló con Socorro Ramírez Vargas, integrante de la Convergencia Ciudadana Colombia – Venezuela. Experta analista, posdoctora del Institut des Hautes Études de l´Amérique latine (IHEAL), Universidad Sorbonne Nouvelle – París III, doctora en Ciencia Política del Departamento de Ciencia Política, Universidad Sorbona, Paris 1, coordinadora del “Grupo sobre integración regional” y del grupo “América Latina” del proyecto “La inserción de Colombia en el sistema internacional cambiantes” Friedrich Ebert Stiftung (Fescol), coordinó el Grupo Académico Colombia-Venezuela y los programas andino-brasileño y Colombia-Ecuador. Fue profesora titular del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, desde 1992 hasta 2009. Pares: ¿Qué es la Convergencia Ciudadana Colombia – Venezuela y cuál fue su origen? Socorro Ramírez Vargas: Es una iniciativa plural que desarrollan universidades en ambos países, organizaciones sociales, organizaciones de Iglesias y algunos sectores vinculados a dinámicas de desarrollo económico que han visto cómo, por más esfuerzos individuales de cada una esas iniciativas, la incidencia sobre el acelerado deterioro de la relación binacional es muy poca frente a la magnitud de la problemática. Esta articulación de iniciativas desde la sociedad civil multiplica el efecto de cada uno de los distintos componentes que ha venido atendiendo problemáticas ligadas al éxodo venezolano y al retorno de colombianos y sus familias binacionales, o que le han venido haciendo un seguimiento a la política de cada país frente al otro y a la situación de seguridad, de desarrollo o de articulación entre las dinámicas fronterizas de los dos países. Esta iniciativa se ha ido logrando a partir de un diálogo muy estimulante que empieza por reconocer el aporte que cada uno de esas iniciativas ha venido desarrollando y el esfuerzo por compartir sus programaciones, sus iniciativas y sus eventos. Los destinatarios de todo este trabajo no son los dos gobiernos, que no han podido darle salida a esta crisis y que han escogido esta diplomacia del micrófono para cada día subir el tono del enfrentamiento, no, lo que queremos es incidir sobre la opinión pública con una mirada informada, plural y que ve la complejidad de la situación a ambos lados de la frontera. Pares: ¿Hoy existe el riesgo de que se recurra al uso de la fuerza para solucionar la crisis en Venezuela? S.R.V: No es descartable, y así lo han repetido en forma reiterada el gobierno de Estados Unidos, el de Colombia, el presidente interino de Venezuela y algunos de sus más cercanos colaboradores. Todas las opciones están sobre la mesa y eso hace que en varios momentos, como lo recordaba y lo mostraba John Bolton, el anterior asesor de seguridad de Estados Unidos quien en su libreta enseñaba un desplazamiento de tropas de Estados Unidos a la frontera, esa es una opción que no es automática y que no tiene, por fortuna, condiciones mayores de realización. Ambas naciones han venido realizando peligrosas acciones. Las acciones de entrenamiento y ejercicios militares que realizó el régimen de Maduro del 10 al 25 de septiembre pasado, y las que comenzaron el 30 de septiembre hasta el 5 de octubre en Corozal, en el César, entre la armada de Estados Unidos y la armada colombiana. Esos son mensajes muy preocupantes en el sentido de que la fuerza podría ser un elemento que salga, no a resolver, sino a agravar y acelerar el deterioro de la crisis fronteriza. «Esta Convergencia, justamente, se articula en torno al rechazo al uso de la fuerza y de una injerencia externa en la crisis venezolana, mostrando que la urgente transición tiene que ser pacífica, democrática y desarrollada por los propios venezolanos.» Foto: Pares. Pares: ¿Qué papel desempeña Rusia en esta crisis binacional? S.R.V: Es claro que Rusia usa el caso venezolano en su disputa con Estados Unidos y en su interés por un espacio de influencia en América Latina y el Caribe; sin embargo, además de ese interés geopolítico está presente el interés económico de lograr garantizar el pago de la enorme deuda que ha ido contrayendo el régimen de Maduro por la sucesiva compra de armamento, y también tiene mucho interés en recursos naturales de Venezuela. Toda esa combinación tiene que contar a la hora de un acuerdo entre los venezolanos para buscar una transición que garantice que, con los aliados de uno y otro lado, pueda haber