Por: Daniela Quintero. Redacción Pares Aunque es un hecho el alza del dólar, el gobierno del presidente Iván Duque no asume los efectos que esto puede traer para la economía en Colombia. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aseguró el miércoles que el país no ha sufrido el coletazo por la subida de esta moneda y está preparado para enfrentarla. Sin embargo, los expertos aseguran que este anuncio pretende apaciguar las consecuencias reales que implica la volatilidad del dólar en el país, puesto que, en varias ocasiones este gobierno ha optado por culpar a la administración anterior o buscar un agente externo para encubrir las falencias. En la Convención Internacional de Seguros 2019, realizado por la Federación Colombiana de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), Carrasquilla expresó que “hay una tendencia a que el precio colombiano tenga más volatilidad, porque a los inversionistas que existen en los mercados internacionales de Capital les gustan los activos más líquidos. Dentro de esa gran familia de monedas, el peso colombiano está favorecido por tener un mercado mucho más líquido que la inmensa mayoría”. Pero en esa misma línea habría un sector supuestamente más favorecido como los exportadores, mientras el resto de los colombianos y colombianas de a pie sienten los efectos del alza del dólar que también se reflejan en el desempleo. El impacto real del alza La Fundación Paz & Reconciliación dialogó con el economista Camilo Echandía quien explicó el panorama que plantea el gobierno mientras esa moneda sigue creciendo. “Frente a esos cambios tan bruscos, obviamente las economías no están preparadas, además hay efectos totalmente impredecibles en esos cambios, pues uno podría decir que bueno, es la declaración de un funcionario público, pero que la economía como la colombiana que es una economía complementaria con el resto del mundo, pues obviamente se va a ver impactada por ese cambio”, expresó. De acuerdo con el analista, a nivel global se intenta enviar un mensaje de calma, de que esta situación no es motivo de preocupación, pero claramente una subida del dólar a esos niveles, una devaluación del peso a esos niveles genera traumatismos enormes con respecto al comercio internacional. En ese sentido, la balanza cambiaria desde luego tiene repercusiones grandes. “Si bien se pueden fomentar las exportaciones, las importaciones son enormemente costosas en una economía que depende tanto del sector externo”, agregó Echandía. Por eso, el crédito adquirido se encarece con el resto del mundo y eso repercute en las condiciones de empleo. Las empresas tienen deudas externas, importan bienes del extranjero para llevar a cabo sus procesos productivos, y ese también es el caso de Colombia. Se tiene una economía complementaria con el resto del mundo, y esto conlleva a depender de los demás mercados. Es decir que el componente internacional es casi que indispensable para llevar a cabo todos los procesos nacionales. Y tal como está sucediendo, ese componente internacional se está encareciendo, entonces eso repercute en el nivel de endeudamiento, de inversión, de empleo, en todos los indicadores económicos. “Está probado que el desempleo es más de oferta que de demanda, es decir, las condiciones de empleabilidad son las que se han deteriorado, no es que se haya aumentado la masa de demandantes de trabajo, sino que es un problema estructural de oferta. Entonces ahí también el encarecimiento del dólar tiene una repercusión importante”, aseguró el experto. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), indicó en su más recientes estudio que en agosto el desempleo a nivel nacional llegó al 10,8%, la cifra más alta registrada en este gobierno y en los últimos años. Los aguacates de Duque De acuerdo con el analista, hay dos tipos de economías en el mundo: economías competitivas como Japón y Estados Unidos donde ellos compiten por los productos que tienen, donde son totalmente eficientes. Japón le vende bienes de capital a Estados Unidos, y Estados Unidos le vende bienes de Capital a Japón, y economías complementarias como Colombia que importa de esos dos países bienes de capital, pero vende aguacates. “Eso quiere decir que Japón puede prescindir de los aguacates, pero Colombia no puede prescindir de los bienes de capital que importa de esos países. Si se encarece el dólar tiene que seguir comprando esos bienes caros, mientras que esos países compran los aguacates al Perú si no se los vende Colombia. Ese es el problema de ser una economía complementaria”, explicó. Así las cosas, es imposible que Colombia llegue a ser una economía competitiva. Es más, lo que ha hecho Duque en sus visitas al exterior es ofrecer materias primas, bienes que no son competitivos, sino que son totalmente complementarios. “Difícilmente Colombia podría tener la capacidad de producir en el corto plazo un salto de esa dimensión”, apuntó. En últimas, Duque tiene una estrategia que privilegia la producción de bienes que no compiten en la economía mundial, sino bienes de materias primas que están permanentemente fluctuando en términos de sus precios; y el hecho de que su gobierno no reconozca las verdaderas repercusiones que tiene el alza del dólar hace que no se solucione los problemas de manera estructural. Y sin importar que aseguren un constante monitoreo, la economía colombiana tiene pocas posibilidades de tener estabilidad y de permanecer en los mercados internacionales.