una clarificación de situaciones, es decir, para que esos aliados en lugar de interferir en las negociaciones, tengan las garantías de que esa transición no va a afectar los compromisos que tiene el Estado venezolano frente a uno u otro caso. Pares: El mecanismo del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR es un acuerdo firmado en Río de Janeiro en 1947, para la defensa mutua entre los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA). ¿Cómo analiza, en este caso concreto de Venezuela, el rol del TIAR? S.R.V: Si bien han insistido en que se trata de activar el órgano de consulta para que examine la gama de alternativas, no hay que olvidar que el TIAR ha sido aplicado en coyunturas críticas frente a gobiernos especialmente de izquierda o gobiernos progresistas, y que constituye una manera de materializar esa idea de que todas las cartas están sobre la mesa. Ojalá que la OEA lograra jugar un papel más proactivo en favor de la negociación entre distintos sectores opositores venezolanos para que logren una articulación de una propuesta que les permita negociar con el régimen de Maduro, porque, en alguna medida esa división al interior del sector opositor la aprovechó el régimen de Maduro, y su unificación no se logra con mecanismos como el TIAR, que al contrario profundiza en esa división entre opositores venezolanos que rechazan el régimen, no le dan legitimidad y le cuestionan su política que ha ido colapsando a ese país. Pares: ¿Cuál debería ser la actuación del gobierno de Colombia en toda esta situación con Venezuela? S.R.V: Por una parte, el gobierno debe restablecer los pasos fronterizos legales, que son seis, en 2200 km². La normalización de esos pasos permite regular el tránsito masivo diario de muchos venezolanos que vienen a proveerse de servicios básicos de salud, de bienes básicos que no encuentran en su país. Las trochas ilegales, que se multiplican día a día, están manejadas por el grupo criminal con mayor fuerza y con mayor capacidad de imponer su propio orden, y me parece que ese es un daño terrible que va a incidir en ambos lados: en Colombia en las dificultades de consolidar la paz y en Venezuela en cualquier opción de transición, que no va ser muy fácil, además de que anula los nexos positivos entre los dos países. «La primera urgencia es establecer puentes y canales de normalización de las relaciones de los vecinos que, necesariamente, tienen que tener canales en torno a los cuales procesar esa complejísima situación que se está presentando.» Foto: Pares. En segundo lugar creo que es muy importante que desde Colombia se apoye, por parte de todos los sectores empezando por el gobierno, la posibilidad de que los distintos sectores opositores y disidentes del chavismo construyan una alternativa para negociar con el régimen de Maduro, y que ese sea el énfásis. Colombia debe apostarle a que los venezolanos negocien entre ellos, empezando por una negociación entre los distintos sectores que están hoy rechazando el régimen de Maduro. En tercer lugar que hay que garantizar que Colombia abra toda su capacidad de solidaridad frente al éxodo venezolano y que tenga la capacidad de inserción tratando encontrar alternativas al reclutamiento ilegal que muchos grupos criminales están haciendo de venezolanos, para que no queden atrapados en la informalidad y la delincuencia. Me parece que está bien realizar todo el esfuerzo que se deba hacer para integrar de la mejor manera a los venezolanos que siguen llegando cada vez de manera más masiva por el deterioro de la situación. Y se han hecho cosas positivas, hay que reconocerlo. Se está tratando de regularizar su situación, evitar que estén en la ilegalidad, reconocer a sus hijos y darles la nacionalidad para que no se levanten como apátridas y más bien puedan integrarse a la vida colombiana. Me parece que eso hay que reforzarlo con iniciativas muy importantes y que le salgan al paso al uso de esa problemática migratorio para generar xenofobia en la campaña electoral regional. Pares: ¿Qué viene para esta Convergencia Ciudadana, cuáles son los siguientes pasos a seguir? S.R.V: Los distintos sectores que forman la convergencia están organizando una evento binacional para el 13 y 14 de noviembre que va tener cinco ejes. Uno sobre la seguridad en la frontera, un segundo eje tiene que ver con la problemática binacional de la ruptura de todos los