Por: Redacción Pares Hace tres años un sector del país recibía con dolor el resultado del Plebiscito para que los colombianos refrendaran el acuerdo de paz alcanzado con las Farc. Vale la pena recordar la pequeña diferencia entre el SI y el NO. En términos generales, el no ganó en 13 departamentos, mientras que el SI lo hizo en los 19 restantes, incluso en siete de estos departamentos la opción por el SI ganó en cada uno de sus municipios, mientras que sólo en Caldas y Quindío el NO triunfo en cada municipio, en total fueron 564 municipios los que marcaron si y 558 en los que ganó el NO. Los departamentos que más sufrieron la inclemencia de la violencia fueron los que mayor apoyo dieron al plebiscito. Según los datos de la Unidad de Víctimas, departamentos como Antioquia y Valle del Cauca son los que mayor número de víctimas reportan, pero como la proporcionalidad con respecto a la población entre estos departamentos y territorios como Vaupés, Putumayo o Guaviare es ampliamente desigual. Tabla 1. Fuente: Datos Registraduría Nacional, DANE y Unidad de Víctimas. Procesados por Fundación Paz y Reconciliación. El del Chocó es el que mayor número de víctimas registra según los datos suministrados por la Unidad de Víctimas en ese momento, y fue justamente el departamento con mayor número de votos a favor del SI, en total cerca del 80% de los votos válidos fueron para esta opción lo mismo sucede en departamentos como Cauca y Putumayo, regiones en dónde todos los municipios ganó el SI, por una ventaja significativa. Al cruzar las diferentes variables sobre presencia de grupos armados ilegales y economías ilegales, los municipios beneficiarios del grueso de los planes, programas y proyectos contenidos en el acuerdo tenían una dirección específica a estos territorios, incluso en departamentos dónde la victoria del NO fue significativa, basta con revisar los datos en regiones como el Urabá y Bajo Cauca en el departamento de Antioquia. Otro de los escenarios fue lo ocurrido en Caquetá y Arauca, departamentos con presencia historia de grupos armados ilegales en los que los resultados favorecieron mayoritariamente al NO. Lo primero que se debe advertir es que el margen de diferencia entre estos departamentos es muy pequeña, en Arauca por ejemplo la diferencia es apenas del 2,64% muy similar a los resultados nacionales. El NO tuvo como principal nicho las capitales y ciudades intermedias del país, la ruralidad, la cual mayoritariamente se expresó a favor del SI, no contó con el peso poblacional suficiente para desequilibrar la balanza a su favor. Tal como se contempló en los acuerdos, hay una necesidad urgente de generar mecanismos de representación política en aquellos lugares que por baja densidad poblacional suman muy pocos votos, pero los que a su vez concentran el mayor número de necesidades por resolver.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016 entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la exguerrilla de las Farc auguró la presencia estatal en los territorios que dicho grupo había ocupado durante décadas, incluidas las zonas más boscosas y que en medio de la guerra habían sido protegidas por los insurgentes. Sin embargo, en el marco del proceso de desmovilización y desarme de los rebeldes, el Estado no llegó de forma contundente, sino que hubo zonas reforzadas solamente con pie de fuerza. Zonas que empezaron a ser ocupadas por estructuras armadas ilegales que incentivaron la tala de árboles, el tráfico de especies, el cultivo de hoja de coca, entre otro tipo de economías ilícitas que a su vez afectan al medio ambiente. Y aunque el presidente Iván Duque expresó hace pocos días que la deforestación en Colombia ha disminuido en lo corrido de su gobierno, para los ambientalistas y expertos en el cuidado de los ecosistemas está sucediendo todo lo contrario. De hecho, en el primer informe de Cómo Va la Paz, la Fundación Paz & Reconciliación-PARES alertó que era muy posible que esta problemática ambiental incrementara con el paso de los meses, debido a la ausencia estatal en las zonas históricamente ocupadas por las FARC. Y en ese sentido, se planteó al gobierno que los territorios iban a requerir de un modelo integral de ocupación por cuenta del Estado y no solo de la capacidad militar. La Fundación PARES habló con el sociólogo y activista, Mateo Córdoba, quien reiteró que meses atrás ya se había advertido y lo que está pasando ahorita es que se materializa. “La presencia armada en esos territorios, particularmente el sur del país, la serranía de San Lucas o el Nudo de Paramillo, pues permitía que muchos espacios de alto interés ambiental permanecieran más o menos conservados”, expresó. Según Córdoba, eso nunca fue reconocido por el gobierno. Y a pesar de que no se puede decir que las FARC fueran unos guardabosques, sí había una gestión territorial de manejo ambiental sin ningún reconocimiento institucional. Los enemigos de los bosques Todo indica que en los últimos tres (3) años, además de la escalada de la deforestación desde que se firmó el Acuerdo de Paz, lo que hay es una ventana de oportunidades con el fin de que diferentes actores entren a esas zonas a acaparar tierras, a deforestar, a sentarse con economías ilegales como el cultivo de coca, el comercio de madera ilegal, el tráfico de fauna silvestre. “Esto plantea un primer problema, y es que el gobierno actual maneja la versión para hablar de la deforestación construida con un eje central de ‘la culpa es de la coca’ y ‘todo el problema de la deforestación es por la coca’”, agregó el activista. También expresó que hay una problemática muy seria y es que la ganadería tiene mucho que ver con la deforestación. En muchos escenarios hay una coincidencia geográfica en donde la ganadería va apareciendo conforme el bosque va desapareciendo. Según Córdoba, el segundo problema tiene que ver con los poderes locales. Por ejemplo, un gobernador como Nevio Echeverri, de un departamento de vocación forestal, que sale a decir en un evento que su departamento tiene una vocación ganadera es perjudicial para el cuidado de los ecosistemas. Y es que, como Echeverry hay muchos que tienen poderes muy concretos que están aprovechando la salida de las FARC para darle vida a sus economías. En ese sentido, resulta más difícil porque no se trata sólo de pensar el tema de la deforestación como una lucha contra criminales, sino que hay todo una institucionalidad que o no hacen nada o está involucrada directamente en el negocio del acaparamiento de la tierra. “Por ahora los resultados no son muy alentadores. El último informe del IDEAM es aún más dramático. En julio dijo que, si bien hay una muy pequeña disminución en términos matemáticos de la deforestación en el Amazonas, los dos municipios más deforestados son Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán”, aseguró Córdoba. Es por eso que es muy complicado si se sigue pensando que el único problema es la coca y que si se ataca la coca con glifosato va a desaparecer, y en ese sentido desaparecería la deforestación, pero la evidencia dice otra cosa. ¿Qué puede hacer el gobierno? De acuerdo con el experto hay tres escenarios. Uno es reconocer que ha habido habitabilidad de campesinos en los Parques Nacionales durante muchos años porque la guerra en este país lo que hizo fue, por un lado, que la gente tuviera que salir de sus casas y terminar en muchos casos dentro de las áreas protegidas. “Y es que tanto en páramos, en los parques, en muchos sitios de interés nacional vive la gente y hay que reconocerlo y atenderlo con diálogo. Pero si se mete el Esmad a sacar a la fuerza a esas personas, no estamos haciendo nada”, insistió Córdoba tras un caso en el que dicho grupo atacó a varias personas que vivían en una reserva. Creer que se protege la naturaleza con gases lacrimógenos dentro de un Parque Nacional es ridículo, aseguró el activista. Y entonces se debe privilegiar el diálogo; y por otro lado, entender que la capacidad militar y la presencia militar del Estado en los territorios en las zonas que hemos llamado Post-Farc no garantiza esa necesidad de revertir las lógicas territoriales que habían en el conflicto armado. En segundo lugar, es que en los territorios se pongan en marcha programas sociales, con sustitución voluntaria de cultivos, con educación, por ejemplo, vías terciarias, una especie red de comercialización de productos, pues es mucho más difícil que los campesinos terminen aceptando 3 pesos para deforestar. Y tercero, “yo diría que evidentemente es necesaria una política contra la deforestación que privilegie la persecución a mafias y a poderes locales que son en últimas quienes lideran el tema. Y también hay diferentes estructuras criminales, pero si no se pone el lente en poderes regionales entonces no se va a atacar el tema”, concluyó.

Por: Redacción Pares La Procuraduría General de la Nación abrió indagación contra el alcalde de Medellín, Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga, y funcionarios por establecer de su administración, por presunto proselitismo a favor del candidato Santiago Gómez Barrera, quien en su publicidad se estaría presentando como el sucesor del actual mandatario. La Provincial del Valle de Aburrá busca establecer la existencia de presiones a los contratistas del municipio para que participen en actividades de campaña, compartan y/o promocionen en sus redes sociales el material del candidato del movimiento “Seguimos contando con vos”. Entre las pruebas que llevaron a la Procuraduría a abrir de oficio la indagación, figuran vallas de publicidad con las fotos del alcalde y el candidato y el mensaje de campaña: “Para que Medellín no retroceda y lo bueno continúe Santiago Gómez”. Así mismo, artículos de prensa que registran las denuncias ciudadanas sobre un eventual proselitismo y aparente permisividad de la administración de Medellín hacia la campaña de Gómez Barrera, quien fuera secretario de Gobierno de Gutiérrez Zuluaga. Como parte de la indagación se solicitó a la alcaldía certificación sobre las manifestaciones públicas, por escrito o por cualquier otro medio hechas por el alcalde frente al uso de su imagen, así como una relación de la publicidad que le fue aprobada al candidato Gómez Barrera, incluyendo los artes. También se solicitó al movimiento “Seguimos contando con vos” información sobre la participación que tendrían en la campaña los exsecretarios de Medellín Luis Guillermo Patiño Aristizábal, María Fernanda Galeano Rojo y Alejandro de Bedout Arango, y si existe un vínculo contractual o realizan trabajo voluntario. El alcalde Gutiérrez Zuluaga podrá solicitar ser escuchado en versión libre.

Por: Redacción Pares El próximo 17 de octubre, en las instalaciones de la JEP, se realizará la primera audiencia pública en la que los familiares de personas de Soacha, que fueron presentadas ilegítimamente como muertas en combate, presentarán sus observaciones a las 31 versiones rendidas por comparecientes de la Brigada Móvil 15 y el Batallón de Infantería “Francisco de Paula Santander», en el marco del caso 03, llamado “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado» y conocido como el de “falsos positivos». Miembros de estas dos unidades militares serían los responsables de por lo menos 69 muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate en la región del Catatumbo (Norte de Santander) entre 2007 y 2008, incluidas las ejecuciones extrajudiciales de 15 jóvenes en la ciudad de Ocaña, que fueron reclutados con engaños en el municipio de Soacha (Cundinamarca). La organización Madres de los Falsos Positivos de Soacha (MAFAPO) entregó el primer informe presentado directamente por las víctimas dentro del caso 03 a la Sala de Reconocimiento. A la fecha, por este caso, la JEP ha realizado 155 versiones voluntarias a 119 comparecientes vinculados a la Brigada Móvil No. 15, al Batallón de Infantería Francisco de Paula Santander en Catatumbo, al Batallón de Artillería No. 2 La Popa, en Cesar; a la Brigada 16, en Casanare, al Batallón de Artillería No. 4, Jorge Eduardo Sánchez, en Antioquia; al Batallón de Infantería no. 21 Batalla del Pantano de Vargas, en Meta, y al Batallón de Infantería no. 27 Magdalena, en Huila. Por este caso se han acreditado 314 víctimas, se han presentado 17 informes de organizaciones de víctimas, 16 víctimas y 8 organizaciones defensoras de derechos humanos que representan a víctimas acreditadas en el caso han participado directamente en las versiones de comparecientes. Además, el caso prioriza 6 regiones del país en función del número de hechos y de víctimas y el potencial ilustrativo respecto del fenómeno nacional de los falsos positivos. Las regiones son Antioquia, Meta, Norte de Santander (Catatumbo), Cesar, Casanare y Huila. La tragedia fue enorme La tragedia fue enorme: según los cálculos de los organismos de derechos humanos, a lo largo de 40 años se produjeron cerca de 4000 mil ejecuciones extrajudiciales de las cuales 1800 tuvieron ocasión en los dos gobiernos de Álvaro Uribe. Algunos de los implicados, muy pocos aún, están concurriendo a la Jurisdicción Especial para la Paz a contar las circunstancias en que se dieron estos crímenes. Las revelaciones iniciales son realmente escabrosas. Tanto las revelaciones surgidas al interior del Ejército, como su difusión en el pasado mes de junio por un medio internacional tan prestigioso como el New York Times son una clara demostración de que algo muy profundo ha cambiado en Colombia. El diario The New York Times reveló cómo en el Ejército colombiano había documentos que comprobaban que a los comandantes de brigadas y regiones se les ordenaba aumentar los resultados en capturas y bajas de miembros de grupos armados organizados. A cambio, se daban una serie de gratificaciones. Como se sabe, una orden similar en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-2010) llevó a que poco más de 4.000 colombianos civiles fueran asesinados por agentes de las fuerzas de seguridad del Estado y los presentaron como miembros, en su mayoría, de grupos guerrilleros. Esto, que fue “normal” hace algunos años en la Fuerza Pública, ahora tiene el rechazo de una parte importante de ella. La deshonra que significó esta práctica ignominiosa en las filas militares, tuvo el efecto de poner en guardia a muchos oficiales respetuosos de la ley ante cualquier directiva que pueda ir en contravía a las obligaciones constitucionales de una fuerza dedicada a cuidar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares En medio de la plenaria que se llevó a cabo este lunes en el Congreso de la República, el senador del Partido Liberal, Mauricio Gómez Amín, se enfrentó con su homólogo Álvaro Uribe Vélez y otros integrantes de la bancada del Centro Democrático por los presuntos intereses comerciales que estos últimos tendrían el parque Tayrona. Gómez presentó una constancia en la cual explicó que el senador Uribe ha enfatizado en que hay que dar facilidades a los empresarios para que puedan instalar proyectos de inversión de infraestructura turística en dicho parque. Y también dijo que en una conversación que tuvo con la directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN), Julia Miranda, se enteró que algunos congresistas del Centro Democrático tienen propiedades en esa zona; razón por la cual estarían más interesados en la construcción del Plan de Manejo para los próximos años de este lugar paradisiaco. Ante las acusaciones, Uribe Vélez se refirió de forma burlesca hacia Gómez: “tiene que aprender uno, que los payasos son para divertirse no para pelear con ellos, ni para replicarles”. A lo que el senador liberal respondió que “si el cree que soy un payaso porque cumplo con mi trabajo porque visibilizo una problemática que hay en este país, yo entonces entiendo que él lo piense”. La nueva licitación La agencia de viajes y turismo Aviatur, de Jean Claude Bessudo, ha sigo la encargada de prestar los servicios turísticos para el parque Tayrona durante los últimos 15 años. Sin embargo, una serie de problemáticas y nuevos proyectos hicieron que se abriera una nueva licitación para implementar el llamado “ecoturismo”. En ese sentido, Aviatur ya no estaría interesada en participar en este proyecto que tiene contemplado una duración de 23 años. Y es que, según Bessudo, la dirección de los PNN ha tenido una falla en este parque, debido a que, no ha podido resolver problemas operacionales en cuanto al ingreso y estancia de los visitantes. Según señaló Bessudo a el periódico El Tiempo, el Parque Nacional Natural Tayrona tiene una extensión aproximada de 15.000 hectáreas y solamente 15 de ellas están a cargo de Aviatur en la actualidad. En ese