mecanismos y el bloqueo en las relaciones entre sectores locales y los de los dos gobiernos, en tercer lugar se va a analizar la situación económica en un panel que van a desarrollar las Cámaras de Comercio, es decir se van a examinar los nexos positivos entre dos socios que descubrieron enormes complementariedades económicas examinando, no solo qué queda, sino qué sigue, y cómo en la reconstrucción de Venezuela pueden desempeñar un papel desde Colombia con iniciativas de solidaridad. «Toda la región pierde al no lograr un acuerdo para propiciar la transición pacífica y democrática en Venezuela. A pesar de que los diferentes intentos de diálogo entre el gobierno y la oposición no han fructificado, estos esfuerzos y los dirigidos a lograr consensos, ratifican la necesidad de buscar canales de entendimiento que permitan una solución negociada, como lo reclama la amplia mayoría del pueblo venezolano” Foto: Pares. Por último, en el foro se van a examinar las posibles salidas políticas en Venezuela y todo tipo de iniciativas que se tienen a ambos lados sobre posibles escenarios de transición que permitan una negociación y solución a corto y mediano plazo, y obviamente, el tema de la migración, de la crisis humanitaria va a ocupar un lugar prioritario en ese evento que esperamos que se desarrolle con ciudadanos de ambos países y teniendo en el foco las realidades actuales de los intercambios binacionales y la necesidad de apoyo a la recuperación y estabilización de Venezuela para que la transición se base en el desarrollo sostenible.

Por: Redacción Pares Este jueves, en el marco de la conmemoración de los 170 años del Partido Conservador, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se pronunció sobre la protesta social y dijo que es necesaria reglamentarla. La protesta es un derecho esencial en una democracia, así como disentir, reclamar, rechazar lo que el ciudadano considera está mal en el Estado. «Pero una cosa es la protesta y otra las vías de hecho. Es urgente reglamentar la protesta social porque lo que vivimos la semana pasada nos está notificando que esto va a seguir» señaló la funcionaria. El derecho a la protesta La protesta o movilización social es un derecho fundamental que se desprende del derecho a la libertad de expresión y reunión, tal como lo contemplan la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación. Sin embargo, en el contexto colombiano queda en entredicho si esos pactos se cumplen a cabalidad, puesto que, el uso de la fuerza en la mayoría de las movilizaciones que empiezan siendo pacíficas, terminan en choques entre las partes. La protesta social, las personas marchando en la calle, explica Ariel Ávila, subdirector de Pares, son tal vez, uno de los signos que mejor muestra la salud de una democracia. Es un derecho en cualquier democracia, y como derecho se puede ejercer cuando una persona o colectivo lo decida, eso no los hace ni buenos, ni malos, los hace ciudadanos. La protesta social es legal y legítima en la democracia, es en modelos autoritarios donde no se puede protestar. El problema de estos regímenes demócrata-autoritarios es que utilizan un discurso del miedo eficiente y, por ende, la destrucción lenta de la democracia no se ve o no se percibe. Foto: Pares. La autoridad deben proteger los derechos, no atacarlos Sin dudas, tras los sucesos de las últimas semanas en las distintas universidades del país, se está reavivando un debate sobre el papel de la fuerza policial en las protestas y sus distintos impactos en materia de derechos humanos. Resulta ilustrativa la visión de Juan Carlos Amador, Profesor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, quien escribió en Viva la Ciudadanía un texto que tituló ‘Derecho a la protesta y desmonte del ESMAD’. En el texto, Amador señala la sentencia C-742 de 2012 que refiere al “uso de la fuerza policial en el marco de una protesta en el espacio público no se justifica ante la simple obstrucción de vías, pues debe ser evidente que dicha acción pone en riesgo derechos fundamentales básicos de terceros”. Esta sentencia vista en clave del caso de la Universidad de Atlántico pondría en mayor evidencia el peligroso e ilegal proceder de los uniformados. Asimismo, otro de los elementos que esboza Amador y que contribuyen al capítulo sucedido en la Universidad del Atlántico, tiene que ver con que, en palabras del profesor de la Universidad Distrital “la presencia de la fuerza pública en manifestaciones tiene como propósito proteger los derechos tanto de las personas que intervienen en la protesta como de terceras personas. El uso de la fuerza es algo excepcional y procede como último recurso para evitar afectaciones mayores a terceros.” «Así son las democracias, con protesta social, y al que no le guste se puede ir a vivir a a un país autoritario, de hecho, hay unos cuantos bastante cerca.» enfatiza Ariel Ávila, subdirector de Pares.

Por: Redacción Pares La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha identificado frenos que impiden el desarrollo social de la región y que van desde la enquistada pobreza a la desigualdad crónica, pasando por la falta de inversión en el tejido social y los impactos del cambio climático. Para superarlos, propone crear políticas centradas en los derechos y la igualdad, siguiendo los pasos marcados por la Agenda 2030 de desarrollo sostenible. América Latina y el Caribe es la región más violenta del mundo, algo inesperado dado su nivel de desarrollo económico, político y social. Por ejemplo, la tasa de homicidios de la región es cinco veces mayor que el promedio mundial. La violencia no solo se refiere a homicidios, sino también a otras expresiones de violencia, como asaltos e incidentes de violencia sexual La Comisión Económica para América Latina y el Caribe señala que lo social no se juega en lo social exclusivamente, sino también en la economía, la política y el medioambiente. 1. La persistencia de la pobreza En 2017, el número de personas en situación de pobreza en América Latina llegó a los 184 millones, equivalente al 30,2% de la población, de los cuales 62 millones, un 10,2%, vivían en la pobreza extrema. Además, en 2016, el 41,7% de las personas ocupadas en América Latina recibían ingresos laborales inferiores a los salarios mínimos nacionales. Este porcentaje era especialmente elevado entre las mujeres jóvenes, un 60,3%. Aunque, entre 2002 y 2014, la pobreza bajó del 44,5% al 27,8% y la pobreza extrema, del 11,2% al 7,8%; entre 2015 y 2016 se registraron aumentos sucesivos de ambos indicadores, lo que representó un retroceso significativo. Las cifras de 2017 revelaron un incremento adicional de la pobreza extrema y un estancamiento de la tasa de pobreza registrada en 2016. A pesar de las diferencias que se observan de país en país, la pobreza presenta rasgos comunes en toda la región: mayor incidencia entre las mujeres mayor incidencia entre los menores mayor incidencia entre las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos y las personas con discapacidad. 2. Las desigualdades estructurales y la cultura del privilegio “Los altos niveles de desigualdad existentes en la región conspiran contra el desarrollo y son una poderosa barrera para la erradicación de la pobreza, la ampliación de la ciudadanía, el ejercicio de los derechos y la gobernabilidad democrática”, asegura la CEPAL. Y añade que “la desigualdad es una característica histórica y estructural de las sociedades latinoamericanas y caribeñas que se ha mantenido y reproducido incluso en períodos de crecimiento y prosperidad económica”. Entre 2002 y 2017, la desigualdad en la distribución del ingreso, expresada mediante el índice de Gini del Banco Mundial -que mide la desigualdad de ingresos de los ciudadanos en un país-, se redujo de 0,534 a 0,466, lo que es un resultado significativo. Sin embargo, el ritmo de la disminución entre 2014 y 2017 se ha ralentizado y, a pesar de los avances, América Latina y el Caribe continúa siendo la región más desigual del mundo. Más allá del apartado económico, las desigualdades abarcan la desigualdad en el ejercicio de los derechos, las capacidades y los niveles de autonomía. También incluye la desigualdad de género, la étnica y raciales, y la territorial, entre otras. Esas desigualdades se ven acentuadas y bloqueadas por la llamada cultural del privilegio que naturaliza las jerarquías sociales y las profundas asimetrías de acceso a los frutos del progreso, la deliberación política y los activos productivos. 