sentido, el resto de la zona -que es la mayor parte- no está controlada y se tiene acceso a ciertos espacios por medio del mar, lo cual no es responsabilidad del actual ni del futuro contratista. Así las cosas, en junio se realizó una consulta previa para la apertura de la contratación del operador que brindará los servicios de alojamiento, alimentación y los demás necesarios para la adecuada operación de este nuevo proyecto, que se concentra aproximadamente en el 1% del total del Parque Tayrona. Por consiguiente, el parque volvió a la agenda política, pero con algunos tropiezos, pues hay quienes alegan que de fondo hay varios intereses para la mega construcción en esa zona. La Fundación Paz & Reconciliación-PARES dialogó con la abogada ambientalista, Alegría Fonseca, quien contó acerca de su larga lucha por la defensa de este parque desde hace más de 40 años cuando un sector de la política también quiso construir hoteles en dicho ecosistema. “En el año 71 empezó la persecución al parque cuando yo estaba en el Congreso y desde entonces no ha parado. Nosotros paramos los hoteles cinco estrellas, y luego las mismas familias siguieron insistiendo en hacer un hotel ahí, pero lo fuimos parando hasta que salió la última resolución del ministerio en 2013 que traza todos los parámetros que tiene el parque”, indicó Fonseca. En 2011 la cadena tailandesa Six Senses quiso intervenir en el Tayrona, en alianza con la familia Dávila de la costa, que luego resultó involucrada en el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS), y esto generó que el mismo gobierno se echara para atrás en la construcción del primer hotel ecoturístico en ese lugar. Dos años después se descartó esta propuesta y por medio de la resolución 0531, se especificaron las directrices para la planeación y ordenamiento de una actividad permitida en las áreas del sistema de Parques Nacionales Naturales. Allí se dejó claro que el único tipo de alojamiento permitido para pernoctar será el uso de carpas y hamacas y las construcciones serían prohibidas. Ahora bien, la situación actual que ha producido choques entre los sectores políticos y organizaciones es que al parecer la directora de los PNN fue excluida de cierta reuniones, en las cuales participó Uribe, ¿Por qué motivo?, para la activista se debe a intereses comerciales en algunos predios de la zona. El parque en peligro En primer lugar “el susto que tengo yo es que de repente ordenen cambiar la resolución que es una ganancia que hemos tenido los ambientalistas. El segundo, que intervengan la licitación abierta, para que no quede bien hecha la licitación, y es que en enero se termina el contrato que tiene Bessudo”, aseguró Fonseca. De acuerdo con la activista, Colombia está ad-portas de que nadie haga la licitación, y no haya manejo del parque y de repente cambien la resolución, por eso considera que el parque está en peligro. “Parques Nacionales tiene que seguir con su licitación abierta y denunciar el hecho, que es lo que estamos haciendo nosotros. Lo ideal sería el triunfo de la conservación como utilidad pública y de interés social sobre los intereses comerciales”, expresó Fonseca. Y es que un parque Nacional Natural es un parque donde no se pueden hacer cosas distintas a la recreación, investigación y la conservación. Conservar un parque consiste en conservar ecosistemas y el parque nacional Tayrona es uno de los más importantes en el mundo porque tiene todos los ecosistemas: fauna, flora, el contexto de montañas, el contexto arqueológico. Si no se mantiene así “entonces sería volver el parque Tayrona igual que el rodadero de Santa Marta, así de sencillo. Y ahí se dañaría todo el conjunto existente y el equilibrio ecológico de uno de los ecosistemas más importantes del mundo”, concluyó.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares Se convirtió en paisaje ver que el Ejército abra fuego poniendo en riesgo a la población civil y tras la polémica queden silencios o versiones contradictorias en el aire por parte de las autoridades. En este caso, un grave hecho se presentó en la vía que comunica a Barranquilla con Puerto Colombia, debido a que en el marco de una protesta estudiantil en la Universidad de Atlántico se registraron disparos con arma de fuego por parte de los uniformados. Abrieron fuego De acuerdo con los vídeos que han circulado en las redes sociales, que permiten hacerle frente a alguna versión que quiera menguar los hechos que se desarrollaron en el corredor universitario que comunica a Barranquilla con Puerto Colombia, se evidencia la participación conjunta del Ejército con el ESMAD. Asimismo, se ve cómo uniformados del Batallón de la Policía Militar del Atlántico ponen en riesgo la vida de los manifestantes y de los residentes del sector, disparando al aire sus fusiles. Video tomado de POLITICA HEROICA Portal Informativo Silencios y lejanías: la estigmatización de la protesta Frente a las discusiones que se han venido adelantando sobre el uso excesivo de la fuerza, para este caso, el ministro Guillermo Botero decidió no pronunciarse, el comandante del Ejército Nicacio Martínez siguió la misma línea. Por su parte el alcalde barranquillero, ante la expectativa que tenían los estudiantes con las denuncias, se limitó a hablar —entre otras cosas— sobre el partido entre el Junior de Barranquilla y Unión Magdalena, que se terminó de disputar paralelamente a la manifestación, el lunes 30 de septiembre. Entre tanto, el gobernador de Atlántico, Eduardo Verano, se reunió en la mañana de este martes con la Defensoría del Pueblo y el rector de la Universidad de Atlántico, Carlos Prasca, para analizar los sucesos en los que participaron uniformador del Batallón de la Policía Militar del Atlántico. Sin embargo, a través de un Boletín de Prensa emitido por la Universidad del Atlántico queda clara la posición de la institución al rechazar las manifestaciones que denominó ‘violentas’. Frente al acciones de la Policía Militar señaló que “comprendemos que organismos como el ESMAD o la Policía Militar están llamados a mantener el orden, siempre y cuando el despliegue de su accionar no ponga en riesgo la integridad de la comunidad universitaria”. El comunicado caló de forma negativa en el estudiantado, que ha manifestado con indignación la posición oficial de la universidad, aún cuando los disparos pusieron en riesgo la vida de la población civil, la universidad se centró en la manifestación. Por su parte, la comunidad universitaria espera que se establezca una investigación que permita determinar bajo qué orden los uniformados procedieron a disparar o revisar por qué, como lo señaló Jorge Ávila — Secretario del Interior del Atlántico—; los militares abrieron fuego sin autorización. Es más, el secretario instó que su presencia en la manifestación tampoco contaría con ninguna autorización. Sin tener a quien señalar por una orden, el comandante de la Segunda Brigada del Ejército, coronel Juan Carlos Aparicio, anunció la apertura de una investigación disciplinaria en contra de uno de los soldados que aparece en los vídeos disparando en la manifestación. El coronel Aparicio fue más allá, señaló que no hubo una orden de apoyo de la Policía Militar al escuadrón del ESMAD aunque en las imágenes que circulan en las distintas redes sociales; se observa a uniformados disparando mientras un tanqueta del ESMAD está lanzando agua contra manifestantes. Militarización urbana La versión del comandante advierte que la acción de los uniformados fue en respuesta a un presunto intento de retención de soldados por parte de los estudiantes, aunque en los vídeos no haya evidencia de lo que señala el comandante. Este episodio revive la polémica que trajo la presencia de militares en las zonas urbanas. Para el caso del Atlántico, como en otros departamentos, se tomó la determinación de hacer uno de un Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas para los temas relacionados a la seguridad. Justamente, en Barranquilla, el Batallón de Policía Militar No.2 Barranquilla— pertenece a la primera división del Ejército Nacional— es el que se ha visto involucrado en el suceso de la Universidad de Atlántico. Precisamente, la capital del Atlántico ha puesto a disposición entre 400 y 800 hombres para disminuir los índices de seguridad en ‘los puntos críticos’ de la ciudad, bajo la perspectiva de la Alcaldía Char. Además, este Batallón, tal como lo ha dado ha conocer EL Heraldo en cubrimientos de la región, ha desarrollado tareas en Bolívar, Magdalena, Guajira y Cesar. Estas acciones las ha desarrollado con Policía, Fiscalía, CTI, entre otros. Sin embargo, jamás se había visto actuar en una situación paralela con el ESMAD. El derecho a la protesta Sin dudas, tras los sucesos de las últimas semanas en las distintas universidades del país, se está reavivando un debate sobre el papel de la fuerza policial en las protestas y sus distintos impactos en materia de derechos humanos. Resulta ilustrativa la visión de Juan Carlos Amador, Profesor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, quien escribió en Viva la Ciudadanía un texto que tituló ‘Derecho a la protesta y desmonte del ESMAD’. En el texto, entre muchas otras cosas, Amador se llevó a colación a la sentencia C-742 de 2012 que refiere al “uso de la fuerza policial en el marco de una protesta en el espacio público no se justifica ante la simple obstrucción de vías, pues debe ser evidente que dicha acción pone en riesgo derechos fundamentales básicos de terceros”. Esta sentencia vista en clave del caso de la Universidad de Atlántico pondría en mayor evidencia el peligroso e ilegal proceder de los uniformados. Asimismo, otro de los elementos que esboza Amador y que contribuyen al capítulo sucedido en la Universidad del Atlántico, tiene que ver con que, en palabras del profesor de la Universidad Distrital “la presencia de la fuerza pública en manifestaciones tiene como propósito proteger los derechos tanto de las personas que intervienen en la protesta como de terceras personas. El uso de la fuerza es algo excepcional y procede como último recurso para evitar afectaciones mayores a terceros.” Tras conocerse los vídeos de la protesta, queda en evidencia —ante ausencia de pruebas vigentes que prueben lo contrario— de que los uniformados actuaron sin presentarse una situación que conllevara a un último recurso, accionando armas de largo alcance que pusieron en máximo riesgo a la comunidad universitaria y a terceros en cuestión.

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares El desplazamiento masivo y el confinamiento azotan al departamento de Chocó ante un gobierno nacional que no ejecuta una acción que mitigue la grave situación de derechos humanos que están viviendo los chocoanos. En la última semana, un éxodo de desplazamiento se registró en la región en la que colindan los departamentos de Chocó y Risaralda y, que afectó cerca de 38 personas quienes arribaron a la ciudad de Pereira. Asimismo, otro hecho de desplazamiento masivo afectó a 45 personas en la comunidad Indígena de Brisas de Bagadó. A su vez, un líder indígena de la comunidad de Las Brisas de Chocó ha denunciado que la situación que ha obligado a las comunidades a buscar refugio en Pereira tiene que ver con las acciones adelantadas por el frente Manuel Hernández el Boche, del ELN. Precisamente la Defensoría del Pueblo a través de Luis Enrique Murillo Robledo —Defensor del Pueblo de Chocó— había advertido desde mediados de septiembre de este año sobre la posibilidad de un desplazamiento masivo por parte de las comunidades chocoanas que habitan en cercanía al departamento de Risaralda. En su momento, señaló el riesgo que representa la presencia del ELN en dicha región. Además, Carlos Negret —Defensor del Pueblo— insistió en el mes de agosto, en el marco de una audiencia en la que presentó la Resolución Defensorial No. 071 del 7 de junio de 2019, en la crisis humanitaria que no cesa en la Región del Pacífico Colombiano. De hecho, desde esa fecha le ha solicitado al Estado desarrollar acciones que velen por la garantía de derechos humanos para estas comunidades que sufren los embates de la violencia en el andén pacífico colombiano. Para ello, la Defensoría del Pueblo ha emitido más de 20 alertas tempranas específicamente para la región del Pacífico, en el que se priorizan cerca de 28 municipios por presencia AGC, ELN y Disidencias de FARC. El accionar del ELN En ambas afectaciones el ELN es el presunto perpetrador, hecho que correspondería al crecimiento y consolidación de este grupo armado en el departamento Chocoano, alertado por la Fundación Paz & Reconciliación. Cabe recordar que según las investigaciones del informe ‘realizado por Pares ‘Más Sombras que Luces’, a julio de 2019 el ELN hace presencia en 136 municipios del país entre los que se encuentra la expansión en municipios como Bahía Solano, Juradó y Carmen del Darién en el caso chocoano. Ahora bien, en el informe se establece que las acciones del ELN alcanzan la cifra de 400 y han sido perpetradas por al menos 3.000 combatientes. De acuerdo con las investigaciones de PARES, el ELN es un actor dominante para el caso de la región del sur del Chocó. Justamente, los frentes Cacique Calarcá y Che Guevara, estructuras que hacen parte del Frente de Guerra occidental de las FARC. Con lo correspondiente al control ejercido por el frente Che Guevara, este estableció una consolidación sobre el corredor del San Juan llegando hasta la zona del Litoral. Tal y como lo advierte este informe Pares, el control de este frente es ejercido en los siguientes municipios: Medio San Juan, el Bajo San Juan, Istmina, Sipí, El Litoral del San Juan y, a través de Nóvita, hasta San José del Palmar, que se concentra sobre todo en la zona del Alto Tamaná y el Corregimiento de La Italia. Por su parte, el frente Cacique Calarcá opera fundamentalmente en el municipio de Tadó y en Río Iró. Precisamente, este frente genera grandes afectaciones a las comunidades indígenas y afrodescendientes ubicadas en la zona que limita entre el departamento de Chocó con Risaralda. De acuerdo con el informe de Pares “esta estructura tiene como escenario principal el municipio de Tadó en las veredas de Bochoromá, Oscordó, Playa de Oro, zonas donde se encuentran los resguardos indígenas de la etnia embera katío de Tarena, MondóMondocito y Bochoromá-Bochoromacito, y en Río Iró en la zona rural de Santa Rita.” Panorama departamental Frente a la fuerte presencia de este grupo armado en el departamento y atendiendo a las denuncias hechas por la población víctima de desplazamiento, se espera atención humanitaria por parte del Gobierno Nacional. En lo corrido de 2019 en Chocó, según el Registro Único de Víctimas (RUV), se han registrado 671 casos de amenaza, 8.347 casos de confinamiento y 3.235 casos de desplazamiento forzado. Sobre hechos victimizantes en la región, según datos del SIPARES, en el departamento del Chocó se han registrado el asesinato de 20 líderes y lideresas sociales, tras la firma del Acuerdo de Paz del pasado 24 de noviembre de 2016, siendo los liderazgos indígenas y de comunidades afro los mayores victimizados. Mapa: SIPARES Tres antecedentes desatendidos Municipio de San Juan e Istmina Desde hace un mes, Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, alertó sobre un hecho de desplazamiento y confinamiento en el Municipio de Medio San Juan, producto de combates entre uniformados del Ejército e integrantes del ELN. Este suceso afectó a siete (7) comunidades de Medio San Juan y a seis (6) del municipio de Istmina, configurando un confinamiento de a alrededor de 3.816 personas de dichos municipios. A su vez, cerca de 307 personas de la comunidad de Noanamá en Medio San Juan resultaron desplazadas masivamente, entre las que se encuentran 140 niños, niñas y adolescentes. Medio San Juan Otro hecho de victimización protagonizado por el ELN, se presentó en el municipio de Medio San Juan el pasado 17 de agosto afectando a 616 familias de cuatro comunidades afrocolombianas y tres de comunidades indígenas. El hecho que generó el confinamiento de 2.539 personas, se dió como resultado de los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y el ELN, lo que produjo miedo por los estruendos de los disparos y la detonación de explosivos, como también por amenazas e intimidaciones por parte de este grupo armado. Para este caso, la población de niños, niñas y adolescentes afectados ascendió a los cerca de 1.200. Bahía Solano Otra región que se ha visto afectada en el último mes es la del corregimiento de El Valle, en el municipio de Bahía Solano. Justamente, los hechos victimizantes afectaron a 325 personas de la comunidad de El Brazo por cuenta del confinamiento. Asimismo, las comunidades indígenas de la zona han alertado amenazas tras la presencia de grupos armados en esta región chocoana.