3. Las brechas en educación, salud y de acceso a servicios básicos La CEPAL observa que, en las últimas décadas, América Latina ha experimentado importantes avances en ámbitos como la salud y la educación, así como en el acceso a la vivienda, los servicios básicos tales como el agua potable, la electricidad y el saneamiento, e internet. Sin embargo, persisten las brechas. A nivel regional, 6 de cada 10 jóvenes de entre 20 y 24 años concluyeron la educación secundaria, lo que muestra una mejora desde comienzos de la década de 2000, pero que aún debe ampliarse para universalizar la conclusión de este nivel educativo. En ese sentido, es necesario fortalecer las estrategias para prevenir la temprana deserción del sistema escolar. Además, la educación superior sigue reservada para una proporción reducida de la población: en promedio, en 2016, mientras que más de un 40% de los jóvenes de entre 25 y 29 años del quintil de mayores ingresos concluyeron al menos cuatro años de educación terciaria, solo el 3,6% de quienes pertenecen al quintil de menores ingresos alcanzaron ese nivel. Lo mismo ocurre con la salud, donde los indicadores generales han mejorado, pero donde la región aún enfrenta grandes desafíos, especialmente con respecto a ciertas poblaciones. Como ejemplo, la CEPAL señala que, en algunos países, la mortalidad infantil entre los afrodescendientes llegaba a ser hasta 1,6 veces mayor que la registrada en el caso de los no afrodescendientes, mientras que la tasa de mortalidad entre los niños indígenas casi duplica las de los no indígenas.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares El director de la Fundación Paz & Reconciliación -Pares, León Valencia, esbozó los escenarios de cara a la indagatoria del expresidente Álvaro Uribe Vélez en la Corte Suprema de Justicia, que se desarrollará el próximo martes 8 de octubre. Para el analista político, el día se proyecta con un gran impacto en la agenda del Gobierno Nacional y en la sociedad civil. Precisamente, señala Valencia, habrá una tensión en la opinión publica debido a que, por ejemplo, habrá marchas convocadas en contra y a favor de Uribe. El contexto de la indagatoria a Uribe Hay que recordar que el llamado a indagatoria fue posible por la ponencia del Magistrado Cesar Augusto Reyes Medina, especialista en Derecho Penal de la Universidad Nacional y en Derechos Humanos de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), luego de que pasara por las manos de otros funcionarios y varias recusaciones durante meses. El caso inicia en febrero de 2008, cuando Francisco Villalba, antiguo jefe paramilitar, declaró ante un tribunal de Justicia y Paz que antes de que ocurriera la masacre de El Aro escuchó una conversación de Salvatore Mancuso y Uribe donde decía «borren el pueblo». Más de diez años después, la Corte Suprema de Justicia decide llamar a indagatoria a Uribe por el caso de falsos testigos. Desde el 2018 la opinión pública estaba esperando que se fijara la fecha para que Uribe asistiera a la CSJ, sin embargo, hubo varias movidas del acusado como el uso de la doble instancia que empezó a regir desde ese año. La acusación que recae contra el senador Uribe y el representante Hernán Prada, tiene que ver con haber incurrido en convencer a Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar y principal testigo contra el expresidente, para que se retractara de sus declaraciones y argumentara que estas respondían a ofrecimientos y dádivas prometidas por el senador Cepeda. La Corte Suprema de Justicia, después de una larga investigación, llegó a la conclusión de que Iván Cepeda no incurrió en los delitos denunciados por Uribe y al contrario, encontró indicios de que es Uribe Vélez quien probablemente está incurso en fraude procesal y soborno, y por esos delitos le abrió investigación y ahora lo llama a indagatoria. Al tiempo, el Consejo de Estado tumba la destitución de Piedad Córdoba controvirtiendo las acusaciones de Uribe. Finalmente, Reyes tomó el caso desde el mayo de 2019 y a partir de ese momento lleva otros dos casos del expresidente con relación a los vínculos con algunas de las masacres perpetradas por los paramilitares a finales de los años 90. Asimismo, este caso sobre la manipulación de testigos para enlodar al senador Iván Cepeda. «Históricamente ha habido testimonios y situaciones que comprometen a Álvaro Uribe Vélez en violaciones de derechos humanos. Cuando fue presidente, su política de seguridad democrática provocó que se acrecentaran las ejecuciones extrajudiciales. Durante su gobierno la persecución que produjo el DAS fue por órdenes que salieron del Palacio de Nariño, eso está probado y así lo hice saber ante la Comisión de Acusaciones en mi declaración que duró casi dos horas. Además, es la primera vez en la historia que un alto tribunal de justicia llama a indagatoria a un expresidente a responder por hechos concretos que le están siendo endilgados.» le explicó a Pares en entrevista exclusiva el pasado 6 de julio Reynaldo Villalba Vargas, abogado del senador Iván Cepeda, defensor de Derechos Humanos por más de 25 años y miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. El forcejeo político En este sentido, para León Valencia, el 8 de octubre será un día de ‘forcejeo’ político, rodeado de una expectativa sobre lo que arroje el caso de manipulación de testigos. Caso en el que, entre otras cosas, han trascurrido poco más de cinco años de un proceso que empezó con la denuncia de Uribe en contra de Cepeda. Actualmente —a cinco días de la indagatoria— el tablero ha cambiado; pasó de ser acusador, a tener que sentarse en el banquillo de los acusados. De acuerdo con Valencia, se vislumbra un escenario de pulso entre las Altas Cortes y el expresidente Uribe, que necesariamente conducirá a una decisión controversial. Es decir, la indagatoria trae consigo unas connotaciones jurídicas, judiciales; sumado a la participación de los bufetes más importantes de Colombia que son lo que más incidencia tienen en la opinión pública. Está el caso del abogado Jaime Lombana, Jaime Enrique Granados, Abelardo De La Espriella y Diego Cadena. Asimismo, León Valencia subraya que el papel de los testigos y su naturaleza han configurado los giros que ha tenido el caso. Para el analista, el hecho de que haya testigos de las más diversas condiciones, como caso de paramilitares, contribuirá a las verdades que subyacen en las complejas redes políticas de los últimos años. De igual forma, el involucramiento de altos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, como el exfiscal Luis Eduardo Montealegre —quien fue citado por, supuestamente, orquestar un plan para desprestigiar al expresidente Uribe—; le suma un carácter nacional a la indagatoria. Para León Valencia existe un escenario en el que la Corte Suprema de Justicia reciba la indagatoria de Uribe, lo deje en libertad y prosiga el juicio con el expresidente en libertad. Por otro lado, para Valencia se puede dar un escenario en el que la Corte Suprema de Justicia decida capturarlo y continuar el juicio con él en prisión, el cual para el analista es un escenario difícil en términos político; pero que no deja de ser un escenario posible. El último escenario que plantea Valencia, que considera el más remoto, tiene que ver con que el expresidente no se presente ante la Alta Corte. ¿Qué pasa si detienen a Uribe? Para Valencia, por un lado, con la detención de Uribe, el juicio podría continuar su curso con relación a las pruebas de peso que maneja el caso de manipulación de testigos. Por otro lado, se desarrollaría un evento sin precedentes que exponencialmente conllevaría a un impacto en la opinión pública, sobre todo, por la acción de las toldas acérrimamente más uribistas. De todas formas, en una eventual detención de Uribe, resalta Valencia, se daría en caso de que la Corte Suprema de Justicia tenga absoluta certeza de las pruebas en contra de Uribe. Entre otras cosas, porque en el escenario hay un lado que entiende la libertad de Uribe puede desencadenar en una posible obstrucción de justicia y hasta con riesgo de fuga. El otro lado, quienes apoyan a Uribe, entienden la detención — o la sola indagatoria—; como un proceso falto de garantías y susceptible de desprestigio en el proceder de las Altas Cortes. León Valencia, a la luz de la discusión de la antesala de la indagatoria de Uribe, trae a colación un antecedente que resulta ilustrativo para pensarse el devenir sobre la decisión que tome la Corte Suprema de Justicia. Para la elección presidencial de 2010 cuando se hablaba de la segunda reelección de Uribe, la Corte Constitucional declinó en contra de la pretensión de Uribe de postergar su presidencia a 12 años. El hecho de que Uribe haya tenido que someterse a la decisión de la Alta Corte, muestra que ya hay registro de que la independencia de las Cortes impera. “Hay que alentar a la Corte para que tome decisiones en derecho así sean muy duras para un sector del país, así les toque afrontar un debate público muy controversial”, señala León Valencia.