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares El presidente Iván Duque mantiene una política exterior errada y su favorabilidad e imagen como líder a nivel nacional e internacional se mantiene por el suelo. El pasado viernes, por ejemplo, el mandatario le dijo a la prensa norteamericana que “Cuba tiene que preguntarse qué prefiere, la relación con Colombia o la relación con criminales”. Y es que el presidente Duque, y los representantes de su gabinete en el exterior han dejado mal posicionada a Colombia y desatado polémicas por el inadecuado y “desastroso” manejo en temas coyunturales como la posible intervención al régimen de Venezuela, o en el fallido proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Por eso, el movimiento Defendamos la Paz compartió este lunes una carta dirigida al primer mandatario, y a los colombianos y colombianas para rechazar dicho pronunciamiento al considerarlo hostil con países como Noruega y Cuba que han estado apoyando todo el proceso de paz con la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el fracasado con el ELN. Una política exterior de rompimientos “Colombia necesita una política exterior de paz y no de guerra, una de diálogos y no de rompimientos”, agregó el colectivo que integra a diversos líderes de varias corrientes políticas del país. En esta oportunidad Duque se encontraba en Estados Unidos en el marco de la 74 Asamblea General de las Naciones Unidas para discutir varios temas de la agenda mundial; y en una entrevista que concedió al diario El Nuevo Herald de Miami se fue en ristre contra el gobierno cubano por el supuesto encubrimiento a miembros del ELN en ese país. No obstante, el panorama no es tal y como lo plantea Duque, puesto que, Cuba solamente fue un último facilitador para los diálogos con esa guerrilla cuando ningún otro país estuvo dispuesto a recibir a las delegaciones del ELN y el gobierno. En octubre del año pasado las conversaciones -casi rotas entre las partes-, se estaban llevando a cabo en Ecuador, que habían sido garante del proceso desde sus inicios en 2017. Sin embargo, el asesinato de los tres periodistas ecuatorianos en la frontera, y perpetuado por las disidencias de las FARC acabó con el apoyo y el presidente Lenin Moreno retiró a su país como mediador del conflicto colombiano con el ELN. Así las cosas, Cuba fue el único país que aceptó la solicitud del Estado colombiano y recibió a ambas partes. Pero otro episodio de violencia acabó con las más mínima posibilidad de llegar a algún acuerdo. El asesinato de más de 20 jóvenes cadetes por parte del ELN suscitó la salida de la mesa por parte del nuevo gobierno colombiano, quien empezó a lanzar puyas a ese país para deportar a los delegados ‘elenos’. Por su parte, el nuevo Partido FARC también rechazó el pronunciamiento de Duque y expresó que fueron “declaraciones temerarias y amenazantes”, e invitó a retornar los diálogos con el ELN para lograr la “paz completa”. Una violación a los protocolos internacionales El director de la Fundación Paz & Reconciliación-PARES, León Valencia, habló sobre los señalamiento de Duque y expresó que en primer lugar este un acto muy mezquino y desagradecido porque todo lo que hizo Cuba frente al Estado fue servir de lugar para una negociación de paz con las FARC. Tras la firma y la confianza lograda por la negociación con las FARC, ese país recibió al ELN y lo pensó muchas veces antes de permitirlo, sólo por la petición del gobierno colombiano. Cuando fueron expulsados de Ecuador, le pidieron auxilio al gobierno de Cuba. “Son cosas que el Estado le ha pedido al gobierno cubano y después se convierten en un problema para el gobierno. Se firmaron unos protocolos para esa negociación y decían que, si por algún motivo se rompían esas conversaciones, fuera de quien fuera la responsabilidad pues se retornarían con esos negociadores a territorio colombiano por cuenta de un dispositivo de esos países garantes”, contó Valencia. Entonces cuando se rompió la negociación el gobierno colombiano debió facilitar el retorno de estas personas a sus lugares, cosa que no sucedió. Ahora tampoco permite que los negociadores elenos se queden en La Habana, pero será muy difícil que se los entreguen. “Eso no lo puede hacer un país serio que ha firmado unos protocolos para dirigir un proceso de paz porque pues el desprestigio es total frente a cualquier papel que pueda jugar en el futuro” comentó el analista. En segundo lugar, se percibe la violación de esos protocolos por parte de Colombia. Y en últimas, las consecuencias para el gobierno cubano es que siempre ha enfrentado muchos problemas, bloqueos, etc. Y en ese sentido, romper las relaciones diplomáticas es a contribuir al aislamiento de un país que ya no alienta ninguna guerra en América Latina, que no está agrediendo a ningún país y que simplemente trata de hacer su propia transición. Esa es la realidad. Duque y su plan del enemigo externo De acuerdo con Valencia, la política externa del gobierno actual está subordinada a una política interna de conseguir nuevamente un enemigo que perdieron, que fueron las FARC que se desmovilizaron y se desarmaron en noviembre de 2016. “Ahora quieren construir un enemigo ligando ELN, disidencia de las FARC, Venezuela y ahora Cuba, con el ánimo de conseguir internamente una alza en las encuestas, por un lado; y por el otro, mayor gobernabilidad”, agregó el director de la Fundación PARES. De todas maneras, dicha “fórmula” ya no da resultados. En su momento le dio resultados al expresidente Álvaro Uribe Vélez, el tener un enemigo, el unir al país frente a ese enemigo como eran las FARC. Pero en la actualidad no se da ese resultado y eso se demuestra en la favorabilidad e imagen del presidente, quien subió un poco en las encuestas en febrero, pero volvió a caer y se mantiene muy bajo. Eso quiere decir que él cree que la fórmula de enemigo, de radicalización, de mantener en pie un conflicto con Venezuela y ampliarlo a Cuba, le está dando réditos políticos, pero en realidad es una estrategia errada. En ese sentido, propuso el analista, se deben quitar las tensiones con Venezuela, mantener la continuidad de las relaciones con Cuba, tratar de buscar una salida que combine la persecución a las disidencias y al ELN como es obligación del Estado, o la apertura hacia unos caminos de sometimiento a la justicia o negociación política. En últimas, el rompimiento de la mesa con el ELN fue un error, así como la estrategia de acusar a Venezuela de apoyar a grupos criminales, y el aliento indirecto a las disidencias de las FARC por medio de la lenta implementación del Acuerdo de Paz. Muy mal panorama para un presidente que dice apoyar los acuerdos internacionales.

Por: José Roberto Acosta Ramos, aliado PARES De acuerdo con las cifras oficiales de desempleo, al cierre del pasado mes de agosto el número de colombianos con una ocupación, formal o informal, fue de 22.1 millones, frente a los 22.7 millones de personas que tenían ocupación en agosto del año pasado. Se destruyeron 562.000 ocupaciones en el primer año cumplido de la actual presidencia del uribismo en el gobierno. En este primer año de gobierno el ejército de desempleados pasó de 2.3 millones de personas a una cifra de 2.7 millones de almas. Cifra récord en la historia del país. Lo llamativo de este deterioro del mercado laboral es que son cada vez menos las personas que están dispuestas a ofrecer su mano de obra, es decir, se ha presentado una curiosa reducción de la Población Económicamente Activa, que pasó de 13.9 millones de personas en agosto del año 2018, a un récord de 14.6 millones. Y lo anterior a pesar del choque demográfico que ha significado la migración venezolana que el DANE también ha empezado a medir. Las anteriores cifras oficiales confirman que el galopante aumento del desempleo no tiene como causa fundamental y determinante la migración venezolana pues, para validar esa tesis, por lo menos se debería observar un aumento de la población económicamente activa por cuenta de la mayor participación de oferta de mano de obra de inmigrantes, pero las cifras con corte a agosto pasado confirman que eso no es así. Según el DANE, el choque demográfico ha sido de 1.641.000 venezolanos durante los últimos cinco años, de los cuales más de la mitad han llegado desde mayo del año pasado. De los venezolanos que han venido a radicarse en Colombia, 1.050.000 ofrecen su mano de obra, habiendo logrado trabajos aceptables 222.000 inmigrantes, 627.000 en la informalidad y 201.000 en el desempleo. Esta nueva población permanente ha generado presiones sobre los servicios públicos de educación y salud, en el cual solo registran afiliación y aporte el 18,7% de los inmigrantes, poniendo a prueba nuestro sistema de seguridad social, y por ese canal, a nuestra finanzas públicas, obligando a una “flexibilización” de la regla fiscal adaptándose a las nuevas circunstancias demográficas. Las cifras del DANE tambien ilustran sobre la calidad de la mano de obra inmigrante. De los venezolanos que han inmigrado a Colombia, el 29% reportan no tener ningún nivel educativo, 25% apenas formación básica primaria, 7% secundaria, 25% educación media y solo el 8% educación superior y postgrado; así que su aporte a la economía en cuanto a capital humano es muy limitado. En su mayoría, los venezolanos ocupados ganan entre medio y un salario mínimo al mes, sin embargo, su aporte a la demanda agregada de la economía se ha reflejado en el sostenido incremento del gasto de los hogares a nivel nacional que reporta la firma Raddar, y que en el pasado mes de agosto contabilizó $58,1 billones, creciendo el 6,3% en términos reales respecto al mismo mes del año pasado y convirtiéndose en el mejor dato de los últimos 44 meses. Según Raddar la migración se suma como factor dinamizador del gasto, junto con la expansión del crédito bancario y el aumento de las remesas de colombianos en el exterior. Las cifras muestran que, por calidad de trabajo y remuneración, Colombia no ha sido generosa con los venezolanos, dados los problemas estructurales de nuestro mercado laboral que ni siquiera puede atender a la población local. Su presencia en nuestro país también explica el ajuste al alza del producto interno bruto en el primer semestre de este año, gracias a la nueva demanda de alimentos por parte de los migrantes. Pero este choque positivo en el consumo puede ser pasajero, ya sea porque muchos siguen de largo hacia otros países o porque difícilmente su ingreso podrá aumentar, provocando un estancamiento en los índices de crecimiento a partir de ahora y golpeando aún mas la ya deprimida confianza del consumidor. Estas preocupantes cifras del mercado laboral empiezan a ser utilizadas para propuestas, que de tiempo atrás se han querido imponer por un grupo de comerciantes, y que esta semana son promulgadas por su gremio representado por FENALCO (Federación Nacional de Comerciantes) proponiendo la posibilidad de salario mínimo diferencial o por regiones, de tal suerte que se pueda pagar menos en Quibdó o Mocoa que lo que se reconoce en Bogotá como salario mínimo. El riesgo de este tipo de propuestas es que se empiece a nivelar por lo bajo la exigua remuneración de los trabajadores y que, en lugar de beneficiar la creación de empleos en zonas de poco desarrollo económico, se dé pie a pauperizar aún el precario sueldo mínimo en Colombia. También propone FENALCO la remuneración por horas, con lo cual lograrían bajar sus costos laborales en detrimento de los trabajadores que mediante aplicaciones tecnológicas se estarían viendo sometidos a trabajar al destajo. Ya Colombia es el país con peor índice de balance entre vida-trabajo (Ver @theworldindex) con un dato 0.9, debajo de México con 1.1, Turquía con 3.1, Chile con 5.0, Sur África con 5.5, Estados Unidos con 6.0 y Reino Unido con 6.4, entre muchas otras naciones. Lo más grave ante este preocupante panorama, es que las perspectivas no parecen mejorar, no solo porque el deterioro del mercado laboral es una tendencia mundial, sino porque el actual gobierno parece desentenderse de los problemas económicos al concentrarse en agendas que van, desde intervenir en la política de Venezuela, hasta azuzar a los desmovilizados a que vuelvan al monte por cuenta de un discurso polarizante que hasta el propio Banco de la República ha calificado de perjudicial para el crecimiento económico. @jrobertoacosta1 jrobertoacostaopinion@gmail.com

Por: Redacción Pares El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz el informe ‘Aportes desde la investigación disciplinaria a la justicia y la verdad en contextos de transición’ acerca de 593 procesos disciplinarios concluidos, relacionados con el conflicto armado interno, que corresponden al período 1990- 2005. En el informe se aportó un total de 2.181 datos de procesos disciplinarios que involucran a 3.573 víctimas, en conjunto con el primer informe entregado a la JEP el 11 de diciembre de 2018. Fueron identificados 728 implicados, entre quienes figuran miembros de las Fuerzas Militares, principalmente del Ejército Nacional y la Policía Nacional, de las cuales 691 eran hombres. De las instituciones del Estado vinculadas en los procesos disciplinarios, también se encontraron 53 personas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), cuatro de una alcaldía municipal, nueve del Congreso de la República, dos de ministerios, cinco de gobernaciones, y cuatro más adscritas a registradurías, inspecciones, personerías y a la presidencia. De las 3.573 víctimas individuales, 3.116 corresponden a hombres, 387 a mujeres y 70 de quienes no se obtuvo esta variable, con edades que en su mayoría oscilaban entre 21 y los 25 años al momento de la ocurrencia de los hechos. A partir de la información registrada en los expedientes se estableció que entre las víctimas había 108 personas identificadas como indígenas, 14 como negras/afrocolombianas, y una perteneciente al pueblo ROM. En el análisis efectuado se encontró que en su mayoría las víctimas eran personas integrantes de partidos políticos y campesinos, y se identificaron como las conductas más investigadas en los procesos disciplinarios la amenaza y tortura, el homicidio, la masacre y la desaparición forzada. Por su parte, Patricia Linares, presidenta de la JEP, expresó que «La Procuraduría General nos entrega un segundo informe que es muy significativo por el por el periodo qué cubre entre 1990 y 2005. Esta fue una etapa muy crítica de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.» Asimismo, se determinaron como patrones de conducta de los servidores públicos el abuso de autoridad, el apoyo, impulso o connivencia con grupos paramilitares, y la estigmatización de personas en el proceso de búsqueda y persecución de grupos guerrilleros. Durante la entrega del documento a la JEP, Carrillo Flórez anunció que serán remitidos a Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas, cerca de 250 procesos disciplinarios adelantados principalmente contra miembros de la fuerza pública, por conductas como homicidios de civiles y torturas, entre otras, para ser calificados o fallados en primera o segunda instancia, según sea el caso.

Por: León Valencia, director – Pares No es divertido escribir esta columna. En varias oportunidades he exaltado actuaciones de Carlos Fernando Galán. Especialmente cuando, en las elecciones locales de 2011, en su calidad de representante legal del Partido Cambio Radical, le retiró el aval a varios candidatos de una lista de cuestionados que habíamos publicado. En otras oportunidades hemos compartido posiciones críticas sobre fenómenos de corrupción. En estos días, para descalificar una columna de José Roberto Acosta, señaló que el autor tenía relación con la Fundación Pares cercana a la campaña de Claudia López. Es cierto la vinculación con José Roberto y es completamente cierta nuestra amistad con Claudia. De hecho, la candidata fue compañera de investigación durante muchos años. A ella le hemos colaborado con información pertinente para sus programas y eventos. También lo hemos hecho con candidatos de otras corrientes políticas, porque es parte de nuestro oficio. Ahora, con tristeza, debo decir que no está bien que una Corporación Educativa que lleva como marca el apellido de Carlos Fernando y ha estado por mucho tiempo en cabeza de su tía Maruja Pachón de Galán, se haya hecho a un contrato de 10.921.000.000 de pesos para realizar una actividad directa con la ciudadanía bogotana en medio de una reñida campaña electoral en la que él es candidato. Nos vemos en la obligación de publicar la información completa sobre la contratación de la Corporación Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia que encontrará en este portal. El objeto del contrato es, desde luego, loable. Se trata de labores pedagógicas con los usuarios de Transmilenio para mejorar la convivencia y la seguridad. Además, estarán acompañados por una universidad. Pero tengo que advertir que es una inversión cuantiosa, con metas poco ambiciosas, a conseguir en un lapso corto de tiempo, con un despliegue de 400 personas en una relación estrecha con los usuarios. El emblema Galán será la sombrilla de ese despliegue. No hace falta malicia alguna para pensar que tendrá un impacto en la campaña política. El trabajo ha empezado precisamente en el momento más álgido de la controversia electoral. Ahora bien, si se mira la historia de la contratación de la Escuela con el Distrito Capital se puede ver que este contrato es atípico, que la tradición era contratar montos mucho más pequeños para labores específicas y fáciles de medir. El salto en la contratación es enorme. Otra razón por la que no es divertido escribir esta columna. En el medio está el nombre de Luis Carlos Galán Sarmiento, el líder más emblemático de la lucha contra la corrupción y el ventajismo en la política colombiana. Es completamente legítimo que exista una organización sin ánimo de lucro que lleve su nombre y que reciba recursos públicos y privados para realizar actividades que contribuyan al fortalecimiento de la democracia. Pero precisamente por eso es obligatorio que la familia cuide muy bien el tipo de contratación y la oportunidad de sus acciones. También el alcalde Enrique Peñalosa estaba obligado a pensar en estas cosas al abrir la licitación y al asignar estos recursos en un momento en el que estaba en plena vigencia la ley de garantías electorales. Carlos Fernando Galán tiene como leitmotiv de su campaña, la independencia. Este es un valor muy importante para los votantes bogotanos que se ve empañado por este contrato. Igualmente, la independencia del candidato es reciente. Se mantuvo en las filas de Cambio Radical en momentos en que estallaron los más grandes escándalos de parapolítica y corrupción que comprometieron a un gran número de parlamentarios y dirigentes regionales y locales de ese partido. Llevo muchos años escribiendo columnas y haciendo libros sobre la necesidad de una renovación de la política colombiana y he tenido siempre la esperanza de un cambio en las costumbres políticas, por eso me entristece tener que llamar la atención sobre personas que tienen la obligación histórica de contribuir a esta transformación de la vida pública.